dijous, 9 de març de 2017

El último gol del Barça provocó un temblor en Barcelona

“De las cosas más tontas se aprende”, sostiene el sismólogo Jordi Díaz. Ayer, cuando ya era noche cerrada, el sismómetro de su centro de investigación empezó a temblar de manera inusual. Los 100.000 espectadores del Camp Nou acababan de saltar a la vez, para celebrar el gol de la victoria en el último segundo del partido del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. El sismómetro, instalado en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, a unos 500 metros del estadio de fútbol, detectó “un minúsculo terremoto”. Según Díaz, es “la mayor vibración de este tipo registrada hasta ahora” por el aparato, adquirido hace cinco años.

El sismograma refleja cada uno de los seis goles del Barcelona. La amplitud de la señal sísmica en el primer gol es similar a la detectada en cualquier otro partido. El equipo azulgrana necesitaba remontar el 4-0 en contra registrado en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. El segundo y el tercer gol aparecieron en el sismómetro con una amplitud ligeramente mayor de lo normal, según Díaz. El ambiente se enfrió tras el gol del Paris Saint-Germain, así que el cuarto y el quinto del Barcelona apenas fueron celebrados. Con el 6-1 llegó “la apoteosis”, en palabras del sismólogo.

Las vibraciones generadas por el movimiento acompasado del público se transmiten como ondas sísmicas. Díaz mide estas señales en partidos de fútbol, pero también en conciertos, como los de Bruce Springsteen y U2 celebrados en los últimos años en el Camp Nou. “Si comparas las vibraciones, tienen propiedades diferentes. No es lo mismo dar un salto que bailar”, explica. Esta peculiar “sismología urbana” permite a los investigadores estudiar cómo se propagan las ondas e intentar comprender mejor los eventos sísmicos naturales, según destaca Díaz.

El sismólogo, del CSIC, está implicado en varias redes de observación sísmica, tanto en España, con el proyecto Misterios, como en otros países. En el caso del Camp Nou, reconoce que sería muy difícil calcular la magnitud del temblor de ayer, por el tipo de señal. “Es una vibración que la gente no notaría a un centenar de metros, porque se atenúa pronto”, afirma. Su sismograma solo es, de momento, una curiosidad científica, informa El País.

Maratón en Wikipedia de lengua catalana

Mañana los internautas catalanes tendrán la oportunidad de participar en una Wikimarathon de lengua catalana especial. Este es un evento anual en el que, a lo largo de un día, los voluntarios de todo el mundo crean y completan artículos que tratan directa o indirectamente sobre el idioma catalán en la Wikipedia.

Así extorsionó el ISIS al gigante del cemento Lafargue

El gigante del cemento franco-suizo Lafarge-Holcim, líder mundial en el sector y propietario de la antigua Asland de Montcada, admitió el pasado 2 de marzo en un comunicado que su empresa en Siria accedió a pagar a grupos armados para mantener la circulación de empleados y camiones de su planta en Xerab Hisq, en el norte del país. Lo hizo durante 2013 y hasta septiembre de 2014.

JxSí perderá 42 millones no gastados del plan de empleo juvenil europeo

El plan de empleo juvenil que puso en marcha la Unión Europea en el 2013 fue presentado a bombo y platillo como un salvavidas para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los 'ninis'. Pero cuatro años después, cuando los estados tienen que justificar las subvenciones con los programas que han puesto en marcha, los 'hombres de negro' de la Comisión Europea se han llevado las manos a la cabeza. Literalmente.

Maratón en Wikipedia de lengua catalana

Mañana los internautas catalanes tendrán la oportunidad de participar en una Wikimarathon de lengua catalana especial. Este es un evento anual en el que, a lo largo de un día, los voluntarios de todo el mundo crean y completan artículos que tratan directa o indirectamente sobre el idioma catalán en la Wikipedia.

Este año el tema será el cine en catalán. Por lo tanto, se tratará de completar los artículos que tienen que ver con el cine. También supone traducir artículos escritos en catalán a tantos idiomas como sea posible para dar a conocer la cultura catalana en el mundo. Este ejercicio, que puede ser lúdico, implica un gran rigor intelectual, lingüístico y metodológico.

Wikipedia es una enciclopedia libre sin ánimo de lucro. Es hasta ahora la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad, y no para de crecer. La edición en catalán de la Wikipedia fue la segunda en crearse, después de la inglesa, en 2001. El catalán ocupa la 17ª posición en número de artículos en la enciclopedia con más de medio millón de artículos redactados.

La GC implica a Miquel Roca en el 3%

La Guardia Civil está investigando los pagos que efectuó Miquel Roca a la trama de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que desveló El Confidencial la semana pasada, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas.

Así extorsionó el ISIS al gigante del cemento Lafargue

El gigante del cemento franco-suizo Lafarge-Holcim, líder mundial en el sector y propietario de la antigua Asland de Montcada, admitió el pasado 2 de marzo en un comunicado que su empresa en Siria accedió a pagar a grupos armados para mantener la circulación de empleados y camiones de su planta en Xerab Hisq, en el norte del país. Lo hizo durante 2013 y hasta septiembre de 2014.

La GC implica a Miquel Roca en el 3%

La Guardia Civil está investigando los pagos que efectuó Miquel Roca a la trama de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que desveló El Confidencial la semana pasada, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas aportaciones habrían servido para compensar una adjudicación de 90.000 euros más IVA que la Generalitat de Catalunya concedió a su despacho de abogados, Roca Junyent SLP, sólo 24 horas antes de que realizara el primer donativo. Se trata de la misma mecánica que habría utilizado Convergencia de forma masiva para inyectar fondos en su caja B con aportaciones ilegales de empresarios.

Las mismas fuentes han confirmado que Roca llegó a figurar en la lista de detenidos de la operación Pika, el nombre que recibió la cuarta fase de la operación Petrum contra la caja B de CDC que tuvo lugar el pasado 2 de febrero y que se saldó con 18 arrestos y 24 registros en empresas y domicilios. Sin embargo, a pesar de las evidencias que existen en contra del padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, el juez que instruye la operación Petrum, Josep Bosch, decidió dejarlo fuera de esa nueva fase y abordar su situación de forma independiente, sobre todo, para no vulnerar los derechos que le asisten como letrado.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto que Roca pagó 10.000 euros a una entidad satélite de CDC, la Fundación CatDem, apenas un día después de que el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicara que su bufete se había llevado junto a la consultora Jones Lang Lasalle uno de los lotes de un contrato “para la prestación del servicio de gestión comercial, de asesoramiento y mediación en la alienación y arrendamiento simultáneo de determinados inmuebles propiedad de la Generalitat de Catalunya”.

La coincidencia temporal no es el único indicio que tienen los investigadores contra Roca. Los agentes encontraron en los ordenadores de Convergencia un correo electrónico que se cruzaron dos empleados del partido implicados en la financiación ilegal, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez, en el que estos se referían a la donación de 10.000 euros realizada por Roca y se preguntaban por otros pagos que el abogado tenía supuestamente pendientes. Además, en el despacho del tesorero, Andreu Viloca, apareció el anuncio de adjudicación del contrato de asesoramiento que terminó llevándose Roca Junyent SLP. El documento estaba junto a otras licitaciones presuntamente amañadas por el responsable de las finanzas del partido.

El importe del contrato que se dividieron a partes iguales Roca Junyent SLP y Jones Lang Lasalle ascendió a 90.000 euros más IVA (106.200 euros). La adjudicación fue anunciada formalmente el 17 de noviembre de 2011. Y, solo 24 horas después, la cuenta de Caixabank número 2100 0419 95 0200464820, perceptora de la mayoría de las donaciones ilegales detectadas en la llamada operación Petrum, recibió la transferencia de 10.000 euros de Roca. El histórico dirigente de Convergència no ocultó su nombre en la transferencia. Al contrario, lo dejó anotado en el documento bancario para que el partido supiera que era él quien la había realizado.

Los investigadores no han localizado más donativos de Roca en las cuentas de la formación pero, en los días posteriores a ese pago de 10.000 euros completado el 18 de noviembre, el depósito de las mordidas de CatDem registró dos nuevos donativos de personas estrechamente vinculadas al padre de la Carta Magna. Según recoge el informe 220/2015 de la Guardia Civil, incorporado al sumario del caso, tan solo cinco días después del pago de Roca, un letrado de su despacho, Francesc Segura Roda, efectuó otra donación a Convergència por importe de 5.000 euros. La propia página web de Roca Junyent SLP confirma la vinculación de Segura con la firma.

