dimarts, 2 de maig de 2017

Siria y Ucrania, temas claves en la cumbre Merkel-Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la canciller alemana, Angela Merkel, se reunieron este martes en el balneario ruso de Sochi para abordar la crisis de Ucrania, la guerra de Siria y las relaciones bilaterales, en la primera visita de Merkel a Rusia desde 2015 en un gira previa a la cumbre del G-20 en Hamburgo. "Rusia está dispuesta a brindar toda la asistencia necesaria a Alemania durante su presidencia (en el G20) y contribuir a que la cumbre en Hamburgo surta efecto y permita llegar a un consenso sobre los problemas agudos de la economía mundial y finanzas", dijo Putin. Al término de la reunión ofrecieron una conferencia de prensa en la que la canciller dijo que desea que las sanciones europeas contra Rusia por la crisis ucraniana sean levantadas pero que para ello deben cumplirse los acuerdos de Minsk sobre el conflicto separatista de Donbass y Crimea.

"Me gustaría que tuviéramos la posibilidad de levantar las sanciones cuando se cumplan los acuerdos", señaló Merkel en conferencia de prensa con el presidente ruso, Vladímir Putin, después de reunirse en Sochi.
La canciller respaldó la postura de Kiev en cuanto al orden en que deben cumplirse los puntos del plan de paz acordado en la capital bielorrusa en febrero de 2015. "Desde luego, queremos garantizar que Ucrania acceda al control de su frontera estatal, que es parte del acuerdo de Minsk, y luego que se impulse la solución política que apunta a la celebración de elecciones locales", explicó.

El jefe del Kremlin expuso su visión de los acontecimientos en el este de Ucrania, Donbass, de los que responsabilizó al Gobierno de Kiev. "En lo que se refiere a los acontecimientos en el este de Ucrania, estos son resultado del cambio anticonstitucional de Gobierno en Kiev. Eso, en primer lugar. En segundo, esos territorios nadie los escindió, los escinden las propias autoridades ucranianas organizando todo tipo de bloqueos", dijo.

Además, el presidente ruso se ha referido a la terrible tragedia que se produjo este mismo día hace tres años en la ciudad ucraniana de Odessa, cuando como resultado de los enfrentamientos entre activistas prorrusos y nacionalistas ucranianos perdieron la vida 48 personas, la mayoría de las cuales fueron quemadas vivas en un incendio provocado en el edificio de la Casa de los Sindicatos. Asimismo, más de 200 personas resultaron heridas. El presidente ruso ha lamentado que aún no hayan sido encontrados ni castigados los culpables.

El presidente ruso añadió que la situación en Ucrania causa mucha preocupación y comunicó que el Cuarteto de Normandía integrado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania continuará la búsqueda de la solución al conflicto interno ucraniano tras las elecciones presidenciales en Francia. "Hoy reiteramos la necesidad de cumplir rigurosamente los Acuerdos de Minsk", dijo Putin al subrayar que el objetivo principal es "separar las fuerzas y bandos del conflicto, lo que permitirá cesar los ataques, establecer un diálogo directo entre Kiev y las repúblicas autoproclamadas, plasmar en la ley el estatus de regiones y convocar allí las elecciones".

En cuanto a la guerra Siria, Putin condenó el uso armas químicas en todas sus formas. En este sentido, el presidente ruso aseguró que su gobierno "condena tajantemente el uso de armas químicas, los responsables deben ser encontrados y castigados", pero solo tras una investigación imparcial. El presidente ruso indicó que resulta imposible resolver la crisis siria sin la participación de EEUU, así que Rusia "mantiene y mantendrá contactos con nuestros socios norteamericanos". Putin expresó la esperanza de que los participantes de las consultas en Astaná "consigan el consenso para dar pasos conjuntos en este ámbito sensible de la política internacional de hoy día". Por su parte, Ángela Merkel destacó la disposición de Alemania para cooperar más estrechamente con Rusia en la lucha contra el terrorismo.

Además, Putin ha afirmado haber hablado con Merkel sobre las acciones de protesta recientemente organizadas en Rusia. Según el presidente ruso, las fuerzas del orden público actuaron de forma "más indulgente y liberal" que sus colegas europeos en ocasiones semejantes. Putin también se ha referido a los rumores sobre la presunta intervención de Moscú en las pasadas presidenciales en EEUU Según el presidente, las acusaciones no han sido probadas jamás y estas son "el resultado de la lucha política interna en Washington".

Merkel aprovechó para pedir al presidente ruso, Vladímir Putin, que utilice su influencia sobre los dirigentes de la república rusa de Chechenia para que se garanticen los derechos de los homosexuales. "He mencionado el muy negativo informe sobre lo que les ocurre a los homosexuales en Chechenia, y le he pedido al presidente que ejerza su influencia para que se respeten los derechos de las minorías", dijo Merkel en la rueda de prensa conjunta con el jefe del Kremlin después de su reunión.

Recientemente, el periódico ruso "Nóvaya Gazeta" -fundado por Gorbachov y con vínculos con el New York Times- publicó un reportaje en el que denunció la persecución y asesinatos de homosexuales en Chechenia y la existencia de cárceles secretas en esa república rusa de mayoría musulmana en el Cáucaso Norte. El líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, viajó a Moscú para quejarse ante Putin de la falsa denuncia del periódico. Kadírov negó rotundamente las detenciones y asesinatos de homosexuales en Chechenia y rechazó las acusaciones de haber amenazado a la redacción de "Nóvaya Gazeta", informan DW/DG/Sputnik/Efe.

Escandalosa visita de Merkel a Arabia Saudita

La canciller alemana, Angela Merkel, ha sido recibida hoy por el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, en la ciudad de Yeda (oeste), donde ambos suscribieron varios acuerdos de cooperación. La campaña militar de Arabia Saudita en Yemen ha sido condenada internacionalmente. Casas, funerarias y hospitales han sido objeto de bombardeos por parte del tiránico régimen wahhabita que financia además -con la OTAN- a los terroristas criminales de Daesh en Siria e Irak. A pesar de eso, se acordó que el Ejército alemán forme a los soldados saudíes.

ONU: Un ataque saudí al puerto yemení Al-Hudayda agravaría la crisis

La ONU advierte sobre un posible ataque saudí contra el puerto de Al-Hudayda, diciendo que la ofensiva inflamará aún más la ‘crisis humanitaria’ en Yemen. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein, hizo la advertencia el lunes durante una rueda de prensa en Ginebra (Suiza), donde explicó que sigue recibiendo signos de que la coalición liderada por Riad se está preparando para lanzar una ofensiva a gran escala contra ese puerto vital, pesa a los rechazos ya recibidos en su contra.

China advierte a Trump sobre el THAAD

El polémico escudo THAAD tiene capacidad de interceptar misiles norcoreanos. El anuncio se produce en medio de una creciente tensión con Corea del Norte. El Gobierno de China valora como una señal "positiva" las palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aseguró estar dispuesto a reunirse con el máximo líder norcoreano, Kim Jong-un, "bajo las circunstancias adecuadas". "Hemos tomado nota de las recientes declaraciones y los positivos gestos que incluyen, y pensamos que EEUU y Corea del Norte, como actores principales en la desnuclearización, deben emprender esfuerzos creíbles y mostrar buena fe".

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas

Después de un interminable circo político-mediático, cuatro candidatos obtuvieron resultados muy similares, pero la ley no retiene más que dos para la “final”. Esta “batalla de cabezas” es por una parte artificial: tienen en cuenta elementos que no tienen nada que ver con los entresijos sociales, económicos y políticos. Las elecciones 2017, más aún que las precedentes, son una caricatura espectacular de la monarquía presidencial de una Quinta República nacida de un golpe de Estado, y cuya naturaleza democrática es muy limitada.

Los acusados del 3% pactan para evitar la cárcel

12 años y aún nada o, aún peor, guante blanco para los ladrones de la alta casta otra vez. En febrero 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó en el Parlam,ent al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Fue un punto de inflexión y a partir de ese día se intensificó la lucha contra la corrupción. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo e inició unas pesquisas que han llegado a que este martes se sentaran en el banquillo de los acusados los miembros de una presunta trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa. Pero el juicio no se ha podido celebrar por un error judicial. Un responsable civil no se ha presentado y otro no ha sido citado en forma. La vista se ha aplazado hasta el 16 de mayo. La fiscalía y la mayoría de las defensas han cerrado un acuerdo, pero falta la ratificación ante el tribunal. El juez del 3% manda investigar posibles presiones a peritos judiciales.

El pacto consistiría en que los principales acusados reconocerían haber consentido, pagado o cobrado comisiones, a la vez que se comprometerían a desembolsar toda la indemnización a Adigsa. A cambio, lograrían una rebaja sustancial de la pena que evitaría su ingreso en prisión. La condena sería inferior a los dos años de cárcel por el delito de malversación y lo mismo por el de falsedad. Aunque las dos penas sumarían cerca de cuatro años, la propuesta pasa por aplicar la última reforma del Código Penal que permite individualizar la condena por cada delitos a la hora de suspender su ejecución. Por lo tanto, ninguna de las penas por separado superarían los dos años de cárcel, el límite que habitualmente se considera para no entrar en la cárcel.

Sin embargo, existe otro escollo. Y es que el empresario José Antonio Salguero, para quien se reclama 18 meses de cárcel y que fue quien denunció el pago de comisiones, no quiere pactar, a pesar de que se le está ofreciendo rebajar su condena a tres meses. Los motivos: quiere que se retire la acusación contra él o conseguir una absolución. El dilema con el que se enfrenta el tribunal es si el día 16 de mayo el empresario disidente presiste con su actitud debe celebrarse el juicio sólo contra él o todos deben sentarse en el banquillo a pesar de haber aceptado el reconocimiento de las acusaciones y la pena. Salguero ha declarado, por otra parte, en la investigación que se sigue en El Vendrell por el supuesto pago de comisiones a CDC.

