dimarts, 14 de març de 2017

Los disidentes antisocialistas eran fascistas (sobre el eurodiputado polaco Korwin-Mitte)

El escándalo desatado por el europarlamentario polaco Janusz Korwin-Mikke, tras sus declaraciones en las que describió a las mujeres como "más pequeñas, más débiles y menos inteligentes", ha hecho que miles de progres europeos se lleven las manos a la cabeza, sorprendidos por el descaro del susodicho eurodiputado. "¿Sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? ¿La primera mujer griega? Se lo digo yo, el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros 100 jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna. Claro que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Eso es todo", fueron las palabras del que los medios de propaganda del capitalismo han definido hasta ahora como "disidente anticomunista" o "luchador por las libertades contra la dictadura socialista en Polonia". Foto: El "demócrata de toda la vida" Korwin-Mikke haciendo su saludo favorito en el Parlamento Europeo.

Esos progres que tanto aplaudían a los disidentes antisocialistas antes de la caída del muro por su "ejemplar" lucha contra el comunismo, y después, se indignan ante las afirmaciones de este "disidente" cómo si ahora se cayeran del guindo.

Sin embargo, que los disidentes anticomunistas de los países del este fueran en su mayoría declarados fascistas es algo conocido para todo el mundo que quería saberlo, empezando por el mentiroso Alexandr Solzhenitsyn y su Archipielago Gulag, en Rusia, personajes como Ion Pacepa, en Rumania, o Lech Walesa en Polonia, entre otros tantos, no eran otra cosa que aspirantes a oligarcas explotadores de los trabajadores, ideólogos del fascismo más refinado, y en su mayoría piensan de forma similar al tal Janusz Korwin-Mikke: machismo, racismo, desprecio a los pobres y a los trabajadores, meritocracia y admiración del derecho del más fuerte, etc.

Al hilo de lo anterior, hace poco la Academia Rumana publicó un estudio en el que se demostraba, a pesar de los propios autores, que el 75% de los disidentes antisocialistas en Rumania eran fascistas, cercanos al Movimiento Legionario, y la obviedad de Rumania se puede aplicar a todos los antiguos países socialistas, donde los disidentes no eran, ni mucho menos, defensores de la democracia o de la igualdad de derechos, como nos los han vendido en Occidente, sino directamente seguidores del fascismo de la peor calaña y, como tales, admiradores de los privilegios de una minoría y la limitación de los derechos a la gran mayoría.

Así, si las declaraciones del eurodiputado polaco han sorprendido a alguien es síntoma, ni más ni menos, de la manipulación de la realidad histórica perpetrada por la élite cultural y social occidental para criminalizar al comunismo y santificar a los anticomunistas que, como ya sucedía antes de la SGM, eran, principalmente, los fascistas, informa Imbratisare.

La diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo Marina Albiol Guzmán ha opinado en facebook sobre las 'sanciones' impuestas al fascista diputado hoy por sus declaraciones bochornosas y reaccionarias: "Ya tenemos la confirmación oficial de las sanciones para el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke tras su intervención machista de hace unos días: 30 días sin dietas y 10 días sin participar en actividades parlamentarias. Además, tampoco podrá representar durante un año al Parlamento Europeo en delegaciones, conferencias, etc... En fin, una pequeña multa económica y una leve sanción para un fascista que lleva casi 3 años escupiendo odio, haciendo el saludo nazi y defendiendo la pena de muerte en el hemiciclo de la Eurocámara".

Alemania: el Sarre prohibirá mítines de ministros turcos

El estado federado del Sarre (oeste de Alemania) prohibirá los mítines de políticos turcos en su territorio. La primera ministra del "Land", Annegrette Kramp-Karrenbauer, de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside Merkel, anunció este martes su determinación de "adoptar las medidas que sean precisas" para "prohibir tales intervenciones" en el Sarre, fronterizo con Francia, donde habrá elecciones regionales el próximo 26 de marzo.

Imputado Fillon por malversación de fondos públicos

El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, ha sido imputado este martes por malversación de fondos públicos, entre otros cargos, en relación con el caso de los supuestos empleos falsos atribuidos a su esposa e hijos, conocido como Penelopegate.

La inflación sigue al 3% y los salarios y pensiones pierden tanto o más

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió hasta el 3% en febrero y reedita la tasa de enero, según el dato definitivo que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) que había adelantado el pasado 27 de febrero. El IPC encadena seis meses consecutivos en positivo y se mantiene en su nivel más alto desde octubre de 2012, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones entorno a ese mismo porcentaje, dado que el aumento del SMI fue limitado por el PP a los salarios mínimos y no a los de convenio y las pensiones lo hicieron el 0'25% según la martingala inventada por el gobierno de trileros y corruptos de Rajoy.

Alemania: el Sarre prohibirá mítines de ministros turcos

El estado federado del Sarre (oeste de Alemania) prohibirá los mítines de políticos turcos en su territorio. La primera ministra del "Land", Annegrette Kramp-Karrenbauer, de la Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside Merkel, anunció este martes su determinación de "adoptar las medidas que sean precisas" para "prohibir tales intervenciones" en el Sarre, fronterizo con Francia, donde habrá elecciones regionales el próximo 26 de marzo. Alemania no debe ser escenario de los "conflictos internos turcos", apuntó la jefa del Gobierno regional, quien subrayó que la legislación vigente otorga competencias a los "Länder" para prohibir actividades de extranjeros que atenten contra la convivencia entre alemanes y personas de otras procedencias.

En el Sarre se celebran elecciones regionales el próximo 26 y las autoridades pretenden evitar situaciones como las vividas en Holanda en la recta final hasta los comicios generales de mañana, marcadas por las protestas de ciudadanos de origen turco contra la prohibición de esos mítines. A diferencia de lo ocurrido en Holanda, cuyo gobierno ha impedido intervenciones de ministros turcos, en Alemania no hay una prohibición generalizada, aunque sí se han suspendido actos programados alegando razones formales y de seguridad. Los controvertidos mítines turcos en países europeos con una importante población de origen inmigrante, buscan pedir el sí en el referéndum convocado en Turquía el 16 de abril sobre la reforma constitucional que ampliará los poderes del presidente del país, Recep Tayyid Erdogan.

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, indicó que se preparan varios mítines más en las próximas semanas en Alemania, aunque sin concretar el número ni sus protagonistas. En las últimas semanas las relaciones entre Berlín y Ankara se tensaron. El ministerio alemán de Exteriores renovó sus recomendaciones a los viajeros que visiten Turquía, a los que advierte de posibles protestas que pueden ir dirigidas también contra los alemanes. "En relación con la campaña electoral, hay que contar con un aumento de las tensiones políticas y protestas, que también pueden ir dirigidas contra Alemania. En casos aislados también viajeros alemanes en Turquía pueden verse afectados", advierte el texto.

Las relaciones bilaterales pasaban ya un momento más que complejo a raíz del encarcelamiento en Turquía del corresponsal germano-turco Deniz Yücel, corresponsal del periódico alemán "Die Welt". En Alemania viven casi tres millones de personas de origen turco, siendo la comunidad de migrantes más numerosa que existe en el país. De ellos, cerca de 1,4 millones cuentan con derecho a voto, informan DG efe, dpa.

Turquía anuncia medidas "de gran alcance" contra la islamófoba Holanda

El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, al que la monarquía plutocrática de Holanda denegó este sábado el permiso de aterrizaje en su territorio, aseguró hoy domingo en la ciudad francesa de Metz que una disculpa holandesa "no será suficiente". Así lo afirmó ante los medios a su llegada a su mitin en Metz (noreste) sobre el referéndum promovido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para reformar la Constitución y convertir Turquía en una república presidencialista. La derecha francesa sionista ha protestado por su acto político, pero el gobierno responde que "no había motivos para vetarlo".

Imputado Fillon por malversación de fondos públicos

El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, ha sido imputado este martes por malversación de fondos públicos, entre otros cargos, en relación con el caso de los supuestos empleos falsos atribuidos a su esposa e hijos, conocido como Penelopegate. Fillon compareció hoy de forma imprevista ante los jueces de instrucción, ya que estaba previsto que lo hiciese mañana, un adelanto “para poder hacerlo en condiciones de serenidad”, dijo a los medios franceses el abogado del candidato, Antonin Lévy.

Elecciones parlamentarias en Abjasia, sin la OTAN

La OTAN, organización militar del imperialismo capitalista anglo-franco-germánico, no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias que celebró Abjasia el pasado 12 de marzo, según el representante especial del secretario general de la Alianza bélica para el Cáucaso Sur y Asia Central, James Appaturai.

Imputado Fillon por malversación de fondos públicos

El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, ha sido imputado este martes por malversación de fondos públicos, entre otros cargos, en relación con el caso de los supuestos empleos falsos atribuidos a su esposa e hijos, conocido como Penelopegate. Fillon compareció hoy de forma imprevista ante los jueces de instrucción, ya que estaba previsto que lo hiciese mañana, un adelanto “para poder hacerlo en condiciones de serenidad”, dijo a los medios franceses el abogado del candidato, Antonin Lévy. El candidato comparecerá mañana miércoles ante los jueces de instrucción acusado de desvío de fondos públicos, complicidad en la malversación de fondos, recepción de fondos y no haber declarado por completo sus bienes.

