diumenge, 19 de març de 2017

España asume que el Sáhara no pertenece a Marruecos

Tres meses después de que la Corte de Justicia de la Unión Europea fallara que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, el Gobierno de Rajoy asume por fin el veredicto y espera a ver cómo reaccionará el monarca alauí sabiendo de antemano que su pronunciamiento disgustará a la tiranía de Rabat y esperando represalias. El ministro de Asuntos Exteriores del PP, Alfonso Dastis, viajó a Rabat el 13 de febrero y no quedó clara su postura sobre la sentencia en una comparecencia ante la prensa en la que no admitió preguntas. La sentencia, dijo Dastis, “abre un interrogante”. “Confiamos en que vamos a encontrar esa solución para que Marruecos siga siendo socio privilegiado de la Unión”, añadió. ¿Son marroquíes los productos del Sáhara?, le insistió el periodista. “En eso estamos, habrá respuesta”, contestó. “Todavía no tiene respuesta, pero la habrá”, concluyó de forma evasiva.

La Corte de Justicia europea recalcó en su veredicto del 21 de diciembre que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y que las ventajas comerciales concedidas a los productos marroquíes en el marco de los Acuerdos Euromediterráneos entre Bruselas y Rabat no eran aplicables a las exportaciones de ese territorio a la UE. La Corte se pronunciaba así después de que una primera sentencia del Tribunal de Justicia, la jurisdicción europea de primera instancia, hubiese sido recurrida por el Consejo de Ministros de la UE con el apoyo del Gobierno español que envió a Luxemburgo a dos abogados del Estado.

Desde esa antigua colonia española se exportan pocos productos agrícolas a Europa, pero los abogados del Frente Polisario también han denunciado ante el Tribunal de Justicia el tratado de pesca con Marruecos. La flota comunitaria, esencialmente española, faena sobre todo en aguas saharianas, porque son las más ricas, y no en las marroquíes. En realidad, la sentencia de diciembre pone en entredicho afecta al conjunto de la relación comercial, y por ende política, entre la UE y su vecino del sur.

La sentencia de la Corte de Luxemburgo estipula que “el territorio del Sáhara Occidental (…) no forma parte del territorio del Reino de Marruecos a los efectos de interpretación” de los acuerdos comerciales, afirma ahora el Gobierno español en la respuesta escrita que remitió el 16 de marzo a Jorge Luis Bail, diputado de Podemos por Huesca. Esta es “la primera declaración pública de Madrid sobre la no aplicabilidad de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental”, señala Western Sahara Ressource Watch, un observatorio con sede en Oslo que sigue de cerca las exportaciones e inversiones en esa antigua colonia española.

El diputado oscense preguntó por qué el Gobierno español no actuó contra el carguero Key Bay de la naviera noruega Sea Tank Chartering que, el 14 de enero, atracó para repostar, procedente de El Aaiún, en el puerto de Gran Canaria. Transportaba con destino a Fécamp (Francia) harina de pescado que había cargado en la capital del Sáhara. Encabezados por Pilar Álvarez, teniente de alcalde de Las Palmas, activistas de EQUO y de Izquierda Unida Canaria reclamaron entonces a la Guardia Civil y a la Aduana Española que inspeccionaran el barco para averiguar si transporta un cargamento ilegal –algo que hicieron ese mismo día- y le impidieran seguir su ruta. El Gobierno español justifica no haber adoptado “medidas cautelares o definitivas en relación con el carguero” porque esas “corresponden a las autoridades aduaneras del Estado de la Unión que solicite la importación” de la harina de pescado, es decir Francia.

Lo que sí hizo el Ejecutivo español fue “informar a las autoridades aduaneras de Francia y Dinamarca, países de destino del envío, de los hechos constatados, en el marco de la asistencia mutua aduanera (…)” entre Estados miembros de la UE. Además de informar a París, el Gobierno español puso “los hechos en conocimiento del juzgado correspondiente” de Las Palmas. Por eso ningún otro carguero procedente del Sáhara ha vuelto a atracar desde entonces en puertos españoles.

Al Key Bay le esperaban en Frécamp un puñado de activistas simpatizantes con el independentismo saharaui, pero la aduana de Francia, el país europeo más entregado a la monarquía alauí, no tomó medida alguna. Los letrados del Polisario pusieron entonces una denuncia por discriminación económica y falsedad sobre el origen de los productos transportados por Key Bay ante el tribunal de Le Havre, una ciudad portuaria colindante con Fécamp.

La respuesta del Gobierno a Podemos es parecida a la que dio el 31 de enero el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, a tres eurodiputados que preguntaron a la Comisión Europea sobre la declaración conjunta suscrita, en noviembre en Marrakech, por cinco países europeos, entre ellos España, con Marruecos para el intercambio de energías renovables. Marruecos tiene en marcha proyectos de grandes plantas de energía solar para exportar a Europa, algunos en el Sáhara, en los que juega un papel destacado Nareva, una empresa perteneciente a la familia real.

“La declaración [de Marrakech] se aplicará teniendo en cuenta debidamente la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”, contestó Arias Cañete a los eurodiputados. Vino así a decir que sí se tendría en cuenta la sentencia de la Corte de diciembre suscitando el enfado de Rabat. La prensa marroquí recordaba que cuando fue ministro de Agricultura en España bien que defendió en derecho de los pesqueros españoles a faenar en aguas del Sahara.

Rabat pide a la UE que aplique su acuerdo agrícola al Sáhara Occidental e ignore la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Si Bruselas no responde, podría relajar el despliegue antimigratorio
Una semana después de la intervención de Arias Cañete, el ministro de Agricultura marroquí, Aziz Akhnnouch, un político muy cercano al rey Mohamed VI, publicó un comunicado en el que advertía en substancia de que si la UE aplicaba el veredicto correría el riesgo de que se reanude “el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener”.

Diez días después, entre el 17 y el 20 de febrero, nada menos que 854 subsaharianos lograron entrar en Ceuta, un récord en 72 horas. Policías y guardias civiles que están a pie de obra en la frontera terrestre con Marruecos aseguraron entonces que la inacción de sus colegas marroquíes facilitó esa masiva irrupción. Tanto Dastis como su colega de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el propio presidente Mariano Rajoy, negaron al unísono cualquier negligencia por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos y ensalzaron incluso la colaboración con el vecino.

Una de las voces españolas más autorizadas sobre las relaciones hispano-marroquíes osó, sin embargo, llevarles públicamente la contraria. El momento en que se han producido esos asaltos “me hace pensar que Marruecos los ha permitido o al menos ha decidido hacer la vista gorda”, escribió Jorge Dezcallar en una tribuna de una inusitada franqueza publicada en varios diarios regionales. Dezcallar fue embajador de España en Rabat y más tarde director del Centro Nacional de Inteligencia, informa El Confidencial.

España vuelve a traicionar a los saharauis

El Senado español rechazó este miércoles una moción presentada por el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que instaba al Gobierno central a reconocer oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como Estado soberano. La Comisión de Exteriores de la Cámara alta desestimó esta iniciativa con los votos en contra del PP, el voto a favor de ERC, Unidos Podemos y PNV, y la abstención del resto de los grupos, en lo que es una nueva traición al oprimido pueblo del Sahara español vendido al monarca marroquí por el criminal tirano Juan Carlos de Borbón.

El Sáhara, "al borde de una guerra con Marruecos"

El ministro de Defensa saharaui, Abdallahi Lehbib Ballal, aseguró que están "al borde" de una guerra con Marruecos. "España traicionó al Sáhara, nos vendió a Marruecos" Según Lehbib "en estos momentos el ejército saharaui está en estado de guerra y sus unidades militares en situación de combate, preparadas para repeler cualquier agresión marroquí". "La lucha armada es una legítima opción que siempre estará sobre la mesa", apuntó el ministro.

