dimarts, 25 d’abril de 2017

BCN denuncia un fraude de 3,3 millones de FCC en la limpieza y recogida de residuos

El Ayuntamiento de Barcelona acusa a la empresa FCC de haber incurrido en un fraude de 3,3 millones de euros en el servicio de limpieza y recogida de residuos en la zona de Gràcia y de parte del Eixample. De esa cantidad, 1.268.000 millones de euros suponen el servicio no prestado o prestado en condiciones inferiores a las previstas por contrato, con menos personal, según la investigación municipal desarrollada en el marco de un expediente administrativo abierto a finales del 2016. Otros 2,1 millones de euros se corresponden con penalizaciones previstas legalmente por el incumplimiento detectado, en el caso de que la adjudicataria lo hubiera comunicado. La cantidad excede en mucho la primera que se barajó en noviembre como constitutiva del posible fraude de FCC: 800.000 euros.

Si bien el fraude estricto afecta a la primera cantidad, el gobierno municipal considera que las penalizaciones, previstas por no informar de que no se ha cumplido el servicio, también forman parte de lo defraudado. Los tenientes de alcalde Janet Sanz y Jaume Asens han comparecido este martes para explicar el desenlace del expediente informativo, que será llevado al pleno, que deberá posicionarse sobre si abre ahora un expediente sancionador. En ese caso, y una vez concluya el trámite de ese hipotético expediente sancionador, volvería al pleno, donde se determinarían sus conclusiones.

Este viernes, pues, los grupos votarán sobre si se inicia una segunda fase que puede culminar, según ha subrayado Asens, de distintos modos: desde una sanción de 500.000 euros hasta la resolución del contrato con FCC y la inhabilitación de la empresa para optar a más concursos y que se le reclame una indemnización. El gerente de Recursos, Joan Linares, ha explicado que la inhabilitación podría ser también de origen judicial. El gobierno municipal ha entregado este mismo martes las conclusiones de su expediente informativo a la fiscalía, que investiga el caso desde noviembre.

Sanz ha precisado los datos del fraude detectado: en el 2014, FCC “alteró de manera consciente e intencionada” 30 de los 6.200 servicios anuales de recogida de residuos voluminosos para evitar un salto de banda del contrato y, en consecuencia, de un precio por tonelada más bajo. Ello, según la concejala, evitó la llegada de muchos residuos voluminosos a las plantas previstas. La investigación acredita también, ha proseguido Sanz, que el mismo año la empresa mezcló 1.863 contenedores con residuos de envases y de residuos orgánicos para evitar otro salto previsto en el contrato que le hubiera supuesto ver reducidos sus ingresos, informa El Periódico.

Rubí vence a Sant Cugat en su lucha contra los vertederos

Con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del Plan especial para la regulación de las actividades extractivas y su restauración, impulsado por el Ayuntamiento de Rubí y aprobado por la Comisión de Urbanismo de Barcelona, se acaba una larga batalla de los vecinos y de los ecologistas de esta ciudad del Vallès contra la proliferación de vertederos en su territorio.

Anticorrupción pide prisión para Jordi Pujol Ferrusola

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión de Jordi Pujol Ferrusola en la tercera comparecencia del primogénito del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, por el origen irregular de la fortuna familiar. Pujol Ferrusola declara ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para responder en esta ocasión a las revelaciones de los últimos informes de la UDEF que apuntan a que ocultó 30 millones de euros desde 2012, cuando se le comenzó a investigar.

Archivada la investigación contra Marhuenda y Casals

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Fuentes jurídicas han informado del archivo de esta parte de la investigación, acordada a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El jefe fiscal anticorrupción Manuel Moix rechaza dimitir y se inhibe de los chivatazos a González.

Anticorrupción pide prisión para Jordi Pujol Ferrusola

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y acusación popular que ejerce Podemos han pedido el ingreso en prisión de Jordi Pujol Ferrusola tras la tercera comparecencia del primogénito del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, por el origen irregular de la fortuna familiar. Pujol Ferrusola declara ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para responder en esta ocasión a las revelaciones de los últimos informes de la UDEF que apuntan a que ocultó 30 millones de euros desde 2012, cuando se le comenzó a investigar. El cambio de opinión de la Fiscalía se debería a esta revelación que apunta a que Jordi Pujol y su exmujer Mercé Gironés llevan desde 2012 siguiendo “una estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España” ocultando millones en el extranjero.

La última vez que el encausado declaró ante la Audiencia fue en febrero de 2016, cuando el juez le impuso la prohibición de salir de España después de 3 horas y media de comparecencia a petición propia para hablar de su dinero acumulado en Andorra y que la familia atribuye a una herencia. También le retiró el pasaporte y le impuso comparecencias semanales en el juzgado en un auto en el que De la Mata afirmaba que el primogénito de Jordi Pujol Soley “faltó claramente a la verdad” sobre su fortuna.

La primera vez que declaró ante este tribunal fue un año y medio antes, en ese caso para explicar los 11 millones de euros que cobró de empresarios que contrataban con la Generalitat por labores de intermediación. El juez también le investiga por crear un entramado societario internacional para blanquear dinero y por la fortuna familiar en Andorra que él manejó y cuyo origen los Pujol (que la atribuyen a una herencia) no han podido probar.

Ahora, Jordi Pujol ‘Júnior’ deberá dar explicaciones sobre la ocultación de su patrimonio en otros países, usando una estrategia que, dice la Policía, tenía como finalidad “sustraer activos patrimoniales” en previsión de una posible condena que suponga el pago de multas o responsabilidades civiles, que supondrían “de facto”, recuerda la Policía, “la liquidación de sus activos”. Pese a que en un primer informe la Policía elevaba a 14 los millones que mantuvo ocultos Jordi Pujol hijo desde que comenzó la investigación contra él, en otro posterior cifra en 29,9 millones los que pudo esconder con esa estrategia de despatrimonialización.

De esa cantidad, 9,4 millones de euros procedían de “negocios jurídicos ficticios” que en realidad no existían pero que Pujol “Júnior” usaba para mover su dinero y mantenerlo fuera del alcance de la Justicia; otros 12,3 millones provenían de “inversiones no repatriadas y pérdidas internacionales ficticias” y el resto, 8,1 millones, de plusvalías no declaradas.

Ante el riesgo de destrucción de pruebas y la reiteración delictiva denunciada por los agentes adscritos al caso, en esta ocasión el primogénito de la familia Pujol se ha tenido que enfrentar a una petición de prisión por parte de todas las acusaciones personadas en la causa, Anticorrupción, Abogacía del Estado y la popular que ejerce Podemos, informaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

La UDEF recuerda en esos informes otros “mecanismos espurios” de Pujol Ferrusola y su exmujer para “sustraer capitales de la acción de la justicia ocurridos además desde que comenzó el procedimiento judicial” que ya se plasmaron en otros momentos de la investigación. Se trata de operativas relacionadas con un ciudadano mexicano, transacciones cruzadas con su mercantil en México Ecrem, unos presuntos falsos préstamos a un ciudadano francés, la donación de bienes a su hija y posterior compra por parte de ésta de un bien inmueble a la empresa de su padre, las citadas transferencias a las sociedades mexicanas Plantaciones Forestales y Anzuelos Soluciones SA de CV y unos préstamos notariales.

También recoge otras operaciones anteriores, como la inversión que hizo junto a un socio de “al menos 5 millones de dólares” en la construcción de un casino en Rosario (Argentina), en 2005, una operación que puede esconder un supuesto blanqueo de capitales, informa La Vanguardia.

Jordi Pujol Ferrusola evadió 30 millones de euros

La Policía Judicial ha elevado a 30 millones de euros los fondos supuestamente evadidos fuera de España por Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) había detectado operaciones de «despatrimonialización» realizadas por el primogénito del clan catalán que ascendían al menos a 14 millones de euros. Tras un nuevo análisis, la Udef dobla con creces esta cifra hasta alcanzar exactamente 29.917.589,20 euros. En este último cálculo la Udef incluye «negocios jurídicos ficticios, inversiones no repatriadas o pérdidas internacionales ficticias».

El TSJC, Artur Mas y la jueza casada con un imputado del 3%

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha propuesto trasladar al área contenciosa del alto tribunal a la magistrada de la sala civil y penal, Núria Bassols (foto), esposa de uno de los empresarios detenidos en la trama del 3% y a la que el 'expresident' Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia nada menos, en una prueba más de los conductos siniestros que unen las tramas mafiosas y fascistas de la corrupción nazicatólica hispana.

Millet se llevó al menos 2'3 millones para obras en sus casas

Los peritos de la defensa del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y del que era su mano derecha, Jordi Montull, han reconocido este lunes en juicio que los acusados hicieron obras en sus casas particulares por más de 2,3 millones de euros que cargaron a la institución cultural, junto a 648.000 € en viajes privados con sus familias a México, Polinesia, Tailandia, Egipto, Kenia, Maldivas y Dubai.

Llach: “La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de desconexión”

La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de transitoriedad jurídica que está pendiente de aprobación en el Parlament y que pretende romper con el sistema legal español. Así lo asegura Lluís Llach, diputado de la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí), en varias conferencias públicas celebradas en los últimos tres meses.

Llach: “La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de desconexión”

La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de transitoriedad jurídica que está pendiente de aprobación en el Parlament y que pretende romper con el sistema legal español. Así lo asegura Lluís Llach, diputado de la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí), en varias conferencias públicas celebradas en los últimos tres meses. “En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios”, dijo Llach en una charla organizada por Òmnium Cultural el pasado marzo en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Llach, cantautor y uno de los 11 diputados de JxSí que no está adscrito a ningún partido, ha sido presidente de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament y tiene un papel relevante en la acción de divulgación de los objetivos de JxSí. En aquel acto de Sant Sadurní, Llach destacó que la ley de transitoriedad “es la ley más importante. El día que la aprobemos, se producirá una sacudida, incluso si la aplicamos parcialmente, que es lo que ahora estamos discutiendo”. La ley de transitoriedad jurídica está previsto que se apruebe durante este verano en una votación exprés en el Parlament, paso previo a la convocatoria del referéndum unilateral. Pocos diputados de JxSí y la CUP, y ningún grupo de la oposición, han podido consultar el proyecto ley. Altos cargos del Gobierno catalán, del PDeCAT y ERC han explicado públicamente que el momento más difícil del proceso de independencia será la aprobación de esta ley, que supondrá la ruptura con la normativa legal vigente.

Los líderes del independentismo han hecho hincapié en la necesidad de movilizar a su base social para dar apoyo al Parlament y al gobierno ante posibles inhabilitaciones por parte de la justicia. El presidente del PDeCAT, Artur Mas, aseguró en febrero en un acto de la ANC: “Debemos tener un esquema de movilización organizada que ponga muy difícil al Estado impedir el referéndum o que sea enorme el coste que tenga que pagar para impedirlo”. Mas añadió: “Precintar locales [electorales del referéndum] no es tan fácil; de la misma forma que se precintan, se desprecintan”. Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia y diputada de JxSí, advirtió también en febrero de que “llega el momento de la gran desobediencia, total, la de la ley de transitoriedad jurídica”.

Llach añade más luz en sus conferencias, en este caso sobre la presión que se aplicará a los funcionarios que no acepten la unilateralidad: “Lo que prevé la ley de transitoriedad jurídica es que a partir de ese momento, en todo aquello que concierne al desarrollo hacia la independencia, las leyes que deben seguirse serán las catalanas. Por lo tanto, los funcionarios deberán obedecer estas leyes. El día que haya una ley hecha por el Parlamento de Cataluña, tiene que ser obedecida si no será sancionada (sic) por todos los funcionarios, sean los que sean. Y en cualquier caso, los funcionarios deberán preguntarse 'y si no obedezco esta ley catalana, ostras, ¿qué pasará?".

“El nuevo Estado pedirá responsabilidades”

Llach ya transmitió un mensaje similar en otra reunión con simpatizantes de la ANC convocada a finales de enero en Barcelona. Aquel encuentro se celebró cinco días después de la renuncia del exsenador Santiago Vidal por revelar supuestos planes ilegales y secretos del gobierno catalán. Llach dijo entonces, sobre los empleados públicos, que “el día que haya la ley de transitoriedad jurídica, el que no crea en ella, será sancionado”. El diputado de JxSí añadió: “Cuando nos dicen 'es que hay un ayuntamiento...' El día que haya esta ley, este ayuntamiento, este funcionario o este mosso puede ser sancionado. Cada uno ha de valorar las posibilidades de sanción. Existe la posibilidad que nosotros alcancemos la independencia, y por lo tanto la gente deberá pensarse muy seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan en serio, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en vigor, aquel que no responda a la legalidad catalana podrá ser sancionado por el Estado catalán”.

Llach ha insistido en numerosas conferencias que el Departamento de Economía está listo para sancionar a los contribuyentes en caso de incumplir con sus obligaciones fiscales: “La declaración de independencia la haríamos en el mes de septiembre, y nuestras primeras declaraciones de renta serán en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña, sea sancionado. Nada más que esto. El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y los funcionarios verá qué hace y responsabilizarse de sus actos. Pero es un tema que [al Departamento de Economía] no preocupa demasiado. Es como si lo tuvieran muy solucionado, yo no puedo explicar nada pero cuando preguntas, solo te dicen que vamos un poco cortos de tiempo”.

Fuentes oficiales de la Generalitat consultadas por EL PAÍS no desmienten a Llach pero aseguran que “el gobierno ya ha dejado claro que se garantizará en todo momento la seguridad jurídica del proceso mediante los marcos legales que impulse el parlamento. En consecuencia, ningún funcionario será expuesto en ningún momento a ningún tipo de riesgo. El proceso catalán es fundamentalmente político y por lo tanto todas las responsabilidades y decisiones se sitúan exclusivamente en el ámbito político”. Las mismas fuentes indican que “la ley de transitoriedad jurídica la hace el Parlament y por lo tanto no le corresponde al gobierno hacer valoraciones”, informa El País.

Millet se llevó al menos 2'3 millones para obras en sus casas

Los peritos de la defensa del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y del que era su mano derecha, Jordi Montull, han reconocido este lunes en juicio que los acusados hicieron obras en sus casas particulares por más de 2,3 millones de euros que cargaron a la institución cultural, junto a 648.000 € en viajes privados con sus familias a México, Polinesia, Tailandia, Egipto, Kenia, Maldivas y Dubai.

Rubí vence a Sant Cugat en su lucha contra los vertederos

Con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del Plan especial para la regulación de las actividades extractivas y su restauración, impulsado por el Ayuntamiento de Rubí y aprobado por la Comisión de Urbanismo de Barcelona, se acaba una larga batalla de los vecinos y de los ecologistas de esta ciudad del Vallès contra la proliferación de vertederos en su territorio.

La UE multará a Gran Bretaña por fraude aduanero de 2.000 millones de €

Gran Bretaña tendrá que pagar una multa de 2.000 millones de euros por su fracaso en el control del fraude aduanero antes de poder acordar un pacto comercial post-Brexit con la UE, afirman fuentes de Bruselas a The Times.

La UE multará a Gran Bretaña por fraude aduanero de 2.000 millones de €

Gran Bretaña tendrá que pagar una multa de 2.000 millones de euros por su fracaso en el control del fraude aduanero antes de poder acordar un pacto comercial post-Brexit con la UE, afirman fuentes de Bruselas a The Times. Las autoridades europeas creen que HM Revenue & Customs no está tratando de frenar las bandas criminales chinas que infravaloran sistemáticamente las mercancías importadas a la UE a través de Dover y Felixstowe, evitando miles de millones de libras esterlinas en derechos de aduana e IVA. "Este fraude todavía está sucediendo y Gran Bretaña lo sabe", dijo una fuente de la Comisión Europea. "Esto surgirá en las discusiones comerciales y tendrá un impacto en las futuras relaciones aduaneras entre la UE y Gran Bretaña".

Las cifras oficiales obtenidas por The Times revelan que las bandas criminales, con sede en Gran Bretaña pero que operan a nivel internacional, han duplicado el volumen de carga fraudulenta que envían a Europa a través de los puertos británicos en tres años. Los envíos sospechosos de ropa y zapatos importados a través de Gran Bretaña desde China aumentaron de 192 millones de kilogramos en 2013 a más de 407 millones de kilogramos el año pasado. Los investigadores dicen que los negocios criminales sofisticados han hecho de Gran Bretaña su puerta de entrada al mercado europeo.

Las bandas eligen Gran Bretaña porque se les permite declarar las mercancías importadas a valores increíblemente bajos. La oficina antifraude de la UE, Olaf, dice que el valor medio declarado en la frontera del Reino Unido para los pantalones de algodón para mujeres fue de 0,91 euros por kg, en comparación con un promedio de la UE de 26,09 euros. El impuesto de aduana se carga en el 12% del valor declarado así que los defraudadores hacen ahorros enormes declarando en Gran Bretaña.

La gravedad del fraude se exacerba porque el 86% de las mercancías sospechosas son inmediatamente reexportadas al continente, usualmente por "compañías en la sombra" que desaparecen sin pagar IVA. Los datos muestran que la cantidad de bienes sospechosos reexportados desde Gran Bretaña casi se triplicó de 134 millones de kg en 2013 a 353 millones de kg el año pasado.

Meg Hillier, presidenta del Comité de Cuentas Públicas de los Comunes, dijo que había pedido a la Oficina Nacional de Auditoría que examinara las cuestiones del fraude en el consumo y la criminalidad organizada en la frontera. "HMRC necesita ponerse al tope de esto porque Gran Bretaña es ahora vista por estas bandas de delincuencia como el vientre blando de Europa", dijo. "Por el agua encuentran la ruta más fácil y los estafadores también buscan la manera más fácil. Encontrarán todas las lagunas. Gran Bretaña ha llegado a ser un toque suave. Nos ha preocupado que el HMRC haya tardado en actuar. Estos criminales son muy listos y se mueven muy rápido, pero también hay un problema de competencia y tenemos que preguntar si HMRC puede mantener el ritmo".

