dissabte, 11 de març de 2017

Carmen Calvo desmonta las mentiras de Consuelo Císcar (PP)

Consuelo Císcar (PP) ha contado dos versiones sobre la propiedad de doce obras que son objeto del juzgado de instrucción número 21, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del IVAM durante la etapa de la anterior directora. Primero aseguró a la juez que las piezas de arte eran de sus familiares (dos hijas y nieta) y después declaró que las adquirió a título personal a través de galerías de arte o de los propios artistas y que se las regaló a sus descendientes. De las piezas bajo sospecha, siete pertenecen a Carmen Calvo (foto). La declaración de la artista en dependencias policiales desmonta la versión de la exdirectora. La pintora niega haberle vendido cuatro de las siete obras.

Según el testimonio de Calvo, una pieza «fue regalada a Consuelo Císcar con anterioridad al año 2000», es decir, aún no ocupaba la dirección del IVAM (accedió en 2004). Otra fue vendida a la exdirectora «en la década de los 80». Y de una tercera, según el auto dictado por la juez el pasado 8 de marzo, se aportó un manuscrito de una galería de Suiza en el que se observa que el pago se efectuó por Deborah Salom Císcar. La juez amplía la investigación a Ángeles Valiente, actual jefa de Desarrollo del IVAM.

«Partiendo de las manifestaciones de Carmen Calvo, dos de las obras fueron presuntamente vendidas a Císcar y la tercera regalada. No existe ningún documento que justifique esta transmisión bien onerosa o a título gratuito», según el escrito judicial. Con relación al resto de las obras (cuatro piezas), Císcar declaró que fueron adquiridas personalmente a la artista, pero Calvo niega este hecho. Las siete obras de Carmen Calvo están incluidas en el conjunto de 12 obras que la juez ha ordenado el embargo al atribuir su adquisición a «actividad delictiva». Según el auto judicial, Císcar ha de comunicar el lugar donde están las pinturas y esculturas para que sean incautadas y custodiadas por la Generalitat.

La magistrada, que ha dado entrada en la causa a las hijas de la exdirectora de la pinacoteca, considera que el embargo pedido por la Abogacía de la Generalitat está justificado ante «la facilidad» con que las obras embargadas «puedan ser ocultadas o transmitidas a terceras personas sin dejar rastro de su lícita transmisión» como lo demuestra el hecho de que cuando fueron expuestas Císcar «intentó ocultar que era la verdadera titular de las obras, usando para ello la atribución de su titularidad a sus hijas y nieta de una manera formal con el sólo hecho de indicar en las hojas de préstamos de las obras indicadas que eran sus propietarias».

La jueza también ha ampliado la causa a Ángeles Valiente, jefa de departamento de Desarrollo del IVAM como «presunta partícipe» de los supuestos delitos cometidos por Císcar. En el auto dictado por la magistrada se apunta que la actual trabajadora del museo puede «haber coadyuvado o cooperado» con la exdirectora en la comisión de delitos. Según el escrito judicial, Valiente mantuvo una fluida comunicación con personal del IVAM, «fundamentalmente con Raquel Gutiérrez, también investigada en la causa».

En los emails investigados por la UDEF «se constata que Ángeles Valiente pudo prestar su colaboración en la promoción de la carrera profesional de Rafael Blasco Císcar», el hijo de Císcar y el exconseller Rafael Blasco, cuyo nombre artístico era Rablaci. Los correos hacen referencia a tres exposiciones de Rablaci en Guatemala, Asia y Argentina. Ángeles Valiente es la tercera trabajadora del IVAM investigada en la causa judicial y que actualmente desarrolla su actividad en el museo. Su nombre se une a Raquel Gutiérrez, quien fue jefa artística durante el mandato de Císcar. Tras la salida de la exdirectora, el actual responsable, José Miguel G. Cortés nombre a Gutiérrez como subdirectora de Colecciones y Exposiciones del IVAM. Ella dimitió en julio de 2015, pero continúa en el museo.

El tercer trabajador del IVAM con la condición de investigado es Jorge Reyes García. Los investigadores apuntan que Císcar impuso la contratación de Jorge Reyes García para supervisar el transporte de obras de arte en las exposiciones del IVAM en el extranjero pese a que él «no tenía cualificación necesaria para sumir dicha responsabilidad». La exdirectora creó «un puesto ex profeso para Jorge Reyes García para presuntamente facilitar la consecución de sus fines delictivos», informa Las Provincias.

Valencia: La policía requisa obras al transportista del IVAM

La investigación secreta del caso IVAM completó ayer su primer episodio con el registro de la sede de Logística del Arte, la empresa que habitualmente contrataba la institución cultural para el traslado de obras de arte. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se presentaron a las diez de la mañana en una de las naves de la citada firma. No abandonaron las instalaciones hasta pasadas las 16.30 horas. Tras la minuciosa inspección del lugar, los especialistas decomisaron varias obras de arte que estaban en las instalaciones.