La baja participación cuestiona el liderazgo de Fachín en Podem

La consulta promovida por las presiones de la dirección de Podem para que las bases decidan si se integran o no en el nuevo partido de Ada Colau ha pinchado dada la baja participación, ya que el porcentaje de la votación se ha situado entorno al 10% o por debajo, lo que pone en cuestión la estrategia y posición de su actual representante Albano Dante Fachín.

La baja participación cuestiona el liderazgo de Fachín en Podem

La consulta promovida por las presiones de la dirección de Podem para que las bases decidan si se integran o no en el nuevo partido de Ada Colau ha pinchado dada la baja participación, ya que el porcentaje de la votación se ha situado entorno al 10% o por debajo, lo que pone en cuestión la estrategia y posición de su actual representante Albano Dante Fachín. Diversas fuentes han confirmado que la opción de Fachín, su rechazo a integrarse en el nuevo partido en las condiciones actuales y su demanda de más protagonismo, habría ganado la consulta, si bien la escasa participación pone en cuestión la apuesta de la dirección morada de desmarcarse del nuevo espacio político de los 'comunes'. En la consulta han participado un total de 3.901 personas de los 52.000 inscritos oficialmente, es decir, menos del 10%.

Según han explicado a Efe fuentes del partido morado, en la consulta han participado un total de 3.901 personas de los 52.000 inscritos que tiene oficialmente la formación, de los cuales aproximadamente unos 30.000 siguen en activo, es decir, que han participado en sus actividades en los últimos meses. Con estos datos ya confirmados, la participación en la consulta impulsada por Albano Dante Fachin se situaría por debajo del 10%, si se toma como parámetro el número total de inscritos oficiales, cifrado en unos 52.000 militantes.

El resultado es un duro revés a la estrategia de Dante Fachín, que buscaba no solo el respaldo a su posicionamiento, sino también una amplia participación que le otorgase un espaldarazo en el pulso que mantiene con el resto de las fuerzas de la confluencia -BComú, ICV y EUiA- para construir el nuevo espacio político de los 'comunes' que él pretendía liderar. Fachín llamó a las bases de Podem a una consulta, que comenzó el pasado jueves y finalizó en la medianoche del sábado, para que decidiesen si las exigencias que plantea la dirección son imprescindibles o no para integrarse en el nuevo partido de Colau, al asegurar que sus reivindicaciones no han sido aceptadas por el resto de formaciones. La consulta comenzó el pasado jueves y finalizó en la medianoche del sábado

Estas condiciones de la dirección de Podem son listas abiertas con un sistema proporcional para elegir a los órganos de dirección, que los inscritos de la formación morada puedan votar directamente en su web sin necesidad de inscribirse previamente en Un País en Comú y la concreción del código ético del nuevo partido. Varias fuentes han explicado que para que el resultado de una consulta interna en Podem tenga plena legitimidad la participación debería estar muy por encima del 10%, algo que a todas luces no se ha producido en esta ocasión.

El precedente más cercano ha sido el de la votación de Vistalegre II, el congreso estatal, en el que unos 15.000 inscritos de Podem participaron en la asamblea, una cifra muy alejada de los militantes que han respondido a la llamada de Albano Dante Fachín y su lobby formado por la pareja autocolocada de 'Café amb llet' previo autobombo propagandístico -financiado con crowfunding para supuestamente publicar la revista que dejó de existir en cuanto arribaron las poltronas- i la durante años diputada y desertora de EUiA Àngels Martínez Castells.