Hillier dice que el fracaso para hacer frente a los estafadores daña a las empresas británicas: "La principal pérdida puede ser para el presupuesto de la UE, pero las empresas británicas se ven afectadas por esto porque están siendo subestimadas por personas que no están pagando aranceles e impuestos. Crea un campo de juego desigual y eso golpea los trabajos británicos". Olaf ha calculado las pérdidas por impuestos especiales en 2.000 millones de euros y la pérdida de IVA en 3.200 millones de euros entre 2013 y 2016, informa The Times.

Xi y Trump discuten sus relaciones y la situación en Corea

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, discutieron hoy los lazos bilaterales y la situación en la península coreana en una conversación telefónica en la que se comprometieron a "mantener un contacto estrecho a través de varias vías para intercambiar perspectivas sobre los principales asuntos de preocupación común".

Arena: la demanda y los 'ladrones' de playas, al alza

La demanda de arena crece año tras año. A su uso para la construcción de carreteras y viviendas, se ha sumado en los últimos años la demanda de la industria del fracking, que usa arena junto a componentes químicos y agua para fracturar las densas formaciones rocosas que esconden el petróleo y el gas. Esta fuerte demanda está superando a la oferta y encareciendo esta materia prima.

Firmas para pedir la "disolución" del PP por ser una organización criminal

La cacerolada que se está promoviendo para esta tarde frente a la sede en la calle Génova de Madrid del PP, ha venido acompañada de una recogida de firmas que reclama al Consejo General del Poder Judicial la “disolución del Partido Popular conforme a la Ley de Partidos”.

Rubí vence a Sant Cugat en su lucha contra los vertederos

Con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del Plan especial para la regulación de las actividades extractivas y su restauración, impulsado por el Ayuntamiento de Rubí y aprobado por la Comisión de Urbanismo de Barcelona, se acaba una larga batalla de los vecinos y de los ecologistas de esta ciudad del Vallès contra la proliferación de vertederos en su territorio. La empresa TMA Grup Sánchez, que hace la recogida de los desechos de Sant Cugat del Vallès, había convertido el municipio vecino de Rubí en el depósito final de la basura, a pesar de la oposición del Ayuntamiento y de los vecinos.

A partir de ahora, la apertura de nuevas minas a cielo abierto para la extracción de arcillas y grabas estará muy limitada y controlada, así como la posterior restauración de los agujeros. Entre otras medidas restrictivas, este plan prevé que sólo podrán haber 15 hectáreas dedicadas a la explotación minera y que, una vez agotada la concesión, se tiene que proceder a su cobertura con tierra y no con desechos urbanos e industriales, como pasaba hasta hace poco.

Rubí se había convertido, en los últimos años, en el patio trasero de esta zona del Vallès. Si en Cataluña hay 948 municipios y un total de 95 vertederos autorizados, en Rubí "tocaban" dos (Can Carreras y Can Canyadell) y un tercero (Can Balasc) en trámite de aprobación por parte de la Generalitat, además de diversos vertidos clandestinos en los agujeros de las antiguas explotaciones mineras que no se han restaurado. Esta situación, además de territorialmente injusta, provocaba numerosas molestias en el vecindario: malos olores, intenso tránsito de camiones a todas horas, ruidos...

La empresa de recogida y tratamiento de desechos TMA Grup Sánchez había colonizado el municipio de Rubí para depositar los residuos urbanos de la vecina ciudad de Sant Cugat del Vallès, donde tiene el cuartel general y dónde disfruta, desde hace años, de la protección del sector negocios de Convergencia. A través de su filial Grupo FSM Vertispania SL, la empresa de Sant Cugat explotaba el vertedero de Can Carreras y había tramitado, a través de la filial Arrins SL, la apertura del nuevo vertedero de Can Balasc.

El sentimiento de agravio por ser el territorio receptor de los desechos de los vecinos ricos de Sant Cugat cristalizó en la creación de la plataforma Rubí Sin Vertederos, que ha encabezado numerosas movilizaciones de protesta y ha presionado al ayuntamiento de la localidad para que extremara la vigilancia de estas actividades y se opusiera a los planes expansivos de TMA Grup Sánchez.

De este modo, se pudo detectar, por ejemplo, que en el vertedero de Can Carreras se estaban tirando residuos no autorizados, como por ejemplo material hospitalario. Las reiteradas denuncias municipales, que llegaron a la Comisión Europea, acabaron haciendo mella en la Agencia de Residuos de Cataluña (ARCO) -que, tradicionalmente, había tenido una actitud muy blanda con TMA Grup Sánchez- y ahora hace un año prohibió que los camiones continuaran tirando basura en el vertedero de Can Carreras, al haber excedido con creces su capacidad de almacenamiento, informa El Triangle.

Millet se llevó al menos 2'3 millones para obras en sus casas

Los peritos de la defensa del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y del que era su mano derecha, Jordi Montull, han reconocido este lunes en juicio que los acusados hicieron obras en sus casas particulares por más de 2,3 millones de euros que cargaron a la institución cultural, junto a 648.000 € en viajes privados con sus familias a México, Polinesia, Tailandia, Egipto, Kenia, Maldivas y Dubai.

"Escribá vendía un bote de un kilo de Minerval en polvo por 18.000 €"

"Escribá vendía un bote de un kilo de Minerval en polvo por unos dieciocho mil euros y aconsejaba a los clientes que tomaran diariamente tres cucharadas soperas del preparado mezclándolas con yogur. ¿Por qué? Porque se trataba de un compuesto muy astringente que al ser tomado puro te dejaba rasposa la lengua".

Archivada la investigación contra Marhuenda y Casals

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Fuentes jurídicas han informado del archivo de esta parte de la investigación, acordada a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El jefe fiscal anticorrupción Manuel Moix rechaza dimitir y se inhibe de los chivatazos a González.

Archivada la investigación contra Marhuenda y Casals

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals, por coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Fuentes jurídicas han informado del archivo de esta parte de la investigación, acordada a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El jefe fiscal anticorrupción Manuel Moix rechaza dimitir y se inhibe de los chivatazos a González.

Marhuenda y Casals declararon como imputados la pasada semana por supuestas coacciones a la presidenta madrileña para que no llevara a la Fiscalía un informe sobre supuestas irregularidades del Canal de Isabel II. En el caso Lezo sobre la supuesta corrupción en el Canal ha sido detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de la empresa editora del diario La Razón y considerado hombre de confianza en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, también detenido en el caso.

