dimecres, 27 de setembre de 2017

The Nation (EEUU): ¿Han alcanzado España y Cataluña un punto de no retorno?

Publica The Nation (EEUU): La amarga lucha por un referéndum de independencia ha llevado al país a una grave crisis constitucional. El domingo 17 de septiembre, Juan Ignacio Zoido, ministro español del interior de Twitter, publicó un extraño video en su feed. El clip de 24 segundos mostraba decenas de cajas que las autoridades habían capturado, la mayoría aún en su embalaje original, ubicado en un almacén indescriptible. ¿Habían encontrado drogas? No. ¿Dinero? Tampoco. Cuando la cámara se acercó, mostró un cartel con un "Sí" en negrita, en letras mayúsculas. La policía española había confiscado 1.3 millones de carteles, folletos y panfletos que piden un voto "Sí" en el próximo referéndum catalán sobre la independencia, que está previsto que tenga lugar en toda la región el 1 de octubre.

Horas más tarde, los funcionarios del ministerio de Interior publicaron una foto al estilo DEA (Departamento Antidroga de EEUU) en Twitter con todo el alijo. Si Rajoy pronunciara su posición política sobre la independencia catalana, tendría que confesar su profundo apego a una España unificada. Su nacionalismo español está estrechamente relacionado con el antiguo dictador Francisco Franco, un centralista intransigente para quien la unidad y la homogeneidad cultural de España era sagrada.

Las confiscaciones policiales indican el grado en que las tensiones entre el gobierno central de Madrid y el gobierno regional de Cataluña en Barcelona, ​​conocido como la Generalitat, han aumentado en las últimas semanas. Resulta que fueron sólo las primeras salvas de una serie de medidas draconianas que han dejado a muchos catalanes y españoles tambaleándose, empujando al país al borde de su más grave crisis constitucional desde el final de la dictadura franquista.

Una vez Cataluña anunció el referéndum a principios de septiembre, Madrid lanzó de inmediato un llamamiento al Tribunal Constitucional del país, que procedió a suspender las medidas mientras consideraba su legalidad, un proceso que puede tardar muchos meses. La Constitución española de 1978 otorga a la región una autonomía limitada, incluyendo el derecho a su propio parlamento, idioma y fuerza policial, pero también declara a España "indivisible". Como tal, no hay disposiciones para la secesión regional y los referendos de cualquier tipo solo pueden ser permitidos por el Estado central, para todo el Estado.

El President de la Generalitat Carles Puigdemont y otros dirigentes catalanes han declarado su intención de proceder con el referéndum del 1 de octubre de todos modos. Según los líderes del gobierno de Mariano Rajoy, el presidente catalán y los bravos actos de desobediencia de su gabinete pueden ser castigados con duras multas y penas de prisión, incluyendo años de exclusión de la política activa. (Algunos de ellos han sido procesados ​​por llevar a cabo un referéndum similar en 2014).

El 13 de septiembre y de nuevo el 16 de septiembre, la policía nacional cerró el sitio oficial del referéndum de Cataluña. El 14 de septiembre, la Corte Suprema de Cataluña ordenó a la policía nacional que recopilase una lista de organizaciones mediáticas que llevaban anuncios de referéndum, señalándolas como posibles blancos para los procesos penales. El 19 de septiembre, el Ministerio de Hacienda español se hizo cargo de la tesorería catalana; incluso ordenó a los bancos bloquear las tarjetas de crédito de la Generalitat en cumplimiento de la suspensión del referéndum por el órgano jurisdiccional nacional.

El 20 de septiembre, Madrid anunció que enviaría unos 4.000 policías antidisturbios a Cataluña para ayudar a "mantener el orden" en el período previo al referéndum. "Aplicaremos la ley en toda su fuerza", anunció a principios de septiembre Rajoy, el líder conservador del Partido Popular (PP) de España. La palabra clave, resultante, fue "fuerza". (Dada la falta de viviendas, se alojan en varios cruceros fletados anclados en puertos catalanes, el hecho de que uno de ellos tenga imágenes gigantescas de personajes de Looney Tunes ha proporcionado algún alivio cómico).