Fachín y compañía habían basado toda su estrategia negociadora con el resto de formaciones de la confluencia, sobre todo en referencia a los órganos de dirección que quería copar, en el número de sus supuestos inscritos, por lo que la baja participación debilita su posición y deja en entredicho un liderazgo sostenido desde Madrid por Pablo Iglesias más que desde Barcelona o Catalunya. Ahora, habrá que ver las consecuencias de esta baja participación en la consulta sobre los pasos que seguirá la dirección de Podem a partir de este lunes, pero también la del sector critico del partido, que se había mostrado contrario a esta consulta y defendía sin fisuras confluir con el nuevo partido de los 'comunes', informan efe, La Vanguardia y El Periódico.

Podemos expulsa a dos ediles de Arganda por no donar parte de su sueldo


Podemos ha expulsado del partido durante los próximos seis meses a los dos ediles que la formación morada tiene en el municipio madrileño de Arganda del Rey (46.500 vecinos). El partido ya se lo ha notificado a los dos concejales, María Jesús Hernández y David Moya (foto), a los que ha decidido sancionar por "infracción muy grave" y aplicarles "la suspensión de militancia e inhabilitación".

BCN: Manifiesto comunista en apoyo a los ‘Comunes’

35 años después de la primera crisis que empezó a desgajar al PSUC, el histórico partido comunista de Cataluña, decenas de dirigentes y militantes vuelven a encontrarse. El motivo no es otro que apoyar el partido de izquierdas que se está gestando en Cataluña impulsado por Ada Colau, Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, Podem y Equo.

Militantes de Podemos denuncian el enchufismo y la "falta de democracia interna"

6 militantes de Podemos en Extremadura han denunciado a la formación ante los tribunales por haberles represaliado por destapar la "falta de transparencia en la contratación de liberados con dinero público», así como «opacidad en la gestión política de determinados asuntos de interés general», según la demanda.

Francisco Roig pierde un pleito fiscal de 9,3 millones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Labor de Caballero NN 3944, del promotor inmobiliario valenciano Francisco Roig, a pagar a Hacienda 9.296.263,86 euros entre cuota, intereses de demora y sanciones por el Impuesto de Sociedades de 2004 a 2006. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, confirma el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central de Hacienda, que en julio de 2014 respaldó las conclusiones de la Agencia Tributaria frente a la recurrente.

Francisco Roig pierde un pleito fiscal de 9,3 millones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Labor de Caballero NN 3944, del promotor inmobiliario valenciano Francisco Roig, a pagar a Hacienda 9.296.263,86 euros entre cuota, intereses de demora y sanciones por el Impuesto de Sociedades de 2004 a 2006. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, confirma el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central de Hacienda, que en julio de 2014 respaldó las conclusiones de la Agencia Tributaria frente a la recurrente. La Audiencia Nacional obliga a una sociedad agraria del exdueño del Valencia CF a abonar a Hacienda 9,3 millones de euros por aplicarse deducciones improcedentes por compraventas de suelo entre 2004 y 2006. La sentencia coincide con la Agencia Tributaria en "la inexistencia de una actividad agrícola relevante" en la firma del hermano de los dueños de Mercadona y del Villarreal FC.

La mayor parte de lo reclamado, más de 7,7 millones, son deudas tributarias por deducciones de "gastos no acreditados" y desgravaciones por reinversión de beneficios extraordinarios incorrectamente aplicadas porque no cumplían los requisitos para su aplicación". A ello se suman 1,7 millones de sanción. La sentencia condena a la SAT a las costas y critica su "falta absoluta de diligencia" en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Ante "la inexistencia de una actividad agrícola relevante", la Audiencia ha echado por tierra las millonarias deducciones que se anotó incorrectamente la SAT de Roig al reinvertir beneficios obtenidos por la compraventa de terrenos en Valencia. Aunque intentó colar esos solares como "inmovilizado" propio de su actividad económica, su "actividad real", según Hacienda, era el ladrillo, por lo que debió contabilizar los terrenos como "existencias", sin derecho a aplicarse esos incentivos fiscales.

"En los ejercicios 2005 y 2006 más del 95%, por no decir el 100%, de la actividad económica realizada es inmobiliaria. En consecuencia, ni la Sociedad Agraria de Transformación, ni los socios, ni las sociedades participadas desarrollan una actividad agrícola o ganadera que sea relevante", según interpretó Hacienda, que añadió: "La realidad es que no estamos ante una SAT sino ante una sociedad de régimen general que desarrolla en un sentido amplio la actividad inmobiliaria. En particular la compra venta de terrenos, previa recalificación urbanística en algunos casos de los mismos".

La sentencia confirma la improcedencia de deducciones por facturas que tampoco correspondían "a servicios reales" y desgrana ejemplos de esa nula actividad agrícola, como unos terrenos en el barrio valenciano del Campanar adquiridos por la SAT en 2005. La sociedad de Roig "aportó una factura de 31/12/2006 de venta de cebollas por 6.000,00 euros" a Hortalizas Pepo SL. Pero "tres días antes" había adquirido a esa misma empresa cebollas por idéntico importe, lo que "pone en duda que las cebollas vendidas fueran cultivadas por el obligado tributario y no las mismas que 3 días antes había adquirido", según Hacienda.

En una de esas parcelas, adquirida por 4,7 millones, la SAT aseguró que "cultivó chufas en el 2007, pero una plaga de topillos acabó con la cosecha". Al no acreditar gastos relacionados con esos supuestos cultivos, y teniendo en cuenta que ese suelo "se califica como urbanizable en el nuevo plan general de Valencia", la conclusión de la Agencia Tributaria fue esta: "Resulta más que evidente que su finalidad no pasa por la explotación agrícola sino por su afectación a la actividad urbanística desarrollada por el obligado tributario".

En el caso de otros terrenos en Torres Torres y Algimia de Alfara (Valencia), la SAT presentó facturas por venta de naranjas de la campaña 2005-2006 por importe de 12.686,69 euros, sin especificar en qué parcelas las cultivó ni aportar facturas de la siguiente campaña o de compra de abono o productos fitosanitarios. "Las naranjas vendidas, suponiendo que procedan de estas parcelas, corresponderían a la producción existente en el momento de la adquisición (en su mayoría mediados de 2005), pero estos cultivos no fueron explotados por el obligado tributario en campañas sucesivas", según la Agencia Tributaria. "Ello unido al hecho de que la inversión realizada en Torres-Torres y Algimia supone 2.557.913,12 euros y 4.212.769,53 euros, y de que la mayoría de las parcelas están afectadas por planes urbanísticos" promovidos por La Baronia Golf Valencia Resort SL (otra empresa de Roig), "evidencia que cuando se adquirieron estas parcelas su actividad era la promoción urbanística y no la explotación agraria", según Hacienda.

En aquellos años, Francisco Roig (Poble Nou, Valencia, 1939) estaba en su apogeo inmobiliario, tras dar un pelotazo de 31,6 millones con la venta en 2004 de su 19,2% del Valencia CF, del que fue máximo accionista y su presidente entre 1994 y 1997. El hermano mayor del presidente y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, y de Fernando Roig, dueño del Villarreal FC y magnate del azulejo castellonense, anunció en 2005 una inversión de 3.000 millones para desarrollar diez campos de golf en la Comunidad Valenciana con sus correspondientes urbanizaciones, tras hacerse con más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo rústico.

"No podemos competir con China ni con los países del Este en mano de obra y las naranjas se están abandonando porque ya no son rentables. Con diez campos de golf daríamos más trabajo que Ford España. Los están haciendo en Portugal, Andalucía, Murcia... y nosotros, que tenemos mejor clima, nos estamos quedando a la cola", se quejaba en noviembre de 2006 ante las trabas administrativas que decía encontrar para sus proyectos golfísticos, que según sus cálculos crearían 10.000 empleos. Tras el crack del ladrillo, esas millonarias inversiones se quedaron en nada. La última iniciativa empresarial de Roig, hoy casi un octogenario, fue un parking 100% robotizado en Valencia inaugurado en enero de 2012. Lo explota una empresa cuyo socio único es, precisamente, la SAT Labor de Caballero.

