divendres, 10 de març de 2017

Impasse entre Grecia y la UE

En Atenas se están revisando las condiciones del tercer programa de ayuda entre el gobierno heleno y sus deudores: la famosa troika de Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha convertido en un cuarteto al sumarse el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un vehículo creado por los europeos para coordinar las ayudas. Son negociaciones muy duras al pie de la Acrópolis. El cuarteto quiere imponer al Ejecutivo de Alexis Tsipras (foto), del partido de izquierdas Syriza, una nueva vuelta de tuerca en las políticas de austeridad –como recortes en las pensiones y más impuestos– a cambio de autorizar un nuevo tramo de dinero sin el cual Grecia no sería capaz de devolver los más de 7.000 millones de euros de créditos que vencen en julio.

Sin embargo, en el cuarteto de acreedores han emergido serias diferencias en cuanto a cómo proceder con Grecia. Recientemente, el FMI constató que la deuda pública helena era “insostenible”, algo en que coinciden la mayoría de economistas, ya que llega a casi el 180% del Producto Interior Bruto del país, unos 311.000 millones de euros. Por ello, el organismo de Washington exigió una condenación parcial de la deuda a Atenas como condición de seguir participando en el rescate.

Esta demanda del FMI ha chocado frontalmente con la posición de los europeos, especialmente Alemania. El gobierno conservador de Angela Merkel no quiere ni pensar en aligerar la carga a Grecia, a pocos meses de las elecciones parlamentarias alemanas de septiembre. La canciller tiene por delante una dura batalla para mantenerse en el poder ante el inesperado auge de los socialdemócratas liderados por Martin Schulz. Cualquier concesión a Atenas sería inaceptable para buena parte del electorado de Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya ha subido el tono contra Tsipras.

Ante este escenario parece que el FMI ha cedido y se pospondrá la decisión sobre una posible condonación de la deuda para el año que viene, cuando caduque el tercer programa del rescate. En un más que probable cuarto programa, el Fondo ya no participaría. Por ello, los alemanes ya están trabajando en convertir el MEDE en una especie de Fondo Monetario Europeo, un organismo que coordinaría y supervisaría las crisis en el continente en vez de la Comisión Europea, como ahora. En Berlín, al parecer, se plantea que el presidente del MEDE, el alemán Klaus Regling, pueda continuar al frente de este nuevo FME. Eso si los socios europeos se tragan un plan tan germánico, informa La Marea.

También hay divergencias entre ambas partes en el tipo y cantidad de medidas de recorte que aplicar cuando finalice el programa de rescate actual, a partir de 2019, así como en las contramedidas que el Ejecutivo heleno quiere adoptar para amortiguar el efecto sobre la población.

Grecia y sus acreedores, no obstante, acordaron estos días otros temas como el arreglo extrajudicial de las deudas morosas de las empresas con los bancos o ciertas medidas de reforma del sistema financiero. El portavoz del Gobierno heleno, Dimitris Tzanakópulos, dijo que el acuerdo "global" con los acreedores se basa en tres pilares: las medidas hasta 2018, las que se deben tomar desde 2019 y el superávit primario que Grecia deberá alcanzar a partir de ese año, lo que debe ir aparejado a "medidas de alivio de la deuda a medio plazo".

Tzanakópulos no descartó que Tsipras pueda tomar una iniciativa política para tratar de llegar a un acuerdo técnico que aplace la reforma laboral y que permitiera a Grecia acceder a una parte del siguiente tramo del rescate. "El objetivo es alcanzar un acuerdo. Si no es posible, ya veremos", dijo Tzanakópulos. Las negociaciones entre Grecia y sus acreedores para un acuerdo antes del Eurogrupo del lunes 20 continuarán por teleconferencia.

La tasa de paro en Grecia se mantuvo en el 23,1%

El índice de desempleo en Grecia se mantuvo estable en diciembre con respecto al dato revisado de noviembre, quedando en el 23,1%, aunque cayó un punto porcentual respecto al mismo mes de 2015, según los datos ajustados estacionalmente que publicó la agencia de estadística helena Elstat. En términos absolutos, el número de desempleados en diciembre sumó 1.100.640, lo que supuso un descenso de 2.264 respecto a noviembre y una caída de 60.486 personas respecto a diciembre de 2015. El número de empleados sumó 3.659.762, una reducción de 12.775 en comparación con el mes precedente y un aumento de 10.846 personas respecto al mismo mes de 2015.

La cifra de personas inactivas -que ni trabaja ni está en búsqueda activa de empleo- sumó 3.269.742, con lo que se incrementó en 8.961 respecto a noviembre y en 13.179 en relación con el año anterior. Por sexos, la tasa de desempleo continuó siendo mucho más abultada entre las mujeres (27,6%) que entre los hombres (19,5%), informa elempresario.

