dissabte, 30 de setembre de 2017

España entre los países con menos protección a parados y trabajadores

El drama del paro de larga duración es peor en España que en otros países europeos. No solo porque haya más desempleados, estén peor formados y tengan muy pocas esperanzas de encontrar un empleo; también porque la protección que reciben del Estado es sensiblemente inferior a la que ofrecen los socios de la eurozona. Para combatir esta situación, los sindicatos recogieron 710.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso que debata la creación de una Prestación de Ingresos Mínimos destinada a garantizar una renta a los parados que hayan agotado el resto de ayudas.

Cada país europeo tiene su propio sistema de protección a los desempleados, por lo que no es sencillo realizar la comparativa. Por ejemplo, en España existe el seguro de desempleo contributivo (para los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social) cuya duración depende del tiempo que hayan estado trabajando, por un máximo de dos años. Cuando agotan esta ayuda, cuentan con los subsidios asistenciales (PAE, Prepara y RAI). La protección es muy heterogénea en los países de la Unión Europea, pero Eurostat elabora un indicador con el nivel de cobertura que tienen los desempleados.

Los datos son elocuentes: el 68,1% de los parados de larga duración en España no recibe ningún tipo de prestación (datos para desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de entre 20 y 64 años que llevan sin trabajo entre 2 y 4 años). Un nivel de desprotección que se sitúa entre los más altos de Europa. El porcentaje de parados sin prestación en la UE es del 52,2%, esto es, casi 17 puntos menos que en España. La comparativa es peor con los países punteros del continente. Por ejemplo, en Austria solo hay un 11% de parados de larga duración sin prestación; en Alemania, un 14,6%; en Suiza, un 18% y en Bélgica, un 23,6%.


En la eurozona, España es el quinto país con más parados sin protección. Solo mejora a Chipre, que alcanza casi el 69%; Grecia, con un 75,1%; Luxemburgo, con un 77,8% y Eslovaquia, que con un 84,1%, es el país que menos prestación dedica a los desempleados.

Si se une el bajo nivel de protección al elevado porcentaje de paro de larga duración, la consecuencia es preocupante: España tiene una gran masa de población sin ingresos y que difícilmente podrá encontrar un hueco en el mercado laboral sin una política de formación y activación apropiada. La Prestación de Ingresos Mínimos iría destinada a todo este grupo social que, precisamente por su tamaño, exigiría un gran esfuerzo a las arcas públicas, lo que obligaría a subir impuestos.

Los cálculos del coste de esta medida oscilan en función de la ayuda mensual que perciban los desempleados. Sin embargo, las diferentes estimaciones se mueven entre los 12.000 millones de euros y los 16.000 millones anuales. Una cuantía que obligaría a un importante esfuerzo fiscal a los contribuyentes. Sirva como comparativa que en 2016 la recaudación estatal (la financiación tendría que salir del Ministerio de Empleo y no de las comunidades autónomas) fue de casi 72.500 millones de euros. En otras palabras, 16.000 millones obligarían a elevar la recaudación por IRPF en un 22%. La Iniciativa Legislativa Popular pide más gasto, pero no determina de dónde vendrán los ingresos.

La situación no es mucho mejor para los parados mayores de 40 años, que habitualmente tienen mayores cargas familiares. En concreto, el 61,7% no tienen ninguna prestación, según los datos de Eurostat, muy lejos de los niveles del resto del continente. En concreto, la media de la Unión Europea cae hasta el 48,9%, esto es, 13 puntos mejor que España.

El "gran ahorro" del PP a costa de los parados

España ha conseguido un importante ahorro en los últimos años en la partida destinada al desempleo. En los peores años de la crisis, los Presupuestos Generales del Estado contemplaban partidas de más de 32.000 millones de euros para el pago de las prestaciones, cifra que se ha ido recortando hasta caer por debajo de los 19.000 millones en 2016, según los datos recogidos por el Ministerio de Empleo. En los PGE de 2018 Hacienda plasmó una partida de 18.000 millones al desempleo, lo que supone un ahorro de más de 14.000 millones de euros desde el año 2009.

Una parte del ahorro en prestaciones se debe a la creación de empleo, ya que todas las personas que encuentran un trabajo dejan de cobrar una ayuda. Pero esto es solo una parte, ya que el paro apenas ha descendido en comparación con 2009. El número de desempleados entonces oscilaba los 4,1 millones de personas y este año está en el entorno de los 3,9 millones, prácticamente el mismo nivel.

Entonces, el ahorro tiene que venir por otra parte. La causa principal es que los parados van agotando su prestación y dejan de cobrar. El paro de larga duración (más de dos años) empezó a disprarase en 2009, dos años después del inicio de la crisis, claro. En ese momento había en torno a 430.000 desempleados y en solo cuatro años se multiplicó casi por cinco, hasta superar los 2,4 millones de parados. Todos ellos fueron agotando las prestaciones y generando un ahorro para el Estado.

La OCDE recopila los datos del porcentaje del sueldo que siguen percibiendo los trabajadores de los principales países del mundo cuando se quedan en paro. También aquí hay mucha heterogeneidad porque las prestaciones también dependen del tiempo cotizado, o de los dependientes a au cargo, etc. Para un parado en España que sea el único miembro del núcleo familiar que percibe una renta y que tiene dos hijos a su cargo, el Estado le paga el 68% de su salario, de media, durante los seis primeros meses, en línea con los principales países europeos.

A partir del séptimo mes, el porcentaje se reduce al 55% y se mantiene así hasta que cumple los dos años de paro y agota toda la prestación contributiva. A partir de ese momento es cuando los desempleados españoles tienen problemas de renta. Con las ayudas asistenciales, el parado pasa a cobrar en torno a un 25% durante los dos siguientes años, hasta que también agota estas prestaciones y se queda prácticamente sin nada.

Otros países europeos no eliminan todas las ayudas a los desempleados de larga duración, sino que mantienen algún tipo de prestación. Según los datos de la OCDE, en Irlanda siguen cobrando un 65% de su salario; en Alemania, el 40% y en Francia, el 26%. También hay países con menos protección que España, por ejemplo Italia, donde cortan las ayudas a partir del mes 31 de paro.

“El sistema español estaba pensado para crisis de corta duración, ya que las prestaciones se agotan rápidamente, pero ahora necesitamos una reforma urgente para ayudar a todas las personas que no tienen ninguna renta”, explica Toni Ferrer, secretario de Empleo de la Ejecutiva Federal del PSOE. Una prestación de ingresos mínimos pondría al país a la altura de los más solidarios con sus desempleados del mundo entero. Sin embargo, esa solidaridad tendrá que ser soportada por alguien con más impuestos, trabajadores, rentistas o ambos.

El Gobierno de Rajoy sabe que una ayuda de tal magnitud conllevaría obligatoriamente una fuerte subida de impuestos, por lo que está intentando paralizar la tramitación de la ILP. El debate en el Congreso está bloqueado en la Mesa por los 'populares' en colaboración con sus nuevas generaciones de Ciudadanos, a pesar de que cuenta con el respaldo mayoritario de la oposición. Los sindicatos ya han advertido al Ejecutivo que si sigue obstaculizando su tramitación, presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta prestación coexistiría con las ayudas de renta mínima que actualmente tienen algunas comunidades autónomas, pero los parados no podrían cobrar las dos al mismo tiempo, solo una de ellas.

El Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad de la ILP la semana pasada para intentar debatir su sostenibilidad financiera y su acomodo dentro del sistema actual de protección, pero el voto mayoritario de la oposición reclamó que siguiera su tramitación. Sin embargo, si se aprueba, el problema le caerá al ministro de Hacienda, quien tendrá que cuadrar los números para financiarla. De ahí que el Gobierno y la oposición estén enfrentados en el Congreso por esta ILP tan importante en términos presupuestarios. Y mientras tanto, 710.000 firmas esperan guardadas en un cajón del Parlamento, informa El Confidencial.

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