diumenge, 17 de setembre de 2017

La patente y fascista desigualdad entre "españoles"

Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española. La igualdad de los españoles es un cacareo que parece obsesionar a todos los gobiernos centrales, incluso a aquellos cuya ideología se opone abiertamente al igualitarismo. Y, de paso, la igualdad es uno de los principales argumentos del inmovilismo autonómico. Sin embargo, la supuesta igualdad de los españoles es uno de los mitos que peor se sostienen cuando se los confronta con la realidad. Diferentes niveles de financiación, distinta dotación en infraestructuras, desigual calidad en los servicios públicos… Un simple repaso de los distintos indicadores autonómicos deja al descubierto la magnitud de esa desigualdad, en la que unos pagan y trabajan y otros viven del cuento y subvenciones sobre lo robado a los países catalanes (Catalunya, Valencia y Baleares), esquilmados por Madrid y abandonados.

Para empezar, la desigualdad es especialmente visible entre las comunidades de régimen común –Catalunya por ejemplo– y las de régimen foral (País Vasco y Navarra, que se financian directamente con los impuestos que recaudan, que son casi todos). Es verdad que estas últimas suponen sólo un 6% de la población y menos del 8% del producto interior bruto (PIB) español. Sin embargo, algunos indicadores muy vinculados a la calidad de los servicios públicos reflejan un nivel de desigualdad clamoroso.

Por ejemplo, en gasto sanitario por habitante, el País Vasco es la autonomía que más invierte (más de 1.600 euros según datos del 2015), hasta el punto de superar en un 60% a la que menos dinero destina: Andalucía (1.090 euros por habitante). Y una distancia similar se aprecia en el gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias. Mientras el País Vasco gasta casi 9.000 euros por alumno, la media española se sitúa en poco más de 5.000.

Sin embargo, Navarra y Euskadi no son los únicos territorios con un régimen fiscal diferenciado. También Canarias –por su insularidad–goza de un régimen económico especial, con el objetivo de “mantener una significativa menor presión fiscal que el resto de España”.

Ahora bien, la desigualdad se reproduce también entre las autonomías de régimen común… aunque no siempre en la misma dirección. En muchos casos, además, las diferencias vienen determinadas por el uso de las competencias y de los recursos que hace cada comunidad autónoma. Por ejemplo, el gasto público por alumno sitúa a Catalunya en la parte baja de la tabla (4.746 euros), a una distancia sideral del País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia (todas muy por encima de los 6.000 euros por alumno).

Pero la cola la ocupan Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha (con 4.500 euros por alumno). Y esto repercute en el número de escolares por profesor: más de 13 en Andalucía y Catalunya, y más de 14 en Madrid, pero menos de 11 en Galicia o Asturias. A lo que hay que añadir un dato que influye en la complejidad del reto educativo: Catalunya y Madrid tienen uno de los mayores porcentajes de alumnado extranjero de España (entre el 11% y el 13%), mientras que Galicia sólo soporta un 2,6%.

Euskadi, Navarra y Asturias, los que más gastan; Andalucía y Madrid, los que menos

Lo significativo de esos datos es que los peores registros suelen producirse en las comunidades que más aportan al PIB español: Catalunya (19%), Madrid (18,9%), Andalucía (13,3%) y Comunidad Valenciana (9,4%). Ese contraste se acentúa en el ámbito del gasto sanitario por habitante. Al margen del caso ya mencionado de Andalucía, las comunidades de Madrid (con 1.243 euros), Valencia (con 1.308) y Catalunya (con 1.312) se sitúan en la banda baja de la tabla (puestos 16, 12 y 11, respectivamente). En la banda alta, además del País Vasco, figuran Asturias (1.526 euros), Navarra (1.510) y Extremadura (1.501).

¿Tienen algo que ver esas diferencias de gasto con las necesidades objetivas de cada territorio? Las tasas de pobreza podrían ser un indicador al respecto. Pero Andalucía, que es la que menos gasta en sanidad por habitante (y que está en los lugares de cola en lo relativo al gasto educativo por alumno), es precisamente la autonomía que encabeza el ranking de pobreza: un 35,7% en el 2015, seguida de Murcia (31,8%), Extremadura (29%) y Canarias (28,5%). En el lado puesto, los territorios con menor nivel de pobreza son las dos autonomías forales (Navarra, 9,6%, y País Vasco (10,9%), seguidos de Catalunya (13,9%) y Aragón (14,4%). Madrid (15,1%) ocupa la sexta plaza.

El desempleo podría ser otro indicador de la situación social de cada comunidad. Y ahí, de nuevo, las autonomías forales (Navarra y País Vasco) muestran los mejores indicadores, con tasas de paro en torno al 11% (que comparten con La Rioja y Aragón), mientras que las peor colocadas son Extremadura y Andalucía, con porcentajes por encima del 25%. Catalunya y Madrid se sitúan en la zona media, con índices de paro del 13%, cuatro puntos por debajo de la media estatal. La paradoja, una vez más, reside en el hecho de que las autonomías que disponen de más recursos públicos son, justamente, las que menos pobreza y desempleo padecen.

Catalunya tiene la red de peajes más extensa de España, el triple que Andalucía o las Castillas

¿Qué indicadores podrían explicar, entonces, el malestar y la desafección catalana? ¿O acaso no es sólo una cuestión de dinero? Algunas cifras revelan una heterogeneidad en el despliegue de la administración pública que podría alimentar el sentimiento de agravio. Por ejemplo, la distribución territorial de los empleados públicos. Es verdad que Catalunya es la tercera comunidad con más efectivos al servicio de la administración (más de 300.000), por detrás de Andalucía (casi 460.000) y Madrid (con cerca de 400.000).

Pero en términos relativos, mientras en Catalunya hay 40 empleados públicos por cada mil habitantes, en Extremadura hay 82, y en Aragón, Castilla y León y Madrid hay más de 60. Y el resto de las autonomías, salvo la Comunidad Valenciana (con 45 por cada 1.000 habitantes), cuentan con más de 50 empleados públicos por cada mil habitantes.

En apariencia, las cifras que explicarían mejor el sentimiento objetivo de agravio se sitúan en el ámbito histórico de las infraestructuras. Y ello más allá de un modelo radial que permite viajar en alta velocidad de Cuenca a Albacete o de Segovia a Zamora, pero no de Valencia a Barcelona (donde todavía queda algún tramo de vía única como ocurría en buena parte de las líneas entre Zaragoza y Barcelona antes de la apertura del AVE). El núcleo del problema se ha venido situando en el capítulo de las inversiones. Y si algo refleja mejor que nada esas desigualdades es la red de carreteras estatales y autonómicas.

Con datos del 2015, la correlación entre autovías libres y autopistas de peaje brinda la mejor imagen del agravio comparativo. Mientras Catalunya cuenta con la red de pago más extensa de España (633 kilómetros, cuatro veces más que Madrid, el triple que Andalucía y ambas Castillas o el doble que Galicia, cuya superficie es similar), sus kilómetros de autovía (815) suponen casi una tercera parte de los construidos en Andalucía o Castilla y León, la mitad que en Castilla-La Mancha y sólo un 30% más que en Madrid, pese a que Catalunya cuadruplica su superficie.

Y otro ejemplo vistoso de la discriminación inversora se aprecia en el trato que recibe el aeropuerto de Barcelona en contraste con el de Madrid, pese a que El Prat registra un tráfico de pasajeros (44 millones anuales) muy cercano al de Barajas (50 millones) y unos resultados (339 millones de euros) muy por encima de los de Madrid (27 millones). La inversión en Barajas para los próximos cuatro años, en cambio, triplica la destinada a El Prat.

El gráfico dibuja una radiografía completa de esa España desigual. Pero los números no lo dicen todo. La desafección catalana tiene también que ver con su nivel de autogobierno y el respeto a su identidad, informa La Vanguardia.

La City avisa: la secesión catalana arruinaría España y endeudaría Cataluña
Capital Economics, una de las principales casas 'independientes' de análisis utilizadas para tomar decisiones por los fondos de inversión de la City londinense considera que "los enormes costes que supondría la independencia catalana hacen improbable la secesión". "La independencia sería negativa para España. Cataluña tiene el 16% de la población española, pero supone el 19% del PIB y un 25% de las exportaciones.

Catalunya a la cola de la UE y de España en educación
El anuario de la fundación Bofill cifra la inversión catalana en un 2,8% frente al 5,3% de promedio de la UE, a la cola entre los peor financiados, sin contar que buena parte de ese mísero e insuficiente dinero público va a las arcas de las escuelas privadas católicas que segregan por sexo y son además de pago. Los presupuestos para investigación educativa y formación de profesores se han reducido prácticamente a cero con el gobierno de Convergència (ahora PDeCat).

Cataluña: El PP envía dos helicópteros y equipos de intervención rápida
El Gobierno fascista del PP ha hecho llegar a Cataluña durante los últimos días a varias compañías de guardias civiles y policías nacionales, así como diversos equipamientos de última generación. Asimismo, desplazó hasta esta comunidad a dos helicópteros: un Dauphin y un EC135, ambos de Eurocopter.

El PP interviene la Hacienda catalana
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum a los promotores del referéndum independentista del 1-O y ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Catalunya por el que, de activarse, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, además de controlar, demorar y reducir -como ya viene haciendo- el dinero devuelto a los catalanes tras cobrar los impuestos, un 21% del total del reino pese a ser el 16% de la población.

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