dimarts, 26 de setembre de 2017

Javier Pérez Royo: El TC vulneró la constitución con un "golpe de Estado" en 2007

El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, se siente “una voz que clama en el desierto”. Él mismo define así su visión sobre la situación catalana, que viene denunciando desde el 2007, y que supone toda una rareza en la literatura constitucionalista publicada y debatida en los últimos años. Defiende que fue el Tribunal Constitucional quien rompió el pacto constitucional y dejó a Catalunya fuera del marco, con lo que era previsible que se produjera una situación tan anómala como la actual. El constitucionalista sevillano ya vaticinó en enero una escalada de tensión inevitable. A pesar de la presión ambiental, sigue manteniéndolo y es de los pocos que ve como única salida un referéndum catalán y una reforma de la Carta Magna. Por este orden.

¿El fallo del TC contra el Estatut vulneró la Constitución?
Lo llevo diciendo desde 2007. Ya en mi primer artículo sobre el recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatut argumenté que lo que se estaba poniendo sobre la mesa era un “golpe de Estado”. Lo escribía cuando se hizo la sentencia sobre la recusación del magistrado Pérez Tremps. Y avisé de que si el “golpe” triunfaba, nos íbamos a enterar y las consecuencias serían terribles. Cuando llegó la sentencia, en 2010, insistí por activa y por pasiva en que eso era cargarse la Constitución. Y lo mantengo.

¿Por qué?

Recapitulemos. En el 78, el constituyente tuvo en la cabeza desde el primer momento a Catalunya. Se trataba de no repetir la experiencia del 31, cuando Catalunya aprobó el estatuto de autonomía antes de la propia constitución republicana. Se trataba de evitar a toda costa que Catalunya diera el primer paso sin el visto bueno previo del Estado. Por eso, se diseñó una fórmula de integración de Catalunya que se fundamentó en dos garantías. La primera jugaba a favor del Estado: Catalunya no podía imponer un estatuto con el que el Estado no estuviera acuerdo. La segunda, que jugaba a favor de Catalunya, fue que la última palabra la tenían los ciudadanos catalanes en referéndum.

¿Y eso es lo que se rompe en 2010?
Es que está en la Constitución. Esas dos garantías están en el título VIII y en el Estatuto, que solo se han leído los especialistas. O sea, la Constitución territorial se fundamenta en el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum. Y nada más.

El referéndum debía ser la estación final.
Es el punto de llegada. Pero la sentencia se carga ese mismo principio. El fallo desautoriza el pacto entre el Parlament y el Congreso, y además ignora el resultado del referéndum. Las dos garantías en que descansa la Constitución territorial se las carga.

No se trata de lo que recorta, pues.
La sentencia no carece de argumentación jurídica e incluso se puede estar de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen en ella. Pero el problema es otro. Estamos hablando de la integración de Catalunya en el Estado. Y ésta sólo se podía hacer con un pacto entre parlamentos y un referéndum. Está en el propio artículo 2: reconoce un principio de unidad política del Estado y el del derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. Es un doble compromiso. Las Cortes representan el principio de unidad y el Parlament representa el derecho de autonomía. A las cámaras les corresponde pactarlo y a los ciudadanos, refrendarlo.

Usted defiende que los magistrados sabían que incumplían la Constitución al fallar como lo hicieron.
No podían no saberlo. Esas dos garantías estaban en el primer borrador de la Constitución, y se mantuvieron en todo el proceso. El constituyente tenía en la cabeza Catalunya y evitar la situación del 31.

¿Y por qué se produjo ese fallo?
Les presionaron y pensaron que no pasaría nada, que no pasaría nada de lo que ha ido ocurriendo. El centralismo es todavía muy fuerte en el pensamiento jurídico español.

¿El fallo es el inicio de la actual situación?
Es que el fallo quiere decir que en Catalunya ya no hay Constitución territorial. Por eso, desde entonces, el desorden jurídico es total en Catalunya y ya se está extendiendo a todo el Estado. Y, por eso, el contencioso con Catalunya, ahora mismo, ya no tiene solución jurídicamente ordenada. Hay que inventarse una solución porque la que ofrecía la Constitución del 78 se la cargó el TC. Dicho de otro modo, lo que ha conseguido la sentencia, y en eso estamos ahora, es trasladar el referéndum de punto de llegada a punto de partida. Un disparate monumental.

¿Punto de partida? ¿El referéndum es la salida?
A ver. En la actual situación, no hay salida. Lo que tocaría es una reforma de la Constitución pero, tal como está el patio, ahora es imposible. Sería la única solución posible más adelante. Pero en el caso catalán, existe una previa: se impone la necesidad de un referéndum, que aclare la incógnita sobre la postura de los ciudadanos catalanes. De forma ordenada pero referéndum. Al cargarse el referéndum como punto final, se impone como punto de arranque de un nuevo pacto. Y, en el caso de que saliera que no, habría que actualizar el pacto de integración roto. Al final, esto se tendría que resolver una revisión de la Constitución.

¿Cabría exigir responsabilidades del TC ante la gravedad de la situación?
Es que a ellos no se les puede exigir responsabilidades: ellos dictan una sentencia formal y ya. Al contrario, son ellos los que exigen responsabilidades a los que no les obedecen. Y a Puigdemont y a todos les van a encerrar por desobediencia... en fin.

¿La actuación jurídica de estos días está vulnerando derechos?
Lo que se está haciendo es una cosa gordísima. Prácticamente se está suspendiendo la autonomía. Se está aplicando un 155 sin decirlo. Es la política del Gobierno: yo lo hago pero no lo digo. De esta forma, no me acojo a una norma jurídica que me pueda limitar. Yo tiro por la calle del medio con la seguridad de que los tribunales van a estar de mi parte, informa La Vanguardia.

Los fascistas de Zaragoza eran policías nacionales
Agentes de la Policía Nacional se citaron entre el sábado y el domingo a través de un grupo de WhatsApp para protestar en la concentración fascista del pasado domingo en Zaragoza ante el auditorio donde se reunió la Asamblea convocada por Unidos Podemos que reclama un referéndum pactado en Catalunya. En el grupo Jusapol Zaragoza, un foro creado para reivindicar la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional a otros cuerpos autonómicos y que habitualmente debate sobre reivindicaciones laborales, varios agentes invitaron a sus compañeros a acudir al Pabellón Siglo XXI de Zaragoza y protestar contra el acto de Unidos Podemos, sus confluencias, el PNV, ERC y el PDeCAT que reunió a 400 cargos electos.

20 diputados escoceses reprochan a Rajoy el golpe a la democracia en España
Una veintena de diputados del Parlamento escocés censura los ‘actos antidemocráticos’ y la represión del Gobierno español de Rajoy y el PP contra los independentistas catalanes. Los legisladores enviaron el domingo una carta al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en la que critican las redadas en las oficinas gubernamentales de Cataluña y la detención de sus funcionarios, hecho que consideran “una violación de las normas de la democracia europea”.

El PP da a Mas 15 días para depositar 5,5 M por el 9-N
El Tribunal de Cuentas, a las órdenes del PP, ha notificado al expresidente catalán Artur Mas que debe depositar 5.251.948,17 euros en concepto de fianza por el dinero público que la Generalitat desvió bajo su mandato para el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Si no abona ese dinero, el tribunal ordenará el embargo de todas sus cuentas bancarias y su patrimonio.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada