dilluns, 20 de novembre de 2017

Lezo: Los trabajadores serán acusación popular contra la trama del PP

Los trabajadores del Canal de Isabel II podrán verse las caras con Ignacio González y compinches en la Audiencia Nacional. Seis de ellos, afiliados del sindicato CCOO, formarán parte de la acusación en el caso Lezo. El juez ha aceptado su personación en la amplia acusación popular (tras rechazar que fueran acusación particular) en la investigación contra el expresidente madrileño, que también fue presidente del Canal durante varios años. Los trabajadores, una representación simbólica de toda la plantilla (compuesta por 2.450 efectivos), han realizado un concienzudo estudio que aportaron al juzgado y en el que cifran en 106 millones de euros el quebranto que han sufrido las nóminas de todos los empleados tras la "nefasta" gestión de muchos de los imputados al frente de la mayor empresa pública de la comunidad.

"Los trabajadores del Canal venimos sufriendo desde hace años las consecuencias directas de estos gestores y de sus políticas encaminadas a la descapitalización de nuestra empresa, la privatización de los servicios y el deterioro manifiesto de nuestras condiciones de trabajo", señala su escrito de denuncia. Los empleados sitúan el principio de sus males en el año 2012, cuando la Comunidad de Madrid (con González de presidente del Canal) decidió convertir la empresa pública en una mercantil, Canal Gestión SA.

Este proceso jurídico (para intentar que capital privado entrara en la compañía) desembocó en que el 1 de julio de 2012 Canal de Isabel II subrogara a todos sus trabajadores a la nueva sociedad Canal Gestión SA, respetando la mayoría de las cláusulas del convenio colectivo propio que se había firmado dos años antes, pero incluyendo una trampa: las nuevas contrataciones a partir de esa fecha estarían reguladas bajo el III Convenio Colectivo Estatal de Aguas, que suponía una merma media de los salarios del 40% para los trabajadores de nuevo ingreso. "Estas nuevas contrataciones pasaron a ser los trabajadores del sector del agua con menor remuneración en España, con un perjuicio económico acumulado medio de 4.500 euros", relata su denuncia.

Los trabajadores señalan que la creación de una empresa mercantil en 2012 "supuso la expulsión de la parte social de la empresa de los órganos de control y participación". Los empleados fueron expulsados del consejo de administración y de los tribunales de concursos y oposición. Además, se eliminaron "la comisión paritaria, la de asuntos sociales, la de agrupación social deportiva, la de traslados, la de contratación temporal, la de formación y la de seguimiento del plan de igualdad". También supuso la reducción de horas sindicales de los representantes de los trabajadores, de 80 a 40 horas mensuales.

El expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal Ignacio González, a su salida de prisión. (EFE)
"El menoscabo económico de los tejemanejes de la trama Lezo, la fórmula societaria que se eligió para el Canal y la eliminación de los trabajadores de los organismos de control han supuesto un perjuicio laboral", resume la denuncia. La ecuación es sencilla. Mientras que González y los suyos utilizaban presuntamente el Canal para el desvío de fondos públicos, diseñaron una nueva estructura jurídica para la empresa que erosionó los derechos laborales de los trabajadores y de sus nóminas. La 'foto fija' de los empleados se deterioró a partir de 2012. Ya habían sufrido un recorte salarial del 5% que la comunidad ejecutó siguiendo las instrucciones del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La congelación salarial se mantuvo entre los años 2013 y 2016, se amplió la jornada diaria en 30 minutos, se eliminaron aportaciones individuales de la empresa al plan de pensiones y se suspendieron en 2013, "por decretazo", complementos salariales y la póliza médica. Los trabajadores hacen un detallado resumen de sus pérdidas. En cuanto al plan de pensiones, el Canal aportaba el 5,8% del salario de cada trabajador. Dichas aportaciones fueron suspendidas el 1 de enero de 2012. También lo fue la póliza de riesgos. Otro 1,7% del salario que cubría las contingencias en caso de incapacidad y fallecimiento se eliminó.