El candidato conservador de 63 años está acusado de desvío de fondos públicos, complicidad en la malversación de fondos, recepción de fondos y no haber declarado por completo bienes, dijo una fuente judicial. En la ley francesa, ser puesto bajo investigación formal significa que hay pruebas serias o consistentes que apuntan a una probable implicación de un sospechoso en un delito. Pese a que se trata de un paso más en el camino hacia un juicio, muchas investigaciones de esta índole no han llegado a los tribunales.

Hoy se conoció que Fillon recibió una parte del dinero que cobraron con fondos públicos dos de sus hijos. El diario Le Parisien reveló que los jueces instructores tienen en su dossier pruebas y testimonios de los dos hijos, Marie y Charles Fillon, sobre el dinero que éstos abonaron a su padre en diversos giros bancarios tras haberlo cobrado como asistentes. En el caso de Marie, le entregó a su padre 33.000 de los 46.000 euros de dinero público que obtuvo por el contrato de ayudante de François Fillon entre octubre de 2005 y finales de 2006. En su interrogatorio policial, la hija justificó las transferencias como un reembolso de los gastos que el padre había avanzado para su boda, celebrada en el palacete familiar de Beaucé el 26 de agosto de 2006.

Por lo que respecta a Charles Fillon, que sucedió a su hermana como asistente de su padre cuando era senador, entre enero y junio de 2007, también hizo giros al líder de la derecha por alrededor el 30% del sueldo que recibió a cuenta del presupuesto de la cámara alta. La razón que dio a los policías en el interrogatorio del mes pasado fue que, puesto que François Fillon le pagaba una parte de su alquiler y de sus gastos, resultaba normal que se lo devolviera.

La imputación es un golpe más en la maltrecha campaña del ex primer ministro que en las últimas semanas se ha visto abandonado por numerosos líderes y plataformas vinculados a su partido, Los Republicanos. Fillon dijo anteriormente que mantendría su candidatura por el partido de Los Republicanos de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en abril y mayo incluso en caso de ser puesto bajo investigación formal. La carrera de obstáculos hacia el Elíseo continúa para el exprimer ministro francés, informa La Vanguardia.

Fillon cobró también de dos hijos contratados con fondos públicos

El candidato de la derecha ("los republicanos", antes UMP) a las presidenciales francesas, François Fillon, investigado por la justicia por los empleos que atribuyó con fondos públicos a su mujer y a dos de sus hijos, recibió una parte del dinero que cobraron estos últimos, ha revelado 'Le Parisien'. Los jueces instructores de este caso tienen en su expediente pruebas y testimonios de los dos hijos, Marie y Charles Fillon, sobre el dinero que éstos abonaron a su padre en diversos giros bancarios tras haberlo cobrado en calidad de asistentes parlamentarios.

Elecciones parlamentarias en Abjasia, sin la OTAN

La OTAN, organización militar del imperialismo capitalista anglo-franco-germánico, no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias que celebró Abjasia el pasado 12 de marzo, según el representante especial del secretario general de la Alianza bélica para el Cáucaso Sur y Asia Central, James Appaturai: "Las elecciones celebradas no impulsaron la solución de la situación en Georgia, los aliados y los socios de la OTAN no reconocen las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur como Estados independientes", dijo Appaturai.

'Bartu' a empresarios: "Quiero que se postre a mis pies"

El exalcalde de Gramenet, Bartomeu Muñoz ('Bartu'), del PSC e hijo del último alcalde franquista de la ciudad, ha quedado en evidencia este martes en la Audiencia Nacional durante su declaración, después de que la fiscal anticorrupción del caso Pretoria, Ana Cuenca, le hiciera escuchar la conversación telefónica que mantuvo con el principal imputado de la trama, Luis Andrés García ('Luigi'), el 29 de julio de 2009.

Elecciones parlamentarias en Abjasia, sin la OTAN

La OTAN, organización militar del imperialismo capitalista anglo-franco-germánico, no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias que celebró Abjasia el pasado 12 de marzo, según el representante especial del secretario general de la Alianza bélica para el Cáucaso Sur y Asia Central, James Appaturai: "Las elecciones celebradas no impulsaron la solución de la situación en Georgia, los aliados y los socios de la OTAN no reconocen las regiones georgianas de Abjasia y Osetia del Sur como Estados independientes", dijo Appaturai. El domingo pasado, 137 candidatos se disputaron 35 escaños en el Parlamento de Abjasia, república del Cáucaso reconocida por Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Vanuatu.

Solo 24 de los candidatos representaron partidos políticos, los restantes 113 fueron pretendientes de los grupos de ciudadanos que, según las leyes en vigor, debían recoger al menos 200 firmas a favor de su candidato en la circunscripción correspondiente. La ley electoral de la república prevé que si ningún pretendiente logra el 50% más un voto en una circunscripción, la autoridad electoral tendrá dos semanas para convocar segunda vuelta, a celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la primera.

La segunda ronda tendrá lugar en 22 distritos de los 35, en un distrito la primera ronda se repetirá por resultar inválida, informó la Comisión Electoral de Abjasia. En agosto de 2008, el Ejército de Georgia lanzó una ofensiva contra la república secesionista de Osetia del Sur. Rusia envió tropas a la región para proteger a sus habitantes, muchos de los cuales tenían nacionalidad rusa, y expulsó a las tropas georgianas tras cinco días de hostilidades. A finales del mismo mes, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, a lo que Tiflis respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.

Abjasia: independiente por proclamación unilateral

Abjasia (Aphsny [apʰsˈnɨ], Аҧсны en abjasio; Apjazeti [ɑpʰxɑˈzɛtʰi], აფხაზეთი en georgiano; Abjazia [abxaˈzʲijə], Абхазия en ruso) es un territorio ubicado en la vertiente suroccidental de la cordillera del Cáucaso, con costas en el mar Negro, y cuya capital es la ciudad de Sujumi. Es una república independiente de facto desde 1992; sin embargo, Georgia y la inmensa mayoría de la comunidad internacional la consideran una república autónoma perteneciente a ese país, mientras que Rusia, Nicaragua, Venezuela y Nauru la consideran un Estado independiente.

En 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, la antigua República Socialista Soviética de Georgia se convirtió en un Estado independiente y Abjasia, una república autónoma dentro de Georgia, fue integrada a este nuevo Estado. Sin embargo, los roces étnicos entre el Gobierno de Georgia y el pueblo abjasio llevaron a que, el 23 de julio de 1992, este último declarara unilateralmente su independencia. El soviet supremo de Abjasia, presidido por Vladislav Ardzinba, reinstauró el 23 de julio de 1992, en ausencia de los diputados georgianos, la Constitución abjasia de 1925, formalizando así el regreso al estatuto soviético de 1931 que reconocía en su Constitución el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos y repúblicas de la URSS.

Después de una cruenta guerra entre las tropas georgianas y los paramilitares ruso-abjasios, se estableció un cese el fuego en 1994, y hasta 2008, Abjasia permaneció de facto como un estado independiente sin reconocimiento internacional, pero con apoyo de la Federación Rusa.

En 2006 las tropas georgianas entraron en Abjasia e impusieron su dominio sobre la zona de la Alta Abjasia. Desde el 27 de septiembre de ese año, el gobierno de iure se estableció en dicha zona, fijando su sede en la localidad de Chjalta, en la zona del valle de Kodori. Sin embargo, la avanzada georgiana fue expulsada del territorio de Abjasia tras la intervención militar de Rusia después del estallido de la Segunda Guerra de Osetia del Sur en agosto de 2008. El día 26 de ese mismo mes la Federación Rusa se convirtió en el primer país en reconocer su independencia y la de Osetia del Sur, movimiento que fue seguido por otros cinco Estados pese al rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y la comunidad internacional en general.

Mas: dos años de inhabilitación y 36.500 € por el 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera unánime ha condenado al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau por entender que en la consulta del 9N cometieron desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Europa critica la reforma del TC de Rajoy

Duras críticas a la polémica y antidemocrática reforma que Mariano Rajoy impulsó en 2015 para que el Tribunal Constitucional pudiera suspender a cargos públicos. El Comité de Venecia (CV), organismo del Consejo de Europa compuesto por expertos independientes, ha redactado un informe sobre los cambios introducidos por el PP en el que rechaza que el Ejecutivo central cargue sobre el tribunal la responsabilidad de hacer cumplir sus propias sentencias.

Fillon cobró también de dos hijos contratados con fondos públicos

El candidato de la derecha ("los republicanos", antes UMP) a las presidenciales francesas, François Fillon, investigado por la justicia por los empleos que atribuyó con fondos públicos a su mujer y a dos de sus hijos, recibió una parte del dinero que cobraron estos últimos, ha revelado 'Le Parisien'.

EEUU: Steve Bannon 'bajo investigación criminal' por fraude en el registro de votantes

El estratega jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon (foto), se encuentra bajo investigación "criminal activa" por fraude en el registro de votantes. Bannon está siendo investigado después de que él se registrara para votar en Florida mientras que tiene una casa en California meridional y permanece regularmente en Nueva York y Washington DC, informa el Washington Post, se registró para votar en una casa vacía en Miami, que está a punto de ser demolida.

Irán acusa a Netanyahu de mentir sobre la Torá

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de difundir informaciones incorrectas y de falsear la Torá, después de que el mandatario sionista asegurara que el país islámico ha intentado "destruir al pueblo judío" durante 2.500 años.