La fiscalía reclama de forma provisional 0 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de esta compañía, José Antonio Fondevila, y 9 años y seis meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por la presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. Se les atribuye desde el pago a un intermediario militante de CDC por labores inexistentes hasta la adjudicación irregular de obras de rehabilitación. A otros imputados se les pide penas de prisión menores.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó "arbitrariamente" en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expedientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

Para Penín, el fiscal pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer empresario, José Antonio Salguero, pide 18 meses de prisión. El fiscal detalla que Fontdevila y el intermediario "compartían militancia y actividad política en CDC, amén de haber coincidido laboralmente" en el partido y en una 'conselleria'. La acusación sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosa e injustificadamente" el pago a Penín en el 2003 de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que se desviaron 28.895 euros de fondos para pagar al intermediario.

El fiscal también atribuye a los exresponsables de Adigsa haber participado en el presunto amaño en la adjudicación de obras de rehabilitación en viviendas, a través de un "sistema de contratación paralelo" articulado en torno a Penín. Las facturas contemplaban un sobreprecio "con el que el adjudicatario se enriquecía en favor del erario", informa El Periódico.

El juez del 3% manda investigar posibles presiones a peritos judiciales

El juez del Vendrell instructor del 'caso 3%', Josep Bosch, ha ordenado investigar las presuntas presiones a cuatro peritos judiciales por parte de Montserrat Mundi, directora general de Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat y exalcaldesa convergente de Sant Quirze del Vallès, según la providencia del magistrado a la que ha tenido acceso este periódico.

La dirección general de Administració Local proporcionó, a petición del juez, cuatro peritos que trabajan en este organismo para que evaluaran expedientes de contratación de los ayuntamientos de Figueres, Sant Cugat, Sant Celoni y Lloret de Mar. El técnico que informó sobre los expedientes de Sant Cugat, el exsubdirector general de asistencia jurídica de Administració Local, hizo constar en su informe que lo emitió "con total independencia, a pesar de los requerimientos de información" de Mundi, lo que levantó las sospechas de la Guardia Civil, que comprobó si existieron presiones.

Según declaró ante los agentes, Mundi le dijo: "Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que no otros, así lo podremos controlar mejor", y que no debía salir nada que no fuera "supervisado" por ella. Al negarse y recordarle que el informe solo podía verlo el juez por estar bajo secreto, le reprochó que ocupaba un puesto de confianza, que "lo mínimo que se le podía exigir era lealtad y que informaría de su negativa a facilitar el contenido del informe a la 'consellera' Meritxell Borràs", añadió el perito en su declaración policial. También aseguró que recibió "numerosos recordatorios de cómo llevaba el informe", lo que percibió como "una voluntad de interferir en su independencia".

Este técnico dejó voluntariamente su cargo al encontrar otro trabajo en septiembre del 2016, pero asegura que le denegaron la excedencia sin "fundamento" ni otros "antecedentes", por lo que lo ha presentado un contencioso. Antes de dejar su cargo, Mundi le dijo que, como había hecho el informe en horario laboral, "antes de irse, tenía que darle lo que tenía hecho" y "decirle al resto de técnicos que se lo dejasen ver". No lo hizo tras consultarlo con el juez.

Por su parte, la perito que elaboraba el informe sobre Figueres, jefa de servicio de Régimen Local, se negó a proporcionar información a Mundi y fue cesada el pasado 31 de marzo, aunque ella recurrió y el juzgado de lo contencioso ha dejado sin efecto el despido como medida cautelarísima. Entre las presuntas presiones que recibió, consta incluso que el 1 de febrero, ella entregó su informe a Bosch y "estado reunida con el juez y en presencia del mismo, recibió otra llamada de la señora Mundi".

A pesar de conservar su puesto de trabajo, "las presiones no han cesado", señala el atestado de la Guardia Civil. El procurador que lleva su cese renunció al caso tras recibir una llamada del Gabinete Jurídico de la Generalitat conforme si "quería seguir colaborando con la Generalitat" debía dejar el caso, cosa que hizo. Mundi también pidió información al jefe de servicio de Administración Local que emitió el peritaje sobre Sant Celoni, que le dijera "al menos" si había detectado "alguna irregularidad" y le sugirió que retrasara su entrega. Él se negó y comunicó a sus superiores estas peticiones. El único perito que no ha relatado presuntas presiones es el encargado del informe de Lloret de Mar.

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio

El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo y empezó a investigar. Este martes se sientan en el banquillo de los acusados los miembros de la trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa.

La GC investiga Puigdemont por "uso fraudulento de fondos" en Girona

Cuando el pasado 5 de abril el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián insultó en el Congreso de los Diputados al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel De Alfonso, llamándole ‘gángster’ y ‘mamporrero’, hubiera hecho bien mirar hacia sus aliados políticos para conocer en profundidad el trabajo que había realizado el ahora repudiado jurista.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano

La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal. No obstante, la Fiscalía, la acusación de la Generalitat Valenciana y la Emshi se oponen a la medida.

ONU: Un ataque saudí al puerto yemení Al-Hudayda agravaría la crisis

La ONU advierte sobre un posible ataque saudí contra el puerto de Al-Hudayda, diciendo que la ofensiva inflamará aún más la ‘crisis humanitaria’ en Yemen. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein, hizo la advertencia el lunes durante una rueda de prensa en Ginebra (Suiza), donde explicó que sigue recibiendo signos de que la coalición liderada por Riad se está preparando para lanzar una ofensiva a gran escala contra ese puerto vital, pese a los rechazos ya recibidos en su contra.

Al-Hudayda (oeste) es el mayor puerto del empobrecido Yemen, por el que el país recibe el 80 por ciento de sus alimentos. A pesar de repetidos ataques y los bombardeos pesados llevados a cabo por la coalición, el puerto sigue estando bajo control del movimiento popular yemení Ansarolá. "La ONU está preocupada por las repercusiones humanitarias de tal ataque en términos de inflamar la crisis humanitaria aún más, sin contar con nuestra preocupación por la pérdida de vidas civiles si se produjera un ataque a gran escala sobre el puerto", alertó Al-Husein.

Arabia Saudí y sus aliados como el destituido gobierno yemení presidido por Abdu Rabu Mansur Hadi acusan a Ansarolá de introducir armas de contrabando en Yemen a través de Al-Hudayda. Piden además, que la jurisdicción sobre el puerto sea transferida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una petición rotundamente rechazada por el organismo mundial.

Una eventual operación militar contra Al-Hudayda hizo preocupar también, el mes pasado al enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Ould Sheij Ahmed, quien alertó que tal ataque podría “deteriorar la situación humanitaria” en el país árabe, azotado por más de dos años de agresión saudí. La cifra de personas que necesitan urgente ayuda humanitaria va en aumento en Yemen. Ya son 19 millones, las que ya no pueden alimentarse.

La guerra conlleva un bloqueo aéreo y naval a Yemen que restringe la entrada de bienes comerciales y humanitarios. La coalición ha matado a más de 12.000 ciudadanos desde marzo de 2015 y ha desatado la peor crisis humanitaria en el país más pobre del mundo árabe. La ONU advirtió la semana pasada que en Yemen muere un niño menor de 5 años cada 10 minutos por la hambruna, desnutrición y la falta de alimentos, y detalló que muchos de los menores que sobreviven se verán afectados por diversos impedimentos y condiciones de salud precarias durante toda su vida, informan ftm/rha/tas/mrk.

Escandalosa visita de Merkel a Arabia Saudita

La canciller alemana, Angela Merkel, ha sido recibida hoy por el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, en la ciudad de Yeda (oeste), donde ambos suscribieron varios acuerdos de cooperación. La campaña militar de Arabia Saudita en Yemen ha sido condenada internacionalmente. Casas, funerarias y hospitales han sido objeto de bombardeos por parte del tiránico régimen wahhabita que financia además -con la OTAN- a los terroristas criminales de Daesh en Siria e Irak. A pesar de eso, se acordó que el Ejército alemán forme a los soldados saudíes.

China advierte a Trump sobre el THAAD

El polémico escudo THAAD tiene capacidad de interceptar misiles norcoreanos. El anuncio se produce en medio de una creciente tensión con Corea del Norte. El Gobierno de China valora como una señal "positiva" las palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aseguró estar dispuesto a reunirse con el máximo líder norcoreano, Kim Jong-un, "bajo las circunstancias adecuadas".

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas

Después de un interminable circo político-mediático, cuatro candidatos obtuvieron resultados muy similares, pero la ley no retiene más que dos para la “final”. Esta “batalla de cabezas” es por una parte artificial: tienen en cuenta elementos que no tienen nada que ver con los entresijos sociales, económicos y políticos. Las elecciones 2017, más aún que las precedentes, son una caricatura espectacular de la monarquía presidencial de una Quinta República nacida de un golpe de Estado, y cuya naturaleza democrática es muy limitada.

Escribá afirma que nunca dijo que Minerval curara el cáncer

Pablo Escribá (foto), el catedrático de la UIB acusado de vender un falso producto para curar el cáncer, ha defendido esta mañana ante el juez que no ha cometido ningún delito de estafa y ha alabado las bondades del fármaco Minerval. El magistrado no ha adoptado medidas cautelares contra el presunto estafador de los falsos medicamentos contra el cáncer y el Alzhéimer, que ha negado enriquecimiento personal. El otro catedrático, Xavier Busquets, también ha defendido su inocencia.

El profesor no ha querido realizar ninguna declaración a la salida del juzgado y se ha limitado a señalar que había dado todas las explicaciones precisas al juez. La declaración se ha prolongado durante más de dos horas. En ella ha asegurado que nunca se ha enriquecido con el Minerval y también ha subrayado que jamás ha asegurado que este producto pudiera curar el cáncer. La fiscalía no ha adoptado ninguna medida preventiva. Escribá ha mantenido la misma línea que su compañero, Busquets, que también ha defendido la inocencia y ha negado la estafa.

El juez continuará mañana con la toma de declaración de otro dos imputados. Se trata de dos representantes de la empresa farmacéutica, que supuestamente se encargaba de comercializar este producto, que se vendía como una medicina curativa del cáncer, cuando sus bondades curativas no se habían demostrado.

Antes de la declaración de Escribá, el otro catedrático imputado, Xavier Busquets, también ha defendido su inocencia ante el juez Enrique Morell, que no ha adoptado ninguna medida cautelar contra él. Busquets ha ofrecido su versión al magistrado y a la fiscal Concha Ariño durante hora y media. A su salida tampocono ha querido hacer declaraciones, pero ha mostrado su satisfacción por la forma en la que ha transcurrido el interrogatorio.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), que había anunciado su personación en el caso Minerval, no ha asistido a las declaraciones de los imputados, que ha tenido lugar en el juzgado de instrucción número 9 de Palma. A los interrogatorios sí que ha asistido la fiscal Concha Ariño. Tampoco han estado presentes abogados de las supuestas víctimas de la estafa.

"Escribá vendía un bote de un kilo de Minerval en polvo por 18.000 €"

"Escribá vendía un bote de un kilo de Minerval en polvo por unos dieciocho mil euros y aconsejaba a los clientes que tomaran diariamente tres cucharadas soperas del preparado mezclándolas con yogur. ¿Por qué? Porque se trataba de un compuesto muy astringente que al ser tomado puro te dejaba rasposa la lengua".

Los contratos de Més a Garau, a dedo e ilegales

La Policía ha analizado ya en profundidad los seis expedientes con los contratos a dedo que tres conselleries del Govern y el Ayuntamiento de Palma, bajo la responsabilidad en todos los casos de Més, adjudicaron al que fuera jefe de la campaña electoral del partido nacionalista, Jaume Garau, por un montante de 154.000 euros.

PP-PSOE se desploman y Podemos y C's suben en Madrid

La encuesta electoral que Metroscopia ha realizado entre el 24 y 26 de abril, en plena Operación Lezo, describe un paisaje político de Madrid cuarteado. PP y PSOE cosecharían ahora sus peores resultados en la región, mientras que Podemos y Ciudadanos despegan. Los populares obtendrían el 25,7% de los votos (7,4 puntos menos que en los comicios de 2015), lo que significaría pasar de 48 a 36 escaños. Podemos se convierte en la segunda fuerza (pasaría al 24,9% y 35 diputados).

PP-PSOE se desploman y Podemos y C's suben en Madrid

La encuesta electoral que Metroscopia ha realizado entre el 24 y 26 de abril, en plena Operación Lezo, describe un paisaje político de Madrid cuarteado. PP y PSOE cosecharían ahora sus peores resultados en la región, mientras que Podemos y Ciudadanos despegan. Los populares obtendrían el 25,7% de los votos (7,4 puntos menos que en los comicios de 2015), lo que significaría pasar de 48 a 36 escaños. Podemos se convierte en la segunda fuerza (pasaría al 24,9% y 35 diputados). Ciudadanos duplicaría resultados (22,6% y 31 parlamentarios). El PSOE se hundiría a la cuarta posición (19,7% y 27 asientos).

Podemos y Ciudadanos recolectarían, según los expertos demoscópicos, los votos que socialistas y populares perderían en unas hipotéticas elecciones celebradas ahora, aunque el electorado madrileño parece girar ligeramente hacia el centro derecha: la suma de escaños del PP (36) y de Ciudadanos (31) es superior en parlamentarios (67) a la que lograron en las elecciones de 2015 (65, de los que 48 fueron para el PP y 17 para Ciudadanos).

La caída en preferencia de voto de los dos partidos tradicionales (PP y PSOE) tiene su origen en la corrupción, señala el sondeo. “A pesar de que los nuevos casos ahora conocidos afectan directa y exclusivamente a políticos del PP, los españoles tienden a relacionar la corrupción con el bipartidismo, por lo que ambas formaciones se ven afectadas cada vez que la corrupción vuelve a protagonizar la agenda política y mediática”.

La formación que encabeza Pablo Iglesias se beneficia así de la caída electoral del PSOE en Madrid y también de “la reducción de apoyos a Izquierda Unida”. Si este último partido, que en las elecciones regionales de 2015 logró un 4,14% y quedó fuera del Parlamento, se volviese a presentar en solitario, perdería la mitad de sus apoyos, que pasarían a la formación morada. Ciudadanos, por su parte, se convierte en el refugio de los votantes desencantados con PP y PSOE, ya que atraería entre un 15% y 20% de los madrileños que en los anteriores comicios respaldaron al Partido Popular y entre un 5% y un 10% de los apoyaron al PSOE.

La encuesta destaca, además, que se ha producido un “cambio sustancial” en la percepción que los madrileños tienen de los políticos de la región en los tres últimos años. En 2014 los votantes tenían una imagen negativa de todos los líderes (había más encuestados que los desprobaban que los que los respaldaban), pero ahora, por primera vez, dos políticos (Cristina Cifuentes, del PP, y Ángel Gabilondo, del PSOE) son vistos con agrado por los ciudadanos. En concreto, Cifuentes cuenta con el apoyo del 63% de todos los votantes, que “aprueban su actuación política”, frente al 33% que la rechaza, lo que le confiere un saldo positivo de 30 puntos. De hecho, el 93% de los encuestados que votan al PP la respalda, lo mismo que el 86% de los que se inclinan por Ciudadanos y el 54% de los que eligen una papeleta del PSOE.

Así, la figura política de Cifuentes es, según la encuesta, “un activo para el PP”, ya que “registra un 80% más de respaldo en la región que su propio partido”, y “suma un 13% más de apoyos entre los propios votantes populares”. En concreto, los redactores del estudio demoscópico diferencian tres grupos a la hora de evaluar conjuntamente a Cifuentes y a la “marca PP”: el 32% aprueba la gestión de ambos de forma conjunta; el 34% respalda a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no a su partido: y otro 34%, ni a una ni a otro. Los datos señalan que la imagen de la presidenta regional “no se ha visto de ningún modo perjudicada por los recientes casos de corrupción” vinculados a su predecesor, Ignacio González, actualmente en prisión por la Operación Lezo.

En el caso de Ángel Gabilondo, el político socialista registra también un saldo “positivo” para el conjunto de los madrileños (+11), valor mucho más destacado entre el electorado del PSOE (+52) y entre, incluso, los votantes de Podemos (+12) y de Ciudadanos (+6). Gabilondo es, por tanto, el segundo líder más valorado de la región con un 43% de aprobación, frente al 63% Cifuentes. Por el contrario, Ignacio Aguado (Ciudadanos) y, sobre todo, Lorena Ruiz-Huerta (Podemos) son grandes desconocidos para los votantes. Uno de cada dos electores no ha oído hablar nunca del líder de la formación naranja (50%), mientras que en el caso de la portavoz de Podemos solo un tercio sabe quién es (72% de desconocimiento), informa El País.

ICM y Canal de Isabel II: de empresas públicas a botín del PP de Madrid

El PP de Madrid utilizó durante la última década dos empresas públicas de la Comunidad con presupuestos multimillonarios para convertirlas en cajeros automáticos al servicio del partido. El Canal de Isabel II tiene un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros, y la agencia de informática (ICM) maneja en este ejercicio más de 150 millones, pero en el pasado llegó a superar los 210 millones.

"Alarmante" ola de suicidios entre policías nacionales

El Gobierno reconoce que 45 policías nacionales se han suicidado en cinco años, concretamente entre 2011 y 2015, siendo la Comunidad de Madrid la región donde más agentes se quitaron la vida, un total de 13. Así figura en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado después de que hace unos meses ya se interesara sobre el número de suicidios en la Guardia Civil.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas

Después de un interminable circo político-mediático, cuatro candidatos obtuvieron resultados muy similares, pero la ley no retiene más que dos para la “final”. Esta “batalla de cabezas” es por una parte artificial: tienen en cuenta elementos que no tienen nada que ver con los entresijos sociales, económicos y políticos. Las elecciones 2017, más aún que las precedentes, son una caricatura espectacular de la monarquía presidencial de una Quinta República nacida de un golpe de Estado, y cuya naturaleza democrática es muy limitada. Alex Anfruns y Robert Charvin, de Investig'Action, analizan la situación en Francia de cara a la segunda ronda electoral del domingo próximo y el escenario posterior.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas

Después de un interminable circo político-mediático, cuatro candidatos obtuvieron resultados muy similares, pero la ley no retiene más que dos para la “final”. Esta “batalla de cabezas” es por una parte artificial: tienen en cuenta elementos que no tienen nada que ver con los entresijos sociales, económicos y políticos. Las elecciones 2017, más aún que las precedentes, son una caricatura espectacular de la monarquía presidencial de una Quinta República nacida de un golpe de Estado, y cuya naturaleza democrática es muy limitada. Alex Anfruns y Robert Charvin, de Investig'Action, analizan la situación en Francia de cara a la segunda ronda electoral del domingo próximo y el escenario posterior. Foto: "En Francia segunda vuelta muy "edipiana" (de Edipo y su famoso complejo freudiano), entre aquella que ha matado a su padre (Marine Le Pen) y aquel que ha desposado a su madre (Emmanuel Macron)".

Alex Anfruns: Le Pen y Macron pasan a la segunda ronda con un ajustado marcador respecto a Fillon y Mélenchon. ¿Qué impacto podría tener esto sobre la capacidad de gobernar del próximo Presidente/a?

Robert Charvin: Quien quiera que sea el ganador de la segunda ronda, la incertidumbre reina a continuación. Las elecciones legislativas son inciertas. La derecha “clásica” y la socialdemocracia esperan ya recuperarse tras su derrota. Pero el equipo ‘En marcha “que hace de lo nuevo con lo viejo" (todos los oportunistas de derecha y la izquierda se han reunido), tal como en Alemania se asocian la CDU y el SPD, debería experimentar un cierto éxito si Macron es elegido presidente, según una jurisprudencia tradicional.

Es difícil contrariar las elecciones del MEDEF y las grandes empresas del CAC40 (empresas cotizantes en la bolsa francesa equivalentes al Ibex-35 español. NdeT.)! El FN de Le Pen y fracciones de la derecha dicha “republicana” han hecho su unión: este movimiento es todavía limitado debido a que es prematuro. El mundo de los negocios después de haber “intentado” alternativamente a la derecha y la seudo “izquierda”, ha escogido experimentar con una asociación de ambos bajo la presidencia de un empleado que pertenece a su serrallo. Es en el caso de una nueva “decepción” que la gran patronal y los bancos optarán por el neofascismo según una tradición histórica bien establecida.

Marine Le Pen y el FN no han servido este año aún que para justificar el voto “útil”, es decir, el voto impuesto mediante el “imperativo moral” a favor de la derecha “conveniente” a la moda del día. En esta fecha, ¡el riesgo es que la rubia “imbécil útil” perturbe el juego, como los islamistas han hecho después de haber sido instrumentalizados por los Estados Unidos! Nada dice que una mayoría parlamentaria coherente y estable pudiera trabajar durante todo el quinquenio.

Ante la decepción del resultado que no ha permitido a la Francia Insumisa pasar a la segunda ronda, hay quienes piensan en las legislativas, más otros que apelan a una tercera ronda social y, finalmente, los que advierten del peligro que representa Le Pen. ¿Cuál es el tema prioritario segun su punto de vista?

La clave para el futuro progresista de Francia, y en parte de Europa, es el éxito de J.L. Mélenchon, de los Insumisos y del Partido Comunista a pesar de las vacilaciones de algunos de sus cuadros y electos. Se ha constituido una fuerza de izquierda radical de más de 7 millones de ciudadanos que puede, si se mantiene unida, no sólo obtener una base sólida en la próxima Asamblea Nacional sino, también y sobre todo, estimular una “tercera ronda social” con los sindicatos (no “reformistas”) y un amplio movimiento popular de protesta y de propuestas.

Por primera vez en décadas, la socialdemocracia ya no es la fuerza dominante de una izquierda lisiada: de orientación derechista o “rebelde” (como con B. Hamon), la socialdemocracia francesa (como todas las socialdemocracias) no ha hecho más que ayudar a combatir a la izquierda de transformación social. ¡Con un 6% de los votos, Hamon y su partido “socialista” sólo han conseguido impedir a J.L. Mélenchon estar presente en la segunda ronda!

Pocas dudas hay, sin embargo, sobre la capacidad de recuperación de la socialdemocracia, bajo una forma u otra: todavía es “peligroso” para los intereses dominantes tener enfrente a una izquierda auténtica y radical, restaurando los colores de la lucha de clases. Para esta segunda ronda, esta izquierda radical reconstituida no cederá de nuevo al “voto Macron antifascista”, como fue el caso en favor de Chirac, después de Hollande ¡(contra la ultraderecha de Sarkozy)! Sin duda habrá muchos votos en blanco y una alta abstención. Macron no tendrá probablemente la “legitimidad” adulterada de un resultado masivo a su favor y esto es importante para más adelante.

Los fundamentos de una izquierda radical son primero el anticapitalismo y después el antifascismo. En el contexto francés actual, el fascismo se perfila en el horizonte pero el mundo de los negocios desea aún privilegiar los compromisos sociales (formales) y un cierto liberalismo social: priorizar el antifascismo es dar vigor a los vencidos en la primera ronda (derecha clásica y “socialistas”) en busca de nuevas “técnicas” de manipulación. ¡Es participar en la reproducción de la “conciencia mistificada” para quien “la modernidad” es una mezcla del dinero y el autoritarismo!

Vd. apoya desde hace tiempo la iniciativa progresista para una 6ª República. ¿Qué ventajas destacadas aportaría con respecto al sistema actual?

Una sexta República, reduciendo los poderes y eliminando al “jefe de Estado”, dando una vida real a la ciudadanía, permitiendo al Estado decidir sobre las principales pautas socio-económicas e internacionales, sin someterse a los poderes financieros privados, es una urgencia. El “macronismo” es una etapa avanzada del capitalismo: las instituciones de la Vª República, que juegan sobre la personalización de la vida política para hacer más opaca la subordinación al dinero, no se adaptan más que al mundo de los negocios y a una Europa asocial. La sexta República, dando el rol principal a los ciudadanos, asegurando su estricto control sobre sus representantes en todos los niveles, puede crear las condiciones para los avances sociales y el progreso democrático.

Pero lo esencial sigue siendo poner en movimiento lo más amplio de las poblaciones “insumisas”. El Frente Popular no ha logrado profundas reformas sociales más que por las huelgas masivas en las empresas en 1936; en 2017, es el inmenso movimiento popular en Corea del Sur el que ha llevado a la destitución de una presidenta autoritaria, vasalla de los estadounidenses y ligada a los “Chaebols”, los grandes grupos económicos y financieros del país.

La historia continua: tiene más imaginación que los que la viven. El 20% de J.L. Mélenchon sólo es un paso de un Renacimiento de hecho posible.

Traducido por Carles Acózar para Investig’Action

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Mélenchon no dirá su voto, al margen del resultado de la consulta

Jean-Luc Mélenchon no dirá antes del 7 de mayo cual será su elección personal de voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, sea cual sea el resultado de la consulta realizada con los activistas de La France Insoumise. "En nuestro movimiento, habrá múltiples opiniones", que se publicarán el 2 de mayo, dijo el miércoles durante una rueda de prensa el portavoz del candidato Alexis Corbière, pero hay que "diferenciar entre una elección íntima y una opción política".

Un soldado alemán en Francia planeaba atentado para inculpar refugiados

La policía ha detenido a un soldado del Ejército germano (Bundeswehr) que se hizo pasar por sirio para registrarse como solicitante de asilo, sindicado de planear un atentado xenófobo para dañar a los refugiados. Según la Fiscalía de Frankfurt am Maine el hombre, un teniente de 28 años destinado en Francia, fue detenido en la localidad de Hammelburg, en el estado de Baviera, donde participaba en entrenamientos de supervivencia.

China advierte a Trump sobre el THAAD

El polémico escudo THAAD tiene capacidad de interceptar misiles norcoreanos. El anuncio se produce en medio de una creciente tensión con Corea del Norte. El Gobierno de China valora como una señal "positiva" las palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aseguró estar dispuesto a reunirse con el máximo líder norcoreano, Kim Jong-un, "bajo las circunstancias adecuadas".

"Alarmante" ola de suicidios entre policías nacionales

El Gobierno reconoce que 45 policías nacionales se han suicidado en cinco años, concretamente entre 2011 y 2015, siendo la Comunidad de Madrid la región donde más agentes se quitaron la vida, un total de 13. Así figura en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado después de que hace unos meses ya se interesara sobre el número de suicidios en la Guardia Civil. Como en ese caso, la respuesta que le ha dado el Gobierno está desglosada por ejercicios, escala del agente y comunidades autónomas, si bien incluye también el suicidio de un agente destinado en Yemen en 2012.

La respuesta ofrece datos desde 2011 a 2015, un periodo en el que se registraron 45 suicidios, once de ellos en el último año reseñado, diez en 2013, nueve en 2012 y 2014, y otros seis en 2011. Por comunidades autónomas, Madrid es la región con más casos, un total de 13, por delante de Andalucía, con 9. La mayoría de los agentes que se suicidaron -35- pertenecían a la escala básica.

En declaraciones a Efe, el diputado socialista recrimina que la Policía Nacional aún no cuente con protocolos de prevención para detectar el riesgo de suicidio en determinados agentes, unas medidas que ya han puesto en marcha tanto Mossos d'Esquadra como Guardia Civil. "Hay que implantar en la Policía Nacional para que se reduzcan los suicidios hasta su erradicación. Es necesario tomarse en serio el problema y ofrecer soluciones", defiende Hurtado que presentará una iniciativa en el Congreso en este sentido.

Varios sindicatos policiales llevan alertando desde hace años sobre este problema. Precisamente, la Unión Federal de la Policía pidió hace una semana al director general del cuerpo, Germán López Iglesias, que "de una vez por todas" crease un gabinete psicológico al que puedan acudir todos los agentes cuando tienen problemas psíquicos o laborales.

Su demanda se producía después de que en estos últimos se hayan suicidado cinco policías, uno de ellos adscrito a la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios, de la que había pedido la baja al estar "quemado".
También el sindicato mayoritario del cuerpo, el SUP, ha denunciado en repetidas ocasiones el "inmovilismo" de la Dirección General ante el "alarmante" aumento de suicidios de agentes, al tiempo que lamenta que la Policía no tome nota del protocolo creado en la Guardia Civil, informa DW/Efe.

La GC investiga el "uso fraudulento de fondos" por Puigdemont en Girona

Cuando el pasado 5 de abril el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián insultó en el Congreso de los Diputados al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel De Alfonso, llamándole ‘gángster’ y ‘mamporrero’, hubiera hecho bien mirar hacia sus aliados políticos para conocer en profundidad el trabajo que había realizado el ahora repudiado jurista. El rifirrafe se produjo en la comisión que investiga la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue grabado en su despacho durante una reunión con el máximo dirigente de la OAC.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano

La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal. No obstante, la Fiscalía, la acusación de la Generalitat Valenciana y la Emshi se oponen a la medida.

La tasa al tabaco baja 130 millones pese a la subida del PP

El tributo sobre Labores de Tabaco en los tres primeros meses del año ha ingresado en las arcas un 8,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Todo ello tras aprobar el PP, con el respaldo del PSOE, otra subida del impuesto el pasado mes de diciembre, con lo que un 80 a 90% de su precio son impuestos.

La GC investiga Puigdemont por "uso fraudulento de fondos" en Girona

Cuando el pasado 5 de abril el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián insultó en el Congreso de los Diputados al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel De Alfonso, llamándole ‘gángster’ y ‘mamporrero’, hubiera hecho bien mirar hacia sus aliados políticos para conocer en profundidad el trabajo que había realizado el ahora repudiado jurista. El rifirrafe se produjo en la comisión que investiga la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue grabado en su despacho durante una reunión con el máximo dirigente de la OAC. Las grabaciones se realizaron en el mes de octubre de 2014 pero salieron de repente a la luz el verano pasado. ¿Por qué se hicieron públicas precisamente en esa fecha?. A.B.R. había presentado hacía más de un año, ante la OAC, una demoledora denuncia contra el Ayuntamiento de Girona durante la alcaldía de Carles Puigdemont.

Sin embargo, a mediados del 2016, cuando los independentistas deciden defenestrar a Daniel de Alfonso, ya estaba sobre la mesa de un juez un demoledor informe con actuaciones supuestamente ilícitas del citado Ayuntamiento, en el que se acusa al actual ‘president’ de “actos contrarios a la ley y al derecho”, “posible uso fraudulento de fondos públicos” y “encargos municipales poco justificados”. El informe llevaba fecha de septiembre del 2015, pero se había mantenido en secreto hasta entonces. Y la Guardia Civil lo recoge y amplía en otro fechado en octubre pasado y requiere al juez nuevas diligencias.

El pasado verano, cuando ya se encontraba Puigdemont al frente de la Generalitat, se hizo estallar el escándalo. En realidad, el descubrimiento de supuestos delitos penales de su reciente época de alcalde hubiese puesto en entredicho, en ese preciso momento, el propio proceso de independencia, por lo que el mundo independentista en pleno inició una decidida maniobra política para silenciar los hechos: por un lado, debía desacreditar al director de la OAC y, por otro, debía presentarse como la víctima propiciatoria de una conspiración del Estado y contrarrestar los evidentes escándalos económicos en ciernes, desde la investigación el ‘caso 3%’ (que ya había comportado la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca), hasta el ‘caso Pujol’, pasando por el ‘caso ITV’ y los efectos de los casos pendientes, como el del Palau de la Música, el Pretoria o el Adigsa, que llegará a juicio el próximo mes de mayo.

Así fue cómo en un despacho barcelonés se aireó la denunciada ‘Operación Cataluña’,que sirvió de dique de contención para camuflar las investigaciones sobre corrupción que amenazaban a determinados líderes políticos catalanes. En ese diseño habrían participado una ‘célula’ de la UCRO, unidad secreta de los Mossos d’Esquadra, al menos dos abogados y un detective privado, arropados por un grupo de empresarios que pusieron dinero encima de la mesa para buscar pruebas que invalidasen algunos de los procesos abiertos y asegurarse el poder seguir teniendo un trato de favor en el futuro por parte de algunas administraciones catalanas. Por eso, tras conocerse las conversaciones de Fernández Díaz y De Alfonso, los independentistas pusieron inmediatamente el grito en el cielo sin dar opción a que el director de la OAC se explicase. Su teoría era que el ministro del Interior y el director de la OAC fabricaban pruebas para desacreditar a líderes independentistas.

Sin embargo, en el momento en que empieza la campaña para tumbar al director de la OAC había una verdad incontrovertible: a la Oficina Antifraude había llegado una denuncia muy meticulosa y explosiva. Detallaba con minuciosidad la contratación de la compañía Efial por parte del consistorio de Girona. Y lo que era más importante: la OAC había redactado ya el explosivo informe sobre Puigdemont. En ese informe, especificaba que la compañía Efial estaba siendo investigada por corrupción en media docena de localidades de Tarragona, casi todas controladas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

También recogía un contrainforme redactado por los propios servicios municipales gerundenses según el cual “el Ayuntamiento de Girona tiene el personal y los medios adecuados para elaborar los informes que finalmente fueron solicitados a la empresa auditora [Efial]”. Y se ponía en duda también el procedimiento de contratación utilizado, troceando las contrataciones para que no sobrepasasen los 18.000 euros y así poder adjudicar a dedo los encargos y evitar la convocatoria de concurso público. “Este hecho nos hace pensar en que se ha favorecido la contratación directa en lugar de realizar un concurso, en beneficio de Efial Consultoría”, decía el contrainforme.

Por si fuera poco, la secretaría del Ayuntamiento realizó informes poniendo en duda la calidad de los trabajos de Efial. Uno de esos informes de la secretaría general, fechado el 22 de julio de 2014 (siendo alcalde Carles Puigdemont), subraya que el contenido del trabajo de la empresa ‘amiga’ Efial “es superficial y falto de rigor”, tras asegurar que no proceden 49 de las 54 incidencias detectadas que Efial había puesto en su estudio, añadía que “se reiteran determinadas incidencias en la mayoría de los proyectos, la comprobación de los documentos en algunos expedientes es ‘deficiente’, existen confusiones de interpretación, se desconoce el procedimiento y falta fundamentación y asesoramiento técnico”, además de asegurar que “se han detectado contradicciones en el contenido y que, del análisis de las incidencias, se constata ‘gratuidad, procedencia y oportunismo’”.

En el momento en que se filtran las conversaciones entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, el juez de El Vendrell Josep Bosch, que investiga el ‘caso 3%’, pidió a la OAC la documentación pertinente del consistorio gerundense, ya que alguna documentación incautada en los registros practicados desde El Vendrell llevaban al Ayuntamiento de Girona.

La OAC le remitió el contundente documento, elaborado el 1 de septiembre del 2015 a partir de la denuncia que le había llegado unos meses antes. Su título era ‘Informe de evaluación preliminar de similitud emitido por la Dirección de Análisis de la OAC’. Sus conclusiones eran demoledoras para el entonces alcalde gerundense, Carles Puigdemont. “Los hechos denunciados, ocurridos en el seno del Ayuntamiento de Girona podrían resultar ímprobos y contrarios a la ley y al derecho, con posible usos o destinos irregulares de fondos públicos, con aprovechamientos contrarios al ordenamiento jurídico” subrayaba el informe.

El documento ponía en la picota al recién estrenado presidente de la Generalitat de Cataluña. “De la documentación aportada, se constatan de forma indiciaria (y siempre preliminar) todo un reguero de contratos, mayoritariamente menores del Ayuntamiento de Girona a favor de Efial Consultoría en un relativamente corto periodo de tiempo (unos dos años) y que podrían tener como objeto de las prestaciones algo muy indeterminado (‘auditoría operativa del servicio de patrimonio’, ‘auditoría operativa del servicio de contratación’, ‘estudio de la prórroga de la sociedad Aigües de Girona’…), los contenidos de los cuales, en realidad, formarían parte de la actividad normal y de las funciones ordinarias de los servicios municipales propios como deriva de los servicios enunciados anteriormente citados”.

La OAC fue implacable con el Ayuntamiento del ya ‘president’ y afirmaba que Puigdemont había contratado servicios “sin una especial motivación”. Y subraya que la beneficiada fuese Efial, “la misma que repetidamente esta Oficina ha constatado indicios en la prestación de supuestos servicios de encargos municipales poco justificados”. Relataba investigaciones de índole penal sobre contrataciones en Ascó, Torredembarra, Ametlla de Mar, Vandellós y Hospitalet de l’Infant.

Un informe del interventor del Ayuntamiento de Girona, Carlos Merino, con fecha de 13 de junio de 2013, alertaba también de que “por un lado, lo que parecen importantes deficiencias en los servicios de contratación” y advertía del “grave perjuicio económico que supusieron para el Ayuntamiento de Girona los malos usos en la contratación y los que se pueden causar ante los nuevos controles financieros externos que se puedan incoar”, por lo que reclamaba que “se tomen las medidas correctoras y preventivas que se consideren oportunas”. En uno de los contratos, afirmaba el interventor, se habían subcontratado obras pero sin declararse esta subcontratación, al margen de que “ni fue autorizada por el órgano de contratación, ni abonada por el contratista principal…”.

