divendres, 27 de gener de 2017

Un accidente destapa una 'barra libre' de gasoil en la Alcalá del PP

El 23 de diciembre de 2013, víspera de Nochebuena, a las 15:55, un camión Nissan Atleón frenó súbitamente cuando entraba en una glorieta del municipio madrileño de Alcalá de Henares. En su interior llevaba un viejo depósito, abollado y sin anclar. Y lo más grave de todo, sin los tapones. La carga, unos 750 litros de gasoil, acabó desparramándose por la Vía Complutense, una de las calles principales de la localidad. El vertido avanzó kilómetro y medio, convirtiendo la calzada en un pavimento deslizante que empezó a provocar pequeños accidentes por colisión. El vehículo pertenecía a Guti Producciones, empresa investigada en el sumario del caso Flauta que actualmente instruye el juzgado número 2 de Alcalá de Henares. Entre los detenidos están Virginia Sanz, exconcejala del PP de Festejos, Infancia y Deportes, y Guillermo Cabrilla, extécnico de la misma concejalía. La Policía Nacional investiga el presunto amaño de contratos licitados en los que además se habría pagado dos veces por una misma factura. Guti Producciones también aparece salpicada en el caso Púnica.

El camión con el gasoil se dirigía a la plaza de los Santos para aclimatar con calefacción una carpa de uno de los eventos navideños adjudicados a Guti Producciones. El accidente no se aireó mientras gobernó el PP. Pero en enero de 2016, dos años después, el nuevo equipo municipal de Alcalá de Henares (la coalición PSOE, Somos Alcalá e IU) abrió una información reservada, a petición de Ciudadanos, para aclarar las circunstancias del siniestro y detectar "la posible existencia de irregularidades cometidas en relación al presunto uso privado de bienes públicos". Las conclusiones de la investigación interna han acabado en el juzgado número 2, que las ha incluido dentro del caso Flauta por la conexión de los protagonistas implicados.

La investigación del accidente ha revelado que no existía un control exhaustivo del combustible que se gestionaba en el Parque de Servicios Municipal cuando gobernaba el PP, lo que permitió una especie de 'self service' (un sírvase usted mismo) en las dependencias públicas. El PP ha dirigido Alcalá durante muchos años. Bartolomé González, hoy diputado autonómico, fue regidor del municipio entre 1995 y 1999, y entre 2003 y junio de 2012. La Guardia Civil incrimina a González en el caso Púnica y le acusa de cobrar 60.000 euros por amañar un contrato. Su citación como investigado (imputado) es inminente, según fuentes de la Audiencia Nacional. González fue sustituido por Javier Bello, alcalde entre junio de 2012 y julio de 2015. Fue precisamente Bello, del PP, quien inició el caso Flauta con una denuncia ante la Policía Nacional.

"En el atestado de la Policía Local tras el accidente, no consta información alguna que pueda determinar cómo y por qué se suministra al vehículo en cuestión el gasoil procedente del Parque de Servicios", comienza el informe interno elaborado por el ayuntamiento que ha sido entregado al juzgado. Curiosamente, antes de que el nuevo equipo municipal (tras la exigencia de Ciudadanos) iniciara la investigación interna, tres técnicos del ayuntamiento elaboraron otro informe sin que nadie se lo hubiera solicitado que relata que el gasoil fue solicitado por Guillermo Cabrilla (imputado en Flauta), "que al parecer seguía instrucciones de su concejala, Virginia Sanz" (también imputada en el mismo caso). Los tres técnicos afirman además que Marcelo Isoldi, en ese momento concejal de Obras y hoy edil en la oposición, "autorizó expresamente" tanto la carga como el traslado del combustible.

Los tres técnicos que firman ese informe no oficial fueron llamados a declarar por el nuevo equipo municipal. Sus testimonios son sorprendentes. La directora del área de Obras y Servicios aseguró que se negó a facilitar el traslado del gasoil porque el consistorio carecía de "vehículo autorizado para ello", tras la petición que realizó Cabrilla siguiendo instrucciones de Virginia Sanz. La directora señaló que al final fue Isoldi (entonces concejal de Obras) quien autorizó verbalmente el traslado. "No se plantea si el vehículo que va a realizar el transporte está autorizado o no, solo que no va a ser realizado por personal municipal".

La investigación interna deja claro que se suministró un bien público, el combustible, a una empresa privada, sin ningún tipo de control, en un vehículo no autorizado para su transporte, y sin que estuviera autorizado por el ayuntamiento y fiscalizado por la Intervención municipal. Pero lo más grave es que el accidente reveló que esta práctica irregular pudo estar extendida en el tiempo y ser algo habitual. El Parque de Servicios suele suministrar gasoil de automoción a los vehículos municipales, previa autorización de la concejalía correspondiente. Existe un registro de salida. "Pero el gasoil suministrado el día 23 no es de automoción". Según la directora, "es un tema que a mí se me escapa... no se sirvió el bidón del surtidor, de automoción, que es donde hay un control, ese gasoil era diferente". Un gasoil que se sirvió "sin autorización escrita".

La declaración del encargado del Parque de Servicios también fue interesante y reveladora. "Normalmente, tenemos cinco o seis depósitos de gasoil para el suministro de nuestras propias calefacciones. Antes teníamos cuatro calefacciones. Ahora no queda más que una". Preguntado por el registro sobre el uso de este gasoil, manifiesta que desconoce si el almacén, que es quien se encarga de suministrarlo, lo lleva contabilizado o no.

También compareció el concejal Marcelo Isoldi, que aseguró que él no autorizó ningún traslado y que fue la Concejalía de Festejos (la de Virginia Sanz) la que asumió la responsabilidad del transporte. Ante la existencia de bidones de combustible en el Parque de Servicios y su uso, declaró: "Lo desconozco. Es que yo no sabía ni que teníamos bidones. Ni que se llevaran bidones. Entonces también me sorprende que se cargue un bidón, que no se revise tampoco... no sé, hay una serie de circunstancias que, la verdad, son un poco, pues despropósito". Isoldi recalca que en contra de lo que dice el informe de los tres técnicos municipales, "no autorizó expresamente la salida del gasoil".

La investigación interna tiene acreditado que no existe ninguna documentación que avale la salida del combustible, "ya que se ha debido extraviar". Guillermo Cabrilla, el extécnico imputado, declaró que la Concejalía de Festejos firmó la solicitud del traslado, "pero que no se llegó a entregar siguiendo instrucciones de la concejala de Festejos tras el conocimiento de los accidentes producidos en la Vía Complutense". Las conclusiones de la información reservada son claras: "Que no existe constancia documental ni registro de salida del suministro de gasoil en el Parque de Servicios". El ayuntamiento, no obstante, no abrió ningún expediente disciplinario a ninguno de los trabajadores implicados y decidió remitir toda la documentación al juzgado.

La Policía Local decidió al día siguiente echar el gasoil a la alcantarilla

El vertido fue importante. Provocó varios accidentes y obligó a la Policía Local a cerrar gran parte de la Vía Complutense. Un informe realizado por Valoriza, la filial de Sacyr que tenía adjudicado el contrato de limpieza del municipio, revela que los trabajos para limpiar la zona afectada no se hicieron con toda la profesionalidad requerida. Los 750 litros de gasoil desparramados en la Vía Complutense convirtieron la calle en un peligro para peatones y vehículos. El mismo día del vertido, ya por la tarde, los operarios de Valoriza empezaron a espacir sacos de sepiolita y garrafas de desengrasante (de 25 litros cada una). En total, en las 24 horas que duraron los trabajos de limpieza, se utilizaron 68 sacos de sepiolita y 21 garrafas de desengrasante.