Roca habría recurrido a una persona todavía más cercana para efectuar el tercer donativo detectado por los investigadores. Se produjo el 16 de noviembre, tres semanas después del efectuado por Segura, y su autor fue el propio hijo de Roca, Joan Roca Sagarra, empleado también del bufete. Según consta en las actuaciones, Roca Sagarra fue el autor de una transferencia a la fundación de CDC de otros 5.000 euros. Es decir, que en los 29 días siguientes a que la firma Roca Junyent SLP se llevara una adjudicación de la Generalitat que le supuso unos ingresos mínimos de 45.000 euros más IVA, tres trabajadores del mismo despacho metieron 20.000 euros en la cuenta de las comisiones ilegales de Convergència, informa El Confidencial.

Miquel Roca admite que donó 10.000 euros a CDC

El abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, ha reconocido que hizo una donación de 10.000 euros a CDC, pero ha asegurado este viernes en un comunicado que fue a "título personal", y ha negado que tuviese algo que ver con que la Generalitat le acabase de conceder un contrato público. "Es una donación legal, declarada físicamente y completamente transparente", ha defendido Roca después de que El Confidencial haya publicado este viernes que hizo esta donación en noviembre de 2011 a las 24 horas de adjudicársele un contrato de 90.000 euros del Govern Miquel Roca usó a dos abogados de su bufete para trocear la 'comisión' que abonó a CDC.

Castro insiste en que Roca pudo tratar de tenderle una trampa

El juez José Castro insiste, pese a los desmentidos del sábado y ayer, en que Miquel Roca i Junyent, jefe del equipo jurídico de la infanta Cristina, le intentó tender una trampa cuando, a finales del 2013 y en la antesala de la imputación de doña Cristina, le propuso una reunión secreta. Castro señaló ayer que está a la espera de ser citado como testigo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga al sindicato Manos Limpias (la única acusación contra la Infanta) por extorsiones y otros delitos. El magistrado mallorquín solo quiso ayer hacer dos declaraciones públicas: una para comentar que no le extrañaba que Miquel Roca haya desmentido de manera tajente el haberle pedido un encuentro clandestino y la segunda para recordar que su papel en este caso es estar a disposición del juez Pedraz por si lo cita como testigo. Sin embargo, Castro en su entorno más próximo se reafirmó en la versión de los hechos que comunicó hace unos días por carta al juez Pedraz.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas. La comisión nace después de que los grupos acordaran retrasarla hasta que el exministro se repusiera de su convalecencia tras ser operado por un cáncer hepático. Entre tanto, los grupos parlamentarios han ido negociando y han acordado por unanimidad que el diputado del PNV Mikel Legarda presida dicha comisión.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas. La comisión nace después de que los grupos acordaran retrasarla hasta que el exministro se repusiera de su convalecencia tras ser operado por un cáncer hepático. Entre tanto, los grupos parlamentarios han ido negociando y han acordado por unanimidad que el diputado del PNV Mikel Legarda presida dicha comisión. Una vez creada la comisión, los grupos podrán organizar sus trabajos, que en principio prevén acabar en un plazo de tres meses, y evaluar las solicitudes de comparecencias y documentación. El PDeCAT abre una web con todos los detalles de la operación Catalunya.

De este modo, el Congreso se encargará de investigar si Fernández Díaz aprovechó los medios del Ministerio de Interior para perseguir a dirigentes catalanes a favor de la independencia. Estas presunciones se destaparon a raíz de que el diario Público diera a conocer escuchas y grabaciones hechas en el despacho del exministro, y en las que también estaba implicada el anterior director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. La oposición ha criticado con insistencia el uso de la denominada «policía política» o «policía patriótica» en la pasada legislatura para investigar a rivales políticos del Ejecutivo, informa Naiz.

El PDeCAT abre una web con todos los detalles de la operación Catalunya


La denominada operación Catalunya, los supuestos tejemanejes del exministro del Interior Fernández Díaz y otros miembros de su gabinete para perseguir a políticos independentistas, ha recalado en el congreso y en el Parlament en sendas comisiones de investigación y, a la vez ya cuenta con una página web específica que recoge todos los detalles conocidos sobre el asunto, la mayoría desvelados por investigaciones periodísticas.

Con todo lujo de detalles, el PDeCAT ha lanzado la web (http://operaciocatalunya.cat) en la que ofrece toda la información conocida por lo que consideran una campaña de “las cloacas del Estado”. ha sido el diputado de la formación en el Congreso Sergi Miquel quien ha anunciado la puesta en marcha de la página a través de su cuenta de twitter y en que señala que es fruto de muchos meses de trabajo.

El propio Miquel, como portavoz del PDeCAT en la comisión de investigación de la operación Catalunya, se ha mostrado complacido por el hecho de que al fin se haya podido constituir la citada comisión de investigación en el Cámara Baja, la primera que se constituye desde la de los atentados del 11S: “Celebramos que hoy, por fin, se constituya la comisión sobre Jorge Fernández Díaz y la operación Catalunya”, ha señalado, porque “queremos saber si el exministro del Interior y la expresidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y el resto de implicados en la trama actuaban como lobos solitarios o los coordinaba Jorge Moragas o alguien del Gobierno”.

Para el PDeCAT, el objetivo es “demostrar el juego sucio del Gobierno, y especialmente del Ministerio del Interior con Fernández Díaz al frente”. Miquel ha anunciado el lanzamiento de la web creada por él mismo que recopila cronológicamente los episodios más destacados de la operación Catalunya y sus personajes principales, y ha declarado su intención de “nutrir la web de contenido a medida que avance la comisión de investigación y tengamos más información”.

“Queremos saber si el exministro del Interior y la expresidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y el resto de implicados en la trama actuaban como lobos solitarios o los coordinaba Jorge Moragas o alguien del Gobierno”
En la sección cronológica de página se recogen una cuarentena de situaciones, momentos destacados fechados y acompañados de la documentación conveniente, ya sean grabaciones, mensajes de las redes sociales o recortes de prensa. Por su parte, en la de personajes aparecen retratados ocho dirigentes conocidos: Jorge Fernández Díaz, Alicia Sánchez Camacho, Daniel de Alfonso, Jorge Moragas y los exresponsables policiales José Luis Olivera, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas. De ellos aparecen las respectivas consideraciones personales y las cronologías,

El Parlament dio luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre las supuestas actuaciones del Estado contra dirigentes soberanistas gracias a la iniciativa de JxSí, que contó con el único voto contrario del PPC. Por su parte, la comisión de investigación en el Congreso también ha echado a andar después de medio año de retrasos aunque no será hasta el 21 de marzo cuando comiencen a fijarse las comparecencias.

Fernández Díaz y Daniel de Alfonso estarán en esa lista de citados a la comisión de investigación en el Congreso
Aunque por el momento la tarea de las grupos será presentar sus propuestas de trabajo a la comisión, que se volverá a reunir dentro de semanas, todos sus miembros han coincidido en que Fernández Díaz y Daniel de Alfonso estarán en esa lista de citados. Y es que la comisión, impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos y apoyada por Podemos y Ciudadanos, nace precisamente después de que se destaparan en julio las conversaciones entre ambos dirigentes. Este jueves, finalmente se ha constituido y acordado por unanimidad que el el diputado del PNV Mikel Legarda sea su presidente, mientras que PP y PSOE ocuparán las vicepresidencias y Ciudadanos y Podemos se harán cargo de sendas secretarías, informa La Vanguardia.

Sánchez-Camacho mintió ante el juez sobre su grabación con la ex de Jordi Pujol Jr

La presidenta del PP de Catalunya declaró ante la jueza que ella firmó el pago de la comida en el restaurante La Camarga, pero en el audio de la grabación se escucha cómo el detective que puso el florero con el micrófono adelantó dinero más que suficiente para hacerse cargo de la cuenta. El comisario Villarejo también habló de ello por teléfono con Victoria Álvarez. Es la "excelentísima" primera secretaria de la Mesa del Congreso de los Diputados. Pero no reparó en presentar denuncia falsa, ni en mentir ante el Parlament de Catalunya ni en prestar falso testimonio ante la Justicia. Se llama Alicia Sánchez-Camacho y es, desde hace muchos años, la presidenta del PP en Catalunya.