También el 20 de septiembre, la policía nacional allanó varias oficinas de la Generalitat y detuvo a 14 funcionarios, entre ellos el segundo al mando del vicepresidente catalán Oriol Junqueras, acusados ​​de desobediencia, mal uso de fondos y sedición. El Tribunal Constitucional procedió entonces a imponer multas individuales de entre 7,000 y 14,000 dólares por cada día que siguieran trabajando en el referéndum. Para proteger a los funcionarios de esta responsabilidad, el gobierno catalán no tuvo más remedio que liberarlos de sus deberes, disolviendo en efecto al órgano rector encargado de salvaguardar la integridad del referéndum.

El 23 de septiembre, el Ministro del Interior Zoido anunció que asumía el mando de la Policía Autónoma de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, aunque la medida se presentaba como un mero problema de "coordinación". Según el artículo 155 de la Constitución española, se puede revocar la autonomía de una región si plantea una "seria amenaza" al interés del país. A pesar de no haber invocado formalmente el artículo, que requeriría un procedimiento parlamentario previo, la decisión sumaria de Rajoy de hacerse con el control de las finanzas y el aparato de seguridad de Cataluña ha revocado efectivamente toda autonomía de la región.

Para muchos, su desvío del Parlamento y la dependencia de un poder judicial politizado apuntan a una erosión de la democracia española. Durante todo el proceso, Rajoy ha insistido en que su gobierno simplemente está en la "ley" y no "entrará en la provocación" que el gobierno catalán está buscando. Pero muchos dirían que es Rajoy quien es el provocador. Las medidas desproporcionadas de su administración no sólo han puesto de manifiesto su sordera de tono, sino que, para muchos, también han conjurado el espectro del pasado dictatorial de España.

Alberto Garzón, líder de la Izquierda Unida, una coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista de España, calificó las medidas del gobierno central como "características de la dictadura franquista" en una reunión de partidos de izquierda que buscan negociar un referéndum patrocinado por el Estado. "Rajoy", dice, es "un cobarde" por "esconderse detrás de la ley en vez de tomar una posición política".

De hecho, si Rajoy pronunciara su posición política sobre la independencia catalana, tendría que confesar su profundo apego a una España unificada. Su nacionalismo español está estrechamente relacionado con el antiguo dictador Francisco Franco, un centralista intransigente para quien la unidad y la homogeneidad cultural de España era sagrada.

"Sin hacerlo formalmente, Rajoy ha decretado un estado de excepción", nos dijo Benet Salellas, miembro del parlamento catalán para la Candidatura Popular de Unidad Popular (CUP) de izquierda, basada en la asamblea, refiriéndose al concepto desarrollado por el jurista de los nazis Carl Schmitt en Weimar Alemania. En su indignada reacción a las detenciones del 20 de septiembre, el presidente catalán Puigdemont utilizó la misma frase. Las medidas desproporcionadas de la administración Rajoy, para muchos, han conjurado el espectro del pasado dictatorial español.

¿Dada la batería de confiscaciones, prohibiciones y arrestos, los catalanes podrán votar la autodeterminación el 1 de octubre? Guillem Martínez, un periodista de Barcelona que escribe para el semanario CTXT, nos contó el día después de que un millón de catalanes salieran a la calle el 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, para defender su derecho a votar. "Literalmente, nadie sabe qué pasará".

Si bien las medidas represivas tomadas hasta ahora ciertamente han dificultado el voto a nivel regional, los catalanes se niegan a darse por vencidos. En una entrevista televisada a nivel nacional transmitida el 24 de septiembre, el presidente catalán Puigdemont prometió seguir adelante con el referéndum.

