dimarts, 5 de desembre de 2017

El TS juega con Puigdemont como la banca de un casino

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cambia de estrategia con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont y los consellers en Bruselas. El instructor acaba de anular la orden europea de detención contra éste y los otros cuatro consellers que se encuentran en Bélgica antes de que la Justicia belga resuelva el próximo día 14 si les entrega a la Justicia española o si, por el contrario, considera que no hay motivos para ser perseguidos penalmente, lo que dejaría otra vez en evidencia ante el mundo el rasero fascista de la legislación española y el gobierno de Rajoy. Una jugada más de casino y timba mafiosa que de la actuación de un Estado pretendidamente democrático.

Llarena explica que, una vez que los investigados han mostrado su voluntad de volver a España para presentarse a las elecciones en Catalunya del 21 de diciembre, ya se puede dejar sin efecto la orden europea de detención. Sin embargo, la orden de detención nacional se mantiene. Lo que significa que en cuanto Puigdemont y los otros exconsellers pisen territorio español serán detenidos. De esta manera, Puigdemont tiene dos opciones. Acudir a las elecciones del 21 de diciembre y ser inmediatamente detenido y enviado a prisión o no regresar a España y así seguir en libertad.

El magistrado adopta esta decisión un día después de que se celebrara la vista en Bélgica sobre la entrega de Puigdemont y el juez belga anunciara que tomaría una decisión el próximo 14 de diciembre. En la decisión de la Justicia belga se da la circunstancia que puede elegir si se le entrega o no y, en caso de entregarse, por qué delitos. Esto significa que podría darse la circunstancia que Puigdemont fuera entregado por un delito de prevaricación, que sólo conlleva una pena de inhabilitación, pero no por el de rebelión o sedición, lo que impediría a la Justicia española enjuiciarle por esos delitos.

Sin embargo, Llarena se adelanta a esta decisión y anula las órdenes europeas de detención acordadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tras no presentarse ninguno de los cinco investigados a su citación judicial el pasado 2 de noviembre. Según el auto judicial dictado esta mañana por Llarena, se deben retirar las órdenes europeas porque está investigando un delito de "naturaleza plurisubjetiva" dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias. Malabarismos demagógicos para ocultar la arbitrariedad de la persecución política a los dirigentes catalanes.

El juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el juez instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que Esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.

El juez sostiene que desde que se emitieron esas órdenes el pasado 3 de noviembre hay un nuevo escenario. De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, señala Llarena, “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”.

De otro lado, Llarena recuerda que, una vez acumulada la causa, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva: “Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

Según el magistrado, el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso “pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco) deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en “peor derecho que quienes se encuentran fugados”.

Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, el juez entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados por ella “pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta”, informa La Vanguardia.

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