dimecres, 4 d’octubre de 2017

Trapero, imputado por sedición por la sierva de la monarquía

La 'jueza' de la Audiencia Nacional Carmen Lamela necesitaba el atestado ampliatorio de la Guardia Civil sobre lo ocurrido en Barcelona los días 19 y 20 para instruir la denuncia presentada por el fiscal por sedición y, una vez en su poder, su primer paso no ha podido ser más contundente. Ha decidido citar a declarar el próximo viernes como imputado al 'major' de los Mossos Josep Lluis Trapero. También interrogará por este supuesto delito contra la monarquía y un Estado tan ilegítimo como criminal a la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, al mando durante las protestas en las que se acosó a la comisión judicial que envió el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona a hacer registros en distintas sedes de la Generalitat y en las que la población, harta y asqueada, destrozó varios vehículos de la Guardia Civil.

Es la responsable del operativo por parte de la policía autonómica a la que se dirigieron sin éxito en varias ocasiones los guardias civiles que participaban en el dispositivo ordenado por el juez Ramírez Sunyer, según consta en el atestado que este cuerpo envió al juzgado barcelonés. La 'jueza' también tomará declaración por este mismo delito a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Ambos eran las únicas personas citadas con nombres y apellidos en la denuncia interpuesta por el teniente fiscal del tribunal inquisitorial monárquico, Miguel Ángel Carballo, por su actuación durante las protestas animando a que continuaran las movilizaciones.

Sànchez se dirigió a los concentrados para decirles: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos" y "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Cuixart pidió que la protesta continuara subido a un coche de la Guardia Civil. La fiscalía relató cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Citó los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la 'Conselleria' de Economia. La letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) tuvo que salir por la azotea a un edificio próximo y los guardias civiles estuvieron hasta 18 horas sitiados.

El pasado día 27 la magistrada admitió a trámite la denuncia fiscal en un auto en el que sostenía que esas conductas podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o la actuación de cualquiera de persona en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. La sedición esá penada hasta con 15 años de cárcel en el caso de que el presunto autor fuera una persona "constituida en autoridad", informa El Periódico.

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