Al igual que la póliza médica con Adeslas y el complemento de acción social. Este último eran 21,25 euros al mes que estaban destinados a compensar la supresión de ayudas sociales para compra de gafas y revisiones dentales. Se prohibió en 2012. También se amplió el horario de trabajo de 35 a 37,5 horas y se congelaron, obviamente, las revalorizaciones salariales desde enero de 2012. Todo esto sumado deja una cuenta negativa para los empleados. "Desde la creación de la sociedad mercantil en 2012 hasta diciembre de 2016, el conjunto de los trabajadores ha dejado de percibir 86 millones de euros".

A esta cantidad habría que sumar otros 20 millones de euros si "tenemos en cuenta la diferencia entre el salario que han percibido los nuevos contratados a partir de julio de 2012, regidos por un convenio estatal de mínimos, con respecto a lo que deberían haber percibido de no haberse creado Canal Gestión". En esta situación están unos 800 trabajadores. En total, salen 106 millones de euros. "Un cálculo conservador", según los sindicatos. En definitiva, "las condiciones de trabajo se han deteriorado de forma evidente, tanto en la pérdida salarial como en diversas medidas sociales y sindicales".

Pero los trabajadores no solo han cuantificado las pérdidas salariales en su denuncia aportada a la Audiencia Nacional. "La llegada de una política de gestión con nula disposición al diálogo social" conllevó que la siniestralidad laboral aumentase un 178% entre 2011 y 2015. También creció la temporalidad. De los 337 empleados eventuales que había en el año 2010 se pasó a 777 en 2016. Los sindicatos también recuerdan que dos miembros de la sección sindical de CCOO fueron sancionados con dos meses de empleo y sueldo por "aseverar una descripción de Ignacio González similar a la imagen que muestra la investigación del caso Lezo".

"Ignacio cabrón, trabaja de peón, por corrupto y por ladrón", "Ignacio chorizo" o "Ignacio cobarde, sal y da la cara" fueron algunos de los eslóganes coreados por los compañeros sancionados. También hubo falta de transparencia. "Canal funcionaba como una isla de impunidad ajena al control parlamentario y las fiscalizaciones, amparada en su condición de sociedad anónima". Se tomaron decisiones fundamentales y estratégicas, "como las inversiones del Canal, en el entorno inmediato del presidente, que decidía en secreto incluso las remuneraciones de los propios miembros del consejo".

Los directivos del Canal investigados en el caso Lezo son Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de la filial Inassa), María Fernanda Richmond (ex directora financiera), Adrián Martín (ex director general), Diego Fernando García Arias (exgerente de Inassa), Fernando José de Cevallos Aguarón (exdirector de Recursos Humanos), Avelino Alfredo Martínez Herrero (que ha dirigido los departamentos de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica...), Ángel Varona Grande (exsecretario del consejo del Canal) y José Javier Soler Gallego (exconsejero de Canal Extensia).

Reducir una temporalidad del 33%

La actual dirección del Canal, encabezada por Rafael Prieto, está intentando dar un giro total a las condiciones laborales de los empleados. El objetivo es reducir la tasa de temporalidad de la plantilla, que es del 33%, dejándola en el 15% como mucho. Para ello, está prevista una tasa de reposición de 200 trabajadores para sustituir bajas y jubilaciones y reconvertir a 250 empleados temporales en fijos. El objetivo es "retener el talento de la compañía, algo que se ha descuidado mucho en los últimos años".

Por otro lado, una representación de trabajadores de la Triple A de Barranquilla (Colombia), la principal filial del Canal en Sudamérica, ha viajado a Madrid esta semana para entrevistarse con la dirección y los partidos políticos de la Asamblea de Madrid para conocer qué va a ser de ellos. Sobre todo después de que el Canal haya decidido vender todas sus empresas participadas en el extranjero (quedan nueve). Los trabajadores están muy preocupados por su futuro ante la llegada de un nuevo dueño, informa El Confidencial.

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