dimarts, 26 de setembre de 2017

Trama Lezo: "Sobrino me contó en la cárcel las comisiones"

El ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino (foto), confesó con todo lujo de detalles a Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP), las comisiones ilegales vinculadas a la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II durante su reciente estancia en la prisión de Soto del Real. Pablo González ha decidido colaborar con la Justicia. Para ello ha trasladado al juez Manuel García Castellón, que instruye la denominada Operación Lezo, todos los datos que le facilitó Rodríguez Sobrino a lo largo de las numerosas conversaciones que mantuvieron en prisión.

Según explicó González al magistrado, que le mantiene en estos momentos en libertad bajo fianza de 200.000 euros, Rodríguez Sobrino le reconoció abiertamente el cobro de sobornos en la operación aprobada en octubre de 2013 por parte de la empresa de aguas madrileña. En esa fecha la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Ignacio González, autorizó la adquisición de la empresa brasileña Emissao por 29,4 millones de euros. Una cantidad que, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción y de los actuales dirigentes del Gobierno madrileño, entrañaba un importante sobreprecio.

Pablo González niega que Sobrino implicara a su hermano, pero la fiscal no se lo cree

El hermano del ex presidente madrileño insistió el pasado mes de julio al juez García Castellón que estaba dispuesto a reproducirle literalmente lo que escuchó por boca de Rodríguez Sobrino. No en vano, el relato de González coincide en gran parte con lo que ha admitido ya el ex directivo de la empresa de aguas madrileña al propio juez, tras decidir también colaborar con la investigación en busca de atenuantes.

Tal y como desveló también este periódico, el antiguo responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica ya ha confesado que cobró 2,7 millones de euros de comisión por esta operación a través de dos sociedades suyas en Suiza y que lo hizo, además, mediante un contrato del que ha aportado una copia a la Audiencia Nacional. Pablo González, asistido por el letrado Juan Alberto Díaz, confirmó este extremo y añadió que Rodríguez Sobrino le precisó que había utilizado testaferros para articular estos cobros, entre los que, aseguran fuentes de la investigación, señaló a Sebastiao Cristovam, el agente brasileño que intervino en la operación en representación de la entidad brasileña Emissao.

El único punto importante en el que difieren los relatos de González y Rodríguez Sobrino radica en la supuesta intervención del ex presidente de la Comunidad de Madrid. Así, mientras el que fuera jefe de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II sostiene que a Ignacio González le correspondieron 900.000 euros, una tercera parte del total del soborno, el hermano del ex alto cargo popular niega rotundamente que este extremo se lo contara Rodríguez Sobrino.

Esta contradicción en el relato de ambos llevó a que la Fiscalía Anticorrupción trasladara a González su convencimiento de que en este punto no estaba diciendo la verdad. «Qué nos va a decir usted, si es su hermano», le llegó a espetar el Ministerio Público a Pablo González durante su comparecencia, que tuvo lugar el pasado mes de julio, tal y como precisan fuentes de la investigación. González recalcó en todo momento que no tuvo participación directa en la operación de compra de Emissao y que los datos de que dispone fueron exclusivamente los que le trasladó su compañero en la cárcel, de quien dijo, señalan las mismas fuentes, «que funcionaba a golpe de comisión».

Por su parte, Rodríguez Sobrino ha involucrado en la referida operación de Emissao como uno de los beneficiarios de otra tercera parte del reparto al ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta, Luis Vicente Moro, que fue quien propuso al Canal de Isabel II la operación y al que la Guardia Civil descubrió una importante cantidad de dinero en efectivo oculto en el interior del reloj de pared del salón de su casa. A Moro le atribuye, al igual que a Ignacio González, el cobro de 900.000 euros. En declaraciones a este diario, Moro ha negado haber cobrado soborno alguno. «De lo que dice Rodríguez Sobrino no hay nada de nada», señaló el ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar.

Al margen de la operación de Emissao, Pablo González también abordó la adjudicación de la construcción del campo de golf del Canal, en pleno centro de Madrid. González admitió en su declaración haber percibido una cantidad en metálico de «80.000 euros» de manos del administrador de la empresa Tecnoconcret, que formó parte del consorcio que resultó adjudicatario. Unos fondos que González dijo haber percibido bajo el convencimiento de que habían sido declarados por la empresa, aunque finalmente los investigadores sostienen que fueron ocultados a la Agencia Tributaria.

González negó que su caso concreto se tratara de un soborno y esgrimió que, por el contrario, se trataba de deudas que tenía contraídas por trabajos realizados a una empresa privada. La Fiscalía pone en cuestión esta explicación y sospecha que se trata de una parte de lo que vino a bautizarse en la declaración como «comisiones de agradecimiento» a cambio de gestiones con la Comunidad de Madrid para conseguir este contrato público, adjudicado en 2006 siendo su hermano presidente del Canal de Isabel II.

La colaboración con la Justicia de Pablo González se ha extendido también a las actividades de la empresa pública Mercasa, por lo que también prestó declaración en el procedimiento judicial que investiga, al margen de la Operación Lezo, la corrupción en este organismo bajo la dirección del magistrado José de la Mata. González subrayó que entró en Mercasa en 2012 y que elaboró un informe interno sobre el mercado de Luanda, en Angola, en el que detectó el pago de comisiones a funcionarios angoleños. Unos pagos que denunció en su momento y que vuelve a denunciar ahora, informa El Mundo.

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