El ayuntamiento y Sacyr tuvieron que pedir ayuda a los bomberos, "ya que el vertido era un producto peligroso y contaminante". Pero todo se complicó al día siguiente, ya que la Policía Local tenía prisa por reabrir el tráfico. Durante la noche, los bomberos decidieron echar arena de río en algunas zonas. "Todos los que entendemos un poco al respecto sabemos que en un vertido de cualquier tipo la arena de río no sirve para nada, ya que no es absorbente y si se esparce encima del producto, no deja que este se evapore, y como consecuencia nos encontramos que en esas zonas el gasoil se encontraba en su estado líquido y por lo tanto la calzada continuaba resbaladiza", reza el informe de Sacyr. "Tomamos la decisión, junto con la Policía que se hace responsable de que el vertido de agua y gasoil se pudiera verter al alcantarillado, de tratar de limpiar los tramos impregnados de combustible con desengrasante y agua a presión".

Guti Producciones, dueña del camión, fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por transportar mercancías peligrosas en un vehículo que no tenía autorización para ello, sin los permisos pertinentes, sin que el conductor llevara el equipamiento regulado, por incumplir las condiciones de aislamiento de la carga, y porque el camión no llevaba el panel identificativo exterior que informaba de la carga, informa El Confidencial.

Pino ocultó datos al juez al declarar en el caso 'Nicolás'

Audios, documentos judiciales, informes encargados por Interior... forman un cuerpo de pruebas que indican que Eugenio Pino, número dos de la policía con Fernández-Díaz, presuntamente prestó falso testimonio cuando tuvo que declarar por la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos. Grabación que, supuestamente, ayudó a realizar y difundir la 'brigada política' que él mismo dirigía.

El juez acusa a Gilet (PP) en el nuevo escándalo de corrupción de Cort

El juez Manuel Penalva acusa al ex concejal del PP Fernando Gilet (foto) de ser el responsable de los cambios organizativos que facilitaron algunas de las irregularidades investigadas en el caso de corrupción que afecta al área de deportes del Ayuntamiento de Palma. El magistrado afirma que Cort abonó 187.345 euros en horas de trabajo que nunca se realizaron.

Javier López Madrid, nuevo presidente de Ferroglobe

El consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, ha sido nombrado presidente mundial del gigante metalúrgico Ferroglobe. El 31 de diciembre de 2016, el consejo de administración decidió por unanimidad que el empresario madrileño sustituyera al anterior presidente, Alan Kestenbaum. El nombramiento, que se comunicará hoy, consuma el cambio de control de la compañía, tras la fusión de las sociedades Grupo FerroAtlántica (española) y Globe Specialty Metals (estadounidense), de la cual nació, a finales de 2015, Ferroglobe. Javier López Madrid: de las black a la Púnica.

Granados pedirá el testimonio de Aguirre en la trama Púnica

La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, podría ser citada como testigo en las próximas semanas en el marco de la trama Púnica. Francisco Granados tiene la intención de solicitar en estos días al juez Eloy Velasco que llame a declarar a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y a otros “10 ó 12 dirigentes regionales conocidos”.

El presidente de Togo financia a Manuel Valls

Según la oposición togolesa, el presidente de Togo, Faure Gnassingbé, entregó al político francés Manuel Valls 5.000 millones de francos CFA (7,6 millones de euros) para la campaña presidencial de este último en Francia. La información publicada en Lomé precisa que la “donación” tuvo lugar el 28 de octubre de 2016, durante el viaje oficial que Manuel Valls realizó a la República Togolesa como primer ministro de Francia, y que el dinero entregado a Valls fue producto de una malversación de fondos del presupuesto nacional de la República Togolesa.

Así, las revelaciones de fuentes cercanas al régimen, de personalidades disgustadas por el increíble cinismo de Faure Gnassingbé, indican que, durante su viaje oficial a finales de 2016 a Togo, Manuel Valls, cuando aún era jefe del gobierno francés, había recibido un "regalo" de 5 millones de francos CFA para su campaña de las elecciones presidenciales de 2017, en las que planeaba presentarse", según el comunicado del Partido de los Trabajadores. Es con este "maná" que el ex primer ministro francés presionó para la eliminación del actual inquilino del Elysium de la carrera por la presidencia francesa.

De acuerdo con Claude Ameganvi, es una verdadera malversación de fondos, ya que fue en previsión de este apoyo a Manuel Valls que Faure Gnassingbé votó en la Asamblea Nacional un presupuesto suplementario de 10.000 millones de francos CFA, supuestamente por el pago de cinco helicópteros como parte de la "Conferencia de seguridad en la navegación marina". Helicópteros que no se han encontrado porque, de acuerdo con el Partido de los Trabajadores, "no se han comprado". Junto a esta malversación, el gobierno habría dejado por completo al país en manos del extranjero mediante la pignoración de bienes públicos. Así es como se detallan en el comunicado de prensa estas ventas disfrazadas de bienes públicos:

"Por repugnante y por increíble que pueda parecer, la irresponsabilidad y la codicia de los miembros del régimen de Faure Eyadema-Gnassingbé los llevó a contratar -como su representante tuvo que admitir durante el debate sobre el Colectivo presupuestario, gestión de 2016- préstamos denominados Sukuk, por un total de 156 millones de francos CFA de algunos bancos islámicos, durante el período 2016-2026, mediante la pignoración de bienes públicos", informa Le Temps de Togo.

Faure Gnassingbé, un tirano útil para Francia

Faure Essozimna Eyadéma (también llamado Faure Gnassingbé), (nacido en 1966) es un político y el cuarto presidente y actual Gobernante de Togo. Es el hijo de Gnassingbé Eyadéma, quién dió dos golpes de estado y presidió el país despóticamente desde 1967 hasta el día de su muerte, el 5 de febrero de 2005. Faure fue diputado de la Asamblea Nacional por Sokodé y ocupaba el puesto de Ministro de Trabajos Públicos, Minas y Telecomunicaciones desde el 29 de julio de 2003. Estudió Administración de Empresas en París en la Sorbona y posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad George Washington. Tiene reputación -hecha a su medida- de tecnócrata. Un reciente cambio en la Constitución de Togo se realizó para preparar la sucesión de Gnassingbé Eyadéma por su hijo, al reducir la edad mínima para ser presidente de 45 a 35 años.

Con el aval de Jacques Chirac, Gnassingbé Eyadéma cambió la Constitución en diciembre de 2002 y se volvió a presentar a las elecciones presidenciales que ganó con el 52% de los votos. Entonces hizo entrar a su hijo Faure en el gobierno con el cargo de Ministerio de Trabajos públicos, Minas y Telecomunicaciones.

Tras la muerte de su padre, los militares de la dictadura colonial francesa nombraron a Faure presidente, en lugar del presidente de la Asamblea Nacional, Fanbare Tchaba quién, en el momento de la muerte del dictador estaba en el extranjero. Para legitimar este nombramiento, la Asamblea se reunió rápidamente y nombró a Faure presidente de la Asamblea. Por todo esto, la Organización de la Unidad Africana, la Unión Europea y las Naciones Unidas califican esta sucesión como un golpe de estado. 