Un testigo declara que trasladó obras del IVAM al chalé de Consuelo Císcar

El juzgado que investiga la gestión de Consuelo Císcar en el IVAM sigue recibiendo documentación que acreditaría las graves irregularidades que supuestamente cometió la directora de las instalaciones. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido un breve informe a la juez instructora en el que comunica algunos avances de las pesquisas. Así, entre las últimas diligencias practicadas, destaca la declaración de un extrabajador de la empresa Logística del Arte, una de las contratistas habituales de las dependencias.

El Poder Judicial exige a Rajoy que desbloquee la investigación del IVAM

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado amparo al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, a cuatro exsubdirectores y a un empresario. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el CGPJ ha urgido al Ministerio de Cultura "a que elabore el informe requerido por la magistrada hace cinco meses y del que depende el avance de la causa en la que se investigan delitos de malversación, prevaricación y falsedad".

Lunes-13: juicio del caso Pretoria

Un documento encontrado en 2005 durante el registro ordenado por el juez Baltasar Garzón -que indagaba las cuentas offshore del banco BBVA Privanza- en el despacho de abogados Petrus, situado en el paseo de Gràcia de Barcelona, fue la pista que, cuatro años más tarde, el 27 de octubre del 2009, desembocó en la detención, entre otros, del ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; del ex-diputado socialista Luigi Garcia; del ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y del ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta: es el caso Pretoria (derivado del apellido Petrus), que finalmente llega a juicio este próximo lunes, día 13, coincidiendo con la vista oral del sonado caso del Palau de la Música. Foto: Luigi Garcia y Lluís Prenafeta, los cabecillas de la trama urbanística.

Las sesiones del caso Pretoria tendrán por escenario la sección segunda penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, y se alargarán, de manera espaciada, hasta finales del mes de septiembre. Además de los cuatro principales imputados, también serán juzgados por los delitos de tráfico de influencias, soborno y blanqueo de dinero el gestor de capitales Philip MacMahan Bolich; Maria Lluïsa Mas, la mujer de Lluís Prenafeta; Glòria Torres, amiga de Macià Alavedra; el ex-regidor de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; Manuel Valera, administrador de las empresas de Luigi Garcia; y los empresarios Josep Singla y Manuel Carrillo.

El gran ausente de este juicio, porque no ha sido imputado, será Eugenio Mora, el ex-propietario de la filial de Burberry's en España, condenado por fraude fiscal a pagar una multa de 58 millones de euros y que era quien proporcionaba, desde Madeira, la financiación por los pelotazos especulativos que hizo esta trama entre los años 2000 y 2009. El caso Pretoria es el máximo exponente de la llamada sociovergencia, la alianza subterránea que, a pesar de la aparente rivalidad electoral a muerte que mantenían, trabaron los sectores negocios de Convergencia y del PSC para repartirse los papeles y llenarse los bolsillos.

Al contrario que en el caso Palau, los once acusados en el sumario Pretoria no se juegan grandes penas de prisión en este juicio. La Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión para Luigi Garcia y 6 años para Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. En cambio, el importe de las multas es estremecedor: 102,6 millones de euros. El matrimonio Prenafeta, por ejemplo, tendrá que hacer frente al pago de 31,1 millones de euros si resultan condenados, informa El Triangle.

Los casos Pujol, Pretoria, ATLL e ITV y el paraíso fiscal monárquico holandés

El magistrado de la Audiencia Nacional José de Mata ha citado a declarar el próximo mes de enero, en el marco de las investigaciones sobre el clan Pujol, a los ciudadanos holandeses Jacob Broers y John Willekes MacDonald, titulares del despacho de la compañía International Tax Planning and Structure Services (ITPS) Group. Esta empresa, ubicada actualmente en la calle Nassaulaan 2A de la Haya, fue objeto, ahora hace un año, de un cacheo dirigido por la Fiscalía Anticorrupción española en colaboración con la policía holandesa. En este despacho de la Haya convergen varias tramas de corrupción de Cataluña: Pujol, Pretoria, ATLL e ITV han pasado por la oficina que tienen Jaap Broers y John Willekes MacDonald en el centro de la capital holandesa.

Alicia Sánchez: "toda la operación de Pretoria... yo sabía a quién iban a detener antes que nadie, yo informaba a Rajoy"

Algunes de les informacions que apareixen a la gravació de la conversa entre Alicia Sánchez Camacho (PP) i la amiga de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez al restaurant La Camarga podrien ser molt comprometedores i constitutives dels delictes de tràfic d'influències i difamació. Cal recordar que la llei obliga a tothom a comunicar –quan se'n tingui coneixement– aquells fets que puguin ser delictius. Álvarez: "Pujol fa els seus negocis amb Felip Puig i tot plegat es coordina amb una reunió setmanal que fan en un reservat del restaurant Via Veneto situat al carrer Ganduxer de Barcelona".

Alavedra, l'amiga i 4 milions al paradís

El jutge Pedraz ha imputat en la trama Pretòria. a Glòria Torres Pladellorens, vinculada estretament a Macià Alavedra i als seus comptes andorrans. La nova imputada té un compte al Credit Andorrà que, en realitat, és d'Alavedra, segons les autoritats judicials del Principat. El compte tindria l'any passat un saldo de 950.000 euros. Alavedra tenia 4.000.964 $ a nom de la seva dona, Doris Malfeito Torrella, invertits en un fons domiciliat a les Illes Caiman, gestionat per una financera americana.

El Cas Pretòria implica al PSC, CiU i PP

L'ex diputat del PSC Luis Andrés García "Luigi" va cobrar 8.000.000 d'euros per intervenir en operacions immobiliàries a Coloma de Gramenet, Andreu de Llavaneres i Badalona tot just uns dies abans de la detenció dels implicats en la trama de corrupció urbanística que ha mantingut durant mesos a la presó als ex alts càrrecs de CiU amb Jordi Pujol, Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, exsecretari general de Presidència de la Generalitat, i a l'ex alcalde de Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. Lluís Prenafeta i Macià Alavedra haurien cobrat altres 637.590 euros cadascun per comissions. Enrique Lacalle, del PP, també seria implicat.

Bartu i Luigi: "Lo millor és que guanyi el Mas"

El sumari demostra que els beneficis obtinguts amb les diferents operacions urbanístiques es desviaven a països com Madeira, Suïssa o les Illes Caiman. L'exconseller de la Generalitat tindria un compte, a nom de la seva dona, amb tres milions de dòlars en aquest darrer estat. A més, el sumari del 'cas Pretòria' recull unes converses telefòniques on Luigi i Bartomeu Muñoz lamenten que Montilla sigui president perquè: "No els hi dóna res" i afirmen: "Lo millor és que guanyi el Mas aquest i ens donaran més coses". Foto: Alavedra i Malfeito.

Pretòria i Gürtel, branques d'un mateix tronc

L'antic conseller d'Economia i Finances català Macià Alavedra es va preocupar durant anys perquè una complicada troca de societats, bancs i paradisos fiscals ocultessin qui era el veritable propietari dels seus fons. Els registres practicats per la Guàrdia Civil en el domicili que comparteix a Barcelona amb la seva dona, Doris Malfeito, i en l'empresa de la seva propietat Versabitur SL, han permès a l'Audiència Nacional llançar una investigació internacional a la recerca dels diners de les comissions que el polític de CiU cobrava de la trama de corrupció destapada en l'operació Pretòria.

El Consejo de Europa critica la reforma del TC de Rajoy

Duras críticas a la polémica y antidemocrática reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comité de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias. A primera vista, dice la CV en la nota difundida este sábado, puede parecer que se "aumenta el poder" del Constitucional; sin embargo, apunta, lo que está haciendo es dañar su "independencia", por lo que queda cuestionada su evidente parcialidad al servicio del PP.

"La atribución de la responsabilidad total y directa de la ejecución de las sentencias al propio tribunal debería reconsiderarse a fin de promover la percepción del tribunal como un árbitro neutro, como el juez de las leyes", se puede leer en el documento del Consejo de Europa. "Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino bajo requerimiento de las partes", sugiere. El informe definitivo, que no es vinculante, se hará público el lunes.

Pese al revés para el PP, la CV, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, concluye que aunque "no recomienda atribuir tales poderes" al tribunal, ante "la ausencia" de una filosofía común, la reforma "no contradice" los "estándares europeos". La Comisión asegura que ve bien tomar medidas "para asegurar el cumplimiento" de las sentencias, pero no cree que sea positivo otorgar esa responsabilidad al TC. De hecho, dice que en derecho comparado la fórmula vigente ahora en España es "la excepción". "Por lo general esta tarea se atribuye a otro poder estatal", avisa el Consejo de Europa. En el documento de alegaciones que el Gobierno envió a la CV para defender su reforma, el Ejecutivo se escudó en que el Constitucional de Alemania y el de Austria cuentan con herramientas similares.

Rajoy impulsó estos cambios en octubre del 2015, cuando aún tenía mayoría absoluta, y cuando el entonces 'president' Artur Mas empezó a defender la declaración unilateral de independencia. La iniciativa legal fue presentada en plena precampaña por Xavier García Albiol, pese a que no era diputado en el Congreso. "Una gran noticia: Europa, por primera vez, planta cara a España", ha escrito el 'president', Carles Puigdemont, en Twitter
La opinión de la Comisión fue requerida por la Comisión de Control de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que había recibido una queja por la reforma del Ejecutivo central. Fuentes de la CV no han querido desvelar quién la planteó, informa El Periódico.

Rajoy amenaza con el estado de sitio contra el 'procés'

Cada vez que la Generalitat da un paso a favor del referéndum unilateral de independencia, el Gobierno central asegura con rotundidad que esa consulta no se va a celebrar. Fuentes de la Moncloa llegaron a hablar hace unas semanas de tomar medidas “coercitivas” y citaron la posibilidad de precintar los colegios para evitar la colocación de las urnas, algo que podría hacer gracias al artículo 155 de la Constitución, una de las herramientas que ha blandido en varias ocasiones para hacer frente al desafío secesionista. Ese artículo permite al Gobierno aprobar “las medidas necesarias” para obligar a una autonomía “al cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Carta Magna u otras leyes le impongan.

Los abogados del 'pequeño Nicolás' renuncian

Los abogados que defendían a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', desde su detención en octubre de 2014 han renunciado a su defensa. Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que investiga las actividades del joven, los letrados Víctor Sunkel e Israel Paz renuncian a su representación y defensa. En el documento, fechado el 8 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, los abogados no especifican los motivos de esta decisión, que prefieren no desvelar aduciendo a la confidencialidad entre cliente y abogado.

'Caso 3%': billetes de 500 euros envueltos en papel de diario

La Guardia Civil halló dos fajos de billetes de 500 euros en el interior de una caja fuerte incautada a uno de los investigados en el 'caso 3%'. Se trata de Josep Antoni Rosell, exdirector general del organismo de la Generalitat Infraestructures.cat. El dinero estaba envuelto en papel de diario y, a la vez, en papel de aluminio. Los fajos estaban divididos la mayoría en grupos de 10 billetes de 500 euros cada uno. Un trabajador de GISA explica cómo se amañaban los concursos. La Guardia Civil considera que el texto permite investigar la existencia de "toda una trama delictiva". El documento estaba guardado en una maleta de Josep Antoni Rosell que se abrió en sede judicial.

La apertura de la caja fuerte de Rosell se llevó a cabo en octubre del 2015 en el juzgado de instrucción de El Vendrell. En su interior, aparte de los fajos de billetes envueltos en papel de diario, los investigadores encontraron un calcetín de color gris de la marka Nike en cuyo interior había escondido un reloj de la marca Rolex. También hallaron otro reloj de la marca Orient con el nombre y apellidos del investigado grabado en el dorso y varios CD-ROM, así como el disco 'The Rising' del cantante estadounidense Bruce Springteen.

Una de las perlas del llamado sumario del 3% es una denuncia anónima de una persona que se identifica como trabajador de la empresa de gestión de infraestructuras de la Generalitat, GISA, en la que se explica el método que podría haber utilizado para amañar determinados contratos públicos. En su informe, la Guardia Civil, tras comprobar la veracidad de la cuenta de correo desde la que se emitió la denuncia, asevera que estas informaciones ofrecen una panorámica de "la existencia de toda una trama delictiva que subyace en la estructura de Infraestructures.cat (GISA)".

La denuncia, que el trabajador envió a la Oficina Antifrau y la Fiscalía en su momento y que no obtuvo respuesta de ambas entonces, se encontró en una maleta de Josep Antoni Rosell Polo que tenía en custodia un amigo suyo y que posteriormente entregó a la Guardia Civil, junto con una caja de caudales, tras los registros en el domicilio de Rosell. La maleta se abrió en las dependencias judiciales. Esta vez, y a la vista de otras "evidencias" que los agentes han encontrado durante la investigación, la Guardia Civil no solo ha dado credibilidad a la denuncia, sino que la ha incorporado a la causa y considera que aporta "informaciones de interés muy relevantes para la investigación que se está practicando", referidas a la alteración de "todo tipo de concursos públicos, tramitados en el seno de dicha mercantil, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido".

En síntesis, el método para apañar los concursos que explica la denuncia a la que da credibilidad la Guardia Civil consistía en controlar las adjudicaciones en la fase de la oferta técnica del concurso de una obra o servicio, a la que se atribuían el 70% de los puntos, con posteriores limitaciones a la parte de la oferta económica (30% de los puntos restantes), mucho más objetiva que la primera. Estas limitaciones hacían casi imposible que el que obtenía dos o más puntos de diferencia en la primera parte del concurso lo acabase perdiendo. Según la Guardia Civil, se produjo una situación "de abuso de poder y de corrupción sistemática" que sitúa temporalmente "desde el 2011 al 2013", durante el mandato de Artur Mas.

En la denuncia se afirma que, tras una fuerte reducción de personal en Gisa, se creó la llamada Unitat d'avaluació técnica d'ofertes, con dos técnicos que no provenían de esta empresa pública, y que tenían relación tanto con los entonces director general, Josep Antoni Rosell, y presidente de la entidad, Joan Lluis Quer. Esta unidad es la que puntuaba las ofertas técnicas. El porcentaje de esta sobre el total no está fijado de forma estricta por la ley, y puede variar a criterio de la administración y del tipo de concurso. Aunque algunos organismos como la antigua Comisión de Defensa de la Competencia, aconsejaban que la oferta económica pese mucho, porque es más difícil de manipular. A título de ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona está licitando actualmente concursos en los que la oferta económica aporta el 51% de los puntos.

Si la técnica pesa el 70% y la económica está limitada de tal manera que impide que la diferencia entre la más cara y la más barata no pueda superar en más de un punto los 30 que vale, el resultado es que en esta segunda parte del concurso prácticamente todos los concursantes realizan ofertas casi idénticas que no varían el resultado. "Curiosamente las empresas adjudicatarias de los contratos más suculentos arrasan en la oferta técnica", constata la denuncia.