Mientras tanto, las detenciones del 20 de septiembre han provocado manifestaciones masivas y continuas en Barcelona y en otros lugares. Más notable aún es el hecho de que la respuesta pesada de Rajoy ha generado actos de solidaridad en todo el país. Bilbao y San Sebastián, en el País Vasco, han visto protestas durante la pasada quincena en apoyo al referéndum catalán. El grupo vasco Gure Esku Dago ("En nuestras manos"), que organizó las protestas en Bilbao, ha convocado una gran manifestación el 30 de septiembre, un día antes de la votación programada en Cataluña. (En otro lugar, en Zaragoza, los nacionalistas españoles de la derecha radical salieron a las calles para exigir la ejecución de los "traidores" catalanes).

"Preveo que habrá votos, aunque no sé cuántos, o de qué lado caerán", nos dijo la semana pasada Antonio Maestre, periodista del periódico La Marea y comentarista de televisión habitual. "Pero lo que se ha anunciado hasta ahora no puede ser llamado un referéndum. Simplemente no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y claridad jurídica", dijo. Mientras que los medios de la derecha han invocado el "imperio de la ley", la "claridad jurídica" ha sido la palabra clave para los críticos del referéndum de la izquierda, que temen que se corten demasiadas esquinas.

El 6 de septiembre, el parlamento catalán aprobó una ley que convocaba un referéndum, adoptando posteriormente una ley adicional, el 7 de septiembre, permitiendo la secesión unilateral en caso de que la mayoría votara a favor de la independencia. Ambas medidas pasaron con una estrecha mayoría y bajo una nube de protestas tanto de la oposición de derecha como de la izquierda, una parte de la cual boicoteó la votación por completo, dejando sus asientos vacíos, como los del PP que cubrieron sus escaños con banderas españolas y catalanas.

Si hay un referéndum, debe hacerse bien, ha argumentado Antonio Santamaría, autor de un reciente libro sobre la política de derechas en Cataluña: "Como el que tuvo lugar en Escocia, debería ser el producto de un pacto entre el Estado y los partidos políticos catalanes, con garantías democráticas y un profundo debate sobre los pros y los contras de la secesión, similar a las condiciones estipuladas en la Comisión de Venecia o en la Ley de Claridad en Canadá". A diferencia del reciente referéndum en Escocia, el camino contra Cataluña no ha sido una campaña de "No" (como la que hizo el gobierno de Cameron en el RU. NdeR.).

Los partidarios de la votación de octubre, sin embargo, han señalado la contradicción lógica que implica la idea de que un referéndum vinculante sobre la autodeterminación deba ser aprobado por el Estado español. "Claramente, los que quieren independizarse no pueden depender de la voluntad política del Estado del que quieren independizarse", explica Benet Salellas, cuyo partido, la CUP, apoya firmemente la votación del 1 de octubre. "A fin de cuentas, otorgaría al Estado el poder de veto sobre el ejercicio de los derechos colectivos".

Cita los ejemplos más utilizados -Quebec en 1995 y Escocia en 2014- como prueba: En ambos casos, los referendos fueron anunciados originalmente sin previo aviso al Estado. "Nuestros amigos de la izquierda" que critican el voto de octubre, dice Salellas, tienen que tomar una decisión: "¿Creen que un referéndum para la autodeterminación sólo puede ocurrir a través de un acuerdo con el Estado, o puede votarse sin permiso en caso de la denegación del Estado?".

Mientras que cuatro de cada cinco catalanes creen que tienen derecho a la autodeterminación, están divididos sobre si votar sin la aprobación de Madrid. Recientes encuestas indican que alrededor del 41% de los catalanes actualmente prefieren la independencia, frente a casi el 48% el verano del año pasado. (La incertidumbre sobre si un Estado catalán independiente se convertiría automáticamente en miembro de la Unión Europea sin duda ha templado el entusiasmo por la secesión).