La farsa de Elecciones presidenciales de 2005

Faure ganó con el 60,6% de los votos las elecciones presidenciales que se celebraron el 24 de abril de 2005 que estuvieron marcadas por un escrutinio interrumpido por las fuerzas armadas togolesas al servicio de la oligarquía colonial. La oposición denunció irregularidades y hubo enfrentamientos entre opositores y las milicias del partido gubernamental, Rassemblement du Peuple Togolais, ayudadas por 2.500 militares. La Liga togolesa de los derechos del hombre denunció que unos 790 opositores fueron muertos, que la versión oficial redujo a 154 muertos. La ONU consideró que estos incidentes provocaron entre 400 y 500 muertos.

El 3 de mayo de 2005, la Corte constitucional confirmó los resultados que dieron como ganador a Faure Gnassingbé y éste tomó el poder el 4 de mayo. El Ministro de Asuntos Exteriores francés felicitó al ganador Durante este mandato, el presidente fue recibido oficialmente en muy pocos países occidentales. Las elecciones de 2007 también le fueron favorables, aunque su representación también fue cuestionada debido a la redistribución favorable al partido del gobierno porque en algunas regiones favorables al gobierno hacían falta muchos menos electores para ganar un escaño.

El 7 de marzo de 2010, el presidente de la Comisión Electoral nacional independiente, Issifou Taff Taiou, declaró a Faure ganador de las elecciones presidenciales del 5 de marzo con el 60,9% de los sufragios. Todos los candidatos de la oposición dijeron que los resultados eran fraudulentos. Faure tomó posesión del cargo de nuevo el 3 de mayo en el puerto de Lomé mientras había sacado a cientos de militares a las calles de Lomé para reprimir las protestas.

François Akila Esso Boko, antiguo ministro del interior togolés, acusó a Faure Gnassinbé y a su hermano Kpatcha de que la presidencia de Togo se había convertido en hereditaria. En 2008 Faure compró como coche presidencial un Maybach que costó 1,8 millones de euros al tiempo que pedía préstamos a la Unión Europea para mejorar las infraestructuras del país. Faure Gnassingbé tuvo un conflicto con el presidente de Ghana, John Kufuor, cuando dejó embarazada a su hija. Esto sucedió cuando ya se sabía que Faure tenía ocho mujeres, con las que había tenido 11 hijos.

Hollande ha ordenado 40 ejecuciones de "enemigos de Francia"

En el contexto de la lucha contra el terrorismo y amparándose en la legítima defensa colectiva, el presidente francés, François Hollande, no ha dudado en autorizar ejecuciones extrajudiciales para “neutralizar” a los yihadistas sospechosos de ser una clara amenaza contra los intereses franceses.

Los últimos días del franco CFA

El Franco de la Cooperación Financiera Africana (CFA), que se utiliza en 15 países de África Occidental y Central, atraviesa una zona de turbulencias. Tanto dentro como fuera del continente se ha formado un gran movimiento contra el CFA. Su misión es clara: "liberar a los estados africanos del yugo del franco CFA". En 72 años de existencia, el franco CFA ha demostrado suficientemente su ineficacia o incluso perjuicios para las economías africanas. Ninguno de los 15 países que utilizan la moneda tiene una situación económica envidiable, a pesar de la dinámica de la población y la riqueza de su subsuelo. El Franco CFA y las mentiras del imperialismo francés en el Sahel.

Manuel Bustos a judici per la retirada de multes a familiars

La jutge que instrueix el cas Mercuri, Beatriz Faura, ha ordenat l'obertura de judici oral contra l'ex-alcalde de Sabadell Manuel Bustos per la peça 30, que fa referència a la presumpta retirada de multes de trànsit a familiars. Així ho ha anunciat la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, personada com a acusació popular, que demana una pena de dos anys de presó per a l'ex-alcalde socialista. Bustos està acusat en aquesta peça de dos delictes de tràfic d’influències comesos per una autoritat en concepte d’autor material i un delicte de prevaricació en concepte d’inductor. La jutge també acusa l'intendent de la policia de Sabadell Josep Miquel Duran de dos delictes de tràfic d’influències comesos per funcionari públic com autor material, per malversació de cabals públics, per falsedat documental i per prevaricació administrativa.

L'ex-director de l'àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament Xavier Izquierdo també està investigat per un delicte de malversació de cabals públics en qualitat de còmplice. Tot i que l'ex-alcalde de Sabadell ha defensat reiteradament la seva innocència i ha intentat acreditar que l'import de les multes van ser pagats, la jutge considera que hi ha indicis de delicte suficient com per obrir judici oral, que anirà a càrrec de l'Audiència Provincial de Barcelona i que ara resta ja pendent de la data.

En la mateixa resolució, la jutge requereix cautelarment als acusats fer efectives en el termini de 24 hores diferents fiances. A Bustos i Duran els requereix un import de 533,33 euros de manera solidària, mentre que a Izquierdo i també a Duran un import de 178 euros. Segons la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, la resolució judicial ha estat emesa després que la jutge donés per finalitzades les diligències prèvies d’aquesta peça i que la secció tercera de l’Audiència Provincial de Barcelona desestimés el recurs d’apel·lació interposat per les defenses dels acusats i confirmés la resolució de la jutge.

Tant el ministeri fiscal com l’acusació popular, exercida per la plataforma, han sol·licitat la imposició de penes de dos anys de presó amb inhabilitació especial per l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna per a Bustos. A més, demanen una multa de 400 euros i 6 anys d’inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública per a cadascun dels dos delictes de tràfic d’influències.

En el cas de Duran, demanen dos anys de presó amb inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna. A més, sol·liciten una multa de 400 euros i 6 anys d’inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, ja sigui per designació o per oposició pública pel delicte de tràfic d’influències. Paral·lelament, demanen una multa a raó de 12 euros diaris durant 10 mesos i dos anys de suspensió d’ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics. A banda, també es demana 4 anys i 6 mesos de presó amb inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de condemna, amb una multa a raó de 12 euros diaris durant 12 mesos.

També per a Duran sol·liciten 4 anys d’inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública pel delicte de falsedat documental. Finalment, demanen 9 anys d’inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica i estatal, sigui per designació o per oposició pública pel delicte de prevaricació administrativa. Pel que fa a Izquierdo, la petició se centra en una multa a raó de 12 euros diaris durant 5 mesos i 5 mesos de suspensió d’ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de cabals públics.

A banda, es sol·licita també imposar en concepte de responsabilitat civil a Duran, com actor principal, i a Izquierdo, de manera subsidiària, una indemnització a l’Ajuntament de Sabadell de 133,50 euros per restituir el diner desviat de titularitat de la Policia Municipal de Sabadell. Per a Duran també es sol·licita l'obligació d'indemnitzar l’Agència Tributària de Sabadell la quantitat de 200 euros en concepte de multa indegudament anul·lada i no satisfeta, informa Nació Digital.

Cas Mercuri: Jordi Soriano (PP) denuncia que Sánchez (PSC) coneixia les comissions

El cas Mercuri investiga una presumpta trama de corrupció urbanística a Sabadell que va fer caure de l'alcaldia el carismàtic Manuel Bustos (PSC) després de 13 anys de mandat. Va ser el 27 de novembre del 2012 quan va esclatar el cas i va ser Joan Carles Sánchez qui es va fer càrrec de l'alcaldia primer accidentalment i després de forma definitiva fins a les eleccions municipals del 2015.

Investiguen l'oncle de Manuel Bustos en una nova peça del cas Mercuri

La jutgessa que investiga el cas Mercuri de presumpta corrupció i tràfic d'influències ha decidit obrir una nova peça separada del sumari, la número 35, per un possible delicte de falsificació documental i posterior estafa. Per aquest motiu, és 'investigat' –la nova denominació dels imputats- el president del Gremi de Constructors de Sabadell i oncle de l'exalcalde de la ciutat Manuel Bustos (PSC), Melquíades Garrido, a més de Santiago López Salvador, administrador únic del concessionari de vehicles Servando López Orús, SA i l’arquitecta Marta Vicens Núñez.

Los Mossos manipularon conversaciones del alcalde de Sabadell para acusarle

Enrevesados informes de los Mossos d’Esquadra a los que ha tenido acceso El Confidencial apuntan a una delicada operación para poner en el punto de mira a Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell, -que en el momento de la investigación (2012) era también el hombre de Rubalcaba en Cataluña, cuyo nombre sonaba para liderar el PSC- que cesó en su cargo a raíz de la denominada Operación Mercurio, el único gran escándalo de las últimas décadas investigado por los Mossos d’Esquadra.

Trump rectifica: los aranceles a México son sólo “una idea”

Tras firmar la orden ejecutiva para iniciar su gran promesa electoral de construir un muro en la frontera con México, contestada por el presidente de México con la cancelación de la reunión que iba a tener en Washington a finales de este mes con Trump, el secretario de prensa del nuevo gobierno de EEUU, Sean Spicer, soltó la gran bomba al decir que el país latinoamericano pagaría el muro con un impuesto del 20% sobre las importaciones. Ahora resulta que era todo el programa “sólo una idea que podría funcionar” pero que la respuesta generalizada a la barbaridad parece haber frenado. Los analistas apuntan a una recesión durante el mandato de Trump. Foto: Donald Trump de cara al carnaval de Niza, Francia.

Tras el revuelo montado, la Casa Blanca ha salido al paso para calmar el revuelo generado. El propio Spicer ha aclarado que sus palabras eran solo una propuesta para demostrar que existen fórmulas para que finalmente sea México quien financie el muro. El jefe del gabinete de Trump, Reince Priebus, señaló después que no hay una decisión firme de cómo se hará ya que la Administración tiene “un buffet de opciones”. Según su excusa, el secretario de prensa de Trump hizo su comentario para acabar con las preguntas de los insistentes periodistas que querían saber cómo iba a gestionar Estados Unidos que México pagara el muro. El presidente latino Enrique Peña Nieto ha dicho por activa y por pasiva que no lo van a pagar y de ahí surgía las dudas de la prensa.

Para Sean Spicer, el muro será un gran beneficio para la economía estadounidense, ya que dice que ganarán “10.000 millones de dólares anualmente” porque se reducirá el dinero que se emplea para rastrear inmigrantes ilegales. “Será una verdadera fuente de financiación”, dijo.

Los analistas apuntan a una recesión durante el mandato de Trump

La euforia por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha llevado al Dow Jones, una de las referencias de Wall Street, a cotas históricas, por encima de los 20.000 puntos. Un panorama de mayor crecimiento vía inversiones billonarias impulsa a los inversores a la bolsa. Hasta ahora, todo son promesas. Bajadas de impuestos masivas, desregulación de sectores clave, mayor protección del mercado nacional... ¿Es algo fundamentado o la bolsa se nutre de la retórica trumpiana?

Los inversores a nivel global ven un panorama en el que los grandes riesgos para la economía se van disipando. Y la toma de riesgos ahora pasa por lanzarse a los parqués. Hay “un hambre por las acciones”, apunta en un análisis el Wall Street Journal. Pero esa visión positiva no va aparejada de mejoras en las previsiones de crecimiento. Ni por parte de la Reserva Federal ni por parte de los analistas. Hasta ahora, Trump ha asegurado que el PIB de Estados Unidos crecerá a tasas del 4%. Eso sí, no ha detallado bien cómo, haciendo que decenas de economistas tachen sus medidas de recetas mágicas. Lo que gusta a los inversores es que el gabinete Trump está formado por gente de los negocios, a favor del negocio. Y también que cualquier mejora en la dura reglamentación que se hereda de Barack Obama será bien recibida.

Tras el Brexit, buscaron refugio en los bonos para evitar la volatilidad en los mercados. Ahora, con un panorama de riesgo más despejado, el capital ha vuelto a inundar las bolsas, llevando al Dow Jones a las cotas históricas. “En un mundo con menores riesgos, los inversores ya no tienen tanto apetito por los activos super seguros”, prosigue el artículo. ¿Es tan bueno el panorama? Diversos analistas y los propios ritmos económicos del capitalismo llevan a recesiones cíclicas, en las que el capital se concentra cada vez en menos manos. Así, toca una recesión bajo el mandato de Trump. Hay señales que lo denotan: el crecimiento del beneficio corporativo ha disminuido y el flujo de caja de las empresas apenas cubre la inversión en capital y los dividendos. Además, Estados Unidos lleva ocho años de políticas ultraexpansivas, que han inflado el precio de los activos , y la Fed empezará a subir los tipos a un ritmo más apresurado con Trump, lo que puede descolocar a más de uno.

“Son los ingredientes de una contracción en la economía que provocará una recesión en 2018”, según la analista Gail Fosler. Cualquier crisis en Estados Unidos se transferirá al resto del mundo. Las políticas de Trump, con las inversiones multimillonarias, podría retrasar la llegada de esa crisis, pero no evitarla, apuntan diversos analistas. Una patada hacia adelante, según La Vanguardia.

El plan de inversiones de Trump empujará el crecimiento; el proteccionismo puede minarlo. A su vez, podría acelerar la llegada de la recesión con los efectos secundarios de una política proteccionista, que grava la importación. Eso podría subir los precios, lo que impulsaría la inflación, reduciendo el poder de compra de los americanos y obligando a la Fed a subir todavía más los tipos. Trump puede frenar o acelerar la futura recesión con sus políticas, lo que aún está por ver.

Peña Nieto: “México no pagará ningún muro”


A través de un mensaje de poco menos de tres minutos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reaccionó este miércoles (25.01.2017) a la decisión de Estados Unidos de construir un muro en la frontera entre ambos países y la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de obligar a su vecino del sur a pagar por dicha obra, tal como había prometido durante la campaña avisando: "México ofrece y exige respeto”. En su alocución, Peña Nieto –sentado en una sobria oficina– aseguró que las autoridades mexicanas defenderán a los migrantes con todo el poder de la ley, y dio la orden de que los "50 consulados de México en Estados Unidos” se conviertan en "auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”. Añadió que se brindará a quienes lo requieran "asesoría legal que garantice la protección” de los ciudadanos mexicanos. El muro de Trump no es ni innovador ni efectivo.

La masonería y el mensaje críptico de Trump

La práctica totalidad de los presidentes de los Estados Unidos, desde la proclamación de su independencia, en 1776, han sido miembros de logias masónicas. Es el caso, por ejemplo, del primero, George Washington, y del último, Barack Obama. No consta que Donald Trump forme parte de la antigua fraternidad de la escuadra y el compás y, de hecho, lo habría demostrado con su programa electoral populista, xenófobo y autárquico, en las antípodas de los valores que representa la masonería regular, informa El Triangle que de ese tema sabe, también, mucho. Pero hay testimonios diversos que apuntan a su adscripción o afinidad a estas secretas y muy diversas sociedades 'francmasónicas', y detalles reveladores, como la manera en que se da la mano.

El juez acusa a Gilet (PP) en el nuevo escándalo de corrupción de Cort

El juez Manuel Penalva acusa al ex concejal del PP Fernando Gilet (foto) de ser el responsable de los cambios organizativos que facilitaron algunas de las irregularidades investigadas en el caso de corrupción que afecta al área de deportes del Ayuntamiento de Palma. El magistrado afirma que Cort abonó 187.345 euros en horas de trabajo que nunca se realizaron. Un ingreso económico irregular que habría beneficiado a la empresa Instalaciones Roig, concesionaria, entre otros proyectos públicos, del mantenimiento de las instalaciones deportivas y de las piscinas municipales de Palma.

La conclusión del juez se basa tanto en el informe auditor que han realizado peritos externos contratados por el IME, como testigos relacionados con esta área municipal. El juez mantiene en estos momentos en la cárcel a Antoni Roig, el dueño de la empresa concesionaria; al exgerente del IME Antonio Ramis y al jefe del área de mantenimiento, Alberto Serna. En su escrito, el magistrado señala, sobre todo para justificar la medida de prisión, que la Policía dispone de la declaración de un funcionario del Ayuntamiento de Palma, que reveló "la sospechosa destrucción de documentación municipal, justo al día siguiente de procederse a la anterior detención de Antoni Roig".

Este trabajador público, con 30 años de servicio, señaló que "nunca había visto que arrojaran carpetas, archivadores en perfecto estado de conservación, y documentación varia hasta llenar completamente los contenedores de Emaya". Esta situación fue comentada por varios trabajadores municipales y todos llegaron a la misma conclusión: "ayer detuvieron a Roig y hoy empiezan a destruir documentación. Ya están corriendo", detalla el auto.

El fiscal Anticorrupción, Migue Ángel Subirán, junto al juez Penalva, calcula que el perjuicio económico que ha sufrido la administración municipal a través de la gestión de la concesionaria alcanza alrededor de un millón de euros. El actual gerente del IME ha denunciado que la empresa Roig ha recibido un trato de favor en el área de deportes y ello gracias a la intermediación, entre otros, de Alberto Serna, jefe del área de mantenimiento. Se da la circunstancia, según destaca el juez, que Serna y Roig son amigos entre ellos y a la vez los dos también lo son del concejal Alvaro Gijón. Los tres han compartido viajes tanto a Formentera como a Granada, como se ha constatado en algunas fotografías en las que aparecen juntos.

Aunque el juez acusa a Serna de ser el responsable del descuadre económico a favor de Roig, tampoco se olvida del papel que tuvo el anterior gerente del IME, Antoni Ramis, al que acusa de dejación de funciones. Varios funcionarios han denunciado que Ramis estaba al corriente de todas las irregularidades y fue el artífice de que Serna, como jefe de mantenimiento, "asumiera el control total del instituto".

Fue precisamente una orden de Ramis, "así como del concejal presidente del IME, Fernando Gilet", la que permitió un cambio en el sistema de funcionamiento interno del Instituto de Deportes. El juez explica que el jefe del área de mantenimiento no solo controlaba la dinámica diaria de todos los pabellones deportivos, sino que nadie ejercía ningún control sobre él. Antes de que hubiera estos cambios de organización, los directores de las instalaciones eran los responsables de todos los trabajadores del pabellón. Sin embargo, a partir de 2012 estos directivos "quedan vacíos de contenido y sus funciones son absorbidas por el jefe de mantenimiento".

Los investigadores han detectado todo tipo de irregularidades contables. Por ejemplo, se cobraron instalaciones que nunca se realizaron, como por ejemplo unas placas solares que se debían colocar en el pabellón Rudy Fernández. Y también se permitía que la empresa concesionaria presentara albaranes de gastos sin que constara el precio del trabajo realizado. El juez interpreta que se trataba de una maniobra que le permitía a Roig inflar las facturas. Estos incrementos de los gastos sobre el precio real del servicio, según los auditores, se incrementaban en unos porcentajes que iban desde el 50% al 178%, según destaca el juez Penalva.

Otra de las irregularidades que se investiga es que la concesionaria se comprometía, porque así lo señalaban los pliegos de contratación, a realizar una serie de mejoras en las instalaciones. Sin embargo, la empresa Roig no realizaba estos trabajos por los que había sido contratada, pero sí los cobraba. Estos servicios los desempeñaba otra empresa, lo que suponía que al final Cort pagaba dos veces el mismo trabajo. Una de estas labores era los análisis de legionella de las piscinas, informa Diario de Mallorca.

Palma: Prisión para tres detenidos por la trama corrupta en Deportes

Cárcel para tres de los cuatro detenidos en la última operación contra la corrupción que salpica al departamento de Deportes del Ayuntamiento de Palma. El magistrado Manuel Penalva, tras una maratoniana jornada de declaraciones, decidió anoche enviar a la cárcel a estos tres investigados, alegando que existía la posibilidad de que si estaban en libertad podrían destruir pruebas. Esta medida se adoptó contra el propietario de la empresa Instalaciones Roig, que realiza el mantenimiento de la mayoría de instalaciones deportivas de Palma, el exgerente del IME, nombrado por el PP, y el trabajador municipal que dirige el departamento de obras de esta área de Cort.

Palma: Investigan si el PP pagó con facturas falsas

El juez Penalva y el fiscal Subirán, con la ayuda de la Policía, han iniciado una nueva línea de investigación sobre el presunto amaño de los contratos para el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palma por el PP y el pago, a través de fondos públicos, de facturas falsas. Un nuevo caso de corrupción por el que ayer se detuvo a cuatro personas, si bien no se descarta que se puedan producir nuevos arrestos.

Admitida la demanda de Huertas contra Podemos

El magistrado de primera instancia número 14 de Palma ha admitido a trámite la demanda de la presidenta del Parlament Xelo Huertas contra su antiguo grupo parlamentario de Podemos por su expulsión del mismo y su petición de que abandone el cargo por corrupción. El juez ha señalado para el próximo día 9 de febrero una vistilla para analizar si se adoptan medidas cautelares en relación a la petición de amparo de Huertas.

Santi Vidal renuncia al escaño de senador

El senador de ERC Santi Vidal ha desatado una tormenta política con sus revelaciones de que el Govern ha adoptado acciones ilegales para preparar el camino hacia la independencia de Catalunya. El ‘president’ de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reafirmado las declaraciones de Munté a través de Twitter y ha afirmado que “quien puede explicar lo que hace el Govern son sus miembros”. El exjuez ha asegurado en varias charlas públicas que la Generalitat ha obtenido los datos fiscales de todos los catalanes de forma ilegal. También ha explicado que el Govern ha investigado a los jueces para determinar quiénes encajarían en una Catalunya independiente. "De los 801 jueces españoles en Catalunya sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán", llegó a decir Santi Vidal.

El portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, ha defendido que la dimisión de Vidal tiene “toda la lógica democrática” y de esta forma ha “aceptado lo que no aceptó ayer”. Aún así, ha mantenido que con esta dimisión no acaban sus responsabilidades y que “alguien de ERC debería dar explicaciones” para entender “cómo durante meses un senador ha ido diciendo eso” por toda Catalunya. “Las afirmaciones deben ser desmentidas en sede parlamentaria y espero que lo haga Junqueras” ha zanjado.

El exjuez y senador de ERC ha presentado su renuncia voluntaria al acta de senador para no ser un obstáculo para el 'procés'. "He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el 'procés', pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad", asegura Vidal en un comunicado. "Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente y que las decisiones que se tomen en cada momento tendrán la cobertura legal del Parlament de Catalunya y de la ley de transitoriedad jurídica", mantiene Vidal, y admite que "tendría que haber constrastado mejor las informaciones antes". Para no generar más polémica, ha anunciado que suspenderá su agenda pública durante las próximas semanas.

Podemos no se ha sorprendido por las acciones atribuidas al Govern por Santi Vidal. En un documento difundido por la secretaria Política, la formación morada considera que “mientras no exista la posibilidad de desatar el nudo territorial de forma democrática a través de un referéndum efectivo es previsible que aparezca una escalada de ilegalidades tanto por parte de la Generalitat como del Gobierno”. En este sentido, defienden que “quien incumple la ley debe responder por sus acciones, siempre”.

El senador republicano mantiene sus conferencias programadas para hoy y mañana en Martorelles (Barcelona) y Bell-lloc d’Urgell (Lleida). De hecho, los organizadores de ambas poblaciones estudian ampliar el aforo de la charla. "Mantenemos la convocatoria. Y hoy más que nunca” porque “Santi Vidal tiene que salir y explicarse” ha asegurado en RAC1 el coordinador de l’ANC de Martorelles, Andreu Monzó. En la misma dirección ha respondido el alcalde de Bell-lloc d’Urgell, Carles Palau, quien ha defendido que “no le sorprenden relativamente” las tareas que pueda hacer el Govern a escondidas para seguir con el ‘procés’ aunque considera que “se deberían llevar con un poco más discreción”.

La Fiscalía General del Estado ordena abrir diligencias contra Santi Vidal por sus aseveraciones. El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado al Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, la apertura de diligencias a fin de que investigue los hechos, en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El portavoz de ICV, Ernest Urtasun, ha señalado que si son "mentira" las afirmaciones del senador Santi Vidal su actitud sería "incorrecta y totalmente reprobable". En declaraciones a TV-3, Urtasun ha defendido que en el proceso soberanista las "cosas se tienen que explicar como son" y, en este contexto, ha cuestionado que el exjuez y senador de ERC haya situado sus declaraciones en el marco de levantar "la moral" de los catalanes. "Si creyó en un momento determinado que diciendo y manipulando la verdad se alimentaba la moral de los catalanes....a la gente se le tienen que decir las cosas como son, tanto si son independentistas como si no lo son", ha argumentado el dirigente ecosocialista.

ERC se reunirá hoy mismo con Santi Vidal para “tomar las decisiones que se tengan que tomar”. Así lo ha comunicado el portavoz del partido, Sergi Sabrià, en una entrevista en Catalunya Ràdio. Según él, las polémicas afirmaciones de Vidal son “mentira” y se pueden atribuir al “entusiasmo” de los actos que organiza el partido republicano sobre el proceso independentista. “Lo que toca ahora es sentarnos y hablar con tranquilidad”, ha zanjado.

También ha opinado sobre las palabras de Vidal el ministro de Economía, Luis de Guindos. A su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), Guindos ha declarado: "Cuanto menos son de alguna forma indicativas. Hay contradicciones, como saben. Espero que nadie esté utilizando datos fiscales al respecto con una finalidad política, por supuesto".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado las afirmaciones de Vidal "no las dice cualquiera" sino que proceden de un juez. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha insinuado que las palabras del senador podrían tener algo de cierto ya que "si alguien quiere hacer un referéndum ilegal, tendrá que hacer alguna ilegalidad". Iceta ha alertado de que Vidal se ratificó en sus palabras tras la polémica, y ha reclamado al Govern que dé explicaciones no solo en los medios de comunicación sino desde el Parlament, por lo que registrará hoy mismo una batería de preguntas para el ejecutivo catalán, informa El Periódico.

Munté desmiente "categóricamente" a Santi Vidal

La 'consellera' de la Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, ha desmentido "de manera rotunda y categórica" que el Govern haya obtenido los datos fiscales de los catalanes de manera ilegal, tal como asegura el senador republicano y exjuez Santiago Vidal. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Munté ha calificado las afirmaciones de Vidal de "falsas, muy graves e inaceptables". Preguntada por lo que debería hacer ahora el senador, la 'consellera' ha respondido que las decisiones pertinentes corresponden al mismo interesado y a ERC.

Santi Vidal aixeca la catifa secreta de l'independentisme

El senador Santi Vidal participa des del novembre del 2016 en un cicle de xerrades organitzades per Esquerra Republicana (ERC) per explicar com seria la Catalunya independent. Les informacions que aporta l'exjutge –suspès del càrrec per escriure l'esborrany d'una Constitució catalana– són en molts casos sorprenents o apunten que s'estan produint actuacions irregulars. Vidal ha explicat que la Generalitat s'ha fet amb les dades fiscals de tots els residents a Catalunya i que els pressupostos del Govern tenen una partida camuflada, de 400 milions d'euros, per construir estructures d'Estat. Vidal també ha desvelat que la Generalitat investiga els jutges establerts a Catalunya i que un govern estranger no europeu -que ha de ser, per les dades conegudes per Agència Sírius, Israel- està formant els Mossos d'Esquadra en matèria de contraespionatge i seguretat.

Arrestan un guardia civil y otro agente por tráfico de cocaína

Una operación antidroga de la Guardia Civil se ha saldado con la incautación de 200 kilos de cocaína en Valencia y la detención de nueve personas, entre ellas un guardia civil destinado en el Puerto de Valencia y otro agente retirado que perteneció durante muchos años a la plantilla del Servicio Marítimo. Una ardua investigación del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, con escuchas telefónicas autorizadas por un juzgado, posibilitó la identificación de varios miembros de la red de narcotraficantes y la incautación del alijo de cocaína valorado en cerca de 6,8 millones de euros.

El grupo desarticulado utilizaba el método del gancho perdido para introducir la droga en Valencia. Este sistema delictivo consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

El guardia civil destinado en el Puerto de Valencia fue detenido el miércoles en el cuartel de Cantarranas ante la sorpresa de sus compañeros. Entre los arrestados hay también varias personas de nacionalidad colombiana, según informaron fuentes jurídicas. El agente retirado estaba destinado en las oficinas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia, pero dejó el instituto armado tras un periodo de tiempo considerable de baja por razones psicofísicas. Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial, informa Las Provincias.

Detenidos la mitad de los guardias civiles de Isla Mayor por narcotráfico

Los vecinos de Isla Mayor (Sevilla), un pequeño municipio en la ribera del río Guadalquivir, llevan días en estado de choque tras conocer que la mitad de la plantilla del cuartel de la Guardia Civil, empezando por el sargento, está detenida por narcotráfico. La operación, que se ha saldado con seis detenciones, ha sido ordenada por la Audiencia Nacional y aún continúa abierta, aunque se da por desarticulada la organización dedicada al narcotráfico mediante lanchas neumáticas.

Valencia: Encarcelado el policía detenido en una operación antidroga

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decretó ayer el ingreso en prisión de un policía nacional detenido en una operación antidroga. La juez encarceló a otros cuatro presuntos integrantes de una banda que introducía cocaína en Valencia. Todos los implicados fueron arrestados tras una ardua investigación de la Policía Nacional con escuchas telefónicas y seguimientos a varios sospechosos. Entre los detenidos se encuentra también un vigilante que trabajaba en el Puerto de Valencia y un vecino de Alfara de la Baronía.