Fernández usó a dos detectives como tapadera de Sánchez-Camacho

La 'brigada política' del exministro Fernández Díaz utilizó a los empleados de Método3 Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, quienes hoy declaran en la Audiencia Nacional, para ocultar que fue la líder del PP de Catalunya quien ordenó grabar en un restaurante su conversación con la examante de Jordi Pujol júnior. Grabación que puso en marcha la 'Operación Cataluña'. Había que evitar que la líder del PP de Catalunya quedara en evidencia como la muñidora de la grabación en el restaurante barcelonés La Camarga, en 2010, que dio origen al caso Pujol.

El PP no responde sobre las medallas de la GC a la Virgen

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que de nuevo el Gobierno ignore en sus respuestas las justificaciones por la que, constantemente se condecoran vírgenes o el coste que tienen estas condecoraciones. Mulet hizo una batería de preguntas acerca sobre el anterior Ministro de interior al otorgar la Cruz de Plata del Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen en su calidad de "titular de la Real y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de los Dolores" de Archidona, en la provincia de Málaga. Carles Mulet señala que el Gobierno ignora en sus respuestas varias de las preguntas como si acudió la galardonada a recoger la condecoración.

El PP de Madrid cobró comisiones del 1%, según investiga la UCO

La Guardia Civil investiga si el Partido Popular de Madrid se financió irregularmente con parte del 1% que se destinaba a la publicidad de cada uno de los grandes contratos públicos de la región. Las pesquisas se centran en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y en contratos de Transportes, Sanidad y Urbanismo, según han confirmado fuentes del caso Púnica.

Así extorsionó el ISIS al gigante del cemento Lafargue

El gigante del cemento franco-suizo Lafarge-Holcim, líder mundial en el sector y propietario de la antigua Asland de Montcada, admitió el pasado 2 de marzo en un comunicado que su empresa en Siria accedió a pagar a grupos armados para mantener la circulación de empleados y camiones de su planta en Xerab Hisq, en el norte del país. Lo hizo durante 2013 y hasta septiembre de 2014. Fue el día 19 de ese mes cuando el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés), tras meses de ofensiva contra las milicias kurdas en los alrededores, llegó a las puertas de la cementera y accedió a las instalaciones. Dos días antes de aquello, sirva de ejemplo, Frederic Jolibois, máximo responsable de Lafarge Cement Syria, empresa propietaria de la planta, recibió un mail. Era el llamamiento desesperado de una trabajadora de la compañía. "Tenemos pagos pendientes que requieren sus instrucciones", decía el correo, "he arriesgado mi vida al comunicarme con esta persona por la continuidad del negocio".

Esa persona de la que hablaba respondía al nombre de Ahmad J., intermediario entre la firma y, según él mismo dice en otro mail, el "ejército islamista más fuerte en el terreno con el que no se debería bromear". La trabajadora estaba urgida porque Ahmad J. pedía unos 30.000 euros y necesitaba que se aprobase la operación.

La unión de Lafarge y Holcim creó hace algo más de dos años el mayor grupo cementero del mundo: 90.000 empleados, 80 países, ventas de 32.000 millones de euros...Y estos días está en boca de muchos no solo por el affaire sirio sino porque su consejero delegado, Eric Olsen, ha manifestado su disposición a participar en la construcción del muro con México ideado por el presidente Donald Trump. Paradójicamente, el equipo de Trump aprovechó que Lafarge había contribuido con la Iniciativa Global Clinton para vincular a Hillary Clinton en plena campaña, en el verano de 2016, con los yihadistas del ISIS. Y eso porque un periódico sirio, Zaman al Wasl, y el diario francés Le Monde ya habían empezado a airear los tratos en Siria de la cementera con grupos armados.

EL PAÍS ha tenido acceso a varios documentos y correos de la firma filtrados en la Red. Alguno de estos papeles coinciden con los aportados por extrabajadores de la planta de Xerab Hisq en una denuncia presentada en París contra LafargeHolcim por "complicidad" con crímenes de guerra en Siria y "financiación de terrorismo". Entre los papeles está el que habla del tal Ahmad J., proveedor para la fábrica de fuel y puzolana (material silicio para hacer cemento). El 1 de octubre de 2014, dos semanas después del mail desesperado de esta trabajadora, Frederic Jolibois aprobó el pago. En otro de los correos de Ahmad J. relacionados a esta operación se cita incluso a otro intermediario, el doctor Taleb, con cuenta en Líbano y para el que se piden 18.000 euros. En la denuncia presentada en París se le identifica como Amro Taleb. Se trata, según un perfil en la web de la Universidad de Columbia, en la que dio una charla, de un consultor sirio-canadiense que ha trabajado, entre otros, para el Gobierno sirio y las empresas Lafarge, British Petroleum y Total.

Tanto la sede suiza de LafargeHolcim como sus oficinas en París, contactadas por este diario, se limitan al comunicado del 2 de marzo y no dan más detalles. Conocen por la prensa la filtración de documentos, pero remiten a la investigación aún abierta para no hacer comentarios al respecto. Hasta el momento, el grupo ha reconocido que Lafarge Cement Syria, la empresa al cargo de la planta en el país árabe, "proveyó fondos a terceras partes para llegar a acuerdos con grupos armados, mantener las operaciones y garantizar el paso seguro de empleados y materiales hacia y desde la planta". Varios de los papeles aireados y vinculados a los tratos de LafargeHolcim tienen el membrete del ISIS y la firma de su rama provincial en Alepo, adonde pertenece la planta. Son precisamente permisos para el paso de vehículos de la empresa por los checkpoints yihadistas. En uno de ellos se pide a los "hermanos muyahidines [combatientes de la yihad]" que dejen pasar a un coche de la planta para cumplir el "acuerdo" alcanzado previamente con la empresa cementera.

Las actividades de Lafarge Cement Syria comenzaron en 2010. La entonces empresa de matriz francesa invirtió unos 645 millones de euros en la planta. La cosa funcionó hasta que la guerra civil complicó la producción. Durante el año 2013, el ISIS se expandió por el norte del país. El complejo cementero, a 90 kilómetros de Raqa, cuna del califato, empezó a verse rodeado. La frontera más cercana, la turca, era un coladero de yihadistas a través del enclave en manos del ISIS de Tel Abiad. El grupo terrorista se hizo también con la estratégica localidad de Ayn Issa, a unos 30 kilómetros al este de la planta, y de Manbij, a 65 kilómetros al oeste, localidad natal y de residencia de muchos de los empleados de la cementera. Las milicias kurdas, no obstante, mantuvieron la seguridad de las instalaciones durante un tiempo.

"Hoy en día se está hablando en Siria mucho de la compra ilegal de petróleo de 'organizaciones no gubernamentales", escribió el 13 de julio de 2014 Mamdouh al Khaled, manager de planta desde Damasco. Al Khaled se dirigía en un correo electrónico a Bruno Pescheux, el que fuera antecesor de Jolibois al frente de la empresa en Siria. Era una advertencia. "Se espera", continuó el empleado, "que el Gobierno apruebe una resolución contra individuos o compañías que compren petróleo ilegal. Creo que nuestra empresa tiene que estar preparada". Pescheux le responde al día siguiente con una suerte de argumentario en el que dice que hay que defender, llegado el caso, que lo que ellos utilizan es "una cantidad muy pequeña" comparada con lo que se vende en el mercado negro a través de Turquía, y que es absolutamente necesario para hacer funcionar la planta, que a su vez vende cemento de donde el Gobierno sirio recauda impuestos.

"Hasta los kurdos compraban petróleo al ISIS, así que es seguro que el que usaba Lafarge venía del ISIS", dice uno de los citados en la denuncia presentada en París y que apoyan la organización francesa Sherpa y el alemán Centro Europeo para la Constitucionalidad y los Derechos Humanos. Exempleados de la fábrica señalan además que la gestión de la empresa puso en peligro al personal. Lafarge -nombre de la cementera antes de la fusión con Holcim- repatrió a su personal francés en 2012, año en el que el conflicto en Siria empezó a extenderse por Alepo, pero mantuvo las actividades y los trabajadores sirios. Algunos de estos empleados fueron secuestrados, entre ellos uno de los denunciantes. Una ristra de correos posteriores a la evacuación de septiembre de 2014 habla precisamente de la puesta en libertad de dos trabajadores cristianos, "convertidos al islam" y enviados a Manbij para "tomar cursos y clases de religión islámica". Otros dos miembros del personal de la empresa, fueron puestos en libertad en la misma ciudad. Se desconoce a partir de los mails quién apresó a los individuos, pero la ciudad de Manbij estaba aún en manos del ISIS.