Desde la larga visión de la historia, estos números son altos; el deseo de independencia se mantuvo en torno al 30%. Durante más de tres décadas después de la muerte de Franco, la mayoría de los catalanes parecieron preferir una autonomía limitada y una serie cuidadosamente negociada de pactos fiscales con el Estado español en lugar de una independencia absoluta.

Pero la opinión pública empezó a cambiar hacia el año 2010. Ese año, el Tribunal Constitucional de España rechazó categóricamente un nuevo estatuto de autonomía que el parlamento catalán había adoptado cuatro años antes y que el Parlamento español también había aprobado. Entre otras cosas, el nuevo estatuto definía a Cataluña como una nación, mientras que la actual Constitución de España lo llama una mera "nacionalidad". Para muchos catalanes, la decisión del TC en 2010 fue una bofetada, confirmando la negativa de España a respetar plenamente su lengua, cultura e historia.

Rahael Minder, corresponsal del New York Times en la Península Ibérica, cuenta la reciente su nuevo libro, La lucha por Cataluña: la política rebelde en España, que se estrenará el 1 de octubre, día del referéndum. En un relato equilibrado y comprensivo, concluye que, más allá del juego político, el creciente deseo catalán de independencia se extiende entre segmentos sorprendentemente diversos de la población, entre ellos muchos jóvenes que nunca se han identificado con España.

Para Minder, la identidad catalana ha estado marcada desde hace mucho tiempo por la solidaridad y la lucha de clases contra un Estado central represivo, que se remonta a la guerra civil española y más allá: "Es sorprendente", escribe, "que la sociedad catalana moderna siga girando en torno a proyectos cooperativos y asociativos, a menudo nacidos por necesidad". Fue este mismo espíritu el que revivió tras la Gran Recesión, por ejemplo en la Plataforma para los Afectados por la Crisis Hipotecaria (PAH), la organización de base que lanzó la política de la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau.

España cuenta con 17 comunidades autónomas; con una población de 7,5 millones de habitantes, Cataluña representa cerca del 16% de la población del país y produce una quinta parte del PIB español. La crisis de 2008 hizo que los catalanes fueran más conscientes que nunca de que su región, la más rica de España, contribuía más de lo que recibía del resto de España.

El partido gobernante Convergència, por su parte, impuso medidas de austeridad aún más estrictas que las del gobierno nacional en Madrid. Artur Mas, que como presidente catalán de 2010 a 2015 fue responsable de los recortes, nunca había estado a favor de la secesión. Pero se dio cuenta de que el creciente apoyo popular a la independencia podría ser una balsa salvavidas para su ardua fiesta. En un movimiento contraintuitivo, logró convertir el Partido de la Izquierda Republicana (ERC) y la CUP en boyas para mantener a flote a los conservadores catalanes.

"Para muchos observadores políticos," Mas es... el político que llevó a su partido de casi neutral a la quinta marcha en el camino hacia la independencia". Después de que la CUP forzara a Mas a retirarse el año pasado, su sucesor, Carles Puigdemont, también de Convergència, ha seguido la misma táctica, prometiendo una larga serie de pasos destinados a acercar a Catalunya cada vez más a la independencia en un enfrentamiento cada vez más tenso con el gobierno central. Y como Mas, ha logrado convertir la intransigencia de Madrid en capital político local.

La cuestión territorial española no será resuelta, prevé Minder, hasta que el país y su liderazgo se pongan de acuerdo con "la pluralidad de su nación", algo que no es probable que ocurra pronto. Y no es sólo un problema para Madrid; Bruselas también debería preocuparse. El "desafío catalán", escribe, "plantea cuestiones más amplias sobre el futuro de la Unión Europea". Después de todo, una exitosa candidatura catalana por la independencia puede inspirar a otras regiones europeas -no sólo Escocia o el País Vasco español sino Brittany, Flanders y Lombardía- para darles un tirón.

