dimecres, 25 d’octubre de 2017

The Guardian: Cómo resolver la crisis catalana, usando lecciones del Brexit

Jill Rutter: Si el gobierno español juega al policía bueno, puede establecer un modelo para futuros referendos, siguiendo estos cuatro principios clave. Hasta que viví en Madrid, no me había dado cuenta de que la animosidad entre Madrid y Barcelona iba mucho más allá del ritual del fútbol 'El Clásico'. Quiero que España y Cataluña encuentren el camino. En este momento estamos enzarzados en una escalada recíproca, posible destrucción mutua y cierto daño económico y social. Los movmientos del gobierno español para afirmar su derecho constitucional a suspender la autonomía catalana probablemente no constituirán la base para la reconciliación y un camino estable a largo plazo. Del mismo modo, los años de desobediencia civil expresados en el desgaste de los catalanes solo empeorarán una mala situación. Así que aquí hay una propuesta, basada en algunas de las experiencias buenas, y otras menos buenas, de referendos recientes en el Reino Unido.

El gobierno español se mueve primero (o, más bien, se mueve de nuevo). Después de haber jugado al policía malo a los ojos de los catalanes secesionistas, ahora juega al policía bueno. Les promete a los catalanes un referéndum legal, tal como David Cameron le ofreció a Alex Salmond en el acuerdo de Edimburgo. Eso podría suceder dentro de tres años, después de que se hayan hecho los cambios necesarios en la constitución española. Promete que si los catalanes votan por irse, España no se interpondrá en su camino y apoyará la entrada de Cataluña en la UE (fundamental para la viabilidad de una Cataluña independiente). Esa es una propuesta mucho más atractiva que el tipo de salida que puede lograr por sí sola. Si los catalanes no aceptan esa oferta, con los grandes bancos ya reubicados, realmente están empeñados en la destrucción.

Pero el referéndum estaría condicionado por la aceptación de cuatro puntos.

Primero, el electorado. Tiene que extenderse más allá de las personas que residen actualmente en Cataluña. Cualquier persona que pueda demostrar un vínculo con Cataluña, que creció allí, se educó allí, vivió allí en los últimos 10 años, por ejemplo, podría registrarse para votar. Esta puede ser simplemente mi experiencia de compartir una oficina con escoceses con sede en Londres, profundamente resentidos por no poder votar, pero la franquicia debe reflejar que se trata de un cambio permanente, por lo que debe incluir a las personas que sienten que tienen mayor participación en el futuro de Cataluña. Junto a la franquicia, habría que llegar a un acuerdo sobre cuál es el umbral para aceptarla, si el 50% más uno es suficiente.

En segundo lugar, los términos de la salida deben negociarse por adelantado, para que las personas sepan qué están votando. Tiene que ser un paquete acordado por ambas partes. No más votar en el vacío. Parte de eso sería un acuerdo sobre una transición factible.

Tanto esto como el acuerdo sobre la franquicia y el umbral deben ser supervisados ​​por un mediador o mediadores internacionales. No tienen que mirar demasiado lejos. Madrid alberga el "Club de Madrid", una organización de respetados hombres y mujeres de edad dedicados a promover la paz internacional. Pídanles una mano amiga.

En tercer lugar, también debe ofrecerse una alternativa: los términos en los que Cataluña permanecería como parte de España. Eso tiene que ser una oferta del gobierno español, que debe dejarlo claro con anticipación (sin entrar en pánico con un "voto" de estilo Cameron a mitad de campaña). En el Brexit, esta sería la "mejor alternativa para irse", ofreciendo la perspectiva de un acuerdo acordado a largo plazo si la decisión es "permanecer". Involucrar a los representantes catalanes en el desarrollo de esa oferta la fortalecería. Y tendría que negociar la problemática cuestión del dinero.

Se preguntaría a las personas si quieren que Cataluña proclame la independencia en los términos ofrecidos; o quedarse en España.

En cuarto lugar, la realización del referéndum se entregaría a una comisión independiente. Una de sus funciones sería supervisar la información y los reclamos utilizados por ambas partes. Habría penalizaciones mucho más severas para reclamos como el del Reino Unido, que daba 350 millones de libras esterlinas para el NHS (National Health Service), que una carta estridente del presidente de la Autoridad de Estadísticas.

Eso podría simplemente representar un camino a través de... Incluso podría convertirse en el modelo para lidiar con futuros referendos en todas partes, incluido el Reino Unido, si alguna vez enfrentamos un segundo referéndum de independencia en Escocia.
Jill Rutter es directora de programas en el Institute for Government, pero escribe a título personal, publica The Guardian.

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