divendres, 6 de gener de 2017

Hollande ha ordenado 40 ejecuciones de "enemigos de Francia"

En el contexto de la lucha contra el terrorismo y amparándose en la legítima defensa colectiva, el presidente francés, François Hollande, no ha dudado en autorizar ejecuciones extrajudiciales para “neutralizar” a los yihadistas sospechosos de ser una clara amenaza contra los intereses franceses. El periodista independiente Vincent Nouzille narra en ‘Errores fatales’, una amplia investigación sobre la lucha antiterrorista francesa de la que ‘Le Monde’ publica algunos fragmentos, cómo François Hollande ha encarnado desde que llegó al poder en el 2012 una política mucho más marcial que la de sus predecesores en el Elíseo, abandonando incluso el estricto marco de la legalidad.

El mandatario francés ya había confesado el pasado octubre en el polémico libro ‘Un presidente no debería decir esto’ haber ordenado al menos cuatro asesinatos concretos. “El Ejército y la Dirección General de Seguridad Exterior tienen una lista de gente sospechosa de haber sido responsable de secuestros o de actos contra nuestros intereses”, admitía Hollande. Nouzille señala, no obstante, que el número de ejecuciones se elevaría a unas cuarenta, entre ellas las de ocho yihadistas franceses. “François Hollande ha dado consignas claras al Estado Mayor del Ejército y a la Dirección General de Seguridad Exterior sobre el asunto. Tienen luz verde para matar en el extranjero, incluso de manera clandestina, a los jefes terroristas y otros supuestos enemigos de Francia”, indica el reportero.

Estas operaciones, clasificadas como confidenciales y conocidas como “homo” (homicidio), pretenden eliminar a terroristas con nombres y apellidos y no se había vuelto a hablar de ellas desde la guerra de Argelia. Las listas nominales de personas a ejecutar habrían sido sometidas a la aprobación del jefe del Estado. Los militares los llaman objetivos de alto valor (HVI, por sus siglas en inglés) y pueden ser líderes de la organización terrorista o personas consideradas “enemigos” de Francia. También franceses que han viajado a Siria a hacer la yihad, lo que plantea el espinoso asunto de los yihadistas galos abatidos por los servicios secretos mientras son objeto de un procedimiento judicial en Francia.

Jueces y asociaciones de defensa de derechos civiles critican estos asesinatos, ordenados en la cúpula del poder y justificados por la razón de Estado, porque impide llevar a los yihadistas ante la justicia. “Este permiso para matar se asemeja a frías represalias y a ejecuciones extrajudiciales incluso de forma preventiva”, agrega Nouzille. Francia combate a los yihadistas en la zona del Sahel y en Irak con el aval legal de los países afectados por la amenaza del autoproclamado Estado Islámico (EI) y las resoluciones de Naciones Unidas.

Sin embargo, este marco legal es difuso en el caso de Siria, porque ni existe una petición expresa del país –en la que se apoya, por ejemplo, la intervención rusa - ni resolución de la ONU autorizando el recurso a la fuerza en un Estado soberano, ni una aplicación del principio de legítima defensa. En la guerra contra el terrorismo, Francia se mueve, como Estados Unidos, en un marco legal con numerosas zonas grises. De la misma forma que Barack Obama ha avalado campañas sin precedentes para eliminar objetivos, básicamente mediante drones, Hollande ha recurrido en reiteradas ocasiones al método de las ejecuciones extrajudiciales en nombre de la legítima defensa. El presidente norteamericano se apoya en los poderes que el Congreso norteamericano le otorga desde el 11-S para matar a ciudadanos norteamericanos en el extranjero. En el caso del presidente francés, sin embargo, la base legal de este tipo de operaciones es muy débil.

Inicialmente centrados en combatir a los yihadistas en Irak, Hollande amplió en septiembre del 2015 los bombardeos a Siria y, tras los atentados del 13 de noviembre en París, se multiplicaron los ataques contra los feudos del EI. Desde que se unió a la coalición internacional en septiembre del 2014, los ataques del Ejército francés han matado unos 2.500 combatientes del EI del total de 50.000 bajas provocadas por el conjunto de la coalición, informa El Periódico.

Mali, enero del 2013: operación Serval

Apoyada por Naciones Unidas, Francia lideró la coalición internacional que intervino militarmente en Mali para apoyar al Ejército local en su lucha contra las milicias islamistas que amenazaban con hacerse con el poder. La operación fue un éxito, al lograr vencer a los yihadistas en febrero del 2013. En agosto del 2014, la operación Barkhane toma el relevo de Serval para luchar contra todos los grupos yihadistas en el Sahel. Francia tiene 4.000 militares desplegados en Mali, donde ha sufrido 12 bajas.

Irak, septiembre del 2015: operación Chammal

En coordinación con sus aliados en la región, Francia lanza el 19 de septiembre del 2014 la operación Chammal para apoyar la lucha del Ejército iraquí contra el autoproclamado Estado Islámico. Amparada por la ONU y a petición del Gobierno de Irak, Francia realiza vuelos de reconocimiento y bombardea posiciones yihadistas. Catorce aviones de caza Rafale y 1.200 militares participan en el dispositivo. A partir de septiembre del 2015, François Hollande decide ampliar la operación a territorio sirio.

Libia, febrero del 2016: fuerzas especiales

A pesar de que el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, había descartado una intervención militar, el diario 'Le Monde' reveló en febrero del 2016 la presencia de fuerzas especiales francesas en suelo libio. Su actividad se centraba en atacar objetivos concretos, no oficiales, de yihadistas del este de Libia, un país desangrado por la guerra civil. La muerte de tres agentes obligó al ministerio de Defensa a admitir la presencia francesa en Libia en julio de ese mismo año.

Obama envía a su élite de asesinos a "actuar de forma global"

Si el legado de la propaganda imperialista es un premio Nobel de la Paz, el auténtico dato para la historia de Obama será la patente de corso global para que sus fuerzas de asesinos de élite, las JSOC, ejecuten impunemente a los enemigos del imperio allí donde se hallen. Al rutinario uso indiscriminado y criminal de los drones o aviones no pilotados –superando en mucho a su antecesor, George W. Bush–, la administración Obama ha otorgado a las fuerzas de élite denominadas Joint Special Operations Command (JSOC), la capacidad de extender su poder más allá de toda ley o límite territorial.

Investigan a Jordi Pujol Jr. por blanqueo y corrupción en Francia

Los pelotazos no tienen fronteras. Hace una década, Jordi Pujol Ferrusola inició un suculento negocio en el sur de Francia, intentando poner en marcha un centro comercial. Multiplicó por cinco el valor de unos terrenos en cuestión de meses (fueron comprados por 750.000 euros y poco después valían cuatro millones) al conseguir la recalificación para construir un gran centro comercial con un socio francés bien conectado políticamente. Por esa enrevesada operación, la UDEF le investiga por corrupción y blanqueo de dinero, mientras que el actual alcalde de Perpignan dice que los permisos concedidos fueron “ilegales”.

Un informe que la UDEF entregó recientemente en el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional señala que “las cuestiones que se desarrollan en este apartado son, en cierto modo, una novedad en el procedimiento, dado que de confirmarse las hipótesis policiales que se van a introducir seguidamente, supondría la involucración del investigado, Jordi Pujol Ferrusola, en actos de corrupción urbanística ejecutados en Francia, sirviendo además esta jurisdicción para blanquear capitales, tanto los invertidos inicialmente en cuanto a su procedencia como las plusvalías gestadas como consecuencia de llevar a cabo operaciones que presumiblemente serían ilícitas”.

El texto destaca que el 28 de septiembre de 2006, Jordi Pujol, a través de su empresa Iniciatives, Marketing i Inversions SA (Imisa), formalizó un préstamo a la sociedad Parc Saint Julien SARL, representada por Francis Albert Gendre. El préstamo, de 900.000 euros con un tipo de interés fijo del 7,77% anual por un plazo inicial de cuatro años, sería reembolsable en un solo pago, mientras que los intereses se habían de pagar semestralmente. En prenda, la compañía francesa afectaba cinco bienes inmuebles ubicados en Perpignan, con una superficie total de 3.980 metros cuadrados y una parcela de terreno de casi dos hectáreas en la que había plantados viñedos.

Parc Saint Julien planeaba construir un centro comercial denominado Carré d’Or en el que Jordi Pujol debía entrar como accionista con el 22,5%. En el momento en que se formalizase esa entrada en la compañía explotadora, el préstamo se liquidaría. “Jordi Pujol Ferrusola se compromete como representante de Imisa a aportar en beneficio de la nueva sociedad 900.000 euros contra la sociedad Parc Saint Julien. En consecuencia, la nueva sociedad será a la vez acreedora y deudora de la misma deuda, lo que tendrá como efecto la extinción de dicha deuda por confusión”, explica el informe. El socio francés aportaba los terrenos del centro comercial, comprados con el préstamo de Pujol júnior y valorados en cuatro millones de euros, y consentía “un pacto de preferencia en beneficio de Imisa, en el caso de que decidiera vender las acciones que tiene en el capital de la nueva empresa”. En el registro del despacho de Jordi Pujol Ferrusola, los agentes intervinieron diversa documentación sobre estas operaciones y un informe en el que se señalaba que la empresa explotadora del centro comercial esperaba tener unos ingresos de 38 millones de euros y un valor neto (ya descontados los costes) de 17.750.000 euros.

“Acorde con las dinámicas propias de nuestras investigaciones de blanqueo de capitales, emprendemos el análisis de las operativas anteriores, observando su desarrollo económico/financiero plasmado en las cuentas contables y bancarias, a la par que su previsible conexión a otras circunstancias con connotaciones claramente delictivas, incriminatorias para Jordi Pujol Ferrusola y Francis Gendre, además de otros que iremos introduciendo”, dice el informe de la Policía. El dinero de Pujol júnior, por otro lado, no fue ingresado directamente en la sociedad francesa, sino en un despacho notarial francés, que luego, supuestamente, se los debía entregar a Gendre. “En España, estos hechos serían sospechosos de blanqueo de capitales, dado que es necesario reproducir en las escrituras notariales la trazabilidad de los fondos”. Pero advierten de que la transacción se produce en territorio francés e ignoran si era acorde con la legislación del país vecino.

La conclusión es que Pujol júnior prestó los 900.000 euros iniciales para inyectar en la compañía francesa Parc Saint Julien, “de forma que esta tuviera liquidez para afrontar la compra de la finca de Perpignan (…) comprometiéndose a la vez a realizar las gestiones administrativas para construir un centro comercial en el terreno, donde actualmente hay plantadas vides, de lo que se infiere que las gestiones administrativas estarán vinculadas al cambio de uso del suelo”. En otras palabras, que los socios esperaban una recalificación (o un ‘pelotazo’) inmobiliario para forrarse los bolsillos. Pujol Ferrusola ya estaba conectado con la ciudad de Perpignan al haber comprado el equipo de rugby USAP de esta localidad (él mismo había sido jugador de este deporte en el FC Barcelona). Para conseguir levantar el club, pidió a su padre, Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat, que le inyectase fondos públicos, y de este modo articuló un convenio con TV3 para retransmitir partidos del club francés (negándose a retransmitir partidos de equipos españoles) y pagando al club de Perpignan alrededor de 80.000 euros anuales.

El alcalde de la ciudad era, entonces, Jean Paul Alduy, un hombre condecorado por Jordi Pujol con la Creu de Sant Jordi y que contaba con el apoyo de Unitat Catalana, un partido pancatalanista que gozaba de los parabienes de los nacionalistas. Por si fuera poco, en 1997 impulsó “la catalanización de la toponimia del catastro de Perpignan” (el dato es aportado por 'Enciclopedia catalana'), lo que años más tarde haría Jordi Pujol Ferrusola con todos los documentos de la USAP. Los contactos políticos con Alduy, no obstante, recayeron sobre los hombros de Gendre, que “el 3 de octubre de 2007 ya conocía que se iba a aprobar el expediente, aun cuando la resolución del alcalde dataría de 13 días después”. Y efectivamente, el 16 de octubre de 2007 Alduy aprueba el permiso de construcción del centro con un techo de 47.218 metros cuadrados de suelo edificable. En mayo de 2008, el grupo internacional Codic compró la propiedad y sus derechos por una cuantía no especificada.

Los policías detectaron que, a pesar de recibir 900.000 euros de Jordi júnior, compró los terrenos del centro comercial por 750.000 euros, lo que supuso “la primera disfunción detectada en la operativa”, ya que “estas estipulaciones de la nueva sociedad —desconocida hasta la fecha—, supuestamente capitalizada con cuatro millones de euros cuya integridad se asociaría a los terrenos aportados por Francisc Gendre, valorados en cuatro millones de euros, sin embargo, se compraron por 750.000 euros en octubre de 2006, y unos días más tarde se aportan a la sociedad multiplicando exponencialmente su valor, al incorporarse como fondos propios bajo la suposición evidentemente del cambio en el uso de la calificación del suelo”. En otras palabras, lo que se describe es un auténtico pelotazo urbanístico, al multiplicar por cinco el valor de los terrenos en un plazo de menos de un año. Lo curioso, sin embargo, es que los investigadores detectan que en los asientos contables de Imisa, los 900.000 euros no figuran como préstamo, sino como “inversión Carré d’Or”. Ello, para los investigadores, denota un “ánimo de justificar de forma adulterada los movimientos de capitales introducidos”.

En otro de sus párrafos, los investigadores de la UDEF reseñan que “huelga decir que todas estas circunstancias concomitantes son indiciarias de conductas asociadas a la corrupción política, y serían aún más evidentes en el caso de que se cofirmara que Francis Gendre ejerció algún tipo de representación política en Francia”. Los investigadores admiten que, al ser un proyecto de fuera de España, “las fuentes disponibles para esta instrucción policial son limitadas”. Pero también explican que, por informaciones que se pueden obtener a través de internet, el proyecto urbanístico “ha causado una gran controversia social, con la oposición del actual alcalde de Perpignan, que todavía en fechas recientes ha intentado anular la construcción y los permisos concedidos inicialmente basándose en su ilegalidad”.

Posteriormente, en abril de 2014, Pujol júnior prestó otros 500.000 euros a Gendre a través de la sociedad Active Translation a un interés del 10% anual, con reembolso del interés y del capital en abril de 2016. En este caso, Gendre garantizaba la devolución con una vivienda de Perpignan que había escriturado a nombre de la sociedad Domino Saint Joseph. Esta operación, no obstante, “se incardinaría dentro de lo que se ha considerado una fragua por Jordi Pujol Ferrusola de un procedimiento global para descapitalizar su patrimonio en España, para evitar la presumible acción de la justicia, consistente en el embargo preventivo como medida cautelar real, de su patrimonio adyacente, para que sirva de garantía a las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse. Para llevar a cabo sus propósitos, se acudió al recurso tan manido de fingir la existencia de préstamos para amparar la salida de divisas desde España”. Los investigadores resaltan, no obstante, que el ‘préstamo’ aún no se ha devuelto (vencía en abril de 2016).

Vilarrubí, vicepresidente del Barça, pagó a Jordi Pujol Jr. 264.600 euros

El vicepresidente segundo y encargado de Relaciones Internacionales e Institucionales del Barça, Carles Vilarrubí, pagó cientos de miles de euros en supuestas comisiones a Jordi Pujol Ferrusola, según un informe de la UDEF entregado en el juzgado central de instrucción número 5. Vilarrubí, dice el texto, “aparece igualmente entre las personas que habrían simulado relaciones de negocio con Imisa [Iniciatives, Marketing i Inversions SA], materializadas en facturas expedidas por esta última”. El total facturado se elevaba a dos remesas, una de casi 31,5 millones de pesetas (casi 189.000 euros) y otra de 75.765,40 euros, lo que totaliza más de 264.600 euros.

El PP olvida las "buenas prácticas para las cláusulas suelo"

El rechazo tanto de la oposición como de la banca ha llevado al Gobierno a dar marcha atrás al código de buenas prácticas con el que pretendía agilizar el proceso para que los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas recuperasen el dinero pagado de más. A cambio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy prepara un mecanismo que será de obligado cumplimiento pero que dará más margen a las entidades a la hora de negociar con los clientes. Este nuevo mecanismo, que se desarrollará mediante un Real Decreto en las próximas semanas, se basará en un procedimiento interno que persigue el objetivo de que la mayor parte de los casos se pueda resolver sin tener que acudir a los tribunales, según han señalado fuentes del sector.

Aunque todavía falta mucha letra pequeña en este decreto que prepara el Ejecutivo, la intención es que el cliente afectado pueda reclamar al banco el dinero y se abra un proceso de negociación interna entre las dos partes que se traduzca en la devolución del dinero o la novación del crédito. Así, se pretende que la mayor parte de los casos se resuelva de manera ‘amistosa’ antes de tener que llegar a la Justicia ordinaria.

En un primer momento, el Gobierno había ideado un código de buenas prácticas similar al aprobado hace unos años para evitar los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad. Los bancos con cláusulas suelo en sus hipotecas podían adherirse voluntariamente a este código, pero una vez firmado era de obligado cumplimiento. El problema es que los bancos consideraban que era demasiado lesivo para sus intereses, ya que les obligaba a asumir de golpe que todas sus cláusulas suelo eran ilegales ‘per se’, y además se incluían algunas medidas que consideraban inasumibles. Por ejemplo, en el texto se incluía la obligación de que los bancos fuesen proactivos, es decir, que se viesen obligados a comunicar a cada cliente individualmente que éste tenía derecho a reclamar, así como unos plazos muy estrictos para resolver las reclamaciones.

También la oposición había mostrado su rechazo al código de buenas prácticas. El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, defendió públicamente una “solución extrajudicial” para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero. Aunque coincidió con el Gobierno en que los afectados deben recuperar lo pagado de más “sin quitas, sin demoras y sin tener que acudir uno a uno a los tribunales”, para el diputado socialista no era “razonable dejar la solución a este problema en manos de la voluntariedad de los bancos de seguir o no un determinado código de buenas prácticas”, informa El Boletín.

La banca ha de devolver los gastos de formalización de las hipotecas


La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado una sentencia que obliga a una entidad financiera a devolver los gastos de formalización de la hipoteca que de forma abusiva fueron impuestos al consumidor, según ha comunicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esta nueva sentencia aplica los criterios del Tribunal Supremo que en diciembre de 2015 declaró como abusivas aquellas cláusulas que imponen al consumidor todos los gastos de formalización de hipotecas, ya que entiende que deberían asumirlos las entidades financieras dado que estos gastos van dirigidos a asegurar la recuperación del dinero prestado.

El PP indulta a un promotor que estafó vendiendo viviendas que nunca construyó

El Gobierno de Rajoy ha indultado a un promotor inmobiliario que estafó a varias familias, a las que les pedía adelantos para la compra de vivienda en urbanizaciones que sabía que nunca iba a construir. Este indulto se suma a otros 11 del PP que ya se han publicado en el BOE, eso sí, sin explicación alguna de las razones del perdón.

España ha dado el doble que la UE en regalos a la banca

Desde el inicio de la estafa neoliberal en 2008, España ha destinado ayudas al sector bancario representativas de un 8,49% del producto interior bruto (PIB), frente al 4,94% del conjunto de la Unión Europea, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que incluye en sus cálculos las medidas de recapitalización de entidades y rescate, así como de protección de activos deteriorados.

Gran Canaria: Expulsado de Podemos el vicepresidente del Cabildo Juan Manuel Brito

Podemos ha decidido la expulsión definitiva del referente del sector crítico del partido en Gran Canaria y promotor principal de la formación paralela Sí Se Puede en la isla, Juan Manuel Brito, que ejerce de vicepresidente segundo del Cabildo e integra el grupo de gobierno insular en alianza con Nueva Canarias y PSOE. La Comisión estatal de Garantías Democráticas ha resuelto concluir el expediente abierto en noviembre pasado con la expulsión definitiva del que también fuera el líder de la ONG Acción En Red [antes Canarias Alternativa], entre otras cuestiones, por la propia presentación de otro partido como Sí Se Puede en Gran Canaria, bajo el presunto paraguas de Podemos, o la falta de rendición de cuentas a la dirección autonómica. Es el segundo expediente al que se ha enfrentado tras la denuncia, ya archivada, por abusos a una hija de su expareja.

Brito no ha querido hacer valoraciones a este diario sobre su expulsión definitiva, las consecuencias que acarreen por su presencia en el grupo de gobierno insular o su pase obligatorio a los No Adscritos en el Cabildo y si pretende llevar su caso a los tribunales, como en su día dijo. De momento, cuenta con 15 días para presentar un recurso de alzada ante la propia Comisión estatal. El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana rechazó comentar esta resolución con Canarias Ahora y se remitió a su asesor, quien tampoco confirmó ni desmintió una decisión en firme comunicada el viernes pasado al afectado, han corroborado fuentes oficiales.

La apertura del expediente de expulsión de Brito se produjo hace mes y medio, al presentar una denuncia colectiva un grupo de cargos orgánicos y electos por una serie de irregularidades que, a juicio de estos miembros de Podemos, ha cometido Juanma Brito desde su entrada en el partido y, sobre todo, en el Cabildo insular. Así, a la participación en el desembarco de la organización tinerfeña Sí Se Puede en Gran Canaria [en Tenerife existe la particularidad, por los acuerdos preelectorales de 2015, de que Podemos permite la doble militancia en el partido Sí Se Puede], en un gesto de clara ruptura con la secretaria general Meri Pita, diputada por Las Palmas, se une en el expediente la falta de rendición de cuentas como cargo electo o apartarse de forma “grave” de la línea general del partido.

En este sentido, la apertura del expediente que ahora acaba en expulsión relataba una serie de decisiones institucionales desde su Consejería, a la que acusaba de falta de transparencia en contrataciones o acciones puntuales. También influyó el sonado caso de nombrar a su pareja, la sexóloga Noemí Parra, directora general de Igualdad, una medida frenada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), que también llevó a la ruptura de la federación estatal de Acción En Red con el grupo de activistas liderado por Juanma Brito bajo el mismo nombre en las Islas. En otoño de 2015 al estallar el escándalo, la Comisión estatal no fue a más en el caso de su pareja. En el nuevo expediente abierto que determina su expulsión se ha rectificado por haberse desentendido Brito “de toda consecuencia posible para la imagen negativa de Podemos” a lo largo de 2016, entre otras cuestiones, porque a la ONG de Brito y Parra [también de su compañera de grupo María Nebot, consejera de Igualdad] se le habría beneficiado desde la administración.

En este caso, la polémica estalló también en noviembre pasado en un pleno de la Corporación, días después de abrirse el expediente de expulsión, al destaparse que las cantidades asignadas a Acción En Red por parte de diferentes departamentos del Cabildo grancanario ascendían a 80.000 euros, más del doble que en su mejor año, 2014, cuando gobernaba en la isla el ex del PP José Miguel Bravo de Laguna. Brito siempre se ha desmarcado de Acción En Red, desde el punto de vista de su influencia o control orgánico actual, asegurando que esas subvenciones “ni me atañen ni dependen de mí”, al tiempo de que da por concluido su vínculo en la ONG de activismo social [volcada en la lucha contra los malos tratos o el apoyo a los inmigrantes] desde que en abril de 2015 ganara las primarias moradas para liderar la lista de Podemos al Cabildo y diera el salto político.

Sin embargo, la crisis que se desató entre la federación estatal de Acción En Red y el grupo canario a raíz del caso de nepotismo de Noemí Parra, ya en septiembre de 2015 con Brito de vicepresidente y consejero insular, tuvo al activista e historiador grancanario en el centro de las negociaciones y debates entre Madrid y Las Palmas, y estas discusiones que acabaron en la ruptura definitiva en junio pasado se dieron a lo largo de 2016 con los delegados de Madrid por la estatal y Brito. Posturas varias de la acción política de Brito en el Cabildo, contradictorias con lo que desde la dirección regional del partido se sostenía, como en los conflictos con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria o el Consorcio de Bomberos, o las batidas para eliminar de los montes isleños cabras asilvestradas, se unen en el expediente con cuestiones espinosas como la opacidad en sus áreas de gobierno, a diferencia de otras consejerías de Nueva Canarias o PSOE.

Según apuntaba la Comisión estatal en la resolución de apertura de expediente que cierra con su expulsión, Brito "no da razón de sus cuentas de su competencia, no existe un portal de transparencia en la gestión de sus departamentos de gobierno dentro del Cabildo Insular". Las sospechas de que a través del área de Participación Ciudadana se extiende un red de contrataciones ligadas a los activistas sociales que lideraba hasta 2015 han planeado siempre sobre Podemos. El vicepresidente segundo del Cabildo sostiene que también “ha sido socio” de organizaciones como la ecologista Ben Magec o la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, de la que fue secretario. “Supongo que también le habrán dado subvenciones, aunque lo desconozco”, dijo en noviembre a eldiario.es

Baleares: Dimite Joan Canyelles, secretario de la comisión de garantías de Podemos

La secretaría de Organización de Podemos en Baleares ha informado hoy de que ha admitido la dimisión del secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica del partido, Joan Canyelles, por "haber utilizado un lenguaje incorrecto y haber transmitido informaciones imprecisas". La dimisión de produce a raíz de "publicaciones aparecidas este jueves en los medios de comunicación", afirma Podemos en un comunicado, y según las cuales Canyelles le habría ofrecido un empleo a una componente del consejo ciudadano de Podemos, Carmen Azpilicueta, a cambio de retirar su candidatura a encabezar la lista de la formación al Consell de Mallorca.

'Arantza Askatu!': manifestación por la libertad de la abogada Arantza Zulueta

La abogada de los presos de ETA Arantza Zulueta lleva tres años encarcelada en aislamiento por el régimen fascista monárquico. La plataforma 'Arantza Askatu!' convoca una manifestación este sábado en Bilbao en defensa de quien jugó un papel clave en la apuesta por la paz. La Audiencia Nacional ordenó su detención en enero de 2014 y actualmente se encuentra aislada en la prisión de Puerto III (Cádiz). Su caso está en manos del Relator Contra la Tortura de la ONU. El final de ETA ha dejado varios momentos históricos, imposibles de obviar en cualquier cronología. Uno de ellos se registró el 28 de diciembre de 2013. En pleno periodo de Navidades, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, que engloba a reclusos abertzales) hacía pública una declaración inédita: por primera vez, anunciaba su compromiso con el “nuevo escenario político”, admitía su “responsabilidad” y comunicaba que sus miembros estaban dispuestos a aceptar los cauces legales para salir de la cárcel.

La decisión era fruto de un proceso impulsado en las cárceles y respaldado desde fuera. A este lado de los barrotes, una de las personas que trabajó a favor de ese cambio fue una conocida abogada bilbaína. Su nombre: Arantza Zulueta. Conocida por sus tareas de defensa de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale, esta letrada vizcaína había sido designada por el propio EPPK como una de sus interlocutoras en el exterior de las prisiones.

También había ejercido la defensa legal del dirigente independentista Arnaldo Otegi en 2006, cuando el líder de la ilegalizada Batasuna enfrentaba uno de los tantos procedimientos judiciales abiertos en su contra. En su calidad de abogada, le tocó desplazarse en innumerables ocasiones a la Audiencia Nacional (AN), el tribunal que actúa en todos los casos relacionados con terrorismo. Siempre, o casi siempre, acudió con la toga. Hasta que llegó su día. En enero de 2014, el juez de la AN Eloy Velasco lanzó una operación contra los abogados que solían defender a presos abertzales. Hubo ocho personas detenidas, entre ellas Zulueta. Los medios de comunicación pudieron registrar el momento en el que salía de su despacho –esposada y escoltada por guardias civiles fuertemente armados- gracias a una polémica filtración del Ministerio del Interior: la cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz informó de la operación cuando los agentes ni siquiera habían salido del cuartel.

Casi al instante, la foto de Zulueta recorrió todas las redacciones del país. Velasco la señalaba como presunta integrante del denominado Koordinazio Taldea (Grupo de Coordinación), un supuesto órgano utilizado por ETA para garantizar la “concienciación y homogeneidad ideológica” de los presos. Tras permanecer cinco días incomunicada, el juez ordenó su ingreso en prisión a la espera de juicio. La operación policial tuvo su segunda parte en enero de 2015, cuando Velasco ordenó otra redada contra los abogados de los reclusos. El número de personas investigadas ascendió entonces a 46. De todas ellas, hoy solamente Zulueta continúa en prisión. De hecho, es la única persona presuntamente vinculada a ETA que continúa encarcelada de manera preventiva. El fiscal ha pedido para ella 19 años de prisión.

Según consta en un informe elaborado por el abogado Alfonso Zenón, esta letrada ya había permanecido encarcelada de manera preventiva en otros dos periodos –en 2010 y 2011-, bajo idénticas acusaciones. Por ello, el encargado de su defensa sostiene que Zulueta “está sujeta a dos procedimientos penales bajo la misma acusación”. “Mientras en uno se encuentra en libertad bajo fianza –apuntó-, en el otro se le mantiene en prisión”. No es la única irregularidad que observa Zenón, quien asegura que su defendida ha sido objeto de “imputaciones falsas, sin base probatoria alguna”.

Zulueta es la única persona presuntamente vinculada a ETA que continúa encarcelada de manera preventiva
En cualquier caso, lo que más preocupa en su entorno son las condiciones de su encarcelamiento. “Está en un régimen de aislamiento totalmente anormal”, afirma su amiga Lola Gómez, quien habitualmente ejerce de portavoz de la plataforma creada para pedir su libertad. El informe de Zenón da fe de ello: “El régimen de vida al que se ve sometida supone no tener derecho a ninguna actividad, salir a un patio de reducidas dimensiones y cerrado en su parte superior durante cuatro horas al día sola, sin la compañía de ninguna otra presa. Tiene limitados los efectos que puede tener en su celda, efectos de limpieza, higiene personal, ropa o libros. No tiene contacto con ningún otro preso”.

Del mismo modo, “en estos módulos especiales o de aislamiento el cacheo corporal por palpación es automático cada vez que el preso sale de la celda” mientras que los registros “son continuos y terminan con los pocos efectos que uno tiene por el suelo”. En ese contexto, Zenón advierte que “la severidad de sus condiciones de encarcelamiento supone un maltrato continuado”, además de vulnerar la propia normativa de Instituciones Penitenciarias, que establece que la “medida de aislamiento debe ser excepcional”, mientras que en este caso “se está convirtiendo en normal por lo prolongado en el tiempo”.

Por tales motivos, el caso de Zulueta ha sido puesto en conocimiento del Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Además, sus abogados no descartan trasladarlo a instancias europeas. “Creemos que no hay motivos para que siga bajo ese régimen de castigo”, dice su amiga Lola Gómez, quien defiende el papel de la abogada bilbaína a favor del nuevo escenario que se vive en Euskadi desde el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el final de la violencia. “Arantza había sido elegida por los presos para que fuera su portavoz para este tiempo de paz, pero parece que el Gobierno español aún no se ha dado cuenta que estamos viviendo ese nuevo tiempo”, subrayó.

Su encarcelamiento también fue puesto en duda por el magistrado José Ricardo de Prada, quien en diciembre de 2014 emitió un voto particular ante el recurso que habían presentado sus abogados para pedir su libertad, lo que fue rechazado por la mayoría de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN. En ese escrito, el juez planteaba sus “serias dudas” en torno a esto caso, al tiempo que destacaba que la actividad de Zulueta, “en un claro contexto de cese de actividad terrorista real y aparentemente irreversible”, iba dirigido a la “coordinación y búsqueda de soluciones políticas” para los “presos penados de larga duración”, algo que “difícilmente admite ser penalmente reprochable”.

Esos argumentos siguen muy presentes entre quienes reclaman su libertad, tal como se plasmará este sábado en las calles de Bilbao. A las 18.00, la plataforma Arantza Askatu! realizará una movilización para denunciar las condiciones en las que sigue encarcelada. No será la única acción prevista para este mes: el próximo día 26, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao tratará una moción presentada por ese colectivo para reclamar el fin de los castigos contra la abogada vasca, aislada a 1.000 kilómetros de esta ciudad.

Vicenç Navarro: La Monarquía como freno al cambio político y social en España

Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000).

Poder Judicial: corrupción a dedo, enchufismo y fascismo galopante

El Consejo General del Poder Judicial elige al hijo de un vocal sin experiencia como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Un hijastro del anterior fiscal general del Estado, el fascista Eduardo Torres Dulce, fue designado en octubre letrado del Tribunal Supremo. El 27 de octubre, el pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunió para elegir a la persona que ocupará el puesto de jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial ubicada en Madrid.