dissabte, 14 de gener de 2017

«Yo denuncio» multitudinario en Bilbo por los derechos humanos, la resolución y la paz

78.000 personas, según el recuento habitual de GARA, han hecho frente a las inclemencias del tiempo y han abarrotado un año más las calles de Bilbo en una multitudinaria movilización en favor de los derechos humanos, la resolución y la paz. Sare ha hecho un llamamiento a que «la demostración de hoy tenga seguida todos los días del año» y ha remarcado que no parará «hasta conseguir que todos los presos y presas regresen a Euskal Herria». «Levantemos el dedo todos juntos para que se nos se nos vuelva a oír desde el último rincón del mundo: Euskal Herria denuncia».

Bajo el lema «Giza Eskubideen, konponbidearen eta bakearen alde. Euskal presoak Euskal Herrira», también en castellano y francés, la manifestación convocada por Sare ha salido de La Casilla pasadas las 17.45, encabezada por las furgonetas de Mirentxin y los familiares de los presos vascos, que junto con banderolas por la repatriación llevan un cartel con forma de mano con el dedo índice extendido que denuncia las vulneraciones de derechos y que es el icono de la movilización de este año. A la movilización han acudido numerosos representantes de EH Bildu como Maddalen Iriarte, Marian Beitialarrangoitia, Arkaitz Rodríguez o Pello Urizar; la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, quien ha acudido a título individual; los máximos responsables de ELA y LAB, Adolfo Muñoz y Ainhoa Etxaide; el diputado de ERC Eduardo Reyes; Juanma Rojas, de la CUP; y Oscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre otras personas conocidas de los ámbitos político, social y sindical.

La cabecera ha llegado al final de la calle Autonomía pasadas las 18.20. Allí han hecho una pequeña parada, momento en el que Bego Atxa y Joseba Azkarraga, en declaraciones a los medios, han destacado que «no va a haber gobiernos ni leyes injustas que paren a este pueblo en aras a la consecución de una paz definitiva». Desde Zabalburu, la manifestación ha seguido su recorrido por la calle Hurtado Amezaga, camino hacia el Ayuntamiento, donde tendrá lugar el acto final. Debido a la masiva afluencia, ha habido momentos en que no se podía avanzar.

La manifestación, que casi ha copado todo el recorrido, ha seguido su recorrido por Hurtado Amezaga hasta el Ayuntamiento, donde ha tenido lugar el acto final, en el que han tomado la palabra los presentadores de ETB Nerea Alias y Andoni Aizpuru, tras una breve actuación de Kepa Junkera y Sorginak. Tras expresar su agradecimiento a las miles de personas que han secundado la convocatoria, han destacado que «entre todas y todos vamos a conseguir que este sea un año decisivo, un año clave, para avanzar en esa triple reivindicación, que no puede disociarse, y que nos ha unido a todos y a todas, hoy aquí: derechos humanos, resolución y paz».

Han subrayado que la vasca es una sociedad «que exige el respeto de los derechos de los presos y presas vascas, que exige se den pasos hacia la resolución del conflicto y que, de una vez, por todas, logremos una paz justa y definitiva», donde «la política basada en la lógica de vencedores y vencidos deje paso a otra política basada en la convivencia y el respeto».

Junto a ello, han destacado que les gustaría que la de hoy fuera la última movilización, porque «nuestro objetivo es que este año 2017 sea de verdad el de la resolución y la paz». En ese sentido, han hecho un llamamiento a que «la demostración de hoy tenga seguida mañana y pasado, todos los días del año, porque los objetivos que perseguimos lo merecen». «Vosotros, sarekides, sois los que seguiréis tejiendo esta red a partir de hoy en vuestros barrios, pueblos ciudades, los que logrando el compromiso de cada vez más gente extenderéis la necesidad de paz, derechos humanos y resolución».

Aizpuru y Alias han incidido en la necesidad de poner fin a las vulneraciones de derechos que supone la aplicación del «derecho penal y penitenciario del enemigo» y han denunciado a «esa parte de la justicia que ha hecho saltar por los aires la necesaria división de poderes, en ese Estado español que se dice democrático y se ha convertido en correa de transmisión política del Gobierno y de sus políticas injustas». Han hecho extensiva la denuncia a quienes mantienen en prisión a los presos gravemente enfermos y a los que «desde hace tiempo cumplieron la condena impuesta por los tribunales pero se les impide la libertad porque no se les aplica la acumulación de condenas», así como a los que mantienen actitudes basadas en la venganza.

Han reclamado a la sociedad vasca que «esté alerta, porque nos encontraremos con más intentos de ingenierías jurídicas para impedir avanzar hacia la resolución y la paz» y han asegurado que no van a cejar en el empeño de avanzar. «Ni un paso atrás, y si lo damos, será para coger impulso y no parar hasta conseguir que todos los presos y presas regresen a Euskal Herria». «Levantemos los dedos, todos juntos, para que se nos vuelva a oír, a sentir, desde el último rincón del mundo: que yo denuncio, nosotros denunciamos, Euskal Herria denuncia», informa Gara.

Podemos exige el fin de la política “vengativa” del PP

Cinco años y tres meses después del final de la violencia en Euskadi, el PP se ha quedado totalmente solo en su defensa de la dispersión carcelaria, una medida de excepción que sólo se aplica contra los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale. Este lunes, los responsables de Podemos en el País Vasco y Navarra han dado a conocer una declaración conjunta, en la que transmiten un mensaje muy claro: es necesaria otra política penitenciaria basada en la legalidad. No en la venganza.

