diumenge, 12 de març de 2017

El 'capo' de Artur Mas, en Chile, huyendo de la GC

La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aún tiene algunos flecos pendientes. Uno de los principales implicados en la presunta financiación ilegal del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont todavía no ha podido ser detenido porque se marchó a Chile cuando descubrió que los testimonios y pruebas que estaban recabando los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil iban a terminar sentándolo en el banquillo. No se equivocaba. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el exiliado voluntario es Joan Lluís Quer (foto), máximo responsable hasta noviembre de 2015 de la empresa pública que creó el 'expresident' Jordi Pujol en 1990 para centralizar todas las adjudicaciones de obra pública de la administración catalana, Gerencia de Infraestructuras SA (GISA), rebautizada en 2012 con el nombre Infraestructures.cat.

Casualmente, Quer dimitió del cargo solo unas semanas después de que la Guardia Civil se personara, en agosto de 2015, en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona para llevarse la documentación que ocultaba en el despacho el tesorero del partido, Andreu Viloca, presunto eje de la trama. A pesar de que Viloca no tenía cargo en ninguna administración pública ni se sentaba en ninguna mesa de contratación, los investigadores encontraron en su poder numerosos expedientes de GISA e Infraestructuras.cat. El juez que instruye el caso, Josep Bosch, ya ha concluido que el tesorero utilizaba esas adjudicaciones para negociar comisiones con empresarios de la construcción.

Pero Viloca no habría podido conseguir ningún donativo sin la colaboración de los dirigentes de la formación que controlaban los concursos públicos. El 29 de octubre de 2015, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción volvieron a la sede de CDC y detuvieron por segunda vez a Viloca. En esa tercera fase de la llamada operación Petrum contra el 3% también cayó por primera vez un cargo de confianza de los convergentes con un puesto directivo en Infraestructures.cat. Se trató de Joan Antoni Rosell, director general de ese ente público.

Los agentes habían descubierto que Rosell se reunía de forma frecuente con Viloca para pactar qué licitaciones debían ser amañadas y qué empresas tenían que llevárselas. Pero en esas reuniones también habría participado el superior directo de Rosell en Infraestructures.cat. Los investigadores documentaron encuentros de Quer con sus compañeros de partido implicados en la trama y con constructores como Xavier Tauler Ferré, ex consejero delegado de Copisa, implicado también en los negocios de la familia Pujol que investiga la Audiencia Nacional.

Quer no esperó a que se produjeran nuevos acontecimientos. Solo unos días después de esa operación, el 26 de noviembre de 2016, la Consejería de Economía de la Generalitat comunicó que el directivo había decidido abandonar la presidencia de Infraestructures.cat por motivos personales. Para entonces, El Confidencial también había desvelado que Quer simultaneó su puesto al frente de la empresa pública con inversiones en empresas de ingeniería y asesoría de obras por valor de 2,5 millones de euros.

El rastro de Quer reapareció en marzo de 2016 junto a la costa del Pacífico, en Santiago de Chile. Una fundación privada de Barcelona que asesora a empresas e instituciones en materia de urbanismo, el Institut Cerdá, decidió abrir en la capital chilena su primera delegación en el extranjero y, curiosamente, eligió a Quer para hacerse cargo de la nueva oficina. Entre los clientes del Institut Cerdá figuran organismos investigados en la trama del 3%, como la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Cugat del Vallés, las diputaciones de la cuatro provincias catalanas, la Autoridad Portuaria de Barcelona y la Agencia Catalana del Agua. También asesora a compañías investigadas por el pago de comisiones ilegales a CDC, como Sociedad de Aguas de Barcelona (Agbar), ACS y su antigua filial Urbaser, Copisa, Comsa, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) y FCC, entre otras.

Los indicios contra Quer son tan sólidos que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado 14 de noviembre de 2016 al instructor de la causa el registro de un domicilio de Quer en la calle Duquesa de Orleans de Barcelona, según consta en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial. En ese mismo documento, el Ministerio Público relaciona a Quer con otro dirigente implicado presuntamente en la financiación ilegal de Convergència, el exconsejero de Justicia y exgerente del partido Germá Gordó. El escrito acusa directamente a Quer y Gordó de concertarse para exigir dinero a constructores a cambio de contratos de obra pública. Por la condición de diputado autonómico de Gordó, la Fiscalía pidió al juez de la operación Petrum que remitiera todos los indicios contra ambos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición del Ministerio Público al entender que era necesario seguir realizando diligencias para aquilatar las pruebas contra el dirigente de CDC aforado.

Con todo, Quer siguió estando bajo el foco de la investigación. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, dos meses después, su nombre llegó a figurar en la lista de afectados por la llamada operación Pika, el cuarto dispositivo de la operación Petrum que tuvo lugar el pasado 2 de febrero y que se saldó con 18 nuevos arrestos y 24 registros de domicilios y oficinas. Quer iba a ser uno de los detenidos en esta última operación, pero se salvó por su oportuna estancia en Chile. Las pruebas en su contra esperan su regreso a España. Voluntario o forzoso, informa El Confidencial.

