dilluns, 6 de novembre de 2017

La trama Púnica hizo los carteles de Rajoy de 2011

La Audiencia Nacional ya investiga si la trama Púnica también financió irregularmente la campaña de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011, las que lo auparon por primera vez a La Moncloa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó a principios de año a Gráficas Punto y Seguido, una pequeña empresa de la capital constituida en 2007, toda la "documentación vinculada con los trabajos facturados en el año 2011 a la fundación Fundescam y al Partido Popular de Madrid" ante las sospechas de que esta sociedad (hasta ahora desconocida) pudo ayudar a la formación conservadora a sobrepasar los límites de gasto electoral. La Púnica cerca al PP: 150 imputados, 1.200 cuentas embargadas y 4 millones incautados.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción ya manejaban indicios de que el PP de Madrid pudo ir 'dopado' económicamente a tres elecciones: las municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 (también con Rajoy como candidato), aunque esta nueva línea de investigación amplíe las pesquisas y las sospechas a una cuarta cita electoral, las generales celebradas a finales de 2011. El PP de Madrid (entonces presidido por Esperanza Aguirre) ya aportó 685.000 euros no declarados a la campaña de Rajoy en las generales de 2008.

La operativa podría haberse repetido tres años después, cuando la grave crisis económica forzó al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a adelantar las elecciones, las terceras en las que el actual presidente del Gobierno se presentaba como cabeza de lista del PP nacional. Las facturas de Gráficas Punto y Seguido acaban de ser incorporadas a la pieza del sumario sobre la presunta caja B del PP de Madrid, que presuntamente lideraba Francisco Granados. Estos fondos habrían permitido a Génova rebasar los límites legales de gasto, concurriendo así a los diversos comicios en ventaja con respecto a sus competidores políticos.

Gráficas Punto y Seguido facturó 3.785 euros por tirar 43.000 carteles con la imagen de Rajoy. La factura fue emitida al PP de Madrid el 3 de noviembre de 2011, 17 días antes de los comicios, con el concepto 'elecciones generales 2011'. La empresa también facturó al partido madrileño ese mismo día 14.539 euros por 565.000 dípticos de propaganda electoral, un formato del que se hicieron seis modelos distintos. Las delegaciones regionales del PP solían contribuir en su territorio a promocionar al candidato nacional del partido. Esta empresa ya había trabajado para el PP de Madrid en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese año, facturando 84.000 euros por realizar los carteles electorales de todos los candidatos populares que se presentaban a todas las alcaldías de la Comunidad de Madrid.

La UCO también ha pedido facturas a otras dos empresas que trabajaron con Fundescam, la fundación satélite del PP sin ánimo de lucro que está en el epicentro de la investigación de la financiación irregular. Se trata de Hermanos Barral González y Demométrica. Esta última es una vieja conocida de la UCO. Dedicada a las encuestas electorales y los estudios de mercado, la Audiencia Nacional investiga desde el principio del caso Púnica si el exconsejero Salvador Victoria (imputado en la causa) ordenó a la empresa Indra (una de las adjudicatarias que más trabajan con la Comunidad de Madrid) que pagase una deuda que el PP de Madrid mantenía con Demométrica por unos sondeos sobre la evolución de la intención de voto realizados en 2014.

Demométrica también giró a Fundescam trabajos en el año 2011. Los investigadores creen que el PP de Madrid, para sortear los controles de los organismos de fiscalización, recurrió a Fundescam para contratar supuestos informes sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo que, en realidad, eran sondeos de intención de voto en municipios de máximo interés para Génova. Se trata de cuatro facturas de esta firma que suman 39.156 euros y que fueron abonadas por Fundescam. Las pesquisas realizadas hasta la fecha han permitido comprobar ahora que el PP de Madrid acudió a las elecciones de 2011 con donaciones ilegales, desvíos de subvenciones públicas y, en conjunto, una superación sistemática del gasto permitido en las campañas. En este caso, el exceso presupuestario rondó los 1.546.000 euros, según la investigación.

Aún es pronto para saber si la empresa que hizo los carteles de Rajoy se une a la red de empresarios que los investigadores tienen identificados y que presuntamente ayudaron al partido a sobrepasar de forma sistemática los límites de gasto electoral en los comicios de 2007, 2008 y 2011. En esta caja B, que la UCO sospecha que estuvo operativa varios años, juega un papel clave Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid. El último informe de la Guardia Civil, que acaba de ser incorporado a la causa, asegura que el PP de Madrid pagó en negro "y de manera encubierta" a proveedores de los actos de la campaña electoral de 2011.

