diumenge, 26 de febrer de 2017

Marchas por la Dignidad de “pensiones justas y dignas” y “trabajos estables y dignos”

Las Marchas de la Dignidad han vuelto a tomar España para reclamar “pensiones justas y dignas” y “trabajos estables y dignos”. Miles de personas han recorrido las calles de el país para mostrar su rechazo al Pacto de Toledo y para pedir un trabajo estable y salarios dignos. En Madrid el recorrido se ha iniciado en la calle Atocha y ha finalizado en la Puerta de Sol (foto). Esta movilización ha tenido como objetivo pedir que las pensiones sean garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado, exigir que se establezca una pensión mínima de 1080 euros al mes por 14 pagas, pedir que se derogue la reforma de las pensiones, y defender los servicios públicos. Asimismo han querido recordar el "derecho a pan, trabajo, techo y dignidad".

En la manifestación se ha hecho hincapié en la importancia de salir a la calle "estamos planteando que es indispensable con los tiempos que se avecinan retomar la lucha en las calles" ha afirmado a los medios Ángeles Maestro, miembro de la cabecera de la marcha. "Si la gente no sale a la calle no se consiguen las cosas, pedimos que la juventud se lance a la calle" ha comentado a Público un portavoz de los Yayoflautas durante la procesión.

A la marcha se ha unido la presidenta de la asociación gallega Ve-la luz, Gloria Vázquez, portavoz de las cuatro mujeres que continúan en huelga de hambre en la Puerta del Sol, ha sido allí donde miembros de la comisión les han mostrado todo su apoyo "hay que acabar con el machismo asesino, nos solidarizamos con nuestras compañeras". Gloria Vázquez ha exigido al Gobierno la creación de un Gabinete de Crisis que "ponga medidas inmediatas para frenar esta masacre que baña las calles de sangre de mujeres y niños".

Las Marchas de la Dignidad también se han acordado del rapero Valtonyc y han querido denunciar "en la misma semana que Urdangarin y la infanta han sido absueltos, el rapero Valtonyc ha sido condenado a tres años y medio de prisión y 3.000 euros de indemnización por hacer una canción contra la monarquía, estamos cansados de que hablen de terrorismo por hacer canciones, terrorismo es el machismo o los desahucios, no cantar contra este estado" ha afirmado el portavoz de la Plataforma por la libertad de expresión de los artistas.

Esta concentración ha sido el primer paso de un calendario de movilizaciones que culminará en Madrid el próximo 27 de mayo. Los convocantes tratan de revalidar así el éxito obtenido el 22 de marzo de 2014 cuando las Marchas de la Dignidad consiguieron reunir en Madrid a más de un millón de personas. La convocatoria de las Marchas de la Dignidad en Barcelona ha logrado reunir a centenares de personas de distintos colectivos en defensa de los servicios públicos, el sistema de pensiones público y el trabajo digno en el centro de la ciudad.

La novedad de esta nueva movilización de las Marchas, coincidiendo con un repunte de la indignación ciudadana ante la impunidad de las élites, ha sido la cantidad de estibadores del Puerto de Barcelona que se han manifestado junto a sus familias. "Ni un paso atrás", gritaba el colectivo de estibadores en huelga tras la decretada reforma del Gobierno español. "Es un ERO encubierto", se quejaban durante la manifestación que se ha iniciado en la Plaza Sant Jaume (donde se ubican la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de la ciudad) y ha finalizado frente a la sede de la compañía Endesa. Un punto final que coincidía con otro de los aspectos claves de la marcha: proteger el derecho a la energía por encima de los beneficios de las compañías suministradoras.

"Se tiene que abrir un debate para plantear una gestión energética pública, ya que este año empiezan a caducar las concesiones", explicaba a Público el impulsor de las Marchas en Barcelona, Óscar Simon. "¿Qué pasa? Que no tenemos luz en casa", gritaban por las calles del centro de la ciudad ante la mirada de turistas desconcertados. Otro de los aspectos centrales de la marcha ha sido la defensa de las pensiones públicas, que cada vez disminuyen más y representan una oportunidad de negocio para los bancos y las aseguradoras. A gritos de "estos ladrones nos roban las pensiones" o "nuestras pensiones no son su negocio", una marea de pensionistas defendía el derecho a percibir una pensión digna.

La manifestación ha recuperado el espíritu transversal de las luchas de las Marchas de la Dignidad, agrupando las demandas en defensa de la sanidad pública (Marea Blanca), de la educación pública, por un salario digno, a favor de una renta garantizada, contra las privatizaciones, el sometimiento a la deuda, a favor de los derechos de los inmigrantes, entre otras. "Iaioflautas", sindicatos de base y otras corrientes de la izquierda también han clamado contra la monarquía y la corrupción, y han animado a recuperar la lucha en la calle como "único camino" para la protección de lo público. "Pan, trabajo, techo y dignidad", clamaban los manifestantes de unas Marchas que acaban de empezar a resurgir en las calles con los mismos cánticos que les dieron fuerza hace ya casi tres años.

Esta marcha se une a las manifestaciones que ha habido en la mañana de este sábado en todo el país. Valencia, Barcelona, Murcia, Valladolid, León y A Coruña, entre otras capitales, han salido a la calle por el derecho a una "pensión digna". Sevilla se sumará a estas movilizaciones el próximo martes 28. En Valencia centenares de personas se han manifestado con el lema de cabecera "No más cortes de luz. Pensiones públicas y dignas".

Con esta protesta, tal y como ha explicado a Efe el portavoz de la coordinadora en Valencia, José García, se pretende "concienciar no solo a los que están jubilados, sino a los futuros", porque de lo que se trata es la reforma de las pensiones que estudia el Gobierno no pase "desapercibida" como la de 2011. En Burgos han sido alrededor de cuatrocientas personas las que han respondido a esta convocatoria con el lema "Pan, Trabajo y Techo", y en la que sus manifestantes han denunciado las políticas del PP y el PSOE porque, según han exclamado, "operan como un cáncer que destruye las condiciones de trabajo y vida".

Asimismo, en Coruña unas mil personas se han congregado esta mañana en los jardines de Méndez Núñez, bajo la consigna de "Pan, trabajo y techo". En el caso de La Coruña han participado distintos dirigentes de En Marea y de las formaciones que la integran, tanto en Galicia como en Madrid, así como el portavoz en el Parlamento gallego, Luis Villares, o la diputada en el Congreso Yolanda Díaz.

Esta movilización se produce después de que este viernes cientos de personas se concentraran de forma espontánea en la madrileña Puerta del Sol para exigir una justicia igual para todos y en protesta por las últimas decisiones judiciales. "Lo llaman democracia y no lo es", "Basta de impunidad", o "Se acabó la Transición, los borbones a prisón", "vergüenza, vergüenza" fueron algunos de los gritos que se pudieron escuchar, informa Público.

Los fascistas polacos quieren una justicia sometida a su servicio como en España

El presidente de la Corte Suprema de Polonia ha instado a los jueces del país a "luchar por cada centímetro de justicia" mientras el gobierno de ultraderecha y nazicatólico impulsa cambios que los críticos dicen que harían de la independencia judicial una "pura ficción" y que el gobierno de Kaczynski (derecha de la foto con otros capos del fascismo europeo) quiere copiar de la España de Rajoy. "Durante más de un año he estado repitiendo que los tribunales se convierten fácilmente en un juguete en manos de los políticos", dijo Małgorzata Gersdorf a sus colegas en una carta abierta leída en una reciente reunión de jueces en Varsovia. "Lo que hasta ahora era una amenaza se está convirtiendo en una realidad", avisa.

Agbar, CDC, el 3% y el dinero del agua de Murcia y Alicante

La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña.

Los fascistas polacos quieren una justicia sometida a su servicio como en España

El presidente de la Corte Suprema de Polonia ha instado a los jueces del país a "luchar por cada centímetro de justicia" mientras el gobierno de ultraderecha y nazicatólico impulsa cambios que los críticos dicen que harían de la independencia judicial una "pura ficción" y que el gobierno de Kaczynski (derecha de la foto con otros capos del fascismo europeo) quiere copiar de la España de Rajoy. "Durante más de un año he estado repitiendo que los tribunales se convierten fácilmente en un juguete en manos de los políticos", dijo Małgorzata Gersdorf a sus colegas en una carta abierta leída en una reciente reunión de jueces en Varsovia. "Lo que hasta ahora era una amenaza se está convirtiendo en una realidad", avisa.

En su última batalla contra el sistema legal de Polonia para perpetuar y hacer impunes sus desmanes, el partido neonazi gobernante Ley y Justicia (PiS) dice que quiere "democratizar" la forma en que se nombran los jueces polacos, que en este momento corresponde al Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS) Un organismo autónomo cuyos miembros judiciales son elegidos por sus pares. Conforme a las propuestas del gobierno, sin embargo, los destinos de todos los miembros judiciales del consejo serían liquidados en el plazo de 90 días de la promulgación del proyecto de ley y sus reemplazos serían seleccionados por el parlamento polaco, y el presidente del parlamento tendría discreción en cuanto a los candidatos que deberían presentarse -o no- para su consideración.

Mientras que los miembros judiciales del consejo actualmente gozan de mayoría, bajo las propuestas del gobierno, el cuerpo se dividiría en dos cámaras, una para los miembros de la judicatura y la otra para los representantes políticos. Ambas cámaras tendrían que acordar cada nombramiento o una resolución, dando a los representantes políticos un veto sobre las decisiones tomadas por los miembros judiciales. "Las propuestas del gobierno serán un instrumento para garantizar el nombramiento del tipo de jueces "correctos" que no serán demasiado críticos con las autoridades y su programa político", dice Ewa Łętowska, profesora del Instituto de Ciencias Jurídicas de Polonia y ex Juez que sirvió en el tribunal constitucional del país y el tribunal administrativo supremo.

El consejo tiene menos de tres días hábiles para responder al proyecto de ley, que recibió del Ministerio de Justicia el jueves y espera dar su respuesta oficial para el martes próximo. En un enunciado fuertemente formulado, describe las propuestas como "en clara y flagrante contradicción con la constitución polaca". "El consejo es un órgano constitucional independiente que fue instituido en 1989 para salvaguardar la independencia del poder judicial, porque en la era comunista todo dependía del partido gobernante", dijo Dariusz Zawistowski, presidente de la KRS y juez de la corte suprema, dijo a The Guardian. "Cuando los miembros del consejo son elegidos por el parlamento, esta función de salvaguardar la constitución será pura ficción. Formalmente hablando, no habría un poder judicial independiente".

Gersdorf ha instado a sus colegas jueces a arriesgar sus propias posiciones en la lucha contra las propuestas. "No hay lucha sin víctimas, y entre ellos podremos contar algunos de nosotros presentes aquí", dice la carta de Gersdorf a sus compañeros jueces. "Para ganar, debes estar preparado incluso para los tribunales disciplinarios, para ser expulsado de la oficina, para cualquier cosa. Debes demostrar que estamos en oposición a la presión para el olvido de un Estado democrático". El Gobierno califica las propuestas de "mejora de la democracia y la independencia" liberando el proceso de nombramientos de "los intereses corporativos del entorno judicial", citando el proceso de nombramientos judiciales en países como España y Alemania.

"La objetividad en la selección de los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial y su independencia de los intereses corporativos se garantizará al ser seleccionados por el Sejm, que tiene un mandato obtenido en elecciones democráticas. Un sistema similar tiene éxito, por ejemplo, en España", dijo el Ministerio de Justicia del gobierno fascista polaco en un comunicado digno de El Jueves precisamente esta semana, en que toda la opinión pública española está escandalizada y revuelta contra las injerencias descaradas y los nombramientos a dedo de fiscales y jueces sumisos por parte de la dictadura monárquica borbónica hispana.

El Parlamento polaco en estado de sitio

La oposición al gobierno ultraconservador polaco de Jaroslaw Kaczynski está fuertemente movilizada ante la asamblea nacional, seis días después de la expulsión de un diputado que protestaba contra una nueva ley que restringe gravemente la libertad de prensa. El té hierve en la tienda de un restaurante móvil, frente al Parlamento, bajo estricta vigilancia de la policía. Los varsovianos llevan alimentos: tortas, bocadillos o platos cocinados como bigos (la chucrut polaca) para los manifestantes que se relevan día y noche.

El gobierno nazi de Polonia restringe las reuniones públicas

El Parlamento de extrema derecha de Polonia ha aprobado una ley que restringe las reuniones públicas y que ha sido criticada por la oposición como antidemocrática. La legislación, aprobada a última hora del martes, introduce el concepto de "reuniones periódicas" para manifestaciones organizadas repetidamente en el mismo lugar y en la misma fecha, dando prioridad a esas reuniones sobre otras convocatorias. Bajo la nueva ley, las reuniones no relacionadas deben tener lugar al menos a 100 metros (yardas) de cualquier reunión designada como "periódica". La oposición y los políticos de la UE condenan el atentado contra el derecho a la libertad de reunión.

La "justicia" a la medida de la España nazicatólica: "Vergüenza, vergüenza"

Cientos de manifestaciones se han congregado este viernes en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para exigir una justicia igual para todos. Al grito de "lo llaman democracia y no lo es" y "vergüenza, vergüenza", los manifestantes han protestado por las decisiones judiciales tomadas en los últimos días por el aparato judicial fascista puesto a dedo por el PP y al servicio de la oligarquía corrupta y nazicatólica institucional hispana. La puesta en libertad condicional de Urdangarin, la denuncia del fiscal López Bernal y la entrada en prisión del rapero Miguel Arenas son algunos de los hechos que han motivado la concentración.

Los fiscales del fascio colocaron al favorito de la mafia PP

La Asociación de Fiscales (AF), la que cuenta con más integrantes y agrupa a los de ideología más reaccionaria y fascista, jugó un papel fundamental durante el Consejo Fiscal que este miércoles renovó las dos grandes plazas del Ministerio Fiscal. Sus seis vocales usaron sus votos para ascender a Manuel Moix, el favorito del Gobierno mafioso y corrupto del narco Rajoy, a jefe de Anticorrupción, mientras se garantizaban que su portavoz, Jesús Alonso, sería el nuevo fiscal de la Audiencia Nacional.

Agbar, CDC, el 3% y el dinero del agua de Murcia y Alicante

La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña.

El alemán atacante de Heidelberg se niega a declarar

El hombre que arrolló a tres personas ayer sábado en la ciudad alemana de Heidelberg, un alemán de 35 años, fue interrogado por primera vez por los investigadores este domingo, sin que se obtuvieran resultados concretos debido a que rehusa responder a las preguntas que se le formulan, dicen las autoridades.

El alemán atacante de Heidelberg se niega a declarar

El hombre que arrolló a tres personas ayer sábado en la ciudad alemana de Heidelberg, un alemán de 35 años, fue interrogado por primera vez por los investigadores este domingo, sin que se obtuvieran resultados concretos debido a que rehusa responder a las preguntas que se le formulan, dicen las autoridades. El detenido fue operado para extraerle la bala que tenía alojada en el estómago y se encuentra fuera de peligro. Descartan un trasfondo terrorista en la acción, que dejó un muerto y otros dos lesionados.

"Las razones del ataque siguen siendo desconocidas”, añadieron los encargados del caso, señalando además que todavía es temprano para determinar si actuó con premeditación. La Fiscalía de Heidelberg y la Policía de Mannheim informaron en un comunicado conjunto que se ha decretado orden de prisión para el hombre, un estudiante alemán de 35 años sin antecedentes penales, como sospechoso de homicidio, tres intentos de homicidio y lesiones.

Ambas entidades se apresuraron a aclarar que no se trata de un extranjero ni hijo de inmigrantes, ante una ola de reacciones en las redes sociales, que acusaban a las autoridades de ocultar el origen del sospechoso, quien alquiló el coche que utilizó en el ataque hace dos semanas. Ante reportes de prensa que aseguran que el atacante, que no ha sido identificado, tiene una enfermedad psiquiátrica, se dijo que se está analizando si estaba en posesión de sus facultades al momento del atropello.

El sábado, el acusado abordó una zona peatonal en el centro de Heidelberg, atropellando a un anciano alemán de 73 años, que posteriormente falleció en el hospital, a un austríaco de 32 años y a una mujer bosnia de 29. Un cuarto paseante alcanzó a esquivar el vehículo, indicó la Policía. Tras chocar su automóvil, el sospechoso huyó blandiendo un cuchillo carnicero hasta ser rodeado por la Policía, que le disparó por no acatar la orden de soltar el arma.

"Según el estado actual de las investigaciones no hay ningún indicio que apunte a un trasfondo terrorista o extremista", manifestaron las autoridades para disipar temores. Además, en un hecho inusual, la Policía anunció que los tweets ofensivos que recibieron tras el ataque serán analizados. "Vamos a evaluar si pueden ser penados por el contenido", dijo a dpa el portavoz de la Policía de Mannheim, Norbert Schätzle.

Algunos usuarios ofendieron a los agentes, mientras que otros afirmaban que el hecho había sido obra de un musulmán. La Policía respondió con inusual dureza a muchos tweets. "Y lo decimos nuevamente para que lo entiendan todos: Sospechoso: ¡Alemán SIN ascendencia extranjera!". Aún así, algunos usuarios siguieron cuestionando la veracidad de la información oficial, informa DZC.

(Vídeo) Alemania: un demente abatido tras arrollar a tres personas y huir con un cuchillo

Un enorme operativo policial se ha desarrollado la tarde de este sábado en la ciudad de Heidelberg (oeste de Alemania), cuando un enfermo psiquiátrico ha atropellado a varias personas en una zona peatonal y ha huído a pie armado con un cuchillo, antes de ser tiroteado por la Policía. Al menos tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, según informes entregados por las autoridades. El hecho ocurrió sobre las 16 horas cerca de la Bismarckplatz, en pleno centro de la ciudad. El temor a un ataque terrorista ha provocado un enorme despliegue de seguridad.

Agbar, CDC, el 3% y el dinero del agua de Murcia y Alicante

La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña.

Agbar, CDC, el 3% y el dinero del agua de Murcia y Alicante

La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron los pagos entre la documentación intervenida en la sede del partido y figuran en el sumario de la llamada operación Petrum, cuyo secreto levantó parcialmente este viernes el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch. Una de esas empresas es Aquagest Región de Murcia, concesionaria del servicio público de agua en varios municipios de esa comunidad autónoma. En los informes de la Guardia Civil se detalla que esa mercantil realizó una primera donación a CDC por importe de 40.000 euros el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año, celebradas el 25 de noviembre. Y dos semanas después, el 5 de diciembre, la misma empresa efectuó un segundo pago a la formación de Artur Mas y Carles Puigdemont de otros 20.000 euros.

Una segunda mercantil de Alicante también realizó pagos a CDC, a pesar de que el partido tampoco tiene ninguna relación con esta provincia. Según los informes de la Guardia Civil, Aquagest Levante SA, con sede en la capital alicantina y concesionaria también de contratos para la gestión de agua, habría donado a los convergentes 21.500 euros el 28 de marzo de 2011; 20.000 euros el 23 de julio de 2012; y otros 40.000 euros el 26 de octubre de ese año, nuevamente, en plena campaña de las elecciones autonómicas, a las que CiU se presentó por primera vez con la independencia de Cataluña en su programa. La donación se canalizó a través de una de las entidades satélite de CDC, CatDem. Como ya han acreditado los investigadores, el dinero se movía luego a la caja B del partido mediante facturas falsas por servicios inexistentes.

"Resulta absolutamente sorprendente que Aquagest Región de Murcia y Aquagest Levante suministren donaciones, bien a partidos, bien a fundaciones vinculadas a los mismos, en Cataluña”, manifiestan los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil en uno de sus informes. A la aparición de esas empresas habría que sumar los pagos de una tercera mercantil con actividad también fuera de Cataluña. Se trata de Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento, que gestiona el servicio de agua en ayuntamientos de Zamora, Badajoz y Pontevedra, entre otras, y tiene sus oficinas centrales en Valladolid. En la contabilidad de CDC aparece al menos un ingreso de esta otra empresa por importe de 20.000 euros. Se realizó el 3 de mayo de 2012.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña. Los contratos se amañaban en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona, pero el dinero salía de los recibos del agua que pagaban los contribuyentes de Murcia, Alicante y otras provincias de España.

Entre la documentación hallada en el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca, aparecieron mensajes de intermediación ante ayuntamientos gobernados por CDC para desbloquear concesiones y saldar deudas pendientes, a pesar de que, en teoría, solo era responsable de las finanzas de la formación. “Tales actuaciones podrían constituir un presunto delito de tráfico de influencias, pues se están solicitando favores a Andreu Viloca para que utilice sus contactos y ascendencia dentro de Convergència con el fin de ejercer presión sobre funcionarios públicos”, recoge otro de los informes incorporados a la causa.

El interés por conseguir contratos en Cataluña también provocó que otras empresas de ámbito nacional contribuyeran a financiar las aspiraciones independentistas de CDC. Es el caso de ACS, que como publicó El Confidencial este sábado, utilizó su Fundación para realizar una aportación a CatDem de 60.000 euros en 2011. Las pesquisas han concluido que la constructora presidida por Florentino Pérez selló con esa donación un contrato para gestionar la basuras y la limpieza viaria de Olot (Gerona) durante ocho años por un importe de 19,7 millones de euros más IVA. Otra empresa con domicilio en Madrid, la constructora Oproler, está considerada por los investigadores una de las mayores donantes de la trama. Pero con esos pagos, Oproler se garantizó adjudicaciones de decenas de ayuntamientos y empresas públicas controladas por CDC.

Viloca no solo tenía documentos de concesiones de Agbar. Del sumario se desprende que el tesorero manejaba información sobre las licitaciones que sacaba a concurso la administración catalana antes incluso de que aparecieran publicadas en los boletines oficiales. La Guardia Civil encontró en su despacho una carta que la jefa del Departamento de Licitación de la empresa pública Gestión de Infraestructuras SA (GISA), María Eugenia Tudela, remitió a la dirección del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) para publicar los pliegos para la construcción de un centro médico en Mataró (Barcelona). “Sorprende y llama la atención conocer qué justificación lógica puede sustentar sobre cómo una comunicación que la jefa de Licitación de GISA dirige al DOGC puede estar en poder de Andreu Viloca Serrano, que no tiene relación conocida, cargo o trabajo ni con la mencionada empresa pública ni en el diario oficial”, señalan los investigadores, informa El Confidencial.

Agbar ve peligrar su imperio de corrupción institucional

Desde 1879 la Sociedad General de Aguas de Barcelona, la actual Agbar, ha explotado el servicio de concesión de Barcelona y otros 22 municipios de su área metropolitana sin que mediase concurso público alguno y con denuncias expresas de corrupción política y complicidad de gobiernos muncipales y de la Generalitat. Hasta que la pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia pidiendo una licitación abierta para el servicio. Un golpe en la línea de flotación de Agbar y sus cómplices.

CDC desvió dinero al extranjero mediante Òmnium

La Guardia Civil igue la pista del desvio de dinero al extranjero que la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat) habría realizado tras la venta de su sede central de la calle Còrsega de Barcelona. Así consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos de comisiones ilegales al partido. Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada a Omnium Cultural -fundada por el fascista ultra católico Fèlix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell-, y disuelta en el 2010.

La "justicia" a la medida de la España nazicatólica: "Vergüenza, vergüenza"

Cientos de manifestaciones se han congregado este viernes en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para exigir una justicia igual para todos. Al grito de "lo llaman democracia y no lo es" y "vergüenza, vergüenza", los manifestantes han protestado por las decisiones judiciales tomadas en los últimos días por el aparato judicial fascista puesto a dedo por el PP y al servicio de la oligarquía corrupta y nazicatólica institucional hispana. La puesta en libertad condicional de Urdangarin, la denuncia del fiscal López Bernal y la entrada en prisión del rapero Miguel Arenas son algunos de los hechos que han motivado la concentración.

CDC desvió dinero al extranjero mediante Òmnium

La Guardia Civil sigue la pista del desvio de dinero al extranjero que la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat) habría realizado tras la venta de su sede central de la calle Còrsega de Barcelona. Así consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos de comisiones ilegales al partido. Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada a Omnium Cultural -fundada por el fascista ultra católico Fèlix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell-, y disuelta en el 2010.

En la entrada y registro realizada en agosto del 2015 por la Guardia Civil en el despacho del extesorero de CDC y de la fundación CatDem, Andreu Viloca, los agentes hallaron documentos sobre la venta en abril del 2015 de la sede central del partido a un grupo inversor de Hong Kong, el mismo que meses antes adquirió el Hotel Asturias de Madrid. En el acta en la que un notario “da fe” de la operación figuran en representación del partido el que fuera su tesorero, Andreu Viloca, y el hindú Ravichadran Narasimhan, que actúa en nombre de la mercantil Synergy Inversiones 2014. Como apoderada de esta compañía aparece C.R.N., una mujer que ostenta hasta 158 cargos en más de un centenar de sociedades. CDC recibió 13,1 millones de euros por la operación.

Según expone en un informe, la Guardia Civil considera que se deberían hacer gestiones de comprobación sobre la persona que figura como representante de la empresa compradora y que tiene su domicilio en Hong Kong, un enclave que está incluido en la lista de jurisdicciones no cooperativas con España en materia fiscal. Los agentes subrayan que resulta “significativa” la figura de la mujer C. R. N, “circunstancia que merecería ulteriores investigaciones a fin de descartar posibles montajes societarios para encubrir algún tipo de operación”. El escrito concluye que “convendría descartar que no se está en una operativa diseñada para poner bienes de CDC fuera del alcance de las autoridades españolas recurriendo a jurisdicciones no cooperativas”. La compraventa se realizó justo un mes antes de las elecciones municipales.

Los investigadores están rastreando la contabilidad de CDC (han pedido los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas) y también de las fundaciones CatDem (antes Trias Fargas), Nous Catalans y Fórum Barcelona. La Guardia Civil ha detectado traspasos de fondos entre estas entidades, que se han nutrido de donaciones de empresas adjudicatarias del obras o servicios públicos. Pero los agentes también han dirigido sus miradas al dinero que ha ido de estas fundaciones a Convergència.

“De la realización de este estudio preliminar se desprendería la existencia de una gestión única” de las cuentas a nombre de distintas fundaciones, “habiendo flujos económicos entre ellas sin que medie una justificación aparente”, sostiene un informe de la Guardia Civil. De ahí que los investigadores concluyan que “efectivamente toda la estructura financiera de CDC constituye una sola caja común administrada a capricho”.

El juez ha requerido a una serie de entidades bancarias que faciliten la información sobre estas fundaciones, aunque también ha incluido a la Fundación Privada Òmnium. Según la Guardia Civil, esta entidad percibió en el 2008 de la empresa Bluegreen 20.000 euros y, al año siguiente, de Teyco, otros 20.000. Asimismo, un documento intervenido en la sede de CDC corrobora que la Fundación Fórum Barcelona recibió en el 2012 donativos por un importe de 120.000 euros y CatDem, 1,2 millones de euros entre el 2008 y el 2012, de los grupos empresariales Agbar, Ortiz y Soler.

Los investigadores no solo inciden en que empresas, muchas de ellas constructoras, hicieron donaciones a las fundaciones de CDC como peaje para obtener obras y servicios de distintas administraciones, sino también posibles amaños en los concursos. La Guardia Civil destaca en uno de sus informes sobre la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en Sant Cugat del Vallès --cuyo alcalde era entonces Lluís Recoder (después fue ‘conseller’ de Territori)-- que “los indicios disponibles hasta el momento apuntan a una posible alteración” del concurso, “pues da la impresión de que Teyco (una de las empresas investigadas) realizó una bajada temeraria [de la oferta] que fue obviada a la hora de la adjudicación”.

60 licitaciones de obras en el despacho del extesorero

La Guardia Civil encontró petróleo en el despacho del extesorero de CDC Andreu Viloca. Los agentes hallaron documentos de hasta casi 60 licitaciones de obras y servicios públicos (como recogidas de basuras) de poblaciones repartidas por toda Catalunya. Barcelona en la época de Xavier Trias, Esparraguera, Sallent, Sabadell, Mataró, Salou, Prat de Lluçanès…Y de organismos muy dispares gobernados, eso sí, por CDC: tanto a nivel local (ayuntamientos), como comarcal (consejos comarcals), provincial (la Diputación de Tarragona) y autonómico (GISA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o la Agència de Residus de Catalunya).

Los guardias civiles se toparon una licitación del Servei Català de Tràsit para la “instalación de un sistema para la modificación de la velocidad en la vía B-20, en el tramo comprendido entre Mongat y Barcelona”. También encontraron de forma sorprendente un documento sobre el nombramiento de interinos en la Diputación de Barcelona.
Los investigadores hallaron asimismo documentos relativos a la financiación de CDC y las fundaciones de su entorno y tarjetas de visita (todas ellas han sido fotografiadas) de importantes empresarios, abogados y mandos de los Mossos d’Esquadra, entre otras profesiones. Y papeles con anotaciones manuscritas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a la Guardia Civil es que encontraron papeles que habían sido rotos por una trituradora. Los especialistas han podido reconstruir algunos documentos y han hecho un somero análisis de cada uno, comparándolos con otros indicios o pruebas. Entre los papeles destruidos había una tarjeta de visita de un importante empresario. Los agentes, además, llegaron a seguir de cerca al mismo Viloca y observar su encuentro con un varón (por el momento sin identificar, según la Guardia Civil) y cómo los dos se dirigían a un edificio de la Generalitat, informa El Periódico.

Un contratista implica a Artur Mas por la trama del 3%

Uno de los principales donantes de Convergència i Unió (CiU) ha señalado al ex president Artur Mas ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario que investiga la trama del 3%. Este empresario, cuya identidad custodian en secreto los investigadores, ha relatado que mantuvo una reunión con Artur Mas y su mano derecha, Germá Gordó, en la sede del partido. En dicho encuentro, Mas, entonces presidente de la formación, le remitió al empresario a Gordó que, según precisó este donante, era entonces gerente del partido. Añadió que fue escueto y que lo hizo con las siguientes palabras: «Tienes que hacer lo que este te diga».

Viloca, extesorero y mediador del 3% de CDC

El análisis de la agenda electrónica personal del extesorero de CDC Andreu Viloca ha desvelado las "reuniones sistemáticas" que mantenía con los empresarios que, supuestamente, a cambio de las adjudicaciones de obras públicas daban dinero al partido camuflado como donaciones a la fundación afín Catdem, que él mismo presidía.

JxSí admite ahora que el Mossad "asesora" a los Mossos

Una delegación del Govern de la Generalitat viajó en noviembre pasado a Israel para conocer las técnicas en ciberseguridad "más avanzadas" del Mossad, el servicio secreto del gobierno criminal sionista, como informó en su momento en solitario Agencia Sírius. Los representantes del gobierno nazicatólico y corrupto de JxSí reconocen ahora que visitaron la feria internacional Israel HLS & Cyber y mantuvieron reuniones con representantes del sector afines al sionismo tan estrechamente ligado al gobierno de CDC y ERC.