dilluns, 13 de novembre de 2017

Las madres de Altsasu: "Sentimos indefensión y un miedo terrible"

Coincidiendo con el primer aniversario de las detenciones, los abogados de los jóvenes acusados de “terrorismo” por una pelea de bar darán a conocer la “situación extremadamente alarmante” que enfrentan sus defendidos. La mayor parte de las pruebas que han solicitado los letrados no han sido admitidas. El 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles sin uniforme se vieron involucrados en una trifulca en un bar de la localidad navarra de Altsasu (cast. Alsasua). Lo que pasó a partir de entonces es de sobra conocido: acusaciones sobre una supuesta “horda” que buscaba linchar a los agentes, elucubraciones sobre la ideología de los jóvenes que habían sido relacionados con la pelea… y la aplicación de la teoría del “Todo es ETA” por parte de determinados periódicos y jueces para asegurar que la pelea no era una pelea, sino un caso de terrorismo.“A los presuntos violadores de Sanfermines, la acusación les pide 22 años. A mi hijo, por una pelea de bar, le piden 50”. La jueza Carmen Lamela: Del 'caso Alsasua' al encarcelamiento de los 'Jordis'.

Hay detalles y gestos que sólo una madre puede percibir. Bel Pozueta, una mujer de Altsasu que lleva exactamente un año visitando a su hijo en una cárcel, lo acaba de vivir en carne propia. “Le miré a los ojos. Sé que le pasaba algo. Tenía cara de no haber dormido”, relata. La escena había transcurrido 24 horas antes en la prisión de Aranjuez. Allí está Adur Martínez de Alda. El hijo de Bel. El presunto “terrorista” al que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y COVITE quieren ver condenado a medio siglo de cárcel por una pelea de bar. De ahí las ojeras del joven. De ahí el miedo de la madre.

“La tristeza es esto”, resume Pozueta. Su vida –y la de su familia- empezó a cambiar de rumbo en octubre de 2016. Concretamente, durante la madrugada del día 15. En torno a las cinco de la mañana, dos guardias civiles sin uniforme se vieron involucrados en una trifulca en un bar de esta localidad navarra. Lo que pasó a partir de entonces es de sobra conocido: acusaciones sobre una supuesta “horda” que buscaba linchar a los agentes, elucubraciones sobre la ideología de los jóvenes que habían sido relacionados con la pelea… y la aplicación de la teoría del “Todo es ETA” por parte de determinados periódicos y jueces para asegurar que la pelea no era una pelea, sino un caso de terrorismo.

Las cosas empeoraron un mes después. A primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2016, unos agentes se presentaron en la vivienda de Adur. Minutos antes, Bel había visto por la ventana de la cocina a un encapuchado. Sus temores, esos mismos que le acompañaban desde hacía cuatro semanas, se confirmaron. “Mi marido abrió la puerta. Les pidió una orden judicial, pero no tenían, así que tuvieron que marcharse. Recuerdo que fuera de casa había varios furgones de la Guardia Civil”, comentó Pozueta a Público.

A lo largo de ese día, la Benemérita detuvo a varios jóvenes relacionados con la pelea nocturna. Adur optó por presentarse voluntariamente ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien tenía a cargo este caso. Dos días más tarde fue encarcelado. Lo mismo ocurrió con otros seis jóvenes. En diciembre de 2016, cuatro de ellos fueron puestos en libertad condicional, mientras que los tres restantes –entre los que se encuentra el hijo de Bel- siguieron en prisión. Primero estaban juntos, en la cárcel de Soto del Real. Luego fueron dispersados. Tanto antes como ahora están en régimen FIES, exactamente el mismo que se aplica contra los detenidos por terrorismo. De esta manera, los tres presos de Altsasu reciben hoy el mismo tratamiento que cualquier encarcelado por yihadismo.

“A los presuntos violadores de Sanfermines, la acusación les pide 22 años. A mi hijo, por una pelea de bar, le piden 50”

A Bel se le pasa otra comparación por la cabeza. “Acabo de escuchar en la radio una noticia sobre el juicio contra los presuntos violadores de Sanfermines. La acusación les pide 22 años. A mi hijo, por una pelea de bar, le piden 50”. Ese medio siglo de condena fue solicitado por el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals tanto para Adur como para otros cinco acusados. En el caso de Oihan Arnanz, hoy preso en Navalcarnero, la petición se eleva hasta los 62 años y medio. La pena más baja que solicita la Fiscalía es de 12 años. En total, los jóvenes del caso Altsasu suman condenas de 375 años de prisión. Los violadores de Pamplona no llegan a 115.

En ese contexto, los abogados de los imputados por la trifulca con los dos guardias civiles ofrecerán este martes una rueda de prensa en Madrid, donde denunciarán la “falta de garantías” que enfrentan sus clientes. Los letrados advierten que se trata de una situación “extremadamente alarmante”, dado que “la mayoría de las pruebas propuestas por las defensas” no han sido admitidas. “Sentimos indefensión y un miedo terrible. Nos da vértigo pensar lo que puede ocurrir con nuestros hijos”, afirmó, por su parte, Bel Pozueta.

El grupo de madres y padres de Altsasu realizará este martes una nueva jornada de protesta, que estará marcada por un hecho muy simbólico: a las 20.00 habrá un apagón en todo el municipio para denunciar el primer año de las detenciones. A esa misma hora, los familiares de los jóvenes realizarán una nueva concentración en la Plaza Iortia, donde volverán a recibir el apoyo de sus vecinos. Igual que hace un año, informa Público.

La jueza Carmen Lamela: Del 'caso Alsasua' al encarcelamiento de los 'Jordis'

Este lunes a las ocho de la mañana, mientras la Policía tomaba posiciones en el perímetro exterior de la Audiencia Nacional y los fotógrafos se posicionaban en la zona de seguridad, una luz se encendía en el despacho de Carmen Lamela en el coqueto edificio del tribunal central. La jueza que mandó a prisión incondicional a los líderes de las revueltas soberanistas en Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y que dejó en libertad con medidas cautelares al jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, desoyendo la petición de la Fiscalía, comenzaba una jornada maratoniana que acabaría a medianoche.

Pegada de buena mañana a su ordenador, ultimando los detalles del interrogatorio que comenzaría una hora después, Lamela no perdía ni un minuto para supervisar cualquier detalle. Estudiosa hasta la extenuación de su trabajo como instructora del tribunal más mediático del país, a donde llegó en comisión de servicios en 2011 y dio el salto definitivo al juzgado hace ahora dos años, esta madrileña de 56 años se ha convertido sin quererlo en la jueza del momento.

Sin quererlo porque en sus 30 años de carrera nunca le ha gustado la exposición mediática voluntaria. Sin desearlo porque desde que llegó al Juzgado Central de Instrucción tres, en sustitución de Juan Pablo González que a su vez ocupaba la plaza de Javier Gómez Bermúdez, ha logrado algo inédito: pasar inadvertida hasta convertirse en la jueza sin rostro incluso para funcionarios que trabajan allí.

Ello pese a que en estos 24 meses -desde el pasado 28 de septiembre ya como titular del juzgado tras la excedencia voluntaria de Gómez Bermúdez- Lamela ha tenido en sus manos asuntos calientes, como Abengoa o la CAM (que acabó en leves condenas para cuatro acusados), y decisiones controvertidas por su muy sospechosa arbitrariedad, caso del envío a prisión del expresidente del Barcelona Sandro Rosell o el procesamiento de los nueve investigados por la agresión a dos guardias civiles de paisano y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016.

Hasta la resolución tomada este lunes con los líderes de ANC y Òmnium Cultural, el caso de Alsasua ha sido el que más críticas le ha generado. La razón es que la jueza, en línea con la petición de la Fiscalía, acusa a los investigados por delitos de terrorismo según la reforma del Código Penal de 2015, que amplía la extensión de este tipo delictivo pensando en la lucha contra el yihadismo. Es decir, no es que Lamela se haya mostrado especialmente dura con la calificación de estos hechos, es que la Fiscalía, en su solicitud, y la Sala de lo Penal (instancia superior) han avalado su tesis.

Casada con un juez y madre de dos hijos veinteañeros, uno ingeniero y el otro economista, Lamela es una persona discreta. No pertenece a ninguna asociación judicial, por lo tanto no corre el vicioso riesgo de que la etiqueten. Es más, ha llegado a donde ha llegado sin padrino o colectivo que la aúpe. Desde que empezó en trincheras, en un juzgado de Orihuela en 1986, pasando por Manzanares, Badalona, Barcelona hasta Madrid, donde desembarcó en 1993, ha sido instructora diez años y otros diez ha juzgado y puesto decenas de sentencias en la Audiencia Provincial.

Cuando Baltasar Garzón fue inhabilitado por prevaricación trató de dar el salto a la Audiencia Nacional, pero el Consejo del Poder Judicial eligió a Pablo Ruz. En mayo pasado se presentó a la presidencia de la Sala Penal, pero los vocales conservadores eligieron a Concepción Espejal y los progresistas, a Manuela Fernández Prado. Ella sólo obtuvo un voto independiente, lo que en buena medida le aleja de llegar algún día al Tribunal Supremo.

Su única 'proximidad' al Poder Ejecutivo fue cuando formó parte del equipo del secretario general de Justicia durante el mandato del socialista Francisco Camaño. Allí coincidió con su compañero y «muy amigo» José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional que dictó prisión incondicional sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola entonces director general de Modernización. Lamela se dedicó a la implantación del expediente digital en la Audiencia Nacional. Un cometido que compatibilizaba con sus trabajos en cooperación jurídica internacional y en perfeccionar otros idiomas, ya que habla francés e inglés.

Forma con De la Mata esta nueva generación de jueces tecnológicos, partidarios de usar las ventajas digitales para ahorrar costes. En el tiempo de comida, cuando el trabajo se lo permite, le gusta ir a nadar para ordenar sus ideas y combatir la soledad del juzgador, según El Diario Vasco.

El fascio de Rajoy aplica a los detenidos de Alsasua la ley antiyihadista
Corría febrero de 2015. En plena ola de ataques yihadistas en Europa, el gobierno de Mariano Rajoy (con el apoyo del PSOE) aprovechaba para endurecer el Código Penal e introducía una definición bastante amplia sobre el significado de terrorismo. O mejor dicho, de los motivos por los que alguien puede ser encarcelado bajo esa acusación. El antidemocrático y fascista artículo 573 del Código Penal fue cuestionado por cinco relatores de la ONU, quienes en febrero de 2015 advirtieron que “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo”. Hoy sirve para mantener presos a tres jóvenes, acusados de agredir a dos guardias civiles en una reyerta de bar.

Carmen Lamela ya tiene en propiedad la plaza en la Audiencia Nacional
Desde octubre de 2015, la juez Carmen Lamela dirige el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, el que está haciendo la instrucción del caso contra el Govern a partir de la declaración de independencia del 27 de octubre. Hasta este jueves, sin embargo, Lamela ocupaba una plaza interina, que ahora ya ha pasado a tener en propiedad.

Mª Dolores Amorós (CAM): 1.400 de paro y pensión de 370.000 €
Este martes se ha conocido la sentencia de la Audiencia Nacional que condena por los delitos societarios continuados de falsedad contable y en la información a los inversores a penas que van desde los dos años y nueve meses a los cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), responsables del saqueo de la entidad. El tribunal ha absuelto a los otros cuatro acusados, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

El empresario del chantaje a Rajoy y pagos al PP declara mañana
Rafael Palencia está citado a declarar como investigado por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional que instruye los ‘Papeles de Bárcenas’, tras haberlo reclamado IU en mayo en su calidad de acusación popular en esta causa.

La "puta cinta" con la que chantajearon a Rajoy
La Guardia Civil tiene en su poder una grabación en la que el empresario Rafael Palencia, contratista público y donante del PP, admite a Ignacio González haber realizado entregas de dinero en efectivo a los antiguos responsables de las finanzas del PP a cambio de que le «trataran bien» adjudicándole obras al Grupo Degremont, especializado en aguas y tratamiento de residuos.

La mafia del PP respalda el expolio y robo de la secta vaticana
El Gobierno criminal de Rajoy va a hacer un listado de todas las propiedades que la Iglesia inmatriculó y robó gracias a la reforma, tan legal como inmoral y fraudulenta, que impulsó el gobierno corrupto de José María Aznar desde 1998 hasta 2015 y luego pretende guardarlo sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.

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"Querido padre Maciel", escribía el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a uno de sus cercanos colaboradores en aquellos tiempos. "Con ocasión de sus Bodas de Oro Sacerdotales, me uno espiritualmente a Usted en tan solemne celebración para dar cumplidas gracias al Padre celestial, de quien desciende todo don perfecto", sigue la misiva afectuosa remitida desde el Vaticano.

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