No es la primera vez que una trama de corrupción mancha una campaña de Rajoy. El sumario del caso Gürtel también revela que la trama liderada por Francisco Correa también ideó el lema de la primera campaña electoral del hoy presidente, la que perdió en el año 2004. Una de las empresas del entramado societario de Correa, Rialgreen SL, se asoció al 50% con la conocida firma de publicidad McCann Erickson para llevar la creatividad y la publicidad de varias campañas del PP, como la de 2004, donde Rajoy se presentó con el lema 'Juntos vamos a más'.

La Púnica cerca al PP: 150 imputados, 1.200 cuentas embargadas y 4 millones incautados


Las dimensiones de la causa que investiga la trama Púnica comienzan a ser inabarcables. La macroinvestigación a cargo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha acumulado desde sus inicios, hace menos de cuatro años, miles de folios de sumario, condensados en 235 tomos. Las cifras de la investigación de la red liderada por Francisco Granados son apabullantes. A día de hoy, suma 150 imputados, han circulado por las dependencias judiciales 350 testigos y se ha decretado el embargo de 1.200 cuentas corrientes. La cifra de dinero en efectivo incautado supera los cuatro millones de euros, según los datos con los que cuenta el juzgado.

El procedimiento centra en la actualidad la actuación del Central 6 y supone sobradamente más de una tercera parte de la actividad procesal y de las resoluciones dictadas diariamente. Y no parece que el ritmo vaya a remitir, sino todo lo contrario; la previsión del actual instructor, Manuel García-Castellón, y de las dos fiscales anticorrupción encargadas del caso es que se abran otras seis piezas que vendrán a sumarse a las 16 ya existentes.

En el curso del procedimiento se han producido la apertura de nuevas tramas de forma que se ha llegado a un total de 72 entradas y registros. "En el periodo desde que se producen las primeras actuaciones judiciales, la investigación se ha duplicado por dos y existe una perspectiva de que todavía quedarían tramas pendientes y que se van conociendo a medida que avanza la investigación", asegura la documentación a la que ha tenido acceso este diario. De momento, de cara al próximo mes de septiembre, se encuentran pendientes decenas de declaraciones así como el estudio y análisis de 100 cajas de documentación incautada.

Este nivel de actividad ha tenido un coste. Desde que se inició el procedimiento se han producido sucesivas bajas de los encargados de su tramitación. La primera funcionaria encargada del macrosumario se dio de baja, y la persona que ocupó su lugar pidió su traslado. Lo mismo sucedió con la nueva encargada. Todas ellas ostentaban un altísimo nivel y sobrada experiencia en los juzgados de instrucción, pero se vieron superadas por el estado del megasumario.
El dinero intervenido

En cuanto al dinero intervenido en efectivo a lo largo de estos años, constan en las dependencias judiciales 4.145.798 euros, 30.456 dólares, 2.780 francos suizos y 1.455 libras esterlinas. En total, 4,1 millones de euros entre los que se encuentra el ya famoso millón que apareció en un altillo de los suegros de Granados y que se mantienen a buen recaudo en atención a las posibles responsabilidades civiles que se deriven.

La cantidad de inmuebles, vehículos y otros bienes incautados también resulta problemática. Se tramitan diversas piezas de responsabilidad y, entre todas, la más relevante es la abierta para la administración de lo embargado. Anticorrupción, ante la situación creada, encargó a peritos de la Agencia Tributaria que comprobaran si conviene la liquidación de algunos para evitar que pierdan valor con el paso del tiempo. Particularmente delicada es el tratamiento de los inmuebles, algunos de ellos con cargas hipotecarias.

El análisis del estado de la causa tras la salida del juzgado del juez Eloy Velasco resulta demoledor. Solo este procedimiento exigiría un magistrado con dedicación exclusiva para el conocimiento en profundidad que las diligencias a practicar, concluye la documentación. El titular del 6 se encarga también de otras causas de enorme relevancia, entre ellas la que investiga la trama Lezo, liderada por Ignacio González, informa El Confidencial.

#ParadisePapers: más secretos de los plutócratas al descubierto
La plutócrata reina de Inglaterra invierte vastas cantidades de dinero en paraísos fiscales, aproximadamente 10 millones de libras en fondos en las Islas Caimán y Bermuda.

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