Con cada día que pasa, parece que más y más catalanes que de otro modo se hubieran abstenido ahora votarán Sí para expresar su frustración por las medidas represivas y humillantes que Madrid ha tomado para frustrar el referéndum. El enfoque de la mano firme "no detendrá el movimiento independentista", escribió el periodista Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia el 21 de septiembre, sino todo lo contrario. "Una gran mayoría [de catalanes] han dejado de tener miedo", dijo. "Rajoy debe saber que el concepto de España que quiere mantener a fuerza de prohibiciones, suspensiones, despidos, multas, incursiones y presiones daña a Cataluña".

Mientras tanto, en el resto de España, la cuestión catalana se está convirtiendo en algo difícil políticamente, sobre todo para la izquierda. El Partido Socialista de España (PSOE) critica la intransigencia del gobierno central al mismo tiempo que no ha desafiado su política sobre Cataluña. El viernes, el PSOE, de hecho, llegó a un acuerdo con el PP y Ciudadanos, un nuevo partido de derecha, anti-independencia, para mantener un frente unificado contra el referéndum.

Podemos, que se fundó hace tres años en una plataforma anti-austeridad, está luchando para gestionar profundos desacuerdos internos sobre la cuestión catalana. Su rama catalana ha roto con la dirección en Madrid por la línea oficial del partido: el apoyo al derecho de Cataluña a la autodeterminación, pero sólo a través de un referéndum obligatorio y vinculante.

"Hemos entrado en una política de testosterona, donde todo se acelera y la gente habla de victorias y derrotas, y quien pierde aparece débil"- dice la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, cuya coalición gobernante incluye a Podemos, ha estado realizando un acto político de alto nivel sobre la cuestión de la independencia desde su primer día en el cargo. Como alguien que apoya el referéndum pero no la independencia, ha dicho que tiene la intención de emitir una votación, pero que ve el referéndum más como un acto de movilización cívica que como un voto oficial. "Hemos entrado en una política de testosterona, donde todo se acelera y la gente habla de victorias y derrotas, y quien pierde parece débil", dijo Colau en una entrevista junto a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Colau apoya, sobre todo, un diálogo para "actualizar la relación" entre Cataluña y el gobierno central, que muchos han tratado, en términos sexistas, como una forma de rendición.

En el lado opuesto del espectro, la polarización ha permitido a los partidos de derecha estabilizar su apoyo en un momento en que la izquierda en toda España ha ido ganando fuerza. Para el PP, que gobierna sin una mayoría parlamentaria, el creciente conflicto con Cataluña constituye una distracción bienvenida de una incesante serie de escándalos de corrupción.
                                          

En julio, Rajoy se convirtió en el primer ministro español en ser testigo en un juicio penal, el de Gürtel, que ha implicado a un número significativo de miembros del PP de alto rango. El referéndum del 1 de octubre también ayuda a distraer el hecho de que el resurgimiento macroeconómico de España, promocionado por el gobierno como un gran éxito, no ha podido mejorar la vida de la mayoría de los españoles.

En Cataluña, el derecho a favor de la independencia también se ha beneficiado del empuje de la región hacia la independencia, también conocido como el Procés. Convergència, rebautizado como el Partido Democrático de Cataluña (PDeCat), ha logrado mantener el poder con el apoyo a regañadientes de ERC y la CUP. Los miembros de ERC y de la CUP, que ocupan respectivamente 20 y 10 escaños en el Parlamento de 135 asientos de Cataluña, han explicado su colaboración con los conservadores en términos de conveniencia: la independencia tiene prioridad y la alianza se disolverá una vez que el nuevo Estado catalán tenga lugar.

