dilluns, 13 de març de 2017

EEUU: Steve Bannon 'bajo investigación criminal' por fraude en el registro de votantes

El estratega jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon (foto), se encuentra bajo investigación "criminal activa" por fraude en el registro de votantes. Bannon está siendo investigado después de que él se registrara para votar en Florida mientras que tiene una casa en California meridional y permanece regularmente en Nueva York y Washington DC, informa el Washington Post, se registró para votar en una casa vacía en Miami, que está a punto de ser demolida. La presentación de información falsa en un formulario de inscripción de voto es un delito grave de tercer grado en Florida, punible con hasta cinco años de prisión.

Bannon, previamente, alquiló la casa para uso de su ex esposa, Diane Clohesy, pero le dijo al propietario que estaba viviendo allí, aunque viajando. El Washington Post informa sobre varios detalles de incidentes extraños en la propiedad, incluyendo visitantes extraños y ruidos fuertes durante la noche o daños a la propiedad de decenas de miles de dólares, por puertas que se cerraron con candados o se eliminaron por completo o un jacuzzi aparentemente destruido por "ácido".

La presentación de información falsa en un formulario de registro de voto es un delito grave de tercer grado en Florida, punible con hasta cinco años de prisión. Sin embargo, el Bannon no votó en Florida, por lo que es probable que disminuyan las probabilidades de que la investigación contra él llegue a la fiscalía. Más tarde fue retirado de la lista de votantes de Florida porque estaba registrado en dos lugares.

Poco después de su toma de posesión, Trump clasificó incorrectamente el registro para votar en dos estados como "fraude electoral". Dijo que millones de personas votaron ilegalmente, pero no aportó pruebas de su protesta, que ha sido desacreditada por las comisiones electorales del estado, informa The Independent.

EEUU: el quarterback que le enseñó el culo al himno y bandera yanquis

Todo comenzó el pasado mes de agosto cuando al quarterback de San Francisco, Colin Kaepernick, le preguntaron por qué estaba sentado en el banquillo -aún no se había arrodillado con el trasero al aire- durante el Himno Nacional. Explicó su postura diciendo: "No me voy a levantar para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y a la gente de color. Para mí, eso es más grande que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en la calle y personas que cobran por una licencia y se salen libres con el asesinato".

Trump: las críticas a Sessions son una "caza de brujas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró ayer jueves su apoyo al fiscal general Jeff Sessions, calificándolo de "hombre honrado", en medio de acusaciones de que engañó al comité del Senado durante su audiencia de confirmación sobre contactos con funcionarios rusos. "Jeff Sessions es un hombre honesto. No hizo nada malo. Podría haber respondido de forma más precisa, pero claramente no fue intencional", dijo el presidente en una cadena de mensajes en su cuenta de Twitter.

Irán acusa a Netanyahu de mentir sobre la Torá

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de difundir informaciones incorrectas y de falsear la Torá, después de que el mandatario sionista asegurara que el país islámico ha intentado "destruir al pueblo judío" durante 2.500 años. “Al recurrir a una falsa historia y falsificar la Torá (el Pentateuco), Netanyahu intenta lanzar mentiras contra una nación que ha salvado a los judíos en tres ocasiones. Este es su hábito”, denunció Zarif en su cuenta en Twitter.

Fillon recibió 48.500 euros en trajes pagados por un "amigo"

El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, vuelve a estar en el ojo del huracán por unos trajes que un generoso mecenas le habría regalado desde el 2012 valorados en casi 50.000 euros, según revela este domingo ‘Le Journal de Dimanche’. Los trajes en cuestión, hechos a medida en Arnys, la tienda de un prestigioso sastre de la calle Sèveres, en el distrito VII de París, costaron 48.500 euros y buena parte de esa cantidad, 35.500 euros, fue abonada en efectivo por ese “generoso amigo” del candidato que ha preferido mantenerse en el anonimato.

Pretoria: acuerdo con Alavedra y tres acusados si aceptan los hechos

La fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena al exconseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra y a otros tres acusados del juicio Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa, aunque para algunos estará sujeto a su declaración. Cuenca ha anunciado el acuerdo al tribunal de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, que operó entre 2001 y 2009 en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Las defensas de Luigi y Bartomeu Muñoz piden la nulidad de las escuchas telefónicas. Foto: De izda a dcha.: El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconseller Macià Alavedra, el exdiputado socialista Luis Andrés García, y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

En el caso de Alavedra y de Manuel Carrillo, acusado de un delito de cohecho por presuntamente sobornar al alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, la Fiscalía quiere que se les interrogue primero y dependiendo de su declaración se procedería a modificar la pena a la hora de elevar sus conclusiones a definitivas. Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra -considerado hombre de confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol- también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa.

También le ha ofrecido un acuerdo la fiscal a Philip Mc Mahan y Glòria Torres, acusados de contribuir en “la ocultación y reinversión” de las comisiones ilegales que percibió Alavedra de la trama. A Philip Mc Mahan le ha ofrecido una rebaja de 3 años y medio de cárcel a 6 meses y al pago de una multa de 2,6 millones de euros o arresto sustitutorio en el caso de impago; mientras que a Torres le ha ofrecido una disminución de 2 años y medio a 6 meses de cárcel y una multa de 315.000 euros, que ya pagó con anterioridad. En virtud al acuerdo, la Fiscalía les acusaría de un delito de blanqueo de capitales pero no de un delito continuado, como les acusa en su escrito de conclusiones provisionales.

Los abogados defensores del ex alcalde y del exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco respectivamente, y del ex diputado del PSC en el Parlament Luis García ‘ Luigi ‘, han reclamado que el tribunal ‘no tenga en cuenta las escuchas telefónicas que se hicieron sin suficientes garantías judiciales. Esto podría suponer anular una de las principales pruebas de la acusación. También han pedido que los acusados no tengan que ir a cada una de las 30 sesiones del juicio, que durará hasta septiembre, y hasta que los abogados puedan ausentarse los días que no les afecten las pruebas

El juicio ha comenzado con casi una hora de retraso pese a la puntualidad de muchos de los acusados; algunos de ellos, como el considerado “facilitador” de la trama, Luis Andrés García “Luigi”, ha llegado casi una hora y media antes del inicio. Pese a que curiosamente este acusado ha olvidado su documentación, el juicio ha comenzado sin mayores problemas, informa La Vanguardia.

Lunes-13: juicio del caso Pretoria


Un documento encontrado en 2005 durante el registro ordenado por el juez Baltasar Garzón -que indagaba las cuentas offshore del banco BBVA Privanza- en el despacho de abogados Petrus, situado en el paseo de Gràcia de Barcelona, fue la pista que, cuatro años más tarde, el 27 de octubre del 2009, desembocó en la detención, entre otros, del ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; del ex-diputado socialista Luigi Garcia; del ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y del ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta.

PP Madrid: Aguirre, Fundescam y millones en maletines

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

Mas: dos años de inhabilitación y 36.500 € por el 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera unánime ha condenado al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau por entender que en la consulta del 9N cometieron desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional.

A prisión tres detenidos por los incidentes en Iruñea

El juez ha decretado el ingreso en prisión de tres detenidos por su supuesta participación en los disturbios de este sábado en Iruñea (Pamplona, Nafarroa). El juez, que les imputa los delitos de «desórdenes públicos y terrorismo», ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional española. El juez justifica su decisión en «la extrema gravedad de los hechos», «las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia» y la «probabilidad de reiteración delictiva». En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez relata que los investigados, «con ocasión de la celebración de una manifestación no autorizada, se desplazaron el sábado desde su localidad en coordinación con un grupo que portaba para ello sacos con piedras y material pirotécnico, con capuchas para dificultar su identificación».

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Iruñea ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de tres de los detenidos durante la movilización del sábado en Iruñea. El cuarto detenido, menor, quedó ayer en libertad, a disposición de la fiscalía de menores. El juez les imputa delitos de «desórdenes públicos y terrorismo» y ha remitido la causa a la Audiencia Nacional española. El auto acusa a los detenidos de «lanzar piedras, así como botellas y formar barricadas». Por ello y «a petición del Ministerio Fiscal», el juez de guardia de Iruñea ha acordado el ingreso en prisión.

En ese atestado, resalta el juez, se recoge que los altercados se produjeron «en el marco de una actuación organizada y planificada» con el desplazamiento a otra localidad «con el resultado de una alteración grave y prolongada de la paz pública en el momento en que había multitud de ciudadanos por la zona». El juez razona la adopción de la prisión provisional por la «extrema gravedad de los hechos» y por «las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia ante la gravedad de las penas que en su día pudieran imponerse», así como por «la probabilidad de reiteración delictiva a la vista de la propia mecánica de los hechos, cometidos en grupo y de forma organizada y planificada».

El sábado, una movilización convocada bajo el lema ‘Errepresioari autodefentsa’ derivó en incidentes. La Policía española cargó contra los manifestantes y los enfrentamientos se repartieron por Alde Zaharra. La Delegación del Gobierno español argumentó que la manifestación no había solicitado los permisos necesarios. La movilización fue convocada para denunciar varias causas y entre los convocantes se encontraban Indar Gorri, Ikasle Abertzaleak, Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Kontrako Mugimendua, Alde Zaharreko Gazteak, Errotxapeako Gaztetxea e Hirekin.

Dos años y medio de cárcel por brindar en Tafalla

Dos años y medio de cárcel para Fernando Sota y otros dos años para Oier Araiz y Gorka Labat es la petición formulada por el fiscal de la Audiencia Nacional española José Perals durante el juicio contra tres vecinos de Tafalla a quienes acusa de participar en un brindis a favor de los familiares de los presos. La petición eleva en medio año lo solicitado previamente para Sota, a quien acusa de participar en un brindis por los familiares de los presos celebrado en Tafalla en agosto del año pasado.

PP Madrid: Aguirre, Fundescam y millones en maletines

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

Mas: dos años de inhabilitación y 36.500 € por el 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera unánime ha condenado al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau por entender que en la consulta del 9N cometieron desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una pena mínima que se aleja de las peticiones del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled. Artur Mas, que se enfrentaba a los 10 años de inhabilitación solicitadas por el Fiscal, ha sido condenado multa de 12 meses a cuota diaria de 100 euros, 36.500 euros, e inhabilitación especial de cargos públicos dos años.

Emarsa a juicio tras 13 años de saqueo del PP

El juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia -un botín de 24 millones de euros- comienza este lunes en la Audiencia de Valencia tras una suspensión, con varios procesados asistidos por abogados de oficio recien llegados al caso y muchos acusados ofreciendo a la fiscalía reconocer los delitos para rebajar sus penas. En fuentes judiciales dan por hecho que el asunto acabará con fuertes condenas. La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.

PP Madrid: Aguirre, Fundescam y millones en maletines

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

La reputación on line. Es la partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello. Otros, como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el Supremo. Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al parlamentario regional Víctor Soler.

Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de esta empresa Juan Miguel Villar Mir. Los investigadores -y el juez Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras. De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. En aquel escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios”.

Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de 19.214.514,56 euros”.. A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del erario para sufragar mítines y actos del PP.

Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron por indicación expresa de Granados.

Encuestas políticas. La investigación sobre los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP, aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla (Madrid), José María Fraile. Las empresas que aspiraban a conseguir una adjudicación, encargaban a la consultora TNS, cuyo propietario está imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000 euros el coste real de estos trabajos.

Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel. Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos. Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas. La misma surgió tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró contratos públicos para su empresa de restauración en organismos públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia Nacional.

Actos publicitarios. Las sospechas se centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas. Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP madrileño, informa El País.

González (PP) acusa de mentirosos a Cobo, Prada y Cifuentes

Nervioso, con el discurso aprendido del político capaz de negar sus propias palabras, a Ignacio González le ha traicionado el subconsciente en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que indaga sobre la corrupción durante los años de Gobierno de Esperanza Aguirre. Tocaba abordar el conocido caso del espionaje, cuya existencia fue confirmada en noviembre por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes.