Moix rechaza dimitir y se inhibe de los chivatazos a González

El jefe fiscal anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado que no va a dimitir y que no le consta que se estuviera filtrando al expresidente de Madrid Ignacio González y a su entorno la investigación que se hacía sobre ellos. Moix ha señalado que, según la información que tiene, la decisión del juez de colocar un micrófono en el despacho de González no fue para evitar esas supuestas filtraciones sino que era parte de la investigación. El fiscal jefe Anticorrupción afirma que no conoce la conversación en la que el expresidente madrileño habría manifestado su satisfacción por su nombramiento y ha opinado que dichas informaciones no afectarían a su credibilidad.

“Que esa persona que consideraba que mi nombramiento le iba a favorecer yo he ordenado su prisión pone de manifiesto la objetividad e independencia sobre la que la Fiscalía Anticorrupción trabaja”, ha indicado Moix. Al ser preguntado por la relación que tiene con González, el fiscal jefe ha dicho que no son amigos, sino que mantuvieron relaciones institucionales. Moix cree que ha habido “un malentendido” cuando se ha dicho que él se negó a investigar a González en la operación sobre el Canal Isabel II y ha dicho que él defendió que no debía hacerse en una operación del año 2001, en la que el expresidente no tenía responsabilidades en la Comunidad de Madrid, “sino en otro procedimiento”.

Moix no veía claro acusar a González de organización criminal pero “si después de la documentación ocupada y las pruebas se practiquen se acredita, no habrá ningún problema”
Preguntado sobre si se habría opuesto a acusar a González de organización criminal, ha reconocido que “no lo veía claro” y que “si después de la documentación ocupada y las pruebas se practiquen se acredita, no habrá ningún problema”. “Se han hecho los registros, se ha solicitado por la fiscalía la prisión y no entiendo cuál es el criterio que se utiliza para decir que yo torpedeo” la investigación, ha dicho Moix, quien ha reiterado que no se ha planteado dimitir, informa La Vanguardia.

Casals (La Razón): "¿Quién se puede imaginar que desde un diario se puede presionar?"

La Operación Lezo ha dejado ya los primeros paseíllos ante la Audiencia Nacional. Francisco Marhuenda (meme sobre su medalla de policía honorario con el opusitorio Fernández) y Mauricio Casals, director y presidente del panfleto nazi La Razón respectivamente, han acudido este jueves a declarar ante el juez Eloy Velasco, imputados ambos por un delito de coacciones por presionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Firmas para pedir la "disolución" del PP por ser una organización criminal

La cacerolada que se está promoviendo para esta tarde frente a la sede en la calle Génova de Madrid del PP, ha venido acompañada de una recogida de firmas que reclama al Consejo General del Poder Judicial la “disolución del Partido Popular conforme a la Ley de Partidos”. La petición señala “la densidad de casos aislados de corrupción que está creciendo tanto”. La recogida pretende llegar a las 2.500 firmas y ya ha superado las 1.700 en Change.org.

El Fiscal General y el jefe Anticorrupción trabajan para la mafia del PP

El Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, trató de impedir el registro y la detención de Ignacio González (PP) en la jornada de ayer. Lo hizo a través de su cargo orgánico y contando con la aprobación del Fiscal General del Estado que lo designó, José Manuel Maza

Querella contra el negocio de los Montoro por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes del despacho Equipo Económico, la consultora que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), y contra el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel, por la adjudicación a dedo de un contrato en 2012.

De la Joya admite que OHL transfirió 1,4 millones a González en Suiza

El empresario Adrián de la Joya, investigado por su presunta implicación en la llamada Operación Lezo de corrupción del PP, reconoció al juez Eloy Velasco, el pasado 20 de abril, que el yerno de Juan Miguel Villar Mir (der. foto con I. González), dueño del grupo OHL, le transfirió 1,4 millones de euros en concepto de comisión para hacerlos llegar al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Firmas para pedir la "disolución" del PP por ser una organización criminal

La cacerolada que se está promoviendo para esta tarde frente a la sede en la calle Génova de Madrid del PP, ha venido acompañada de una recogida de firmas que reclama al Consejo General del Poder Judicial la “disolución del Partido Popular conforme a la Ley de Partidos”. La petición señala “la densidad de casos aislados de corrupción que está creciendo tanto”. La recogida pretende llegar a las 2.500 firmas y ya ha superado las 1.700 en Change.org. Los firmantes apelan al último escándalo masivo de corrupción que afecta a 60 personas del PP y entorno, la Operación Lezo: “Todas las investigaciones, de ésta y otras ‘Tramas’, apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación 'organizada' o partido llamada Partido Popular”, señalan.

Además, ponen en entredicho la independencia del Ministerio Fiscal, en concreto de Javier Moix, señalado por las “escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del remplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix”. “Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta vulneración flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente cuando hablamos de juzgar a políticos”.

“Pedimos la disolución judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos”, señalan los firmantes, que explican el desarrollo legal de la citada ley y que permite disolver un partido cuando incurra en “asociación ilícita”, “cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos” y “cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”, informa El Plural.

De la Joya admite que OHL transfirió 1,4 millones a González en Suiza

El empresario Adrián de la Joya, investigado por su presunta implicación en la llamada Operación Lezo de corrupción del PP, reconoció al juez Eloy Velasco, el pasado 20 de abril, que el yerno de Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo OHL, le transfirió 1,4 millones de euros en concepto de comisión para hacerlos llegar al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la operación de adjudicación del contrato de obra y posterior concesión del tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

La delegada del Gobierno en Madrid denunciada por fraude

En pleno escándalo por su corrupción generalizada y crónica se destapa un nuevo y escandaloso caso de corrupción del PP. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado nada menos que a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario en la época en la que fue concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de Mercamadrid, según han confirmado fuentes fiscales.

La mafia del PP manejaba fondos a través de ocho paraísos fiscales


Ignacio González desvió fondos de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) en 2012 para sanear las cuentas del PP de Madrid, poco antes de que llegara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público.

De la Joya admite que OHL transfirió 1,4 millones a González en Suiza

El empresario Adrián de la Joya, investigado por su presunta implicación en la llamada Operación Lezo de corrupción del PP, reconoció al juez Eloy Velasco, el pasado 20 de abril, que el yerno de Juan Miguel Villar Mir (der. foto con I. González), dueño del grupo OHL, le transfirió 1,4 millones de euros en concepto de comisión para hacerlos llegar al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la operación de adjudicación del contrato de obra y posterior concesión del tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero. Así lo confirmaron fuentes conocedoras de la operación. De la Joya, residente en Suiza, admitió ante el juez que Javier López Madrid se puso en contacto con él para hacer llegar el dinero a "gente del Canal", en referencia a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, desde México a una cuenta en Suiza vinculada a De la Joya.

Las fuentes consultadas señalaron a Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de González en esta sociedad, como la persona de contacto para cobrar la comisión. No obstante, según las mismas fuentes, De la Joya declaró que no llegó a pagar este dinero y que se lo quedó para sufragar deudas que OHL tenía con él. Adrián de la Joya fue una de las tres personas a las que el juez ha tomado declaración en calidad de investigado y que no fue detenida en el marco de la operación realizada el pasado 19 de abril. Los otros dos investigados fueron el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y el director de este periódico, Francisco Marhuenda. El empresario De la Joya quedó en libertad sin medidas cautelares, después de ofrecerse a colaborar con la justicia y a aportar la documentación requerida por el juez.

Los hechos investigados por el instructor del caso vinculan al empresario Javier López Madrid, ex directivo del grupo Villar Mir y de la constructora OHL, con el presunto pago, en el año 2007, de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación a OHL del citado contrato ferroviario. La documentación aportada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al juez advierte de que "el análisis de una de sus agendas" -en referencia a material de López Madrid- "ha permitido identificar unas anotaciones identificadas cronológicamente en las fechas en las que el Mintra tendría que estar valorando las ofertas presentadas por los licitadores al referido concurso público".

Mintra son las siglas de Madrid Infraestructuras del Transporte, la empresa pública del transporte de la Comunidad de Madrid.Según la información que investiga el juez Velasco, las citadas "anotaciones" revelan que López Madrid escribió en su agenda que "tendría que dar unas indicaciones a Jesús Trabada Guijarro -consejero delegado de la entidad adjudicataria Mintra- de un tercero llamado Nacho". Es en este punto cuando el juez advierte de que "en ningún caso ningún directivo de una sociedad que licite un concurso debe tratar de dar instrucciones a la entidad adjudicataria, ya que el resultado del concurso debe ceñirse únicamente a la valoración de las ofertas bajo el prisma de los principios de la contratación pública".

Otra de las pruebas que investiga el juez son dos conversaciones telefónicas en las que el ex presidente madrileño -en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 21 de abril- revela que López Madrid le habría pagado la comisión y que "en el entorno de la presidencia de OHL" pensaban que era para González, pero luego descubrieron que no. No obstante, las citadas conversaciones intervenidas revelan que López Madrid dio a González "unos detalles muy concretos sobre el pago de la comisión", según advierte la UCO en su investigación. En concreto, que la comisión se habría pagado desde México a una cuenta en Suiza relacionada, precisamente, con el empresario Adrián de la Joya.

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009 fue detenido ayer en el marco de la Operación Lezo y pasará hoy a disposición judicial, han informado a Efe fuentes de la investigación. De Miguel, considerado estrecho colaborador del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a quien acompañó en el polémico viaje a Cartagena de Indias en 2008, aparece citado en el auto por el que el juez Eloy Velasco envió a prisión a González, informa EFE.

Velasco se refiere a De Miguel en ese auto relacionándole con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación del campo de golf que se construyó en terrenos del Canal de Isabel II, ya que fue él quien firmó los pliegos de adjudicación a "la oferta más cara". Además, el juez se refiere a una conversación entre Ignacio González y su hermano Pablo, según la cual, De Miguel "habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal", informa El Mundo.

El juez investiga el pacto corrupto entre Gallardón y González

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”.

Dimite Esperanza Aguirre, por tercera vez

Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado su dimisión a 17.00 y deja su acta de concejal: "Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito", ha afirmado Aguirre, que está bajo el punto de mira de todos los grupos políticos desde el arresto de Ignacio González, su sucesor en la Comunidad de Madrid y estrecho colaborador, por un supuesto caso de desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II.

La delegada del Gobierno en Madrid denunciada por fraude

En pleno escándalo por su corrupción generalizada y crónica se destapa un nuevo y escandaloso caso de corrupción del PP. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado nada menos que a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (der. foto con Aguirre), por un delito societario en la época en la que fue concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de Mercamadrid, según han confirmado fuentes fiscales.

"Escribá vendía un bote de un kilo de Minerval en polvo por 18.000 €"

"Escribá (foto) vendía un bote de un kilo de Minerval en polvo por unos dieciocho mil euros y aconsejaba a los clientes que tomaran diariamente tres cucharadas soperas del preparado mezclándolas con yogur. ¿Por qué? Porque se trataba de un compuesto muy astringente que al ser tomado puro te dejaba rasposa la lengua". Esta contundente declaración procede de una de las excolaboradoras de Pablo Escribá, el catedrático universitario acusado de un delito continuado de estafa agravada por la venta fraudulenta de un falso fármaco para curar el cáncer cerebral y el Alzheimer. La colaboradora asegura que ya denunció estos hechos hace casi tres años al vicerrector de Investigación Jaume Carot, el alto cargo universitario que ayer intentaba defenderse en un mail interno por los, a su juicio, "ataques personales" de la prensa.

El Minerval puro en polvo llegaba inicialmente desde una empresa de EE UU en pedidos encargados directamente por Escribá antes de que, con el paso de los años, otra empresa pasara a ser la suministradora del principio activo, añade. "Lo que estaba haciendo Escribá estaba en boca de muchos investigadores del campus desde hace muchos años. A comienzos de este siglo, el propio Escribá tenía colgada en su despacho una fotografía del cerebro de una paciente de la que aseguraba que le había curado un cáncer cerebral gracias al Minerval. La paciente ya había fallecido, pero él atribuía la muerte a otros motivos", explica. En aquel momento, oficialmente no tenía permiso para probar el Minerval con seres humanos.

"El propio rector Huguet llegó a comentar en privado sobre Escribá que era el científico que había curado un tumor cerebral", añade para reforzar el hecho de que esa idea, la de la que el catedrático estaba comercializando el Minerval y usándolo con pacientes, era vox populi en la UIB desde hace años. "Llegó a presentar el compuesto a oncólogos de Son Dureta usando esa misma imagen que incluso figuraba en la patente (la del presunto cerebro de la paciente curada). Y creo que los especialistas no le dejaron terminar la presentación", comenta. Este hecho, acontecido a comienzos de los 2000, fue también confirmado por la jefa del servicio de Oncología, Josefa Terrasa, en declaraciones a Diario de Mallorca.

La excolaboradora de Escribá que suscribe estas declaraciones comenzó a trabajar en el grupo investigador del catedrático en septiembre de 2006. Desde su incorporación al grupo investigador de Escribá hasta el año 2010 trabajó a cargo de la UIB, situación contractual que varió ese año, cuando pasó a cobrar de Lipopharma, empresa derivada de la Universitat fundada por el propio Escribá y el otro catedrático presuntamente implicado en el asunto, Xavier Busquets.

Pese a que la UIB ha intentado desvincularse de Lipopharma desde el comienzo de este presunto fraude –el propio Carot dijo textual y categóricamente de ella que "no es nada nuestro" durante la rueda de prensa convocada de urgencia al conocerse la operación policial que se saldó con la detención de los dos catedráticos– la excolaboradora sostiene que "era muy difícil distinguir entre el grupo investigador y Lipopharma. La UIB y Lipopharma han firmado muchos convenios. E incluso se informó a las autoridades universitarias de que había equipamientos y aparatos de investigación inventariados que estaban físicamente en la empresa y siendo utilizados por ella", desmonta la presunta "estanqueidad" defendida por la Universitat balear.

La investigadora postdoctoral, tras dos años a sueldo de una Lipopharma que le exigía más resultados que publicaciones científicas, verdadera motivación de un investigador, empezó a buscarse una salida laboral, lo que consiguió de la mano de un contrato Miguel Servet a mediados de 2013. En verano de ese año dos circunstancias le obligaron a requerir la intervención del Rectorado: un artículo que estuvo a punto de salir publicado con datos falsos y el asunto del registro de una patente "con datos que no eran físicamente posibles". Este último hecho obligó a esta investigadora y a una compañera al hecho inédito hasta entonces de renunciar a figurar como coautoras de la misma.

Y en 2014, cuando un comunicado de la UIB explicaba que tenían un ensayo en fase clínica con seres humanos para curar el Alzheimer, la excolaboradora pensó que Escribá se había cavado su propia tumba. Pero su sorpresa fue mayúscula al comprobar que ese mismo verano las autoridades de la UIB le organizaron a la reina Sofía una visita al laboratorio del polémico investigador. "Es el sistema el que le ha dejado llegar hasta aquí, protegiéndole desde finales de la década de los noventa. Para la sociedad, todo este asunto va a ser un palo aunque espero que sirva para que cambie la manera de actuar de la UIB", concluye su testimonio una persona que asegura no tener nada contra Escribá más allá de cuestionar sus métodos de investigación, informa Diario de Mallorca.

Minerval: Los catedráticos detenidos serán acusados de estafa

Los investigadores del caso Minerval descartan, de momento, acusar a los detenidos de delitos contra la salud pública, ya que estiman que los productos que la presunta trama vendía como curativos del cáncer y el alzheimer no constituyen un riesgo para las personas y son inocuos. El núcleo central de la acusación se basa así en la imputación de una presunta estafa agravada, derivada de la venta, a precios muy elevados, de compuestos destinados a tratar y curar esas graves enfermedades cuando en realidad no tenían ningún efecto terapéutico o paliativo. Foto: Xavier Busquets, Pablo Escribá y Vicenç Tur.

La delegada del Gobierno en Madrid denunciada por fraude

En pleno escándalo por su corrupción generalizada y crónica se destapa un nuevo y escandaloso caso de corrupción del PP. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado nada menos que a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (der. foto con Aguirre), por un delito societario en la época en la que fue concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de Mercamadrid, según han confirmado fuentes fiscales.

Querella contra el negocio de los Montoro por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes del despacho Equipo Económico, la consultora que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), y contra el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel, por la adjudicación a dedo de un contrato en 2012. Equipo Económico se fundó con el nombre de Montoro & Asociados y el hoy ministro se desvinculó en 2008, cuando volvió a la política.

La delegada del Gobierno en Madrid denunciada por fraude

En pleno escándalo por su corrupción generalizada y crónica se destapa un nuevo y escandaloso caso de corrupción del PP. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado nada menos que a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (der. foto con Aguirre), por un delito societario en la época en la que fue concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de Mercamadrid, según han confirmado fuentes fiscales. El motivo es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.

Además de a Dancausa, la fiscalía también ha llevado ante el juez a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (ambos en prisión desde el viernes por la operación Lezo) y otros 14 altos cargos de Mercamadrid y de Mercasa. El supuesto fraude se habría cometido durante la etapa de la corrupta Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid. Higueras y Sánchez Mato presentaron ante la fiscalía un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el ayuntamiento en un 51%, con "responsabilidades políticas por mala gestión".

En ese extenso informe, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia. Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó el concejal. En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. "En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados.

Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad", señalaba el documento. Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigara por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos, informa El Periódico.

Querella contra el negocio de los Montoro por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes del despacho Equipo Económico, la consultora que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), y contra el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel, por la adjudicación a dedo de un contrato en 2012.

Ejemplo cristiano nauseabundo: El PP de Murcia multa a los pobres por comer y dormir en la calle

En un ejemplo palmario de la hipocresía inmoral de los nazicatólicos y corruptos sinvergüenzas del PP murcianos -y españoles en general-, que roban al pueblo y lo público para repartírselo entre ellos tan descarada como cínicamente, Ahora Murcia explica que la formación municipal de izquierdas ha tenido acceso al boletín de denuncia cursado por la Policía y que ha difundido la Fundación RAIS a través de las redes sociales, sobre las denuncias que ha interpuesto el Ayuntamiento del PP contra personas pobres por comer en la calle y dormir entre cartones.

Millet se llevó al menos 2'3 millones para obras en sus casas

Los peritos de la defensa del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet y del que era su mano derecha, Jordi Montull, han reconocido este lunes en juicio que los acusados hicieron obras en sus casas particulares por más de 2,3 millones de euros que cargaron a la institución cultural, junto a 648.000 € en viajes privados con sus familias a México, Polinesia, Tailandia, Egipto, Kenia, Maldivas y Dubai.

Querella contra el negocio de los Montoro por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes del despacho Equipo Económico, la consultora que fundó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), y contra el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel, por la adjudicación a dedo de un contrato en 2012. Equipo Económico se fundó con el nombre de Montoro & Asociados y el hoy ministro se desvinculó en 2008, cuando volvió a la política. Al bufete también estuvo vinculado el hoy ministro de Economía, Luis de Guindos. La querella afecta entre otros al hermano de Cristóbal Montoro, Ricardo.

El motivo de la denuncia, presentada en el decanato de los juzgados de Madrid, en Plaza de Castilla, es la adjudicación "a dedo" de un contrato de las Cámaras de Comercio en el año 2012. Entre los querellados está Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda y expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El resto de los denunciados son los otros gestores y/o propietarios de Equipo Económico, cuyo presidente ejecutivo es Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Cristóbal Montoro durante el Gobierno del genocida José María Aznar. También figuran los tres socios directores del bufete: Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco de Asís, que fue director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda; y Manuel de Vicente-Tutor, exdirector del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria.

El contrato fue adjudicado en 2012 a cambio de 216.000 euros para que Equipo Económico elaborara un estudio sobre la reforma de las Cámaras de Comercio. La tesis de la Fiscalía es que la Cámara, como organismo público, estaba obligada a sacar a concurso el contrato. Por contra, lo adjudicó de forma directa a una empresa integrada por ex altos cargos del Gobierno. Finalmente el importe pagado fue inferior, pero siempre muy por encima de los 12.000 euros de máximo que estipula la ley para adjudicaciones directas. Desde las Cámaras sostienen que la adjudicación fue "legal", informa eldiario.es.

Ejemplo cristiano nauseabundo: El PP de Murcia multa a los pobres por comer y dormir en la calle

En un ejemplo palmario de la hipocresía inmoral de los nazicatólicos y corruptos sinvergüenzas del PP murcianos -y españoles en general-, que roban al pueblo y lo público para repartírselo entre ellos tan descarada como cínicamente, Ahora Murcia explica que la formación municipal de izquierdas ha tenido acceso al boletín de denuncia cursado por la Policía y que ha difundido la Fundación RAIS a través de las redes sociales, sobre las denuncias que ha interpuesto el Ayuntamiento del PP contra personas pobres por comer en la calle y dormir entre cartones.

El juez investiga el pacto corrupto entre Gallardón y González

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”.

La mafia del PP manejaba fondos a través de ocho paraísos fiscales

Ignacio González desvió fondos de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) en 2012 para sanear las cuentas del PP de Madrid, poco antes de que llegara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público.

Ejemplo cristiano nauseabundo: El PP de Murcia multa a los pobres por comer y dormir en la calle

En un ejemplo palmario de la hipocresía inmoral de los nazicatólicos y corruptos sinvergüenzas del PP murcianos -y españoles en general-, que roban al pueblo y lo público para repartírselo entre ellos tan descarada como cínicamente, Ahora Murcia explica que la formación municipal de izquierdas ha tenido acceso al boletín de denuncia cursado por la Policía y que ha difundido la Fundación RAIS a través de las redes sociales, sobre las denuncias que ha interpuesto el Ayuntamiento del PP contra personas pobres por comer en la calle y dormir entre cartones. Para Ahora Murcia, la postura del Gobierno municipal, con la concejala del ramo Lola Sánchez (foto) al frente, "criminaliza a las personas sin hogar y sin recursos. El Ayuntamiento, en lugar de esto, debería apostar y velar por la integración y ayuda a los colectivos más desfavorecidos".

La concejal y portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, explica que la formación municipal ha tenido acceso al boletín de denuncia cursado por la policía, y que ha difundido la Fundación RAIS a través de las redes sociales. De este modo, la edil asegura que "Ahora Murcia indagará sobre si la Concejalía de Seguridad ha dado órdenes para la persecución y denuncia a personas sin techo y sin recursos, por el simple hecho de estar en la calle". Para la formación municipal resulta inadmisible esta postura del Ayuntamiento hacia las personas sin hogar, que la Fundación RAIS ya ha definido como “políticas aporofóbicas” (miedo, repugnancia y hostilidad hacia la pobreza y hacia las personas pobres, sin recursos o desamparadas).

Morales señala que "resulta inaudito que el Ayuntamiento y la Concejalía de Seguridad se centren en perseguir e intentar criminalizar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Los responsables políticos deben dar explicaciones ante estos graves hechos". Ahora Murcia presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento una batería de preguntas en la que abordará las actuaciones de la concejala de Seguridad Lola Sánchez y del equipo de Gobierno fascista en estas cuestiones, informa Crónica.

Anticorrupción culpa de otro delito a Pedro Antonio Sánchez (PP) por fraude

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Auditorio, en el que figura como investigado e imputado el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), que se sume un nuevo delito a los cuatro que figuran en la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

Dos obispos de la secta mafiosa vaticana juzgados por ladrones

El 29 de mayo, dos obispos españoles de la secta mafiosa vaticana se sentarán en el banquillo de los acusados por ladrones. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz (en la foto con sus degenerados cofrades), considerado uno de los prelados más fascistas y reaccionarios de la secta nazicatólica) y el obispo de Cuenca, José María Yanguas -de rancio linaje fascista logroñés-, tendrán que responder a la denuncia de 268 misioneras de la Asociación Privada Lumen Dei.

Dimite Esperanza Aguirre, por tercera vez


Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado su dimisión a 17.00 y deja su acta de concejal: "Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito", ha afirmado Aguirre, que está bajo el punto de mira de todos los grupos políticos desde el arresto de Ignacio González, su sucesor en la Comunidad de Madrid y estrecho colaborador, por un supuesto caso de desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II.