dilluns, 6 de febrer de 2017

Myanmar: Monje budista detenido con 4 millones de metanfetaminas en el monasterio

Un monje budista en Myanmar ha sido sorprendido ocultando más de 4 millones de píldoras de metanfetamina en su monasterio, dijo la policía, tras un récord de incautaciones de estupefacientes el año pasado. El monje, llamado Arsara, fue puesto bajo custodia después que la policía descubriera cientos de miles de tabletas en su auto mientras conducía desde la aldea de Shwe Baho a la ciudad de Maungdaw, en el estado de Rakhine, limítrofe con Bangladesh. Myanmar es uno de los principales países productores de estupefacientes del mundo.

Kyaw Mya Win, jefe de la policía local, dijo que encontraron 400.000 pastillas de drogas cuando registraron su vehículo el domingo por la noche. Entonces fueron al monasterio del monje y encontraron otros 4.2 millones de píldoras. Myanmar es uno de los principales países productores de narcóticos del mundo, como la fabricación de grandes cantidades de metanfetaminas, así como de opio y cannabis, formando con Laos y Camboya el llamado "Triángulo del opio", desde el dominio colonial británico que lo impuso como moneda al imperio chino, lo que provocó las "guerras del opio" contra Gran Bretaña (1839-1842 y 1856-1860) y contra Japón (1894-1895) o la famosa revuelta de los boxers.

Las píldoras de metanfetamina son muy populares por su precio barato en toda Asia pese a sus graves efectos secundarios. El año pasado, la policía confiscó un record de comprimidos estimulantes de 98 millones de dólares, después de que se incautaran 50 millones en 2015. El número de procesamientos por drogas también aumentó en un 50% desde 2015 hasta 13.500, lo que refleja el crecimiento del comercio local de drogas con el nuevo gobierno oligárquico de Aung San Suu Kyi.

El tráfico ha ido particularmente en aumento en el estado de Rakhine, donde viven más de un millón de personas de la empobrecida y masacrada minoría musulmana Rohingya por la población budista arengada por los propios monjes theravadas, soporte fundamental de la feudalización social birmana. En septiembre, la prensa estatal informó que dos hombres habían sido arrestados después de que se encontraron 6,2 millones de tabletas de metanfetamina en su automóvil en Maungdaw. Los fabricantes de fármacos de metanfetamina atraen a niños en Tailandia con píldoras de yaba recubiertas de dulce, informa The Guardian.

Myanmar: Aung San Suu dispara los juicios por criticar su gobierno

Decenas de personas han sido acusadas o encarceladas en Myanmar (Birmania) por presuntamente difamar al régimen que lidera la fascista oligarca y Premio Nobel Aung San Suu Kyi, lo que aumenta los temores de una continua opresión del régimen títere de la OTAN. Durante décadas, el castigo por hablar en contra de los gobernantes de Myanmar fue simple y garantizado: un tiempo muy largo detrás de las rejas.

Los Nobel acusan a Aung San Suu Kyi de la "limpieza étnica" contra los Rohingya

Más de una docena de premios Nobel han criticado a Aung San Suu Kyi, ministra de Relaciones Exteriores de Myanmar, que legalmente está excluida de la presidencia por ser extranjera pero es la cabeza de facto del gobierno y del país, por la sangrienta represión militar contra la minoría rohingya, advirtiendo de una grave tragedia humanitaria por "la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad".

Bangladesh: miles de despedidos y represaliados por pedir más salario

Docenas de personas han sido arrestadas en medio de enfrentamientos con la policía, mientras los trabajadores en la miseria exigen triplicar su salario para poder sobrevivir. Al menos 1.500 trabajadores han sido despedidos de las fábricas de prendas de vestir de Bangladesh, según los empresarios, después de que las protestas forzaron una huelga de una semana en decenas de talleres que abastecen a las principales marcas europeas y estadounidenses.

¡Hasta la limpieza de las cloacas está bajo sospecha en Valencia!

El contrato de mantenimiento de los 971.000 metros de alcantarillado de Valencia está sobre la mesa del juez. El juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula, la investigación sobre la «organización criminal» de Alfonso Rus y el PP, ha requerido al Ayuntamiento de Valencia el expediente de la contrata de mantenimiento de alcantarillado que se adjudicó en 2006 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras e Infilco SA. El juzgado solicitado datos sobre este contrato municipal que ascendió a un importe de 8,6 millones de euros anuales por un periodo de 10 años. El expediente lo tramitó el ex concejal de ciclo integral del agua, Ramón Isidro Sanchís (PP), y estas dos empresas se han hecho cargo en los últimos diez años de las 24 estaciones de bombeo de Valencia, 11 grandes compuertas, 20 estaciones de control de bombeo y 21 estaciones de control de la contaminación medioambiental, entre otros servicios e instalaciones municipales.

Estas diligencias forman parte del subpieza del caso Taula que el juzgado declaró secreta y que investiga la presunta financiación irregular de la campaña de la ex alcaldesa Rita Barberá en las elecciones municipales del año 2007. El magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, creó esta pieza separada tras aparecer nueva documentación que acreditaría que constructoras y contratistas municipales donaron centenares de miles de euros al grupo municipal popular.

Esta investigación seguirá secreta al menos hasta el próximo 10 de febrero y por el momento se desconoce si los investigadores han requerido el expediente ante la sospecha de que pudo ser amañado o para compararlo con otros expedientes administrativos. Según admitieron fuentes próximas al caso, los requerimiento del juzgado al Ayuntamiento se han multiplicado en los últimos meses a raíz de que la Guardia Civil tuviera conocimiento de las donaciones de grandes empresas al PP de Valencia.

Las constantes peticiones de información al Ayuntamiento se completaron la semana pasada con la personación de los investigadores en varias fundaciones municipales para conocer los contratos de organismos autónomos con Laterne, la agencia de comunicación que habría recolectado los fondos de la campaña de Barberá en el año 2007. Además, según fuentes conocedoras de las diligencias, en los últimos días agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) también se han personado en diversas constructoras que aparecen en el listado de donantes que maneja la Guardia Civil para conocer los conceptos por los que facturaron con Laterne.

Antes de declararse esta nueva pieza secreta, en el mes de julio, la Guardia Civil ya entregó un informe al juzgado en el que concluía que el PP municipal manejó «importantes cantidades de dinero en efectivo en billetes de elevado valor facial» para ganar sucesivas elecciones con trampas, cometió «delitos electorales continuados» al menos desde 2006 y un rosario de «infracciones relacionadas con la financiación irregular» de su partido a través de aportaciones ilegales de empresarios o terceros.

Según la UCO, así funcionaba la trama municipal del PP: «Un recaudador anónimo recoge distintas cantidades en efectivo entre personas no identificadas, principalmente en fechas próximas a las elecciones, siendo entregadas a la secretaria del grupo -García-Fuster- que personalmente lo ingresaba en efectivo en una cuenta titulada por el propio grupo de la que es autorizada, evitando el uso de las específicamente establecidas para ese fin», sufragando con dichos fondos «gastos electorales propios del partido y no los gastos de funcionamiento del grupo municipal».

Las donaciones. Desde un punto de vista policial «la dinámica descrita que permite que terceros sufraguen de manera efectiva gastos propios del partido, velando su identidad de manera buscada, se perfecciona de tal modo que permanecería oculto a todos los órganos fiscalizadores posibles».

Los donantes. La semana pasada, al margen de la petición de información a fundaciones municipales, la UCO también se personó en empresas que aparecen como donantes. La Guardia Civil preguntó por el destino del dinero, informa El Mundo.

Valencia: guardias civiles y PP, años cobrando sin trabajar

El PP valenciano puede salir muy maltrecho de la Operación Taula. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene acreditado que la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa tuvo en nómina a militantes y excargos públicos del PP durante años sin que estos acudieran nunca a trabajar, según la información contrastada por Levante-EMV de los meses de investigación a la trama corrupta. Los agentes de la Benemérita se centran en la etapa de Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa en los años 2004 a 2006 y exvicepresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015. El modus operandi es calcado al que realizó Marcos Benavent en Imelsa, donde varias personas vinculadas a los populares de la ciudad percibían un salario sin acudir al puesto de trabajo.

El Presidente de Murcia investigado por 4 delitos

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se ha declarado competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del caso 'Auditorio' por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto al aforado Pedro Antonio Sánchez, presidente del Gobierno murciano. Así lo han acordado los tres magistrados que integran la Sala, tras analizar la exposición razonada de la juez de Instrucción 1 de Lorca y el escrito del Ministerio Fiscal en este caso de presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando el presidente de la Comunidad era alcalde de dicho municipio.

La mafia del PP contra prohibir dar contratos públicos a los defraudadores

El gobierno fascista y corrupto del narco Rajoy vuelve a recurrir ante los tribunales una medida aprobada por el Ejecutivo castellano de Emiliano García-Page. Igual que hizo anteriormente con la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos y con la convocatoria de diversas ofertas de empleo, el Gobierno central ha emprendido acciones judiciales para tumbar las cláusulas sociales que regulan la contratación del sector público de Castilla-La Mancha y que entraron en vigor el pasado mes de octubre.

Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”

Mil € por 28 m2 en Vallecas: la especulación con el alquiler se dispara

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un piso de 28 m2, sin amueblar, en Vallecas? Jorge, el propietario, lo ofrece por 990 euros, un 40% más que el salario mínimo interprofesional. "Lo acabo de apalabrar y ya me han dado el adelanto", zanja por teléfono. Ahora, pongamos que tienes niños y que necesitas una habitación para no tener que dormir todos juntos en el salón como si tu vida fuese una escena de neorrealismo italiano. En ese caso, puedes meterte en estos 60 m2 (construidos) por 1.390 euros al mes. Cerca de Ventas. Si quiere vivir en zonas más céntricas se encontrará con pisos de 32 m2 en Chueca, por 1.390 euros. Si andas más holgado de presupuesto, hay cosas más céntricas, como esta: 35 m2 por 4.500 euros al mes. Y Barcelona es aún más cara.

Se trata de casos extremos, elegidos por llamativos, pero que encuentran clientes en un mercado que está enloqueciendo en España, especialmente en Madrid, Barcelona y la costa mediterránea, donde una mezcla de factores ha elevado el metro cuadrado a niveles superiores a los existentes antes de la crisis, pulverizando los registros históricos. Aunque los datos varían según quien los recoja, todos los informes reflejan subidas meteóricas. El portal inmobiliario Idealista, por ejemplo, habla de cerca del 16% en 2016 en toda España, con picos como el de Cataluña, donde creció casi un 27%.

Jorge dice que no van detrás de algo céntrico, ni tampoco muy grande: "Me conformo con una casa normal, sin miserias: de unos 50 metros cuadrados con un salón y una habitación”, comenta. “Llevamos casi un mes buscando y han llegado a enseñarnos cuchitriles con humedades por más de 1.000 euros, sótanos sin ventanas por 700, casas con un espacio en el pasillo al que llaman salón. Y armarios reconvertidos en habitaciones como las que ofrecían hace años en Londres. Algunas cosas son increíbles”, asevera. Alejandra experimentó una situación parecida: “Lo que más nos sorprende", continúa, "es que en los barrios tampoco es mucho más económico. En Villaverde, el más barato de Madrid, las cosas decentes pasan de los 800 euros, que es casi mi salario mensual. Me indigna tener que bajar tanto el baremo, conformarme con cosas como muebles cochambrosos, etcétera. En cuanto alguien compra cuatro muebles de Ikea, lo alquila como si fuese una casa de lujo. Lo medianamente digno es lujo en Madrid”.

La percepción de la calle encuentra respaldo en los datos del sector, que muestran un auténtico 'boom' del alquiler, un aumento espectacular de la demanda que se disparó hace aproximadamente un año y medio, más o menos cuando se comenzó a consolidar la recuperación de la economía y ante los bajos rendimientos para el capital de bancos y fondos de inversión que se lanzaron a la especulación con el mercado de alquiler, empujados por los negocios fraudulentos de Ana Botella y los fondos buitre de Blackstone en Madrid.

Fernando Encinar, fundador y jefe de estudios del portal inmobiliario Idealista, destaca un dato: “En el año 2000, solo el 9% vivía de alquiler. La cifra hoy, en Madrid y Barcelona, supera el 25%. Es decir, hay muchas más casas disponibles, pero la demanda se ha incrementado tanto que no son suficientes. El alquiler ha dejado de ser el patito feo del sector inmobiliario en España y vivimos esa transformación”. El susodicho Encinar obvia, no obstante, que el aumento del alquiler a precios desorbitados solo demuestra que los bajos salarios de los españoles les impiden acceder a una vivienda de propiedad a precios inalcanzables.

Los analistas que viven del sector coinciden en identificar varios factores que explicarían este cambio brusco de patrón de uso inmobiliario español. Para Beatriz Toribio, del departamento de estudios de Fotocasa, la clave está en la emancipación de jóvenes que encuentran trabajos en los núcleos urbanos como Madrid o Barcelona. "Con los sueldos actuales y sin ahorros, no tienen dinero para pagar la entrada de una hipoteca, así que descartan la compra. Alquilar es su única opción de independizarse. Además, son reacios a meterse en los mismos problemas que vieron durante la crisis y no tienen una seguridad laboral como la de sus padres para hacer planes a largo plazo". Yo les llamo la generación Erasmus, gente que ha estudiado fuera y ha visto que en otros países vivir de alquiler es muy normal", dice.

Claves de la subida de los alquileres en España

Otros factores demográficos también explican por qué se afianza esta situación de precariedad en España. Por ejemplo, el número creciente de divorcios (el varón de la pareja habrá de alquilar en la mayoría de casos) y la congestión de los grandes centros urbanos españoles. “Estas localidades centralizan la mayoría del flujo migratorio interno, derivado de personas que se trasladan desde sus pueblos y pequeñas ciudades a buscar empleo, formarse o a trabajar. Y también del externo, debido a niveles récord de turismo, explicado en buena medida por el abaratamiento del euro, los precios en España y al aumento de conflictos en el norte de África”, analiza el economista Eduardo Garzón.

Que la demanda se haya disparado no termina de explicar cómo puede llegar a pedirse un tercio más de lo que se cobraba hace tres años en algunos lugares privilegiados de Madrid o Barcelona. Encinar cree que, además de todo lo anterior, estamos viviendo un efecto rebote. “Durante la crisis, se bajaron mucho los precios porque era lo que tocaba. Los contratos que se firmaron entre 2010 y 2013 eran contratos de crisis, con una duración de 1+4 primero y 1+3 después. Pero esos contratos están expirando y los precios se actualizan. Cuando vuelve a salir una casa al mercado, el precio se revisa al alza”.

Es lo que hizo Víctor, propietario desde hace 15 años de un apartamento de dos habitaciones en el barrio madrileño de Prosperidad. “La casa está bien, pero apenas hemos hecho reformas en 10 años. Antes de la crisis, llegamos a pedir 1.350 euros. A los inquilinos que entraron en 2010 se la rebajamos a menos de 1.000. Ahora se han ido y volvemos a pedir los 1.350 de entonces. El anuncio lleva dos días y han llamado seis familias interesándose. Me arrepiento de no haber pedido un poco más”, afirma.

En el centro de las grandes ciudades y zonas costeras (especialmente en las Baleares), los alquileres turísticos, como AirBnb, también tiran de los precios. Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, sostiene que está viendo crecer en directo "una burbuja especulativa". "No hay semana que no encuentre en mi buzón un mensaje o una carta para ver si quiero vender mi vivienda. Están buscando a lo bestia porque la rentabilidad que le sacan es mayor que la de cualquier producto financiero. Cogen una casa, le dedican un dinero a ponerla bien y alquilan a turistas, estudiantes o gente con mucho dinero. El propósito fundamental es el alquiler turístico. Aquí es muy difícil ya encontrar una casa para vivir, y las que hay tienen precios prohibitivos.

Encinar cree que el alquiler turístico no es un factor definitivo, pero admite que aporta su granito de arena a la subida de los precios. "Me preocupa que se quiera criminalizar como única razón por la que suben los alquileres. Desde luego, no es la única causa. Los precios están subiendo en todos los distritos y el alquiler turístico se concentra en los más céntricos. De hecho, donde más suben los precios en Madrid es en Villaverde, Usera y Vallecas", argumenta. "En realidad, el mayor culpable de que suban los precios es que hay más empleo. La gente que accede al mercado laboral busca casa de alquiler". Las medidas propuestas por los expertos para frenar la escalada de precios atraviesan un eje ideológico. Julio R. López, vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis, opina que hace falta una política de vivienda como la que proponen los ayuntamientos en manos de Podemos. "Estos municipios son más dinámicos y los únicos preocupados por el alquiler. Es necesario aumentar la oferta construyendo vivienda pública o comprándole pisos al Sareb", dice.

El alquiler público, prácticamente inexistente en España, está a la orden del día en buena parte de Europa y otras latitudes, incluidos países como Singapur, nación que suele encabezar los listados de libertad económica y donde más del 80% de la población ocupa viviendas públicas. Encinar cree que "la mejor manera para que bajen los precios es que aumente la oferta. Y eso solo se consigue dando seguridad jurídica y flexibilidad a los propietarios, intensificando las medidas que han impulsado los dos últimos gobiernos, el de Zapatero y el de Rajoy, y que ahora están en riesgo por las políticas sobre desahucios o sobre las multas por casa vacía que proponen algunos ayuntamientos. Esas medidas solo desincentivan el alquiler y hacen subir los precios del mercado. Nadie quiere alquilar si no tiene protección ante impagos". El fundador de Idealista también apuesta por "crear bolsas de vivienda pública destinada al alquiler, como Alemania o Austria, donde el 83% de la población vive de alquiler", informa El Confidencial.

64.500 personas en Euzkadi reciben una renta básica de entre 650 a 959 €

Euzkadi es la única comunidad en España que concede una prestación similar a la renta básica, desde hace siete años. Es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a apoyar a las unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Actualmente alrededor de 64.500 personas perciben esta ayuda cada mes, con importes que oscilan, según los casos y las circunstancias del demandante, entre los 625 y los 959 euros mensuales.

La UE falla contra España por cláusulas hipotecarias abusivas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue escarbando en la legislación hipotecaria española y el último asunto que ha pasado por su mesa vuelve a dar un toque de atención a España. En este caso en relación a las claúsulas de vencimiento anticipado y su retroactividad. La corte advierte que un juez debe poder examinar cualquier cláusula de oficio, sin limitaciones, si considera que son abusivas, incluido durante una fase posterior del procedimiento como es la ejecución hipotecaria.

Valencia aprueba la ley que permitirá expropiar viviendas vacías

El pleno de Les Corts ha aprobado hoy la ley de Función social de la vivienda, que busca movilizar las viviendas vacías disponibles, de las que se creará un registro, e incluye la posibilidad de expropiación forzosa del usufructo de la vivienda. La aprobación de la ley, la primera que presentó el actual Consell, ha contado con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, mientras que el PP ha votado en contra al considerar que es una norma "Frankenstein".

Crece la pobreza en una Barcelona para ricos


El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este lunes el informe sobre la distribución de la renta familiar disponible per cápita en Barcelona, que en los últimos años ha mostrado una ciudad partida entre ricos y pobres, con una gran distancia entre ambos grupos y un espacio, el de las rentas medias, que han pasado a ser bajas.

Vídeo: Ministro israelí utiliza cebolla para llorar... ¡y le pescan!

Medios israelíes difunden un video que muestra como el ministro del interior, Arie Deri, ‎emplea cebolla para llorar por la muerte de un rabino.‎ Deri fue capturado por las cámaras frotándose cebolla en los ojos para provocarse lágrimas y llorar en la conmemoración del rabino fallecido en 2013 Ovadia Yosef, fundador del partido sionista Shas. Las imágenes, que fueron filtradas por el cantante Benny Elbaz, un antiguo amigo de Deri que también aparece en el video, fueron emitidas por la televisión israelí y otros medios de comunicación. Sefi Shaked, asesor de la campaña electoral de Deri, reconoció que le había dado la idea de emplear cebolla para poder llorar.

Arie Deri, de 57 años de edad, fue entre 1988 y 1993 titular del ministerio del interior israelí, pero dejó el cargo en 1993 después de ser acusado y condenado en el 2000 a tres años de prisión por cohecho, fraude y abuso de confianza. Deri pasó casi dos años en la cárcel y salió del círculo político sionista durante siete años. Fue reinstalado como presidente del partido Shas en 2013.

Arye Deri renunció al liderazgo de Shas en diciembre de 2014, un día después de que se publicara un video en el que el difunto fundador del partido, el rabino Ovadia Yusef, tachaba a Deri de “ladrón”. Deri fue nombrado ministro de economía por el genocida sionista Netanyahu, pero dimitió el pasado noviembre de 2015 para permitir la aprobación de un controvertido proyecto para la explotación de yacimientos de gas natural. Desde entonces ha estado unos meses ausente de la política, hasta que el consejo de ministros israelí aprobó en enero de 2016 de manera unánime su designación como nuevo ministro del interior y cabeza de la represión contra Palestina, informan Times of Israel y HispanTV.

Shas: un psrtido teocrático, sionista y racista

Shas (hebreo: ש"ס) o "Asociación Internacional de los Sefardíes Observantes de la Tora" (Hebreo: התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה), es un partido político de Israel, representante de los sefardís ultraortodoxos. Fue fundado en 1984 para concurrir en las elecciones de ese año en las que consiguió cuatro escaños en la Knéset. El partido fue formado bajo el liderazgo del rabino Ovadia Yosef y fue progresando en cuanto a resultados en las siguientes convocatorias electorales, tocando techo en 1999 con 17 diputados. Bajaría hasta los 11 en el 2003 y en las elecciones del 2006 obtuvo 12 diputados, quedando como tercera fuerza política por delante de partidos tradicionales del sionismo hegemónico como el Likud. Poco después de las elecciones, el Shas entraría en la coalición de gobierno de Ehud Ólmert, siendo así ministro su líder actual, Eli Yishai.

Desde 1999 varios parlamentarios de Shas han sido acusados de conductas delictivas, como Shlomo Benizri, convicto de soborno en 2008. Una de sus medidas políticas más criticadas fue la de querer deportar a 400 niños, nacidos en Israel y no 'judíos', que serían hijos de inmigrantes que habrían entrado ilegalmente en la colonia sionista. Su política también es contraria a la homosexualidad y a las manifestaciones públicas de la misma, como los desfiles del Orgullo Gay, informa Wikipedia.

Irán responde a las sanciones de Trump y prohibe a los estadounidenses entrar en su territorio

La diplomacia iraní ha reaccionado rápidamente a las nuevas sanciones de EEUU contra 13 ciudadanos y 12 empresas de Irán. En respuesta a las nuevas sanciones anunciadas por EEUU contra Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní prometió en un comunicado que Irán aprobará sanciones contra individuos y empresas estadounidenses que apoyan el extremismo, el terrorismo y la represión contra los pueblos de Oriente Medio. Irán califica de “ilegales” las nuevas sanciones norteamericanas dirigidas contra ciudadanos y empresas iraníes bajo el pretexto de la reciente prueba de un misil por parte de Irán.

Jack Ma (Alibaba) a Trump: "Si el comercio se detiene, comienza la guerra"

Jack Ma, CEO del mayor minorista en línea de China ha advertido a Trump, ante su amenaza de poner aranceles y proteger con dinero público y leyes arancelarias la industria de EEUU, que "si el comercio se detiene, comienza la guerra". Jack Ma, quien conoció al presidente estadounidense Donald Trump el mes pasado y anunció que su empresa Alibaba ayudaría a crear un millón de empleos en Estados Unidos, añadió: "El mundo necesita la globalización, necesita el comercio".

Síria: Denuncian vínculos entre Al-Nusra e Israel

Los medios oficiales y la prensa de Siria ratifican los vínculos de la llamada ”oposición siria” con figuras del régimen sionista de Israel, tal y como denunció el diario libanés Al Akhbar. Según las informaciones divulgadas en Damasco, en esas maniobras tiene un papel preponderante Yubal Rabin, hijo del ex primer ministro israelí Yitzhak Rabín y fundador de la llamada asociación Amalia, muy vinculada a las acciones contra Siria. La mencionada asociación tiene oficinas en EEUU e Israel, y mueve a sus ‘activistas’ entre el Líbano, Jordania, Turquía y ‘hace todos los esfuerzos posibles’ para promover una “zona de seguridad” en el sur de Siria.

CCOO: la solución a las pensiones es "un empleo de calidad y la mejora de los salarios”

El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha reclamado al Gobierno del PP que agilice las negociaciones para lograr “el necesario reequilibrio financiero del sistema de pensiones. Y para lograrlo el mejor camino es el del empleo de calidad y la mejora de los salarios que perciben los trabajadores y trabajadoras, muy mermados con la crisis” y que “también hay que corregir los efectos nocivos de la reforma de las pensiones de 2013, que ha provocado una fuerte pérdida de poder adquisitivo entre los pensionistas españoles”.

Una vez más se ha puesto de manifiesto en el seno de nuestra organización, y en otras de la sociedad civil y en las diferentes administraciones públicas, que todo lo relacionado con la afiliación a la Seguridad Social y las pensiones tiene tirón. El salón de actos del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES-CyL) en Valladolid ha sido un fiel reflejo de lo mucho que preocupan estos temas en el sindicato. Tal es así que hubo personas que tuvieron que asistir de pie al desarrollo de la “Jornada sobre afiliación y pensiones en Castilla y León durante 2016”. El pleno del recinto para escuchar a nuestros expertos regionales y de la Confederación sindical de CCOO lo han certificado.

CCOO tiene voluntad de llegar a un acuerdo en este asunto estratégico

De cara a la negociación con el Gobierno, Carlos Bravo ha mostrado su voluntad clara de alcanzar acuerdos, pero también ha pedido “responsabilidad tanto al Gobierno como a los sindicatos y la patronal más allá del corto plazo dado el carácter estratégico de las pensiones. Para recordarque el sistema de pensiones está garantizado por el Estado, y lo que es preciso asegurar son unos ingresos razonables y revertir la disminución reiterados de las mismos”. En ese orden, abogó por mejorar las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, que en la actualidad suponen unas transferencias anuales de 13.000 millones de euros. La postura de CCOO es la incrementar el gasto en pensiones hasta el 15% del Producto Interior Bruto (PIB), que son los porcentajes que manejan los países europeos de nuestro entorno.

Ante la fuerte situación de déficit de la Seguridad Social y el más que evidente agotamiento de la caja común para este próximo verano, criticó el proceder del Gobierno, ya que de las cuatro mesas anunciadas en el marco del Diálogo Social a nivel estatal, sólo se ha abierto la de las pensiones, que ha celebrado dos sesiones hasta la fecha, y el resto siguen paralizadas. Bravo también ha subrayado la importancia de tener en cuenta la suficiencia de las pensiones y ha recordado que con la reforma de 2013, en 2016 los pensionistas perdieron una media del 1,25%, situación que se repetirá, a su juicio, en años sucesivos, hasta el punto de que en el futuro el diferencial entre el último sueldo de un trabajador y su primera pensión pase del 79 al 48%, en tanto que el carácter acumulativo de la reforma podría suponer una caída de entre el 20 y el 30% entre la primera y la última pensión que percibiera una persona. Además de reiterar el refuerzo de los ingresos, ha pedido que se saquen de la Seguridad Social las Políticas Activas de Empleo, a fin de aliviarla de sus actuales cargas.

La inflación apunta ya un 3% con pérdida general de poder adquisitivo

Los tiempos de la inflación baja —medida por el Índice de Precios de Consumo (IPC)— se alejan. Hasta el extremo de que en febrero la tasa interanual (los últimos 12 meses) escalará hasta el 3%. Es decir, el nivel máximo desde octubre de 2012, en plena recesión.

Un informe alerta de la degradación del mercado laboral español

La calidad del empleo en España se sitúa “entre las más bajas de los países de la OCDE”, sostiene el informe que ha realizado el servicio de estudios de la Caixa a partir de un ‘paper’ de la OCDE. Y su resultado es concluyente. España tiene uno de los mercados laborales más degradados del mundo desarrollado. Sólo comparable al que tienen países como Eslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y Turquía.

Los pensionistas pierden un 1,25% en 2016

Los pensionistas continúan perdiendo poder adquisitivo. De confirmarse el dato del IPC adelantado, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja una subida de los precios del 1,5% en diciembre, los jubilados perderán un 1,25% de poder adquisitivo, ya que el Gobierno aprobará hoy un incrementó mínimo del 0,25% en sus pensiones.

Vicenç Navarro: El envejecimiento no hace al Estado del bienestar insostenible

Uno de los argumentos utilizados con mayor frecuencia por aquellos autores que señalan que el Estado del Bienestar no es sostenible es subrayar que el envejecimiento de la población hará crecer el gasto público social (en sanidad, por ejemplo) a niveles insostenibles.

"La UE está centrada ahora en el ‘brexit’; Cataluña no es una prioridad"

Mientras Artur Mas, expresidente de la Generalidad de Cataluña, es juzgado por la consulta del 9-N de 2014 sobre la independencia de esa comunidad autónoma española, el debate sobre su autodeterminación vuelve a la actualidad política europea en una disputa que levanta ampollas por todas partes, dadas sus implicaciones en una UE para beneficio de los países nórdicos, Alemania o el Benelux y a costa del resto del sur y del este. Para Antonio Barroso, vicedirector de investigaciones de la consultora política Teneo Intelligence, el verdadero obstáculo para los políticos independentistas está en Bruselas y no en Madrid: "Las negociaciones de la UE están centradas ahora en el ‘brexit’; Cataluña no es una prioridad", según el analista político que se muestra escéptico sobre la posibilidad de que Cataluña puede obtener apoyo de otros Estados europeos en caso de separarse unilateralmente de España. Artur Mas: “La iniciativa del 9N fue mía”.

Artur Mas, expresidente de la Generalidad de Cataluña, se enfrenta este lunes (6.2.2017) al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusado de delitos de desobediencia grave y prevaricación por mantener la consulta del 9 de noviembre de 2014 en torno a la independencia de esa comunidad autónoma española. Ese plebiscito fue suspendido cinco días antes de su consumación por el Tribunal Constitucional (TC). El fiscal ha pedido inhabilitar políticamente a Mas (por diez años), a la exvicepresidenta Joana Ortega (por nueve años) y a la exconsejera de Educación Irene Rigau (también por nueve años).

El caso de Mas atiza el debate en Cataluña. Sus simpatizantes consideran que los políticos acusados están siendo sometidos a un juicio político. "Este juicio realmente es sobre la capacidad de los catalanes para decidir su propio futuro", asegura a DW Roger Torrent, miembro del Parlamento catalán por el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Por otro lado, las formaciones unionistas y nacionalistas españolas celebran que Mas tenga que enfrentarse a un proceso y no quieren ni oír hablar de otro referendo. Lorena Roldán, diputada catalana por el partido Ciudadanos, señala que la Constitución no incluye el derecho a realizar "ningún tipo de consulta o referendo para que una región se separe de España". No importa cuál sea el resultado de este juicio, afirma Roldán, su partido está satisfecho, pues "los políticos no deben tener ningún privilegio".

Como sea, todo parece indicar que los catalanes volverán a votar en otro plebiscito este año. El Gobierno independentista local considera que la venidera votación será vinculante, según anunció el pasado diciembre el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La fecha exacta de la consulta popular aún se desconoce. Pero Junts Pel Si, la coalición gobernante, ha fijado septiembre como fecha tope. Puigdemont ha prometido "no ceder" en la negociación del referéndum con el Gobierno del primer ministro Mariano Rajoy, jefe del Gobierno español. Pero Rajoy no ha mostrado, hasta ahora, señal alguna de que vaya a relajar su postura. En una conferencia de prensa el pasado martes (31.02.2017) aseguró que estaba “dispuesto a hablar y a entendernos, pero no voy a disponer de la unidad de España ni a liquidar la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. No lo voy a hacer por dos razones: porque no puedo –no me lo permiten la Constitución ni las leyes– y porque no quiero”.

No obstante, el diputado independentista Roger Torrent afirma que los catalanes serán llamados a las urnas, pese a la oposición de Madrid: "Estoy seguro de que el Gobierno español tratará de impedir el voto como sea, pero estamos determinados y tenemos la legitimidad política." Torrent insiste en que el plebiscito será legal, aunque admite que quizás lo sea sólo de acuerdo con el sistema legal catalán. Para Lorena Roldán, por otra parte, no hay dudas de que la consulta sería ilegal: "En este momento, de acuerdo con la Constitución y el marco legal actual, no hay modo de que una región pueda separarse de España". De cualquier modo, Torrent está convencido de que una Cataluña independiente no sería expulsada de la UE: "Sería malo para todos dejar a Cataluña fuera de Europa; no estamos ni siquiera preocupados por esa posibilidad", dice.

La pregunta sobre si una Cataluña independiente podría seguir siendo miembro de la Unión Europea (UE) es una de las centrales en este debate. Para quienes se oponen a la secesión catalana, no hay dudas: si Cataluña deja España, sería un nuevo país y tendría que volver a solicitar la membresía si desea seguir formando parte del bloque comunitario. En enero, los líderes de Junts Pel Si, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva viajaron a Bruselas para recabar apoyos. Pero, de acuerdo con el diario La Vanguardia, con sede en Barcelona, a su conferencia asistieron sobre todo ciudadanos catalanes y parlamentarios de otros partidos separatistas europeos. Puigdemont no se reunió con ningún miembro de la Comisión Europea y, según su equipo, tampoco lo solicitó.

Pero en las últimas dos elecciones generales el partido más popular en Cataluña no fue ni independentista ni unionista. En Comú Podem, la coalicón liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha logrado incorporar una tercera perspectiva al debate: su grupo defiende el derecho a realizar un referéndum legalmente vinculante, pero no necesariamente aboga por separarse de España. Se espera que Colau y sus aliados presenten un nuevo partido en marzo con la intención de disputar la hegemonía de la coalición independentista Junts Pel Si.

La diputada Marta Ribas, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), un partido ecologista y progresista del campo de Colau, está a favor de permanecer en una España políticamente reformada, pero sobre todo cree que una solución negociada es la única posible. "La independencia unilateral no es posible, pero tampoco el Gobierno central puede seguir actuando unilateralmente, usando las cortes y la policía. Tienen que reconocer que España es un Estado multinacional", explica a DW: "En cualquier conflicto politico en la historia de la Humanidad, las únicas soluciones reales vienen del diálogo y la negociación, y el sentido común nos va a traer eso también, eventualmente", informa Deutsche Welle.

Artur Mas: “La iniciativa del 9N fue mía”

“La iniciativa política de la consulta fue mía como presidente que era”, así ha iniciado Artur Mas el interrogatorio al que ha sido sometido durante la primera sesión del juicio por el proceso participativo del 9N. El expresident sólo ha contestado las preguntas de su abogado Xavier Melero y se ha negado a responder a las preguntas de la fiscalía que le pide 10 años de inhabilitación y 9 a Joana Ortega e Irene Rigau. Mas reprocha al ministerio público que cambiara de criterio “por razones políticas” después de que los fiscales catalanes no apreciaran indicios de delito.

El expresident, la exvicepresidenta y la exconsellera d’Ensenyament han mantenido la misma estrategia para defender que el proceso del 9-N se hizo de forma legal ya que se dejó en manos de voluntarios, no era vinculante y el Tribunal Constitucional no les advirtió de forma conveniente sobre qué aspectos de la consulta se debían paralizar.

Artur Mas ha asegurado que el único propósito de la consulta del 9N era conocer la opinión de los ciudadanos a través de un mecanismo “legal” y “no vinculante”. “No teníamos ánimo de desobedecer a nadie. No era el ánimo de mi gobierno. Ante la evidencia ciudadana, el gobierno del país debía estar a la altura de las circunstancias y por todos los medios promover la participación ciudadana, escuchar al país”, ha destacado en un interrogatorio que ha durado 44 minutos. “No fue un capricho individual, ni una salida de tono ni una ocurrencia”, ha dicho.

El expresident ha dejado claro que “se cambió el formato” de la consulta tras la primera suspensión del TC del 29 de septiembre y se transformó en un proceso participativo “con el apoyo del Govern pero ejecutado por voluntarios”. En este sentido ha aseverado que “con el cambio de formato la administración no tenía capacidad para llevar a cabo con el proceso participativo. O se nos apuntaba mucha gente o aquello no se hubiera podido llevar a cabo”, ha remachado.

Ante esta circunstancia Mas ha insistido que siempre cumplieron la legalidad. Ha argumentado que pasaron quince días sin que el nuevo proceso participativo estuviera suspendido, un tiempo que aprovecharon para “proveer de base jurídica y organizativa y formar a los voluntarios”. Hasta que el 4 de noviembre el Tribunal Constitucional dictó una providencia en la que se suspendía el proceso participativo. Y fue en ese momento cuando, asegura, que el Govern dejó la consulta en manos de voluntarios. En paralelo, los servicios jurídicos de la Generalitat preguntaron al TC qué aspectos debía suspenderse, “pero no obtuvimos respuesta”, ha lamentado Mas. Este punto es importante para la defensa de los acusados puesto que quieren demostrar que no pudo haber desobediencia de un acto que no fue requerido.

Mas, Ortega y Rigau han insistido que el Constitucional a raíz de estos hechos cambió la forma de advertirles. Así, un año más tarde un funcionario les notificó en persona sobre un posible incumplimiento del TC cuando el gobierno en funciones de Mas aprobó en el Parlament una resolución de apoyo al 9N. “Un año después el TC y el TSJC actuaron de una manera diferente. Esa vez firmamos una acuse de recibo”, ha recordado.

Rigau ha rememorado lo que le dijo al funcionario que un año después le entregó personalmente la advertencia tras la nueva resolución: “Esto es lo que no me entregaron el 9N, no?”. La exvicepresidenta Joana Ortega, por su parte, ha destacado que le fue encomendada la tarea de pilotar el proceso participativo siempre que permitiera que los ciudadanos se expresaran dentro del “marco legal”. “Toda la actuación se basó en esa premisa”, ha incidido Ortega.

Durante la primera sesión del juicio Artur Mas también ha lanzado un dardo a la fiscalía. Ha recordado que durante la jornada del 9-N se presentaron varias denuncias en contra de la consulta pero que no fueron aceptadas por el fiscal que ese día estaba de guardia ni tampoco ordenó ninguna medida para paralizarla. El fiscal que el 9-N estaba de guardia era Emilio Sánchez Ulled, el fiscal que lleva el peso de la acusación en este juicio. Las defensas de los acusados han solicitado como pruebas que Mariano Rajoy y el Ministerio de Justicia Rafael Catalá, declaren como testigos en el juicio ya que el día de la consulta minimizaron sus efectos alegando que carecía de relevancia legal. El Tribunal lo ha rechazado al considerarlo “innecesario”.

La media hora de retraso con la que han llegado Mas, Ortega y Rigau al TSJC ha causado un cierto malestar entre los miembros del tribunal. A las 9 de la mañana el tribunal ya estaba constituido pero han tenido que esperar a los acusados, una situación muy poco habitual. Según fuentes jurídicas, el presidente del TSJC advirtió a los abogados defensores que si sus clientes se demoraban más allá de las 9:30 horas cabía la posibilidad de que se celebrase una vistilla para discutir la adopción de medidas cautelares, informa La Vanguardia.

Juicio de una democracia de feria: Artur Mas llega media hora tarde

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se sientan este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por su participación en la consulta, prohibida por el fascio monárquico y nazicatólico del PP, el 9 de noviembre de 2014. Será la primera vez en desde la recuperación de la democracia que un president de la Generalitat y dos de sus consejeras sean juzgados por su actividad en el cargo. La Fiscalía acusa a los tres de desobediencia al Constitucional y prevaricación, delitos por los que reclama entre 9 y 10 años de inhabilitación. Los políticos acudirán a declarar acompañados de una manifestación en la que previamente se han inscrito 50.000 personas.

El fiscal pide 5 años de cárcel para Jaume Matas y José María Rodriguez (PP)

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama una condena de 5 años de cárcel para el expresident del Govern del PP Jaume Matas por usar fondos de la conselleria de Interior y de otros departamentos públicos para gratificar a Over Marketing, la agencia de publicidad que llevó las campañas electorales de su partido en 2003 y 2007.

Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”.

Vicenç Navarro: Las coherencias e incoherencias del independentismo catalán

Uno de los argumentos que se repite con mayor frecuencia en círculos intelectuales y políticos de sensibilidad independentista en Catalunya es que la resolución del problema nacional y del problema social están íntimamente relacionadas entre sí. Según tales círculos, el gran problema social que tiene Catalunya (con un gran retraso social, consecuencia de una sub-financiación de los servicios y transferencias del Estado del Bienestar en Catalunya) no puede resolverse sin resolver el problema nacional, definiendo como tal la falta de un Estado propio y su consecuente dependencia del Estado español.

El fiscal pide 5 años de cárcel para Jaume Matas y José María Rodriguez (PP)

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama una condena de 5 años de cárcel para el expresident del Govern del PP Jaume Matas por usar fondos de la conselleria de Interior y de otros departamentos públicos para gratificar a Over Marketing, la agencia de publicidad que llevó las campañas electorales de su partido en 2003 y 2007. Se trata de la subpieza separada número 3 del caso Over (una rama del Palma Arena), donde figuran como imputados el exconseller de Interior y antiguo secretario general del PP de Balears, José María Rodríguez, el dueño de Over, el arrepentido Daniel Horacio Mercado, y María Luisa de Miguel Oñate, antiguo cargo de Interior y exesposa del exedil de Palma Javier Rodrigo de Santos.

El fiscal acusa a Matas de los delitos de malversación de caudales y prevaricación, aunque el juez José Castro en su auto de fin de instrucción incluyó también el de tráfico de influencias. Horrach también pide la condena para José María Rodríguez, que, según Mercado, le hizo pagos en negro por gastos de la campaña electoral. Horrach acusa a Rodríguez, que se ha proclamado inocente, de malversación y prevaricación y le pide cinco años de cárcel como a Matas, informa Diario de Mallorca.

Balears: rota la negociación por la presidencia del Parlament

Las negociaciones entre los partidos de la izquierda para decidir quién ocupará la presidencia del Parlament balear han saltado por los aires. Se han suspendido las reuniones previstas para la próxima semana y no hay fecha para que PSIB, Més y Podemos se vuelvan a encontrar para llegar a un acuerdo. Tampoco está claro cuando se podría celebrar el pleno de elección de la segunda autoridad de Balears.

Caso Nóos: 7 meses sin sentencia y los reales ladrones en Suiza

Tal día como hoy hace un año —31 de enero de 2016— dio comienzo en la Audiencia de Palma la vista oral del caso Nóos. En el banquillo, la infanta Cristina de Borbón, su marido, Iñaki Urdangarin, y 15 procesados más, entre ellos el exministro y expresidente balear Jaume Matas. El ministerio público solicitaba para el cuñado del Rey hasta 19 años y medio de prisión por la presunta comisión de nueve delitos.

MÉS: «La corrupción de Matas se extiende hasta Bauzá»

El portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril (foto), ha asegurado que pueden demostrar que «la sombra de corrupción de Matas se extiende hasta la legislatura de Bauzá» en relación al sobrecoste en las autopistas de Ibiza. Según ha detallado el portavoz, las dos sentencias del Tribunal Supremo se fundamentan en actos fraudulentos y ha explicado que «el coste de la autopista ha sido de 26 millones el kilómetro, siendo la más cara de Europa y de parte del extranjero». Abel Matutes asegura que nunca se benefició de la tierra de las autovías de Ibiza.

Palma: Investigan si el PP pagó con facturas falsas

El juez Penalva y el fiscal Subirán, con la ayuda de la Policía, han iniciado una nueva línea de investigación sobre el presunto amaño de los contratos para el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Palma por el PP y el pago, a través de fondos públicos, de facturas falsas. Un nuevo caso de corrupción por el que ayer se detuvo a cuatro personas, si bien no se descarta que se puedan producir nuevos arrestos.

Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”

Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”, revela hoy el independiente.com que asegura que “esa autorización explicaría que la investigación encargada en su día a la Policía Judicial se cerrara sin resultado alguno, y también que el ex ministro desistiera de interponer una querella por posible revelación de secretos cuando el diario Público difundió el contenido de las cintas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del pasado 26 de junio”.

El digital que dirige Casimiro García-Abadillo, asegura que “frente a la versión que ofrece el ex ministro”, las fuentes que ha consultado “aseguran que éste dio el visto bueno a que se colocara un sistema de grabación en su despacho de Interior, siguiendo la recomendación de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y persona de su máxima confianza. Fue Fernández Díaz quien lo nombró número dos del cuerpo semanas después de que Rajoy lo eligiera a él en diciembre de 2011 para ocupar el Ministerio del Interior”.

Asegura elindependiente.com que “en pleno órdago soberanista, la razón esgrimida para adoptar tal medida fue que el ministro, en caso de obtener información relevante por parte de alguno de sus interlocutores, debía tener pruebas ante un posible desmentido o ante la eventualidad de que Daniel de Alfonso decidiera dar marcha atrás”.

Y asegura que sus fuentes “sitúan la instalación del dispositivo de grabación en el otoño de 2014, justamente con motivo de la primera reunión que Fernández Díaz mantuvo en su despacho de Interior con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña”. Recalcando que “l ministro autorizó las escuchas convencido por Pino, que insistió en la gran cantidad de información sensible sobre los políticos soberanistas que manejaba De Alfonso. Ese primer encuentro se produjo el 2 de octubre y tuvo continuidad el 16 del mismo mes, tres semanas antes de la consulta independentista que impulsó la Generalitat el 9-N”.

Y señala que “otro de los motivos que propiciaron la autorización del dispositivo fue el recelo que en Interior existía hacia Daniel de Alfonso por el hecho de que éste había sido nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña a propuesta de la antigua CiU, si bien contó también con el apoyo del PSC, PP y C’s cuando se votó su nombramiento en el Parlament el 21 de julio de 2011”. Haciendo notar que “también que su interlocutor tenía fama de grabar sus conversaciones”.

Precisando el mencionado diario online que “el equipo de grabación se montaba ex profeso para las citadas entrevistas y, posteriormente, se retiraba por el mismo equipo que lo había instalado en el despacho del ministro”, aunque “no se descarta que otras conversaciones fueran también grabadas”, informa El Boletín.

Operación Cataluña: las cloacas fascistas del PP en la Audiencia Nacional

Un pequeño lápiz de memoria informática puede convertirse en la ficha que haga caer toda la espiral de la Operación Cataluña. La Audiencia Nacional investiga de dónde salió y cómo se obtuvo la información que contiene el ‘pendrive’ y que la Policía intentó introducir en el caso Pujol a pesar de su dudosa procedencia, en una maniobra que podría poner en riesgo la única causa judicial sobre la corrupción política en Cataluña que investiga este tribunal. Los primeros compases de la investigación ya han hecho aflorar algunos de los métodos utilizados por el Ministerio del Interior del opusitorio nazi y corrupto Fernández Díaz y su círculo íntimo de franquistas a sueldo con fondos de reptiles para intentar frenar el proceso soberanista durante la primera legislatura del capo mafioso Mariano Rajoy.

Valencia: guardias civiles y PP, años cobrando sin trabajar

El PP valenciano puede salir muy maltrecho de la Operación Taula. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene acreditado que la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa tuvo en nómina a militantes y excargos públicos del PP durante años sin que estos acudieran nunca a trabajar, según la información contrastada por Levante-EMV de los meses de investigación a la trama corrupta. Los agentes de la Benemérita se centran en la etapa de Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa en los años 2004 a 2006 y exvicepresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015.

El "origen ilícito" del patrimonio de Villarejo: 25 millones y casi 100 propiedades

Desde que, en mayo de 2016, la comisión judicial del caso del pequeño Nicolás presentara su informe sobre la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos y pidiera la imputación de la cúpula policial que encabezaba el comisario Eugenio Pino, ese ex número dos del cuerpo ha entregado un largo escrito al juez Arturo Zamarriego para que declarase la nulidad de las actuaciones y el fiscal del caso, Alfonso San Román, ha intentado una y otra vez anular todo el procedimiento.

4.500 víctimas de pederastia de la Iglesia católica en Australia

Casi 4.500 personas han denunciado abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la secta criminal vaticana en Australia entre 1980 y 2015, según un informe presentado este lunes en el inicio de una nueva tanda de audiencias de la comisión que investiga los delitos de los abusadores protegidos y ocultos por la organización mafiosa fascista. La comisión real encargada de investigar la respuesta oficial a los abusos sexuales de menores en Australia desde 1950 tomará declaración a la práctica totalidad de los obispos del país en una serie de vistas públicas que durarán hasta el 27 de febrero.

En la primera jornada, la abogada consejera de la comisión, Gail Furness, dijo que se recabaron un total de 4.444 denuncias y que estas apuntan a centenares de religiosos, 93 de ellos altos cargos de la Iglesia, y afectan a más de un millar de instituciones. Los datos recopilados indican que el 78% de los denunciantes fueron varones y un 22% mujeres. También revelaron que la edad media de las víctimas fue de 11,6 años en el caso de niños y de 10,5 en el caso de niñas, y que tardaron una media de 33 años en presentar las denuncias después de que se cometieran los supuestos abusos. En total, unas 1.880 personas fueron identificadas como presuntos perpetradores de abusos. De estos, 597 o el 32% eran hermanos religiosos; 572 o un 30%, sacerdotes; 543 o un 29%, laicos y 96 o el 5% eran hermanas religiosas, precisó Furness.

La abogada criticó la gestión de estos casos por parte de la iglesia y denunció que los relatos de las víctimas son "deprimentemente similares". "Los niños fueron ignorados o, peor aun, castigados. Las denuncias no fueron investigadas. Curas y religiosos fueron reubicados. Las comunidades donde fueron trasladados desconocían su pasado", aseguró Furness. "Los documentos no fueron guardados o fueron destruidos. El secretismo prevaleció, al igual que los encubrimientos", añadió. Los datos sugieren además que entre 1950 y 2010, más del 20% de los Hermanos Maristas, los Salesianos de Don Bosco y los Hermanos Cristianos fueron acusados de abusos sexuales, mientras que en la orden de San Juan de Dios la proporción sube a un 40,4%.

La abogada denunció ante la Comisión las dificultades impuestas por el Vaticano para obtener información sobre los abusos sexuales y en particular respecto al caso de un sacerdote acusado de pederastia. "La Comisión Real esperaba un mejor entendimiento sobre la acción que debería tomar en cada caso. La Santa Sede respondió el 1 de julio del 2014 que 'no era posible ni apropiado proveer la información requerida'", explicó Furness.

Francis Sullivan, director ejecutivo del Consejo de la Verdad, Justicia y Reconciliación, el organismo dedicado a coordinar la respuesta de la iglesia católica hacia las víctimas, calificó las cifras como "trágicas e indefendibles". "En cada entrada en este banco de datos, la mayor parte representa a un niño que sufrió a manos de alguien que debió cuidarlo y protegerlo", dijo Sullivan. Los datos fueron revelados durante el primer día de una serie de audiencias en las que se abordarán las denuncias de abusos sexuales, cómo afrontó estos casos la Iglesia católica en el pasado y cómo lo hace en el presente, entre otros asuntos.

Durante estas vistas declararan seis de los siete arzobispos de Australia y líderes de las órdenes religiosas, entre ellos el arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, considerado el más alto cargo de la jerarquía católica acusado de encubrir abusos a menores. La comisión se estableció en el 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas.

El año pasado el comité presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones de 4.000 millones de dólares australianos (3.061 millones de dólares o 2.845 millones de euros) financiado por los centros donde se cometieron los abusos. El 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Australia anunció que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 150.000 dólares locales (114.850 dólares o 107.000 euros), informa El Periódico.

Una campaña anónima contra Bergoglio empapela Roma

Ayer sábado, en las inmediaciones del Vaticano, los muros de Roma amanecieron tapizados con carteles que lanzan acusaciones tan duras como detalladas contra el argentino Jorge Mario Bergoglio o papa Francisco. La policía italiana busca a los autores intelectuales y materiales de la operación que dejó los muros cercanos al Vaticano tapizados con decenas de carteles contrarios al jefe del Estado Vaticano. Los carteles muestran una fotografía del jesuita argentino Bergoglio con cara de pocos amigos y el texto: "‘France', has intervenido congregaciones, has destituido a sacerdotes, has decapitado a la Orden de Malta y a los Franciscanos de la Inmaculada, has ignorado a cardenales... pero, ¿dónde está tu misericordia?”.

Benítez, pederasta marista: "Estoy deseando que venga el juicio y pagar por lo que hice"

Joaquim Benítez, el exprofesor de educación física de los Maristas de Sants-Les Corts con el que arrancó el 'caso Maristas' -un escándalo de pederastia en el que han terminado siendo denunciados por abusos sexuales una docena de docentes-, sigue en libertad un año después de ser arrestado por los Mossos d’Esquadra y a la espera de la hora de su juicio. Terminaron presentándose una veintena de denuncias contra Benítez aunque algunas se retiraron durante el proceso judicial. La gran mayoría de las 17 que siguieron adelante fueron archivadas porque hacían referencia a delitos demasiado antiguos para el Código Penal.

Víctima de abusos en un seminario: "No voy a permitir que la Iglesia se ría de mí otra vez"

F.J. denuncia que el Obispo de Astorga no ha hecho cumplir la condena por pederastia del sacerdote que abusó de él y varios menores. José Manuel Ramos Gordón, condenado en mayo de 2016 a un año de expulsión, ha seguido oficiando misa y recibió un homenaje (foto) de la mafia nazicatólica. También constaba hasta el domingo como Delegado de Patrimonio de la diócesis de hipócritas y fascistas que había pedido "humildemente perdón" a la víctima y el obispo se había puesto "a su disposición para poder ayudarle a usted y a su familia en lo que necesiten" mientras protegían y celebraban la indecencia del criminal abusador.

Valencia: guardias civiles y PP, años cobrando sin trabajar

El PP valenciano puede salir muy maltrecho de la Operación Taula. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene acreditado que la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa tuvo en nómina a militantes y excargos públicos del PP durante años sin que estos acudieran nunca a trabajar, según la información contrastada por Levante-EMV de los meses de investigación a la trama corrupta. Los agentes de la Benemérita se centran en la etapa de Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa en los años 2004 a 2006 y exvicepresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015. El modus operandi es calcado al que realizó Marcos Benavent en Imelsa, donde varias personas vinculadas a los populares de la ciudad percibían un salario sin acudir al puesto de trabajo.

La investigación de la Guardia Civil continúa secreta pero los agentes desplazados de Madrid llevan varias semanas de actuaciones en Valencia. El pasado martes registraron la sede de Ciegsa y se incautaron de varios discos duros. Entre la información que maneja la UCO, se encuentran las nóminas en la empresa pública de personajes significados del PP valenciano de finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Se trata de exaltos cargos y alcaldes populares que, tras perder las elecciones o ser desplazados en el partido, encontraban cobijo y una nómina sin tener que acudir a trabajar.

Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que entre estos trabajadores «zombies» de Ciegsa se encuentran exaltos cargos de la Diputación de Valencia, ediles y asesores de ayuntamientos. En varios casos, estas personas trabajaban en la sede del partido pero su nómina iba a cargo de la empresa pública. Los investigadores también siguen el rastro a la entrada de los dos arquitectos de la trama y exempleados de Ciegsa e Imelsa, Elena Bosque y Joan Vergara, en la empresa pública. Ambos llegaron a la sociedad de construcción de colegios provenientes de la Conselleria de Sanidad. Para acomodarles un sitio en la dirección de proyectos, Caturla despidió a todo el equipo anterior. La Guardia Civil sospecha que el exgerente de Ciegsa los fichó para facilitar las operaciones de la red corrupta.

Posteriormente y cuando Caturla se marchó a la Diputación de Valencia como vicepresidente de Rus, estos dos arquitectos ahora investigados (antes imputados) ficharon por Imelsa como directores del plan de construcción de campos de fútbol y pistas de pádel de Alfonso Rus. Estos contratos están en el centro de la investigación del caso, ya que se sospecha que sirvieron para cobrar comisiones del 10%. La UCO se ha centrado a fondo en Ciegsa donde los sobrecostes sólo en tres años fueron de 91 millones de euros, informa Levante.

Valencia gasta 550.000 € en estudios adjudicados a dedo

Casi veinte millones. Es la cifra (pública) que el Ayuntamiento de Valencia gastó en 18 meses -entre julio de 2015 y diciembre de 2016- en obras, servicios y suministros adjudicados mediante contratos menores, es decir, a dedo ya que no salen a concurso público ni tienen un procedimiento con publicidad. Una fórmula legal con trámites burocráticos más sencillos pero pensada únicamente para casos puntuales o excepcionales. Su uso entre las administraciones públicas se ha extendido a pesar de que los partidos actualmente en el gobierno, como en el caso de Valencia, criticaron esta modalidad cuando estaban en la oposición prometiendo incluso su reducción como un blindaje «frente a casos de corrupción futura», como apuntaron tanto Mónica Oltra (Compromís) como Joan Ribó (PS) hace unos años.

Recio: Proxeneta, fascista, dibujante de cómics nazis y 50 mil € por no trabajar

El domingo pasado, la edición valenciana de El Mundo, publicaba la impactante historia de Carles Recio, el funcionario que se levanta 50.000 euros anuales desde hace una década de la Diputación de Valencia por un trabajo que no es tal: acude cada mañana a fichar al Archivo General y Fotográfico de la Diputación, ficha, se va y vuelve a las 4 de la tarde para volver a fichar, según denuncian sus compañeros.

La UCO busca más pruebas de las donaciones de Rita Barberá al PP

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en instalaciones de organismos autonómicos del Ayuntamiento de Valencia en busca de pruebas que acrediten la presunta financiación irregular de las campañas municipales del PP de Rita Barberá, dentro de una de las ramificaciones de la Operación Taula. Los agentes se han personado en Las Naves (foto), un espacio cultural de Valencia, y en la Fundación Inndea, después de que ayer los agentes de la UCO recogieran información relacionado con la Fundación Turismo Valencia que dirigía el ex vicealcalde Alfonso Grau (PP), imputado por un presunto delito electoral.

Juicio de una democracia de feria: Artur Mas llega media hora tarde

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se sientan este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por su participación en la consulta, prohibida por el fascio monárquico y nazicatólico del PP, el 9 de noviembre de 2014. Será la primera vez en desde la recuperación de la democracia que un president de la Generalitat y dos de sus consejeras sean juzgados por su actividad en el cargo. La Fiscalía acusa a los tres de desobediencia al Constitucional y prevaricación, delitos por los que reclama entre 9 y 10 años de inhabilitación. Los políticos acudirán a declarar acompañados de una manifestación en la que previamente se han inscrito 50.000 personas.

Los tres acusados por el 9-N, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, han llegado tarde al primer día de su juicio. Los políticos han cruzado la puerta del palacio de Justicia cuando pasaba casi media hora de las 9:00, hora fijada para el inicio. Los acusados no han tenido prisa en entrar a la sala que les juzgará y, ante que eso, se han dirigido en varios momentos a los manifestantes, que llenan el paseo de Lluís Companys de punta a punta. Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han hecho el último tramo del trayecto por un pasillo entre miles de personas, que coreaban consignas independentistas.

Durante el paseo desde la Generalitat, que ha avanzado con dificultad por la cantidad de gente que se acercaba, los acusados han vuelto a señalar su causa como un juicio a la democracia. "Se juzga la raíz democrática de un pueblo", ha asegurado Mas, mientras que la exconsellera Irene Rigau ha apostillado que "hoy salimos a reiterar que queremos decidir nuestro futuro democráticamente".

El ministro de Justicia, el fascista Rafael Català, ha calificado la concentración que este lunes ha arropado a los tres acusados en el juicio del 9-N de "numerito impropio de una democracia", obviando el nazismo inherente e intrínseco del PP, la monarquía y un sistema tan corrupto como podrido en un alarde de cinismo habitual en el fascismo hispano. En declaraciones a la cadena COPE, el ministro ha considerado que la intención de los acusados es dar la imagen de que en España se celebran juicios políticos y se limita la libertar de expresión, cosa que dice el nazi que es falsa. "Se celebrará un juicio con todas las garantías y con independencia", ha asegurado en una muestra más de su hipocresía palmaria Català.

Operación Cataluña: las cloacas fascistas del PP en la Audiencia Nacional

Un pequeño lápiz de memoria informática puede convertirse en la ficha que haga caer toda la espiral de la Operación Cataluña. La Audiencia Nacional investiga de dónde salió y cómo se obtuvo la información que contiene el ‘pendrive’ y que la Policía intentó introducir en el caso Pujol a pesar de su dudosa procedencia, en una maniobra que podría poner en riesgo la única causa judicial sobre la corrupción política en Cataluña que investiga este tribunal. Los primeros compases de la investigación ya han hecho aflorar algunos de los métodos utilizados por el Ministerio del Interior del opusitorio nazi y corrupto Fernández Díaz y su círculo íntimo de franquistas a sueldo con fondos de reptiles para intentar frenar el proceso soberanista durante la primera legislatura del capo mafioso Mariano Rajoy.

Pel 56% dels catalans, Espanya no és democràtica

Dilluns començarà el judici contra l’ex-president de la Generalitat, Artur Mas, i dues de les conselleres del seu govern, Joana Ortega i Irene Rigau, per haver organitzat el 9-N, en el qual van participar més de 2,3 milions de catalans. El fiscal demana deu anys d’inhabilitació per al president i nou per a les conselleres, en un judici que, segons les enquestes, té el rebuig de la gran majoria de catalans. Gairebé dos terços dels catalans estan en contra que Artur Mas sigui jutjat per haver promogut el 9-N, segons les dades del GESOP. Aquest percentatge podria créixer encara més si tenim en compte que hi pot haver un percentatge de la població que considera que es pot fer el judici però que en cap cas haurien de ser condemnats a cap pena.

El "origen ilícito" del patrimonio de Villarejo: 25 millones y casi 100 propiedades

Desde que, en mayo de 2016, la comisión judicial del caso del pequeño Nicolás presentara su informe sobre la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos y pidiera la imputación de la cúpula policial que encabezaba el comisario Eugenio Pino, ese ex número dos del cuerpo ha entregado un largo escrito al juez Arturo Zamarriego para que declarase la nulidad de las actuaciones y el fiscal del caso, Alfonso San Román, ha intentado una y otra vez anular todo el procedimiento. El informe fue entregado a Anticorrupción en abril de 2016 y ésta lo remitió a la Fiscalía de Madrid para que abriera diligencias, al haber indicios suficientes de que los 25 millones de euros y las casi 100 propiedades del entonces comisario le sirven para ocultar dinero y también realizar operaciones de blanqueo de capitales. Todos los indicios apuntan a que se está produciendo una operación interna de encubrimiento de delitos cometidos en el entorno de la anterior cúpula policial. Foto: El comisario Eugenio Pino, de uniforme en la primera fila, y detrás suyo con corbata el comisario José Manuel Villarejo.

Algo sospechoso, puesto que un mes antes, en abril, tanto Pino como el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, tenían en su poder un exhaustivo informe, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en el que se denuncia el presunto "origen ilícito" el patrimonio del comisario José Manuel Villarejo, el investigado más polémico en este caso. Además ese informe subraya a la Fiscalía "la necesidad de adoptar nuevas medidas de investigación tendentes a esclarecer los hechos; en concreto, si la estructura societaria analizada pudiera estar sirviendo de base para introducir en el sistema económico legal bienes de origen ilícito." Y advierte al fiscal Polo de que "de ser así resultaría de especial gravedad tanto desde el punto de vista de las penas con que tales actividades resultan sancionadas en la ley penal, como desde el punto de vista de la alarma y repercusión social en cuanto cometidos, presuntamente, por quienes forman parte de un Cuerpo Policial".

Aunque el discurso de la anterior cúpula policial --incluido el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz-- en defensa del comisario Villarejo es que el caso del pequeño Nicolás estaba contaminado porque el jefe de las pesquisas, el comisario Marcelino Martín-Blas, es "enemigo" del investigado, este informe de Asuntos Internos (que irá desglosando Público en los próximos días) echa por tierra esa argumentación.

El informe fue encargado en febrero de 2016 al comisario Francisco Miguelañez, quien sustituyó a Marcelino Martín-Blas al frente de la Unidad de Asuntos Internos en abril de 2015. La decisión de cesar al que hasta entonces llevaba la investigación interna del caso Nicolás la tomó el propio director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dependían tanto Villarejo como Martín-Blas, apelando precisamente a esta "enemistad manifiesta". Sin embargo, la tormenta decisiva se desencadenó cuando las pesquisas apuntaron claramente a que el comisario Villarejo y sus empresas estaban detrás, al menos, de la difusión de esa grabación ilegal. De hecho, ya están imputados en el procedimiento el propio Villarejo y su esposa, Gema Alcalá, entre otros.

Dinero traído de paraísos fiscales y de negocios con imputados en casos de corrupción
Asuntos Internos inició la investigación a petición de la Dirección Adjunta Operativa, como explica el informe, con informaciones "facilitadas por la Comisaría General de Policía Judicial en el mes de febrero del año en curso [2016], tras acometer un análisis de inteligencia financiera de carácter preliminar sobre el funcionario investigado que, entre sus recomendaciones, citaba el inicio de una investigación por Blanqueo de Capitales y la consiguiente judicialización del asunto".

En concreto, "dichas informaciones aluden al Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, D. José Manuel Villarejo Pérez, y en particular a su estrecha vinculación con una estructura societaria que pudiera estar sirviendo para introducir en el mercado legal fondos de origen desconocido". El informe asegura que el patrimonio del comisario asciende a 25 millones de euros y casi 100 propiedades, y sostiene que esa fortuna se construye a partir de dinero traído de paraísos fiscales y de negocios con imputados en casos de corrupción.

Según el informe, esta estructura societaria del comisario Villarejo comienza a hacerse visible después de que El País la desvelara en marzo de 2015 y le atribuyera "el control de numerosas sociedades con más de 16 millones de euros". También señala que se ha vinculado al comisario Villarejo "con la filtración continuada de información sensible a la prensa y le relacionan con la Asociación Transparencia y Justicia, personada en casos muy mediáticos relacionados con asuntos de corrupción".

Precisamente un mes después de estas publicaciones se cesó al comisario Marcelino Martín Blas, quien había informado a su jefe Eugenio Pino y reflejado en los informes presentados a finales de 2014 al Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid la relación entre el comisario Villarejo y el medio digital propiedad de él, su mujer y su socio, Rafael Redondo. Desde ese medio se produjeron todas las filtraciones del caso: la detención de Francisco Nicolás, la grabación ilegal asegurando que el CNI y Asuntos Internos estaban manipulando pruebas y la constante petición de cese de los investigadores.

También consta en el sumario del caso Nicolás que la Asociación Transparencia y Justicia, de la que es secretario general el socio del comisario, está personada como acusación popular en el procedimiento y que el abogado que la representa, David Macías, es abogado personal de Villarejo en otras causas. Macías también es empleado del entramado societario investigado por blanqueo de capitales y administrador de la sociedad que edita el medio digital donde se han publicado las revelaciones antes mencionadas. Lo sorprendente es que la Fiscalía nunca haya reparado en que se podría estar cometiendo un fraude de ley con esta actuación, según diferentes expertos en derecho consultados. La publicación de las sociedades de Villarejo motivó en 2015 que el ministro del Interior encargara a la Policía un informe sobre la compatibilidad de las actividades del comisario Villarejo, que Eugenio Pino le encomendó a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Este último concluyó que el entramado societario se correspondía con inversiones familiares del policía y que no eran actividades incompatibles, a pesar de que existen despachos de abogados, agencias de detectives, consultoras y medios de comunicación. Pero lo más irregular de todo, según las fuentes consultadas, es que Fuentes Gago admitía que el comisario no tenía concedida por el Ministerio de Administraciones Públicas la compatibilidad para esas actividades, un requisito indispensable para cualquier funcionario sea del ministerio que sea. Este otro informe, que se mantuvo en secreto hasta que fue incluido en el sumario del pequeño Nicolás que instruye el juez Arturo Zamarriego, llevó a Fernández Díaz a alabar las hazañas del "agente encubierto" que tan "buenos servicios" había dado a España.

Meses después, a finales de 2015, tanto Eugenio Pino como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago tuvieron que ir a declarar ante Zamarriego y fueron preguntados por los asuntos empresariales del Villarejo. El primero aseguró no saber de las empresas de su "agente encubierto" nada más que por lo que le contaba Martín-Blas, aunque el propio Villarejo reconoce en una nota informativa que sus empresas habían sido empleadas en la Operación Cataluña que Pino ejecutó a través de su brigada política. El segundo entró en contradicción con su propio informe de incompatibilidad, ya que reconoció que no había mirado las actividades de las empresas del comisario y que sólo se fijó en los cargos que este ocupaba en los consejos de administración. Según la ley de compatibilidades de funcionarios de la Administración Pública, incluso para ocupar estos cargos tendría que haber tenido concedida la compatibilidad.

El DAO Eugenio Pino dio presuntamente falso testimonio ante el juez cuando aún era número 2 de la Policía
No es hasta febrero de 2016 que el ex número dos de la Policía, sin que nadie se lo ordene, insta a que se investigue a quien era uno de sus hombres de confianza; y no para saber si son compatibles sus actividades, sino que lo hace para saber si son legales. Pero el resultado de las pesquisas nunca fue remitido al juzgado que le había preguntado unos meses antes sobre estas relaciones empresariales. Lo envió a la Fiscalía, que desde hace diez meses lo tiene guardado en un cajón y no cesa de pedir la nulidad de las actuaciones.

Que Eugenio Pino sólo enviase el informe al fiscal de Madrid y no se lo hiciese llegar al magistrado que investiga el caso Nicolás es una prueba más de que el jefe de la brigada política de Fernández Díaz hace uso de la información necesaria para la investigación judicial en función de sus intereses personales. Algo que también queda demostrado en la conversación que el ex DAO mantiene con el comisario Enrique García Castaño, en la que asegura que se ha reunido con un coronel del CNI para advertirle de que si le llaman a declarar otra vez en ese caso tendrá que desvelar información que no contó al juez cuando fue llamado como testigo, con obligación de decir la verdad y como número dos de la Policía en activo en ese momento. Pocas cosas pueden ser más graves que eso para un altísimo funcionario, informa Público.

La "caja B" del PP resurge amenazando a la mafia del gobierno Rajoy

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de apoyar la reapertura de la financiación irregular del PP, conocida este viernes, ha hecho añicos la previsión del PP de Rajoy de disfrutar de un año 2017 sin leer ‘caja B’ en los titulares. El juicio de los ‘papeles de Bárcenas’ está previsto para 2018, una vez haya finalizado el del caso Gürtel allá por noviembre, pero la petición de Anticorrupción para que Francisco Correa declare ante el juez José de la Mata puede devolver a lo más alto el interés por la corrupción y los sobornos que el PP de Rajoy ha recibido desde hace dos décadas de las grandes constructoras del país.

Transparencia Internacional denuncia la ley de contratos públicos del PP

La mafia de Mariano Rajoy trabaja para sacar adelante una nueva ley de contratos públicos, un proyecto al que Transparencia Internacional ya ha manifestado su oposición ante lo que aprecia como “un claro paso atrás desde la lógica de prevención de la corrupción”, en un gobierno ligado y cimentado en el régimen criminal franquista y sus corruptelas institucionalizadas. Transparencia Internacional, en un comunicado, expone once medidas que, a su entender, son “ineludibles” para acabar con la corrupción.