Para Guillem Martínez, que ha escrito un libro sobre el movimiento independentista titulado La Gran Ilusión (la palabra para "ilusión" en español significa tanto "fantasía" como "esperanza"), todo el Procés equivale a una farsa elaborada y oportunista. Consiste, afirma, en una serie de construcciones improvisadas y semi-legales que sirven para posponer indefinidamente la independencia real, manteniendo el derecho catalán vivo mucho más allá de su fecha de vencimiento. De hecho, añade, los procesistas esperan ser salvados por la campana: apuestan que, en algún momento, Madrid se detendrá bajo presión y abrirá las negociaciones para un nuevo pacto fiscal. Pero Rajoy, hasta ahora, sigue enrocado.

Según el periodista Antonio Maestre, el resultado es que España se precipita hacia el borde de un abismo. La situación, que escribió en La Marea a principios de septiembre, le recuerda a Croacia y Serbia en 1990: "emocional y socialmente algo se ha roto entre una inmensa mayoría de la población". Los dos trenes están corriendo a toda velocidad hacia una colisión frontal , dice su colega Martínez, pero no hay incentivos políticos para frenar o cambiar de rumbo. "La derecha española y la catalana están precisamente donde quieren estar", señala. "Uno está comprometido en una cruzada sin parar contra Cataluña; el otro está revolcándose en el martirio".

Los que están al frente de los Procés señalan la oportunidad que la independencia crearía para rehacer la democracia misma. "Es una cuestión de democracia", dice Lluc Salellas, hermano de Benet y concejal de la CUP pro-independentista en Girona. "La gente podrá votar y decidir". Una cosa está clara: el Estado español "ofrece pocas garantías a los catalanes".

Muchos dentro y fuera de la CUP creen que una República Catalana independiente es la única esperanza de un cambio progresivo. "Creo y defiendo la autodeterminación de los pueblos", afirmó la cineasta Eulàlia Comas en los medios sociales, y quiero decidir el modelo de sociedad en que vivo ... Creo que este proceso puede ser un paso más hacia otro tipo de sociedad: menos jerárquica, menos autoritaria, más humana, justa e igualitaria".

Lo que suceda una vez que el humo haya desaparecido, el 2 de octubre, es de suponer. Lluc Salellas ve cuatro opciones. "Si hay una alta participación y el voto "Sí" gana, la independencia será declarada e implementada en un corto período de tiempo. Si hay baja participación y el voto "Sí" gana, los Procés avanzarán pero a un ritmo más lento. Si triunfa el "No", habrá elecciones regionales. Y si el Estado español logra suprimir forzosamente el referéndum, es difícil saber qué puede ocurrir pero, en cualquier caso, significará que el Estado definitivamente habrá perdido toda legitimidad en Cataluña", dice.

En las elecciones regionales más recientes, los partidos pro-independencia no alcanzaron la mayoría del voto popular aunque obtuvo una mayoría de escaños en el Parlamento. Según el periodista Enric Juliana, un efecto de la actual escalada podría ser una oleada electoral que, en las próximas elecciones, impulsará el apoyo a la independencia sobre la línea del 50 por ciento, un "salto cualitativo". Los comienzos de tal salto fueron visibles en las manifestaciones del 20 de septiembre, explicó en su columna para La Vanguardia. Si el gobierno de Madrid sigue afirmando su autoridad con el objetivo de "humillar a las instituciones catalanas", escribió, "las consecuencias para el Estado español pueden ser catastróficas".

Una confrontación violenta no es probable, al menos no, dijo Maestre, el periodista y comentarista de televisión. Pero incluso sin ella, el daño causado puede ser irreparable. "Hasta ahora, las demandas del gobierno catalán y de la sociedad civil han sido pacíficas. Pero una gran parte de la sociedad civil catalana ya ha roto con España.

Emocionalmente han llegado a un punto de no retorno: un número importante de catalanes ya no sienten que pertenecen a España". Martínez predice una nueva ola de medidas punitivas a raíz del 1 de octubre." El gobierno español parece seguir el mismo modelo represivo se aplicaron al País Vasco", dice. "Esto significa que veremos más arrestos, despidos y multas. El Estado puede prohibir algunos partidos políticos e incluso cerrar ciertos medios de comunicación". "Lo que diga el gobierno catalán", escribió Martínez el 23 de septiembre, "no habrá referéndum. Habrá simulacros, protestas y un nivel inusual de violencia estatal".