Madrid: "donaciones" a cambio de obras en el Teatro Real

La Guardia Civil investiga el pago de «donaciones» y comisiones a cambio de obras en el Teatro Real y en el hospital Príncipe de Asturias de Madrid, respectivamente, por parte de una de las empresa involucradas en el caso 3%. Las pruebas fueron encontradas en los ordenadores de Sergio Lerma, presidente de la empresa Oproler, que guardaba correos explícitos sobre los porcentajes que pactaba a cambio de las obras efectuadas en este caso en instalaciones dependientes del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid, lo que probaría que la trama de corrupción es común en todo el sistema corrupto monárquico español, tanto en el PP como CDC.

Aguirre (PP) se lucró de la caja B desde el año 2000

La caja B del PP se utilizaba en época de Esperanza Aguirre para sufragar actos electorales y de partido. Y se hacía a través de Fundescam, una fundación del PP de Madrid creada en el año 2000 y dirigida en un principio por el presidente del Senado, Pío García Escudero, que recibía donaciones de empresarios hoy investigados en los casos Gürtel y Púnica. Esta información, que ayer fue retomada por el diario El País a raíz de nuevos descubrimientos desvelados por fuentes jurídicas sobre la pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la operación Púnica, no hace más que constatar las exclusivas que Público ya ofreció en 2009 y 2010.

Mas: dos años de inhabilitación y 36.500 € por el 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera unánime ha condenado al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau por entender que en la consulta del 9N cometieron desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una pena mínima que se aleja de las peticiones del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled. Artur Mas, que se enfrentaba a los 10 años de inhabilitación solicitadas por el Fiscal, ha sido condenado multa de 12 meses a cuota diaria de 100 euros, 36.500 euros, e inhabilitación especial de cargos públicos dos años. En las primeras declaraciones tras la sentencia Artur Mas asegura que apelarán al Tribunal Supremo, al Constitucional y a las instituciones europeas, y ha asegurado que "la justicia en España no es igual para todos". "Nos dicen que desobedecimos al TC pero han sido muchas las veces que se ha desobedecido y no ha pasado nada, lo que demuestra que en España la ley no es igual para todos, desgraciadamente". "En España se persigue a la gente por sus ideas", ha reiterado.

Por su parte, Ortega ha sido condenada por desobediencia a una multa de 30.000 euros y 1 año y nueve meses de inhabilitación especial. En el caso de la exconsellera de Ensenyament ha sido condenada a un año y medio de inhabilitación, y una multa de 24.000 euros.

Los tres acusados han quedado absueltos del delito de prevaricación administrativa. El caso quedó visto para sentencia el pasado diez de febrero. El abogado del expresident Mas, Xavier Melero, ha lamentado la sentencia con un claro “nosotros estábamos por la absolución, no por una resolución a medias”. La resolución del TSJC ha llegado antes que el fallo del Tribunal Supremo sobre el juicio por la misma causa al exconseller Francesc Homs, informa La Vanguardia.

El tribunal también les condena al pago de la mitad de las costas procesales, excluidas las devengadas por las acusaciones populares. Irene Rigau anuncia que seguirá de diputada del Junts Pel Sí en el Parlament hasta que la sentencia sea firme. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también se enfrenta a una posible inhabilitación al permitir la votación en sede parlamentaria de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent pese a la advertencia del TC. La CUP pide no acatar la decisión judicial. "Las urnas no se juzgan. El 9-N somos todos", dicen desde la ANC.

Los primeros en valorar positivamente esta sentencia han sido los socialistas. Su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, cree que la decisión del TSJC "es una consecuencia lógica" de desobedecer al Constitucional. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ve "un error" la sentencia y anhela la democracia en Escocia el mismo el día en el que su primera ministra Nicola Sturgeon anuncia un posible nuevo referéndum entre otoño de 2018 y la primavera de 2019. ERC: "El referéndum se hará". "Una vergüenza", califica Pablo Iglesias la decisión judicial en tweeter.

Tec-4 pagaba a CatDem para "hacer patria"

La empresa Tec-4, una de las investigadas en el caso del 3%, justificó con la supuesta necesidad de "consolidar un catalanismo democrático" en el que "empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo" una donación de 50.000 euros entregada en 2012 a la Fundación CatDem.

El 'capo' de Artur Mas, en Chile, huyendo de la GC

La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aún tiene algunos flecos pendientes. Uno de los principales implicados en la presunta financiación ilegal del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont todavía no ha podido ser detenido porque se marchó a Chile cuando descubrió que los testimonios y pruebas que estaban recabando los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil iban a terminar sentándolo en el banquillo.

La ANC prepara escenarios de choque y acampadas indefinidas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) espera del independentismo “asumir sacrificios” y que esté preparado para, entre otros y si es necesario, estar dispuesto a “acampar indefinidamente”, a “la ocupación de infraestructuras”, a la “resistencia pasiva” ante una posible “actuación de las fuerzas de ocupación”, en caso de que se inhabilite a Forcadell o a Puigdemont, o a la protección de la radio pública catalana y de TV3 si en este último caso hay un corte de comunicaciones.

El Consejo de Europa critica la reforma del TC de Rajoy

Duras críticas a la polémica y antidemocrática reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comité de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat

La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas.

Irán acusa a Netanyahu de mentir sobre la Torá

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de difundir informaciones incorrectas y de falsear la Torá, después de que el mandatario sionista asegurara que el país islámico ha intentado "destruir al pueblo judío" durante 2.500 años. “Al recurrir a una falsa historia y falsificar la Torá (el Pentateuco), Netanyahu intenta lanzar mentiras contra una nación que ha salvado a los judíos en tres ocasiones. Este es su hábito”, denunció Zarif en su cuenta en Twitter.

