dimecres, 25 d’octubre de 2017

Los nazi-monárquicos suben el sueldo a las fuerzas represivas pero no al resto de funcionarios

Los partidos fascistas y monárquicos PP, PSOE y Ciudadanos han aprobado este martes una iniciativa del Grupo Popular apoyando a la Policía y a la Guardia Civil frente al presunto "acoso" sufrido en los días del referéndum catalán y prometiendo subidas salariales a los agentes para equipararlos con los Mossos d'Esquadra, con el voto en contra de Unidos Podemos, PNV, Compromís, el PDeCAT y Esquerra Republicana, mientras que Nueva Canarias ha optado por abstenerse. La organización criminal que gobierna con 900 imputados y condenados por fraude, corrupción y robo de lo público, con Rajoy como capo de la mafia criminal evidente y comprobado, soborna así, como lo hace con sus jueces sumisos y lacayos, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil cuando se prepara u golpe de Estado que blinde el negocio de la criminal e ilegítima dinastía borbónica.

Para el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, esta propuesta permite contar "la verdad" de lo que sucedió en Catalunya antes y después del referéndum del 1 de octubre censurando las supuestas campañas de "acoso" contra los policías y las guardias civiles. "Mientras que las mentiras han dado la vuelta al mundo, la verdad aún se está atando los cordones", ha comentado al respecto. Pero, además, el PP introdujo este martes un añadido instando al Ejecutivo a incorporar, a partir de los Presupuestos de 2018 las partidas necesarias para resolver progresivamente "los desequilibrios retributivos" que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como así se comprometió con Ciudadanos durante la negociación de las cuentas públicas para el próximo ejercicio.
La iniciativa -una burla para el resto de funcionarios y trabajadores- se remata con un aval a las medidas represivas y amenazas que ha venido tomando el Gobierno mafioso español frente a las demandas soberanistas, la última de las cuales ha sido aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya en lo que es un golpe de Estado para proteger el negocio de la corte borbónica-franquista.

Una España monárquica, miserable y corrupta

"Resulta sorprendente –apunta el politólogo de la universidad de Girona Quim Brugé- que ahora salga gente proponiendo el 155 cuando no se había aplicado en 40 años”. Cuatro décadas en las que Euskadi tramitó el Plan Ibarretxe tras haberse saltado las reglas tributarias con las ‘vacaciones fiscales’, en las que Aragón y Catalunya pusieron trabas legales a los planes de trasvase del genocida y embustero José María Aznar y el condenado por ladrón Jaume Matas, en las que Canarias forzó la tensión al negarse a aplicar la reducción arancelaria a las mercancías comunitarias, en las que Valencia llegó a falsear los datos oficiales sobre su déficit durante más de una década y en las que la corrupción afloró en la práctica totalidad de las administraciones autonómicas.


Sin embargo, en menos de una semana, tres dirigentes conservadores han trazado, con una dureza dialéctica rayana en la hipérbole, paralelismos entre la situación de Catalunya y la de tres comunidades autónomas que no gobierna su partido. Emiliano "García-Page [presidente de la Junta de Castilla-La Mancha] está pidiendo a gritos el artículo 155 para que sea el Estado el que enmiende la labor del Gobierno que forman el PSOE y Podemos", dijo el miércoles José Julián Gregorio, delegado del Gobierno en esa comunidad.

Cuatro días después, el exministro Alfonso Alonso aseguraba que Euskadi corre el riesgo de llegar a "la misma situación, y por lo tanto al mismo desafío y al mismo peligro que se está sufriendo en Catalunya" por la combinación de cuatro ingredientes: "nacionalismo en el poder, fuerzas radicales que aún están en la justificación de posiciones violentas, populistas de Podemos que son la tercera fuerza y la plataforma Gure Esku Dago, embrión de una Asamblea Nacional Vasca".

Por último, este lunes, los conservadores navarros difundían unas declaraciones en las que su presidenta, Ana Beltrán, sostenía que "la actuación del Govern en Catalunya se puede extrapolar a Navarra" ya que "ambos gobiernos pretenden que una minoría aplaste a una mayoría no nacionalista", mientras mantenía que "hay pruebas más que evidentes para pensar que el Gobierno foral, con la presidenta [Uxue] Barkos a la cabeza, quiere que Navarra desaparezca y se convierta en una provincia más del País Vasco". Antes, tachaba de "infamia (…) que va contra el interés de España" la declaración en la que el parlamento foral calificaba de "inaceptable e inadmisible" la aplicación del 155 en Catalunya.

Parece claro que la activación del artículo 155 de la Constitución en la crisis con Catalunya, con unas duras medidas que, salvo sorpresa o pacto, el Senado avalará este viernes y el Gobierno aplicará a partir del sábado, ha animado a algunos dirigentes conservadores a pedir su extensión a otros territorios gobernados por partidos nacionalistas o de izquierdas.

"Se está desvelando que se quiere utilizar la interpretación más recentralizadora de la Constitución para decir ‘hasta aquí hemos llegado’ con el Estado autonómico", indica el editor de la revista Viento Sur, Jaime Pastor, que recuerda cómo las instituciones españolas ya respondieron en el pasado con medidas involucionistas y retrógradas para el desarrollo de las autonomías en otros episodios críticos, caso de la aprobación de la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, transformada en la LPA que ralentizó el traspaso de competencias a las comunidades tras la cadena de ‘ruido de sables’ que desembocó en el fallido golpe de Estado del 23-F.

Coincide con Monge, para quien "suspender la autonomía de una comunidad ante un desafío político supone darle la vuelta al sistema democrático". La aplicación del 155, anota, "supone el cierre de una transición en la que la derecha se quedó con la percepción de que había cedido mucho en términos políticos, y ahora quiere recuperarlo". "Y a partir de ahora ya hay un precedente de la aplicación del artículo 155", recuerda.

40 años de monarquía fascista y antidemócratas reciclados

"Más allá del contenido jurídico del artículo 155, que resulta difícil de interpretar, sí parece que junto a unas manifestaciones de carácter independentista aparece el polo opuesto, el de la recentralización", añade, en la misma línea, Brugué. "Lo que está en tensión con el debate en torno al artículo 155 es qué entendemos por el Estado de las autonomías", señala el consultor político y politólogo de la universidad Pompeu Fabra Nacho Corredor, quien recuerda que "Alianza Popular (AP) no votó a favor de la Constitución, y esto puede venir de aquello".

De hecho, llama la atención el hecho de que el PP esté conmemorando como suyo, en plena crisis catalana, el 40ª aniversario de una fundación que, en realidad, fue la de AP, partido creado por siete ministros fascistas y criminales de Franco (Manuel Fraga, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora, Enrique Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente y Cruz Martínez Esteruelas) y la mitad de cuyo grupo parlamentario (tres votos en contra y cinco abstenciones de 16 diputados) no apoyó la Constitución, aunque finalmente, entre tensiones que amenazaban su ruptura, recomendó el voto favorable en el referéndum "como acatamiento a una norma fundamental que promueve la convivencia entre todos los españoles", informa Público.

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