Para Benet Salellas, el diputado de CUP, uno de los mayores conceptos erróneos sobre todo el proceso de independencia es que en absoluto tiene algo que ver con el nacionalismo. "Me preocupa que en España, fuera de Cataluña, la gente hable de nacionalismo... como si fuera un debate sobre la identidad, sobre una bandera. Creo que es un completo malentendido. Soy independentista, pero no nacionalista".

De hecho, insiste: "Cataluña como sociedad ha superado [el] debate" sobre el nacionalismo: "El proceso de independencia es ante todo un proceso para que las personas mejoren sus niveles de vida. Se originó en el pueblo -aunque más tarde algunos partidos políticos firmaron, ansiosos de votos y escaños en la mesa institucional-. Pero estoy convencido de que la gente de Cataluña está por encima de su clase política", informa The Nation.

Trump -en una forzada y breve reunión con un Rajoy en busca de apoyos desesperadamente- evitó enviar un apoyo expreso a la postura del Gobierno español, aunque consideró que es una “tontería” querer salir de un país como España, “con muchos siglos de historia”. Quiso dejar claro que sus comentarios eran personales, no como presidente de Estados Unidos, e insistió en que “España es un gran país y debería permanecer unido”, añadiendo algo que no gustó a Rajoy: “Te apuesto que si tuvieras cifras precisas, encuestas precisas, descubrirías que [los catalanes] aman a su país, aman España. Creo que nadie sabe si ellos [los catalanes] van a poder votar, creo que el presidente [Rajoy] les dirá que no van a poder votar, pero la gente se va a oponer mucho a eso”.

También expresó agradecimiento al Gobierno español del PP por la expulsión del embajador de Corea del Norte en Madrid que le ordenó, así como el esfuerzo español “en ayudar al pueblo venezolano” y en condenar el régimen de Maduro siguiendo sus instrucciones. “El pueblo de Venezuela está sufriendo hambre. Juntos España y Estados Unidos quieren buscar la paz, restaurar la paz y que se libere a todos los presos políticos. El pueblo de Venezuela merece un futuro de libertad”, añadió con el cinismo habitual.

'' Por su parte Rajoy dió la nota llamando Madero (policía en argot de germanías español) a Maduro, dejando la marca España del PP y pandereta en las redes a todo trapo.

En el exterior de la Casa Blanca hubo una concentración en apoyo a la democracia y el referéndum en Catalunya

La AN admite la denuncia por sedición de las protestas en BCN
Quedan sólo cuatro días para el referéndum del 1-O. Cuatro días que se presentan intensos y cargados de información. Para empezar, el referéndum independentista convocado en Catalunya centra la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, donde hasta seis partidos sacarán a colación la consulta y recibirán la réplica de cuatro ministros.

BBC: Los no catalanes que sí quieren un referendo de independencia
El gobierno de Cataluña se apresta a celebrar el próximo 1 de octubre el referendo de independencia prohibido por la justicia española. El Tribunal Constitucional declaró ilegal la votación y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones que los catalanes no tienen derecho a votar sobre la independencia porque, como señala la Carta Magna, "la soberanía nacional corresponde al conjunto de los españoles".

Javier Pérez Royo: El TC vulneró la constitución con un "golpe de Estado" en 2007
El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, se siente “una voz que clama en el desierto”. Él mismo define así su visión sobre la situación catalana, que viene denunciando desde el 2007, y que supone toda una rareza en la literatura constitucionalista publicada y debatida en los últimos años. Defiende que fue el Tribunal Constitucional quien rompió el pacto constitucional y dejó a Catalunya fuera del marco, con lo que era previsible que se produjera una situación tan anómala como la actual.

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