En su tuit, el jefe de la diplomacia iraní adjuntó un texto en el que extiende su crítica al primer ministro israelí por tergiversar hechos históricos. “Una vez más, Benjamin Netanyahu no solo distorsiona las realidades de hoy, sino también distorsiona el pasado y las escrituras judías", apuntó.

Javad Zarif consideró "realmente lamentable que el fanatismo llegue a un punto" de acusar a una nación entera, que salvó a los judíos tres veces durante su historia. “El Libro de Ester nos cuenta cómo el rey (aqueménida) Jerjes salvó a los judíos de un complot trazado por Hamán (…); otra vez, durante el reinado de Ciro el Grande, cuando el rey persa conquistó Babilonia, salvando a los judíos; así, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos fueron asesinados en Europa, Irán los recibió con mucho gusto”, precisó.

Recientemente Netanyahu aseguró, durante su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, que hace 2.500 años el extinto imperio persa intentó destruir al pueblo judío. Y en la actualidad la República Islámica de Irán, antigua Persia, intenta lo mismo, informa TELESUR.

El ejército sirio elimina al enlace entre Israel y el Frente al Nusra

Imad Kamal, el enlace más peligroso entre los terroristas del Frente al Nusra y responsables israelíes, fue muerto por el fuego del Ejército sirio, según la edición en árabe del canal de televisión Russia Today que, sin embargo, desmintió la noticia de que el hermano del terrorista, Iyad Kamal, también hubiera muerto en un ataque de artillería del Ejército en los suburbios del norte de Quneitra. El gobierno sirio ha denunciado en reiteradas ocasiones el apoyo del régimen israelí al Frente al Nusra y otros grupos terroristas que actúan en el sur de Siria. Rusia y China vetan en la ONU nuevas sanciones contra Siria.

Así extorsionó el ISIS al gigante del cemento Lafargue

El gigante del cemento franco-suizo Lafarge-Holcim, líder mundial en el sector y propietario de la antigua Asland de Montcada, admitió el pasado 2 de marzo en un comunicado que su empresa en Siria accedió a pagar a grupos armados para mantener la circulación de empleados y camiones de su planta en Xerab Hisq, en el norte del país. Lo hizo durante 2013 y hasta septiembre de 2014.

Turquía anuncia medidas "de gran alcance" contra la islamófoba Holanda

El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, al que la monarquía plutocrática de Holanda denegó este sábado el permiso de aterrizaje en su territorio, aseguró hoy domingo en la ciudad francesa de Metz que una disculpa holandesa "no será suficiente". Así lo afirmó ante los medios a su llegada a su mitin en Metz (noreste) sobre el referéndum promovido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para reformar la Constitución y convertir Turquía en una república presidencialista.

Tec-4 pagaba a CatDem para "hacer patria"

La empresa Tec-4, una de las investigadas en el caso del 3%, justificó con la supuesta necesidad de "consolidar un catalanismo democrático" en el que "empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo" una donación de 50.000 euros entregada en 2012 a la Fundación CatDem. Según un documento encontrado por la Guardia Civil durante el registro de esta empresa, el directivo Antonio García Bragado (foto), literalmente, proponía la siguiente explicación: "En los últimas meses hemos iniciado un debate intenso y un proceso de reflexión sobre el papel de las empresas en la contribución al desarrollo de un catalanismo moderno, cosmopolita, dialogante e integrador que permita consolidar un catalanismo democrático en el que las empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo. Con esta finalidad se acuerda hacer un donativo de 50.000€ a la Fundación CATDEM".

La misma información se hace eco de una serie de anomalías sobre aquella donación que la Guardia Civil hizo constar en su informe. Por un lado, el acta de la junta y el certificado de la donación se encontraron en el domicilio de García Bragado y no en la sede de Tec-4, los documentos no tenían firma ni sello, y el contenido del texto pone de manifiesto, supuestamente, la existencia de instrucciones para hacer la donación a CATdem de forma discreta, con la presunta intención de esquivar el Tribunal de Cuentas. Los investigadores del caso del 3% han encontrado correlaciones entre anotaciones de la agenda del ex-tesorero de CDC Andreu Viloca, ingresos de Tec-4 y comunicaciones entre la fundación y la empresa, informa El Triangle.

El 'capo' de Artur Mas, en Chile, huyendo de la GC

La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aún tiene algunos flecos pendientes. Uno de los principales implicados en la presunta financiación ilegal del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont todavía no ha podido ser detenido porque se marchó a Chile cuando descubrió que los testimonios y pruebas que estaban recabando los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil iban a terminar sentándolo en el banquillo.

Desmadre en las CCAA: 79 impuestos y 500 cambios fiscales al año

Las comunidades autónomas han tejido una jungla fiscal de 79 impuestos propios y más de 500 modificaciones legales anuales que han terminado por convertir el sistema de tributación en "difícilmente comprensible y, sobre todo, controlable". Así lo considera el Consejo General de Economistas, que anualmente elabora un concienzudo estudio de la fiscalidad autonómica y que, en esta ocasión, ha elevado la voz para pedir al Gobierno que introduzca sensatez en este ámbito aprovechando que se va a reformar el marco de financiación de las comunidades.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat


La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas.

Desmadre en las CCAA: 79 impuestos y 500 cambios fiscales al año

Las comunidades autónomas han tejido una jungla fiscal de 79 impuestos propios y más de 500 modificaciones legales anuales que han terminado por convertir el sistema de tributación en "difícilmente comprensible y, sobre todo, controlable". Así lo considera el Consejo General de Economistas, que anualmente elabora un concienzudo estudio de la fiscalidad autonómica y que, en esta ocasión, ha elevado la voz para pedir al Gobierno que introduzca sensatez en este ámbito aprovechando que se va a reformar el marco de financiación de las comunidades. "Las regiones han utilizado mucho su capacidad normativa estableciendo multitud de reducciones, deducciones o bonificaciones con numerosos cambios y requisitos", aseguraba Valentín Pich, presidente del Consejo, durante la reciente presentación del informe. Una falta de orden que pasaría más desapercibida si al menos esa capacidad fiscal se tradujera en grandes ingresos, algo que no sucede.