320.500 empleos públicos menos en cinco años de fascismo del PP

La última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al cuarto trimestre de 2016, arroja buenas noticias: la tasa de paro cerró el año en el 18,63%, la más baja desde finales de 2009. Sin embargo, esta positiva evolución no se ha traducido de la misma manera en el sector público y en el sector privado. En los últimos 12 meses el número de personas ocupadas en el sector privado ha aumentado en 428.500 personas mientras que en el público se redujo en 14.600. Este retroceso es más acusado si se compara con las cifras del tercer trimestre de 2011, fecha en la que se registró el máximo de toda la serie histórica en el número de empleados públicos.

En septiembre de 2011 -año en el que los funcionarios vieron congelado su sueldo- el sector público contaba con 3,3 millones de ocupados mientras que ahora tiene 2,9 millones. Desde entonces hasta ahora se han perdido un total de 320.500 empleos públicos. Por otro lado, la EPA también refleja que el empleo público ahora tiene menos peso sobre el total que hace cinco años. A cierre de 2016, este sector representa un 16,1% del total del empleo, la tasa más baja desde el primer trimestre de 2009 (16,0%).

El sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, ha dado la voz de alarma ante el déficit de empleos públicos acumulados desde 2011, sobre todo teniendo en cuenta que 232.900 ocupados de este sector tienen más de 60 años y se encuentran a las puertas de la jubilación. Asimismo, CSIF advierte que la precariedad del mercado laboral también se extiende a las administraciones ya que un total de 680.900 personas del sector público tienen un empleo temporal (80.000 tienen un contrato que no llega a los tres meses), unas cifras que el sindicato considera “inaceptables para los niveles de calidad que debemos exigir a los servicios de nuestro Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación”.

En este sentido, el sindicato de funcionarios ha anunciado que el lunes mantendrá una reunión “urgente” con la secretaria de Estado de Función Pública para abordar la necesidad de diseñar ya una oferta de empleo público, en el contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. “Esta oferta de empleo deberá eliminar la tasa de reposición, es decir, que se produzcan contrataciones por encima de las jubilaciones de este año, para paliar el déficit estructural de las plantillas”, insiste CSIF.

El empleo público no ha evolucionado de manera uniforme en las distintas comunidades autónomas. Así, según la EPA, tomando de referencia el tercer trimestre de 2011 -con el número de empleos públicos en máximos de toda la serie histórica-, hay cuatro comunidades autónomas que han sumado ocupados en el sector público. Así, Islas Baleares cuenta ahora con 2.400 empleados públicos más que hace cinco años; Cantabria ha sumado 1.600; Navarra, 2.700 más y La Rioja 1.800. Por el contrario, las autonomías que más empleo público han destruido desde septiembre de 2011 son Madrid, con 88.900 funcionarios menos, y Andalucía, con 53.700 menos.

La inflación apunta ya un 3% con pérdida general de poder adquisitivo

Los tiempos de la inflación baja —medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC)— se alejan. Hasta el extremo de que en febrero la tasa interanual (los últimos 12 meses) escalará hasta el 3%. Es decir, el nivel máximo desde octubre de 2012, en plena recesión. Eso es lo que estima Funcas, que prevé que ya en enero (hasta el día 31, no se conocerá el dato adelantado), el IPC se sitúe en el 2,6%.

España, tan corrupta como Botswana y Georgia

Transparencia Internacional ha hecho público el Índice de Percepción de la Corrupción2016, donde los datos revelan que la corrupción en el sector público lejos de mejorar, tiende a empeorar. Según el Índice presentado, el 69% de los 176 países incluidos suspendieron en la valoración, obteniendo una puntuación inferior a 50 sobre 100. España se ubicó en el puesto 41 de la clasificación repitiendo la misma nota del año pasado: 58 puntos, aprobado raspado. De esta manera, repite su peor resultado histórico. En la clasificación europea, que es donde encuentra el contexto real, España se sitúa en la posición vigésimo primera de 32 estados, en la parte media-baja del ránking, por detrás de Eslovenia y Lituania, y por delante de Letonia y Chipre.

Munté desmiente "categóricamente" a Santi Vidal

La 'consellera' de la Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, ha desmentido "de manera rotunda y categórica" que el Govern haya obtenido los datos fiscales de los catalanes de manera ilegal, tal como asegura el senador republicano y exjuez Santiago Vidal. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Munté ha calificado las afirmaciones de Vidal de "falsas, muy graves e inaceptables". Preguntada por lo que debería hacer ahora el senador, la 'consellera' ha respondido que las decisiones pertinentes corresponden al mismo interesado y a ERC. "Estamos hablando de personas mayores de edad, conscientes del reto que tenemos y de la necesidad de ser el máximo de cuidadosos y pulcros con lo que hacemos y con lo que decimos. Hay que valorar si actitudes así suman al proceso o restan", ha reflexionado.

"Eso es absolutamente falso. Lo desmiento de manera rotunda y categórica. Estas declaraciones son muy graves porque son falsas y, por lo tanto, son inaceptables para el Govern". De esta manera, la 'consellera' Munté ha negado que el Ejecutivo catalán haya obtenido de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes, tal como ha asegurado el senador Santi Vidal, en el marco de un ciclo de conferencias organizadas por ERC. Munté ha defendido que el Govern actúa "con total transparencia", y ha querido dar un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos. "Somos un gobierno que está desarrolando un mandato de la ciudadanía y estamos trabajando con seguridad jurídica", ha asegurado, para después añadir que las cosas se están haciendo con el máximo rigor y con una conducta del todo ejemplar.

La 'consellera' ha insistido en la "legitimidad y la legalidad" del 'procés' y ha garantizado que el Govern da ningún paso que no sea "perfectamente legal". Preguntada por la decisión que debería tomar ahora Vidal, Munté ha dicho que no le pertoca al Govern decir qué es lo que tiene que hacer, y ha situado esta cuestión en manos del mismo senador y de ERC. Munté también ha negado otras afirmaciones que había hecho Vidal, como que hay agentes infiltrados del CNI en los Mossos, que hay preparado un fondo internacional de 200.000 MEUR o que ya exista el compromiso de 12 Estados de reconocer una Catalunya independiente. En referencia a los 300 jueces de los 800 que hay en Catalunya que Vidal dice que son independentistas, Munté ha asegurado que el Govern "no hace listas ni distingue entre buenos y malos", y ha añadido que es evidente que debe de haber jueces independentistas y otros que no lo sean.

Respecto a las declaraciones de la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, que ha considerado "necesario" que los funcionarios pidan fiesta el próximo 6-F para acompañar al 'expresident' Artur Mas y a las 'exconselleres' Joana Ortega e Irene Rigau al tribunal, Munté ha querido dejar claro que "el Govern no pide a la ciudadanía que vaya a una manifestación sino que son las entidades las que hacen un llamamiento a la participación". "En ningún caso se ha presionado a los funcionarios", ha recalcado, informa El Periódico.

Santi Vidal aixeca la catifa secreta de l'independentisme

El senador Santi Vidal participa des del novembre del 2016 en un cicle de xerrades organitzades per Esquerra Republicana (ERC) per explicar com seria la Catalunya independent. Les informacions que aporta l'exjutge –suspès del càrrec per escriure l'esborrany d'una Constitució catalana– són en molts casos sorprenents o apunten que s'estan produint actuacions irregulars. Vidal ha explicat que la Generalitat s'ha fet amb les dades fiscals de tots els residents a Catalunya i que els pressupostos del Govern tenen una partida camuflada, de 400 milions d'euros, per construir estructures d'Estat. Vidal també ha desvelat que la Generalitat investiga els jutges establerts a Catalunya i que un govern estranger no europeu -que ha de ser, per les dades conegudes per Agència Sírius, Israel- està formant els Mossos d'Esquadra en matèria de contraespionatge i seguretat.

Pino ocultó datos al juez al declarar en el caso 'Nicolás'

Audios, documentos judiciales, informes encargados por Interior... forman un cuerpo de pruebas que indican que Eugenio Pino, número dos de la policía con Fernández-Díaz, presuntamente prestó falso testimonio cuando tuvo que declarar por la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos. Grabación que, supuestamente, ayudó a realizar y difundir la 'brigada política' que él mismo dirigía. ¿Qué se esconde tras el caso del pequeño Nicolás para que un número dos de la Policía oculte datos relevantes al juez cuando declara como testigo y, por tanto, tiene la obligación de decir la verdad?

Esta cuestión fundamental para esclarecer la trama de la 'brigada política', que operó bajo el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aflora del contenido de las palabras del propio Eugenio Pino reveladas ayer en exclusiva por Público. Porque en su conversación telefónica con un comisario, cuyo audio fue desvelado por este diario, el ex director adjunto operativo (DAO) subraya que ha advertido a un coronel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que si le vuelven a llamar a declarar –esta vez como investigado– en la pieza separada más comprometida del caso Nicolay, va a contar lo que no le dijo al magistrado cuando debía: "...o sea, que no me llamen a declarar".

En 6 de noviembre de 2015, el juez Arturo Zamarriego advirtió a Pino (entonces número dos de la Policía) al comienzo de su declaración como testigo de que debía "contar todo lo que sabe. O sea, no bastaría con el silencio". Sin embargo, los audios de Público demuestran que el comisario ocultó lo que sabía sobre si el CNI tenía o no intervenido el teléfono de Nicolás –algo que podría ayudar a la defensa o a las acusaciones del caso–, como le transmitió a un coronel de los servicios secretos tres días antes de que el digital de Eduardo Inda publicara el primer aviso del chantaje diseñado por la brigada política: "Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir, o sea, que no me llamen a declarar". Yo creo que es un [ininteligible] ¿No?"

Pero no sería la única irregularidad cometida en sede policial por el mando policial acusado ahora de extorsión, encubrimiento y obstrucción a la Justicia por Podemos ante la Audiencia Nacional. Gracias a las notas informativas que el comisario Villarejo ha entregado a los dueños de la Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco, se ha podido descubrir que el DAO también mintió para cubrirle cuando fue preguntado por Zamarriego por las actividades empresariales de éste. Incluso su mano derecha, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, habría vulnerado la ley cuando elaboró el informe sobre la compatibilidad entre estas funciones públicas y privadas del mismo Villarejo.

En 2015, el ministro Fernández Díaz encargó a la dirección general de la Policía que elaborara un informe sobre la actividad empresarial del comisario Villarejo, después de que se desvelara que tenía una veintena de empresas tanto en Urugay y Miami como en España; una fortuna de 16 millones de euros. El caso del pequeño Nicolás estaba en plena ebullición, después de que las investigaciones sobre la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos apuntara a la connivencia de esta cúpula policial para grabar ese encuentro secreto y para su difusión a través del medio de comunicación del comisario Villarejo y su esposa, Información Sensible. Para esa operación se sirvieron también del tertuliano Eduardo Inda con el fin de contaminar el procedimiento, entregándole esa grabación al propio Nicolás, según sostiene la comisión judicial que investiga el caso.

El comisario Eugenio Pino hizo el encargo a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, quien realizó un informe en el que aseguraba que todas las actividades empresariales de Villarejo estaban dentro de la Ley, a pesar de que, según explica el inspector jefe Fuentes Gago en el informe al que ha tenido acceso Público, “NO consta solicitud de compatibilidad [en el Ministerio de Administraciones Públicas], desde nuestro punto de vista hay que resaltar que no resulta necesaria”. Tras las conclusiones de este informe, que ha permanecido secreto hasta que fue requerido por el Juzgado de Instrucción Número 2, el propio ministro Fernández Díaz salió en público haciendo una defensa férrea del comisario Villarejo y de los "grandes servicios" que había prestado a la patria.

Uno de los motivos alegados en dicho informe era que el comisario Villarejo acudía todos los días a su puesto de trabajo, donde tenía una mesa, con un ordenador y demás material necesario para su labor. También aseguraba que las empresas no interferían en su trabajo, a pesar de que algunas de ellas son de investigación privada, despachos de abogados o consultoría y asesoría y entre sus clientes se encuentran poderosos hombres con problemas judiciales, como es el caso del empresario y "compi-yogui", Javier López Madrid.
"Cuando el señor Marcelino es enemigo declarado del señor Villarejo"

El propio Eugenio Pino aseguraba al juez en noviembre de 2015 que él no tenía conocimiento de la actividad empresarial de Villarejo: "El conocimiento que yo tengo del asunto es a través del señor Marcelino [refiriéndose al ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, investigador de la causa del Pequeño NIcolás]. Si Información Sensible es conocido que es o tiene relación con el señor Villarejo es por el señor Marcelino. Si el señor Villarejo tiene esto o lo otro es porque el señor Marcelino me ha dicho que tenía... bien, vale, cuando el señor Marcelino es enemigo declarado del señor Villarejo, entenderá usted que yo siempre lo ponga entre comillas".

Pero en una nota informativa relacionada con la Operación Cataluña con fecha de 4 de julio de 2014, el comisario José Manuel Villarejo le escribió a Eugenio Pino, informándole de lo siguiente: "[Villarejo] No usa despacho en ninguna sede policial, menos aún en la DAO, empleando por medida de seguridad para el contacto con sus colaboradores una minúscula oficina alquilada con documentación operativa, cuyos gastos por cierto, aún no se le han abonado, a pesar de que se articuló la misma por orden de la superioridad".

Aseguraba también Villarejo en aquella nota dirigida a su jefe que, al no estar cumpliendo "la superioridad" con su compromiso económico, como "única ayuda" contaba con la que "a nivel privado recibe de empleados de la estructura empresarial familiar, firmas a las que en la mayoría de las ocasiones utiliza como cobertura para sus actividades de interés policial, todo ello además, sin coste alguno para el erario público". Es decir, Pino tenía conocimiento por escrito de lo contrario de lo que declaró al juez. Algo que, además, era totalmente contradictorio con el informe que firmó Fuentes Gago, informa Público.

La 'brigada política' de Fernández-Díaz chantajea al CNI y a la Casa Real


El recién jubilado Director Adjunto Operativo del exministro de Interior Fernández Díaz ha amenazado a los servicios secretos españoles con revelar todos los detalles de la relación sentimental del rey emérito Juan Carlos con la aristócrata alemana Corinna Sayn-Wittgenstein si es investigado en alguna de las causas judiciales abiertas sobre la mafia policial que dirigió. Pasado ya el primer aviso que está aireando un medio digital, la extorsión a las más altas instituciones del Estado ha tomado forma: o se detienen las investigaciones judiciales sobre la brigada política montada en la anterior cúpula del Ministerio del Interior o estallará un escándalo mediático sin precedentes que socavará a la mismísima Casa Real.