dilluns, 27 de novembre de 2017

La GC investiga dos desvíos del PP por 3 M de fondos europeos

La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular en Madrid. A principios de octubre, la Unión Europea se interesaba por la investigación del caso Púnica y preguntaba a la Justicia española sobre el uso de fondos europeos para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dado la respuesta que le pidió al respecto el juez del caso Púnica y ha señalado que no sólo están investigando un contrato, como pensaba Bruselas, sino que hay dos casos bajo la lupa policial y que suman tres millones de euros. Demoledores recursos contra el archivo de la supuesta mordida de Cospedal: Las acusaciones particulares lamentan que el instructor “de carta blanca a la impunidad”.

A finales de octubre, la cadena de información se daba la vuelta. Primero, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había pedido información a la Audiencia Nacional sobre las pesquisas del caso Púnica sobre adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El organismo dependiente de la Unión Europea quería abrir una investigación al respecto y se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción número 6.

En concreto, la OLAF quería saber el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) había hecho en 2006 a Over Marketing, empresa investigada por la presunta financiación de la caja B del PP de Madrid.

Su titular, Manuel García Castellón, trasladó la pregunta a la Guardia Civil que ha respondido en un informe al que ha tenido acceso a El Plural, en el que confirma que está investigando ese contrato con fondos europeos y añade que también tiene “bajo análisis” un segundo contrato de un millón de euros, pagados al 80% por la Unión Europea.

La UCO señala que la primera adjudicación, una campaña sobre “la importancia de autónomos/pymes”, está siendo analizada dentro su investigación sobre “los contratos” de la Comunidad de Madrid a Over Marketing “en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular” en Madrid. Y subraya que “dicho contrato estaría financiado por el Fondo Social Europeo”, cuyas partidas deberían servir para la creación de empleo, aunque señalan que “se desconocería el porcentaje” que habría venido de Europa.

Sin embargo, lo tienen más claro en el segundo contrato y del que la Unión Europea no tenía noticia. La Guardia Civil informa de que “de igual modo” se está investigando el “servicio de Publicidad para la campaña del plan de residuos”, adjudicado también en 2006 a Over Marketing por un millón de euros. “Respecto a este último contrato, estaría financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%”, señala la UCO.

La OLAF tuvo conocimiento de esta causa después del escándalo de la desaparición de los contratos. Cuando le fue requerida por la investigación, la Comunidad de Madrid respondió a la Justicia que había perdido la documentación sobre estas adjudicaciones. El hecho de que el encargado de custodiarla fuera un imputado en Púnica no ayudó a aligerar la polvareda y la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, avisó a la OLAF de las desapariciones de los documentos.

Según la investigación de Púnica, Over Marketing habría recibido varias adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007 –cuando hubo elecciones regionales-, así como contrataciones de constructoras privadas que habrían ganado concursos públicos bajo el Gobierno de Aguirre. La UCO sospecha que ese dinero serviría para sufragar los actos de campaña del PP que habría realizado Over Marketing.

Over Marketing, beneficiaria de las adjudicaciones, no sólo está señalada en Púnica. La empresa es propiedad de Daniel Horacio Mercado y, además de estar imputado en la causa sobre la presunta caja B de la época de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid, también está encausado en el caso Palma Arena. En concreto, en la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Baleares con un mecanismo similar.
Demoledores recursos contra el archivo de la supuesta mordida de Cospedal: Las acusaciones particulares lamentan que el instructor “de carta blanca a la impunidad”

“Es inadmisible que el Juzgado de Instrucción emita un auto de sobreseimiento libre con multitud de indicios racionales de criminalidad”, aseguran en su recurso de apelación la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Federación los Verdes, mientras que la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) asevera que “el sobreseimiento libre se nos antoja, dicho en términos de acusación, como una carta blanca a la impunidad”. Ambos escritos, presentados el 24 y el 17 de noviembre, respectivamente, y a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, ponen de relieve la sorpresa y el descontento de los letrados de las acusaciones particulares que no logran entender (como casi ningún jurista consultado por este periódico) la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, de sobreseer el caso de la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi entregó al PP de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de ésta en 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basura de la capital castellano-manchega, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Deberá ser, por tanto, la Audiencia Provincial de Toledo la encargada de pronunciarse sobre estos demoledores recursos de apelación, cuyo contenido, desarrollado a través de una treintena de folios, deja en mal lugar al juez Rodríguez Ruiz, que pone en un serio aprieto al presidente de la Audiencia toledana, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, uno de los pocos invitados al “bodorrio” y testigo del enlace de Cospedal con el polémico y siempre bajo sospecha magnate del ladrillo, Ignacio López del Hierro. Amistad que como es lógico inhabilita a Gutiérrez como magistrado en este eterno supuesto caso de prevaricación y cohecho, ya que de ser uno de los jueces que decidiera sobre el recurso de apelación sería lógicamente recusado por las acusaciones particulares, aunque a buen seguro que Sánchez-Caro sería el primero en apartarse del caso.

Indignación y dura respuesta

Y es que la decisión del juez Rodríguez Ruiz ha indignado a los abogados de la acusación, ya que después de casi dos años de instrucción y haber declarando “causa compleja” el caso en junio de 2016 y prorrogado la investigación 18 meses, no encontró finalmente ni un solo supuesto delito que el juez Ruz sí halló, como así recogió en el auto enviado al Juez Decano de Toledo donde apreciaba “indicios de delitos de prevaricación y cohecho”. Rodríguez archivó pero sin contestar a la pregunta básica: ¿Dónde están los 200.000 euros que Cospedal reconoció haber recibido del partido y que Génova asegura no haber enviado nunca esta cantidad a Castilla-La Mancha? Eso, al menos, quieren saber los recurrentes, además de reivindicar otras flagrantes evidencias que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 elude, siempre según los letrados.

En este sentido, los abogados de IU y ALA recogen en su recurso de apelación que en los “autos hay suficientes pruebas de tal entidad como para que desde luego continúe el procedimiento y sea abierto el juicio oral”, aseguran, al mismo tiempo que recuerdan que el propio Juzgado considera acreditado que “el protocolo que se ratifica implica una modificación del precio del contrato de adjudicación, que dicha ratificación del protocolo se hace por la Junta de Gobierno (del ayuntamiento de Toledo en 2007) contraviniendo el procedimiento establecido” y que las argumentaciones dadas por parte de los investigados, concejales y alcalde en orden a justificar su comportamiento sobre la base de la existencia de excepcionales circunstancias, cuales eran una huelga, “no impiden la tipicidad del conducta como delito de prevaricación”, al mismo tiempo que recuerdan al magistrado que no hay “ninguna duda jurídica que el hecho de que el acto administrativo inicial injusto y arbitrario fuera convalidado por parte del Gobierno posterior, no excluye la existencia del delito de prevaricación por parte de la anterior Junta de Gobierno y actuales investigados; pues se trata de un delito de mera actividad, que es el que se dicte una resolución a sabiendas de su injusticia”.

Abogados que insisten en señalar al equipo de Gobierno del PP dirigido por José Manuel Molina, alcalde que asistió a la Junta de Gobierno que ratificó el protocolo, “sabedores de su injusticia y arbitrariedad y de las consecuencias que a posteriori se generaron, decidan ratificarlo y dotarle de la ejecutividad necesaria como acto administrativo y resolución”, añaden “por otro lado, no se han tenido en cuenta el resto de pruebas que han sido practicadas a lo largo de la instrucción y concretamente aquellas declaraciones que son absolutamente imparciales y atestiguan la grave actuación cometida por parte del equipo de Gobierno.

En parecidos términos, pero con más dureza si cabe, se expresa el abogado de la Asociación Observatori de Drets Humans, que lamenta que el “instructor está dando más peso a las declaraciones de los investigados, dejando a un lado los indicios objetivos que obran en las actuaciones que no dejan lugar a dudas”. Para esta parte de la acusación, “una mínima intención de esclarecer los hechos habría llevado en dirección opuesta a la acordada en la resolución aquí recurrida, es decir a investigar en lugar de sobreseer y, además, con carácter de libre que conlleva la inexistencia de delito alguno cuando el propio auto de sobreseimiento indica que los hechos tiene apariencia delictiva pero que no de suficiente intensidad”.

Para DESC, se otorga plena credibilidad al actual gerente e imputado en la supuesta mordida, José Ángel Cañas, pero ninguna a Luis Bárcenas, que “resultan más veraces que las de una persona que afirma haber firmado un recibí de 200.000 euros sin haberlos recibido”. Un hecho que el instructor aseguraba en su auto que no se podía hablar de financiación ilegal por cuanto este delito no existía en 2007.

Sin embargo, el abogado argumenta y demuestra en su recurso que “este delito jamás se ha planteado a lo largo de la presente instrucción puesto que esta parte es consciente de la imposibilidad de aplicar un delito que no estaba tipificado en el momento de los hechos”, concluye, “no obstante, la inexistencia de dicho delito de financiación ilegal no implica que dicha entrega de dinero no se produjera ni que el motivo por el cual se cometió la prevaricación y el cohecho no fuera la financiación ilegal de la campaña electoral de la Sra. Cospedal con independencia de que tal financiación, en ese momento, no fuera delictiva”, informa El Plural.