Atenas: Agricultores griegos se enfrentan con la Policía

En torno a un millar de campesinos, según la Policía, llegaron esta madrugada desde la isla de Creta al puerto de Pireo, desde donde se trasladaron hasta el ministerio de Agricultura. Los disturbios empezaron, según los medios locales, cuando el secretario general del ministerio rechazó reunirse con unos 40 representantes de los agricultores y les pidió formar una delegación menos numerosa.

Tsipras dice ‘ya basta’ a los fascistas corruptos de la UE

Grecia vuelve a encontrarse en la misma situación de quiebra que pende sobre su cabeza desde que comenzó la estafa de la UE, el criminal Mario Draghi, entonces en Goldman Sachs, la banca criminal sionista, y la Alemania neonazi de la CDU que falsearon las cuentas de la derecha corrupta griega para introducirla en la UE y después hacérselo pagar al pueblo griego, hace ocho años: aceptar el recorte de determinados gastos públicos y seguir las políticas tan absurdas como letales impuestas por la mafia de la UE, el FMI y el BCE a cambio de inyecciones de liquidez procedentes de Bruselas.

Anticorrupción apunta a Gordó como "conseguidor" de comisiones para CDC

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. Millet asegura que Ferrovial pagó comisiones a CDC. En un escrito, la Fiscalía sostiene que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.

"Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública", concluye la Fiscalía, que señala al ahora diputado de JxSí en el Parlament como actor principal en las contrataciones. En base a informes de la Guardia Civil, la Fiscalía enumera cinco casos en que Gordó habría actuado "decisivamente": obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de les Glòries de la capital catalana y en un instituto en Manresa (Barcelona).

Todo ello figura en un escrito con el que la Fiscalía -dentro de la causa del 3% que instruye un juzgado de El Vendrell (Tarragona)- pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la necesidad de abrirle una investigación, aunque por el momento este tribunal lo ha rechazado por falta de concreción en las pruebas, han informado fuentes judiciales, informa El Economista.

Un exdirectivo de Ferrovial reconoce "contactos" con Millet para adjudicar obra pública

El que fuera exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona, Pedro Buenaventura, ha negado este viernes en el juicio del caso Palau que se realizaran adjudicaciones ilícitas a la constructora a cambio de comisiones a la antigua Convergència aunque ha admitido que el director de zona de Cataluña de Ferrovial, Rafael Puig-Pey le comentó que el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, tenía "contactos" que les podrían ayudar a conseguir obras en la Generalitat.

Rajoy amenaza con el estado de sitio contra el 'procés'

Cada vez que la Generalitat da un paso a favor del referéndum unilateral de independencia, el Gobierno central asegura con rotundidad que esa consulta no se va a celebrar. Fuentes de la Moncloa llegaron a hablar hace unas semanas de tomar medidas “coercitivas” y citaron la posibilidad de precintar los colegios para evitar la colocación de las urnas, algo que podría hacer gracias al artículo 155 de la Constitución, una de las herramientas que ha blandido en varias ocasiones para hacer frente al desafío secesionista.

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000


La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica.

Un exdirectivo de Ferrovial reconoce "contactos" con Millet para adjudicar obra pública

El que fuera exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona, Pedro Buenaventura (der. foto), ha negado este viernes en el juicio del caso Palau que se realizaran adjudicaciones ilícitas a la constructora a cambio de comisiones a la antigua Convergència aunque ha admitido que el director de zona de Cataluña de Ferrovial, Rafael Puig-Pey le comentó que el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, tenía "contactos" que les podrían ayudar a conseguir obras en la Generalitat. Sobre las donaciones al Palau, que ascendieron a más de 11 millones de euros, ha apuntado que se hicieron únicamente como parte del patrocinio por "el prestigio" y "el plus" que esta entidad cultural daba a Ferrovial. "Tener en catálogo una obra como el Palau te abre miles de puertas de otros edificios emblemáticos", ha relatado ante el juez.

Buenaventura, que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por delitos de tráfico de influencias y administración desleal, ha negado haber presionado a través de una carta a Fèlix Millet para que Ferrovial recibiera adjudicaciones después de que en 2010 el Consorcio del Palau de la Música entregara al juez un fax donde la constructora pedía ayuda al exnúmero dos del Palau, Jordi Montull, para conseguir licitaciones. Además, en una anotación de una de las agendas incautadas había una nota en la que se especificaba una reunión entre el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y un responsable de Ferrovial. Tiempo después, a Ferrovial se le adjudicó la construcción de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès por un importe de 4.176.019 euros. "No es por menospreciarla, pero una obra de cuatro millones con una facturación de 4.500 millones...", ha dicho Buenaventura, que considera que esta adjudicación no fue ilícita.

Siguiendo los pasos marcados por Ferrovial, que ha negado a través de un comunicado haber recibido trato de favor en la adjudicación en Cataluña, Buenaventura ha negado "rotundamente" pagos a CDC como han confesado Fèlix Millet y Jordi Montull así como cualquier tipo de reunión con Daniel Osàcar ni con su predecesor Carles Torrent. Lo que sí ha reconocido el exdirector de Ferrovial en Barcelona son sus muchos encuentros en el Palau con Millet para abordar cuestiones como las obras de remodelación en el Pala y la construcción del Petit Palau y pero que, una vez terminaron -con más de dos años de retraso- dejaron de reunirse.

Sobre el motivo por el que Ferrovial triplicó las aportaciones al Palau de la Música entre 2001 y 2002 de 600.000 euros a cerca de 1,7 millones, Buenaventura no ha sabido justificarlas aunque ha confirmado al fiscal Emilio Sánchez Ulled la cifra de 11 millones de euros dados a esta institución cultural desde 1992. "Las donaciones se hacían para ganar visibilidad en Cataluña donde apenas teníamos negocio", ha confesado para advertir que Ferrovial no era una empresa que "tuviera muchas adjudicaciones" en la Generalitat. Aun así, la constructora consiguió en los años que se están investigando dos adjudicaciones importantes: la línea 9 del metro de Barcelona y la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, precisamente donde se está celebrando el juicio del caso Palau.

Buenaventura también ha admitido que Millet era muy insistente y "presionaba" para que Ferrovial aportara más a los convenios de patrocinio porque aseguraba que el Palau tenía déficit o necesidad de liquidez para promocionar sus conciertos y eventos. Sobre una carta del expresidente de la institución pidiéndole que resolviera una problema por un pago porque estaban quedando muy mal al no poder atender "los compromisos que tenemos adquiridos y tú ya conoces", Buenaventura ha indicado que se trataba, una vez más, de temas de patrocinio y planificación de conciertos, informa El Confidencial.

Un donante del 3% pidió cargos por sus servicios a CDC

El sumario de la investigación por el 3% del que ayer se levantó el secreto de otra buena parte no sólo está revelando de qué manera Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente a través de donaciones de empresas a cambio de la adjudicación de obra pública sino que está dejando al descubierto el estilo de algunos de los investigados. En el 2010, Josep Manel Bassols, el que fuera alcalde de Anglès, jefe de la campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona en el 2010 y actualmente delegado en Catalunya de la empresa Oproler, escribió una carta de dos folios y medio al entonces president Artur Mas.

La GC implica a Miquel Roca en el 3%

La Guardia Civil está investigando los pagos que efectuó Miquel Roca a la trama de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que desveló El Confidencial la semana pasada, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas aportaciones habrían servido para compensar una adjudicación de 90.000 euros más IVA que la Generalitat de Catalunya concedió a su despacho de abogados, Roca Junyent SLP, sólo 24 horas antes de que realizara el primer donativo.

Los Pujol avalaron una campaña de CDC con fondos sospechosos

Documentos de la Banca Reig muestran que Jordi Pujol Ferrusola solicitó a este banco andorrano que avalara a las tres empresas que trabajaban en las campañas electorales de Convergència. El hijo mayor del ex-presidente Jordi Pujol se comunicó con su gestor de fondos, Josep Maria Pallerola, para disponer de una línea de avales a través el grupo financiero Fibanc (actual Banco Mediolanum). El objetivo de la petición cursada a finales de 1999, según esta información, era financiar la campaña convergente a las elecciones del año 2000 al Congreso de los Diputados.

Rajoy amenaza con el estado de sitio contra el 'procés'

Cada vez que la Generalitat da un paso a favor del referéndum unilateral de independencia, el Gobierno central asegura con rotundidad que esa consulta no se va a celebrar. Fuentes de la Moncloa llegaron a hablar hace unas semanas de tomar medidas “coercitivas” y citaron la posibilidad de precintar los colegios para evitar la colocación de las urnas, algo que podría hacer gracias al artículo 155 de la Constitución, una de las herramientas que ha blandido en varias ocasiones para hacer frente al desafío secesionista.

Rajoy amenaza con el estado de sitio contra el 'procés'

Cada vez que la Generalitat da un paso a favor del referéndum unilateral de independencia, el Gobierno central asegura con rotundidad que esa consulta no se va a celebrar. Fuentes de la Moncloa llegaron a hablar hace unas semanas de tomar medidas “coercitivas” y citaron la posibilidad de precintar los colegios para evitar la colocación de las urnas, algo que podría hacer gracias al artículo 155 de la Constitución, una de las herramientas que ha blandido en varias ocasiones para hacer frente al desafío secesionista. Ese artículo permite al Gobierno aprobar “las medidas necesarias” para obligar a una autonomía “al cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Carta Magna u otras leyes le impongan. Lo que nunca había dicho hasta ahora la Moncloa es que también ha estudiado la posibilidad de usar el 116, que se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio.

Así lo ha dejado escrito en un documento enviado a la Comisión de Venecia (del Consejo de Europa), para justificar la última reforma del Tribunal Constitucional, con la que esta institución puede acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables que incumplan sus resoluciones. La Comisión de Venecia, que se encarga de ofrecer opiniones sobre las reformas legales de los 47 estados del Consejo de Europa, emitirá el sábado el informe preliminar (no vinculante) sobre esos cambios que Mariano Rajoy impulsó en 2015.