"Efectivamente hay margen para hacer una valoración tendenciosa de los criterios no estrictamente económicos de un concurso" reconocía a este diario Josep Mir, profesor de derecho administrativo. Aunque también añadía que si las bases del concurso son muy claras cada vez es más difícil manipularlos. Además, advirtió de que las grandes empresas tienen personal dedicado a prepararse para las licitaciones y suelen ganarlas con mayor facilidad que las pequeñas porque son mejores en esta actividad. El mismo experto advirtió también de que al no existir una carrera administrativa sólida, al final la realidad es que hay mucho personal del sector público "presionable por el poder político, ya que fue gracias a este que logró el puesto". También considera que una excesiva valoración de la oferta económica, sin tener en cuenta la experiencia, por ejemplo, podría acabar perjudicando a la calidad de la obra pública, informa El Periódico.

Madrid: "donaciones" a cambio de obras en el Teatro Real

La Guardia Civil investiga el pago de «donaciones» y comisiones a cambio de obras en el Teatro Real y en el hospital Príncipe de Asturias de Madrid, respectivamente, por parte de una de las empresa involucradas en el caso 3%. Las pruebas fueron encontradas en los ordenadores de Sergio Lerma, presidente de la empresa Oproler, que guardaba correos explícitos sobre los porcentajes que pactaba a cambio de las obras efectuadas en este caso en instalaciones dependientes del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid, lo que probaría que la trama de corrupción es común en todo el sistema corrupto monárquico español, tanto en el PP como CDC.

Un exdirectivo de Ferrovial reconoce "contactos" con Millet para adjudicar obra pública

El que fuera exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona, Pedro Buenaventura (der. foto), ha negado este viernes en el juicio del caso Palau que se realizaran adjudicaciones ilícitas a la constructora a cambio de comisiones a la antigua Convergència aunque ha admitido que el director de zona de Cataluña de Ferrovial, Rafael Puig-Pey le comentó que el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, tenía "contactos" que les podrían ayudar a conseguir obras en la Generalitat. Sobre las donaciones al Palau, que ascendieron a más de 11 millones de euros, ha apuntado que se hicieron únicamente como parte del patrocinio por "el prestigio" y "el plus" que esta entidad cultural daba a Ferrovial.

Los Papeles de la Castellana y la trama monárquica de fraude fiscal

El pasado 14 de febrero, en el contexto de la investigación de Los Papeles de la Castellana, la Policía detuvo a un hombre en un pueblo cercano a Santa Cruz de Tenerife. La detención es una prueba más dentro de la investigación que lleva a cabo la Policía desde que el pasado 6 de junio el Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, presentara una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente. Un juzgado de Madrid está instruyendo el caso por un delito de revelación de secretos tras la denuncia presentada por el despacho que asesoraba a los clientes en las amnistías fiscales publicadas en la investigación.

Madrid: "donaciones" a cambio de obras en el Teatro Real

La Guardia Civil investiga el pago de «donaciones» y comisiones a cambio de obras en el Teatro Real y en el hospital Príncipe de Asturias de Madrid, respectivamente, por parte de una de las empresa involucradas en el caso 3%. Las pruebas fueron encontradas en los ordenadores de Sergio Lerma, presidente de la empresa Oproler, que guardaba correos explícitos sobre los porcentajes que pactaba a cambio de las obras efectuadas en este caso en instalaciones dependientes del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid, lo que probaría que la trama de corrupción es común en todo el sistema corrupto monárquico español, tanto en el PP como CDC. El presidente de Oproler, Sergio Lerma, escribió a una directiva del Teatro Real detallando las "donaciones" que pagarían en función del montante de las obras adjudicadas. La representante de la institución respondía diciendo que había hablado del asunto "con el director".

Uno de los correos fue remitido por Lerma el 16 de mayo de 2013 a Marisa Vázquez Shelly, directora de patrocinio del Teatro Real: «Querida Marisa, como complemento de la donación ya comprometida ligada a las entradas que adquirimos, la propuesta sería la de aportar como donación el 5% de las adjudicaciones de obras con un volumen de entre 0 euros y 250.000 euros (IVA no incluido), de un 4% para aquellas entre 250.000 y 500.000 y de un 3% para aquellas de más de esta cifra». Para los investigadores, este correo es de un «signo inequívocamente incriminatorio» y demuestra que Oproler «tenía establecido un sistema de comisiones que fluctuaría entre el 3% y el 5% para sobornos dirigidos a las autoridades con poder decisorio en concursos públicos».

El presidente de la constructora continúa en el mismo correo explicándole su propuesta a la dirigente del Teatro. «Deberíamos ser los más económicos en las ofertas, sin tener derecho a tanteo (es decir, no se trata de que podamos igualar la oferta más barata, sino de competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas) y con la única petición de que se nos convocara a competir en el 100% de las obras, tanto de obra civil como de instalaciones que tenga el Teatro, sean grandes o pequeñas», precisa Lerma. La respuesta de Marisa Vázquez Shelly fue más abierta. «Gracias por tu correo. He despachado este asunto con el director y te confirmo que aceptaríamos la donación de 20.000 euros y ofreceríamos el palco de entresuelo número 4 para el turno de estreno», responde.

El informe de la Guardia Civil no va más allá respecto a si finalmente se llegó a un acuerdo sobre las «donaciones» a cambio de obras. Lo que sí que añade es que el palco adquirido por Lerma fue utilizado por su representante en Cataluña, Josep Manel Bassols, para «agasajar», entre otros, al ex tesorero de CDC Andreu Viloca, «al que invita en alguna ocasión, presumiblemente al objeto de obtener su favor o intermediación en adjudicaciones de obra pública».

Respecto al hospital Príncipe de Asturias, un empleado de Oproler informa a Lerma de la necesidad de realizar facturas falsas para encubrir el soborno al gerente del hospital. «Juan Carreño, de Palex, me pregunta si es posible que le hagamos una factura por valor de 6.800 euros con cargo a la instalación del hospital, nos la paga y se lo damos en B, ya que debe pagar una comisión al gerente de infraestructuras», informa Francesc Martínez, delegado de la empresa en Cataluña. Martínez calcula que la factura debería ser por el factor nominal más el IVA.La respuesta del presidente de Oproler es: «Sin problema».

Tampoco en este caso los investigadores abundan sobre la obra que requirió de esa comisión y si se pagó. «El presidente de Oproler autoriza tácitamente una operación financiera a todas luces ilícita... con el objeto de que se efectúe un pago en forma de comisión al gerente del hospital Príncipe de Asturias, presumiblemente como contraprestación a esta persona, la cual supuestamente habría facilitado la adjudicación de un contrato que este hospital habría ofertado», señalan. Resaltan que dicha factura «sería sufragada con dinero público», dado que el centro depende de la comunidad, informa El Mundo.

Los Papeles de la Castellana y la trama monárquica de fraude fiscal

El pasado 14 de febrero, en el contexto de la investigación de Los Papeles de la Castellana, la Policía detuvo a un hombre en un pueblo cercano a Santa Cruz de Tenerife. La detención es una prueba más dentro de la investigación que lleva a cabo la Policía desde que el pasado 6 de junio el Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, presentara una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente. Un juzgado de Madrid está instruyendo el caso por un delito de revelación de secretos tras la denuncia presentada por el despacho que asesoraba a los clientes en las amnistías fiscales publicadas en la investigación.

González (PP) acusa de mentirosos a Cobo, Prada y Cifuentes

Nervioso, con el discurso aprendido del político capaz de negar sus propias palabras, a Ignacio González le ha traicionado el subconsciente en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que indaga sobre la corrupción durante los años de Gobierno de Esperanza Aguirre. Tocaba abordar el conocido caso del espionaje, cuya existencia fue confirmada en noviembre por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes.

Anticorrupción apunta a Gordó como "conseguidor" de comisiones para CDC

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

Los Papeles de la Castellana y la trama monárquica de fraude fiscal

El pasado 14 de febrero, en el contexto de la investigación de Los Papeles de la Castellana, la Policía detuvo a un hombre en un pueblo cercano a Santa Cruz de Tenerife. La detención es una prueba más dentro de la investigación que lleva a cabo la Policía desde que el pasado 6 de junio el Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, presentara una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente. Un juzgado de Madrid está instruyendo el caso por un delito de revelación de secretos tras la denuncia presentada por el despacho que asesoraba a los clientes en las amnistías fiscales publicadas en la investigación.

Por el momento, según la defensa, el detenido –ahora en libertad– no ha sido acusado ni imputado de ningún delito y aún no ha tenido que comparecer ante un juez. La Policía Nacional decidió publicar una nota anunciando la detención el viernes 10 de marzo. En la nota, la Policía asegura que "el detenido, quien presuntamente reveló información fiscal de importantes empresarios y grandes fortunas de España, se enfrenta a penas de prisión de hasta 5 años". En el comunicado no se explica el posible delito cometido. Según consta en el auto judicial, un juzgado de Madrid inició diligencias el pasado 10 de octubre para determinar "los hechos delectivos" de un delito de "descubrimiento de secretos". En el análisis informático de la empresa denunciante se localizaron tres direcciones IP desde las que se había descargado la documentación y que conducían a un domicilio de una pequeña localidad costera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El juzgado autorizó el registro a las 7.00 del 14 de febrero del domicilio y el requisamiento de cualquier prueba de la "comisión del delito", como ordenadores portátiles, discos duros y teléfonos móviles. En el auto se autorizaba al "cambio de contraseñas de todos los servicios y plataformas electrónicas utilizadas por los criminales y que pudieran tener relación con los hechos investigados". En el domicilio registrado conviven un hombre y su madre. El primero fue conducido a dependencias policiales para ser interrogado a las 12.20 de la mañana. Prestó declaración con un abogado de oficio y, según la defensa que ha contratado posteriormente, tras haber sido presionado para hacerlo. En el acta consta que el letrado asignado de oficio le recomendó no prestar declaración.

En la declaración, el hombre –que dice estar desempleado– asegura haber realizado la descarga de los archivos con "el explorador de Windows y con MozillaFTP". Utilizó su portátil personal y asegura que adquirió sus conocimientos informáticos "de forma autodidacta, con tutoriales de internet, que no sabe programar y que puede entender el 20% del código fuente de una página web HTML". En su declaración explica cómo remitió los archivos al buzón Filtrala.org dejando muy claro que en ningún momento se le ofreció remuneración por los archivos, cosa que él tampoco solicitó y que lo hizo "por entender que ayudaba al bien común".

Associated Whistleblowing Press, la plataforma que gestiona Filtrala, explica que la "detención no tiene que ver con la seguridad del proceso de envío de Filtrala, sino a la forma con la que la persona según la Policía habría obtenido la información y que posteriormente habría enviado a Filtrala". La nota de prensa de la Policía publicada este viernes aclara que fue "un fallo en la configuración del servidor de una asesoría tributaria lo que permitió que el hacker descargara dicha información [...]. Los agentes partieron de las evidencias obtenidas a partir de la infraestructura informática de la víctima y consiguieron rastrear el origen de la intrusión".

En junio de 2016, eldiario.es comenzó la publicación junto con La Marea y Diagonal de la investigación Los Papeles de la Castellana. El origen de la investigación fue una filtración masiva que llegó al buzón seguro de Filtrala. 38.598 documentos que desvelaban las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos. La documentación tenía como origen expedientes de despachos de asesoría fiscal situados en el Paseo de la Castellana, el corazón de los negocios en Madrid desde donde operan compañías de todo el país.

La publicación de Los Papeles de la Castellana supuso la primera revelación de los documentos de la amnistía fiscal que se hicieron públicos en España. En la extensa lista que se fue desgranando durante tres semanas, se publicaron las amnistías fiscales de al menos 21 personajes relevantes, miembros de la familia Borbón, empresarios e incluso personajes de la dictadura franquista.

Tras contrastar periodísticamente la autenticidad de estos documentos, eldiario.es, La Marea y Diagonal publicaron una serie de exclusivas solo a partir de aquellos casos que constituyen hechos relevantes para la opinión pública y basados en documentación verificada, como la existencia durante décadas de una fortuna offshore en la familia Borbón-Dos Sicilias o la amnistía fiscal a los 113 millones de euros que grandes empresarios de la sanidad privada mantenían en Suiza, informa eldiario.es.

Anticorrupción apunta a Gordó como "conseguidor" de comisiones para CDC

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. Millet asegura que Ferrovial pagó comisiones a CDC. En un escrito, la Fiscalía sostiene que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.

Rajoy amenaza con el estado de sitio contra el 'procés'

Cada vez que la Generalitat da un paso a favor del referéndum unilateral de independencia, el Gobierno central asegura con rotundidad que esa consulta no se va a celebrar. Fuentes de la Moncloa llegaron a hablar hace unas semanas de tomar medidas “coercitivas” y citaron la posibilidad de precintar los colegios para evitar la colocación de las urnas, algo que podría hacer gracias al artículo 155 de la Constitución, una de las herramientas que ha blandido en varias ocasiones para hacer frente al desafío secesionista. Ese artículo permite al Gobierno aprobar “las medidas necesarias” para obligar a una autonomía “al cumplimiento forzoso” de las obligaciones que la Carta Magna u otras leyes le impongan. Lo que nunca había dicho hasta ahora la Moncloa es que también ha estudiado la posibilidad de usar el 116, que se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio.

España, Nóos y el fascio judicial: 'la Eva', su chulo Julito y Bernardo el Matas

La "infanta Cristina" es 'la Eva" en la bochornosa e indecente sentencia del caso Nóos. El nombre y el tratamiento de la hermana del monarca y tirano Felipe de Borbón han sido reemplazados en la resolución que figura en el buscador oficial de jurisprudencia, encargado de conservar para la Historia las sentencias judiciales y facilitar su consulta. Se ha suprimido su identidad y título real en la base de datos de la jurisprudencia española. Iñaki Urdangarin es reemplazado por 'Julio' para la historia de la Justicia y 'Bernardo' es Jaume Matas, expresidente de Baleares. El CGPJ elimina los nombres de las sentencias, a diferencia del TC o del tribunal europeo que los respetan en una muestra más del coño de la Bernarda que es la corrala fascista hispana.

González (PP) acusa de mentirosos a Cobo, Prada y Cifuentes

Nervioso, con el discurso aprendido del político capaz de negar sus propias palabras, a Ignacio González le ha traicionado el subconsciente en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que indaga sobre la corrupción durante los años de Gobierno de Esperanza Aguirre. Tocaba abordar el conocido caso del espionaje, cuya existencia fue confirmada en noviembre por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes. Pero González se ha encargado de negarlo vehementemente ante las preguntas de los diputados Miguel Ongil (Podemos), César Zafra (Ciudadanos) y Encarnación Moya (PSOE): "No ha existido el caso del espionaje, la única víctima de espionaje he sido yo".