'Caso 3%': billetes de 500 euros envueltos en papel de diario

La Guardia Civil halló dos fajos de billetes de 500 euros en el interior de una caja fuerte incautada a uno de los investigados en el 'caso 3%'. Se trata de Josep Antoni Rosell, exdirector general del organismo de la Generalitat Infraestructures.cat. El dinero estaba envuelto en papel de diario y, a la vez, en papel de aluminio. Los fajos estaban divididos la mayoría en grupos de 10 billetes de 500 euros cada uno. Un trabajador de GISA explica cómo se amañaban los concursos.

Los sorprendentes regalos de CDC al constructor del 'caso 3%'

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, el mayor que tenía Convergència i Unió (CiU) en Cataluña durante muchos años, ‘regaló’ casi 130.000 euros a la empresa Teyco, propiedad del empresario Carles Sumarroca, fundador de Convergència e íntimo amigo de Jordi Pujol. Jordi Sumarroca, hijo del fundador de la compañía, fue uno de los detenidos en el marco del escándalo del 3% en julio de 2015, mientras la sede de Teyco era registrada por orden del juzgado número 1 de El Vendrell. En su caja fuerte, también se encontraron documentos con desgajes del 3% de las adjudicaciones de obras.

Lunes-13: juicio del caso Pretoria

Un documento encontrado en 2005 durante el registro ordenado por el juez Baltasar Garzón -que indagaba las cuentas offshore del banco BBVA Privanza- en el despacho de abogados Petrus, situado en el paseo de Gràcia de Barcelona, fue la pista que, cuatro años más tarde, el 27 de octubre del 2009, desembocó en la detención, entre otros, del ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; del ex-diputado socialista Luigi Garcia; del ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y del ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta.

La ANC prepara escenarios de choque y acampadas indefinidas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) espera del independentismo “asumir sacrificios” y que esté preparado para, entre otros y si es necesario, estar dispuesto a “acampar indefinidamente”, a “la ocupación de infraestructuras”, a la “resistencia pasiva” ante una posible “actuación de las fuerzas de ocupación”, en caso de que se inhabilite a Forcadell o a Puigdemont, o a la protección de la radio pública catalana y de TV3 si en este último caso hay un corte de comunicaciones.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat

La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas.

Los laboratorios presionaron para introducir la vacuna del papiloma

La inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en el calendario oficial de vacunación en 2008 estuvo influída por la "presión" de los laboratorios y utilizada como "estrategia política" al coincidir su introducción con una campaña electoral. Así se desprende de testimonios recogidos en un estudio de la catedrática de Periodismo de la Universitat de Valencia Carolina Moreno, que presenta los argumentos a favor y en contra de la vacuna e intenta dar visibilidad a las afectadas y a colectivos que rechazan la inmunización universal.

'Campañas institucionales en salud pública. El caso de la vacuna contra el virus VPH' es un proyecto del Plan Nacional de Investigación en el que Moreno ha trabajado durante cuatro años y donde analiza el tratamiento de esta vacuna en los medios y recoge testimonios de médicos, políticos, periodistas y afectadas. Los efectos secundarios que esa vacuna produjo en dos niñas en Valencia en 2009 abrió una controversia sobre su administración, un debate social que aún sigue "latente".

Esa vacuna se introdujo en el calendario vacunal en diciembre de 2008, con Bernat Soria (PSOE) como ministro de Sanidad y tras una encendida defensa del grupo popular en el Congreso, que consideró que esta inclusión era una "urgencia política". Se pusieron en marcha los primeros programas de vacunación masiva en Madrid, Asturias y la Comunitat Valenciana, autonomía donde dos meses después de implantarse fue suspendida momentáneamente tras los efectos adversos que sufrieron dos menores tras recibir la segunda dosis.

Las reacciones adversas a la vacuna de Raquel y Carla, que ingresaron varias veces en la UCI del Hospital Clínico con convulsiones, somnolencia y pérdidas de conocimiento, marcó "un antes y un después" en el discurso mediático sobre la vacuna contra el VPH, señala la investigación. En julio de 2009 se constituyó en Valencia la Asociación de Afectadas para atender la "necesidad de un grupo de familias de encontrar un tratamiento adecuado para curar a sus hijas de las secuelas" sufridas tras vacunarse.

Desde entonces, las familias se sienten "desamparadas por la Administración" porque en ningún caso ha hecho un seguimiento sobre los procesos que cursan las niñas, y "frustradas" al no saber qué está pasando, y reclaman un estudio epidemiológico coordinado a nivel autonómico y que la vacuna se retire del calendario oficial. La actual directora general de Salud Pública de la Generalitat, Ana María García, ya se ha reunido en varias ocasiones con ellos para buscar respuestas y soluciones a sus problemas.

Otros testimonios recogidos en el estudio, como el de Carlos Álvarez Dardet, catedrático de Salud Publica de la Universidad de Alicante, señalan que la vacuna se introdujo en el calendario oficial porque los laboratorios "presionaron muchísimo" a la Administración. También el diputado de IU Gaspar Llamazares recuerda que en 2012 solicitó la retirada de la vacuna al morir una niña en Gijón tras recibir la segunda dosis de la vacuna, y critica que en España se gastan "centenares de millones de euros" en esa vacuna "sin saber muy bien cuál será la consecuencia".