Hoy por hoy, los impuestos propios de las autonomías apenas otorgan entre el 2,2 y el 5% de los recursos que gestionan, dependiendo del año. "La mayor parte del dinero les sigue llegando de impuestos semi cedidos como el IRPF o el IVA", advierte Pich.

Los datos lo demuestran. El año 2014, último del que hay datos en su conjunto, dejó en las autonomías casi 32.000 millones en concepto de IRPF, y más de 28.000 millones por IVA. La tercera partida más jugosa llegó a través de los Impuestos Especiales con más de 14.000 millones. Mientras, Patrimonio dejó 972 millones; Sucesiones y Donaciones algo más de 2.000 millones; Actos Jurídicos Documentados 1.492 millones; y Transmisiones Patrimoniales en torno a 4.000 millones. En total, algo más de 85.000 millones de unos ingresos totales de 89.000. La fiscalidad propia, reflejada en tributos que casi siempre tienen que ver con el medio ambiente, dejó 3.700 millones en total.

Desde el Consejo General de Economistas advierten también que la maraña de tributos, normas y modificaciones provocan situaciones anómalas como la de gravar el mismo hecho en dos ocasiones. "Hay propietarios que sufren la imposición de Patrimonio y al mismo tiempo, por ejemplo, pagan un IBI muy alto a través de la normativa municipal", explican fuentes del organismo. Además, en ocasiones se aprueban medidas para colectivos muy pequeños con una importancia global muy reducida y es incluso probable que la recaudación por esos conceptos "no llegue ni siquiera a cubrir los costes derivados de su establecimiento o recaudación".

En efecto, la normativa aprobada para este año 2017 arroja, en algunos lugares, cambios sorprendentes. El Gobierno de Baleares, encabezado por el PSOE, ha aprobado este año deducciones al mecenazgo deportivo con un impacto de 1.000 euros; o deducciones a la adquisición de acciones de nueva creación por valor de 20.000 euros. La Comunidad Valenciana, en manos del también socialista Ximo Puig, ha establecido una deducción del 21% para la adquisición de abonos culturales o ha programado inversiones en fuentes renovables de la vivienda para 184 declarantes, con un impacto apenas superior a los 15.000 euros.

Con los impuestos del Estado a un lado y los que establecen las entidades locales por el otro, las comunidades se han agarrado al medio ambiente para crear gran parte de sus figuras impositivas. Tasas a los residuos, al agua embalsada, a la incineración, a la generación de energía eléctrica o eólica o a la contaminación atmosférica se han convertido en habituales.

Sin embargo, hay otros tributos que sorprenden más: Asturias y Baleares gravan el bingo y sus premios; Andalucía dispone de un impuesto en vigor que penaliza a los propietarios de fincas vacías; y Cataluña, la más creativa tributariamente en los últimos años, impone un impuesto por casas vacías, por estancias turísticas (algo común en otros países como Italia) o sobre grandes superficies comerciales. Este tributo, que han recogido otras regiones, está siendo sometido a análisis por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este sentido cabe recordar que otros impuestos, como el de depósitos bancarios o el céntimo sanitario, han tenido que ser suprimidos por entrar en conflicto con los tributos propios del Estado. Otro problema más, el jurídico, para un sistema que expertos y economistas piden revisar aprovechando la reforma de la financiación autonómica. "Hay que repensar la capacidad tributaria de los gobiernos regionales y tender a más uniformidad", asevera al respecto Pich, postura a favor de una mayor armonización que también defienden, entre otros, CEOE y el Círculo de Empresarios.

Desde el inicio de la crisis, las autonomías han aprovechado a fondo el amplio margen que la todavía vigente Ley Orgánica de Financiación les concede para crear impuestos propios, y complementar así los ingresos que reciben de los gravámenes, como el IRPF, sólo parcialmente cedidos a estos territorios. En esa tarea, sin duda, han demostrado imaginación, ya que han creado figuras impositivas que gravan los más variados ámbitos: desde el uso del agua o las bolsas de plástico, hasta los depósitos bancarios, pasando por el juego, los establecimientos turísticos o la emisión de gases contaminantes.

Constituyen así una trama de casi 80 impuestos, cuya complejidad aún se eleva a mayor altura, debido a los más de 500 cambios legislativos a los que los Gobiernos autonómicos la someten cada año. Como es obvio, y así lo denuncian los expertos, resulta imposible que un contribuyente puede estar al día de la vigencia y evolución de 17 regímenes fiscales que pugnan por diferenciarse cada vez más. La confusión es tal que, en algunos territorios, se da la aberración consistente en gravar dos veces un mismo producto o actividad. Pero aún más flagrante es el sinsentido en que incurren los propios Gobiernos autonómicos.

Así, el sostenimiento de su maraña tributaria les exige unos costes de gestión que, en muchos casos, superan con creces la recaudación de estos impuestos, ya que su rendimiento se sitúa entre el 2,2 y el 5% de los ingresos tributarios que logran. Se trata de una situación que puede calificarse, sin exageración, de descontrolada. No debe desaprovecharse la oportunidad que ofrece la reforma de la financiación autonómica para desentrañarla y ponerle fin, informa Diario de Mallorca.

Emarsa: Bernácer confiesa 400.000 euros en comisiones

Uno de los cabecillas del PP en el desfalco de la depuradora de Pinedo Ignacio Bernácer (foto) ha reconocido en las últimas horas su participación en la trama delictiva. El acusado, que se enfrentaba a 14 años de cárcel, llevaba varias semanas negociando con la Fiscalía una confesión a cambio de una sustancial rebaja de pena. Finalmente, las conversaciones finalizaron el pasado viernes y Bernácer presentó un escrito en la Audiencia donde admite que cobró 400.000 euros de comisiones gracias al sistema de desvío de fondos que se diseñó con el tratamiento de lodos. A cambio, el ministerio fiscal y las acusaciones de la Emshi y del PSPV pedirán menos de cuatro años de cárcel.

Los exresponsables del BE y la CNMV, ante el juez por Bankia


El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura declaran esta semana junto a otros seis exdirectivos de ambos organismos como investigados, lo que antes se conocía como imputados, ante el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Se trata de la primera ocasión en la que ambos declaran como investigados, aunque anteriormente comparecieron como testigos ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu.

Emarsa: Bernácer confiesa 400.000 euros en comisiones

Uno de los cabecillas del PP en el desfalco de la depuradora de Pinedo Ignacio Bernácer (foto) ha reconocido en las últimas horas su participación en la trama delictiva. El acusado, que se enfrentaba a 14 años de cárcel, llevaba varias semanas negociando con la Fiscalía una confesión a cambio de una sustancial rebaja de pena. Finalmente, las conversaciones finalizaron el pasado viernes y Bernácer presentó un escrito en la Audiencia donde admite que cobró 400.000 euros de comisiones gracias al sistema de desvío de fondos que se diseñó con el tratamiento de lodos. A cambio, el ministerio fiscal y las acusaciones de la Emshi y del PSPV pedirán menos de cuatro años de cárcel.

Algunas fuentes concretan la cifra en tres años y medio. Bernácer se compromete a devolver los 400.000 euros que guardaba en una caja de seguridad de una entidad bancaria. La cantidad desviada en su día con este mecanismo superó los diez millones de euros. La confesión obviamente implica a más personas. Bernácer explica que tras aprobar en 2005 más financiación para la depuradora, el gerente Esteban Cuesta informó al ahora arrepentido y al jefe de la Epsar, José Juan Morenilla, que iban a recibir una «gratificación».

La Epsar es el organismo de la Generalitat que controla todas las depuradoras. Bernácer, exjefe de explotación de la entidad, aceptó cobrar alrededor de 400.000 durante los años del saqueo, y no preguntó el origen del dinero, según relata en su escrito. Cada vez que Cuesta iba a verle le entregaba entre 2.000 y 5.000 euros en un sobre. Posteriormente, siempre según el testimonio de Bernácer, idearon el sistema de las tarjetas de crédito. Se les entregaron dos tarjetas y se les impuso que no sacaran más de 500 euros al día. Al cabo de unos meses, la hermana de Cuesta interviene en la red delictiva y se dedicó a hacer de mensajera; es decir, llevaba el dinero a los beneficiarios.

Otro de los grandes perjudicados tras este vuelco en la causa es el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo. Bernácer le inculpa directamente en el cobro de comisiones y asegura que lo hablaban con naturalidad en las reuniones que mantenían. Cita una en el restaurante Pilsener donde hablaron sin tapujos. Es más, recuerda cómo aludía a las mordidas con la expresión: «Que llegan los camiones». La confesión también implica a José Luis Sena, directivo de una de las empresas de tratamiento de lodos.

El juicio empieza hoy, aunque es probable que se aplace. Son varios los letrados que pedirán una suspensión al no haber tenido tiempo suficiente de estudiar la causa. Asumieron la defensa hace apenas unas semanas tras la renuncia de los anteriores letrados ante la inminencia del juicio. El fugado de la justicia Jorge Ignacio Roca Samper; Enrique Crespo; los que fueran cargos de Epsar, José Juan Morenilla (gerente), el propio Ignacio Bernácer y otros 21 acusados se sentarán en el banquillo de la sección primera de la Audiencia de Valencia por la pieza principal del caso Emarsa.

El juicio por esta pieza, en la que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo, se señaló en noviembre de 2015, pero el tribunal decidió suspenderlo a la espera de que Moldavia extraditase a Roca, condenado en ese país por otro procedimiento diferente. El procedimiento saltó a la luz en 2010, informa Las Provincias.

Emarsa a juicio tras 13 años de saqueo del PP

El juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia -un botín de 24 millones de euros- comienza este lunes en la Audiencia de Valencia tras una suspensión, con varios procesados asistidos por abogados de oficio recien llegados al caso y muchos acusados ofreciendo a la fiscalía reconocer los delitos para rebajar sus penas. En fuentes judiciales dan por hecho que el asunto acabará con fuertes condenas. La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo (foto), exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar.

La consellería de corrupción del PP valenciano

La empresa pública Vaersa, que acumula casos de corrupción, el más reciente por el uso de tarjetas de crédito para "lucro personal" de sus exdirectivos, vació el departamento de Medio Ambiente en beneficio de una administración paralela durante los años del gobierno corrupto del PP. "Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada.

Los exresponsables del BE y la CNMV, ante el juez por Bankia

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura declaran esta semana junto a otros seis exdirectivos de ambos organismos como investigados, lo que antes se conocía como imputados, ante el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011.

Fillon recibió 48.500 euros en trajes pagados por un "amigo"

El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, vuelve a estar en el ojo del huracán por unos trajes que un generoso mecenas le habría regalado desde el 2012 valorados en casi 50.000 euros, según revela este domingo ‘Le Journal de Dimanche’. Los trajes en cuestión, hechos a medida en Arnys, la tienda de un prestigioso sastre de la calle Sèveres, en el distrito VII de París, costaron 48.500 euros y buena parte de esa cantidad, 35.500 euros, fue abonada en efectivo por ese “generoso amigo” del candidato que ha preferido mantenerse en el anonimato, prosigue el diario francés. Entre las últimas compras figuran dos trajes que se pagaron quince días después de que ‘Le Canard Enchaîné’ destapara el escándalo bautizado como ‘Penelopegate’, un asunto de presuntos empleos ficticios que investiga la justicia desde el 25 de enero y podría costarle a Fillon una imputación por malversación de fondos públicos.

Estos dos trajes costaron 13.000 euros, es decir 6.500 euros cada uno, y se pagaron con un cheque del banco Monte Paschi firmado el 20 de febrero y enviado a la tienda el mismo día. El entorno del candidato sostiene que este tipo de regalos no tienen nada de reprochables.”Es una campaña sucia. Empieza a ser insoportable. Las historias de las noches en Las Vegas, de trajes o de asistentes parlamentarios. Ya está bien”, se ha quejado en la emisora Europe 1 el portavoz de Fillon, Luc Chatel. “Un amigo me ha regalado unos trajes en febrero. ¿Y qué?”, se ha defendido por su parte Fillon en una entrevista que el diario ‘Les Echos’ publica este lunes. “Veo que mi vida privada es objeto de todo tipo de investigaciones y que soy el único en recibir este trato. Mis gestos y mis actos son escrutados todos los días con la clara intención de dañarme para apartarme de la carrera presidencial”, ha agregado.

El problema con el que se podría encontrar Fillon deriva de la obligación que tienen los diputados de declarar donaciones y regalos superiores a 150 euros. Además, si el mecenas no hubiera hecho el regalo a título privado, podría tratarse de un caso de conflicto de intereses. Por otro lado, Fillon ha pedido sanciones internas para los responsables de difundir en la página oficial del partido una caricatura antisemita de su principal adversario en la carrera hacia el Elíseo, el exministro de Economía Emmanuel Macron, a quien los sondeos dan por delante de Fillon y de la líder ultraderechista Marine Le Pen. “El combate político es duro, pero tiene que ser digno. No es tolerable que el partido difunda caricaturas retomando los códigos de la propaganda antisemita”, ha dicho Fillon en un comunicado.

Fillon se refería al tuit lanzado este viernes en la cuenta oficial de Los Republicanos. Bajo el titular ‘La verdad sobre la galaxia Macron’, se podía ver al candidato liberal y antiguo banquero dibujado con una nariz ganchuda, traje y corbata, sombrero de copa y cortando un puro con una hoz de color rojo. En torno a él gravitaban personalidades de izquierda y derecha que le han mostrado su apoyo. La ilustración recoge todos los elementos iconográficos de la propaganda antisemita de los años treinta del pasado siglo y suscitó en las redes sociales una inmediata condena. Tras estar visible durante varias horas, el partido retiró el tuit y luego colgó una nueva versión en la que una foto de Macron sustituía la polémica caricatura.

El secretario general del partido, Bernard Accoyer, pidió disculpas “a todos los que hayan podido sentirse heridos o sorprendidos”. También ha encargado una investigación interna y convocado al director de comunicación, Lionel Moisy de Cala, para una eventual sanción disciplinaria, informa El Periódico.

Francia: La mujer de Fillon hacía "tareas muy variadas" para su marido

Penélope Fillon, la mujer del candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, asegura que hacía "tareas muy variadas" como asistente parlamentaria de su marido, al que le ha dicho que continúe "hasta el final" en su candidatura al Elíseo. En una entrevista Penélope Fillon habla por primera vez en público del escándalo que está haciendo tambalear la campaña de su esposo y dice que lo hace por iniciativa propia, no por motivaciones políticas, y que lo que quiere es acabar con los "rumores locos" que circulan.

Francia: El PS pagará 200.000 € a los Verdes en "una discusión de comerciantes de alfombras"

El PS pagará 200.000 euros a los ecologistas, un componente poco conocido del polémico acuerdo Jadot-Hamon (foto). El PS dice que no quiere hacer hincapié en la parte financiera del acuerdo legislativo y programático entre Benoît Hamon y Yannick Jadot, firmado el 23 febrero. Sin embargo, según France Culture ha revelado, "el PS pagará 200.000 euros" a EE-LV (Europe Ecologie-Les Verds), como compensación tras la retirada de su candidato presidencial, Jadot, y su apoyo a al ex Ministro de Educación, Hamon.

Turquía anuncia medidas "de gran alcance" contra la islamófoba Holanda

El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, al que la monarquía plutocrática de Holanda denegó este sábado el permiso de aterrizaje en su territorio, aseguró hoy domingo en la ciudad francesa de Metz que una disculpa holandesa "no será suficiente". Así lo afirmó ante los medios a su llegada a su mitin en Metz (noreste) sobre el referéndum promovido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para reformar la Constitución y convertir Turquía en una república presidencialista. La derecha francesa sionista ha protestado por su acto político, pero el gobierno responde que "no había motivos para vetarlo".

Emarsa a juicio tras 13 años de saqueo del PP

El juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia -un botín de 24 millones de euros- comienza este lunes en la Audiencia de Valencia tras una suspensión, con varios procesados asistidos por abogados de oficio recien llegados al caso y muchos acusados ofreciendo a la fiscalía reconocer los delitos para rebajar sus penas. En fuentes judiciales dan por hecho que el asunto acabará con fuertes condenas. La fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo (foto), exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.

Para Esteban Cuesta, exgerente de la compañía de 2004 a 2010, pide 12 años de cárcel. Los otros 21 acusados se enfrentan a penas de entre 2 y 8 años de prisión. La acusación pública sostiene que Crespo saqueó la depuradora, que operaba bajo la marca Emarsa, hasta quedarse con casi 24 millones de euros. Lo hizo, según la fiscalía, en connivencia con el empresario Jorge Roca y varios altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.

El juicio se suspendió en noviembre de 2015 por la detención de Roca, el supuesto resonsable de centrifugar, mediante un entramado de sociedades, el dinero robado. El empresario, tras cinco años en busca y captura, fue detenido en Moldavia, donde estuvo encarcelado por residir en el país con una identidad falsa. Ya de vuelta en Valencia fue enviado directamente a prisión. Varios procesados han negociado con la fiscalía una rebaja de su petición de pena a cambio de confesar los delitos. La acusación pública, con matices, estaría dispuesta a cerrar acuerdos, pero quiere recuperar el dinero saqueado. Esa es también la principal pretensión de la Generalitat, personada en el asunto como acusación particular.

El problema es que el dinero no aparece. Uno de los acusados, Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa, ha sido condenado a dos años de cárcel y el pago de 400.000 euros a Emarsa por un delito de alzamiento de bienes. Ocultó gran parte de su patrimonio para no hacer frente a indemnizaciones si es finalmente condenado. Crespo ha corrido mejor suerte: fue absuelto de ocultar 12 millones de euros. De confirmarse los pronósticos, esa absolución puede convertirse en condena a finales de año, para cuando se espera sentencia. El juicio consta de 93 sesiones y prevé la declaración de más de 200 testigos. En noviembre de 2017, el saqueo de Emarsa, perpetrado entre 2004 y 2010, quedará visto para sentencia, informa eldiario.es.

La consellería de corrupción del PP valenciano

La empresa pública Vaersa, que acumula casos de corrupción, el más reciente por el uso de tarjetas de crédito para "lucro personal" de sus exdirectivos, vació el departamento de Medio Ambiente en beneficio de una administración paralela durante los años del gobierno corrupto del PP. "Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada. El jefe del gobierno autonómico usó la expresión popularizada por Marcos Benavent, imputado estrella del caso Imelsa, en referencia a la empresa Vaersa.

¡Hasta la limpieza de las cloacas está bajo sospecha en Valencia!

El contrato de mantenimiento de los 971.000 metros de alcantarillado de Valencia está sobre la mesa del juez. El juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula, la investigación sobre la «organización criminal» de Alfonso Rus y el PP, ha requerido al Ayuntamiento de Valencia el expediente de la contrata de mantenimiento de alcantarillado que se adjudicó en 2006 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras e Infilco SA. El juzgado solicitado datos sobre este contrato municipal que ascendió a un importe de 8,6 millones de euros anuales por un periodo de 10 años. El expediente lo tramitó el ex concejal de ciclo integral del agua, Ramón Isidro Sanchís (PP), y estas dos empresas se han hecho cargo en los últimos diez años de las 24 estaciones de bombeo de Valencia, 11 grandes compuertas, 20 estaciones de control de bombeo y 21 estaciones de control de la contaminación medioambiental, entre otros servicios e instalaciones municipales.

Emarsa: nueva apertura de juicio incluyendo a Jorge Roca

La juez que instruye el caso Emarsa ha ampliado el auto de apertura de juicio oral que redactó en noviembre de 2014 para incluir en su acusación al empresario Jorge Ignacio Roca Samper, huido de la justicia durante años pero finalmente detenido y procesado. En un auto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada Silvia Vivó considera que existen "indicios racionales de criminalidad" contra Roca Samper como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Los exresponsables del BE y la CNMV, ante el juez por Bankia

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura declaran esta semana junto a otros seis exdirectivos de ambos organismos como investigados, lo que antes se conocía como imputados, ante el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Se trata de la primera ocasión en la que ambos declaran como investigados, aunque anteriormente comparecieron como testigos ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu.

Andreu cita a los responsables de ambas entidades en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa después de que el pasado 11 de octubre les fuesen remitidos unos correos en los que el equipo de inspección del Banco de España advertía reiteradamente "de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

Pese a esto, el juez instructor del caso Bankia, rechazó en varias ocasiones citar a los responsables del organismo supervisor y regulador. La primera vez fue el 1 de julio de 2016, cuando la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitó por primera vez de llamar a declarar a los máximos responsables del Banco de España y la CNMV por la operación bursátil. La última fue el pasado 28 de noviembre, aunque la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por buena la tesis de los recurrentes sobre el hecho de que la jefatura del Banco de España tuvieron "noticias directas y fehacientes" de la inviabilidad del grupo y de la "inidoneidad de su salida a bolsa en la modalidad de doble banco consta indiciariamente acreditado en las diligencias", que se conoció a través de la testifical de Casaus, el pasado 5 de septiembre, que el tribunal calificó de "contundente".

Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional llama a estas personas como investigados "cumpliendo lo ordenado por la Superioridad", en referencia al auto dictado el pasado 13 de febrero por la Sala ordenase a éste citar a declarar a los entonces responsables del Banco de España y la CNMV. La Sala aceptaba así parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular de la CIC. La ronda de declaraciones la inaugura este lunes a las 9:00 horas en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la calle Génova el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy, al que seguirá a las 10.00 horas Julio Segura.

El martes acudirán los inspectores Pedro Comín y Pedro González, y el miércoles, los exdirectores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello (los tres primeros dimitieron de sus cargos el pasado 13 de febrero tras conocer la decisión de la Sala para que "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España"). El viernes será el turno del exsubgobernador Javier Aríztegui, informa Público.

Blesa y Rato libres, por su comportamiento "intachable y cabal"

El tribunal rechaza adoptar medida cautelar alguna contra Rodrigo Rato y Miguel Blesa, condenados por las tarjetas black. Sostiene que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional basa su decisión en el comportamiento procesal "intachable" de Miguel Blesa y "absolutamente cabal" por lo que respecta a Rodrigo Rato, debido a que siempre se han sujetado al procedimiento durante el juicio oral. Es decir, han acudido cada vez que han sido llamados. El tribunal también valora "la presunción de inocencia" de ambos condenados.

La mafia del PP en Bankia, camino del banquillo en la AN

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condicionar la fase final de la instrucción del caso Bankia, en la que se dirime quiénes acompañarán a Rodrigo Rato y su equipo en el banquillo de los acusados. La pena máxima, en este caso, va en contra de los responsables del Banco de España y la CNMV que dieron luz verde a la fusión de cajas y la salida a bolsa de la entidad resultante en el último tramo del Gobierno socialista. Ante la negativa del juez y el fiscal a imputar a Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Fernando Restoy, entre otros, los jueces de la Sección Tercera han concluido que existen indicios “múltiples, bastantes y concurrentes” sobre su “corresponsabilidad” en el desastre.

La consellería de corrupción del PP valenciano

La empresa pública Vaersa, que acumula casos de corrupción, el más reciente por el uso de tarjetas de crédito para "lucro personal" de sus exdirectivos, vació el departamento de Medio Ambiente en beneficio de una administración paralela durante los años del gobierno corrupto del PP. "Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada.