divendres, 1 de desembre de 2017

El PP a juicio por los ordenadores de Bárcenas

El juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid ha abierto juicio oral por la destrucción de los discos duros con la caja B del PP que hará de nuevo historia y será el primer partido de la "democracia española" -"democracia orgánica" la llamaba la propaganda y prensa del regente y verdugo nazicatólico gallego- con una causa penal y casi mil imputados ya por corrupción. La organización criminal y fascista que encabeza Mariano Rajoy se encuentra procesada como persona jurídica en esta causa por daños informáticos y encubrimiento de delito, junto con su actual tesorera, Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el exresponsable de informática José Manuel Moreno. Las acusaciones piden pena de hasta dos años de prisión para la tesorera del PP y que el partido mafioso quede suspendido de actividad durante medio año y no pueda recibir donaciones privadas durante cinco años.
IU valora “especialmente” que el auto “descarte de forma expresa aplicar la ‘doctrina Botín’”.


La justicia confirma así que hay indicios de que los acusados y el propio partido rayaron y borraron hasta 35 veces los discos duros de los ordenadores que usaba el exterorero Luis Bárcenas con el objetivo de entorpecer la causa que investiga la supuesta caja B del partido de Mariano Rajoy.

El auto que abre juicio oral recuerda que la Audiencia Provincial estimó que “se impidió con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”. La magistrada Rosa María Freire, titular del Jugado número 32 de Madrid, observa así una “íntima conexión entre los delitos objeto de acusación, daños informáticos y encubrimiento”. Por ello, no aprecia “la consideración privada del delito de daños informáticos y la consiguiente aplicación de la conocida como Doctrina Botín”.

Después de que el titular de los ordenadores, el propio Luis Bárcenas, se retirara de la causa, el PP y los particulares acusados pidieron la aplicación de la ‘doctrina Botín’ para archivarla. Esa estrategia se apoya en que una causa no puede seguir adelante con la única personación de la acusación popular, y sin que se haya personado la Fiscalía o una acusación particular. Pero la magistrada considera que al dañar la investigación de una causa “criminal” en curso los hechos deben llegar al juicio oral.
Las acusaciones, sostenidas por la acusación popular encabezada por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), solicitan pena de hasta dos años de prisión para la tesorera. Sobre el PP, piden que el partido quede suspendido de actividad durante medio año y que no pueda recibir donaciones privadas durante cinco años, informa El Boletín.

IU valora “especialmente” que el auto “descarte de forma expresa aplicar la ‘doctrina Botín’”


Juan Moreno, uno de los abogados que llevan la acusación popular en nombre de Izquierda Unida, destaca que esta decisión judicial, que no es recurrible, “obliga al PP y al resto de procesados a responder en un juicio público de las acusaciones de delitos de encubrimiento/obstrucción a la justicia, así como de daños informáticos”

Izquierda Unida, que ejerce de forma destacada la acusación popular en lo que hasta ahora ha sido la investigación de la destrucción por parte del Partido Popular de los discos duros de los ordenadores usados por el que fuera tesorero de este partido con Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, muestra su “satisfacción” tras conocer la decisión del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid de abrir juicio oral contra esta formación política, su tesorera Carmen Navarro, el asesor legal del partido Alberto Durán, y su responsable de informática.

Esta formación valora “especialmente” que el auto de la jueza “descarte expresamente la aplicación en esta causa de la denominada ‘doctrina Botín’. Esto es así porque somos conscientes de que el Partido Popular seguirá intentando utilizar todas las artimañas y estrategias procesales posibles para evitar una sentencia condenatoria. Ello incluye reiterar su petición de que se le parte del juicio por aplicación de la ‘doctrina Botín’, pese a que en modo alguno tiene cabida en este caso, más aún cuando ha quedado superada por una jurisprudencia posterior”.

A Izquierda Unida le resulta “especialmente satisfactorio, por confirmar el rigor legal y la seria dedicación en esta causa realizada por nuestro equipo jurídico, el hecho de que el auto del juzgado de instrucción, que no es recurrible, dé continuidad a la resolución dictada hace unas semanas por la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó todos los actos de investigación impulsados por nuestra acusación desde la interposición de la querella que hizo Izquierda Unida, en octubre de 2013”.

Juan Moreno, uno de los abogados que llevan la acusación popular en nombre de IU, destaca que “este auto de apertura de juicio oral obliga al PP y al resto de acusados a responder en un juicio público de las acusaciones de delitos de encubrimiento/obstrucción a la justicia, así como de daños informáticos”.

Moreno apunta también a las “numerosas vicisitudes que este proceso ha soportado desde la interposición de nuestra querella, con un primer auto de inadmisión carente de todo fundamento dictado por un juzgado de instrucción, la sorprendente y nunca aclarada desaparición del expediente judicial durante más de seis meses, además de las múltiple trabas procesales utilizadas por el PP para paralizar el procedimiento”.

El partido de Mariano Rajoy llegó, incluso, a plantear diversas recusaciones contra la jueza instructora, recusaciones que “carecían de toda viabilidad racional y que rezumaban un absoluto desprecio por parte del PP hacía la labor de esta profesional”, argumenta Juan Moreno.

El letrado de Izquierda Unida señala que “tampoco podemos pasar la ocasión de manifestar nuestro estupor ante las descalificaciones que el PP viene realizando contra esta acusación popular, más aún cuando descalificar nuestro trabajo supone poner en duda las diferentes resoluciones judiciales que han avalado de forma unánime el impulso procesal y jurídico hecho a esta causa por la acusación ejercida por IU”.

“Entendemos que el Partido Popular -indica IU- en lugar de inquietarse por el buen hacer de la acusación popular, debería preocuparse ante los diferentes procesos judiciales en los que está inmerso, asumir su responsabilidad y poner los medios precisos para que ni sus dirigentes ni el partido como tal vuelvan a estar inmersos en este tipo de procedimientos”.

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