Hermelinda Vanaclocha, subdirectora general de Epidemiología de la Generalitat cuando se produjeron los casos de las menores, afirma que el problema de éstas era "peculiar y extraño" y tras detenerse la vacunación pensó que en Valencia "no se vacunaría una niña más hasta que no se tuviera un informe de qué había sucedido. Tengo la sensación de que un calendario vacunal no puede ir al remolque de la industria farmacéutica; las investigaciones biosanitarias tienen que ser independientes", considera Moreno, quien aclara que el estudio "no da respuesta a si vacuno o no a mi hija", solo da argumentos para que cada uno decida después.

Respecto al tratamiento informativo de la vacuna, se señala que "desde 2008 el debate sobre la vacuna no ha cesado. Tengo la sensación de que es un debate latente, vírico, que cada cierto tiempo aparece y se visibiliza", afirma Moreno tras recordar la reciente sentencia que atribuye la muerte de una niña de Gijón a la administración de la vacuna, informa Diario de Mallorca.

España, sin vacunas del tétanos, quita las dosis de recuerdo

El gobierno de Rajoy reconoce que España se ha quedado también sin existencias suficientes de la vacuna del tétanos, que se une a los problemas de suministro que han sufrido otras vacunas infantiles en el último año, como la meningitis B, la varicela o la tosferina, como ya apuntó Agencia Sírius hace cinco días. En el caso del tétanos, el Ministerio de Sanidad ha decidido suspender temporalmente la dosis de recuerdo que se aplica a los adolescentes de 14 años y a los adultos, y dedicará las dosis existentes sólo a los casos de riesgo ante heridas o quemaduras que lo necesiten.

Otro estudio advierte de la grave amenaza de la resistencia a los antibióticos

Una persona morirá cada tres segundos por microbios resistentes a los medicamentos en 2050. La amenaza de los microbios resistentes a los antibióticos es cada vez mayor, según el reciente informe The Review on Antimicrobial Resistance (Estudio de la Resistencia Antimicrobiana), encargado por la oficina del primer ministro británico. Si la situación actual no se modifica, en 2050 morirán más personas de infecciones incurables con medicinas que de cáncer, precisa el estudio. Actualmente unas 700.000 personas mueren al año a causa de la resistencia de los microbios a las medicinas.

Turquía anuncia medidas "de gran alcance" contra la islamófoba Holanda

El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, al que la monarquía plutocrática de Holanda denegó este sábado el permiso de aterrizaje en su territorio, aseguró hoy domingo en la ciudad francesa de Metz que una disculpa holandesa "no será suficiente". Así lo afirmó ante los medios a su llegada a su mitin en Metz (noreste) sobre el referéndum promovido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para reformar la Constitución y convertir Turquía en una república presidencialista. La derecha francesa sionista ha protestado por su acto político, pero el gobierno responde que "no había motivos para vetarlo". El primer ministro holandés trata de bajar la tensión, pero sin "ceder a los chantajes". Cañones de agua contra los manifestantes en Rotterdam.

"Nuestros compatriotas no nos han dejado solos. Los que no pudieron encontrar sitio en el interior nos saludaron en el exterior de la sala", añadió en su cuenta de la red social Twitter sobre el mitin organizado por la sección de Lorraine de la asociación Unión de los Demócratas Turcos Europeos (UETD). Según la cadena BFM TV, Cavusoglu habló ante cerca de 1.000 personas. "Por supuesto que adoptaremos medidas, adoptaremos medidas de gran alcance y tras ello Holanda tendrá que disculparse con Turquía", dijo Cavusoglu ante la prensa en Metz. "Mientras Holanda no se disculpe, seguiremos adelante con esas medidas", dijo el ministro, que no especificó en qué iban a consistir. El jefe de la diplomacia turca aseguró igualmente que también se encontró con representantes de ONGs en esa ciudad y que tomó nota "de las peticiones y sugerencias" de sus conciudadanos.

En medio de la crisis diplomática, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también advirtió desde Estambul que Holanda "pagará" por impedir los actos de campaña de sus ministros. El presidente calificó de "indecente" el comportamiento de las autoridades holandesas. "No quedará sin respuesta", aseguró. Según Erdogan, Occidente es "islamófobo" y ha mostrado su verdadera cara. El alcalde de Róterdam se mostró sorprendido por las declaraciones, al ser él mismo musulmán.

El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, abogó por "relajar la tensión diplomática". "Queremos desacelerar, pero si los turcos insisten en escalar (la tensión diplomática), responderemos con las medidas adecuadas", advirtió Rutte. "No vamos a ceder a los chantajes. Anoche hablé ocho veces por teléfono con mi homólogo turco para busca una solución dialogada. Fue imposible", agregó.