Bárcenas avisó sobre la 'trama Lezo' que chantajeó a Rajoy
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas reconoció a Génova en enero de 2009 que el empresario Rafael Palencia realizaba "entregas periódicas" de dinero al partido. Confirmó de esta forma lo relatado por el ex responsable del Grupo Degremont en la grabación que investiga la Audiencia Nacional y en la que acaba de advertir un "delito continuado" de cohecho del PP.

Todas las tramas corruptas llevan al marido de Cospedal
Las conversaciones mantenidas por Ignacio González y Eduardo Zaplana, que grabó la Guardia Civil en la causa instruida por la Audiencia Nacional, ponen el foco en las presuntas maniobras orquestadas por el PP y el propio Mariano Rajoy para tapar viejos negocios entre el marido de la ministra María Dolores de Cospedal con Jordi Pujol Jr. El constructor Ignacio López del Hierro ha aparecido también en los 'papeles de Bárcenas' y en el 'caso Lezo' a través de su sobrino.

Anticorrupción investiga la M-45 por sobrecostes en los materiales
Podemos en la Asamblea de Madrid ha convocado a los medios para presentar una denuncia por sobrecostes en la M-45 en la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados denuncian un “pelotazo” logrado a través de un sobrecoste “exorbitado” de los materiales. Concretamente, creen que el precio de las excavaciones se infló un 140%, el del hormigón un 57% y el del acero un 36%. Así, se calcula que este “peaje encubierto” costará 2.000 millones de euros a los madrileños.

El PP chantajea a las autonomías como comisionista de las farmacéuticas
El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos.

Cursach niega los sobornos a políticos
Diez minutos ha durado la declaración esta mañana ante el juez Penalva del empresario Bartolomé Cursach, que se ha celebrado coincidiendo con la manifestación que se esta celebrando en la calle, convocada por uno de los letrados del empresario. Cursach no se ha negado a contestar, pero solo lo ha hecho a preguntas de su abogado y del juez. El encarcelado empresario ha negado las acusaciones y se ha desmarcado del cohecho por soborno a funcionarios de Cort y del Govern que le atribuye la instrucción judicial.

Altsasu clama justicia: “Nuestros hijos no son terroristas”
“Primero te quedas en shock. Seguido, te sientes desesperada. Ahora intentas no pensar demasiado para no volverte loca y seguir adelante”. Igone Goikoetxea habla de sus sentimientos sin anestesia. Quiere que otras Igones en otros lugares sepan que ellas, mañana, podrían vivir lo mismo. Koldo Arnanz lo resume en otra frase: “Si esto crea precedentes, será muy peligroso”. No es broma: el hijo de Koldo podría ser castigado a 62 años y medio de cárcel, mientras que el de Igone enfrenta una petición de pena de medio siglo. Todo por una pelea de bar a última hora de la madrugada.

Irán denuncia pacto Riad-París-Washington contra Hezbolá
“Arabia Saudí, Francia y Estados Unidos tratan de eliminar a Hezbolá de la escena política de El Líbano en beneficio de sus propios intereses hegemónicos”, ha asegurado este sábado el embajador de Irán en Venezuela, Mustafá Alaei.

Puigdemont: "Yo soy el President de la Generalitat"
"Yo soy el President de la Generalitat", ha afirmado el cesado por la monarquía española Carles Puigdemont, en una entrevista concedida a TV3 en Bruselas, de la que la cadena pública ha realizado un avance este sábado.

La PN controlaba al imán ya en Ripoll
Pocos meses antes de los atentados de Barcelona y de Cambrils, la policía española controlar los movimientos de Abdelbaki es-Satti, el ex-imán de Ripoll considerado el cerebro del grupo que cometió los ataques.

A Rosa, la GU acusada de homicidio, le falta una bala
Junto al cadáver del agente Pedro Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en las inmediaciones del pantano de Foix, se encontró un objeto metálico que parecía ser una bala. Después de analizar su composición, los Mossos concluyen que se trata de una proyectil blindado con el núcleo de plomo del calibre 9mm. Luger, como los que usa la Guardia Urbana.

España en “situación crítica” por la desigualdad social
La economía española mejora pero solo para los ricos. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden pero las cifras son engañosas y propaganda triunfalista del PP bajo la que se esconden los salarios miserables y las condiciones de trabajo precarias. La Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad.

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