La inflación sigue al 3% y los salarios y pensiones pierden tanto o más

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió hasta el 3% en febrero y reedita la tasa de enero, según el dato definitivo que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) que había adelantado el pasado 27 de febrero. El IPC encadena seis meses consecutivos en positivo y se mantiene en su nivel más alto desde octubre de 2012, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones entorno a ese mismo porcentaje, dado que el aumento del SMI fue limitado por el PP a los salarios mínimos y no a los de convenio y las pensiones lo hicieron el 0'25% según la martingala inventada por el gobierno de trileros y corruptos de Rajoy.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumentó una décima respecto a enero, también hasta el 3%, y la inflación subyacente, a la que se descuenta los precios más volátiles de los alimentos frescos y los carburantes, cae una décima hasta el 1,0%, dos puntos por debajo que el IPC general. La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en febrero en el 3%, igual que la del IPC general. El IPC mantiene su tasa dado el encarecimiento de la cesta de la compra, que sube un 3% en un año, y los carburantes: ambos compensan un recibo de la luz un poco más barato respecto al mes anterior -aunque seguimos pagando la más cara de Europa-, lo que apoya la tasa del 3% por segundo mes consecutivo.

"Este comportamiento fue debido a que el menor crecimiento de los precios de la electricidad, de los bienes industriales no energéticos (BINE) y de la alimentación elaborada compensaron la mayor inflación de la alimentación no elaborada y de los carburantes y combustibles, mientras que la inflación de servicios se mantuvo estabilizada", señala el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado. "Los precios de los productos energéticos crecieron en febrero el 16,8% interanual, tras el aumento del 17,5% registrado en enero. Esta desaceleración se explica por el menor ritmo de crecimiento de los precios de la electricidad, que pasaron de crecer el 26,2% interanual en enero al 18,9% en febrero, parcialmente compensado por la aceleración de los precios de carburantes y combustibles, 2,5 puntos hasta el 16,4%".

Los grupos que más tiraron al alza en febrero respecto a los precios del mismo mes el año pasado fueron el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que se encarecen un 1,7%, siete décimas por encima de la del mes anterior, debida en su mayor parte a la subida de los precios de las frutas, legumbres y hortalizas. También influyó transporte, con una tasa del 8,5%, casi un punto por encima de la de enero, causada casi en su totalidad por el mantenimiento de los precios de los carburantes este mes, frente a la bajada en febrero de 2016.

Los precios de la alimentación crecieron el 1,7% en febrero, seis décimas más que en enero, evolución que se explica por la alimentación no elaborada, que duplicó la tasa interanual respecto a la de enero, hasta situarse en el 5,4%, destacando el comportamiento de los precios de las frutas frescas (pasaron de caer el 0,3% interanual en enero a crecer el 7,6% en febrero) y de las legumbres y hortalizas frescas (se aceleraron 4,3 puntos, hasta el 22,2%). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se estabilizaron en febrero, frente al aumento del 0,3% en enero. Por su parte, el grupo con mayor influencia negativa fue vivienda (los gastos de vivienda, no el precio de la vivienda en sí), cuya tasa disminuyó un punto y medio, hasta el 5,9%, por la reducción de los precios de la electricidad.

Respecto al mes anterior, la inflación retrocede un 0,4% por la caída del precio de la luz, fundamentalmente, que en enero alcanzó máximos del año. Los gastos de mantenimiento de vivienda, cuya principal partida es la factura eléctrica, cayeron un 3%, seguidos del vestido y calzado, que se abaratan un 1,6% al final de las rebajas de invierno. Menaje cae un 0,2% en tasa mensual. Subió, en cambio, el precio de hoteles, cafés y restaurantes, con una tasa del 0,4% consecuencia de la subida de los precios de los servicios de alojamiento y la restauración. Le siguen alimentos y bebidas no alcohólica (0,2%) por la subida de frutas, legumbres y hortalizas, que fue compensado por el abaratamiento del pescado, el marisco y la carne fresca. Ocio y cultura también sube un 0,3% por los paquetes turísticos y los servicios recreativos y deportivos.

La tasa anual del IPC se mantiene en valores positivos en todas las comunidades autónomas. los precios suben en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Cataluña, Asturias, La Rioja y Andalucía en la media o por encima de la media. La mayor subida corresponde a Castilla y León (dos décimas, hasta el 3,6%), a la que siguen Castilla-La Mancha (3,4%), Galicia (3,3%), Cantabria (3,2%) y Asturias (3,1%). En otras cinco comunidades autónomas se registraron bajadas de una décima respecto al mes anterior: la Rioja (3%), Región de Murcia y Comunidad Valenciana (2,9%), Extremadura (2,8%) y Madrid (2,6%). En el resto dee comunidades la inflación permaneció inalterada respecto a la de enero, informa Expansión.

Mas y su fascio del Opus robaron 81 millones de la pública para financiar la privada

Ensenyament reconoce que la sectaria del Opus Dei Irene Rigau -ahora "mártir" del fascismo oligárquico catalán- derivó a colegios privados de la secta católica casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales públicos. Más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014. En total, más de 81,7 millones de euros.

JxSí perderá 42 millones no gastados del plan de empleo juvenil europeo

El plan de empleo juvenil que puso en marcha la Unión Europea en el 2013 fue presentado a bombo y platillo como un salvavidas para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los 'ninis'. Pero cuatro años después, cuando los estados tienen que justificar las subvenciones con los programas que han puesto en marcha, los 'hombres de negro' de la Comisión Europea se han llevado las manos a la cabeza. Literalmente. El montante que no se ha gastado en el primer plazo establecido en España será muy abultado a pesar del récord de paro juvenil. En el caso de la Generalitat, la cantidad de dinero procedente del Fondo Social Europeo que se perdería por no haberse ejecutado cuando tocaban las acciones del plan de garantía juvenil puede oscilar entre los 33 y los 42 millones de euros de los 75 que se habían planificado para gastar en ese periodo, según reconoce la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa.

Caso Taula: la "dinámica delictiva" del PP de Rita Barberá

La acusación pública sobre el Caso Taula de corrupción en el País Valencià concluye que el PP tuvo "el firme propósito de actuar al margen de la legalidad" al financiar la campaña electoral de 2007. “Resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia.

España: deuda pública de un billón de €, el 99,26% del PIB

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del PP estima que la deuda del conjunto de las administraciones públicas concluyó el año 2016 en el 99,26% del PIB, con lo que acabó por debajo del objetivo previsto por el Gobierno de Rajoy para el conjunto del ejercicio pasado, situado en el 99,4% del PIB, según informan este lunes fuentes del Tesoro. Esta es la actualización realizada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía tras los datos de Contabilidad Nacional publicados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que mostraban que, a precios corrientes, el PIB alcanzó 1.113.851 millones de euros en 2016, lo que supuso un aumento del 3,6% en términos nominales.

'Bartu' a empresarios: "Quiero que se postre a mis pies"

El exalcalde de Gramenet, Bartomeu Muñoz ('Bartu'), del PSC e hijo del último alcalde franquista de la ciudad, ha quedado en evidencia este martes en la Audiencia Nacional durante su declaración, después de que la fiscal anticorrupción del caso Pretoria, Ana Cuenca, le hiciera escuchar la conversación telefónica que mantuvo con el principal imputado de la trama, Luis Andrés García ('Luigi'), el 29 de julio de 2009. Tras negar tajantemente que conociera al empresario Josep Singla más que de haber coincidido con él en "tres o cuatro inauguraciones de obras", la sala ha escuchado cómo en la grabación Muñoz pedía a García una cita con Singla. "Quiero verle", reclama al intermediario entre empresarios y políticos antes de confesarle el motivo para el que pedía esa reunión: "Quiero que se postre a mis pies; menos lloriqueo y más agradecimiento", exigió el alcalde de la localidad catalana y primer acusado que declara del caso Pretoria, que juzga la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN.

Singla fue uno de los empresarios que, a través de la mercantil Proinosa, se adjudicó el proyecto Pallaresa, que suponía la construcción de un centenar de viviendas, un hotel y un complejo comercial en 25.000 metros cuadrados concedidos por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet entre 2001 y 2004. Durante este periodo, el proyecto sufrió varias modificaciones urbanísticas que, según ha admitido el propio Muñoz, se llevaron a cabo tras ser reclamadas por los propios empresarios. En concreto, el exalcalde ha admitido haber apoyado una ampliación de las habitaciones del hotel hasta el doble de las establecidas inicialmente a cambio de una reducción de los metros cuadrados de las cien viviendas que contemplaba el proyecto.

La mencionada conversación telefónica, así como otras dos que ha escuchado la sala, muestran la relación que el exregidor mantenía con técnicos del consistorio, con el principal líder de la trama y con los empresarios, en contra de lo mantenido durante todo el interrogatorio por Muñoz, cuya defensa ha reclamado la nulidad de las escuchas telefónicas con el fin de que no sean tenidas en cuenta por el tribunal. No en vano, se trata de los documentos que evidencia de forma más contundente la trama que planificaba supuestamente la concesión de las adjudicaciones urbanísticas.

Un diálogo mantenido por teléfono entre Muñoz y García el 12 de marzo de 2009, por ejemplo, pone en evidencia la animadversión que ambos tenían contra la interventora del ayuntamiento, Carol Sanjurjo, a quien el exalcalde llama "imbécil", "asquerosa" e "hija de puta" porque, según subraya la Fiscalía, esta funcionaria les estaba poniendo problemas para sacar adelante el denominado proyecto Pallaresa. En concreto, el informe de la interventora era necesario para llevar a cabo las modificaciones urbanísticas que pretendía realizar el Ayuntamiento en torno al citado complejo de hotel, zona comercial y viviendas.

El proyecto Pallaresa sufrió dos modificaciones urbanísticas desde que fue aprobado en 2001 por la antecesora en el cargo de Muñoz, que pasó de ser una zona comercial, de viviendas protegidas y con un hotel de cuatro estrellas a un área con pisos libres, un hotel de tres estrellas el doble de grande y locales comerciales a petición de los adjudicatarios. Según el exalcalde, el proyecto inicial no era muy razonable porque Santa Coloma no tiene suelo y los jóvenes se van fuera porque no había viviendas libres, además de porque el hotel planificado inicialmente no tendría demanda y la zona comercial tampoco debido a que había centros similares a menos de un kilómetro.

Las conversaciones han puesto en evidencia asimismo la relación tan cercana que mantenían García y Muñoz en ese tiempo, a pesar de que éste último ha asegurado en todo momento durante el interrogatorio de la Fiscalía que únicamente le unía con el primero una relación de amistad desde 1975, que en ningún momento trataban temas profesionales ni vinculados al Ayuntamiento. Una decena de interceptaciones telefónicas muestran que, además de temas personales, ambos interlocutores trataban sobre relacionados con los planes urbanísticos del proyecto Pallaresa. El propio Muñoz ha explicado que pagó las obras en sus viviendas en metálico con el dinero que le daba su madre al tiempo que ha admitido que facturaba el pago a través de una empresa de su amigo García.
Según el ministerio público, el 25 de junio de 2001, el Ayuntamiento sacó a concurso el pliego del proyecto Pallaresa.

Seis meses después, el 19 de diciembre, el consistorio adjudicó la licitación a la unión temporal de las empresas conformada por Proinosa -administrada por Singla-, Excover y Construcciones Riera, concesión condicionada a la aprobación del planeamiento urbanístico, gestión que se llevó a cabo en 2003, poco antes de la materialización de la compraventa de los terrenos, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2003. El 1 de febrero de 2002, las tres sociedades se unificaron en la mercantil Centre Comercial Gramanet. El 3 de noviembre de 2004 y el 17 de enero de 2005 el consistorio aprobó sendas modificaciones urbanísticas que conllevaron "variaciones sustanciales" en los pliegos "muy favorables" al adjudicatarios.

En noviembre de 2003, Singla logró que sus socios en Centre Comercial Gramanet vendieran su parte a una empresa (Tultar) que él les propuso sin confesarles que los terrenos se iban a revalorizar y "experimentar un incremento notable" ni que detrás de la mercantil compradora estaba Luis Andrés García. "Con esta venta, García logró hacerse, como había planificado, con el control de la adjudicataria", aunque para "ocultar su vinculación" puso como administrador único a Manuel Valera.

Al mismo tiempo, Singla y García vendieron sus acciones "por un importe muy superior al de su adquisición" a la sociedad holandesa ARD Choille BV -controlada por Eugenio de Mora Olivella y el bufete Petrus y considerada también como la mercantil utilizada por Oleguer Pujol para ocultar las comisiones obtenidas por la venta de las 1.152 oficinas del banco Santander-. La operación arrojó una plusvalía para Singla de 861.000 euros y para García de 1,6 millones.

La Fiscalía entiende que García "ostentaba una situación de dominio dentro del ayuntamiento" debido a "la íntima relación personal que le unía a Bartomeu Muñoz y a Manuel Dobarco, responsable del área de urbanismo", y que cuando conoció que se iba a desarrollar el proyecto Pallaresa "decidió intermediar tanto en su adjudicación y posterior transmisión como en la determinación de las modificaciones que iban a producirse en los usos urbanísticos". Posteriormente, negoció con otros intermediarios para vender los terrenos y obtener plusvalías a cambio de una comisión.

Según Anticorrupción, el alcalde de Santa Coloma, "prevaliéndose de su cargo" y "guiado por el mismo ánimo de lucro" que García, permitió que este último "marcara las directrices y pautas de ejecución de este proyecto urbanístico" para que éste fuera adjudicado a Proinosa y se revalorizasen los terrenos aprobando "cambios de uso en condiciones muy ventajosas para el adjudicatario y lógicamente perjudiciales para los intereses públicos que representaba".

La Fiscalía considera que Muñoz era solo una parte de la trama Pretoria, encabezada por García -diputado autonómico del PSC entre 1980 y 1988 y conocido en el entorno empresarial por su capacidad de influencia sobre cargos públicos que decidían las adjudicaciones urbanísticas- y conformada también por el que fuera secretario de la Presidencia de la Generalitat de 1980 a 1990, Lluís Prenafeta, y el 'conseller' de Economía de 1990 a 1997 Maciá Alavedra Moner. Estos dos últimos, según Anticorrupción, mantenían una "estrecha relación personal" con el entonces presidente catalán Jordi Pujol i Soley.

Maciá, a quien el ministerio público ha ofrecido un pacto, será el próximo en declarar antes de materializarse el acuerdo, para el que la Fiscalía exige el reconocimiento de los hechos y la devolución del dinero ilícitamente embolsado por el exconsejero de la Generalitat, informa El Confidencial.

Pretoria: acuerdo con Alavedra y tres acusados si aceptan los hechos

La fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena al exconseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra y a otros tres acusados del juicio Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa, aunque para algunos estará sujeto a su declaración. Cuenca ha anunciado el acuerdo al tribunal de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, que operó entre 2001 y 2009 en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Las defensas de Luigi y Bartomeu Muñoz piden la nulidad de las escuchas telefónicas. Foto: De izda a dcha.: El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconseller Macià Alavedra, el exdiputado socialista Luis Andrés García, y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

La ocupación mafiosa de pisos se generaliza en Catalunya

“Aquí vivo yo”. El cartel escrito a mano y colgado con un trozo de cinta adhesiva sobre la puerta anuncia lo previsible, que ahí vive un joven dominicano que hace un mes y medio pagó 600 euros a un hombre por la llave que le permite vivir en un coqueto apartamento que él mismo ha estrenado de un bloque nuevo de pisos de la carretera de Montcada de Terrassa. Como él, el resto de los vecinos han ocupado de igual manera, pagando entre 500 y 1.000 euros, según los metros cuadrados, a ese hombre del que nadie se atreve a revelar su identidad.

Fillon cobró también de dos hijos contratados con fondos públicos

El candidato de la derecha ("los republicanos", antes UMP) a las presidenciales francesas, François Fillon, investigado por la justicia por los empleos que atribuyó con fondos públicos a su mujer y a dos de sus hijos, recibió una parte del dinero que cobraron estos últimos, ha revelado 'Le Parisien'. Los jueces instructores de este caso tienen en su expediente pruebas y testimonios de los dos hijos, Marie y Charles Fillon, sobre el dinero que éstos abonaron a su padre en diversos giros bancarios tras haberlo cobrado en calidad de asistentes parlamentarios.

En el caso de Marie, le entregó a su padre 33.000 de los 46.000 euros de dinero público que obtuvo por el contrato de asistente del senador François Fillon entre octubre de 2005 y finales de 2006. La hija, que fue interrogada por los policías encargados de determinar si se trató de un empleo ficticio el 9 de febrero pasado, justificó los giros que hizo a su padre como reembolso de los gastos que éste había avanzado para su boda, que tuvo lugar en el palacete familiar de Beaucé el 26 de agosto de 2006.

Marie Fillon, en cualquier caso, les entregó también a los agentes elementos de prueba de que su trabajo había sido real, como su agenda de esa época o la tarjeta de acceso a la biblioteca del Senado donde dijo haber hecho investigaciones para un libro que el líder de la derecha publicó más tarde.Su abogado Kiril Bougartchev ha explicado a 'Le Parisien' que Marie Fillon quiso reembolsar gastos de su boda (hay facturas por 44.000 euros) como una muestra de independencia y para mantener la igualdad de trato con el resto de sus hermanos.

Por lo que respecta a Charles Fillon, que sucedió a su hermana como asistente del padre senador, entre enero y junio de 2007, también hizo giros al líder de la derecha por alrededor del 30 % del sueldo que recibió a cuenta del presupuesto de la Cámara Alta.La razón que dio a los policías en el interrogatorio del mes pasado fue que, puesto que François Fillon le pagaba una parte de su alquiler y de sus gastos, resultaba normal que se lo devolviera.

Estos giros de dinero vienen a complicar todavía más la posición del candidato conservador al Elíseo, que este próximo miércoles está convocado por los jueces instructores para una probable imputación, sobre todo por malversación de fondos públicos en relación con los empleos de asistentes parlamentarios que concedió a esos dos hijos y a su esposa, Penelope. Una inculpación que, de confirmarse, llega en muy mal momento a poco más de cinco semanas de la primera vuelta de las presidenciales el 23 de abril, en la que de acuerdo con las encuestas de los últimos tiempos, podría quedar descalificado, informa El Mundo.

Fillon recibió 48.500 euros en trajes pagados por un "amigo"

El candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon, vuelve a estar en el ojo del huracán por unos trajes que un generoso mecenas le habría regalado desde el 2012 valorados en casi 50.000 euros, según revela este domingo ‘Le Journal de Dimanche’. Los trajes en cuestión, hechos a medida en Arnys, la tienda de un prestigioso sastre de la calle Sèveres, en el distrito VII de París, costaron 48.500 euros y buena parte de esa cantidad, 35.500 euros, fue abonada en efectivo por ese “generoso amigo” del candidato que ha preferido mantenerse en el anonimato, prosigue el diario francés.

EEUU: Steve Bannon 'bajo investigación criminal' por fraude en el registro de votantes

El estratega jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon (foto), se encuentra bajo investigación "criminal activa" por fraude en el registro de votantes. Bannon está siendo investigado después de que él se registrara para votar en Florida mientras que tiene una casa en California meridional y permanece regularmente en Nueva York y Washington DC, informa el Washington Post, se registró para votar en una casa vacía en Miami, que está a punto de ser demolida. La presentación de información falsa en un formulario de inscripción de voto es un delito grave de tercer grado en Florida, punible con hasta cinco años de prisión.

Irán acusa a Netanyahu de mentir sobre la Torá

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de difundir informaciones incorrectas y de falsear la Torá, después de que el mandatario sionista asegurara que el país islámico ha intentado "destruir al pueblo judío" durante 2.500 años. “Al recurrir a una falsa historia y falsificar la Torá (el Pentateuco), Netanyahu intenta lanzar mentiras contra una nación que ha salvado a los judíos en tres ocasiones. Este es su hábito”, denunció Zarif en su cuenta en Twitter.

El nombramiento de Sanchís rebela TV3

El anuncio del nombramiento a dedo de Vicent Sanchis por JxSí como nuevo director de TV3 ha sido recibido con hostilidad por los trabajadores de la televisión pública catalana. Mediante un comunicado titulado "Quieren TVC "bajo control", el comité de empresa y el consejo profesional de la cadena han expresado que desaprueban el "nombramiento sospresa" efectuado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que no ven justificado con "argumentos claros y profesionales" y que, en cambio, consideran que "mina la credibilidad" de TV3.

En la misma línea de las quejas que plantearon cuando Convergència y ERC designaron cargos clave de los medios públicos a raíz de la formación del Gobierno de Carles Puigdemont, ahora hace un año, exigen nombramientos que sean fruto de consensos o de mayorías cualificadas. "La designación del nuevo director se mantiene dentro de los acuerdos de los partidos del gobierno para repartirse los cargos de la CCMA que permite a la antigua CDC controlar la dirección del Consejo de gobierno y de TVC", lamentan.

En cuanto a Sanchis -tertuliano de la casa y figura cercana a la vieja Convergencia con un estrecho vínculo en particular con Lluís Prenafeta-, consideran que su nombramiento "no es una buena señal para la independencia profesional, la pluralidad y la apertura de la CCMA al conjunto de la sociedad". Destacan, de hecho, que lo hayan nombrado "en un momento de protagonismo mediático muy inconveniente para los dirigentes de la antigua Convergència (Caso Palau, Caso 3%)". "Precisamente, la buena cobertura informativa de estos juicios no se puede ver interferida por decisiones extraperiodísticas", alertan.

El comité y el consejo acusan al Gobierno catalán y la mayoría del Consejo de la CCMA de usar la corpo "como un instrumento de propaganda a corto plazo que hay que controlar" y les reprochan que "no actúan para mejorar las expectativas de futuro de la principal industria audiovisual de Cataluña". Reclaman una reforma urgente de la ley de la CCMA, la renovación del Consejo de gobierno de esta corporación, un incremento presupuestario y un gobierno profesional ajeno a presiones de la Generalitat y de los partidos, informa El Triangle.

Los periodistas piden independencia y objetividad a TV3 y Catràdio

El Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) ha difundido un comunicado en el que pide que este 2017 "retorne a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) a criterios de consenso y de independencia empresarial y profesional". Este sindicato recuerda que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 20 de noviembre una resolución que reclamaba que se garantizara "el pluralismo social, cultural y político, además de la paridad efectiva de género y participación ciudadana en los medios de la CCMA", pero que Junts pel Sí ha frenado las reformas necesarias e, incluso, la renovación de la mitad de los miembros de su consejo de administración, que está pendiente desde hace un año y medio.

Cataluña Radio, la voz del amo

El programa El Suplemento de Cataluña Radio emitirá este sábado una entrevista grabada con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de pasar "cuatro horas" con él en Amer. La entrevista, que se emitirá en el espacio los "Cuatro gatos", se registró hace una semana, coincidiendo con el día que su pueblo le nombró hijo predilecto y le concedió la Medalla de Oro. El 'periodista' Ricard Ustrell, como se puede ver en un fragmento del adelanto de la entrevista, le pregunta si "está preparado para pasar con nosotros cuatro horas" y Puigdemont contesta que "estoy preparado para cosas mucho peores. Por tanto, seguro que sí".

Mas y su fascio del Opus robaron 81 millones de la pública para financiar la privada

Ensenyament reconoce que la sectaria del Opus Dei Irene Rigau -ahora "mártir" del fascismo oligárquico catalán- derivó a colegios privados de la secta católica casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales públicos. Más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014. En total, más de 81,7 millones de euros, en plena crisis económica para los conciertos educativos con los colegios pra ricos y fascistas opusitorios, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos robados por la Administración para escolarizar a sus alumnos de clase alta y defraudadores, evasores de impuestos y demás morralla nazionalcatólica.

Grau (PP) pedía facturas falsas de 500.000 € para ocultar los pagos en B

El testimonio de Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha de Alfonso Grau (PP) y persona de su máxima confianza, no puede dejar al exvicealcalde en una situación más comprometida de cara al horizonte judicial que le aguarda. El escenario que revela el testigo reúne todos los ingredientes de una «dinámica delictiva» cuyo fin era el pago de las campañas electorales del Partido Popular de Valencia. No cree el fiscal que estos supuestos fueran «accidentes aislados» sino parte del «firme propósito» de la organización de actuar al margen de la ley y burlando la normativa electoral. Ahora, de hecho, el juez ha ampliado la investigación del blanqueo y delito electoral a nuevos ilícitos de malversación y cohecho.

La causa parte de la documentación que Gordillo recopiló de la empresa Laterne, una de las sociedades del entramado empresarial de Vicente Sáez Tormo, amigo íntimo de Alfonso Grau. La citada agencia de comunicación firmó un contrato para la campaña electoral de 2007. El importe era de 150.000 euros que, según el sumario cuyo secreto venció el pasado viernes, fueron abonados por la secretaria del Grupo Municipal del PP Mari Carmen García Fuster. Le dio un cheque a Gordillo y este fue y se lo entregó a la agencia. Se ignora desde qué cuenta se respaldó el documento.

La investigación en la pieza principal ha permitido conocer que el Grupo Municipal contaba con al menos una cuenta opaca -al margen de cualquier fiscalización del Tribunal de Cuentas o del PP provincial- desde la que supuestamente se realizaron pagos de las siguientes elecciones autonómicas (2011 y 2015). Pero esa cantidad -los 150.000 euros- era teóricamente la oficial. El coste de los actos electorales, en realidad, multiplicaron esa cifra. Según la documentación de la propia empresa eran más de tres millones de euros, una cuarta parte de lo que por ejemplo presupuestó Génova para los últimos comicios generales.

¿Y cómo se pagaba ese despliegue de medios? La tesis de Gordillo es que Laterne era el instrumento que se utilizaba para canalizar las «aportaciones» de empresas beneficiarias de adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia. Ese dinero se entregaba como agradecimiento por contratos anteriores o para asegurarse las licitaciones futuras. Los primeros resultados de la investigación de la Guardia Civil darían credibilidad al relato del testigo, que se encargaba de la campaña electoral de 2007.

Las empresas subcontratadas por Laterne para sufragar los actos del PP empezaron a quejarse de que no habían cobrado, según el propio testigo. Las llamadas de proveedores a la Alcaldía de Valencia se sucedían ante la demora de los pagos. La Guardia Civil cree que a 29 de febrero de 2008 el PP debía a Laterne 280.000 euros, y que es posible que algunos actos ya se hubiesen abonado, por lo que los gastos de campaña habrían sido aún mayores, por encima de los 150.000 euros comprometidos mediante contrato. De la documentación se desprende la cifra de tres millones.

Ante esta situación, se organiza una reunión a la que asiste el empresario Sáez Tormo y Alfonso Grau. Participa, además, Jesús Gordillo. Y le adelantan que él se iba a encargar de pagar todas esas deudas. «Alfonso Grau me entregó un sobre con 350.000 euros en efectivo en billetes de 500 euros», indicó a los agentes de la Guardia Civil. En total, más de 700 billetes cuyo origen entonces desconocía el testigo. «Además, me dio instrucciones para cobrar un cheque bancario de la empresa Secopsa por importe de 150.000 euros». Esta empresa se ha encargado de la basura de dos distritos de Valencia y del mantenimiento de los edificios municipales. Se trata, sin duda, de una de las mercantiles con mayores ingresos del Consistorio valenciano.

A continuación, se da una circunstancia que evidencia el gran control que el exvicealcalde tenía sobre la mercantil. Explica Gordillo que se vieron obligados a camuflar esa inyección económica -los 500.000 euros- facturando a las empresas donantes por conceptos ficticios, es decir, por servicios que nunca habían realizado. «Por orden suya desde el departamento de administración se giraron facturas a esas empresas para dar soporte a la entrada de dinero y ocultar que eran otras mercantiles las que asumían el coste de determinados actos electorales». El testigo identifica a tres personas del departamento de administración que presuntamente acataron las órdenes que le llegaban desde la vicealcaldía.

El colaborador de la Fiscalía Anticorrupción da detalles de dónde se produjo la entrega del dinero: en el despacho de la calle Correos. Le dio un sobre. No se preguntó acerca de la ejemplaridad de aquella acción. Se jugaba su puesto de trabajo. También se justifica: «Era un mandado y entonces Grau me parecía una persona honrada y confiaba en él». Gordillo se llevó todo el dinero a casa y durante los siguientes días (29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008) se dedicó a pagar a las empresas que habían realizado el trabajo. Tras recorrerse todos los bancos de la calle Barcas y Correos para realizar los correspondientes ingresos y saldar las deudas, Gordillo admite que le sobraron 15.000 euros. «Se los devolví a Grau».

El exvicealcalde tenía interés en que esas empresas recibieran el dinero porque, al parecer, la organización de la campaña era responsabilidad de Grau. Inicialmente los proveedores contratados por Laterne facturaron de forma correcta, es decir, indicando los conceptos reales pero «como el partido no se iba a hacer cargo de los gastos», se eliminaron las alusiones a la campaña y se giraron nuevas facturas. Al parecer, esta vía de financiación no era la única con la que contaba la empresa Laterne. Las investigaciones apuntan a que un entramado de fundaciones vinculadas al Ayuntamiento de Valencia también inyectaban dinero a la entidad. Se trata de la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo. La operativa sería similar: pagar a Laterne por servicios que, en realidad, no habían hecho.

De esa forma, se justificaba la salida de fondos. Entre la información que aportó el PSPV en aquellos plenos -Ana Botella estaba al frente del grupo socialista municipal- resulta revelador que el 82% de la facturación del grupo Laterne a sociedades financiadas por el Ayuntamiento fuera entre 2006 y 2008. Un periodo que engloba la celebración de elecciones municipales. Grau siempre se mostró reacio a facilitar documentación sobre el entramado de esas sociedades, informa Las Provincias.

Caso Taula: la "dinámica delictiva" del PP de Rita Barberá

La acusación pública sobre el Caso Taula de corrupción en el País Valencià concluye que el PP tuvo "el firme propósito de actuar al margen de la legalidad" al financiar la campaña electoral de 2007. “Resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen”.

Emarsa: Bernácer confiesa 400.000 euros en comisiones

Uno de los cabecillas del PP en el desfalco de la depuradora de Pinedo Ignacio Bernácer (foto) ha reconocido en las últimas horas su participación en la trama delictiva. El acusado, que se enfrentaba a 14 años de cárcel, llevaba varias semanas negociando con la Fiscalía una confesión a cambio de una sustancial rebaja de pena. Finalmente, las conversaciones finalizaron el pasado viernes y Bernácer presentó un escrito en la Audiencia donde admite que cobró 400.000 euros de comisiones gracias al sistema de desvío de fondos que se diseñó con el tratamiento de lodos. A cambio, el ministerio fiscal y las acusaciones de la Emshi y del PSPV pedirán menos de cuatro años de cárcel.

Mas y su fascio del Opus robaron 81 millones de la pública para financiar la privada


Ensenyament reconoce que la sectaria del Opus Dei Irene Rigau -ahora "mártir" del fascismo oligárquico catalán- derivó a colegios privados de la secta católica casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales públicos. Más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014. En total, más de 81,7 millones de euros, en plena crisis económica para los conciertos educativos con los colegios pra ricos y fascistas opusitorios, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos robados por la Administración para escolarizar a sus alumnos de clase alta y defraudadores, evasores de impuestos y demás morralla nazionalcatólica.

La ocupación mafiosa de pisos se generaliza en Catalunya

“Aquí vivo yo”. El cartel escrito a mano y colgado con un trozo de cinta adhesiva sobre la puerta anuncia lo previsible, que ahí vive un joven dominicano que hace un mes y medio pagó 600 euros a un hombre por la llave que le permite vivir en un coqueto apartamento que él mismo ha estrenado de un bloque nuevo de pisos de la carretera de Montcada de Terrassa. Como él, el resto de los vecinos han ocupado de igual manera, pagando entre 500 y 1.000 euros, según los metros cuadrados, a ese hombre del que nadie se atreve a revelar su identidad. Nadie tiene estadísticas oficiales sobre este grave problema al que, por el momento, sólo algunos ayuntamientos como los de Terrassa o Mataró han empezado a tomarse muy en serio pese a que los hechos se repiten por todo el ámbito municipal barcelonés, ante la indiferencia y autismo de sus alcaldesas -todo el cinturónn barcelonés está en manos de alcaldesas tan demostradamente incompetentes como sus colocadores- y un gobierno de corruptos oligarcas en fuga. En Gramenet hay bloques ocupados al lado justo de la policía municipal ante la pasividad de un ayuntamiento heredero de la mafia del caso Pretoria.

El citado individuo es uno de los muchos mafiosos que en los últimos dos años se han aprovechado del grave problema de la falta de vivienda para sacar su tajada. Se trata de gente cada vez más organizada que busca en internet o los registros oficiales pisos vacíos propiedad de los bancos. Son sus preferidos. ¿Por qué? Pues porque la entidad tardará en reaccionar y cuando quiera sacar al ocupa, en muchas ocasiones por la presión del resto de los vecinos, acabará pagando una buena compensación económica para que se vayan. Los que compran las llaves de estos pisos ocupados reciben la garantía de que sólo podrán ser desalojados con dinero o también a cambio de otro piso. Pero que nunca saldrán perdiendo.

Los Mossos d’Esquadra hasta la fecha no han realizado ninguna investigación acerca de estas mafias. Es complicado. No hay denuncia. Ni siquiera estafa. El que ocupa sabe perfectamente que paga por un inmueble ilegal. “Es necesario desenmascarar cuanto antes a este tipo de mafias”, asegura la concejal socialista en el Ayuntamiento de Terrassa Lluïsa Melgares, responsable de Políticas Sociales y Vivienda. Su consistorio fue el primero en elaborar un censo de viviendas vacías. ¿Con qué fin? “Penalizar con altas multas a los bancos y grandes propietarios que se desentienden de sus pisos vacíos”.

Melgares se refiere a dos modalidades de mafiosos. Por un lado, los que abren pisos de una patada y revenden luego las llaves a personas que realmente lo necesitan.Y, por otra parte, las entidades bancarias que, a través de mediadores, pagan a los inquilinos importantes cantidades de dinero para que se vayan. “Este nuevo fenómeno está produciendo un efecto llamada muy preocupantes y consolidando una situación de descontrol absoluto”, insiste la concejal de Terrassa.

En ese municipio, por ejemplo, en el bloque ocupado recientemente de la carretera de Montcada todos los nuevos inquilinos habían recibido la visita de un mediador. ¿Qué piden ustedes? “Pues depende, dinero si la suma que nos ofrecen es interesante, o un alquiler social si nos podemos quedar aquí, porque realmente la casa nos encanta y será difícil encontrar un piso nuevo mejor que éste”, añade uno de los inquilinos. Su situación no es de vulnerabilidad. Trabaja en un restaurante y hasta que compró la llave vivía con sus padres.

Para la concejal de Terrassa esta situación es intolerable porque esas viviendas, que el Consistorio podría gestionar para familias que realmente lo necesitan, caen en manos de gente que están fuera de cualquier control. “Las personas que llevan tres años viviendo en Terrassa, que por renta precisan un alquiler social y cumplen unas normas cívicas de convivencia con el resto de vecinos les ayudamos. Al resto no podemos apoyarlos, porque estamos descubriendo personas que se están aprovechando”, insiste. Otro dato permite ayudar a entender mejor este problema cada vez más asentada en algunos municipios. En los últimos tres años, la empresa STM Seguridad Integrada ha pasado de ser una importante cerrajería a instalar medio centenar de puertas antiocupas al día, y sólo en Catalunya.

Hay una realidad sobre la ocupación que queda oculta tras las grandes entradas en bloques de bancos o administraciones, que son aquellas viviendas de particulares que las han conseguido por herencia o que están desocupadas por enfermedad de lo dueños ya mayores. De la noche a la mañana alguien entra de una patada. Esos pisos tampoco son hoy en día nada fáciles de recuperar. Y esas ocupaciones han empezado a ser tan habituales en algunos barrios de Barcelona que incluso hay propietarios que alquilan o compran estas puertas antiocupas para proteger sus viviendas. “Hay gente que blinda la casa durante el tiempo que su madre está en el hospital”, asegura un responsable de la empresa.

Hace nada que ha empezado a dormir un poco más tranquila y que puede cerrar, por fin, los dos ojos sobre la almohada. En el último año y medio. Sandra Rodríguez Loreto, la presidenta de una comunidad de vecinos de un barrio obrero de Terrassa, lidera una batalla con tintes épicos contra los ocupas de su edificio. De los siete inquilinos que llegaron a vivir ilegalmente, sólo queda uno, pero no baja la guardia. Junto al resto de vecinos intenta que siempre haya uno de guardia en el edificio por si se produce un nuevo intento de ocupación. Parece cosa de locos, pero ­incluso comparten un grupo de WhatsApp en el que se alertan de cualquier ruido desconocido. A los extraños que se asoman por esta escalera se les somete a todo tipo de preguntas. No se fían de nadie.

“Nos ha costado muchísimo que se vayan y ahora no vamos a consentir que vuelvan a convertirse en nuestros vecinos gente que ni sabe convivir, ni quiere, ni están en situación precaria para ocupar un piso por la cara”, asegura la presidenta. Su bloque ilustra la situación de muchos otros inmuebles en Catalunya. Obra de una constructora, cuando la empresa quebró el BBVA se quedó con el edificio. Sandra compró su piso en el 2011, pero no se trasladó hasta octubre del 2014. En ese momento, sólo habían cuatro vecinos, tres de alquiler y la propietaria del bajo.

Todo fue muy rápido. “Alguien debió de saber que la finca estaba vacía y era propiedad de un banco porque en pocos días, cuando nos quisimos dar cuenta, todos los pisos por vender fueron ocupados”, recuerda. La mujer que se hizo con el primero primera pagó 600 euros por la llave del piso y la de la portería. En el precio estaba incluido el enganche ilegal a la luz. Una cantidad parecida abonó el inquilino que ocupó el primero cuarta, aunque en ese piso ya son cinco personas a las que se han revendido las llaves. “El último contaba todo serio que la casa era suya, que la había comprado por 95 euros”, recuerda Sandra con humor, aunque en ese momento le hervía la sangre de impotencia. “Nuestro problema no era que vivieran por la cara, sino que nunca se comportaron como vecinos. No sentían empatía por la finca y entre unos y otros destrozaron los espacios comunes. Por no hablar de los ruidos, los gritos, la moto estacionada en el rellano... Una pesadilla”.

Durante los últimos meses y ante la incansable insistencia de Sandra, el banco designó un mediador para que negociara con los ocupas. “Les han ido pagando para que se fueran” ¿Cuánto dinero? “Ni idea, pero ninguno se fue llorando, al contrario. Seguro que ya están en otro de los pisos que se pueden ocupar comprando una llave. Hasta que les vuelvan a pagar para irse de allí”, relata la presidenta, que insiste en que los ocupas que vivieron en su comunidad no eran personas sin recursos sino “jetas consumados que han encontrado en la ocupación social una forma de vivir del cuento y conseguir un dinero fácil cada vez que les echan”.

En cuanto el banco ha logrado vaciar un inmueble, sus responsables han mandado instalar una puerta de seguridad antiocupas. Pero tienen que actuar con rapidez. En la vivienda del 2º 2ª, casi no llegan a tiempo. El ocupa dejó la casa nada más cobrar y los operarios que colocaban la puerta se retrasaron. “Llamé varias veces al banco asustada porque sabía que intentarían ocupar de nuevo el piso”. Y casi lo consiguen. Ese día, un vecino regresó por un imprevisto a su casa al mediodía y se encontró a un joven esperando junto a la puerta del piso recién desalojado. “El chaval contó que estaba esperando a que le dieran una llave que había comprado”. El vecino logró disuadirle y el joven se marchó, pero apenas dos horas después tres hombres lograron entrar y encerrarse dentro del piso.

Los vecinos no tiraron la toalla. Coordinados con los mediadores del banco y dos vigilantes contratados por la entidad, aprovecharon un descuido de los tres hombres que abandonaron la casa para empezar la mudanza para reconquistar de nuevo el inmueble. Los dos vigilantes se parapetaron en la puerta hasta que esa misma noche una empresa de puertas blindadas colocó una de acero que, hasta ahora, nadie ha logrado manipular. Pero la batalla de Sandra y sus vecinos no ha terminado. Ahora intenta que el banco asuma los gastos de los desperfectos que ha sufrido la comunidad en el último año y medio, por el vandalismo de algunos de los ocupas que han pasado por allí. Con su determinación, no parará hasta conseguirlo.

El problema de las mafias que se están aprovechando de la vulnerabilidad de las familias sin recursos para pagar una vivienda llegará hoy al Congreso. La diputada del PDECat Lourdes Ciuró defenderá en el pleno una modificación legal que permita a las administraciones recuperar los pisos que tenían asignados como vivienda social y que en los últimos tiempos han sido ocupados de manera descontrolada. Sólo la Generalitat tiene 320 viviendas sociales ocupadas sin control. La medida permitiría a la administración o al pequeño propietario acudir al juez a denunciar la ocupación. El ocupa tendría diez días para acreditar que está legalmente. En caso contrario, el juez comunicaría a la administración local competente que se producirá un desalojo exprés. “Si la familia carece de recursos, el Consistorio tendrá la obligación de reubicarles. Pero hay que empezar a poner coto a estas mafias”, insiste la diputada Ciuró, informa La Vanguardia.

La Llagosta: banda de chorizos roba pisos amenaza a los propietarios con total impunidad

La banda de ladrones organizada de La Llagosta amenaza con liarse a machetazos con los vecinos que protestan para recuperar sus pisos robados ante una esperpéntica muestra más de las leyes españolas fascistas y reaccionarias que protegen a ladrones y delincuentes y penalizan a las víctimas de los atropellos, en este caso con un proceso "legal" de hasta dos años para recuperar los pisos que están pagando con gran esfuerzo al banco que se los vendió.

Mas y su fascio del Opus robaron 81 millones de la pública para financiar la privada

Ensenyament reconoce que la sectaria del Opus Dei Irene Rigau -ahora "mártir" del fascismo oligárquico catalán- derivó a colegios privados de la secta católica casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales públicos. Más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014. En total, más de 81,7 millones de euros, en plena crisis económica para los conciertos educativos con los colegios pra ricos y fascistas opusitorios, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos robados por la Administración para escolarizar a sus alumnos de clase alta y defraudadores, evasores de impuestos y demás morralla nazionalcatólica.

Caso Taula: la "dinámica delictiva" del PP de Rita Barberá

La acusación pública sobre el Caso Taula de corrupción en el País Valencià concluye que el PP tuvo "el firme propósito de actuar al margen de la legalidad" al financiar la campaña electoral de 2007. “Resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen”.

Pretoria: acuerdo con Alavedra y tres acusados si aceptan los hechos

La fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena al exconseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra y a otros tres acusados del juicio Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa, aunque para algunos estará sujeto a su declaración. Cuenca ha anunciado el acuerdo al tribunal de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, que operó entre 2001 y 2009 en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Mas y su fascio del Opus robaron 81 millones de la pública para financiar la privada

Ensenyament reconoce que la sectaria del Opus Dei Irene Rigau -ahora "mártir" del fascismo oligárquico catalán- derivó a colegios privados de la secta católica casi la totalidad presupuestada en el 2012 y el 2014 para la red de parvularios municipales públicos. Más de 42,7 millones en el 2012 y 39 millones más en el 2014. En total, más de 81,7 millones de euros, en plena crisis económica para los conciertos educativos con los colegios para ricos y fascistas opusitorios, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos robados por la Administración para escolarizar a sus alumnos de clase alta y defraudadores, evasores de impuestos y demás morralla nazionalcatólica. Así lo reconoce la misma ‘conselleria’ (entonces dirigida por la fascista e incompetente multireincidente Irene Rigau) en una carta registrada el pasado 11 de octubre y enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El documento, que lleva la firma de la actual directora de servicios de Ensenyament, María Dolores Salgado, admite que aquellos dos años se realizaron sendas modificaciones de presupuesto de manera que la consignación económica inicialmente destinada al "funcionamiento de las guarderías municipales" fue reasignada a la partida de "conciertos educativos", concretamente "para el pago de la nómina delegada" de sus trabajadores.

En el 2012, la medida afectó a prácticamente el 90% de los casi 47,6 millones presupuestados. En el 2014, el desvío de fondos a la concertada fue del 86,6% de los 45 millones de euros que Ensenyament había previsto en un principio para los parvularios de titularidad municipal. El resto del dinero fue destinado a pagar servicios de conexión a internet para las escuelas (cuatro millones) y a las costear las convocatorias de programas de formación e inserción de corporaciones locales, empresas privadas, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro (otros dos millones).

En el 2015, la partida para los parvularios municipales desapareció definitivamente de los presupuestos del departamento, después de que la Generalitat acordara con las cuatro diputaciones provinciales que estas últimas asumieran el pago de esta subvención. La documentación a la que ha tenido acceso este diario forma parte de la causa que está instruyendo la sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, a raíz de la demanda colectiva presentada hace tres años por una treintena de pequeños ayuntamientos después de que la Generalitat les retirara las ayudas para escolarizar a los alumnos de entre cero y tres años.

"Lo que se está demostrando con este traspaso de fondos entre partidas presupuestarias es que la Generalitat antepuso y priorizó su lealtad hacia unas empresas privadas, las que gestionan los colegios concertados, por encima de su lealtad hacia los ayuntamientos, con los que también tenía compromisos", lamenta Arnau Funes, concejal en el Ayuntamiento de Cornellà por Entesa per Catalunya y diputado provincial por Barcelona. Esos impagos, que en el 2013 se intentaron compensar mediante una ampliación de presupuesto de 11 millones, "han originado graves problemas a los ayuntamientos", denuncia Funes.

"Si las escuelas que imparten la etapa de cero a tres años funcionan en Catalunya es gracias a los esfuerzos que han hecho los ayuntamientos, que han asumido estos costes a veces en detrimento de otros servicios municipales", subraya Esther Niubó, diputada del PSC en el Parlament y portavoz de su grupo en la comisión de Educación. Niubó y Funes, y otros miembros de sus formaciones políticas en la Diputación de Barcelona y en el Parlament, mantuvieron el viernes pasado una reunión con representantes de algunos de los consistorios demandantes, entre ellos Santa Coloma de Gramenet, Sant Celoni y Camprodon.

En aquella legislatura, ha precisado Ensenyament, "el contexto económico del momento, de graves restricciones, hizo aconsejable que se dejaran de pagar algunas subvenciones para priorizar el pago de servicios básicos, y entre esos servicios básicos estaban las nóminas de los profesores que impartían enseñanzas obligatorias", ha indicado una portavoz. La misma interlocutora ha afirmado que la medida se adoptó, entre otras razones, porque Catalunya dejó de recibir en torno a 70 millones de euros, procedentes de las arcas del Estado, para financiar la educación de cero a tres años, que no es una etapa escolar obligatoria. Sí lo son, en cambio, ha recordado la ‘conselleria’, las etapas educativas que se imparten en los centros concertados que forman parte del sistema educativo catalán.

"El argumento de que se dejaron de pagar las guarderías porque Madrid dejó de enviar dinero no deja de ser una mala excusa: la educación infantil es competencia, en su integridad, de la Generalitat", apostilla la diputada Niubó. La partida que el Gobierno central enviaba a las administraciones autonómicas para que subvencionaran los parvularios, recuerda la socialista, la había implantado José Luis Rodríguez Zapatero unos años antes de que fuera suprimida por el PP, que alegó para ello razones de falta de presupuesto, informa El Periódico.

Pretoria: acuerdo con Alavedra y tres acusados si aceptan los hechos

La fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena al exconseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra y a otros tres acusados del juicio Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa, aunque para algunos estará sujeto a su declaración. Cuenca ha anunciado el acuerdo al tribunal de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, que operó entre 2001 y 2009 en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Mas: dos años de inhabilitación y 36.500 € por el 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera unánime ha condenado al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau por entender que en la consulta del 9N cometieron desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una pena mínima que se aleja de las peticiones del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled.

Tec-4 pagaba a CatDem para "hacer patria"

La empresa Tec-4, una de las investigadas en el caso del 3%, justificó con la supuesta necesidad de "consolidar un catalanismo democrático" en el que "empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo" una donación de 50.000 euros entregada en 2012 a la Fundación CatDem.

Caso Taula: la "dinámica delictiva" del PP de Rita Barberá

La acusación pública sobre el Caso Taula de corrupción en el País Valencià concluye que el PP tuvo "el firme propósito de actuar al margen de la legalidad" al financiar la campaña electoral de 2007. “Resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva canalizada a través del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, y que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad utilizando diferentes artificios para burlar la ley electoral en un aspecto tan importante como es el económico, dado que impide la necesaria igualdad y lealtad en los procesos electorales de todos los partidos que confluyen”.

Así se expresa el fiscal adscrito al caso Taula en la investigación abierta por un juzgado de Valencia sobre la financiación de la campaña electoral del PP liderado por Rita Barberá en 2007. La acusación pública destaca la supuesta "dinámica delictiva" del grupo municipal del PP del Ayuntamiento, que se habría lucrado con dinero público y donativos opacos de los contratistas municipales para pagar el despliegue que le llevó a una de sus victorias más rotundas.

La investigación sobre la financiación de la campaña de las elecciones de 2007 apunta a que el PP habría gastado hasta tres millones de euros, 20 veces más de lo declarado. En este caso -otra ramificación del caso Taula- un exasesor del PP en Valencia ha declarado que el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pagó 350.000 euros en gastos de la campaña en dinero negro, con billetes de 500 del grupo municipal del partido. En este mismo asunto, según Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunitat Valenciana que supuestamente realizaron aportaciones económicas encubiertas a la mencionada campaña de 2007.

Según se desprende de parte del sumario de la pieza A del caso Imelsa, que hasta ahora había permanecido secreto, la empresa que contrató el PP municipal para su campaña, Laterne, pudo haber girado facturas a las empresas que aportaron fondos para ocultar dichas donaciones. En dicha pieza se investigaba hasta la fecha un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2011 y 2015. Tras las nuevas pesquisas se investigan además supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho.

En el caso Taula se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. La instrucción se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), el Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.

Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad, nueve de cuyos 10 concejales están imputados por blanqueo. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.

Emarsa: Bernácer confiesa 400.000 euros en comisiones


Uno de los cabecillas del PP en el desfalco de la depuradora de Pinedo Ignacio Bernácer (foto) ha reconocido en las últimas horas su participación en la trama delictiva. El acusado, que se enfrentaba a 14 años de cárcel, llevaba varias semanas negociando con la Fiscalía una confesión a cambio de una sustancial rebaja de pena. Finalmente, las conversaciones finalizaron el pasado viernes y Bernácer presentó un escrito en la Audiencia donde admite que cobró 400.000 euros de comisiones gracias al sistema de desvío de fondos que se diseñó con el tratamiento de lodos. A cambio, el ministerio fiscal y las acusaciones de la Emshi y del PSPV pedirán menos de cuatro años de cárcel, informa eldiario.es.

La consellería de corrupción del PP valenciano

La empresa pública Vaersa, que acumula casos de corrupción, el más reciente por el uso de tarjetas de crédito para "lucro personal" de sus exdirectivos, vació el departamento de Medio Ambiente en beneficio de una administración paralela durante los años del gobierno corrupto del PP. "Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis", clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada.

Mas: dos años de inhabilitación y 36.500 € por el 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de manera unánime ha condenado al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau por entender que en la consulta del 9N cometieron desobediencia sin ningún atenuante al incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una pena mínima que se aleja de las peticiones del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled.

Iruñea contra el franquismo y sus 309 asesinatos

Iruñea (Pamplona, Nafarroa) abre el camino contra la impunidad franquista. El Ayuntamiento de la capital navarra interpondrá este viernes ante la Justicia una querella criminal en la que solicita que se investiguen hasta 309 asesinatos y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en la capital navarra. La querella, que plasma la línea de acción de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria, prestará especial atención a 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se adhieren personalmente a la denuncia que, por tanto, no será únicamente del Ayuntamiento, sino que será compartida.

El Ayuntamiento engloba los asesinatos producidos en Pamplona como crímenes de lesa humanidad por lo que aún no estarían prescritos ya que este tipo de delitos no caduca hasta su resolución. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que ha comparecido en rueda de prensa junto al director de la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona, Emilio Majuelo, y la abogada, Lourdes Etxeberria. Según ha explicado Lourdes Etxeberria, del despacho Arankoa, encargado de llevar el proceso, la estrategia de la acusación pasa por formular el principio de “interdicción de la impunidad” y la obligación de todos los estados de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que impidan la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, condena de las violaciones masivas, sistemáticas, planificadas y generalizadas de Derechos Humanos.

La querella se basa en el informe pericial encargado por el Ayuntamiento de Pamplona sobre la vulneración de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona, informe que se elaboró durante casi seis meses en los locales de la Oficina de la Memoria Histórica en la que se han recogido testimonio y documentación. Las conclusiones de ese informe, dadas a conocer en octubre del año pasado, confirmaron que 309 pamploneses y pamplonesas fueron asesinados o muertos en cautividad durante el franquismo por razones políticas, en la mayoría de los casos, sin juicio previo ni sentencia firme.

En total, se tiene constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, cifra que supone una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que saldrán a la luz a raíz de la realización de este trabajo. El informe además de asesinatos, muertes en cautividad, desplazamientos y encierros (que en conjunto suman un 85,58% de los casos comprobados), contabilizaba también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas.

El Ayuntamiento de Pamplona ha sido uno de los principales impulsores de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria, que busca impulsar las querellas de los ayuntamientos para que se investiguen los crímenes del franquismo. La red está constituida por los consistorios de Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Vitoria-Gazteiz, Cádiz y Rivas, informa Público.

A prisión tres detenidos por los incidentes en Iruñea

El juez ha decretado el ingreso en prisión de tres detenidos por su supuesta participación en los disturbios de este sábado en Iruñea (Pamplona, Nafarroa). El juez, que les imputa los delitos de «desórdenes públicos y terrorismo», ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional española. El juez justifica su decisión en «la extrema gravedad de los hechos», «las elevadas posibilidades de eludir la acción de la justicia» y la «probabilidad de reiteración delictiva». En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez relata que los investigados, «con ocasión de la celebración de una manifestación no autorizada, se desplazaron el sábado desde su localidad en coordinación con un grupo que portaba para ello sacos con piedr

Dos años y medio de cárcel por brindar en Tafalla

Dos años y medio de cárcel para Fernando Sota y otros dos años para Oier Araiz y Gorka Labat es la petición formulada por el fiscal de la Audiencia Nacional española José Perals durante el juicio contra tres vecinos de Tafalla a quienes acusa de participar en un brindis a favor de los familiares de los presos. La petición eleva en medio año lo solicitado previamente para Sota, a quien acusa de participar en un brindis por los familiares de los presos celebrado en Tafalla en agosto del año pasado.

PP Madrid: Aguirre, Fundescam y millones en maletines

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas.