dijous, 9 de novembre de 2017

Carmen Lamela ya tiene en propiedad la plaza en la Audiencia Nacional

Desde octubre de 2015, la juez Carmen Lamela dirige el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, el que está haciendo la instrucción del caso contra el Govern a partir de la declaración de independencia del 27 de octubre. Hasta este jueves, sin embargo, Lamela ocupaba una plaza interina, que ahora ya ha pasado a tener en propiedad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 28 de septiembre. La decisión de convertir Lamela en juez titular de la Audiencia se tomó, pues, antes de que comenzara a instruir la causa contra el Govern catalán, pero no se ha materializado hasta este jueves, una vez ha sido publicada en el BOE. Este mismo jueves, Lamela ha rechazado conceder la libertad a los ocho consejeros encarcelados. La Generalitat no usó para el 1-O la partida de 6,2 millones que la Audiencia Nacional reclama a los consejeros. El juez decreta prisión incondicional bajo fianza de 150.000 euros para Carmen Forcadell.

Más allá del caso contra el Gobierno, Lamela también decidió que los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural acabaran en prisión de Soto del Real por su responsabilidad en las manifestaciones del pasado 20 de septiembre ante la conselleria de Economía.

Además, se ha encargado durante los últimos años de la instrucción de casos mediáticos como el que llevó al ex presidente del Barça, Sandro Rosell, en prisión provisional por blanqueo de capitales o el caso Alsasua (La policía de la dictadura multa en Iruñea por apoyar a los de Altsasu), en el que decidió enviar tres acusados a prisión -donde llevan un año- al ratificar que la agresión a dos agentes policiales fuera de servicio constituía un delito de terrorismo.

Lamela llegó designada a la Audiencia Nacional en 2014, pero no fue hasta octubre de 2015 que se hizo cargo del juzgado de instrucción número 3, en sustitución de Juan Pablo González, que sustituía interinamente el titular de la plaza, Javier Gómez Bermúdez, que actuaba de juez de enlace en Francia hasta que en julio decidió pedir la excedencia voluntaria y pasar al sector privado. Ahora, Lamela deja de ser interino y asume en propiedad la plaza de magistrada-juez del Juzgado Central de Instrucción número 3, informa ARA.

La Fiscal Lamela pide prisión para Forcadell y otros tres miembros de la Mesa


El acatamiento del 155 de la Constitución y declarar que la declaración unilateral de independencia fue "declarativa y simbólica" no ha sido suficiente para la fiscalía, que ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que decrete prisión incondicional para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el portavoz de Junts Pel Sí, Lluís Coromina, Anna Simó y Lluís Guinó.

En cambio, Ramona Barrufet eludirá la cárcel. La fiscalía ha solicitado que pueda evitarla pagando una fianza de 50.000 euros. La diferencia entre ella y el resto de los miembros de la Mesa del Parlament se debe, según fuentes fiscales, a los matices que cada uno incluían en su declaración que han sido valorados por los representantes del ministerio público para solicitar la correspondiente medida cautelar. Para Joan Josep Nuet, la fiscalía no ha pedido ninguna medida de este tipo, por lo que quedará en libertad cuando acabe la vistilla.

A falta de lo que decida el juez Llarena, la estrategia de Forcadell de desmarcarse de lo hecho por los exmiembros del Govern que acabaron en prisión por decisión de la jueza Carmen Lamela no ha surtido el éxito previsto, al menos con la fiscalía. Ella había optado por responder a las preguntas del ministerio público en relación con el delito de rebelión que se le imputa y por acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informaron fuentes jurídicas, informa El Periódico.

La Generalitat no usó para el 1-O la partida de 6,2 millones que la Audiencia Nacional reclama a los consejeros

La Generalitat bloqueó las partidas presupuestarias destinadas a los procesos electorales, tal como le exigía la sentencia del Tribunal Constitucional contra la disposición adicional de los presupuestos que preveía la financiación del referéndum del 1-O. Esto es precisamente lo que certifica la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, en un informe que acompaña las alegaciones presentadas por la defensa de los consejeros encarcelados en la Audiencia Nacional.

La juez Carmen Lamela les reclama una fianza civil de 6,2 millones de euros, que se corresponde a las partidas sobre procesos electorales y consultas populares que se habían incluido en los presupuestos del Gobierno. Según ella, esta podría ser la cifra que el Gobierno hubiera destinado al 1-O. A pesar de los argumentos de la defensa, Lamela ha decidido este jueves mantener a todos los consejeros en prisión provisional.

En el escrito, fechado en 31 de octubre, la interventora garantiza que desde que el TC consideró inconstitucional la financiación del 1-O, el 5 de julio, la Generalitat tomó las medidas necesarias para bloquear las partidas que el constitucional consideraba que se podrían utilizar para el referéndum. De hecho, señala que el único gasto relacionado con la organización de procesos electorales que se ha hecho en los últimos meses lo está con el "mantenimiento ordinario y evolutivo del sistema informático", que fuentes gubernamentales explican que es lo que se usa para las elecciones al Parlamento. Nada que ver con el referéndum, añaden las fuentes.

La defensa de los consejeros considera que la fianza civil impuesta por la juez Lamela -que no serviría para eludir la prisión provisional- es "arbitraria", lo que demostraría el informe firmado por la interventora de la Generalitat, pero también las decisiones del consejo de ministros. El 3 de noviembre, el gobierno español aprobó una modificación presupuestaria para cubrir las elecciones del 21-D. 25 millones repartidos en los presupuestos del 2017 (17,3 millones) y de 2018 (7,7 millones). Como la Moncloa considera que la partida de gastos electorales está intacta, en lugar de ampliar el presupuesto en 17,3 millones este año sólo lo tendrá que hacer en 12 millones de euros, que se cargarán a los fondos de contingencia. Además, desde el 20 de septiembre el ministerio de Hacienda del PP tiene el control absoluto de las finanzas y, tras el 155, de toda la Generalitat.

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