Por la también denominada gestapillo, están imputados dos guardias civiles y un ordenanza que denunciaron las órdenes que les daba el director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, siguiendo el mandato de González y la presidenta Aguirre. La misión era clara, seguir al entonces vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, al alcalde Alberto Ruiz Gallardón y a su segundo, Manuel Cobo, entre otros políticos del PP o trabajadores del Canal de Isabel II que habían denunciado las prácticas de sus jefes. La materia se centraba en las consejerías de Interior y de Justicia, de las que dependían las direcciones de Seguridad, pero un lapsus del exvicepresidente le ha hecho desligarse de las actuaciones de los "consejeros de Sanidad". Precisamente ayer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó de documentación sobre los hospitales hechos en los gobiernos de Aguirre y González, en el marco de la Operación Púnica.

Antes de González ha prestado testimonio Manuel Cobo, uno de los espiados y teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid que regía Alberto Ruiz Gallardón. Él es la única víctima que ha seguido adelante con las acusaciones contra los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, además de contra José Manuel Pinto –quienes denuncian un montaje contra ellos para encubrir el verdadero espionaje llevado a cabo por policías de confianza y agencias de detectives–.

Según Cobo, el espionaje existió pero porque "se le fue la olla a determinadas personas, pero ni a nivel de partido ni a nivel de Gobierno". Apunta el dirigente del PP de Madrid a los vicepresidentes Ignacio González y Francisco Granados y a que, "aunque Esperanza Aguirre confirmó que había existido espionaje" a estos dos cargos, cuando estalló el escándalo en 2009 "el Gobierno comenzó diciendo que no se enteraba y luego negando que existiera. No estoy cargando contra la señora Aguirre, lo negaba, no es que tuviera interés en investigarlo, es que lo negaba".

El exvicepresidente Alfredo Prada también confirmó anteriormente que había sido espiado y que se había negado a acusar porque las personas imputadas sólo cumplían órdenes, sin que los tribunales hayan llegado a un final que señala, según los afectados, a la cúpula de la expresidenta madrileña. En ese ambiente, Prada contó que desde el Gobierno le "habían ofrecido unos teléfonos prepago que se cambiaban cada dos semanas" y además se gastaron 117.000 euros en un programa de cifrado telefónico comprado por la Comunidad de Madrid a Indra. Sin embargo, González ha dicho que lo que cuenta Prada "es mentira" y que a su "amigo Cobo" lo que le ocurre es que "tiene la sensación de que le han espiado, pero no es cierto, porque no le han espiado".

Lo que sí ha quedado claro gracias a las preguntas de Podemos y Ciudadanos es que el director de seguridad, Sergio Gamón, era una persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Había sido jefe de escoltas de ella mientras fue ministra de Cultura, su segundo ocupaba una subsecretaria de Estado y, según Prada, a él "le fue impuesto" por la presidenta. González ha querido diferenciar –una línea abierta también por Manuel Cobo– entre el espionaje que pudo llevarse a cabo por los adscritos a la dirección de Seguridad de la CAM –que "no existió", según él, o fue producto de "personas a las que se le fue la cabeza", según Cobo–, al sufrido por él en su viaje a Colombia y que corrió a cargo de dos agencias de detectives, según se investiga en el Juzgado de Instrucción Nº 47.

Estas agencias de detectives son Método 3, de Francisco Marco, y Detectives Mira, de José Luis Diez, quien también ha declarado y ha reconocido que conocía al policía de confianza de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, quien fue director de Seguridad de la Justicia. Fue Prada quien le llevó con un sueldo de 6.000 euros mensuales, cobró una indemnización de más 100.000 cuando su jefe abandonó el puesto y fue contratado al día siguiente con el mismo salario. Ese dossier fue pagado con facturas falsas que después le abonaban a las empresas la Comunidad de Madrid, según ha esgrimido la diputada socialista, y fue publicado por diferentes medios que apuntaban a la adquisición de un ático por González y su esposa, Lourdes Cavero, en la localidad malagueña de Estepona.

Preocupado por ese motivo, González se reunió con los comisarios de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en la cafetería La Mallorquina en 2011. Pero a preguntas del diputado Miguel Ongil no ha querido explicar ni quién le concertó la entrevista ni si eran ciertas las acusaciones de chantaje contra ellos. Es más, gritando ha repetido en varias ocasiones: "No hay ningún dossier, no hay ningún dossier", contradiciendo el argumentario que traía preparado y ya había expuesto: "La única víctima de espionaje he sido yo", informa Público.

Los abogados del 'pequeño Nicolás' renuncian

Los abogados que defendían a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', desde su detención en octubre de 2014 han renunciado a su defensa. Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que investiga las actividades del joven, los letrados Víctor Sunkel e Israel Paz renuncian a su representación y defensa. En el documento, fechado el 8 de marzo y al que ha tenido acceso Efe, los abogados no especifican los motivos de esta decisión, que prefieren no desvelar aduciendo a la confidencialidad entre cliente y abogado.

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica. Esta información, que ayer fue retomada por el diario El País a raíz de nuevos descubrimientos desvelados por fuentes jurídicas sobre la pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica, no hace más que constatar las exclusivas que Público ya ofreció en 2009 y 2010.

Anticorrupción apunta a Gordó como "conseguidor" de comisiones para CDC

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas. Millet asegura que Ferrovial pagó comisiones a CDC. En un escrito, la Fiscalía sostiene que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.