dilluns, 6 de novembre de 2017

Puigdemont y consellers, en libertad vigilada

Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers instalados desde hace una semana en Bélgica fueron interrogados ayer y puestos en libertad con medidas cautelares casi quince horas después por un juez de instrucción de Bruselas, en cumplimiento de la euroorden remitida por la justicia española, informaron anoche fuentes de la Fiscalía. Deseosos de demostrar su anunciada disposición a “colaborar plenamente con la justicia belga”, se presentaron ayer a las 9.17 horas de la mañana en la comisaría de la policía federal belga en la rue Royale de Bruselas. Podían haber esperado a que les detuvieran pero evitaron ser fotografiados en esa situación personándose voluntariamente. Puigdemont ha sido citado el próximo viernes 17 de noviembre para estudiar la demanda de España.

Así lo habían pactado la víspera, a través de sus abogados, después de que Bélgica diera acuse de recibo al mandato europeo de detención y entrega cursado contra los miembros del depuesto Govern que el jueves eludieron declarar en la Audiencia Nacional por sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación que les imputa la justicia española, explicó el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe.

Puigdemont y los consellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret fueron trasladados poco antes de las dos de la tarde a la sede de la Fiscalía federal en coches policiales camuflados (no iban esposados, explicaron fuentes judiciales). Testificaron hasta alrededor de las nueve de la noche, ante un juez de instrucción que tenía 24 horas de plazo para fallar no sobre el fondo del asunto sino sobre si era necesario o no mantenerlos en prisión preventiva. Su conclusión fue que el riesgo de fuga no era significativo y que pueden seguir en libertad con condiciones: entrega del pasaporte, domicilio fijo y mantenerse a disposición del juez en el país hasta nueva orden.

Mientras tanto, las instancias judiciales belgas pertinentes examinarán su petición de transferencia a España. La decisión no debe darse por segura a la vista de la diferente tipificación en el código penal belga de los delitos que se les imputa. La defensa insiste además en que sus derechos fundamentales no están garantizados en España. La decisión final sobre la eventual entrega a España debe tomarse antes de 60 días aunque en casos excepcionales podría alargarse hasta 90 días.

“Quizás por consejo de sus abogados”, todos han elegido el neerlandés –y no el francés, la lengua más hablada de Bruselas y la que algunos de ellos hablan– como lengua de los procedimientos judiciales, explicó Dejemeppe. Ambos idiomas son oficiales en la capital belga y es posible elegir la lengua en que se desarrollará el proceso. “Es un derecho” del acusado, que se expresa a través de intérpretes, y una forma de “respetar y facilitar el trabajo de su abogado”, afirman en el entorno de Puigdemont, que ha optado por un letrado flamenco ante la interpretación generalizada de que se han elegido el neerlandés como lengua procesal para dar con un magistrado quizás con más sensibilidad hacia la cuestión catalana.

La decisión final sobre su traslado a España está en manos de los jueces, en teoría sin interferencias políticas,como ocurría antes de la creación de la euroorden, con los antiguos procedimientos de extradición. “No hemos hablado con ningún ministro, ni de Bélgica ni de España, ni con ninguna autoridad”, insistió el citado portavoz. La presión política en torno al caso, sin embargo, aumenta por momentos.

Las fricciones entre la candente situación política y los procesos judiciales en marcha –ahora mismo, más difíciles de explicar en Europa que la aplicación del artículo 155–han hecho bascular la actitud de los políticos belgas, que han abandonado su silencio sobre lo que consideraban “un asunto interno español” para criticar y responsabilizar abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy de las últimas decisiones judiciales en relación con los líderes del proceso independentista.

“Cuando la policía golpea a la gente, uno se puede hacer preguntas. Cuando el Estado español encierra a dos líderes de opinión, me hago preguntas. Y ahora el Gobierno español ocupa el lugar de un gobierno elegido democráticamente, se encarcela miembros de un gobierno, me pregunto... ¿Qué han hecho mal? Sólo cumplir el mandato de sus electores”, opinó el viceprimer ministro y titular de Interior, Jan Jambon, miembro del partido soberanista flamenco N-VA, poniendo en duda la separación de poderes en un socio europeo. España “ha ido demasiado lejos” y ha antepuesto las leyes nacionales a la convención de los Derechos Humanos, aseguró Jambon, que reclamó la intervención de la UE.

La presencia de Puigdemont y sus exconsellers en Bruselas es “una bomba de relojería para el Gobierno federal”, afirman los medios belgas por sus posibles efectos sobre la frágil coalición del gobierno federal, en el que participa la N-VA, aunque hasta ahora ha evitado forzar un respaldo a los independentistas. El malestar por la crisis va a más. “Puigdemont ha abusado de su posición pero Rajoy se ha comportado como un franquista autoritario”, declaró el líder de la oposición francófona, el ex primer ministro Elio Di Rupo. “Encontremos un camino hacia una España federal”.

El Gobierno federal belga no ha ocultado su disgusto por la decisión de Puigdemont y sus exconsellers de establecerse en Bruselas para afrontar sus problemas con la justicia española e incluso hacer campaña de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Pero el silencio ha dejado paso en las últimas horas a los reproches. En la Eurocámara, el líder liberal, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt también fue más lejos que en el pasado y, aun fustigando las actuaciones del Govern, planteó si las prisiones preventivas dictadas en los últimos días no son “desproporcionadas” y abogó porque sea el Tribunal Supremo quien asuma el caso abierto por la Audiencia Nacional y anule algunas de sus decisiones, informa La Vanguardia.

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