Representantes de diversos partidos en Francia, como el ex primer ministro conservador y candidato presidencial François Fillon, criticaron hoy que las autoridades francesas hayan permitido que se llevara a cabo, pero el Ejecutivo defendió que no había motivos para vetarlo. "Francia es un Estado de Derecho (...). En ausencia de una amenaza confirmada contra el orden público, no había razón para prohibir esta reunión que no presentaba ninguna posibilidad de injerencia en la vida política francesa", indicó el ministro de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, en un comunicado.
LGC

Cañones de agua contra los manifestantes en Rotterdam

La ciudad portuaria de Rotterdam, en el sur de Holanda, amaneció este domingo con relativa tranquilidad y visibles daños materiales en las calles, tras los disturbios registrados esta madrugada entre la policía y los manifestantes turcos cerca del consulado de Turquía. La Policía, que utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes, aseguró que al menos 12 personas fueron detenidas por "violencia pública" y por "desobedecer a las autoridades" durante la protesta. Asimismo, añadió que un agente resultó herido.

Anoche, los manifestantes lanzaron piedras contra varias ventanas, provocando daños en un edificio del Ejército de Salvación, y en algunas tiendas y casas. El alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, aseguró esta madrugada que se siente "vergonzosamente engañado" por el cónsul turco, que le había dicho que "no preveía" ningún acto en la ciudad, pero después llamó a los medios holandeses para que acudieran al consulado a cubrir la protesta.

Aboutaleb declaró ayer una especie de estado de emergencia en el centro de la ciudad, cuando conoció que la ministra turca Fatma Betül Sayan Kaya estaba intentando acceder por tierra a Holanda para celebrar un mitin en Róterdam. Este estado de emergencia se conoce como "noodbevel" y se declara en base al artículo 175 de la Ley de Municipios, para circunstancias especiales y en caso de "insurgencia, desórdenes graves, desastres o temores de que ello ocurra". Sayan Kaya fue expulsada a las 02.00 de la madrugada, hora local, junto a toda su delegación. Un equipo de policías y helicópteros la acompañó a ella y a todo su equipo hasta la frontera con Alemania, donde se encontraban antes de entrar en territorio holandés.

Horas antes, el Gobierno holandés denegó el aterrizaje al avión del ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, para impedir que participara en el mismo mitin en Róterdam, lo cual inició una grave crisis diplomática entre ambos países. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó entonces al Gobierno holandés de actuar con "remanentes nazis y fascistas" y amenazó con sanciones como respuesta. Después aseguró que la expulsión de la ministra fue "vergonzosa" y que Holanda "pagará un alto precio" por lo ocurrido, informa DW.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat

La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas.

Impasse entre Grecia y la UE

En Atenas se están revisando las condiciones del tercer programa de ayuda entre el gobierno heleno y sus deudores: la famosa troika de Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha convertido en un cuarteto al sumarse el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), un vehículo creado por los europeos para coordinar las ayudas. Son negociaciones muy duras al pie de la Acrópolis.

Así extorsionó el ISIS al gigante del cemento Lafargue

El gigante del cemento franco-suizo Lafarge-Holcim, líder mundial en el sector y propietario de la antigua Asland de Montcada, admitió el pasado 2 de marzo en un comunicado que su empresa en Siria accedió a pagar a grupos armados para mantener la circulación de empleados y camiones de su planta en Xerab Hisq, en el norte del país. Lo hizo durante 2013 y hasta septiembre de 2014.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat

La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas. Cuando le preguntamos a la Generalitat de Cataluña: ¿quién vela por la transparencia electoral?, nos responde: "De acuerdo con la ley orgánica del régimen electoral general, en la cúspide está la Junta Electoral Central, órgano permanente que actúa como árbitro y moderador de todo el proceso electoral, con una composición casi judicial (ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos en activo de derecho o de ciencias políticas y sociología), seguida por las juntas electorales provinciales y por las juntas electorales de zona. También puede haber juntas electorales de las comunidades autónomas".

Esta respuesta se puede leer en la página oficial del departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda del Gobierno catalán. Nadie cuenta que a estas alturas la Junta Electoral Central vele por las garantías de un referéndum independentista en Cataluña. Y es esta junta la que obliga a los ciudadanos a formar parte del proceso, decidiendo quién hace qué en todos y cada uno de los papeles del auca electoral, desde el control del censo hasta las personas que velan por las garantías democráticas.

Con estos precedentes, expertos en derecho han dicho a EL TRIANGLE que no se dan las circunstancias para que haya un organismo legal que garantice la transparencia y objetividad de un futuro referéndum independentista en Cataluña que se celebrará en septiembre de este año. Y añaden que sin este órgano cualquier tipo de consulta que se hiciera no tendría ningún tipo de reconocimiento internacional.

En todos los procesos electorales que se celebran en Cataluña, pues, es la Junta Electoral Central quién vela por la legalidad del proceso, también en las elecciones autonómicas. Esto pasa porque Cataluña es la única comunidad autónoma de España que no ha sido capaz, o no ha querido, hacer una ley electoral propia. Y en este contexto, para no tener no tiene ni Junta Electoral de Comunidad Autónoma, fórmula que prevé la legislación española vigente para las comunidades autónomas. Pero para hacer la ley electoral catalana hay que recordar, además, que es necesario que se pongan de acuerdo dos tercios de los diputados del Parlamento de Cataluña, y hasta hoy esto no ha sido posible, informa El Triangle.