El artículo 116 señala las circunstancias necesarias para decretar el estado de alarma, excepción y sitio
En el documento con el que el Gobierno español justifica la reforma –que sacó adelante gracias a la mayoría absoluta y que fue muy criticada por la oposición- la Moncloa deja claro que cuando dice que tiene todo preparado para impedir el referéndum incluye la posible aplicación del artículo 116. “En el caso de que hubiera una fuerte reticencia de uno o varios gobiernos regionales o locales para cumplir con las sentencias y las decisiones del Tribunal Constitucional, desafiando abiertamente los poderes de ejecución del tribunal, poniendo en riesgo el sistema constitucional en su conjunto, podría aplicarse el artículo 155. Si la situación fuera más grave, entonces el artículo 116 podría ser también aplicable”, escribe el Ejecutivo en el documento enviado a la Comisión de Venecia.

El 116 remite a la ley orgánica 4/1981, desarrollada poco después del 23-F, que concreta cómo sería la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio. El estado de alarma, utilizado en el 2011 con motivo de la huelga de controladores, está previsto para catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento.

El estado de excepción está destinado a restaurar el orden público y el de sitio hace referencia a las amenazas o insurrecciones contra la soberanía de España y “su integridad territorial o el ordenamiento constitucional” que no pudiera resolverse “por otros medios”, esto es, por el 155. En estos dos últimos casos, que requieren el visto bueno del Congreso, se pueden suspender derechos y libertades como el de inviolabilidad del domicilio y los de reunión, manifestación y huelga, entre otros.

En el caso del estado de sitio, además, el Gobierno podría designar a una “autoridad militar” para “ejecutar las medidas que procedan”. El catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras confía en que no se deba apelar al 116, aunque si se llegara a ese extremo, recuerda que “es una herramienta más en defensa del orden constitucional”. “Igual que el 155 que, por cierto, está casi copiado de la Constitución alemana”, añade. Eduardo Vírgala, catedrático que estudió ampliamente el 155 cuando se lanzó el ‘plan Ibarretxe’, remarca que el 116 se reservaría para situaciones de violencia extrema que requirieran la intervención del Ejército y recuerda que con el 155 el Ejecutivo central ya puede dar instrucciones a los Mossos, informa El Periódico.

Los abogados del 'pequeño Nicolás' renuncian

Los abogados que defendían a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', desde su detención en octubre de 2014 han renunciado a su defensa. Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que investiga las actividades del joven, los letrados Víctor Sunkel e Israel Paz renuncian a su representación y defensa.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas.

JxSí perderá 42 millones no gastados del plan de empleo juvenil europeo

El plan de empleo juvenil que puso en marcha la Unión Europea en el 2013 fue presentado a bombo y platillo como un salvavidas para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los 'ninis'. Pero cuatro años después, cuando los estados tienen que justificar las subvenciones con los programas que han puesto en marcha, los 'hombres de negro' de la Comisión Europea se han llevado las manos a la cabeza. Literalmente.

Los abogados del 'pequeño Nicolás' renuncian

Los abogados que defendían a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', desde su detención en octubre de 2014 han renunciado a su defensa. Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que investiga las actividades del joven, los letrados Víctor Sunkel e Israel Paz renuncian a su representación y defensa. En el documento, fechado el 8 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, los abogados no especifican los motivos de esta decisión, que prefieren no desvelar aduciendo a la confidencialidad entre cliente y abogado.

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, dictó el pasado diciembre apertura de juicio oral contra el pequeño Nicolás por hacerse pasar por un representante del Gobierno y la Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo) en agosto 2014 para organizar una comida con un empresario. El juez imputa a Gómez Iglesias los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, y a los dos policías locales que le acompañaron en aquel viaje, usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo, informa Diario de Mallorca.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas. La comisión nace después de que los grupos acordaran retrasarla hasta que el exministro se repusiera de su convalecencia tras ser operado por un cáncer hepático.

Villarejo ganó dinero con acusados de corrupción por la UDEF

La Unidad de Asuntos Internos puso en conocimiento de la Fiscalía las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales detectadas en el entramado del comisario, así como sus negocios con condenados o clientes imputados por la Justicia. El comisario José Manuel Villarejo Pérez siempre ha combinado su trabajo público y privado, lo que le ha reportado suculentos beneficios.

GAL, Villarejo, PP: 25 millones y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware

Oculta sus actividades empresariales bajo la excusa de que son inversiones familiares, pero el informe policial explica cómo el comisario esconde detrás de su mujer y sus hijos millones de euros procedentes de paraísos fiscales desde que en 1989, mientras el comisario estaba en excedencia, su dinero afloró de la nada en Uruguay. ¿Cómo puede un comisario levantar una imperio económico y empresarial mientras trabaja en "acciones encubiertas"?

El gerente del Hospital de Castellón es dueño de dos clínicas privadas

El director gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchis García (foto), figura en el registro mercantil como titular de dos clínicas privadas. El responsable del centro sanitario público aparece como administrador único del Centro Médico Asistencial, ubicado en la localidad de Vall d'Uixó, y también de una clínica dental, Centre Médic La Vall, en la misma localidad castellonense. Sanchis García fue nombrado responsable del Hospital Provincial en septiembre de 2015, y aunque se aseguró que iba a renunciar a la titularidad de las dos clínicas, el registro mercantil demuestra que sigue al frente de ambas.

En la dirección del Centro Médico Asistencial aparece la dirección de dos empresas distintas: Prima Dent 2009 SL y Cemevall Sociedad Limitada. Esta última, además, se encuentra en concurso de acreedores desde el 30 de junio de 2016. Joaquín Sanchis García figuraba como presidente y consejero delegado de la firma desde principios de julio de 2012. Un mes antes, en junio de ese mismo año, Sanchis García se había convertido en administrador único de Prima Dent 2009 y del Centre Medic La Vall. Hasta ese año, el ahora gerente del Hospital Provincial de Castellón mantenía la condición de administrador mancomunado de las dos firmas.

Pese a que las dos clínicas -la dental y la policlínica- prestan servicios sanitarios, las fuentes consultadas por este diario precisan que ninguna de ellas ha prestado servicio alguno con la administración. Por esa circunstancia, Sanchis García no habría incurrido en una de las situaciones de incompatibilidad de las que advierte la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos aprobada por Les Corts el pasado 28 de octubre. La norma sí que, obliga, no obstante, en su artículo 12, a que los altos cargos de la administración realicen una declaración de actividades, bienes y patrimonio ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses, con el fin de someterse a esta normativa.

La Oficina de Control de Conflictos de Intereses, un órgano pensado con la intención de pronunciarse sobre si los altos cargos cumplen al pie de la letra esta norma, así como para investigar si al abandonar esa actividad pública vulneran alguno de sus apartados, debería emitir un informe sobre la compatibilidad de las actividades, con las consecuencias previstas en esta ley. 'Debería', porque la realidad es que la mencionada Oficina todavía no se ha creado -Transparencia anunció que estaría para el mes de mayo-.

Con todo, la situación de Sanchis García contrasta con la política que viene impulsando Carmen Montón al frente de la conselleria de Sanidad. Y no sólo porque la titular de este departamento haya hecho bandera, con sus decisiones, de la defensa de la sanidad pública y del final del entendimiento con la privada -el anuncio de no renovar las concesiones así lo demuestra-. En realidad, Montón ha trasladado ese rechazo a la sanidad privada al conjunto del personal sanitario. De hecho, desde su departamento se ha remitido en las últimas semanas un escrito al personal sanitario en el que se viene a rechazar la compatibilidad en el trabajo en la sanidad pública y en la privada.

La carta apela a la solidaridad y al avance que supondría que los profesionales de la sanidad pública no presten sus servicios también en el ámbito privado. El texto recomienda la dedicación del personal clínico «a un sólo puesto de trabajo, sin más excepciones que las demandas por el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia».

El caso de Sanchis García -que ya fue alto cargo en el mismo centro hospitalario bajo el Gobierno de Joan Lerma- recuerda los del subsecretario de la conselleria, Ricardo Campos, y la directora del Hospital Provincial de San Vicent del Raspeig, Rosa Mora. En ambos casos se trata de altos cargos nombrados por Montón y que han mantenido algún tipo de vinculación con la sanidad privada, justo la que ahora este departamento trata de impedir para el personal sanitario, informa Las Provincias.

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica.

Un donante del 3% pidió cargos por sus servicios a CDC

El sumario de la investigación por el 3% del que ayer se levantó el secreto de otra buena parte no sólo está revelando de qué manera Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente a través de donaciones de empresas a cambio de la adjudicación de obra pública sino que está dejando al descubierto el estilo de algunos de los investigados. En el 2010, Josep Manel Bassols, el que fuera alcalde de Anglès, jefe de la campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona en el 2010 y actualmente delegado en Catalunya de la empresa Oproler, escribió una carta de dos folios y medio al entonces president Artur Mas.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas. La comisión nace después de que los grupos acordaran retrasarla hasta que el exministro se repusiera de su convalecencia tras ser operado por un cáncer hepático.

Un donante del 3% pidió cargos por sus servicios a CDC

El sumario de la investigación por el 3% del que ayer se levantó el secreto de otra buena parte no sólo está revelando de qué manera Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente a través de donaciones de empresas a cambio de la adjudicación de obra pública sino que está dejando al descubierto el estilo de algunos de los investigados. En el 2010, Josep Manel Bassols, el que fuera alcalde de Anglès, jefe de la campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona en el 2010 y actualmente delegado en Catalunya de la empresa Oproler, escribió una carta de dos folios y medio al entonces president Artur Mas.

En su misiva, Bassols pide trabajo en la administración pública para él y su mujer, Núria Bassols, que en ese momento era magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, pero necesitaba “un impás”. Bassols lamenta su situación de “incerteza personal y profesional” pese a su trabajo y dedicación al partido. “Le pido que me dedique un poco de tiempo para valorar la situación en la que me encuentro y que me incomoda y decepciona mucho”, arranca la misiva. Bassols agradece por escrito las gestiones que Germà Gordó realizó en Infraestructures.cat para su mujer, pero lamenta su situación de incerteza personal. “La actitud del partido hacia mi es incomprensible (...) veo como se hacen nombramientos en la Generalitat, el Ayuntamiento de Girona, el de Barcelona (...) de personas que no han desarrollado una labor en favor del país tan larga e intensa como la que yo he expuesto”.

El empresario, junto con el responsable de Oproler en Madrid, Sergio Lerma, ha sido detenido hasta en dos ocasiones en el contexto de la investigación del 3%. Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción le acusan de haber conseguido contratos en la administración a partir de donaciones que presuntamente realizó a CDC, no a través de fundaciones como el resto de investigados, sino en efectivo. Varios informes que aparecen en el sumario detallan cómo a través, principalmente de emails, y mensajes entre ambos socios, Bassols se aprovechó de sus antiguos contactos en CDC para “extrapolar” el sistema de adjudicaciones que habían logrado en Barcelona a Girona, donde Puigdemont era entonces alcalde.

Anticorrupción sostiene que también intentó beneficiarse de adjudicaciones de obras en Girona
En un informe de la Guardia Civil aparecen correos electrónicos en los que habla de invitaciones a partidos de fútbol. A Germà Gordó, entonces secretario del Govern; al en ese momento responsable de CDC Francesc Sánchez, detenido también en la última fase de la operación 3%; y hasta a Puigdemont. En el informe se adjunta una fotografía que guardaba Bassols con Puigdemont en el Camp Nou. “La lluvia respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona”, escribe Bassols a su socio.

Montull: “Pasamos del 3 al 4% porque Convergència quería más dinero”

Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau de la Música y mano derecha de Félix Millet, ha ratificado este jueves lo dicho ayer por su hija Gemma, antigua directora financiera de la entidad: Convergéncia se financió irregularmente con mordidas procedentes de empresas como Ferrovial y que tramitaba a través del Palau a cambio de concesiones de obra pública.

Ciudadanos pagó su sede en Huelva con dinero de la Diputación

Ciudadanos contrató el alquiler y las reformas de su sede en Huelva con fondos de la Diputación Provincial, según las facturas del inmueble a las que ha tenido acceso eldiario.es. Desde octubre de 2015 el Grupo de Ciudadanos en la diputación onubense abonó 1.300 euros más IVA cada mes por el arrendamiento de un bajo de 350 metros cuadrados con escaparates a la calle en la ciudad andaluza y que sirve como local del partido en Huelva. El partido de Albert Rivera firmó un arrendamiento por 15.600 euros anuales con cargo al grupo provincial de la Diputación, que también pagó 23.553 euros en obras.

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica.

Ciudadanos pagó su sede en Huelva con dinero de la Diputación

Ciudadanos contrató el alquiler y las reformas de su sede en Huelva con fondos de la Diputación Provincial, según las facturas del inmueble a las que ha tenido acceso eldiario.es. Desde octubre de 2015 el Grupo de Ciudadanos en la diputación onubense abonó 1.300 euros más IVA cada mes por el arrendamiento de un bajo de 350 metros cuadrados con escaparates a la calle en la ciudad andaluza y que sirve como local del partido en Huelva. El partido de Albert Rivera firmó un arrendamiento por 15.600 euros anuales con cargo al grupo provincial de la Diputación, que también pagó 23.553 euros en obras.

El contrato de arrendamiento lo firmó con una comunidad de bienes de un particular el 1 de octubre de 2015 el portavoz de Ciudadanos en la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva, Ruperto Gallardo Colchero, "en calidad de Presidente del Grupo Provincial Ciudadanos CS Huelva, cargo que ostenta en virtud del acta de Constitución del grupo y del nombramiento público en el Pleno Orgánico celebrado el 3 de julio de 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Huelva". Eso es lo que figura en el contrato de arrrendamiento. Ruperto Gallardo es el único diputado provincial del partido en la provincia y ejerce además de portavoz municipal en el Ayuntamiento de Huelva.

Además de ese alquiler, el partido de Albert Rivera también ha cargado gastos de obra y mobiliario de la oficina a las cuentas de su grupo en la Diputación de Huelva. De los fondos que recibe Ciudadanos del organismo provincial para sufragar los gastos de funcionamiento del grupo se abonaron 23.553 euros a dos empresas de reformas y decoración entre noviembre y diciembre de 2015.

Estas prácticas de Ciudadanos chocan con la Ley de Financiación de Partidos, que prohíbe trasvasar el dinero de las subvenciones públicas para pagar gastos de las formaciones políticas o de sus fundaciones y han sido denunciadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. También el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Cooperación Local, se ha pronunciado en varias resoluciones. En una de las últimas establece: "No parece, sin embargo, admisible la petición de los grupos políticos de que la asignación municipal sea ingresada en la cuenta de la coalición provincial en vez de ser transferida a su cuenta específica. En dicho supuesto habría que entender que el ayuntamiento está subvencionando directamente a la coalición o partido político".

De acuerdo con la documentación en poder de eldiario.es, el grupo provincial en la Diputación pagó los trabajos de acondicionamiento de su sede, la rampa para hacerla accesible a sillas de ruedas, muebles para las salas de reuniones y el recibidor, e incluso el escenario y el atril de la sala de prensa. Cinco albaranes -emitidos entre noviembre y diciembre de 2015- por dos empresas distintas de reformas facturaron 23.553 euros en gastos al mismo cliente: "Grupo Provincial Ciudadanos CS Huelva". Los albaranes detallan distintos conceptos: "Vinilos escaparates 147,35, vinilos interiores, 1.480,45 euros", "mesa de juntas en madera maciza con los logos calados..."

El departamento de Comunicación de Ciudadanos admitió aeste jueves a preguntas de esta redacción que el alquiler de la sede de Huelva fue abonada con el dinero de las ayudas que la Diputación otorga al grupo provincial pero solo durante seis meses. El portavoz oficial explicó que se hizo así porque durante ese primer semestre la oficina la usaba solo el grupo provincial, integrado por su único diputado, Ruperto Gallardo Colchero, precisamente la persona que la alquiló. Según esa tesis, en marzo se decidió que el local diese servicio a todo el partido y no solo al grupo unipersonal y entonces se cambiaron los contratos para que lo pagase directamente Ciudadanos. El partido de Albert Rivera no exhibe documentos para respaldar esa versión.

La supresión de las diputaciones es una de las banderas que ha esgrimido Ciudadanos en las últimas campañas electorales. Fue una de las condiciones que su líder, Albert Rivera, impuso al PSOE para apoyar al candidato Pedro Sánchez en su intento de investidura tras las elecciones de diciembre de 2015. Por aquel entonces, cuando el partido en Huelva cargaba los gastos de su sede a la diputación, Rivera repetía que suprimir estos organismos ahorraba 600 millones de euros a las arcas públicas.

No es la primera vez que Ciudadanos bordea la ley de financiación de partidos utilizando las ayudas públicas de las instituciones donde tiene representación para sufragar otros gastos de la formación. En julio de 2016, eldiario.es ya publicó que la dirección del partido estaba detrayendo fondos de sus grupos municipales cobrándoles por informes y asesoría a través de contratos mercantiles. Se trata de las mismas fórmulas que las franquicias comerciales utilizan como sus asociados. Entonces, Ciudadanos lo atribuyó a meros errores administrativos, informa eldiario.es.

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica.

La GC implica a Miquel Roca en el 3%

La Guardia Civil está investigando los pagos que efectuó Miquel Roca a la trama de financiación ilegal de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que desveló El Confidencial la semana pasada, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas aportaciones habrían servido para compensar una adjudicación de 90.000 euros más IVA que la Generalitat de Catalunya concedió a su despacho de abogados, Roca Junyent SLP, sólo 24 horas antes de que realizara el primer donativo.

Los Pujol avalaron una campaña de CDC con fondos sospechosos

Documentos de la Banca Reig muestran que Jordi Pujol Ferrusola solicitó a este banco andorrano que avalara a las tres empresas que trabajaban en las campañas electorales de Convergència. El hijo mayor del ex-presidente Jordi Pujol se comunicó con su gestor de fondos, Josep Maria Pallerola, para disponer de una línea de avales a través el grupo financiero Fibanc (actual Banco Mediolanum).

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica. Esta información, que ayer fue retomada por el diario El País a raíz de nuevos descubrimientos desvelados por fuentes jurídicas sobre la pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica, no hace más que constatar las exclusivas que Público ya ofreció en 2009 y 2010.

Según los documentos a los que en su día tuvo acceso este diario, el PP de Madrid falsificó facturas con el fin de encubrir la financiación de las campañas de 2003 que terminaron con el tamayazo y el consiguiente Gobierno de la Comunidad en manos de Esperanza Aguirre con el fin de burlar la Ley Electoral y la de Partidos. La primera prohíbe las aportaciones a partidos en campaña por importe superior a 6.000 euros. La segunda limitaba entonces a 60.000 euros anuales la aportación máxima que, directa o indirectamente, podía entregar una misma persona, física o jurídica, a un partido.

Sin embargo, el PP de Madrid de aquel entonces —en el último año estuvo dirigido por Cristina Cifuentes hasta la convocatoria del Congreso regional que tendrá lugar a mediados de marzo— recaudó sólo en 2003 más un millón de euros con ese sistema de financiación paralelo. Con esos fondos, según la documentación de Público, se pagaron facturas de las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, así como del Congreso regional del PP y los siguientes comicios generales de 2004. ¿Cómo? Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid), que apenas tenía actividad pública conocida, recaudó fondos en forma de donaciones privadas procedentes de empresarios que luego fueron a parar a la empresa Special Eventes, dirigida por el condenado Francisco Correa e investigada en Gürtel, encargada de organizar los actos electorales de Aguirre.

