dimecres, 27 de setembre de 2017

La CUP contra la secta criminal vaticana: pagar el IBI y eliminar subvenciones

Frente a la catedral de Santa Tecla de Tarragona, la CUP ha dejado muy claro que en una futura República catalana la Iglesia dejará de ser uno de los puntales del Estado. En un acto a favor del 'sí' celebrado este martes en Tarragona, la diputada de la formación antisistema Mireia Vehí dejó muy claro que tras la desconexión con España "la Iglesia católica no será la quinta columna del patriarcado".

Pero la CUP va a más y pretende obligar a la secta mafiosa vaticana a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y eliminar cualquier tipo de subvención pública a los centros religiosos que segregan por sexo y educastran al alumnado con las falsedades archiconocidas de la secta, desde la inexistencia histórica comprobada del supuesto Jesús hasta el robo y expolio más genocidio practicado desde que el delirante Teodosio de Cauca impuso a sangre y fuego su religión sobre el imperio, suprimiendo la libertad de religión impuesta por el mitraista y arriano -y jamás cristiano por mucho que la falsa propaganda para necios de la secta criminal lo proclame- Constantino el Grande.

"Hay que suprimir inmediatamente los privilegios de esas escuelas de élites y que segregan por sexo", dijo la concejal de la CUP en Reus Marta Llorens. Por su parte, Laia Estrada, concejala en el Ayutamiento de Tarragona, destacó que "con el dinero que se pierden a nivel local con la exención del IBI a la Iglesia se garantizarían servicios públicos de calidad".

A esto hay que añadir que el pasado mes de julio cuando la CUP pidió expropiar la catedral de Barcelona para destinarla a equipamientos municipales, como una escuela de música y un economato. "Esta iglesia es de las clases populares de Barcelona", aseguraba el grupo municipal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona.


El paraíso fiscal de la secta católica española

El 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba (foto) pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009. Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500 templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia.

"Hoy, en 2017, la Iglesia protege y defiende la pederastia"
Hace dos años, Emiliano Fittipaldi fue el primer periodista, junto a Gianni Nuzzi, en sentarse ante un tribunal vaticano, acusado de la filtración de documentos conocida como Vatileaks II, y que acabó con la condena del español Lucio Vallejo Balda. El vaticanista había publicado Avarizia, donde recogía parte de la documentación robada a la Santa Sede. Durante las sesiones del juicio, "varios monseñores me seguían y me daban información. Alguno, incluso, en los baños vaticanos".

El Vaticano da marcha atrás y no hará una auditoría de sus cuentas
No habrá revisión de las cuentas vaticanas como se había clamado y proclamado. La Secretaría de Estado del Vaticano ha decidido “suspender” el contrato firmado en diciembre pasado con la consultora Pricewaterhousecooper (PWC) para llevar a cabo una auditoría en las finanzas de la Santa Sede, uno de los principales puntos de la reforma de la Curia auspiciada por Bergoglio.

El fascio de Rajoy no exigirá a la secta criminal vaticana el pago de impuestos
El Gobierno fascista y corrupto del PP no revisará la situación fiscal de la secta vaticana a pesar de que una mayoría del Congreso ha votado para que eso suceda. La Comisión de Hacienda aprobó este miércoles una proposición no de ley que insta a iniciar la supresión progresiva de aportaciones a la Iglesia provenientes del IRPF.

El PP ordena a los Mossos precintar colegios e impedir votar en la calle
La fiscalía del PP y la monarquía fascista española está haciendo lo inimaginable para impedir el referéndum del 1-O. Tras ordenar a las fuerzas represivas confiscar cualquier material vinculado con el plebiscito suspendido por su sumiso y designado Tribunal Constitucional e identificar a los responsables de los centros de voto.

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