El relato de huida que hace uno de los responsables directos de la planta es finalmente demoledor. Tardó 10 días en llegar a un lugar seguro en Turquía, tras saltarse el cerco de Kobane, uno de los frentes de la guerra en aquel momento. Cuando lo logra, coge un ordenador y le cuenta a Jolibois todo lo que pasó. Cada empleado se buscó la vida como pudo. A él le advirtió desde Raqa un exempleado de la cementera, integrante del ISIS, de que el grupo yihadista quería acceder a las instalaciones. Lo mismo le dijo otro colega desde Tel Abiad. No se fió de ninguno. Desconectó los generadores el 18 de septiembre de 2014 y, un día después, huyó de la planta junto a una decena de miembros de su familia. En el mail, el trabajador pedía ayuda para poder pagar los 500 dólares al día que necesitaba en su nueva vida al otro lado de la frontera.

Pau Molins Amat ya no confía en Millet

El abogado Pau Molins Amat, hermano de Joaquim Molins, ex consejero de Obras Públicas de Pujol y miembros de la familia Molins-López Rodó -por el ministro franquista y miembros destacados del Opus Dei-, propietaria de Cementos Molins y accionistas de la multinacional Lafargue, renuncia a la defensa de Millet porque habría perdido la confianza en su cliente. El letrado ha aportado esta mañana un documento a la jueza del caso del hotel, Miriam de Rosa, donde hace efectiva su renuncia y ha pasado el caso a Mireia Astor, una abogada del despacho Piqué Vidal, que ya llevaba la defensa de la esposa de Millet, Marta Vallès. Molinos también deja la defensa en el caso del desfalco del Palau. El abogado de Jordi Montull, Jordi Pina, por su parte, sí se mantiene junto a su cliente y de su hija, Gemma Montull. En estos momentos la multinacional franco-catalana Lafargue ya tiene una empresa en el kurdistán iraquí donde disfruta del monopolio del cemento para la reconstrucción del país, y está a punto de iniciar la construcción de otro factoría al sur shií, en Besora.

Opus, Pujol, Molins López-Rodó, Millet...

A quien le parezca extraña la afinidad de un Millet catalanista y PPro (aupado, amado y premiado por Pujol), con la FAES de Aznar y los fascistas hispanos, le interesará saber que su abogado, Pau Molins Amat, es miembro de la destacada familia del Opus Dei y propietaria de Cementos Molins, emparentada con aquel tan amado ministro franquista, Laureano López Rodó, igualmente entre las cabezas más poderosas del Opus en España. Fué ya defensor, el leguleyo Pau Molins Amat, de dos lacayos de Pujol, de pérfido recuerdo: Lluis Prenafeta, el amigo íntimo, e Ignasi Farreres, a quien recientemente se le vió hacer el ridículo ante el tribunal que le juzgaba, con el mismo guante de terciopelo que a sus predecesores y sucesores.

Aznar, tan próximo al Opus como puede pese a su catadura amoral, embustera y genocida, consiguió, gracias a la inestimable ayuda de Joaquim Molins Amat (quien, tras muchos cambios de chaqueta, fue Conseller de Política Territorial i Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya entre 1988 y 1993), el apoyo de Pujol a su investidura, aprendiendo entonces, con la Botella, a hablar catalán con Pujol en la intimidad. "Joaquim Molins jugó también un papel clave en las negociaciones entre el PP y los nacionalistas: forma parte de una dinastía industrial del sector del cemento, muy vinculada al Opus y a uno de sus principales dirigentes, el antiguo franquista Laureano López Rodó". Le Monde.

Los Pujol avalaron una campaña de CDC con fondos sospechosos

Documentos de la Banca Reig muestran que Jordi Pujol Ferrusola solicitó a este banco andorrano que avalara a las tres empresas que trabajaban en las campañas electorales de Convergència. El hijo mayor del ex-presidente Jordi Pujol se comunicó con su gestor de fondos, Josep Maria Pallerola, para disponer de una línea de avales a través el grupo financiero Fibanc (actual Banco Mediolanum).

Montull: “Pasamos del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”

Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, ha ratificado este jueves lo dicho ayer por su hija Gemma, antigua directora financiera de la entidad: Convergéncia se financió irregularmente con mordidas procedentes de empresas como Ferrovial y que tramitaba a través del Palau a cambio de concesiones de obra pública.

El PP de Madrid cobró comisiones del 1%, según investiga la UCO

La Guardia Civil investiga si el Partido Popular de Madrid se financió irregularmente con parte del 1% que se destinaba a la publicidad de cada uno de los grandes contratos públicos de la región. Las pesquisas se centran en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y en contratos de Transportes, Sanidad y Urbanismo, según han confirmado fuentes del caso Púnica. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado tiene indicios de que dicho porcentaje en realidad podría haberse destinado a las arcas del partido. Las mismas fuentes precisan que no se trata estrictamente del 1%, porque esa cuantía variaba dependiendo del monto total del contrato. El 1%, sin embargo, fue la norma generalizada en las adjudicaciones de los años investigados.

Para seguir esta línea de investigación, la UCO ha estado recabando documentación durante los últimos días en varias dependencias de la Administración regional. No se trata de registros policiales, sino de peticiones de documentación a los responsables actuales. El objetivo de esas visitas estaba claro: conocer qué empresas publicitarias consiguieron la adjudicación de dichos porcentajes, indagar en quién gestionó dichas adjudicaciones (si la contratista de turno o el propio Gobierno regional) y estudiar si dicha publicidad se justificó suficientemente y los trabajos fueron realizados.Los grandes contratos investigados hasta el momento son precisamente los más costosos: Sanidad, Transportes y la fallida Ciudad de la Justicia, entre otros de diversas áreas.

Hay que recordar que las legislaturas de Aguirre de 2003 y 2007 fueron las que tuvieron mayor presupuesto y precisamente los proyectos estrella fueron las grandes infraestructuras y la Sanidad. De hecho, el juez ha citado al ex consejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que saltó a la fama cuando estaba en ese cargo por negar la existencia del Metrobús, un billete de transporte público que lleva utilizándose en Madrid desde los años 90.Si las sospechas de los investigadores se confirman, el fraude se articularía a través de facturas falsas por servicios no realizados y millones de euros fraudulentamente gastados en la publicidad de cada gran contrato. Aunque en los contratos habitualmente se especificaba que la gestión de dicha partida publicitaria correspondía a la empresa concesionaria, fuentes de la Comunidad asumen que habitualmente era la Administración regional la que realizaba esa labor y la desviaba a una firma del negocio publicitario.

Los agentes quieren saber si esas partidas se gestionaban directamente desde la Presidencia de la Comunidad en la Puerta del Sol y a dónde iban exactamente. La Guardia Civil ha estado recabando documentación en diversas instancias de la Comunidad durante los últimos días, pero no realizando registros, como se ha publicado, puntualizaron fuentes del Instituto Armado.El martes pasado, como publicó el diario digital El Independiente, agentes de la UCO se personaron en la Consejería de Sanidad para solicitar la información pertinente sobre los contratos para la construcción de seis hospitales en las localidades madrileñas de Getafe, Leganés, Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada.

El 1% de dichos seis contratos ascendió a 23 millones de euros.Otras dependencias donde han requerido información son Justicia, Urbanismo, la empresa pública Arpegio y la Consejería de Transportes.Los agentes de la Guardia Civil intentan localizar uno de los puntos de partida de la presunta financiación ilegal del PP. Uno de los broches finales de ese mismo puzle serían los documentos hallados en el registro de la vivienda del ex gerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez, con anotaciones sobre las entradas de dinero procedente de contratos públicos en las arcas del partido. Precisamente, el juez Velasco también ha citado a Gutiérrez para declarar sobre esos papeles, informa el Mundo.

Esperanza Aguirre, embustera, nazi y ladrona compulsiva

La candidata del PP a las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, Esperanza Aguirre, planeó convertirse en presidenta a base de hospitales. Prometió siete de golpe. A cambio, abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias. Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Aguirre junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a ese plan.

Los Pujol avalaron una campaña de CDC con fondos sospechosos

Documentos de la Banca Reig muestran que Jordi Pujol Ferrusola solicitó a este banco andorrano que avalara a las tres empresas que trabajaban en las campañas electorales de Convergència. El hijo mayor del ex-presidente Jordi Pujol se comunicó con su gestor de fondos, Josep Maria Pallerola, para disponer de una línea de avales a través el grupo financiero Fibanc (actual Banco Mediolanum). El objetivo de la petición cursada a finales de 1999, según esta información, era financiar la campaña convergente a las elecciones del año 2000 al Congreso de los Diputados, a las que se presentaba Xavier Trias como cabeza de lista.

Montull: “Pasamos del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”

Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, ha ratificado este jueves lo dicho ayer por su hija Gemma, antigua directora financiera de la entidad: Convergéncia se financió irregularmente con mordidas procedentes de empresas como Ferrovial y que tramitaba a través del Palau a cambio de concesiones de obra pública. "Mantengo todo lo que dijo ayer mi hija", han sido las primeras palabras que ha pronunciado Montull en el juicio.

Los Pujol avalaron una campaña de CDC con fondos sospechosos

Documentos de la Banca Reig muestran que Jordi Pujol Ferrusola solicitó a este banco andorrano que avalara a las tres empresas que trabajaban en las campañas electorales de Convergència. El hijo mayor del ex-presidente Jordi Pujol se comunicó con su gestor de fondos, Josep Maria Pallerola, para disponer de una línea de avales a través el grupo financiero Fibanc (actual Banco Mediolanum). El objetivo de la petición cursada a finales de 1999, según esta información, era financiar la campaña convergente a las elecciones del año 2000 al Congreso de los Diputados, a las que se presentaba Xavier Trias como cabeza de lista. La cifra solicitada era de poco más de 2 millones de euros y las sociedades receptoras del dinero eran Hispart SA, Winner Graph SL y Altraforma SA. El caso Pujol persigue a los helicópteros de la Generalitat.

El nombre de Jordi Pujol Ferrusola no aparece en los documentos, pero sí la firma mediante su número de cuenta -AN84800-, que le permitía operar con la Banca Reig sin hacer constar su nombre. En todo caso, esta información asegura que los papeles eran una formalidad, ya que otros documentos indican que antes el Júnior ya había comunicado las mismas instrucciones verbalmente. Los investigadores del caso Pujol creen que el dinero de la Banca Reig (actual Andbank) procede de comisiones ilegales y relacionan la cuenta AN84800 con operaciones de blanqueo de capitales.

El caso Pujol persigue a los helicópteros de la Generalitat

Los investigadores del caso Pujol tienen en su punto de mira la relación del clan del ex-presidente catalán, en particular de su hijo Josep, con la empresa Cat Helicòpters, adjudicataria de la Generalitat de Cataluña. Sospechan que Josep Pujol Ferrusola simuló un préstamo de 900.000 euros a un socio de la empresa de helicópteros y acabó guardando esa suma en la caja de seguridad de la Banca Privada de Andorra. Según declaró este hijo del ex-presidente en sede judicial, con la devolución del supuesto préstamo obtuvo un beneficio de 195.000 euros (un 21%).

El supuesto objetivo de la maniobra sería blanquear un dinero que procedía de la cuenta de Andbank AN81756, en la que se han detectado 69 entradas de dinero entre 1993 y 2000 por un importe superior a los 1,2 millones de euros. Además, otro de los socios de Cat Helicòpters niega que el préstamo existiera y afirma que los helicópteros llevarib a Andorra durante años varios a miembros de la familia Pujol Ferrusola.

Asimismo, El Mundo revela que Josep Pujol plasmó por escrito su preocupación por una posible comisión de un delito de blanqueo de capitales con la citada operación. Un hecho significativo que refuerza la tesis del funcionamiento del clan Pujol como una organización criminal que repartía comisiones entre sus miembros es la comprobada correlación entre fechas e importes de los ingresos de cada uno en las cuentas andorranas. La UDEF sospecha que la adjudicación de la Generalidad a Cat Helicòpters fue irregular, informa El Triangle.

Andorra 'vende' los Pujol a la AN por el apoyo de España

La familia Pujol lo tiene muy peludo en Andorra, puesto que las autoridades del país de los Pirineos han decidido colaborar totalmente con el juez José de Mata. El magistrado José de Mata, instructor de la macrocausa contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional, está contento. Ha encontrado en Andorra la mina que le permite hacer avanzar el sumario, seriamente tocado después del show del pendrive y el comportamiento mafioso del PP y su exministro del Opus Dei Fernández Díaz.

Montull: “Pasamos del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”

Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, ha ratificado este jueves lo dicho ayer por su hija Gemma, antigua directora financiera de la entidad: Convergéncia se financió irregularmente con mordidas procedentes de empresas como Ferrovial y que tramitaba a través del Palau a cambio de concesiones de obra pública. "Mantengo todo lo que dijo ayer mi hija", han sido las primeras palabras que ha pronunciado Montull en el juicio, donde mantiene un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena de prisión – 26 años – de su hija. Por esa razón ha insistido en que Félix Millet, director de la entidad, era quien controlaba todo: “Ella (Gemma Montull) no tenía capacidad de decisión”. Jauregui dice que Puigdemont debe comparecer por la financiación ilegal de su partido.

Cursach presumía de controlar a Rodríguez, Gijón, Isern y Delgado

El juez Penalva describe en el auto de prisión contra Tolo Cursach que el magnate del ocio nocturno y sus ejecutivos dirigían una organización delictiva y a través de ella se controlaba a la Policía Local, a funcionarios municipales y a determinadas autoridades políticas. Gracias a este nivel de influencia al más alto nivel se conseguían millonarios beneficios económicos, aunque ello fuera a costa de hundir a otros empresarios de la competencia. El empresario sufragó la celebración de la expresidenta de Unió Mallorquina, Maria Antoia Munar, en una de sus discotecas de sus resultados en las autonómicas de 2007, según el auto.

JxSí perderá 42 millones no gastados del plan de empleo juvenil europeo

El plan de empleo juvenil que puso en marcha la Unión Europea en el 2013 fue presentado a bombo y platillo como un salvavidas para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los 'ninis'. Pero cuatro años después, cuando los estados tienen que justificar las subvenciones con los programas que han puesto en marcha, los 'hombres de negro' de la Comisión Europea se han llevado las manos a la cabeza. Literalmente. El montante que no se ha gastado en el primer plazo establecido en España será muy abultado a pesar del récord de paro juvenil. En el caso de la Generalitat, la cantidad de dinero procedente del Fondo Social Europeo que se perdería por no haberse ejecutado cuando tocaban las acciones del plan de garantía juvenil puede oscilar entre los 33 y los 42 millones de euros de los 75 que se habían planificado para gastar en ese periodo, según reconoce la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa (izda. foto), en una respuesta por escrito publicada en el Boletín del Parlament a una pregunta formulada por el diputado del PSC Pol Gibert.

La 'consellera' argumenta que la certificación planificada para el 2017, según la regla prevista en el plan de una primera fase de ejecución del 2014 al 2016, "será menor y por tanto el descompromiso puede oscilar entre 33 y 42 millones de euros, aunque hay que prever que en la fase de verificación los importes pueden reducirse y, consecuentemente, el descompromiso puede aumentar".

Esta situación, según Treball, es todavía peor en la mayoría de las comunidades autónomas y en la parte del plan que gestiona directamente el Ministerio de Empleo, que llega al 50% de los fondos totales asignados a España, que ascieden a 2.360 millones. Del millón de 'ninis' que hay en España, hay inscritos en el plan unos 400.000. Ante el retraso en la puesta en marcha del plan por parte del Ejecutivo central y las dificultades en los primeros años, la Generalitat propuso en una reunión con el Fondo Social Europeo que Bruselas amplíe el plazo para ejecutar políticas activas de empleo para jóvenes hasta el 2017.

La directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha indicado que la flexibilización de los plazos para que el Fondo Social Europeo tenga en cuenta también los programas para jóvenes finalizados durante el 2017 solventaría en buena parte el riesgo de pérdida de subvención. "Hemos tenido que trabajar a contracorriente porque el plan se puso en marcha muy tarde en España y las comunidades tuvieron que esperar hasta prácticamente el 2015 para tener los mecanismos necesarios", ha explicado Garau. De hecho, el grado de ejecución de las medidas previstas para buscar trabajo, formar u orientar a parados jóvenes alcanzó una media del 12,25% de lo presupuestado en España hasta el 2015.

El diputado socialista Pol Gibert ha avanzado la intención del grupo parlamentario socialista de pedir explicaciones a la Generalitat , a la que acusa de "presumir de acciones contra el paro juvenil con anuncios grandilocuentes que en realidad no se han llevado a cabo". Gibert también critica los escasos recursos propios destinados por el Govern a este plan, que en la primera fase recibía una subvención por parte de la Comisión Europea del 90% que va bajando en los siguientes ejercicios.

Sin embargo, Garau argumenta que precisamente uno de los problemas de implementación del plan ha sido que las comunidades autónomas tenían que avanzar una buena parte del dinero, a la espera de recibir la subvención europea, para financiar las acciones en un contexto en el que el Gobierno central ejercía un control férreo del déficit público de las cuentas públicas. Eso quiere decir que Catalunya y otras comunidades pueden ver como finalmente tienen que pagar de su propio bolsillo algunas de las acciones en marcha si Bruselas aplica a rajatabla los plazos de ejecución.

Hasta febrero pasado, la Generalitat había gastado o asignado un total de 171 millones en programas del plan de garantía juvenil. El problema es que muchas de esas acciones todavía están en marcha y por tanto no computan como gasto ya ejecutado en las verificaciones de los inspectores del Fondo Social Europeo. Hace unos meses, se aumentó la edad máxima para acogerse al plan de 24 años a 29 para intentar acelerar la ejecución de las medidas. La persistencia de las trabas burocráticas y financieras motivaron una rebelión autonómica en noviembre pasado para exigir cambios en el plan, que dieron pie a que desde diciembre se consideren como candidatos los jóvenes que estén un solo día en paro, informa El Periódico.

Montull: “Pasamos del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”

Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, ha ratificado este jueves lo dicho ayer por su hija Gemma, antigua directora financiera de la entidad: Convergéncia se financió irregularmente con mordidas procedentes de empresas como Ferrovial y que tramitaba a través del Palau a cambio de concesiones de obra pública. "Mantengo todo lo que dijo ayer mi hija", han sido las primeras palabras que ha pronunciado Montull en el juicio, donde mantiene un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena de prisión – 26 años – de su hija.

La herencia de Rudi (PP) ahoga Aragón

"Un Ferrari sin gasolina en el depósito". Así es como ven su depuradora los alcaldes de Zuera y San Mateo. "Los culpables son todos aquellos que se echaron en los brazos de la especulación inmobiliaria", afirma José Manuel González, primer edil de San Mateo. Si el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejó la costa plagada de esqueletos de hormigón, Aragón, además, ha quedado inundada de depuradoras gigantes en pueblos con muy pocos habitantes que no las necesitaban tan grandes. Como la de Zuera, que costó diez millones de euros. "Nunca llegaremos a que esté al 100% activa", asegura Luis Antonio Zubieta, alcalde de Zuera.

La Educación Pública y la ciencia contra la Lomce nazi del Opus Dei y el PP

La muy fascista y retrógrada Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) ha generado rechazo desde su primer borrador. Denunciada por haber sido aprobada gracias al "rodillo parlamentario" de la mafia del PP que tuvieron los nazicatólicos en la X legislatura, la repulsa social se canalizó en la calle en las mayores concentraciones en favor de la Educación Pública de la historia de la 'democracia' orgánico-fascista española.

Montull: “Pasamos del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”

Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, ha ratificado este jueves lo dicho ayer por su hija Gemma, antigua directora financiera de la entidad: Convergéncia se financió irregularmente con mordidas procedentes de empresas como Ferrovial y que tramitaba a través del Palau a cambio de concesiones de obra pública. "Mantengo todo lo que dijo ayer mi hija", han sido las primeras palabras que ha pronunciado Montull en el juicio, donde mantiene un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena de prisión – 26 años – de su hija. Por esa razón ha insistido en que Félix Millet, director de la entidad, era quien controlaba todo: “Ella (Gemma Montull) no tenía capacidad de decisión”. Jauregui dice que Puigdemont debe comparecer por la financiación ilegal de su partido.

Sin embargo, a pesar de la previsible defensa de su hija, la declaración de Jordi Montull ha dejado declaraciones relevantes como que las mordidas pasaron del 3 al 4% porque “Convergència quería más dinero”. Además, ha insistido en el papel relevante que supuestamente tuvo Ferrovial en el caso Palau y en la presunta financiación irregular del partido. “Gran parte del dinero del patrocinio del Palau de Ferrovial iba a Convergència” ha asegurado Montull, al tiempo que detallado las formas en las que llegaba ese dinero. “Daniel Osàcar (extesorero de Convergència) iba al Palau, recogía el dinero en un sobre, lo contaba y se iba".

La declaración de Montull avala así la tesis del Fiscal que ayer fue ratificada por el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y Gemma Montull. Al igual que estos, Montull tampoco ha apuntado más arriba. “Yo sólo hablaba con Daniel Osàcar”, el tesorero de CDC. El exdirector administrativo ha detallado que los pagos al partido, en un principio, se efectuaban desde el Palau de la Música hasta donde se desplazaban los tesoreros del partido para recoger el dinero en efectivo. Primero lo hizo Carles Torrent que trataba directamente con Fèlix Millet, y tras su fallecimiento en 2005, fue sustituido por Daniel Osàcar que pasó a ser atendido por Montull. “Lo recogía, lo contaba y se iba”.

La investigación halló que tras el fallecimiento del tesorero de CDC se produjo una reunión entre Millet, Montull, representantes de Ferrovial y el por entonces gerente del partido, Germà Gordó. El exnúmero dos del Palau ha asegurado que en ese encuentro “no se habló de dinero, sólo de política y de fútbol”. Jordi Montull llegó a un pacto con la Fiscalía en el que se comprometía a confesar los entresijos del fraude en el Palau a cambio de rebajar la petición de pena a su hija que se enfrenta a una pena de 26 años y medio de prisión y que tras el acuerdo podría quedar en tres años de los cuales uno podría ser sustituido por una pena de multa que le permitiría esquivar la cárcel, informa La Vanguardia.

Jauregui dice que Puigdemont debe comparecer por la financiación ilegal de su partido

El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, valoró en RNE las declaraciones que hizo ante el juez el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet reconociendo las donaciones que recibió CDC a cambio de obras públicas y dijo que estamos ante una información “más que relevante que pone de manifiesto un sistema de financiación paralela con contrataciones públicas por parte de una partido que ha gobernado Cataluña treinta años sobre el que recae una censura política rotunda y esto afecta a sus candidatos por más que hayan cambiado su nombre”. Por ello cree que Carles Puigdemont tiene que dar explicaciones y comparecer en el Parlament, informa El Boletín.

Gemma Montull: "Los pagos [a CDC] eran una cosa normal"

Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau de la Música, también ha tirado de la manta, aunque, en su caso, tras un pacto con la fiscalía para rebajar la pena solicitada para ella de 26 años de cárcel a solo tres años, uno de ellos sustituible por una multa. "Los pagos [a CDC] era una cosa normal" y se hacían "desde hacía años", ha declarado este miércoles, en línea con lo declarado anteriormente por el expresidente de la entidad, Fèlix Millet. La exalto cargo de la entidad cultural ha admitido que "Ferrovial utilizó el Palau" para canalizar fondos destinados a CDC.

Esperanza Aguirre, embustera, nazi y ladrona compulsiva

La candidata del PP a las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, Esperanza Aguirre, planeó convertirse en presidenta a base de hospitales. Prometió siete de golpe. A cambio, abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias. Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Aguirre junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a ese plan. Una lluvia de dinero público a la que acudieron esencialmente empresas constructoras, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica.

Esperanza Aguirre, embustera, nazi y ladrona compulsiva

La candidata del PP a las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, Esperanza Aguirre, planeó convertirse en presidenta a base de hospitales. Prometió siete de golpe. A cambio, abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias. Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Aguirre junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a ese plan. Una lluvia de dinero público a la que acudieron esencialmente empresas constructoras, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica. El sistema es ahora investigado por el juez Eloy Velasco con la sospecha de que la partida para dar a conocer los nuevos hospitales se utilizó para financiar al PP de Madrid.

Las concesionarias se quedaron con los servicios no sanitarios: gestionaban la limpieza o el mantenimiento del edificio que podían a su vez sacar a contrata. También el alquiler de los espacios dedicados a restauración o comercios. La manera de funcionar de los hospitales ha merecido los reproches de la Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano fiscalizador de la región, que desveló cómo el Gobierno de Aguirre autorizó subir el canon que las arcas públicas pagarán hasta 2035.

Con los hospitales ya abiertos y la reelección de Aguirre ganada en 2007 (inauguró los edificios estuvieran o no operativos), las constructoras protestaron porque, decían, no les salían las cuentas. En una decisión no publicada del Consejo de Gobierno en septiembre de 2010, la presidenta accedió a pagarles un extra y a subir el canon durante décadas. Lo llamaron "restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión". El extra sumó más de cuatro millones de euros por "sobrecostes" en la obra y el incremento del canon anual –que suponía el pago de unos 80 millones– de un 2,4% para el resto de ejercicios hasta el año 2035. Esta decisión del equipo de Esperanza Aguirre se conoció por un informe de la Cámara de Cuentas, de 2012.

Este mismo órgano dictaminó en 2013 el desbarajuste en las cuentas que presentaban estos centros. La Cámara afeaba que los balances eran firmados por personas que no tenían potestad para hacerlo. También consideraba que algunas direcciones de los centros no consignaban bien las "aportaciones de socios", que en este caso incluyen las transferencias de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento sanitario. En el caso del Infanta Sofía, faltaba "información sobre arrendamientos y otras operaciones, instrumentos financieros, ingresos y gastos financieros que, según los datos recogidos en otros estados, existen". Además, en ese documento se mostraba que el hospital del Tajo presentaba unas pérdidas de 49 millones de euros lo que le dejaba al borde del colapso financiero.

El Plan de Infraestructuras Sanitarias 2003-2007 al que pertenece esta red anunció finalmente no siete, sino ocho centros. Tras acceder a las peticiones del alcalde de la ciudad de Parla, el socialista Tomás Gómez, para colocar allí uno de sus centros, Aguirre se encontró con la protesta del municipio de Valdemoro, en poder del PP. De hecho el alcalde de Valdemoro hasta la victoria de Aguirre era Francisco Granados, ahora en prisión preventiva por la trama Púnica, y quien fue reclamado por la presidenta para su Gobierno. Así que la salomónica decisión fue construir dos hospitales separados por 14 kilómetros. Menos de 15 minutos en coche. El de Valdemoro sirvió para ensayar la privatización total: construcción, administración y servicios sanitarios. El sistema obligaba a los ayuntamientos agraciados a ceder la parcela para que la concesionaria levantara el centro.

Una vez puesta en marcha la maquinaria, las concesiones han vivido una montaña rusa. El hospital del Tajo en Aranjuez se adjudicó a Constructora Hispánica – ahora sospechosa habitual en casos de corrupción– que más tarde vendió su gestión no médica al grupo Essentium. Este conglomerado ejerce el control mediante su compañía Assignia. El político que adjudicó ese hospital en 2005, Manuel Lamela, acabó en el consejo de administración de Assignia. Otro de los hospitales nacidos de este plan fue el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas, en Madrid. Fue adjudicado a la unión empresarial del grupo Begar de José Luis Ulibarri –imputado en el caso Gürtel– y la quebrada Ploder Uicesa. Al otro lado de la región, la Sociedad Concesionaria Hospital del Norte (el Infanta Sofía de Alcobendas) está participada por Acciona y Cofely España.

El diseño puesto en marcha por el PP de Madrid ha permitido que, según las constructoras han ido perdiendo interés por la concesión, se han deshecho de sus obligaciones. En palabras de algunas concesionarias cuando deciden vender, se trata de "inversiones maduras". FCC explotaba el hospital del Sureste en Arganda mediante Globalvia que en enero de este año ha vendido sus derechos a Aberdeen Infrastructures, una sociedad del fondo Lloyd's. Este fondo ya se había hecho con las participaciones de OHL en el hospital por lo que domina el 100% de la concesión.

El mismo Lloyd's compró casi la mitad de las acciones que Sacyr poseía en otros dos de estos hospitales electorales: el Infanta Cristina en Parla y el del Henares en Coslada por 90 millones de euros en marzo de 2014. El plan fue considerado un éxito por Aguirre y su equipo. Tanto que para la siguiente tanda de infraestructuras, el heredero de Lamela, Juan José Güemes, hizo una presentación en el hotel Ritz de Madrid bajo el título "oportunidades de negocio". Se buscaban contratistas para los hospitales de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba. En esta ocasión la concesión sería total: todos los servicios, sanitarios incluidos, fueron privatizados, informa eldiario.es.

El juez halla pruebas de la financiación ilegal del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco habría encontrado pruebas de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en el marco de su pieza secreta sobre la que este martes ha ordenado registros y requerimientos de información en varias empresas, domicilios y sedes autonómicas. Se trataría de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destaparía la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. La manera de financiarse de forma irregular habría sido, entre otras vías, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se habría nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio de contratas públicas.

Altos cargos de Aguirre 'trocearon' ayudas para favorecer a Ausbanc

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc que acredita que la falsa organización de consumidores que presidía Luis Pineda (PP) recibió subvenciones públicas ilegales por valor de 6.286.772 euros. Según el documento durante al menos dos ejercicios, Ausbanc habría contado con la colaboración de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que fraccionaron subvenciones para poder entregárselas a dedo.

Aguirre financió a HazteOir con dinero robado a la Agencia de Cooperación e Inmigración

El Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre financió la ceremonia de premios y los congresos del grupo nazicatólico HazteOir. Aunque su presidente, Ignacio Arsuaga, siempre se ha jactado de que su asociación nunca ha recibido subvenciones públicas para sostener su actividad, tanto los premios de la asociación como algunos de sus congresos fueron financiados con dinero público de la Administración autonómica.

La Educación Pública y la ciencia contra la Lomce nazi del Opus Dei y el PP

La muy fascista y retrógrada Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) ha generado rechazo desde su primer borrador. Denunciada por haber sido aprobada gracias al "rodillo parlamentario" de la mafia del PP que tuvieron los nazicatólicos en la X legislatura, la repulsa social se canalizó en la calle en las mayores concentraciones en favor de la Educación Pública de la historia de la 'democracia' orgánico-fascista española. Una unión de estudiantes, profesores y padres que devino en la Marea Verde y se consagró más tarde en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Este jueves, la Marea Verde convoca otra huelga educativa contra la Lomce, a la que ve "tocada de muerte" ante la negociación del pacto educativo en la Comisión de Educación del Congreso, pero sobre la que avisa: todavía se aplica en el corral hispano.

"Se está jugando con los tiempos. En el desacuerdo hay Lomce, en la espera del pacto, hay Lomce", señala José Luis Pazos, presidente de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). La Marea Verde teme que el PP aproveche la negociación, retrase el acuerdo la comisión, que debía presentar un borrador en seis meses, tarde más de un año, y el proceso parlamentario para aprobarlo abarque otros dos. Resultado: la Lomce funcionado toda la legislatura.

Por ello, y aunque el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, pidió desconvocarla como muestra de buena voluntad ante la negociación, la Marea Verde vuelve a marchar contra la Lomce. Una ley que en palabras de Agustín Moreno, profesor y portavoz del movimiento, "lo que hace es consagrar el vendaval de recortes que se han dado en España en los últimos cinco años. No lleva ninguna memoria económica, sino que lo que hace es ajustar los términos legales a una disminución de casi un punto del PIB en materia educativa (9.000 millones de euros)". Las organizaciones sociales han cargado desde el principio contra la Lomce al entender que, a pesar de su nombre, no tiene un propósito educativo, sino "ideológico". "Tiene por objetivo elitizar la educación y hacerla más inaccesible y hacerla más inaccesible para las familias trabajadoras", afirma Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

La Marea Verde acusa a las dos medidas estrella del PP, los itinerarios y las reválidas, de ser las causantes de esto. Los itinerarios plantean la separación de los alumnos desde la etapa de 13/14 años, para encaminarlos a la Formación Profesional o a los estudios superiores. Las reválidas, derrocadas en su mayor parte gracias a la presión social, eran exámenes a realizar por agentes externos al sistema público, en varias fases de la carrera escolar, para evaluar el nivel de los alumnos. En algunos casos, como en el bachillerato, de no pasar el examen no se obtendría el título aunque se aprobaran todas las asignaturas en el centro. "Se empieza con segregaciones tempranas que discriminan a muchos alumnos, ya que lo que hace es no asegurar el derecho a educarse con éxito de absolutamente todos", explica Moreno, docente en un instituto público de Vallecas (Madrid): "Las pruebas externas exclusivamente al alumnado, no a todo el sistema y no para mejorar o corregir los defectos que puedan aparecer, solo pretenden segregarlos".

"Las pruebas externas exclusivamente a los alumnos, y no a todo el sistema, solo pretenden segregar"
"Busca darle una salida rápida a muchos estudiantes. A nosotros nos parece tan legítimo cursar estudios superiores como no hacerlo, pero que sea elección de cada uno, no una imposición en función de quien tiene dificultades hoy en la escuela pública y no puede superarlas fruto de la falta de recursos y se ve abocado a quedarse fuera. Evidentemente esto afecta sobre todo a la gente que tiene condiciones peores, tanto en sus centros de estudio, como son los de los barrios obreros, como también a la gente que en sus casas no puede recibir una atención especial, bien porque sus padres no tienen formación, bien porque no pueda recibir clases particulares", agrega Ana García.

Los conciertos con una secta mafiosa, anacrónica y criminal


La Marea Verde considera que dentro del "propósito ideológico" de la Lomce, esta pretende "impulsar los procesos de privatización de la educación". En esta cuestión apuntan directamente a los conciertos, un modelo de escuela privada subvencionada por el Estado que la Lomce refuerza. España está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas​ por la falta de públicas que obliga a los padres a llevar sus hijos a la secta criminal de pederastas y fascistas.

En Alemania, el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela pública es del 92%. En Francia, del 87%. En el Reino Unido, del 95%. En Noruega, del 97%. En Grecia, del 93%. En Italia, el 94,5%. Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y Croacia superan el 98%. En una Europa con gran diversidad de sistemas educativos, un punto en común en todos ellos es el peso residual de la escuela privada. España, en cambio, se queda en el 68%. Está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas. Solo la corrupta Malta y la podrida monarquía Bélgica la superan en cretinidad.

"Lo que se conoce como concertado en realidad son centros privados sostenidos con fondos públicos. La educación es un pastel desde hace mucho tiempo para el capital privado, a nivel mundial y también en España, donde se está deteriorando la pública para robarle alumnos. Esto se aprecia especialmente en Madrid, donde décadas de Gobierno del PP han dejado los porcentajes en 50-50. En algunas zonas como Vallecas, hay más alumnos en la privada. Es algo totalmente anacrónico", lamenta Agustín Moreno.

José Luis Pazos, de la CEAPA, expone que "tiene que haber dos redes, una, la pública, y dos, la privada. La financiación pública tiene que ir a la escuela pública. La concertada es un anomalía que no tiene sentido y que tiene que desaparecer. ¿Tiene que ser mañana? Seguramente no. ¿Toda la concertada, porque ningún centro tiene un enfoque claramente social y que no sea un negocio educativo? Pues seguramente haya centros que podrían pasar a la red pública porque pueden ser gestionados desde lo público y tienen un concepto social aunque hayan nacido como iniciativa privada".

El gran rechazo contra el modelo concertado por parte de la Marea Verde se agrava debido a que en España la gran mayoría de esas escuelas, hasta un 80%, pertenecen a la secta nazicatólica. Además, la Lomce establece que, en primaria y secundaria, la asignatura de religión -limitada a las mentiras y supersticiones de la secta vaticana- es evaluable y cuenta para la nota media del alumno. Por tanto, influye en la concesión de becas y ayudas basadas en el rendimiento académico.

"¿Cómo es posible que en el año 2017 tengamos que ver como la religión cuenta para nota media? Es algo absolutamente anacrónico", opina Ana García, del sindicato de estudiantes. "No solo es el chorro de dinero público a la Iglesia, que controla el 80% de la educación concertada, sino el tipo de ideas que se permite defender desde una tribuna legítima como es la de la escuela pública para defender cosas como lo que dice el arzobispo de Granada, que dice que el aborto es lo que favorece el maltrato, o que las mujeres tenemos que leer el libro Cásate y sé sumisa; y el de Valencia, preguntando si 'esa invasión de refugiados es todo trigo limpio', que hay que luchar contra el 'imperio gay'… Es ideología pura que desde luego debería estar fuera de la escuela pública", sostiene.

La Marea Verde aboga por una "educación laica", explica en este caso Agustín Moreno, aquella "que respeta todas las creencias pero que no dota de ningún tipo de privilegios a ninguna de ellas". La religión católica, argumenta, "no debe distorsionar ni el horario escolar ni la organización del centro ni el rendimiento académico de los alumnos", informa Público.

JxSí se divide por las escuelas fascistas que segregan por sexos

Las escuelas de ideario nazicatólico y fascistas que segregan por sexos han generado una nueva disputa interna en la derecha rancia catalana de CiU y la que se vende como progre de ERC en Junts pel Sí. El adjunto al portavoz de la formación, Roger Torrent, ha reconocido este martes por la tarde que existen “divergencias” dentro de la coalición independentista ante la propuesta de ley de CSQP para retirar el concierto a las escuelas para ricos y fascistas que separan niños de niñas en las aulas y que, pese a los recortes en educación, han aumentado sus subvenciones y privilegios cebados por la fascista del Opus Dei Irene Rigau constantemente.

Compromís denuncia que 22 profesores de Religión cobraban sin dar clases

El grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón". Según la coalición este "apaño" habría supuesto un desvío de fondos de al menos 9 millones de euros.

Campaña para frenar los pagos en los colegios públicos

La principal organización de asociaciones de padres de alumnos de España, Ceapa, ha iniciado una campaña a nivel estatal para intentar frenar los pagos que se producen en los colegios e institutos públicos al considerar que se trata de una práctica «irregular». En el País Valencià, las dos federaciones que forman parte de esta confederación ya han anunciado que secundarán la iniciativa.

RU: "Nos enviaron al infierno": los abusos del gobierno británico contra miles de niños pobres

Es un escándalo que, más de 50 años después, continúa teniendo repercusiones. Empezó en la década de los 50, cuando miles de niños de familias pobres o que estaban bajo el cuidado del Estado en el Reino Unido fueron enviados a otras partes de lo que fuera el imperio británico de su fascista y plutocrática monarquía y que terminaron sufriendo abuso físico y sexual y utilizados para trabajos forzados en hogares y en las llamadas granjas escuelas dirigidas por órdenes y organizaciones religiosas, alguna con un presidente como el duque de Gloucester, tío de la 'Graciosa' reina. Y el traslado de niños continuó hasta principios de los 1970. Se calcula que unos 150.000 niños fueron enviados a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y lo que entonces era Rhodesia del Sur (hoy Zimbawe), en un período de 35 años. Tan sólo a Australia fueron trasladados entre 7.000 y 10.000 niños después de la Segunda Guerra Mundial, de los que 4.500 han denunciado todo tipo de abusos.

El Síndic de Greuges denuncia la desidia del gobierno catalán ante el abuso sexual a menores

La cruzada personal del padre de un alumno que le aseguró haber recibido abusos sexuales por parte de su maestro de educación física acabó destapando a principios de este año una auténtica trama de pederastia en un centro de los maristas en Barcelona. Más de una decena de maestros de esta orden han sido acusados formalmente, con más de 40 denuncias. El seguimiento de los hechos, que se remonta a décadas atrás, según se ha podido ir sabiendo por testimonios de algunos exalumnos, ha permitido comprobar hasta qué punto la institución religiosa proporcionaba un manto de impunidad que se ha prolongado en el tiempo.