dijous, 7 de setembre de 2017

Gürtel: Facturas "infladas" por la trama y sobres para "LB" y "PC"

Dos peritos de Hacienda han dicho este miércoles en el juicio de Gürtel que detectaron facturas en las que "se infló" el precio por servicios para el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) a beneficio de la trama en la época en la que era alcalde el acusado Guillermo Ortega (PP), de 2001 a 2005. En su declaración han añadido que también descubrieron que un 3% de los proyectos adjudicados se solía destinar para beneficio del entramado cuyos pagos eran repartidos "en sobres" con diferentes cantidades de dinero. Los destinatarios estaban identificados en los papeles incautados con iniciales como "PC" y "LB", entre otros. La Fiscalía sospecha que estas siglas podrían corresponder respectivamente a Paco Correa, es decir Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, y Luis Bárcenas, extesorero del PP, ambos igualmente acusados.

Además, según han señalado los peritos, en la época en la que estaba al frente de la Alcaldía de Majadahonda Guillermo Ortega se destinaron diversas cantidades de dinero vinculadas a facturas del entramado investigado para la celebración de actos del Partido Popular. Por otra parte, el tribunal ha comunicado un auto en el que rechaza "de plano" la petición de la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) de un careo entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que testificó en julio en este juicio, y Luis Bárcenas. Se trata de una prueba que tacha de "impertinente".

En la jornada de este miércoles de la vista que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) dos expertos de la Agencia Tributaria han relatado que según consta en la documentación intervenida han encontrado apuntes de sobres con 60.000 euros para "PC" y de 36.000 para "LB". El abogado de Luis Bárcenas ha interrumpido durante el interrogatorio a los peritos para que quedara claro que ellos no habían identificado en dichos apuntes a "LB" como su cliente a lo que el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, le ha indicado que nadie había dicho que fuera él y seguidamente la fiscal ha aclarado que es una posibilidad que apunta el Ministerio Público.

Los peritos han relatado que Correa, Bárcenas y Ortega participaron en 2004 en proyectos de inversión inmobiliaria para lo que la trama creó una sociedad con una cuenta bancaria en Inglaterra en la que hicieron aportaciones de entre 150.000 y 300.000 euros. Igualmente han comentado aspectos relacionados con ingresos en cuentas de Guillermo Ortega en Suiza en la época en la que fue alcalde, "algunos de los cuales no se sabe de dónde vienen" y "no están justificados", en palabras de uno de los peritos, que ha añadido que usó una "sociedad pantalla sin actividad ni empleados" para ocultar bienes.

También han hecho referencia a ingresos por un total de 600.000 euros en otras cuentas bancarias de Suiza de las que se benefició la empresa Sufi, del entramado de Correa, por la adjudicación en 2003 y durante diez años del servicio de limpieza en el barrio madrileño de Moratalaz. Los peritos han añadido que la concesión se dio cuando era concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid Alberto López Viejo, también acusado, que posteriormente fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad madrileña.

Tras el interrogatorio de la fiscal, ha preguntado a los peritos desde los estrados en su condición de abogado el acusado Luis de Miguel, para quien la Fiscalía pide 18 años y medio de prisión al considerarle el "arquitecto financiero" de la evasión de capitales de la red Gürtel. Luis de Miguel les ha preguntado por aspectos que le afectan del informe que elaboraron, uno en los que la Fiscalía basa su acusación y ha comentado: "No comprendo cómo ustedes llegan a todo este asunto", informa Público.

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Los abogados que representan a la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, han denunciado en Italia la discriminatoria ley de violencia de género española "por vulnerar sus derechos y las de todos los hombres que vivan en España" y que está siendo utilizada por el entorno de esta madre de Maracena (Granada) para "justificar la comisión de otros delitos, como el secuestro", así como para "desobedecer" a la Justicia. El abogado de Arcuri solicita "una indemnización millonaria" de la que deberán responder "la presidenta de una comunidad autónoma española y varias parlamentarias españolas".

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