La ANC prepara escenarios de choque y acampadas indefinidas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) espera del independentismo “asumir sacrificios” y que esté preparado para, entre otros y si es necesario, estar dispuesto a “acampar indefinidamente”, a “la ocupación de infraestructuras”, a la “resistencia pasiva” ante una posible “actuación de las fuerzas de ocupación”, en caso de que se inhabilite a Forcadell o a Puigdemont, o a la protección de la radio pública catalana y de TV3 si en este último caso hay un corte de comunicaciones. Así consta en la documentación del consejo de asambleas territoriales, sectoriales y exteriores que se celebró a finales de noviembre en Cervera.

La consellería de corrupción del PP valenciano

La empresa pública Vaersa, que acumula casos de corrupción, el más reciente por el uso de tarjetas de crédito para "lucro personal" de sus exdirectivos, vació el departamento de Medio Ambiente en beneficio de una administración paralela durante los años del gobierno corrupto del PP. "Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada.

El Consejo de Europa critica la reforma del TC de Rajoy

Duras críticas a la polémica y antidemocrática reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comité de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias.

La ANC prepara escenarios de choque y acampadas indefinidas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) espera del independentismo “asumir sacrificios” y que esté preparado para, entre otros y si es necesario, estar dispuesto a “acampar indefinidamente”, a “la ocupación de infraestructuras”, a la “resistencia pasiva” ante una posible “actuación de las fuerzas de ocupación”, en caso de que se inhabilite a Forcadell o a Puigdemont, o a la protección de la radio pública catalana y de TV3 si en este último caso hay un corte de comunicaciones. Así consta en la documentación del consejo de asambleas territoriales, sectoriales y exteriores que se celebró a finales de noviembre en Cervera.

Unas aportaciones hechas por la militancia que significan en la práctica una concreción de la hoja de ruta de la Assemblea y que podría recoger lo que el secretariado nacional llamó en diciembre en un primer momento como Acción Xirinacs y más tarde fue renombrada con el nombre Acción a Punt.

Lluís Maria Xirinacs (1932-2007) fue un sacerdote y político pacifista y de izquierdas, conocido por sus acciones de protesta. Seguidor de las tesis de Gandhi y de la lucha desde la no-violencia, estuvo de pie ante la puerta de la prisión Modelo de Barcelona, doce horas cada día durante un año y nueve meses, hasta que se aprobó en España la Ley de Amnistía de 1977. Debido a la utilización de formas pacíficas de oposición, Xirinacs alcanzó notable popularidad y fue nombrado candidato para el Premio Nobel de la Paz en 1975, 1976 y 1977, sin llegar a conseguirlo.

En el verano de 1976, impulsó la «Marxa de la Llibertat» («Marcha de la Libertad»), un conjunto de manifestaciones y actos de protesta y sensibilización, que recorrieron toda Cataluña bajo las premisas de libertad y amnistía. Dicho movimiento sufrió la actuación represiva de la policía y la Guardia Civil. En las elecciones de 1977 se presentó como independiente al Senado por Barcelona consiguiendo el acta de senador. Durante un tiempo, formó parte del grupo parlamentario Entesa dels Catalans. En la elaboración de la Constitución de 1978 propuso infructuosamente un modelo de constitución alternativa, editado en su libro «Constitución, paquete de enmiendas», en el que defendía un modelo confederal.

En las elecciones generales del 1979 se presentó al Congreso de los Diputados por la coalición Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional (BEAN), reivindicando el programa de la entonces ya extinta Asamblea de Cataluña, sin alcanzar representación parlamentaria, pero siendo la primera fuerza extraparlamentaria de Cataluña. En 1980 se presentó por el BEAN a las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña después del franquismo, aunque también sin obtener representación. Abandonó entonces la política activa, y en 1984 fue convencido por Agustí Chalaux para crear, junto con otras personas, el Centro de Estudios Joan Bardina con el objetivo de elaborar un entonces nuevo modelo político, económico y social. En 1990 Xirinacs abandonó el sacerdocio.

En el año 2000 se plantó en la plaza Sant Jaume de Barcelona para exigir la independencia de Catalunya. Pero, de hecho, su singular manera de expresar lo que defendía ya se puso de manifiesto unos treinta años antes ante la cárcel Modelo pidiendo la amnistía de todos los presos. Xirinacs fue un referente de la época. Su espíritu de lucha gandhiano ha inspirado a la ANC. De esta manera, ante posibles acciones judiciales y del Gobierno central en contra de los intereses independentistas, la organización piensa en acciones “duraderas en el tiempo en que habrá que asumir sacrificios”.

¿Pero qué posibles escenarios prevé? La 'entidad soberanista' -financiada y organizada por CDC- ha clasificado tres: graves, menos graves y en respuesta a acciones concretas del Estado . Así, entre las graves, plantea acciones ante la inhabilitación de la presidenta del Parlament , Carme Forcadell ; también la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del Gobierno , del Parlamento , o la suspensión de la ley de transitoriedad jurídica. Indiferentemente del caso que abordar, la ANC plantea “grandes manifestaciones”, “concentraciones rápidas”, “ ocupación de infraestructuras”, “acampadas indefinidas” o la “huelga general”. Extraordinariamente, si se inhabilita el Parlamento , la entidad que preside Jordi Sànchez prevé además reunir la Assemblea de Càrrecs Electes para sustituirlo.

Entre los escenarios “menos graves”, la militancia prevé “el ahogo económico”, el cual tendría a priori como respuesta la “insumisión fiscal”. También recoge actuaciones contra las difamaciones o “el discurso del miedo”, que serían denunciados mediante las redes sociales. O las “amenazas a los funcionarios” y las “infiltraciones en concentraciones”. En último lugar , en respuesta a acciones del Estado , las asambleas territoriales y sectoriales propusieron la protección de las instalaciones de TV3 y de las radios si se producen cortes de comunicación, y la “resistencia pasiva” ante la “actuación de fuerzas de ocupación”.

El encargado de poner los puntos sobre las íes será el secretariado nacional, que aprobó el 17 de diciembre una propuesta de resolución en que el Grupo Xirinacs o Grup a Punt “asume la organización y la coordinación de todo lo que sea necesario para tener a punto una operación con el fin de poder garantizar que, cuando haga falta”, serán capaces de “movilizar una parte muy importante del independentismo”. La ANC justifica en esta propuesta de resolución interna que todas estas acciones serán necesarias tanto para apoyar y defender las instituciones y políticos catalanes como “para ayudar en todo aquello que se nos pida para garantizar la normalidad en todo momento”. Y siempre, tal como refleja su actual hoja de ruta, con “espíritu decidido pero pacífico, respetuoso y democrático”.

Con todo, desde la ANC reconociendo que están haciendo equilibrios para no agotar el independentismo a base de movilizaciones. El pasado mes de noviembre congregó a unas 80.000 personas en Montjuïc en defensa de las instituciones; más tarde reunió unas 40.000 para apoyar los investigados Mas, Ortega, Rigau, además de Homs en Madrid. Pero, ante los embates del Estado y los tribunales, desde la entidad quieren preservar los últimos cartuchos para defender masivamente las instituciones catalanas, informa La Vanguardia.

El Consejo de Europa critica la reforma del TC de Rajoy


Duras críticas a la polémica y antidemocrática reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comité de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias.

'Caso 3%': billetes de 500 euros envueltos en papel de diario

La Guardia Civil halló dos fajos de billetes de 500 euros en el interior de una caja fuerte incautada a uno de los investigados en el 'caso 3%'. Se trata de Josep Antoni Rosell, exdirector general del organismo de la Generalitat Infraestructures.cat. El dinero estaba envuelto en papel de diario y, a la vez, en papel de aluminio. Los fajos estaban divididos la mayoría en grupos de 10 billetes de 500 euros cada uno. Un trabajador de GISA explica cómo se amañaban los concursos. La Guardia Civil considera que el texto permite investigar la existencia de "toda una trama delictiva".

Lunes-13: juicio del caso Pretoria

Un documento encontrado en 2005 durante el registro ordenado por el juez Baltasar Garzón -que indagaba las cuentas offshore del banco BBVA Privanza- en el despacho de abogados Petrus, situado en el paseo de Gràcia de Barcelona, fue la pista que, cuatro años más tarde, el 27 de octubre del 2009, desembocó en la detención, entre otros, del ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; del ex-diputado socialista Luigi Garcia; del ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y del ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta: es el caso Pretoria (derivado del apellido Petrus), que finalmente llega a juicio este próximo lunes, día 13, coincidiendo con la vista oral del sonado caso del Palau de la Música.

La consellería de corrupción del PP valenciano

La empresa pública Vaersa, que acumula casos de corrupción, el más reciente por el uso de tarjetas de crédito para "lucro personal" de sus exdirectivos, vació el departamento de Medio Ambiente en beneficio de una administración paralela durante los años del gobierno corrupto del PP. "Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada. El jefe del gobierno autonómico usó la expresión popularizada por Marcos Benavent, imputado estrella del caso Imelsa, en referencia a la empresa Vaersa, a raíz de una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre el último de los escándalos sucedidos en ella: el uso por sus directivos, en la época del PP, de tarjetas de crédito para "lucro personal", según la propia Intervención de la Generalitat valenciana.

Esta empresa no fue la única, pero sí la más grande y la que ha cosechado más sentencias que ponen en evidencia lo irregular de su funcionamiento. Mediante el empleo de sociedades del sector público empresarial de la Generalitat, los gobiernos valencianos del PP organizaron una especie de "Administración paralela". Diversas sentencias judiciales han determinado desde 2014 que Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), una entidad similar a la estatal Tragsa y que se ha visto inmersa en varios casos de corrupción, incurrió en "cesión ilegal de trabajadores" a consellerías con competencias en Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo.

Como alertó la propia Intervención General de la Generalitat ya en la época de Alberto Fabra de presidente, personal de Vaersa ejerció durante años, en las propias dependencias oficiales, tareas exclusivas de funcionarios en materias como la redacción de informes urbanísticos, las autorizaciones ambientales y otros documentos y dictámenes que deben estar sujetos a la imparcialidad y objetividad que se supone a los técnicos con plaza específica en la Administración pública.

Eso se hizo a través de las denominadas "encomiendas de gestión", que los gobiernos de los tiempos de Francisco Camps, singularmente, utilizaron para conformar auténticas "consellerías paralelas". Ocurrió con la construcción de colegios, que se derivó a la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), actualmente investigada en el caso Taula porque supuestamente se cobraron comisiones ilegales en las obras que promovió. También con la denominada Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), que gestionó la evaluación de solicitudes para la aplicación de la Ley de Dependencia, con una falta de agilidad que en la Comunidad Valenciana acumuló un retraso considerable. Y ocurrió con Vaersa.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que dirige actualmente Vicent Marzà, hace esfuerzos importantes por recomponer su estructura administrativa para la construcción de colegios, desmantelada en buena medida como contrapartida a la encomienda de esa función a Ciegsa. La vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha puesto en marcha un proceso para dotar suficientemente el sistema de tramitación de las ayudas a la dependencia, a cuyos evaluadores quiere situar en manos de los ayuntamientos, lo más cerca posible de los beneficiarios, mientras desmonta la estructura de Avapsa. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que dirige Elena Cebrián, ha heredado una situación en la que hay casi tanto personal en la "conselleria paralela" como en la genuina.

Vaersa, que también se ha accidentado judicialmente a la hora de emprender expedientes de regulación de empleo, tiene en estos momentos todavía unos 1.200 empleados, según datos del departamento. En contraste, la conselleria cuenta con 1.650 empleados públicos, lo que supone sólo el 81,1% de su plantilla. Ese 19% de vacantes en su estructura (384 puestos) la sitúa como el departamento con la proporción más alta de plazas sin cubrir en la diezmada Administración valenciana. "Es un problema grave porque se trata de una proporción muy alta para una conselleria pequeña", señalan fuentes del departamento. Revertir la situación no va a ser fácil, pero el gobierno del Pacto del Botánico (que firmaron el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, aunque esta última formación se limita al apoyo parlamentario) pretende devolver músculo a la Administración autonómica.

De Gürtel a las tarjetas, pasando por la visita del Papa

Mientras tanto, todavía se ventilan en los tribunales los excesos del sistema que implantó el PP. Vaersa tiene el dudoso honor de ser el primer departamento con el que contrató la trama Gürtel en Valencia, con Rafael Blasco, hoy en prisión por un fraude en las ayudas de cooperación cuando años después fue titular de la cartera de Solidaridad y Ciudadanía. Por eso, varios antiguos responsables de la empresa figuran entre los imputados en la pieza de Gürtel que investiga los contratos menores de la Generalitat con la trama.

En otra pieza de Gürtel, la de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, también hay una ramificación en Vaersa, empresa en la que la policía halló en 2015 pruebas del desvío de dinero (más de medio millón de euros) desde la fundación que organizó aquel evento, en un caso por el que está imputado Juan Cotino, en aquel momento conseller de Agricultura y, por tanto, responsable de Vaersa.

Uno de los todoterrenos de alta gama por cuya compra irregular fue condenado el exdirector de Vaersa. El vehículo, con un precio de mercado de 62.000 euros, fue subastado por la Generalitat en octubre de 2015 por 25.000 euros. Por si eso no fuera suficiente, el exdirector de Vaersa Felipe Espinosa Bolaños fue condenado en julio de 2016 a 8 y 10 meses de inhabilitación, respectivamente, por la compra irregular de 67 todoterrenos, algunos de ellos de alta gama, y el pago de sobresueldos a directivos entre 2007 y 2011 sin la autorización del Consell. En ambos casos, el exdirector acordó con la fiscalía la conformidad, es decir, se declaró culpable.

La investigación sobre irregularidades en Vaersa, sin embargo, permanece abierta, entre otras cosas por el pago supuestamente irregular de servicios de asesoría a un despacho de abogados. Nada más llegar a la Generalitat, el nuevo gobierno del Botánico formuló denuncia ante la fiscalía, desde la nueva dirección de Vaersa, contra el que fuera director general. Un juzgado de Valencia se hizo cargo del asunto y la Generalitat se personó como perjudicada en la causa.

En el marco de esa investigación judicial, un informe de la Intervención General de la Generalitat ha revelado que directivos de Vaersa, como el exdirector ya condenado, usaron entre 2006 y 2015 tarjetas de crédito de la entidad para extraer cantidades de dinero en efectivo por valor de más de 45.000, en operaciones en cajeros automáticos realizadas en su mayor parte en fines de semana. Del total de gastos de esas tarjetas, 138.525 euros, el informe destaca, por ejemplo, que 12.000 euros se abonaron en un mismo restaurante por 89 comidas, 65 de ellas en sábado o domingo.