Los campos de golf que intentó promover y que ahora le han costado un pleito millonario con Hacienda también le llevaron al juzgado. Tuvo que comparecer como testigo en la Audiencia de Palma junto a su hermano Alfonso durante la instrucción del caso Nóos para explicar su relación con Iñaki Urdangarin. En abril de 2016, reconoció que en 2006 pagó 156.000 euros en concepto de patrocinio al Instituto Nóos para intentar desbloquear tres campos de golf que entonces intentaba "colocar" a inversores: "No sé qué pasó. Sé que yo pagué y no recibí nada a cambio", declaró. Preguntado por este asunto, Roig ha dicho desconocer si ha recurrido ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado 14 de noviembre: "No tengo ni idea, yo estoy jubilado ya", informa eldiario.es.

Dos comisiones investigarán la Operación Cataluña del PP contra el soberanismo

El Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña han acordado, en paralelo y de manera simultánea, la creación de dos comisiones de investigación para abordar una misma trama: la policía patriótica que, a partir del mes de septiembre del año 2012, organizó la cúpula del ministerio del Interior, bajo la dirección del ex-ministro Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de recopilar, difundir mediáticamente y judicialitzar los marrones de los dirigentes nacionalistas/independentistas catalanes.

Una multitud exige el cierre definitivo de Garoña

La misma tarde en la que Mariano Rajoy hacía un brindis en Vitoria junto a sus compañeros del PP vasco, una multitud tomaba las calles de esa misma ciudad para exigirle al gobierno que descarte por cualquier vía la reapertura de la central nuclear de Garoña. Los reclamos y temores tienen fundamento: el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de esa infraestructura, ubicada a 43 kilómetros de la capital alavesa.

Vicenç Navarro: ¿Qué es socialismo?

A raíz de la reciente publicación de mi artículo El porqué del declive electoral del PSOE: los entramados de sus equipos económicos, he recibido bastantes comentarios de los cuales valoro especialmente el artículo publicado en Público ¿Está el proyecto político ‘Por una nueva socialdemocracia’ inspirado en el Programa de Unidos Podemos?, firmado por mi apreciado colega, el economista Manuel Escudero, que dirige el equipo económico de la candidatura de Pedro Sánchez para el puesto de Secretario General del PSOE.

Marcha en Errenteria por los jóvenes encarcelados y contra la represión fascista del PP

Unas 3.000 personas han marchado por las calles de Errenteria para mostrar su apoyo a los tres jóvenes de la localidad que fueron detenidos tras los incidentes del pasado sábado en Iruñea y posteriormente encarcelados acusados de «desórdenes públicos y terrorismo» por la mafia judicial del PP. La marcha silenciosa ha estado encabezada por los familiares de los tres jóvenes, que han portado una pancarta en la que se podía leer «Gure seme-alaben etorkizunaren alde!». A lo largo del recorrido se han colocado numerosas pancartas que reclamaban la puesta en libertad de los tres errenteriarras. Entre los asistentes han estado el alcalde de la localidad, Julen Mendoza, y Pello Urizar, parlamentario de EH Bildu y secretario general de Eusko Alkartasuna.

Tras pasar por las principales calles de la localidad, la manifestación ha concluido con una cerrada ovación. La madre de uno de los jóvenes, visiblemente emocionada, ha agradecido su apoyo a todos los presentes y ha señalado que «entre todos conseguiremos traerlos a casa». En la rueda de prensa que ofrecieron ayer para convocar esta marcha, las familias pidieron que sus hijos salgan en libertad condicional y que «se descalifique como terrorismo» y la causa sea devuelta al juzgado ordinario. Rechazaron «los actos violentos acontecidos», así como «cualquier tipo de expresión violenta», informa Naiz.

Una multitud exige el cierre definitivo de Garoña

La misma tarde en la que Mariano Rajoy hacía un brindis en Vitoria junto a sus compañeros del PP vasco, una multitud tomaba las calles de esa misma ciudad para exigirle al gobierno que descarte por cualquier vía la reapertura de la central nuclear de Garoña. Los reclamos y temores tienen fundamento: el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de esa infraestructura, ubicada a 43 kilómetros de la capital alavesa.

El desarme de ETA, el 8 de abril

Los representantes de la sociedad civil han anunciado que se procederá al desarme de ETA el próximo 8 de abril. En la operación participarán «cientos de personas» de la sociedad civil y numerosos cargos electos. Txetx Etcheverry, uno de los «artesanos de la paz» detenidos en Luhuso, ha anunciado al diario ‘Le Monde’ que procederán el desarme de ETA será el 8 de abril: «ETA nos ha confiado la responsabilidad del desarme de su arsenal y, en la tarde del 8 de abril, ETA estará totalmente desarmada», ha declarado.

Osácar (CDC) culpó a Duran y a El Mundo de su declive electoral

El ex tesorero de CDC culpó a El Mundo y a Josep Antoni Duran Lleida del fracaso electoral de su partido en 2012. Daniel Osàcar escribió una carta a Artur Mas el 27 de noviembre de 2012, dos días después de las elecciones, que ha sido intervenida en los registros del caso 3%. En ella, el tesorero realizaba un análisis de las causas que habían provocado la pérdida de 12 diputados por parte de CiU.

Una multitud exige el cierre definitivo de Garoña

La misma tarde en la que Mariano Rajoy hacía un brindis en Vitoria junto a sus compañeros del PP vasco, una multitud tomaba las calles de esa misma ciudad para exigirle al gobierno que descarte por cualquier vía la reapertura de la central nuclear de Garoña. Los reclamos y temores tienen fundamento: el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno a la puesta en marcha de esa infraestructura, ubicada a 43 kilómetros de la capital alavesa. A la marcha, convocada por la Iniciativa Araba sin Garoña, se han adherido unos 250 colectivos que han firmado un manifiesto en el que exigen a los partidos que supediten cualquier eventual acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy a que promulgue una orden ministerial contraria a la reapertura de Garoña.

La manifestación celebrada este sábado había sido convocada por Araba sin Garoña, una iniciativa que trata de poner freno a los planes del CSN. Entre otras razones, los componentes de este colectivo argumentan que esta vieja planta pondría en grave peligro a varios miles de personas, además de significar una seria amenaza para el medio ambiente. Programada en 1971 para tener una vida útil de 40 años, la polémica central estuvo en funcionamiento hasta 2012. Su dueña, Nuclenor, quiere reabrirla, algo que el CSN permitiría a cambio de aplicar algunas mejoras.

Los parentescos de Garoña son aterradores: la instalación burgalesa es considerada por los expertos como la “hermana gemela” de Fukushima. No en vano, el nombre de la accidentada infraestructura japonesa ha estado muy presente en la movilización de este sábado en Vitoria. “Hoy, con este tsunami humano, queremos derribar el muro detrás del que se esconden los defensores de la reapertura” de esta central, afirmó el militante ecologista y portavoz de Araba sin Garoña, Alberto Frías.

En las últimas semanas, ese espíritu tomó forma de manifiesto. A través de una declaración, cien personalidades alavesas de distintos ámbitos reclamaron a las instituciones que hagan todo lo que esté a su alcance para evitar la temida reapertura. En plenas negociaciones entre PNV y PP para sacar adelante los presupuestos vascos –lo que podría tener su reflejo en las cuentas del Estado, que podrían recibir el apoyo de los cinco diputados nacionalistas en Madrid-, los firmantes reclamaron el “compromiso expreso de poner el cierre de Garoña encima de la mesa de negociaciones”. “Para ello, emplazamos a los partidos políticos con representación en Álava a supeditar cualquier eventual acuerdo con el gobierno del Partido Popular, a que la preceptiva orden ministerial sea contraria a la reapertura de la central”, exigieron. “Para la ciudadanía alavesa –advirtieron- sí existe una línea roja: la del respeto a la voluntad popular mayoritaria que lleva años exigiendo el cierre definitivo de esta central nuclear”.

Ese reclamo se hizo sentir en las calles de Vitoria, y también en el campo del Alavés. “Ahora mismo en Mendizorroza se está escuchando el grito 'Nuklearik Ez' (Nucleares No)”, avisó Frías la multitud que desbordaba la Plaza de la Virgen Blanca, al punto de convertir esta manifestación en la más numerosa de las celebradas hasta ahora por el movimiento ciudadano contra Garoña. “Esta situación delirante y espeluznante no solo es posible por la política del PP, que cambió la legislación ad hoc y convirtió al CSN en un apéndice del propio Gobierno, sino también por la inacción del resto de partidos, que dicen defender en público el cierre definitivo de Garoña pero en la práctica no han puesto los instrumentos necesarios sobre la mesa”, denunció Frías durante esta movilización, que contó con el respaldo de la mayoría de sindicatos, así como de EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza o PSE.

La Iniciativa Araba sin Garoña ha reclamado a los partidos que no firmen ningún acuerdo con el PP si este no va acompañado por un compromiso para el cierre de Garoña y ha instado a las formaciones políticas a que dejen de presentar mociones y proposiciones no de ley en el Congreso sobre este asunto y lleven a la Cámara Baja una proposición de ley que obligue al cierre definitivo de la central, informa Naiz.

Precisamente el pasado 7 de marzo todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, aprobaron una proposición no de ley de EH Bildu para exigir el cierre de Garoña, su desmantelamiento y la puesta en marcha de un plan alternativo de reindustrialización de la zona. En tal sentido, el portavoz de Araba Sin Garoña aseguró que la histórica manifestación de este sábado “marcará un antes y un después” en la lucha de este colectivo. “Vamos a estar muy vigilantes, y denunciaremos cada uno de los postureos que se vuelvan a repetir”, informa Público.

Dos comisiones investigarán la Operación Cataluña del PP contra el soberanismo

El Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña han acordado, en paralelo y de manera simultánea, la creación de dos comisiones de investigación para abordar una misma trama: la policía patriótica que, a partir del mes de septiembre del año 2012, organizó la cúpula del ministerio del Interior, bajo la dirección del ex-ministro Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de recopilar, difundir mediáticamente y judicialitzar los marrones de los dirigentes nacionalistas/independentistas catalanes. Es lo que el comisario José Manuel Villarejo, actualmente jubilado, definió delante del juez instructor del caso del Pequeño Nicolás como la "Operación Cataluña".

EEUU: Inteligencia entrega al Congreso pruebas sobre el espionaje a Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el pasado 4 de marzo a Obama de haber "pinchado" las comunicaciones telefónicas de la Torre Trump de Nueva York durante la campaña electoral. El Departamento de Justicia de EEUU ha entregado este viernes un informe a los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado con información sobre el presunto espionaje al presidente, Donald Trump, por parte de su predecesor, Barack Obama.

Maíllo (PP) imputado por el expolio de Caja España

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha denunciado ante la Fiscalía nueve antiguas operaciones financieras de las rescatadas Caja España y Caja Duero, una decisión incómoda para el PP, que ya ha salido a afirmar que las presuntas irregularidades en Caja España no afectan a su número tres, Fernando Martínez Maíllo, quien fuera consejero de la entidad, y que tiene que declarar en calidad de investigado (antiguo imputado) por una operación investigada con anterioridad.