Una nueva concentración pide la libertad de los cinco detenidos en Luhuso


Decenas de personas se han dado cita en Donibane Garazi para mostrar su respaldo a los cinco detenidos en la operación de Luhuso y pedir su inmediata puesta en libertad. Los detenidos continúan en dependencias policiales y el período de custodia ha sido prolongado hasta el próximo martes. Donibane Garazi ha acogido este mediodía una nueva concentración en apoyo a los cinco detenidos en la operación policial llevada a cabo en Luhuso el pasado viernes. Electos de todas las tendencias confirman la iniciativa ciudadana por el desarme y muestran su apoyo a los detenidos. Michel Tubiana: «Queríamos relanzar el proceso, destruir armas y enviarlas a las autoridades».

Los precios del salmón se dispararán más por las infecciones

Es posible que nunca haya oído hablar del Lepeophtheirus salmonis, y es poco probable que haya visto uno, porque suelen tener menos de 1,5 cm de largo, pero este humilde parásito de mar está creando unas olas que están a punto de llegar a los platos de moda. Sea en 'blinis', metido en 'bagels' o en 'sushi', el salmón se ha convertido en un lujo cotidiano, desde el Reino Unido a cualquier restaurante 'fashion' de Europa. Pero pueden verse obligados a retirarlos del menú, ya que se espera que los precios se disparen debido a un aumento en la producción de esos 'piojos del mar'. El costo al por mayor aumentó 50% en 2016, mientras los cultivadores de Escocia a Noruega y Chile trataron de resolver el problema del parásito.

Los precios al por mayor del salmón saltaron hasta el 50% el año pasado, después de graves problemas en Noruega y Escocia con los diminutos parásitos que se alimentan de la sangre y el tejido del salmón. El problema siguió a la escasez de suministro causada por una mortífera floración de algas en Chile, el mayor productor mundial de salmón cultivado. Los suministros mundiales de salmón atlántico cayeron casi un 9% el año pasado y se espera que caigan durante la primera mitad de este año debido a que los problemas de parásitos empeoran, según analistas de la industria pesquera del banco noruego Nordea.

Las cinco principales granjas de salmón en Noruega, el segundo mayor productor de salmón del mundo, produjeron 60.000 toneladas menos de pescado que el previsto el año pasado, una caída de aproximadamente un 6%, según Nordea. En Escocia, la producción cayó un 4% a 171.722 toneladas en 2015. Se pronosticó que mejoraría el año pasado, pero es poco probable que se alcance el objetivo debido a los piojos de mar y a la enfermedad amebiana de las branquias, una enfermedad potencialmente mortal causada por otro parásito que llegó al Reino Unido hace cinco años. Ambas plagas se han vuelto más comunes en las granjas de peces en los últimos años, y los expertos culpan a las temperaturas del mar que se calientan con el cambio climático y no a la contaminación. Los parásitos -unos primos marinos de la carcoma de la madera- se unen a la piel, las aletas o las branquias y se alimentan de los peces.

Un productor internacional importante, Marine Harvest, dice que el volumen de salmón que se produjo en Escocia había disminuido en un 16%, o 1.500 toneladas, en el verano, en parte porque se mató accidentalmente unos 175.000 peces mientras los trataban contra los parásitos usando un dispositivo llamado Termolicer El dispositivo, que sumerge el pescado en un baño caliente, es uno de los métodos que los piscicultores están usando para controlar los piojos del mar, como una alternativa a los productos químicos. Otros métodos incluyen el hidrolicer, que baña los peces en agua dulce, y el empleo de "pescados limpiadores", como wrasse y lumpsuckers, que se comen los parásitos. La nueva legislación sobre el control de los parásitos entra en vigor este año en Escocia, tras una medida similar en Noruega, en la que los cultivadores están intentando poner "faldas" de lona alrededor de las partes superiores de las jaulas marítimas que contienen el salmón, para evitar que las larvas de los piojos pase adentro o afuera.

Lance Forman, propietario de H Forman&Son, un curadero de salmón ahumado que abastece a varios supermercados importantes, dijo que se había visto obligado a subir los precios tres veces el año pasado, ya que el costo del salmón escocés había aumentado hasta un 100%. "Ha sido una locura", según Scott Unwin, de Bobbys Fish, un comerciante de Billingsgate. Estima que los precios habían subido hasta un 50% en los últimos cuatro a seis meses y que los suministros son escasos. "He estado en Billingsgate 30 años y nunca lo he visto tan mal", dice. Forman asevera que los precios en los supermercados aumentaron sólo alrededor del 17% en el último año debido a que los proveedores y minoristas habían absorbido algunos costos en lugar de pasarlos a los compradores. "También hay reducción de envases. Las tiendas saben que los clientes sólo quieren pagar 4 libras por un paquete y así, en lugar de subir el precio, hacen el tamaño del paquete menor", dijo.

Analistas de la industria dicen que los aumentos de precios han sido lentos en los estantes de los supermercados porque el pescado es generalmente comprado en contratos de seis a 12 meses y el salmón es uno de los artículos incluídos en la guerra de precios de los supermercados con discounters, como Aldi y Lidl. Los principales supermercados mantienen los precios bajos en lujos como el salmón, especialmente en Navidad, para tratar de tentar a los compradores. Pero ltodas las señales muestran que los precios están ahora en camino de subida. Morrisons destacó la presión sobre los precios del salmón la semana pasada, mientras que la firma de investigación de mercados Kantar Worldpanel señaló a los precios del pescado como un factor clave en la inflación de los precios de los alimentos desde septiembre de 2014, informa The Guardian.

Jordi Pujol Jr. compró una firma en Panamá para "comercializar marisco"

Jordi Pujol Ferrusola abrió una empresa en Panamá en el año 2000 que examina la Audiencia Nacional. La llegada al paraíso fiscal se produjo en un momento en que Jordi Pujol i Soley era aún presidente de la Generalitat de Cataluña y su primogénito ya tonteaba con los principales paraísos fiscales del mundo, con apenas 40 años de edad, intentando poner testaferros en los lugares clave para que no se le pudiese seguir la pista. Según la documentación, que fue entregada en la Audiencia hace varios meses, el primogénito de la saga Pujol aterrizó en el país del Canal en junio del 2000, teniendo como socio a José Herrero, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Esta documentación, así como otros varios cientos de documentos, fueron entregados al juez José de la Mata en un 'pendrive' con datos de los negocios de Jordi Pujol que está siendo analizado con detenimiento.

Un documento fechado el 23 de junio de aquel año da cuenta de un “convenio de acuerdo” en el que se detalla que los socios disponen de un hombre pantalla para no dejar rastro. Este hombre no era otro que José de Alba Barnola, alias Chepo de Alba, un integrante de la sociedad mexicana con un hipódromo de lujo al que acuden las élites más adineradas del país norteamericano. El “convenio” es suscrito por este integrante de la ‘beautiful people’ mexicana por un lado y por Jordi Pujol Ferrusola, José Herrero de Egaña, Jordi Suc y Santiago Ballesté por otro. El texto detalla que José de Alba “es propietario al 50% de las acciones de Ipromar Ocean SA, constituida y domiciliada en Panamá, dedicada a la comercialización del marisco”. Pero, acto seguido, otro de los puntos del “convenio” señala que “las partes indicadas (Jordi Pujol, José Herrero, Santiago Ballesté y Jordi Suc) son propietarias del 47,5% de las acciones de Ipromar Ocean SA, todo y que la titularidad formal la ostente D. José de Alba, quien en realidad es propietario del 2,5% de la sociedad”.

El contrato suscrito prevé que Chepo “no tomará ninguna decisión de gestión ordinaria de la sociedad sin la aprobación de las partes indicadas”, o sea, de los cuatro socios españoles, “y especialmente que puedan diluir o reducir sus derechos ni participaciones”. En un apunte contable de las empresas donde Jordi Pujol escondía su dinero (datado en julio del 2000), figura un asiento de Ipromar Ocean, de la que se especifica que Jordi Pujol Ferrusola tiene el 17,85% de esta sociedad, mientras que Jordi Puig Godes tiene el 7,14%. El hijo del ‘president’ había invertido en ella 3,5 millones de pesetas, cuando su capital social se elevaba a 14 millones. En otro apunte de febrero del 2002, la inversión en Ipromar ya se había elevado a 6.500.000 pesetas. Jordi Puig era socio del hijo del ‘president’ y hermano del entonces hombre fuerte de Convergència, Felip Puig, por aquellas fechas nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas (más recientemente, con Artur Mas, fue nombrado consejero de Interior primero y de Empresa y Empleo después).

Ipromar había sido constituida el 8 de noviembre de 1996 por la abogada panameña Judith Gadeloff y la ejecutiva Mavis Jessica Hernández. Curiosamente, como presidente de la compañía fue nombrado Juan José Baro Puyo, un empresario que a mediados de los noventa se vio envuelto en una importante operación de contrabando de tabaco (la Policía desarticuló una organización que tramaba hacerse con el tabaco requisado en España y exportarlo ilegalmente a los Estados Unidos, entre cuyos integrantes estaba Baro) y que poco después recaló en tierras americanas. Como directora, figuraba su hermana Elena y como director y tesorero, otro empresario, Juan Antonio Ribas. Todos ellos tenían domicilio en Cataluña, según consta en la notaría panameña.

Por otra parte, Pujol Ferrusola había iniciado negocios con López del Hierro en 1996. De hecho, entre la documentación aportada a la Audiencia figura un contrato de 4 de julio de 1997 en el que se señala que el 31 de julio de 1996 se constituyó la sociedad Ibadesa CAT por parte de la compañía Ibadesa (51%), Jordi Puig Godes (34%) e Ignacio López del Hierro (15%), con un capital desembolsado de 500.000 pesetas, el mínimo.

La aportación inicial de Puig, sin embargo, tenía trampa: en realidad, se repartía a partes iguales entre él y Jordi Pujol Ferrusola, por lo que este tenía el 17% del capital de la nueva compañía, circunstancia que se reconoce expresamente en el documento. Pero, de esta manera, evitaba que su nombre saliese en el registro mercantil y dificultaba que se pudiese seguir la pista a sus sospechosos negocios. Ambos Jordis ya tenían el control total de la accionista mayoritaria, Ibadesa SA, por lo que el nombre del marido de Cospedal era solo una forma de mantener a alguien con peso específico dentro de la empresa. Finalmente, López del Hierro vendió sus acciones el 30 de septiembre de 1998, aunque su sobrino siguió trabajando con Pujol y Puig durante años.

En el último informe entregado por la Udef al juez De la Mata, los investigadores incluyen un capítulo que habla de las relaciones de Ibadesa e Ibadesa CAT. Respecto a esta última, detallan que en mayo del 2009 se declaró la unipersonalidad de la compañía, quedando como accionista único Jordi Puig Godes y que había tenido como socios a López del Hierro y a José Herrero. Pero también dedican especial atención al hecho de que Jordi Pujol Ferrusola, a través de su compañía Iniciatives, Marketing i Inversions SA (Imisa) emitió facturas a ambas compañías de parecido nombre. “El volumen de facturación para el periodo de seis años [de 1998 a 2003] alcanza los 112.650.812 pesetas y 1.082.047,48 euros (sic), convirtiéndose por tanto en uno de los principales clientes de Imisa, con partidas de ingreso más cuantiosas”.

Los policías subrayan “la aludida confusión entre Ibadesa Exportaciones y Servicios e Ibadesa CAT. También denota que en ocasiones se producen cobros de diferentes facturas de forma agrupada, lo que tampoco es usual en el ámbito mercantil”. El informe detalla que Ibadesa CAT se creó para “canalizar el cobro de comisiones pagadas por el grupo Isolux por unas presuntas prestaciones de servicios en Ghana a Jordi Pujol Ferrusola”. Al final, sin embargo, entre las facturas cruzadas y los documentos que van llegando a la Audiencia, el cerco en torno al primogénito de la saga Pujol se va estrechando cada vez más, informa El Confidencial.

Los casos Pujol, Pretoria, ATLL e ITV y el paraíso fiscal monárquico holandés

El magistrado de la Audiencia Nacional José de Mata ha citado a declarar el próximo mes de enero, en el marco de las investigaciones sobre el clan Pujol, a los ciudadanos holandeses Jacob Broers y John Willekes MacDonald, titulares del despacho de la compañía International Tax Planning and Structure Services (ITPS) Group. Esta empresa, ubicada actualmente en la calle Nassaulaan 2A de la Haya, fue objeto, ahora hace un año, de un cacheo dirigido por la Fiscalía Anticorrupción española en colaboración con la policía holandesa. En este despacho de la Haya convergen varias tramas de corrupción de Cataluña: Pujol, Pretoria, ATLL e ITV han pasado por la oficina que tienen Jaap Broers y John Willekes MacDonald en el centro de la capital holandesa. Foto: Jaap Broers, John Willekes MacDonald, Oleguer Pujol y Ferran Rodés.

CiU de Cadaqués investigada per prevaricació pel tren turístic

El Jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar com a investigats per un delicte de prevaricació l'exalcalde de Cadaqués, Joan Figueras (de CiU, a la foto), els regidors que van formar el ple durant el mandat 2011-2015 i la secretària municipal. L'origen de la investigació és una querella interposada arran de l'adjudicació irregular, l'any 2012, de la gestió del servei de tren turístic al municipi.

Los dossiers de Pujol que implican a Aznar, González y Juan Carlos, su bula

Jordi Pujol ya hizo un amago durante su comparecencia en el Parlament catalán, el 25 de septiembre de 2014, cuando al ser interpelado sobre el origen de su fortuna que atribuía a la herencia de su padre, y ante las dudas de algunos diputados, manifestó que si ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda.

Pujol Jr. ingresó 9 millones del puerto de Tarragona en Andorra

La Policía conecta por primera vez la fortuna familiar de los Pujol en Andorra con contratos públicos adjudicados por CiU. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) concluye que una parte del botín oculto en el Principado procede de comisiones que pagó la empresa Euroenergo a cambio de llevarse la adjudicación del almacenaje de combustible en el Puerto de Tarragona.

Los negocios panameños de Oleguer Pujol, controlados desde Bahamas

Los proyectos inmobiliarios de Panamá en los que Oleguer Pujol invirtió parte de la fortuna familiar escondida en Andorra estaban controlados desde Bahamas por sociedades offshore. El responsable de toda la estructura era Daniel Costa, amigo de Oleguer y principal impulsor de esos negocios urbanísticos en Centroamérica, investigados por la Audiencia Nacional por su presunta relación con el blanqueo del patrimonio oculto del clan Pujol.

CiU de Cadaqués investigada per prevaricació pel tren turístic

El Jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar com a investigats per un delicte de prevaricació l'exalcalde de Cadaqués, Joan Figueras (de CiU, a la foto), els regidors que van formar el ple durant el mandat 2011-2015 i la secretària municipal. L'origen de la investigació és una querella interposada arran de l'adjudicació irregular, l'any 2012, de la gestió del servei de tren turístic al municipi. El jutjat contenciós ja va anul·lar la licitació perquè el consistori "no va publicar el plec de clàusules" ni tampoc va resoldre les al·legacions. Figueras, l'exregidor de Governació, Teri Serra, i la secretària municipal ja han declarat aquest dimarts i el jutjat ha citat més regidors la setmana vinent. L'advocat de Figueras, Carles Monguilod, admet que hi van haver "errors administratius" en la tramitació del concurs però sosté que no es va cometre cap il·legalitat penal. El delicte de prevaricació suposa penes de 9 a 15 anys d'inhabilitació.

L'exalcalde de Cadaqués (Alt Empordà), Joan Figueras, l'anterior regidor de Governació, Teri Serra, i la secretària municipal han declarat als Jutjats de Figueres aquest dimarts en qualitat d'investigats per un delicte de prevaricació. No són els únics representants municipals de l'anterior mandat que passaran pel jutjat perquè la querella interposada és contra tots els regidors que van aprovar al ple el concurs públic per adjudicar la gestió del tren turístic del municipi. Un tràmit que, segons fonts locals, es va aprovar per unanimitat. Aleshores, governava CiU amb vuit regidors i hi havia tres regidors d'ERC a l'oposició.

L'advocat de Figueras, Carles Monguilod, ha explicat que l'origen de la investigació és una querella interposada fa tres anys. "Primer el jutjat la va desestimar, no la va admetre a tràmit, però van recórrer i l'Audiència de Girona ha ordenat prendre declaració a tots els querellats", ha detallat. El lletrat ha reconegut que, tal i com va resoldre el Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona l'abril del 2013, es van cometre irregularitats en la tramitació del concurs. De fet, el jutjat va anul·lar el procés de licitació i va obligar a repetir el concurs per explotar el servei de tren turístic al municipi.

La resolució judicial recollia que el consistori "no va publicar el plec de clàusules" del concurs ni tampoc va "resoldre les al·legacions" presentades. Aquell concurs anul·lat per ordre judicial havia atorgat la gestió del tren turístic a l'empresa Macalisa S.C. però la mercantil Tren Turístic Cultural Roses Expres (que havia prestat el servei entre els anys 1998 i 2012) va impugnar l'adjudicació. En paral·lel, els afectats van presentar la querella als Jutjats de Figueres perquè considerava que hi havia indicis que tots els regidors que van votar a favor de l'adjudicació al ple i la secretària municipal havien prevaricat quan van dur a aprovació un concurs amb irregularitats. Segons el Codi Penal, el delicte de prevaricació suposa penes d'inhabilitació d'entre 9 i 15 anys.

"Hi va haver algun error en la tramitació administrativa, com tantes vegades passa, però ja es va corregir a nivell contenciós", ha afirmat Monguilod que descarta que els regidors tinguessin "voluntat delictiva, amb coneixement i intenció" quan van donar el vistiplau a la nova adjudicació. "Entenem que les irregularitat administratives només tenien transcendència administrativa i que no hi ha, en cap cas, voluntat prevaricadora, que és el que van explicar els investigats al jutjat", afegeix l'advocat. Per això, confia que el jutjat instructor arxivi la investigació després de prendre declaració a tots els regidors investigats.

Cataluña a la cabeza de procesados por corrupción

Los tribunales españoles abrieron juicios por delitos de corrupción contra 1.378 personas que estaban implicadas en 166 casos, entre el mes de julio del 2015 y el septiembre del 2016. Estos datos se pueden ver en el portal de internet que ha abierto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Poderjudicial.es, donde se expone un primer estudio estadístico sobre delitos de corrupción en la justicia española. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranking con 303 personas enviadas a juicio por corrupción. La siguen Andalucía con 153 procesados y Madrid con 145 personas enviadas a juicio.

Iaeden-Salvem l'Empordà denuncia la tala massiva de tamarius als Aiguamolls

La Iaeden-Salvem l'Empordà acaba de denunciar que "la 'neteja' de la xarxa de recs a la platja de Sant Pere Pescador, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ha destrossat un important ecosistema natural protegit. La tala massiva de tamarius centenaris afecta la zona marítimterrestre del Parc i la biodiversitat d'un sistema molt fràgil".

Los dossiers de Pujol que implican a Aznar, González y Juan Carlos, su bula

Jordi Pujol ya hizo un amago durante su comparecencia en el Parlament catalán, el 25 de septiembre de 2014, cuando al ser interpelado sobre el origen de su fortuna que atribuía a la herencia de su padre, y ante las dudas de algunos diputados, manifestó que si ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda.

Las víctimas de abusos reclaman el fin de las prescripciones y la impunidad

El archivo esta semana de la causa de ocho mujeres contra el psiquiatra Javier Criado, por la prescripción de los posibles delitos, lleva a la asociación que las agrupa a pedir que no corra el plazo para estos casos. En la condena del catedrático de la Universidad de Sevilla, conocida días antes, se le aplicaron atenuantes por la "dilación indebida" en un proceso que comenzó con su denuncia en 2011 y se ha fallado en 2017. Otro caso mediático con similares inconvenientes: la Audiencia de Granada dio por probados los abusos sexuales a menores por parte del clan de los Romanones pero también los declaró prescritos. En la plataforma Charge.org hay una campaña de recogida de firmas para que no prescriban nunca los delitos de abusos sexuales contra menores, que inició hace 10 meses Miguel Ángel Hurtado, víctima de un pederasta, y ya lleva casi 350.000 firmas recogidas. Esta semana se unían a esta petición, pero para abusos sexuales también a adultos, las mujeres integradas en la asociación Veritas, creada en Sevilla por 32 presuntas víctimas del psiquiatra Javier Criado, quien acaba de ver archivado el grueso del caso contra él por la prescripción de los hechos, pese a que la Fiscalía de Sevilla vio "indicios de culpabilidad".

Es el ejemplo más reciente de los casos más mediáticos del último año en Andalucía en los que el tiempo ha jugado en contra de los denunciantes de abusos sexuales favoreciendo la impunidad en estos casos. El caso de este psiquiatra ha sido especialmente polémico por tratarse de uno de los profesionales de su sector más prestigiosos en Sevilla y a quien acudían sobre todo mujeres muy relevantes y conocidas en la ciudad. Impulsaron la asociación Veritas, que tras recibir este jarro de agua fría contra ocho de las que se atrevieron a denunciar han emitido un comunicado pidiendo que no prescriban delitos como los que dicen haber sufrido y cuyas secuelas muchas de ellas han arrastrado mucho tiempo "como consecuencia de unos hechos que se han mantenido en silencio durante años hasta que en 2015 conocieron otros casos por redes sociales" que les hicieron "tomar conciencia del drama sufrido".

La abogada Vanessa Casado, que trabaja en un Punto de Información a la Mujer de Sevilla, sostiene que en el caso de los menores deberían "revisarse muy alza" o incluso no contemplarse "nunca" la prescripción. "Muchas veces no tienen capacidad para darse cuenta de lo que les está sucediendo y poder comunicarlo para que pueda tener unas consecuencias jurídicas, de manera que cuando lo hacen, ya es demasiado tarde", remarca en relación a abusos sexuales a menores. En el caso de los mayores, es también partidaria de una revisión, más moderada, porque pese a que entiende que el Código Penal contempla distintos periodos según los tipos de delitos, insiste en que "los abusos sexuales tienen un impacto mucho más devastador en las víctimas que otros hechos delictivos y por eso a veces pasa tanto tiempo hasta la denuncia, a lo que se suma que la administración de justicia también se toma su tiempo".

Es esto lo que ha aliviado la condena contra el catedrático de la Universidad de Sevilla (US) Santiago Romero Granados, cuya condena a siete años de prisión por abusos sexuales a tres profesoras se conocía el pasado lunes. En la sentencia, el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla reconoce "atenuantes" para este hombre, cuya condena no es firme y ha anunciado que va a recurrir, por "dilación indebida". El caso no llegó a los tribunales hasta que la US lo elevó a la Fiscalía de Sevilla en 2011 y no se ha fallado hasta 2017, seis años después. Los hechos se produjeron entre 2006 y 2010, cuando tras casi cuatro años en silencio se atrevieron a contarlo.

El psicólogo Ignacio Sánchez Barranco explica que "a nivel psicológico el problema es muy parecido al de las mujeres inmersas en el círculo del maltrato, que terminan acostumbrando y normalizando determinadas situaciones e incluso las tapan y se avergüenzan en su entorno y fuera de él". Como trabaja en Protección de Menores de la Junta de Andalucía, está sobre todo familiarizado con niños que han sufrido abusos sexuales, que es difícil que los revelen porque en ocasiones "se sienten partícipes activos de todo porque no se dan cuenta de la manipulación" y por tanto hay una componente de "culpabilidad", no son conscientes "hasta que han llegado a cierta edad y tienen conocimiento de la sexualidad" o incluso hay veces que "como mecanismo de defensa son capaces de borrar del cerebro estos recuerdos".

"Los procesos judiciales son tan lentos que cuando toca ir a declarar a un menor han pasado tantos años que el testimonio se ha podido transformar, reprimir o modificar para que incluso lo use la defensa del acusado para desmontar la carga de prueba", continúa. Es más, apunta la paradoja de que "cuanto más grave es el presunto delito más sube en la jerarquía judicial, por lo que más tiempo tardan en escuchar al niño". En su opinión, más que revisar la prescripción, sería necesario contar con juzgados especializados en delitos en los que los menores sean las víctimas "como se ha hecho con la violencia machista".

Todo esto nos lleva a un tercer ejemplo reciente: el caso del clan de los Romanones de abusos sexuales a menores. La Audiencia de Granada emitió un auto que " no discute la veracidad o no de los hechos denunciados", sino que parte de considerar que son ciertos pero "los posibles delitos ya habrían prescrito". Por todo ello, acusaciones de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares fueron declarados prescritos. De nuevo, sin culpables, informa eldiario.es.

Una víctima del ex vicario relata los abusos en un campamento

El hombre de 36 años que acudió ayer al Obispado de Gipuzkoa para denunciar los abusos sexuales que le infligió el ex vicario general de la diócesis Juan Kruz Mendizabal (foto) ha relatado que los hechos sucedieron en el verano de 1994, en un campamento de "Boy Scouts" en la localidad navarra de Burgui. M.A. es la tercera persona que ha denunciado ante la Iglesia los abusos del sacerdote guipuzcoano, y ha explicado los hechos con detalle en un testimonio que publica hoy el diario en euskera Berria, en el que explica que Mendizabal era entonces representante de la Iglesia en el grupo de los "scouts" de Gipuzkoa, motivo por el que se encontraba en un campamento en Burgui con chavales de entre 13 y 16 años.

El paraíso fiscal de la secta católica española

El 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba (foto) pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009. Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500 templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia. Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales.

Las víctimas de los bebés robados critican la "inactividad" del Gobierno

La presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, Soledad Luque, ha reprochado al Estado español su "inactividad" en su búsqueda y ha pedido que el Gobierno colabore con la justicia argentina para "cavar más hondo en la investigaciones". En la concentración en la Puerta del Sol de Madrid que han organizado este domingo, en la que han participado alrededor de medio centenar de personas, Luque ha insistido en el "abandono año tras año" que sienten por parte de las instituciones.

ERC pide alargar la prescripción de los abusos a menores en el Congreso


Esquerra Republicana ha presentado este jueves en la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para retrasar la prescripción de los delitos de abusos sexuales cometidos contra menores. Además de alargar considerablemente el tiempo que se deja a las víctimas para presentar cargos, la proposición también contempla la creación de una partida presupuestaria para atender a las personas que han sufrido este tipo de violencia.

Las laderas del pantano de Yesa llevan tres años moviéndose

Las laderas del pantano de Yesa, un embalse del río Aragón a caballo entre Huesca, Zaragoza y Navarra cuya capacidad quiere recrecer el Gobierno de 440 a más de mil hectómetros cúbicos –será el mayor del Pirineo-, llevan años moviéndose. Desde diciembre de 2012 en el caso de la pared derecha, mientras que la izquierda registró una sacudida en 2006. Los riesgos derivados de esa inestabilidad geológica, descubierta tras el inicio de las obras de ampliación en 2003, llevan años provocando protestas y quejas de los municipios situados aguas abajo y de entidades sociales, una polémica que se ha recrudecido tras conocerse el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que confirma que los movimientos, aunque calificados de “extremadamente lentos”, continúan. Una rotura de la presa generaría tal catástrofe que localidades de la ribera del Aragón como la navarra Sangüesa prácticamente desaparecerían anegadas mientras, a más de cien kilómetros y ya en el Ebro, barrios de Zaragoza como el Actur o La Almozara quedarían sumergidos por una lámina de agua de hasta siete metros de altura.

El documento, fechado a finales de noviembre, confirma la existencia de movimientos en 47 de los 63 puntos de control de la ladera derecha, en las inmediaciones de la zona en la que se apoyará la nueva presa. Seis meses antes los sensores detectaron actividad en 35 y en noviembre de 2015, en 39. “El informe viene a decir que la ladera derecha se sigue moviendo lo mismo que antes, un milímetro cada mes, en torno a un centímetro al año”, señala el profesor de geología de la Universidad de Zaragoza Antonio Casas, que destaca que “la pared ya no se comporta como una roca, sino como un suelo sin cohesión. Se mueven zonas que antes no se movían, y hay actividad en varios estratos, a diez, treinta y noventa metros de profundidad”.

Para Casas existe un riesgo evidente, ya que “no parece que haya forma de detener el deslizamiento, que además está situado justo encima de la presa”, que recomienda abandonar el proyecto de recrecimiento por sus riesgos. Un estudio pronostica que una rotura de la presa recrecida generaría tal catástrofe que localidades de la ribera del Aragón como la navarra Sangüesa prácticamente desaparecerían anegadas mientras, a más de cien kilómetros y ya en el Ebro, barrios de Zaragoza como el Actur o La Almozara quedarían sumergidos por una lámina de agua de hasta siete metros de altura.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) rechazan que los movimientos geológicos pongan en riesgo la seguridad de la presa. “El número de puntos en los que se registra actividad y su ubicación dependen de las maniobras de desembalse que se realizan en cada temporada, hay puntos en los que no hay movimiento y el de las zonas críticas es extremadamente lento”, señalan, al tiempo que destacan el elevado nivel de monitorización del área tras el primer deslizamiento, que hizo que el organismo de cuenca tuviera que acometer una operación de estabilización y debiera desalojar y expropiar, en una operación que costó veinte millones de euros, dos urbanizaciones situadas junto al pantano. “No ha habido ningún cambio de tendencia –señalan-, lo que ha habido es un nuevo informe que la propia CHE ha difundido”. La Confederación de Ebro remitió también el documento a los gobiernos de Aragón y Navarra, los ayuntamientos de la zona y distintos colectivos implicados en el seguimiento de la obra.

Por el contrario, para Luis Solana, alcalde de Artieda, “la CHE actúa como si no pasara nada. Que siga adelante con la obra con esa inestabilidad en las laderas la deja en evidencia”. En su opinión, “deberíamos empezar a pensar en un plan B, porque no está nada claro que Yesa vaya a poder almacenar todo el agua prevista”. “Seguir adelante con la obra es una insensatez”, apunta, ya que “el hecho de que no cesen los movimientos implican que el equilibrio de la ladera va cambiando, y puede producirse un acelerón y un colapso. La seguridad debería estar por encima de todo”.

El proyecto de recrecimiento de Yesa, diseñado para consolidar los riegos de Bardenas, mejorar la laminación de las crecidas del Aragón y trasvasar agua de boca a Zaragoza y su cinturón, ha costado ya, antes de que empiece a subir la represa, más de 340 millones de euros, el triple de los 113 por los que fue adjudicado en 2003 a una UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC. Desde su inicio ha sido objeto de protestas, una de las cuales dio lugar al proceso de Los Ocho de Yesa, un grupo de activistas acusado de enfrentarse a la Guardia Civil en una movilización contra las expropiaciones en 2010.

Los 36 años de prisión a los que se enfrentaban los activistas –entre ellos el juez de paz de Artieda, Miguel Palacín, y el miembro de Equo y actual diputado oscense de Unidos Podemos Jorge Luis quedaron reducidos a multas por 16.600 euros tras un juicio en el que sus defensas, a cargo de José Luis Lafarga y Gema Garreta, probaron que varios de los guardias civiles que les acusaban les atribuían lesiones que nada tenían que ver con el incidente. No obstante, deberán indemnizar a algunos agentes. Sin embargo, la Audiencia de Zaragoza ha rechazado el recurso en el que reclamaban la absolución.

La Audiencia señala que cometieron sendos delitos de resistencia, pero no de atentado, ya que “no se precisa en la sentencia otra intención de los condenados que la de resistirse al desalojo de la carretera” y “tampoco podemos omitir que no existe prueba suficiente” para “entender que concurre esa situación de gravedad o el nivel de intensidad que el atentado, por encima de la resistencia típica, requiere”. El tribunal, que rechaza valorar “las motivaciones de los acusados para acudir a la manifestación”, anota que “los agentes trataron de desalojar a los concentrados utilizando la fuerza mínima imprescindible, iniciándose un forcejeo entre ambos bandos, al término del cual presentaban lesiones varios de los manifestantes, así como agentes de la Guardia Civil”.

“Fue la existencia de una concentración no comunicada, ni autorizada (…) lo que hizo necesaria la intervención de la Guardia Civil”, indica la sentencia, que añade que “si los concentrados hubieran obedecido la orden” de despejar la carretera “y no se hubiesen resistido de forma activa a la actuación policial, llegando a golpear a los agentes, no hubiese sido necesario el empleo de la fuerza mínima imprescindible” por parte de los antidisturbios. “Hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza” policial, concluye, al tiempo que anota que “las lesiones leves que sufrieron alguno de los manifestantes son la consecuencia derivada de su propia resistencia y desobediencia y que debe ser soportada por haber participado en una situación generadora de riesgo”, informa Público.

La UE votará que los robots paguen impuestos

El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para regular los aspectos éticos relacionados con los robots. La Comisión de Asuntos Jurídicos del organismo comunitario ha aprobado un informe en el que propone equiparar los derechos y obligaciones de estas máquinas con los de los humanos y que paguen impuestos para sostener los sistemas de seguridad social, que se verían amenazados por su cada vez mayor presencia en el mercado laboral. Los eurodiputados se muestran preocupados por el impacto que los avances de la robótica y la inteligencia artificial tendrá “sobre el futuro del empleo, la viabilidad de los sistemas de bienestar y la seguridad social” en el caso de que estas tecnologías empiecen a reemplazar a los trabajadores de forma masiva, pues podría derivar en “un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza”. Por ello, el informe aboga por obligar a las empresas a informar sobre la contribución de los androides a sus resultados económicos de la compañía y que estas máquinas paguen también impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

Además, en el mismo apartado, referente a la educación y el empleo, la comisión del Parlamento Europeo “invita a todos los Estados Miembro” a “considerar seriamente” la introducción de una renta básica con el fin de frenar el impacto en la economía de las altas tasas de paro que podría derivarse del 'boom' de la robótica. Finlandia ya ha empezado a experimentar la aplicación de esta retribución por el temor a la amenaza que podría suponer el impulso de los robots para el empleo. Desde este mes de enero, abonan 560 euros al mensuales libres de impuestos a un grupo de 2.000 ciudadanos desempleados elegidos aleatoriamente.

El informe se pronuncia también sobre otro de los debates surgidos: ¿quién debe asumir la responsabilidad en caso de accidente? Propone que se obligue a los fabricantes y propietarios de robots a contratar un seguro, como ya ocurre con los coches, para cubrir los daños causados por sus robots y habla además de un fondo de compensación financiado por las partes implicadas. Pero hay más dudas en el caso de los robots que adquieren cada vez más autonomía. Cada vez hay más máquinas autodidactas, a los que la comisión de la Eurocámara asegura que podría concedérseles una especie de “personalidad electrónica” limitada, una designación que se aplicaría en situaciones en las que los robots tomaran decisiones o interactuaran con los humanos de forma autónoma.

Otra de las propuestas más destacadas del informe es la incorporación de un 'botón de la muerte' en todos los androides, de forma que se pueden apagar en caso de emergencia, además de la posibilidad de ser reprogramados posteriormente en el caso de que no funcionen correctamente. Estas directrices están encaminadas a favorecer un diseño ético y seguro de las máquinas del futuro. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo dio luz verde al informe por 17 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. El pleno de la Eurocámara deberá ratificarlo en una votación esperada para febrero y posteriormente pasará a la Comisión Europea.

Vicenç Navarro: ¿Es el crecimiento del desempleo y de la precariedad consecuencia de la revolución digital?

Hace unos días que publiqué un artículo (La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado, Público, 12.07.16) en el que indicaba que los datos empíricos existentes no avalan la ampliamente extendida creencia de que la revolución digital es una de las causas (sino la mayor causa) del elevado desempleo y precariedad en los mercados de trabajo de los países capitalistas más desarrollados, creencia que vaticina que en un futuro próximo casi el 50% de los puestos de trabajo existentes hoy habrán sido destruidos, creando un futuro sin trabajo. En el artículo mostré datos que no apoyaban tal creencia.