dimecres, 13 de setembre de 2017

La Fiscalía ordena interrogar o detener a los alcaldes del 1-O

La Fiscalía General del Estado -designada por el PP- ha ordenado a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre. En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población. Los alcaldes -menos los de la CUP- declararán ante el Fiscal y se manifestarán el sábado.

En el escrito, José Manuel Maza recuerda las suspensiones del Tribunal Constitucional respecto al referéndum y de la advertencia a la Generalitat y cualquier autoridad pública para que no lo siga adelante y su obligación de ‘impedirlo. Maza advierte de que los alcaldes que colaboren pueden cometer un delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. 

Por ello, ordena a los fiscales provinciales, y en su caso a los fiscales de área, que abran diligencias de investigación en relación cada uno de los ayuntamientos, y “se cite, por medio de la policía judicial, el alcalde para que declare en calidad de investigado y asistido de letrado”. “En caso de que el alcalde citado no comparezca, se acordará su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando los Mossos como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”, continúa el escrito.


El fiscal utiliza el listado de 712 municipios que publica la página web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) que han firmado un decreto para poner a disposición del Gobierno los locales municipales necesarios para organizar el referéndum. Por ello, añade que “a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación en las diligencias que afecten a los ayuntamientos de mayor volumen de población”.

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de “los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación” hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de “al menos” los delitos de desobediencia y prevaricación “en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”, ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos. Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años “en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.

Por otro lado, un centenar de abogados de la asociación Drets se han ofrecido de forma voluntaria para “defender a los encausados por el referéndum” convocado por la Generalitat y se han puesto a disposición de “todas aquellas personas” que puedan necesitar “un primer asesoramiento o asistencia jurídica”. La asociación ha anunciado que ya ha elaborado un “protocolo de actuación” y ha habilitado un número de teléfono “para posibles citados y detenidos”.

Por su parte, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han expresado este miércoles su “máximo apoyo a los alcaldes y alcaldesas” que quieren colaborar con el referéndum frente a la orden lanzada contra ellos por la Fiscalía. Lo han hecho a través de un apunte en Twitter, después de que este miércoles la Fiscalía General del Estado haya ordenado investigar y, en el caso de que no colaboren, detener a los alcaldes que estén colaboren con la votación del 1-O. Las entidades que presiden el alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch (ACM), y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y diputada de JxSí, Neus Lloveras (AMI), han criticado la decisión de la Fiscalía exponiendo: “Defender la democracia nunca puede ser un delito”.

Los alcaldes declararán ante el Fiscal y se manifestarán el sábado

Los 712 alcaldes que serán llamados a declarar por la Fiscalía sobre el referéndum del 1 de Octubre, se explicarán ante el representante del Ministerio Público “voluntariamente o no” porque no tienen “nada que esconder”. Así lo han expresado la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, y el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, después de una reunión de las direcciones de ambas entidades municipalistas celebrada en Barcelona para analizar el anuncio de la Fiscalía. Buch y Lloveras han anunciado la convocatoria de una concentración de los alcaldes el próximo sábado en la plaza Sant Jaume en defensa del referéndum y en contra de la decisión de la Fiscalía.

A pesar que Lloveras, ha insistido en la “unidad de acción” de los alcaldes, hay que destacar que los alcaldes de la CUP ya han anunciado que no lo harán. “Declararán, unos voluntariamente y otros no”, ha detallado, para evitar mostrar diferencias estratégicas entre los alcaldes cuperos y los del resto de partidos.

Los dos alcaldes han asegurado no haber recibido todavía ningún requerimiento o citación. En cualquier caso, han admitido que el acuerdo general es declarar y explicar al Fiscal “tal y como también lo hacen a la prensa”. “Cuando una persona es perseguida por la Justicia, esta persona tiene un problema; cuando la Justicia persigue 700 personas que son alcaldes es que la Justicia tiene un problema”, ha enfatizado Buch que ha descartado que las policias locales se dediquen a buscar y requisar material del referéndum puesto que ya tienen suficiente trabajo “vigilando los peligros del municipio”.

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El 3% se urdió "al más alto nivel político"
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