Un informe de la Guardia Civil fechado el 7 de octubre de 2016 recoge el demoledor informe de la OAC de 2015 y analiza nuevas posibles irregularidades que hubiese cometido el Ayuntamiento presidido por Puigdemont. Tanto la secretaria municipal como los servicios jurídicos de régimen interior rechazaron, asimismo, informes de las empresas contratadas por Efial por hacer exposiciones teorizadas “a través de banalidades e indeterminaciones para mejorar la gestión patrimonial”.
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Los investigadores analizan con detalle los contratos del suministro del agua en Girona. Y ponen en duda su legalidad. Lo cierto es que, a través de la compañía del agua, Puigdemont quería compensar la compra de obras de arte de un amigo suyo . De los documentos internos del Ayuntamiento, se descubrió, por ejemplo, que Agissa no tributó “un considerable número de contribuyentes, suponiendo un total de 686.000,58 euros y 1.713 pólizas rectificadas, con el perjuicio económico que supone para los Ayuntamientos la mala gestión de dicha sociedad mixta”. Ese dinero correspondía a la tasa de recogida de residuos de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

Además, dejó de satisfacer a la Generalitat un total de 150.000 euros “de la liquidación del ITP por el canon de la prórroga de la concesión prevista en el PF, al considerarlo exento de tributación”. Los auditores municipales llegaron a acusar a la empresa ‘amiga’ de Puigdemont de “menosprecio por la función interventora”, porque jamás atendió a los requerimientos de los supervisores. Para justificar todas las actuaciones de Agissa, Puigdemont se sirvió de un informe de su otra empresa ‘amiga’, Efial.

Los agentes descubrieron que una compañía denominada Girona SA desviaba a Agissa [la empresa mixta que suministra el agua] gastos de estructura de dirección. En total, se detectaron 187.982,99 euros de cargos que “no están justificados ni detallados”. La situación llegó a ser tan descarada que los interventores de Girona, Salt y Sarrià de Ter firmaron el 19 de noviembre del 2015 un escrito conjunto en el que denunciaban todas las ilegalidades de Agissa.

Pero lo mejor estaba por llegar: un informe realizado posteriormente por la Guardia Civil que trabaja en el caso 3% señala que AMR Publicitat facturó a Girona SA casi 140.000 euros de 2010 a 2015. Mientras Girona SA aparecía vinculada a oscuras operaciones en Galicia dentro del ‘caso Pokemon’, AMR Publicitat ya había estado en el punto de mira en Cataluña: cuando se descubrieron irregularidades en Caixa Girona (en la etapa en que su presidente era Arcadi Calzada, exvicepresidente del Parlamento catalán y alto dirigente de Convergència), AMR facturó cientos de miles de euros a la entidad de ahorro por servicios relacionados con la “inusual compra de espacios de publicidad” en la prensa gerundense.

En esa empresa figuraba Antoni Maria Rigau, hermano de la posteriormente consejera de Educación, Irene Rigau, recientemente condenada por desobedecer al TC. Pero, además, AMR Publicidad facturó desde el 2010 al 2015, más de 2 millones de euros por servicios a Convergència. A ellos hay que añadir 47.106,27 euros a la Coalición por Europa en el año 2014, otros 145.418,28 euros a Junts pel Sí (JxS) en el 2015 y 50.329,22 euros a Democracia i Llibertat, las siglas bajo las que se presentó Convergència en las últimas elecciones generales.

La Guardia Civil concluye que “múltiples procedimientos administrativos del Ayuntamiento de Girona” están aparentemente afectados por irregularidades. Y subraya que “los datos revelados por las intervenciones telefónicas registradas durante la investigación, así como la explotación de las fuentes abiertas ponen de manifiesto la existencia de graves anomalías en la gestión del agua por parte de Agissa, en las que resulta necesario profundizar dados los importantes volúmenes de recursos públicos en juego.

A todo ello, se le añaden los vínculos encontrados con la ‘Operación Pokemon’ [que se comenzó a investigar en Galicia, pero con importantes ramificaciones en Cataluña, como quedó de manifiesto con la implicación de Oriol Pujol Ferrusola en el ‘caso ITV], a través de la figura de Sergio Soriano, los flujos económicos de Girona SA con empresas investigadas en presuntos casos de corrupción (por ejemplo,’ caso Caixa Girona’, ‘caso Palau’), las compras de material de joyería cuya lógica económica no queda clara en estos momentos, etcétera”.

Así la Guardia Civil ha pedido ahora al juez mandamientos judiciales para que Hacienda aporte documentación con el objetivo de realizar nuevos informes pormenorizados de las actuaciones de las compañías Agissa, Girona SA, AMR Publicitat y Concerts Studio, otra de las sociedades que facturaban a Girona SA y que había estado vinculada al escándalo del ‘caso Palau’, informa El Confidencial.

El juez del 3% pide a Hacienda los contratos de Efial en Girona

La contratación de la consultora Efial por parte del Ayuntamiento de Girona centra el interés de los investigadores del caso del 3% desde hace meses hasta el punto que el juez encargó el pasado octubre a la Agencia Tributaria un informe sobre aquellos contratos, algunos de los cuales se concedieron durante la etapa del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la alcaldía (2011-2015). El juez que conduce las investigaciones del 3% desde El Vendrell solicita indagaciones sobre la gestión de Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (Agissa). Puigdemont adjudicó seis contratos a dedo a Efial por 113.000 euros.

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio

El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano

La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal.

China advierte a Trump sobre el THAAD

El polémico escudo THAAD tiene capacidad de interceptar misiles norcoreanos. El anuncio se produce en medio de una creciente tensión con Corea del Norte. El Gobierno de China valora como una señal "positiva" las palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aseguró estar dispuesto a reunirse con el máximo líder norcoreano, Kim Jong-un, "bajo las circunstancias adecuadas".

China advierte a Trump sobre el THAAD

El polémico escudo THAAD tiene capacidad de interceptar misiles norcoreanos. El anuncio se produce en medio de una creciente tensión con Corea del Norte. El Gobierno de China valora como una señal "positiva" las palabras del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aseguró estar dispuesto a reunirse con el máximo líder norcoreano, Kim Jong-un, "bajo las circunstancias adecuadas". "Hemos tomado nota de las recientes declaraciones y los positivos gestos que incluyen, y pensamos que EEUU y Corea del Norte, como actores principales en la desnuclearización, deben emprender esfuerzos creíbles y mostrar buena fe", dijo el portavoz chino de Exteriores, Geng Shuang, en rueda de prensa.

Ello ayudaría a la reanudación de las conversaciones de paz, señaló la fuente oficial, quien reiteró que el diálogo es la única solución "realista y viable" en el actual momento, "altamente delicado y de complicadas tensiones". Trump mostró el lunes en una entrevista su disposición a reunirse en el futuro con el líder norcoreano, aunque el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, matizó más tarde que las condiciones para que ese encuentro sea posible no se dan actualmente.

Los comentarios de Trump se producen en medio de la escalada de tensión con Pyongyang por sus reiteradas pruebas de misiles y su programa nuclear, respondidas por Washington con el posible envío a aguas cercabas a Corea del Norte de una flota comandada por su portaaviones "Carl Vinson". Más tarde, China exigió el cese inmediato del escudo antimisiles THAAD. LA declaración de produjo poco después de que Washington diera a conocer que dicho sistema está listo para operar.

El Gobierno de China opinó hoy ante la creciente inestabilidad política en Venezuela, país del que es un importante sostén económico, que "la situación está en manos de su pueblo", al que conminó a "manejar sus asuntos internos adecuadamente". "Esperamos y creemos sinceramente que el pueblo (de Venezuela) puede manejar sus asuntos internos adecuadamente, mantener la estabilidad nacional y el desarrollo económico y social", destacó hoy en rueda de prensa el portavoz Geng Shuang. "La estabilidad y la paz son una bendición para el pueblo", subrayó la fuente oficial, informa DW.

China plantea dos premisas para abordar la cuestión coreana

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha indicado hoy que se deben seguir dos vías fundamentales al abordar la cuestión nuclear en la península de Corea. "Primero, debemos estar comprometidos con el objetivo de la desnuclearización", dijo Wang en una reunión del Consejo de Seguridad a nivel ministerial para discutir las actividades nucleares de República Popular Democrática de Corea (RPDC). "La desnuclearización es condición básica para la paz y la estabilidad de largo plazo en la península y lo que debemos lograr para salvaguardar el régimen internacional de no proliferación nuclear", afirmó.

Escandalosa visita de Merkel a Arabia Saudita

La canciller alemana, Angela Merkel, ha sido recibida hoy por el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, en la ciudad de Yeda (oeste), donde ambos suscribieron varios acuerdos de cooperación. La campaña militar de Arabia Saudita en Yemen ha sido condenada internacionalmente. Casas, funerarias y hospitales han sido objeto de bombardeos por parte del tiránico régimen wahhabita que financia además -con la OTAN- a los terroristas criminales de Daesh en Siria e Irak.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano

La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal. No obstante, la Fiscalía, la acusación de la Generalitat Valenciana y la Emshi se oponen a la medida.

Comienza el juicio por la trama Emarsa del PP valenciano

La Audiencia de Valencia no quiere más retrasos de la causa Emarsa. La Sala ha propuesto empezar el juicio con todos los acusados salvo al empresario José Luis Sena. Este procesado mantiene un conflicto con su letrado, quien incluso lo ha llegado a denunciar ante la Justicia por un supuesto fraude procesal. No obstante, la Fiscalía, la acusación de la Generalitat Valenciana y la Emshi se oponen a la medida. Creen que los hechos son inseparables y la actuación de Sena está íntimamente ligada a la del resto de supuestos saqueadores de la depuradora. El juicio ha comenzado a las 10.30 horas con cerca de una hora de retraso, motivado en parte por la dilación en el traslado de Jorge Ignacio Roca desde prisión, y con la amenaza de una nueva suspensión por la ausencia de un abogado que ha presentado una baja médica.

El presidente del tribunal ha propuesto el enjuiciamiento de Jose Luis Sena por separado por la baja médica de su abogado, para evitar su indefensión y no incurrir en dilaciones indebidas, a lo que tanto fiscalía como el resto de acusaciones han planteado su oposición. En consecuencia, el juicio podría finalmente suspenderse de nuevo, lo que supondría una tercera suspensión, aunque varios letrados de las defensas se han ofrecido a sustituir al de Sena.

El juicio por la pieza principal del caso Emarsa sienta en el banquillo a 25 personas por el desvío de más de 20 millones de euros de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (València) tras siete años de instrucción. Entre los acusados en este caso figuran exdirectivos de la empresa pública Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales), de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) así como varios empresarios, procesados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad. La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha previsto 93 sesiones, por lo que la vista oral se podría prolongar hasta diciembre, si bien las confesiones de algunos de los investigados podrían acortar el proceso.

El juicio iba a celebrarse inicialmente el pasado 2 de noviembre con la ausencia de uno de los acusados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, que se encontraba huido de la Justicia desde el inicio de la investigación, pero tras su detención en Moldavia se celebró una instrucción complementaria y se fijó la fecha del pasado 13 de marzo. Sin embargo, en la primera vista, cinco letrados defensores del turno de oficio pidieron más tiempo para poder estudiar los 200.000 folios que componen la causa, de modo que la sala decidió posponer por segunda vez el inicio del juicio.

La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de Emarsa, encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo. Entre los principales imputados en esta causa están el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.

También figuran el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla; y el exjefe de departamento de Epsar, Ignacio Bernácer. La trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos "negocios": uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Epsar y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a como pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.

El otro, el de tratamiento de lodos, se basó igualmente en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados. La Fiscalía ha pedido 14 años de prisión para Crespo, Bernácer y Morenilla, 12 para Cuesta y penas que van desde los 8 a los 2 años de prisión para el resto de los acusados, informa Las Provincias.

La mujer de un capo de Emarsa pacta también con la fiscal del PP

La Fiscalía -al servicio sumiso del PP- continúa cerrando pactos con los acusados de la trama Emarsa y de diferentes piezas separadas que se originaron a partir del expolio por la mafia del PP de la depuradora de Pinedo. El turno correspondió ayer a María Teresa Gálvez, esposa de Ignacio Bernácer, uno de los cabecillas e ideólogos de la trama delictiva bajo las órdenes de Rita Barberá.

El fiscal Moix conspiró con los Cierco a espaldas de los fiscales

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix (foto), también se reunió en su despacho con Higini y Ramon Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) y actualmente investigados en el juzgado de instrucción 38 de Madrid, por un delito de blanqueo de capitales en la sucursal de su entidad en España, el Banco de Madrid.

ICM y Canal de Isabel II: de empresas públicas a botín del PP de Madrid

El PP de Madrid utilizó durante la última década dos empresas públicas de la Comunidad con presupuestos multimillonarios para convertirlas en cajeros automáticos al servicio del partido. El Canal de Isabel II tiene un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros, y la agencia de informática (ICM) maneja en este ejercicio más de 150 millones, pero en el pasado llegó a superar los 210 millones.

El fiscal Moix conspiró con los Cierco a espaldas de los fiscales

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix (foto), también se reunió en su despacho con Higini y Ramon Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) y actualmente investigados en el juzgado de instrucción 38 de Madrid, por un delito de blanqueo de capitales en la sucursal de su entidad en España, el Banco de Madrid. Pese a llevar poco tiempo en su cargo y no estar al corriente de los casos, Moix no se interesó por las diligencias practicadas hasta ahora por sus fiscales, Juan José Rosa y José Grinda en la causa contra los Cierco. No sólo no les pidió ningún informe, sino que tampoco les informó del encuentro. Tras esa cita, el siguiente en pasar por el despacho de Moix fue Rafael Pallardó, investigado por esos dos fiscales y con un procedimiento abierto en Andorra relacionado con el BPA. Los Cierco y Pallardó comparten el mismo letrado, Javier Iglesias.

De la entrevista entre Moix y los Cierco sólo ha trascendido la versión que ofreció el abogado de los dueños del banco en el que la familia Pujol Ferrusola guardó durante años su fortuna. Iglesias contó que ofreció al fiscal jefe anticorrupción la disposición de los Cierco a colaborar. Contrasta ese afán repentino de aportar información en las investigaciones abiertas con la actitud mantenida hasta ahora por los banqueros. Cuando su caso estaba en la Audiencia Nacional se negaron a declarar. Y en la causa que hay en Andorra contra su entidad bancaria han denunciado al director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado, y al excomisario de la Policía Nacional de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Los banqueros aseguran que ambos les coaccionaron y obligaron a dar datos confidenciales de las cuentas de la familia Pujol. Denuncia para la que han utilizado material aportado por el que fuera comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.

Mientras tanto, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya las diligencias abiertas contra los tres fiscales siguen su curso. El fiscal jefe del TSJC, José María Romero de Tejada ya ha nombrado al instructor de la causa, Martín Rodríguez Sol. Si el caso no se archiva como todo apunta, los fiscales propondrán que se tome declaración a su jefe, Manuel Moix. Se le preguntará por qué ocultó al fiscal general del Estado y la Fiscalía de Catalu-nya que Grinda, Rosa y el fiscal Fernando Bermejo no estaban en Barcelona el día que Pallardó asegura que se entrevistó con los tres y fue coaccionado, informa La Vanguardia.

Moix investiga a los fiscales del 3% por coacciones

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha ordenado investigar a tres fiscales de su unidad a raíz de la denuncia de uno de los imputados en la investigación sobre las cuentas de los Pujol en Andorra. Los fiscales afectados son José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, que han investigado los fondos de la familia de ex presidente de la Generalitat. A los dos primeros Moix les había apartado recientemente del llamado caso 3%, que investiga las comisiones ilegales a Convergència.

La AM reabre la investigación contra López Madrid por acoso a la doctora Pinto

La Audiencia de Madrid ha reabierto la investigación contra el empresario Javier López Madrid (el real "compiyogui") por acoso a una dermatóloga después de que el juzgado número 32 hubiera archivado provisionalmente la causa. Los magistrados de la Sección 15 ordenan a la jueza Belén Sánchez la práctica de varias diligencias, entre ellas la rueda de reconocimiento del comisario José Manuel Villarejo, al que la doctora acusa de haber 'pinchado' por orden del yerno de Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL, ambos imputados en la trama Lezo de corrupción del PP madrileño.

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio

El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo y empezó a investigar.

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio

El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo y empezó a investigar. Este martes se sientan en el banquillo de los acusados los miembros de la trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa.

La fiscalía reclama 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de esta compañía, José Antonio Fondevila, y 9 años y seis meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por la presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. Se les atribuye desde el pago a un intermediario militante de CDC por labores inexistentes hasta la adjudicación irregular de obras de rehabilitación. A otros imputados se les pide penas de prisión menores. Sin embargo, desde hace días está abierta una negociación con la fiscalía y cabe la posibilidad que algunos investigados acepten los hechos para conseguir una rebaja en su eventual condena. José Antonio Salguero, uno de los empresarios encausados y, a la vez denunciante, no piensa, de entrada, admitir nada. Esta persona, además, ha declarado ante la Guardia Civil en el caso del 3% que tramita un juez de El Vendrell por el presunto pago de comisiones a CDC por parte de constructoras.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó "arbitrariamente" en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expedientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

Para Penín, el fiscal pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer empresario, José Antonio Salguero, pide 18 meses de prisión. El fiscal detalla que Fontdevila y el intermediario "compartían militancia y actividad política en CDC, amén de haber coincidido laboralmente" en el partido y en una 'conselleria'. La acusación sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosa e injustificadamente" el pago a Penín en el 2003 de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que se desviaron 28.895 euros de fondos para pagar al intermediario.

El fiscal también atribuye a los exresponsables de Adigsa haber participado en el presunto amaño en la adjudicación de obras de rehabilitación en viviendas, a través de un "sistema de contratación paralelo" articulado en torno a Penín. Las facturas contemplaban un sobreprecio "con el que el adjudicatario se enriquecía en favor del erario", informa El Periódico.

La derecha catalana y su demagógico y ridículo impuesto a los refrescos


Este lunes 1 de mayo entra en vigor el impuesto a bebidas azucaradas en Catalunya. La medida del Govern busca desincentivar el consumo, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a su manera demagógica pues es obvio que unos céntimos no reducirán el consumo de bebidas dedicadas especialmente al público infantil y adolescente, sólo las encarecerá reduciendo más el ya precario salario de las familias. Muchos críticos con el afán impositivo de la derecha catalana de ERC y PDeCat hablan de su descarado afán recaudatorio.

Marta Ferrusola tuvo cuentas en Andorra antes que sus hijos

Marta Ferrusola Lladós, la esposa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, ya tenía dinero en Andorra cuando, según explica la familia, en 1990 se traspasó al principado el dinero que el abuelo Florenci, padre del político, les habría dejado en Suiza. Tras esta pista andan ahora el juez José de la Mata y los fiscales Belén Suárez y Fernando Bermejo, en un intento de cambiar el enfoque de una instrucción judicial sobre el clan Pujol que no acaba de arrojar evidencias contundentes que no hayan quedado sepultadas por el peso de los muchos años transcurridos.

Marca España: ladrones, corruptos, sinvergüenzas y amorales

Dijo Confucio que la única razón para la existencia de un monarca es que sirviera de ejemplo a sus súbditos y es por ello que España es un país de degenerados, sinvergüenzas, ladrones y corruptos sin moral, decencia, principios ni ética. Una dinastía de genocidas tarados es la marca y el modelo de una sociedad de degenerados en que mafiosos y pederastas con bula marcan el nivel de amoralidad general en el que "todo vale" siempre que no te cojan.

ICM y Canal de Isabel II: de empresas públicas a botín del PP de Madrid

El PP de Madrid utilizó durante la última década dos empresas públicas de la Comunidad con presupuestos multimillonarios para convertirlas en cajeros automáticos al servicio del partido. El Canal de Isabel II tiene un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros, y la agencia de informática (ICM) maneja en este ejercicio más de 150 millones, pero en el pasado llegó a superar los 210 millones.

ICM y Canal de Isabel II: de empresas públicas a botín del PP de Madrid

El PP de Madrid utilizó durante la última década dos empresas públicas de la Comunidad con presupuestos multimillonarios para convertirlas en cajeros automáticos al servicio del partido. El Canal de Isabel II tiene un gasto anual que ronda los 1.000 millones de euros, y la agencia de informática (ICM) maneja en este ejercicio más de 150 millones, pero en el pasado llegó a superar los 210 millones. Estas han sido las grandes huchas de las que ha tirado el PP de Esperanza Aguirre para pagar a sus proveedores en las campañas electorales y también a los medios de comunicación amigos. Púnica motivó la imputación del consejero delegado de Indra, Javier de Ándres, por los pagos que la empresa hizo al PP, mientras su esposa María Fernanda Richmond está en la cárcel por avalar operaciones como directiva del Canal.

Las pruebas están en dos sumarios que han provocado que los últimos dos secretarios generales del partido en Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, duerman en celdas separadas de la prisión de Soto del Real. Las operaciones Púnica y Lezo que instruyó desde el mismo despacho de la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco acumulan indicios de cómo esas dos empresas públicas financiaron al PP y a su paraguas mediático. Las pruebas están por todas partes.

La Unidad Central Operativa de la Guardia civil sorprendió a un ejecutivo de una empresa proveedora de la Agencia Informática entregando un sobre con 10.000 euros para pagar deudas del Partido Popular. También hay pinchazos telefónicos que demuestran que las órdenes para que efectuasen esos pagos las daban altos cargos del Gobierno de Ignacio González.

La fiesta de la publicidad corría a cargo del Canal de Isabel II, que llegó a pagar en una década más de 55 millones de euros en propaganda. Premiaba en el reparto a los medios más fieles al PP y sobre todo a su presidenta de entonces, Esperanza Aguirre. Esa partida dio incluso para que alguna de las pedreas cayese a diarios sin audiencia, como El Pulso, un portal desconocido que ingresó 141.000 euros a pesar de que no está auditado por ningún sistema de medición de lectores. En el caso de ICM, la agencia que coordinaba toda la informática de la Administración regional, es clave el papel que jugó la multinacional Indra, un gigante que ha logrado contratos millonarios (que ahora se investigan) de los Gobiernos regionales de Aguirre y González.

En 2007, a través de ICM, se le contrató para hacer el recuento de las municipales y autonómicas en Madrid por 1,5 millones. En 2011 repitió encargo por tres millones y en 2015 le estaba preadjudicada esa misma labor por 4,45 millones, pero las denuncias de UPyD en la Asamblea y la detención en Púnica del consejero delegado de ICM frustraron el encargo. Para entonces la Guardia Civil ya había sacado fotos al director general de Indra, Santiago Roura, en un aparcamiento de La Moraleja en Madrid entregando un sobre con fajos de billetes a Alejandro de Pedro Llorca, un informático que hacía trabajos de reputación para distintos cargos populares y al que el PP le había dejado a deber parte de la cuenta.

Las escuchas telefónicas en poder del juez Velasco revelan que la orden partió del que en 2015 era consejero de Presidencia de la Comunidad y mano derecha de González, Salvador Victoria. A través de ICM, Victoria exigía a Indra que saldase las deudas del PP. En aquel sumario, los investigadores de la Guardia Civil descubrieron que también pidió a la multinacional que pagase 20.000 euros a Demométrica, una firma que realizaba encuestas realizadas para el PP, y 90.000 a la empresa Swat, una consultora electoral implicada en Gürtel que trabajó durante años codo con codo con el partido en las campañas.

En la Operación Lezo, los investigadores tienen indicios de que en realidad Indra abonó 700.000 euros de facturas al PP madrileño. Su consejero delegado, Javier de Andrés, sigue imputado en el caso. Igual que Roura quien, tras el escándalo de los pagos en el aparcamiento, abandonó la empresa con una suculenta indemnización que incluye cláusula de confidencialidad, según fuentes de la compañía. La sospecha de Velasco es que Indra no sacaba ese dinero de su cuenta de resultados sino que la liquidez para el partido salía de inflar contratos que pagó el Gobierno madrileño. Por eso está imputado el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, acusado de graves delitos tanto en Púnica como en Lezo y que logró evitar la prisión tras abonar una fianza de 100.000 euros.

A Martínez Nicolás le encontraron los investigadores una cuenta en Liechtenstein que ha realizado movimientos a bancos de Panamá y Suiza por un millón de euros, según figura en el sumario. Otras fuentes consultadas sostienen que, en realidad, el dinero que se transfirió fue medio millón y que, la Guardia Civil calculó doble porque el ingeniero informático prejubilado de RTVE tuvo que hacer dos intentos a través de otros tantos paraísos fiscales, puesto que el primero no fructificó.

La Guardia Civil, el juez y los fiscales de Anticorrupción sospechan que del Canal de Isabel II también manaba dinero hacia el partido. La empresa pública que, como ICM, está sometida a un control más laxo que el Gobierno regional, no sólo ha beneficiado con decenas de millones de euros dinero púbico a medios de comunicación amigos. También ha servido para colocar a amigos y parientes del partido, desde el profesor de pádel de José María Aznar a apellidos ilustres de la derecha madrileña.

Que Ignacio González sabía del potencial del Canal de Isabel II para ayudar en los trapos sucios del partido, lo demostró en una conversación que mantuvo con dos periodistas que le pedían explicaciones por una adjudicación de su consejería mucho antes de que estallase la crisis económica: "¿Pero pensáis que si yo quisiese hacer algo raro, iba a hacer algo aquí, en vez de recurrir al Canal, que maneja miles de millones?". Esa respuesta dejó perplejos a los redactores. Una década después, una macrocausa con miles de folios y horas de grabaciones da a entender que aquella pregunta retórica de González fue premonitoria.

Los vínculos del hombre que sucedió a Aguirre en la Comunidad con las dos ramas del caso son hoy evidentes. De Andrés, el consejero delegado de Indra, la empresa que abonaba esas deudas del PP mientras contrataba con la Administración regional a través de ICM, mantiene una relación muy cercana con el expresidente madrileño. Tanto es así que su esposa, María Fernanda Richmond fue fichada en el Canal de Isabel II como directora financiera.

Richmond, como González, duerme en prisión desde el viernes 21 de abril. Está acusada de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Su fianza ha sido de las más elevadas que ha impuesto el juez Velasco: cuatro millones de euros. Los investigadores consideran que su participación fue clave para permitir la ruinosa compra por parte de una filial del canal de la empresa colombiana Emissao, por la que se pagaron 31 millones de euros y que unos meses después valía cinco. La UCO intenta seguir el rastro del dinero -parte de los fondos se abonaron en una cuenta suiza- porque sospecha que en la operación hubo algo más que mala gestión.

De la concepción patrimonial que Ignacio González tenía de las dos mayores empresas públicas de la Comunidad da cuenta una reunión que, según apuntan los investigadores del caso Lezo, se celebró el 7 de junio de 2012 en la Asamblea de Madrid. En ese encuentro, que relata el sumario, el secretario general del PP que había sustituido a Granados por decisión de Aguirre siete meses antes, pidió al consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, un millón de euros de la agencia pública "para sanear las cuentas del PP".

Una fuente de la investigación asegura a eldiario.es que en ese encuentro había además un alto cargo, al que no identifica, del Canal de Isabel II al que González le hizo el mismo encargo: recaudar otro millón. El motivo: que Granados había dejado la caja del PP tiritando tras la campaña electoral de 2011 en la que se habían acumulado deudas con numerosos proveedores. Nueve de ellos, escribe el juez Velasco, lograron cobrar a través de Indra, informa eldiario.es.

La AM reabre la investigación contra López Madrid por acoso a la doctora Pinto

La Audiencia de Madrid ha reabierto la investigación contra el empresario Javier López Madrid (el real "compiyogui") por acoso a una dermatóloga después de que el juzgado número 32 hubiera archivado provisionalmente la causa. Los magistrados de la Sección 15 ordenan a la jueza Belén Sánchez la práctica de varias diligencias, entre ellas la rueda de reconocimiento del comisario José Manuel Villarejo, al que la doctora acusa de haber 'pinchado' por orden del yerno de Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL, ambos imputados en la trama Lezo de corrupción del PP madrileño.

Anticorrupción acusa más cargos del PP por la trama eólica

La querella de Anticorrupción por la trama eólica no solo afecta al exviceconsejero de Castilla y León Rafael Delgado y a su mano derecha, Alberto Esgueva. Otro antiguo alto cargo del PP en la comunidad, Andrés Martín Paz, está acusado de haber cobrado por la instalación de parques eólicos. Según Anticorrupción, este recibió 4,23 millones de euros de Iberdrola tras una operación en la que solo había invertido 357.602 euros. Martín Paz coincidió en la Consejería de Educación como alto cargo con Delgado cuando Tomás Villanueva era el consejero.

La tasa al tabaco baja 130 millones pese a la subida del PP

El tributo sobre Labores de Tabaco en los tres primeros meses del año ha ingresado en las arcas un 8,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Todo ello tras aprobar el PP, con el respaldo del PSOE, otra subida del impuesto el pasado mes de diciembre, con lo que un 80 a 90% de su precio son impuestos.