Después, los empresarios donantes, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros y entre los que figuran personalidades afines a Aguirre, como el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, fueron también adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Sólo Díaz Ferrán donó en aquellas fechas 246.000 euros. Arturo Fernández, 57.030 euros. Sus empresas obtuvieron luego contratos públicos por un valor superior a 300 millones.

En los pendrives obtenidos tras un registro a un piso de seguridad que Correa tenía en la calle General Martínez Campos de Madrid donde figuraban las hojas de cálculo de Special Events se especificaban "cambios de facturación" y se citaban a clientes de la empresa de Correa: el PP de Madrid, el grupo popular del Ayuntamiento de Móstoles, el PP de Majadahonda, Fundescam y hasta el PP nacional. Incluso aparecía el nombre de Luis Bárcenas en dicha documentación.

Además, según otro documento de la tesorería regional al que tuvo acceso Público en 2010, Fundescam no era la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES —ahora desligada del Partido Popular pero aún dirigida por José María Aznar— pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al Gobierno regional de Madrid. En concreto, Special Events habría recibido en 2003 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES. Y aún figuraban como "pendiente de pago" a 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.

También en 2010, la Fiscalía Anticorrupción confirmó ante el juez Antonio Pedreira que Aguirre se había financiado ilegalmente. En esa información, Anticorrupción ratificaba el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo del que había dado cuenta Público en exclusiva. Dicho documento cifraba en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, la empresa de Gürtel, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros. ¿El problema? La propia Fiscalía consideraba que los delitos podrían haber prescrito ya hace 7 años. Sin embargo, después de que el juez Velasco ordenara a la UCO —ya en la actualidad— investigar las presuntas irregularidades del PP de Madrid en la única pieza sobre la financiación de los conservadores que aún continúa secreta, se ha detectado que la financiación a través de Fundescam se ha mantenido hasta casi 2011. Por ello, los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

En esta nueva línea de investigación de la trama Púnica iniciada tras el estudio de la documentación obtenida en la sede de Génova, Velasco —que ya reflejó hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP"— ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información a las Consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, así como de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña. Ayer declararon en la Audiencia Nacional, a puerta cerrada, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, el empresario Arturo Fernández y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ya fueron investigados hace meses. Hoy Gutiérrez continúa imputado, junto al empresario Javier López Madrid, el propio Granados y el socio de éste, David Marjaliza.

El objetivo es indagar también en grandes proyectos de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 —que incluía el desarrollo seis hospitales— o la Ciudad de la Justicia impulsada en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. Otro de los proyectos investigados es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos.

Pese a todo, Aguirre sigue negando todo conocimiento de estas presuntas irregularidades. La lideresa del PP madrileño, que siempre se ha excusado lamentando que sus más fieles colaboradores le salieran "rana", presumió este jueves de "transparencia". "Las cuentas están ahí, y lo más importante de todo: los donantes lo han hecho de una manera transparente, por transferencia, figurando como tales", ha sostenido. "A mí me parece muy bien que se investigue, pero lo que yo le puedo decir que la Fundescam, que yo no la fundé (fue Pío García Escudero), recibía fondos de la Comunidad de Madrid todos los años para que hiciera su labor", concluyó antes de tirar del 'y tú más' y recordar que "también el PSOE e IU" tenían fundaciones similares. Asimismo, la expresidenta de la Comunidad se ha negado a dimitir de su puesto de concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid al asumir que ya había pagado su correspondiente responsabilidad política por haber fallado "in vigilando" con su dimisión, hace un año, como presidenta del PP de Madrid, informa Público.

El PP de Madrid cobró comisiones del 1%, según investiga la UCO

La Guardia Civil investiga si el Partido Popular de Madrid se financió irregularmente con parte del 1% que se destinaba a la publicidad de cada uno de los grandes contratos públicos de la región. Las pesquisas se centran en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González y en contratos de Transportes, Sanidad y Urbanismo, según han confirmado fuentes del caso Púnica. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado tiene indicios de que dicho porcentaje en realidad podría haberse destinado a las arcas del partido. Las mismas fuentes precisan que no se trata estrictamente del 1%, porque esa cuantía variaba dependiendo del monto total del contrato. El 1%, sin embargo, fue la norma generalizada en las adjudicaciones de los años investigados.

El Congreso investiga a Fernández Díaz por la Operación Cataluña

Hoy se constituye en el Congreso español la comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas. La comisión nace después de que los grupos acordaran retrasarla hasta que el exministro se repusiera de su convalecencia tras ser operado por un cáncer hepático.

Esperanza Aguirre, embustera, nazi y ladrona compulsiva

La candidata del PP a las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, Esperanza Aguirre, planeó convertirse en presidenta a base de hospitales. Prometió siete de golpe. A cambio, abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias. Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Aguirre junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a ese plan.