La Intervención concluye que estas actuaciones "suponen un lucro personal de los sujetos que llevaron a cabo dichas conductas en perjuicio de la entidad en la que prestaban servicios y deberían dar lugar a la exigencia de responsabilidad en la vía correspondiente, pudiendo incluso ser constitutivas de actuaciones penales". Así se ha abierto el último episodio en el desastre de la gran conselleria paralela, el de unas "tarjetas black", que aunque no fueran opacas sí que se usaron para fines distintos a los que estaban destinadas, informa eldiario.es.

Carmen Calvo desmonta las mentiras de Consuelo Císcar (PP)

Consuelo Císcar (PP) ha contado dos versiones sobre la propiedad de doce obras que son objeto del juzgado de instrucción número 21, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del IVAM durante la etapa de la anterior directora. Primero aseguró a la juez que las piezas de arte eran de sus familiares (dos hijas y nieta) y después declaró que las adquirió a título personal a través de galerías de arte o de los propios artistas y que se las regaló a sus descendientes. De las piezas bajo sospecha, siete pertenecen a Carmen Calvo (foto). La declaración de la artista en dependencias policiales desmonta la versión de la exdirectora. La pintora niega haberle vendido cuatro de las siete obras.

'Caso 3%': billetes de 500 euros envueltos en papel de diario

La Guardia Civil halló dos fajos de billetes de 500 euros en el interior de una caja fuerte incautada a uno de los investigados en el 'caso 3%'. Se trata de Josep Antoni Rosell, exdirector general del organismo de la Generalitat Infraestructures.cat. El dinero estaba envuelto en papel de diario y, a la vez, en papel de aluminio. Los fajos estaban divididos la mayoría en grupos de 10 billetes de 500 euros cada uno. Un trabajador de GISA explica cómo se amañaban los concursos.

Madrid: "donaciones" a cambio de obras en el Teatro Real

La Guardia Civil investiga el pago de «donaciones» y comisiones a cambio de obras en el Teatro Real y en el hospital Príncipe de Asturias de Madrid, respectivamente, por parte de una de las empresa involucradas en el caso 3%. Las pruebas fueron encontradas en los ordenadores de Sergio Lerma, presidente de la empresa Oproler, que guardaba correos explícitos sobre los porcentajes que pactaba a cambio de las obras efectuadas en este caso en instalaciones dependientes del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid, lo que probaría que la trama de corrupción es común en todo el sistema corrupto monárquico español, tanto en el PP como CDC.

Madrid: Marcha por el lobo ibérico

Al grito de "lobo vivo, lobo protegido" ha iniciado la manifestación por la defensa de esta especie ibérica convocada por númerosas asociaciones como Lobo Marley, Equo, Ecologistas en Acción, WWF, European Greens y la Alianza Europea para la Conservación del Lobo. La marcha, iniciada a las 12 del medio día en Atochan, concluyó a en torno a las 14:00 en Sol. Ganaderos y ecologistas han leído un manifiesto conjunto contra la caza mayor y en favor de "una verdadera convivencia entre la fauna salvaje y los animales de granja".

Durante el recorrido no se produjo ningún tipo de altercado por parte de los miles de asistentes, que, con energía, reivindicaron una legislación efectiva y capaz de proteger a esta especie en riesgo de extinción.

Entre los manifestantes, han destacado numerosos colectivos locales venidos a Madrid desde Galicia, Asturias o Euskadi así como, asociaciones de ganaderos que pedían mediadas para la coexistencia de los animales de granja y el lobo ibérico. El cierre de la protesta llegó con una concentración multitudinaria en la plaza madrileña de Sol, donde los convocantes han leído un manifiesto conjunto contra la caza mayor y en favor de una "verdadera convivencia de la fauna salvaje y los animales de granja", informa Público.

Lunes-13: juicio del caso Pretoria

Un documento encontrado en 2005 durante el registro ordenado por el juez Baltasar Garzón -que indagaba las cuentas offshore del banco BBVA Privanza- en el despacho de abogados Petrus, situado en el paseo de Gràcia de Barcelona, fue la pista que, cuatro años más tarde, el 27 de octubre del 2009, desembocó en la detención, entre otros, del ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; del ex-diputado socialista Luigi Garcia; del ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y del ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta: es el caso Pretoria (derivado del apellido Petrus), que finalmente llega a juicio este próximo lunes, día 13, coincidiendo con la vista oral del sonado caso del Palau de la Música.

El Consejo de Europa critica la reforma del TC de Rajoy

Duras críticas a la polémica y antidemocrática reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comité de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias.

Los Papeles de la Castellana y la trama monárquica de fraude fiscal

El pasado 14 de febrero, en el contexto de la investigación de Los Papeles de la Castellana, la Policía detuvo a un hombre en un pueblo cercano a Santa Cruz de Tenerife. La detención es una prueba más dentro de la investigación que lleva a cabo la Policía desde que el pasado 6 de junio el Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, presentara una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente.