dimarts, 16 de maig de 2017

Catalá, reprobado por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP

Todos los partidos del Congreso, salvo el PP, han votado la reprobación del ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar a Rajoy los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La moción es una iniciativa socialista tras la sesión de control de la pasada semana en la que toda la oposición pidió la dimisión del ministro y el cese de los fiscales por su injerencia demostrada en los numerosos casos de corrupción que afectan al PP. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha recordado que "es la primera vez que se reprueba a un ministro, a un Fiscal General y a un fiscal Anticorrupción en el pleno ejercicio de sus funciones". "Rajoy tiene a un ministro bajo sospecha, tocado y hundido democráticamente", ha remachado. Como ha reconocido Catalá: "Es el presidente el que cesa a los ministros. Eso es lo democrático". Por lo que al cercado y huidizo Rajoy le toca tomar una decisión. Alguna. Foto: De izquierda a derecha, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.

La operación Lezo, por la que fue encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ya hay 52 imputados, ha aumentado las dudas sobre el papel del ministro y los dos fiscales en la lucha contra la corrupción de los casos que afectan al partido del Gobierno. La oposición ha pedido la dimisión de Catalá desde que se hizo público un mensaje de apoyo al encarcelado González en el que decía: "Ojalá se cierren pronto los líos".

Esta operación ha dejado en la picota al Fiscal Jefe Anticorrupción y al Fiscal general por nombrarlo. Por un lado se censura la decisión del fiscal general Maza de designar a Moix al frente de Anticorrupción a pesar de que conocía las escuchas en las que Ignacio González aboga por colocarlo en ese puesto para solucionar sus problemas judiciales y su polémica trayectoria. Por otro lado, los movimientos ya como fiscal jefe Anticorrupción que podrían trabar la operación Lezo además de la difusión de un informe mutilado en el que se recoge la sospecha sobre el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, en relación con el chivatazo que alertó a Ignacio González y su entorno.

Todos estos movimientos han colocado a los dos fiscales en una situación insostenible, en opinión de la oposición, por lo que le reclaman al Gobierno su inmediata destitución. El Congreso ya reprobó el pasado octubre al exministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por el contenido de su conversación con el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana Daniel de Alfonso.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado tras ser reprobado por toda la oposición que solo el presidente del Gobierno puede nombrar y cesar ministros: "Yo he sido nombrado por el presidente del Gobierno, que es quien tiene la confianza de la Cámara. Este es nuestro modelo democrático, eso es lo verdaderamente democrático", ha defendido Catalá, quien ha seguido el debate de su reprobación desde su escaño en el banco azul reservado al Gobierno.

Tal y como hizo la semana pasada, cuando ya fue cuestionado por la mayor parte de la oposición en sede parlamentaria, Catalá ha hecho hincapié en que "está comprometido" en "seguir trabajando por tener una Justicia independiente y una Fiscalía autónoma al servicio del interés general". "Seguiremos trabajando con toda la ilusión y toda la energía el tiempo que el presidente del Gobierno decida", ha zanjado, informa eldiario.es.

La GC pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho
La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica.

La trama Lezo del PP sabía lo que hacía la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción investigaba la sospechosa compra de la empresa brasileña Emissâo (valorada en 5 millones) llevada a cabo por la filial del Canal de Isabel II en América y el movimiento de los 24 millones de dólares destinados a la operación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González en el Canal, fue informado de ello. Sucedió seis meses antes de ser detenidos, por lo que se deduce que los principales investigados por el caso Lezo sabían desde hacía tiempo cada uno de los pasos que tomaba la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación.

La CUP se suma a Colau y exige a JxSí acusar en el Palau
En una maniobra de presión de la CUP al Govern de PdeCat (antes CDC) y ERC en el Parlament, y sumándose a la carta de Colau, el grupo parlamentario ha registrado una resolución en el Parlament que insta al Govern a acusar a CDC en el caso Palau. Un texto que debe votarse en el pleno de esta semana para poder cumplir con los trámites del proceso judicial. La CUP reclama a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoque antes del Pleno a la Mesa y la Junta de Portavoces para cambiar el orden del día y poder votar en la primera sesión.

Imputado Villar Mir (OHL) por el 'caso Lezo'
El juez Eloy Velasco ha citado a partir del 12 de septiembre a 51 investigados en el 'caso Lezo' entre ellos el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; la mujer del expresidente Ignacio González, Lourdes Cavero; dos sobrinas y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, ya imputado en 'Púnica'.

La CUP se suma a Colau y exige a JxSí acusar en el Palau

En una maniobra de presión de la CUP al Govern de PdeCat (antes CDC) y ERC en el Parlament, y sumándose a la carta de Colau, el grupo parlamentario ha registrado una resolución en el Parlament que insta al Govern a acusar a CDC en el caso Palau. Un texto que debe votarse en el pleno de esta semana para poder cumplir con los trámites del proceso judicial. La CUP reclama a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoque antes del Pleno a la Mesa y la Junta de Portavoces para cambiar el orden del día y poder votar en la primera sesión.

La izquierda independentista ha tomado la decisión después que la portavoz del Govern, Neus Munté, anunciara este mediodía que no acusar a CDC fue una “decisión unánime” del ejecutivo. Una aseveración que quieren comprobar en sede parlamentaria. La decisión del Govern de no pedir reparo a CDC pese a que Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, confesaron el cobro comisiones ilegales de la formación a través del Palau ha indignado a la CUP.

“No hay mayoría que avale la vergüenza de papel de la Generalitat amparando la corrupción de CDC. Ni el Govern ni JxSí tienen mayoría para ello”, ha sentenciado Benet Salellas desde los faristols del Parlament esta misma tarde. Asimismo, a Salellas le consta que el ayuntamiento de Barcelona quiere pedir una prórroga para la presentación de las conclusiones del judicio, un plazo que daría margen al Govern para replantear y corregir su postura, informa La Vanguardia.

En cuanto la carta de Colau, Munté ha tildado la propuesta de no ser “transparente” ni “honesta”. En primer lugar porque Puigdemont se enteró de la carta por los medios. “Todo el mundo sabe la distancia que hay entre el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat”, ha ironizado Munté. “Las cosas no se hacen de esta manera, la alcaldesa conoce perfectamente las fechas del proceso judicial, y como vicepresidenta del consorcio tiene capacidad para convocar una reunión”, ha reprochado la portavoz. Munté ha subrayado una y otra vez, que la decisión de no acusar a CDC no afecta al Consorcio del Palau porqué toda vez que haya sentencia se reclamará a quien sea “hasta el último euro”.

Colau pide a Puigdemont reunir el Consorci del Palau y acusar a CDC
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más para volver a acusar a CDC en el caso Palau por el presunto cobro de comisiones a través de la entidad cultural. La alcaldesa Ada Colau ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedir la convocatoria de una reunión urgente -este martes- del Consorci del Palau. El motivo no es otro que el de replantear la decisión que este organismo tomó el pasado viernes de no acusar a CDC gracias a la oposición del Govern y a la ausencia del Gobierno central. No es la primera vez que Colau eleva esta petición: precisamente a raíz de la declaración de Millet, el pasado marzo, la alcaldesa ya reclamó volver a acusar a CDC.

La GC pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho
La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica.

Iglesias al PSOE: "Haremos algunas cosas mal pero el PP ni nos compra ni nos manda"
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender este martes la necesidad de sacar al PP de las instituciones y ha cargado contra el PSOE por no apoyar las mociones de censura que su formación está impulsando tanto en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes como en el Congreso, contra el presidente Mariano Rajoy.

Marlboro vs Camel o Cierco contra Reig, y los Pujol
Podría tratarse de un enfrentamiento entre clanes del viejo oeste americano. Pero la acción se desarrolla en el Pirineo, más concretamente en el Principado de Andorra. En esta historia los duelos nunca son al sol, sino en fríos despachos y tal vez ni siquiera hubiéramos tenido noticia de la reyerta de no ser porque su particular virulencia ha terminado destapando los trapos sucios de La Familia, denominación mafiosa con que la UDEF se refiere a los Pujol.

La GC pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho

La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica."Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", reza uno de los informes policiales que forman parte de la pieza de Púnica secreta hasta este mediodía.

La UCO destaca que tras el análisis de la contratación al Grupo Cantoblanco se aprecia una "coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación". Dicen los agentes que esta circunstancia "la sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contrataciôn en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo, pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario [Arturo Fernández] y que fueron destinadas a sufragar gastos de campaña y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios [los del año 2007]".

La Guardia Civil sitúa así a Cifuentes en el posible tracto de dinero de Fernández al PP. Por un lado, en la Asamblea, donde la actual presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber maniobrado para, por un lado valorar hipotéticamente al alza la oferta del empresario por el contrato de la cafetería, y luego habría presidido la mesa en la que se le adjudicó dicho contrato. Y, por otro, como patrona de Fundescam, que recibió 160.000 euros del mismo empresario.

Fundescam es una fundación del PP que, bajo el manto de labores sociales, habría sido utilizada para captar fondos, en algunos casos públicos, para financiar el partido. La Guardia Civil ha tomado declaración a varias personas que tomaron parte en la operación. Una de ellas, María Merino, jefa de protocolo en la Asamblea entonces y hasta la actualidad e investigada por la Guardia Civil por prevaricación, ha asegurado que se reunió en el despacho de Cifuentes en la cámara regional con la entonces diputada para el estudio de las ofertas.

La UCO se refiere a Cifuentes en estos términos en la pieza hasta ahora secreta de Púnica: "Algunos [...] empresarios cómo Arturo Fernández Álvarez fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de Ia Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, coma es el caso de MARIA CRISTINA CIFUENTES CUENCAS; hechos que han dado lugar a Ia elaboración de un Informe Policía complementario al presente", informa El Mundo.

En el caso de Cifuentes, los agentes constatan la “coincidencia” de que era patrono de Ia Fundación Fundescam con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de Campaña de esa formación política cuando se efectuaron las aportaciones económicas de Cantoblanco. También subrayan que Cifuentes pertenecía al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de Ia Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013 donde resultó ser Ia adjudicataria final Ia empresa de Arturo Fernández. Cifuentes “desempeñó también de manera simultánea Ia Presidencia de Ia Mesa de contratación en esas licitaciones”, señala el informe.

Los agentes recuerdan que en estas adjudicaciones, Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen Ia experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello “no fue penalizada”. Es decir, “hubo arbitrariedad y hubo un trato diferente para situaciones idénticas”, señala la UCO. Según los agentes compatibilizar Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas, con el hecho de presidir las mesas de contratación, es una circunstancia “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.

Los investigadores de la UCO preguntaron por Cifuentes a tres imputados en el marco de la adjudicación de los servicios de cafetería. Los agentes insistieron a Tatiana Recoder, letrada jefa de la asesoría jurídica de la Cámara, "si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma licitación". Aunque la abogada respondió que desconocía que la actual jefa del Gobierno autonómico se encontraba al frente de ese órgano.

La también imputada María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión —“muy corta" y "meramente expositiva", afirma— para analizar la valoración de las ofertas presentadas a esta adjudicación. Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Y, allí, según Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre nada: "No había nada que discutir".

A su vez, el funcionario Isaac Zubiri, también imputado, explica cómo él se encargó del informe de valoración de las compañías que optaron al concurso. Y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa cita y que se firmase el acuerdo, informa El País.

Imputado Villar Mir (OHL) por el 'caso Lezo'
El juez Eloy Velasco ha citado a partir del 12 de septiembre a 51 investigados en el 'caso Lezo' entre ellos el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; la mujer del expresidente Ignacio González, Lourdes Cavero; dos sobrinas y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, ya imputado en 'Púnica'. El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto en el que levanta parte del secreto de la causa, del tomo 1 al 19 inclusive, y cita a esos 51 investigados

Cifuentes regala 100 M para educastración nazicatólica del Opus y otras sectas fascistas
En 2015 el Gobierno regional del PP destinó 34,8 millones de euros a este modelo antieducativo, anticientífico y fascista, en 2016 desembolsaron 37,7 millones y hasta agosto del 2017 prevén gastar 25,9 millones; 98,5 millones de euros en total.

La herencia corrupta del nazi Gallardón
Alberto Ruíz-Gallardón, bajo un repugnante y mezquino disfraz de progresista y buen gestor, como clamaba la propaganda fascista nacional, todos saben hoy lo que era: un mal gestor, reaccionario, corrupto, ladrón y tan fascista y criminal como su suegro, el recién fallecido y enterrado con los dudosos honores de un asesino, Utrera Molina.

Concepción Dancausa (PP) investigada en la trama Lezo por Mercamadrid
La delegada del Gobierno del PP, Concepción Dancausa ha sido imputada por delito societario en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital, al igual que el hermano de Ignacio González, ahora en prisión preventiva por el caso Lezo.

Emarsa: Roca asegura que sólo facturaba y repartía comisiones
El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa de corrupción del PP valenciano por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones".

El PP de Castellón gastó 6.000 € públicos en gintonics, puros, chicles...
El Partido Popular del Ayuntamiento de Castellón se gastó más de 6.000 euros de dinero público en gintonics, rosquilletas, whisky, cava, vino, cervezas, carajillos, puros y chicles en las pasadas fiestas de la Magdalena de 2009, 2010, 2011 y 2012. El Consistorio, durante la etapa de alcalde del expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y con Alfonso Batalle, cargó a las arcas públicas más de seis mil euros en gastos de bebidas alcohólicas, puros de las mejores marcas y chicles.

Imputado Villar Mir (OHL) por el 'caso Lezo'

El juez Eloy Velasco ha citado a partir del 12 de septiembre a 51 investigados en el 'caso Lezo' entre ellos el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; la mujer del expresidente Ignacio González, Lourdes Cavero; dos sobrinas y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, ya imputado en 'Púnica'. El juez de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto en el que levanta parte del secreto de la causa, del tomo 1 al 19 inclusive, y cita a esos 51 investigados -un error en las citaciones hizo elevar la cifra a 52-, entre los que se encuentra también el expresidente de Mercasa Eduardo Amejide Montenegro, citado para el 25 de octubre.

En esta misma resolución, Velasco también divide el procedimiento en seis piezas, en cinco de las cuales está imputado el expresidente madrileño Ignacio González (PP), en prisión preventiva desde el 21 de abril. La primera engloba la causa principal sobre la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica -compra de Emissau-; la segunda aborda las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf y la tercera se centra en la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la que constan como investigados Villar Mir (citado para el 12 de septiembre), y su yerno Javier López Madrid, imputado en Púnica y al que el juez ya interrogó en 'Lezo' y le dejó en libertad bajo fianza.

La número cuatro está destinada a la supuesta financiación ilegal del PP a través del desvío de fondos de Indra y del ICM, y en ella figura como investigado José Martínez Nicolás -exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) que fue detenido en Lezo- así como Beltrán Gutiérrez, citado el 29 de septiembre.

En la número 5 se investigará el blanqueo de capitales con González, su mujer y sus dos sobrinas Rocío y Leticia Bonet de Cavero (citadas el 2 y el 6 de octubre respectivamente) entre los investigados. Y la sexta está dedicada a las irregularidades en Mercasa, por las que también está imputado Pablo González, hermano del expresidente madrileño y ya en prisión, y el exconsejero Alberto López Viejo, que está siendo juzgado en Gürtel, si bien no se encuentra entre los 51 citados a declarar, informa El Periódico.

La trama Lezo del PP sabía lo que hacía la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción investigaba la sospechosa compra de la empresa brasileña Emissâo (valorada en 5 millones) llevada a cabo por la filial del Canal de Isabel II en América y el movimiento de los 24 millones de dólares destinados a la operación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González en el Canal, fue informado de ello. Sucedió seis meses antes de ser detenidos, por lo que se deduce que los principales investigados por el caso Lezo sabían desde hacía tiempo cada uno de los pasos que tomaba la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación.

Lezo: El corrupto Villarejo contra sus clientes del Círculo de Gstaad
La Asociación Transparencia y Justicia, que fue expulsada del caso Nicolás por tener "interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo", ya que está formada por un socio y un empleado del comisario, vuelve a intentar el fraude procesal de participar en una causa donde hay imputados clientes y amigos suyos, como López Madrid -yerno de Villar Mir y cesado de su cargo en OHL a raíz de su imputación- y De la Joya.

Emarsa: Roca asegura que sólo facturaba y repartía comisiones
El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa de corrupción del PP valenciano por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones".

Italia, el portaviones de bombas nucleares de EEUU

Italia ha firmado el tratado de no proliferación nuclear, sin embargo sigue manteniendo en su territorio decenas de ojivas atómicas estadounidenses y las de la OTAN, comenta Fabrizio Di Ernesto, periodista y autor del libro 'Italia-portaviones. Sesenta años de la OTAN en nuestro país'. Los políticos nacionales, señala, prestan poca atención a la opinión del pueblo, siendo dependientes de EEUU: "Desgraciadamente, nuestra clase política depende totalmente de Washington, a los ciudadanos les dice una cosa y hace lo que quiere Washington. (…) Se conoce poco que, aunque Italia ha firmado el tratado de no proliferación nuclear, hospeda en las bases de Ghedi y Aviano (en el norte del país) ojivas atómicas de EEUU", denuncia.

Di Ernesto agrega que el Gobierno italiano nunca ha confirmado la información al respecto. Sin embargo, el ex presidente de EEUU, Bill Clinton, lo reveló en una entrevista en 2005. "Hospedamos unas 70 bombas nucleares, y eso en un país que ha votado en contra de la energía nuclear y ha firmado el tratado de no proliferación, es paradójico", subrayó. Preocupa no solo la presencia de tales armas sino también el impacto negativo que producen en el medio ambiente y la salud de la gente.

El periodista explica que en el municipio de Niscemi (Sicilia) fue construida y ya está en funcionamiento una de las cuatro antenas Muos, "sistema de defensa para la comunicación satelital, basada en cuatro antenas, instaladas por todo el mundo: en Niscemi, en Australia, en el estado estadounidense de Virginia y en las islas de Hawái". "Estas antenas permiten a todas las armadas estadounidenses y de la OTAN comunicarse entre una y otra. Como son solo cuatro antenas por todo el mundo, podemos imaginarnos la potencia de estos instrumentos para recibir y enviar señales. Diversas universidades han avisado del riesgo de enfermedades oncológicas, relacionadas con radioondas, pero el proyecto ha sido realizado de todas formas", mencionó.

Las fuentes sobre la presencia en Italia de las bases militares son pocas, mayormente estadounidenses. El periodista menciona que algunos documentos que lo confirman han sido desclasificados después del accidente del funicular de Cavalese, en 1998, cuando un avión estadounidense cortó un cable de soporte de una góndola de un teleférico. Entonces murieron unas 20 personas. Al mismo tiempo, Di Ernesto elogia la 'máxima transparencia' de EEUU. "Será suficiente digitar en cualquier buscador 'base structure report' y saldrá toda la contabilidad del Pentágono, cuánto gastan por cada base, cuántos militares y cuánto personal civil están presentes en cada instalación", dijo.

El periodista destaca la necesidad de saber leer estos datos al comparar el informe actual con el de hace dos o tres años. Y es aquí, indica, donde se ve una tendencia interesante: "Vemos cómo disminuyen los gastos de una base a otra, los soldados se transfieren a otras bases. Podemos preguntarnos por qué ello sucede. En los últimos años hemos visto que los soldados se desplazaban hacia el nordeste de Italia, incluso porque allí se encuentra Serbia con la que la OTAN no tiene muy buenas relaciones", indica.

"La historia nos enseña que todos los políticos que han probado en algún modo ir en contra del Gobierno estadounidense han acabado mal. Recordamos a Aldo Moro (primer ministro de Italia en los años 60 y 70, asesinado por las Brigadas Rojas) que quería hacer llegar al poder a los comunistas. (…) No creo que la actual clase política italiano pueda oponerse a estas bases que casi completamente se financian por EEUU. Se puede decir que el dinero que gasta Italia por ellas es el financiamiento de la Alianza Atlántica. Y hay muchos políticos que llaman a pagar más. Si pagas más, entonces puedes contar con más ayuda por parte de las estructuras internacionales. Y entendemos que no hay voluntad de cambiar la ruta", concluye, informa Sputnik.

Marlboro vs Camel o Cierco contra Reig, y los Pujol
Podría tratarse de un enfrentamiento entre clanes del viejo oeste americano. Pero la acción se desarrolla en el Pirineo, más concretamente en el Principado de Andorra. En esta historia los duelos nunca son al sol, sino en fríos despachos y tal vez ni siquiera hubiéramos tenido noticia de la reyerta de no ser porque su particular virulencia ha terminado destapando los trapos sucios de La Familia, denominación mafiosa con que la UDEF se refiere a los Pujol.

El PP gasta 3 millones de euros en curas e iglesias del ejército
El Estado pagó en 2016 más de tres millones de euros a la secta católica de la Fuerzas Armadas. La mayoría de ese dinero se destinó a sueldos de los 83 sacerdotes de distinto rango que componen el Arzobispado castrense que supusieron 2,75 millones. Los gobiernos fascistas y corruptos de España se han obligado por ley a facilitar la asistencia supersticiosa de los militares desde el Concordato con el Estado mafioso Vaticano de 1953.

Homenaje y desagravio al Presidente Juan Negrín
Valencia conmemora esta semana uno de los acontecimientos más trascendentales de su breve experiencia como capital de España: el nombramiento como Presidente del Gobierno de la República de Juan Negrín, el científico que convenció a ls repúblicanos a resistir, seguro de que se avecinaba otra guerra mundial de la que la española era una cuestión clave. "Mi abuelo nunca hablaba de la guerra como la Guerra Civil. Mi abuelo hablaba de la Guerra de España. Era la primera batalla de lo que luego fue la Guerra Mundial, por eso era crucial resistir", relata Carmen Negrín.

El PP de Castellón gastó 6.000 € públicos en gintonics, puros, chicles...

El Partido Popular del Ayuntamiento de Castellón se gastó más de 6.000 euros de dinero público en gintonics, rosquilletas, whisky, cava, vino, cervezas, carajillos, puros y chicles en las pasadas fiestas de la Magdalena de 2009, 2010, 2011 y 2012. El Consistorio, durante la etapa de alcalde del expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y con Alfonso Batalle, cargó a las arcas públicas más de seis mil euros en gastos de bebidas alcohólicas, puros de las mejores marcas y chicles.

El grueso del gasto, según ha desvelado Radio Castellón, se produjo durante las fiestas de la Magdalena de 2009, 2010, 2011 y 2012. Una época en la que estaban los ediles del PP Begoña Carrasco, Juan José Pérez Macián, Vicent Sales y Javier Moliner, que en la actualidad es presidente de la Diputación de Castellón. En la partida de gastos de la Alcaldía, el PP cargó decenas de facturas por gastos de tabaco, rosquilletas, aperitivos, carajillos y otras bebidas alcohólicas, como cervezas, cava, whisky, gintonics, vino, además de seis cajas de puros. En el año 2010, durante las fiestas de la Magdalena, llegaron a gastar casi 2.000 euros.

Esta actitud contrasta con la del actual equipo de gobierno en la alcaldía, formado por una coalición de izquierdas liderada por el PSOE, que no ha cargado en las pasadas fiestas de 2016 ni un solo euro a esta partida, según las fuentes municipales. En el PP, en cambio, defienden estos gastos, que según ellos iban destinados a delegaciones invitadas a las fiestas y ponen en duda que el actual equipo no haya usado esta partida.

Emarsa: Roca asegura que sólo facturaba y repartía comisiones
El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa de corrupción del PP valenciano por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones".

La trama Lezo del PP sabía lo que hacía la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción investigaba la sospechosa compra de la empresa brasileña Emissâo (valorada en 5 millones) llevada a cabo por la filial del Canal de Isabel II en América y el movimiento de los 24 millones de dólares destinados a la operación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González en el Canal, fue informado de ello.

Iglesias al PSOE: "Haremos algunas cosas mal pero el PP ni nos compra ni nos manda"
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender este martes la necesidad de sacar al PP de las instituciones y ha cargado contra el PSOE por no apoyar las mociones de censura que su formación está impulsando tanto en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes como en el Congreso, contra el presidente Mariano Rajoy.

Iglesias al PSOE: "Haremos algunas cosas mal pero el PP ni nos compra ni nos manda"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender este martes la necesidad de sacar al PP de las instituciones y ha cargado contra el PSOE por no apoyar las mociones de censura que su formación está impulsando tanto en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes como en el Congreso, contra el presidente Mariano Rajoy. "Tengo que decir muy claro que haremos algunas cosas mal, pero el PP ni nos compra ni nos manda", ha asegurado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha presentado a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruíz-Huerta, quien será la candidata de la moción contra Cifuentes.

Iglesias ha hecho referencia al 'tamayazo' –el episodio de transfuguismo de dos diputados del PSOE tras las autonómicas de 2003 que permitió que el PP se hiciera con el Gobierno de la Comunidad de Madrid–, en un discurso en el que no ha apelado al apoyo de los socialistas ni una sola vez.

Por el contrario, el líder del partido morado, consciente de la improbabilidad de que el PSOE reconsidere su negativa, sólo ha aludido directamente a los socialistas para reprocharles el 'tamayazo', en un intento también de demostrar el "poder" del PP. "El PP sigue siendo muy poderoso. Lo demostraron cuando pudieron comprar las voluntades de dos diputados del PSOE", ha asegurado, para añadir que, a diferencia del PSOE, Podemos no se deja "comprar" ni "mandar". Frente a un PP que "compra voluntades" y a un PSOE que se "deja comprar", Iglesias ha defendido la "dignidad" de la iniciativa que propone Podemos. "Es una cuestión ética señalar mediante la moción la mayor amenaza de nuestra democracia ahora, que es la normalización de la corrupción, que es la normalización del PP", ha alertado.

En este sentido, Iglesias ha advertido de que pedir la dimisión del presidente Mariano Rajoy, como ha prometido que hará Pedro Sánchez si gana las primarias del PSOE, "no soluciona nada", si eso se traduce en que será sustituido por otro representante de su partido. "Lo que hay que hacer es no normalizar la presencia del PP en las instituciones del Gobierno", ha enfatizado. "Cada día amanecemos con nuevas financiaciones y pruebas que revelan lo obvio: que hay un partido que utiliza las instituciones para protegerse", ha proseguido, tras señalar que la "trama del PP" tiene "uno de sus centros de desarrollo más importantes" en la Comunidad de Madrid, informa InfoLibre.

La trama Lezo del PP sabía lo que hacía la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción investigaba la sospechosa compra de la empresa brasileña Emissâo (valorada en 5 millones) llevada a cabo por la filial del Canal de Isabel II en América y el movimiento de los 24 millones de dólares destinados a la operación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González en el Canal, fue informado de ello. Sucedió seis meses antes de ser detenidos, por lo que se deduce que los principales investigados por el caso Lezo sabían desde hacía tiempo cada uno de los pasos que tomaba la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación.

IU impulsa la “denuncia y derogación de los acuerdos con el Vaticano”
IU lanza sendas iniciativas en el Congreso y ante la sociedad civil para impulsar la “denuncia y derogación de los acuerdos de Estado con el Vaticano”. Garzón ha firmado ya la proposición no de ley que se registrará este martes para su debate en el Pleno del Congreso y, al mismo tiempo, IU impulsa una campaña para informar a la ciudadanía sobre esta cuestión, que incluye la recogida de firmas para apoyarla.

Colau pide a Puigdemont reunir el Consorci del Palau y acusar a CDC
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más para volver a acusar a CDC en el caso Palau por el presunto cobro de comisiones a través de la entidad cultural. La alcaldesa Ada Colau ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedir la convocatoria de una reunión urgente -este martes- del Consorci del Palau.

La trama Lezo del PP sabía lo que hacía la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción investigaba la sospechosa compra de la empresa brasileña Emissâo (valorada en 5 millones) llevada a cabo por la filial del Canal de Isabel II en América y el movimiento de los 24 millones de dólares destinados a la operación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González en el Canal, fue informado de ello. Sucedió seis meses antes de ser detenidos, por lo que se deduce que los principales investigados por el caso Lezo sabían desde hacía tiempo cada uno de los pasos que tomaba la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación.

Según una información de la Cadena SER, Rodríguez Sobrino y otros investigados supieron que la Fiscalía había cursado una comisión rogatoria a Suiza. “Esta comisión tenía como objetivo conocer el destino dado a los 24 millones de dólares pagados al dueño de la empresa brasileña a través de una cuenta abierta en una sucursal bancaria suiza”.

Grabaciones del sumario a las que ha tenido acceso la emisora revelan cómo Edmundo Rodríguez se muestra preocupado por los pasos dados por Anticorrupción y lamenta que el actual Consejo del Canal de Isabell II encargara una auditoría sobre la compra de Emissâo. "Han encargado una auditoria a Ernst and Young, forense. Te traduzco, consiste en meter una docena de perros dentro de la empresa a ver si encuentran mierda en algún sitio. O sea, son buscadores de mierda. Entonces… pon unos tías especializados en buscar mierda, siempre hay algo claro, pero no en esta, en todas las del mundo", asegura el consejero de La Razón, informa El Boletín.

Lezo: El corrupto Villarejo contra sus clientes del Círculo de Gstaad
La Asociación Transparencia y Justicia, que fue expulsada del caso Nicolás por tener "interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo", ya que está formada por un socio y un empleado del comisario, vuelve a intentar el fraude procesal de participar en una causa donde hay imputados clientes y amigos suyos, como López Madrid y De la Joya. El comisario y empresario José Manuel Villarejo Pérez se ha especializado en "enredar" –como él mismo dijo en una ocasión– los procedimientos judiciales de sus amigos o clientes para sacarles de los aprietos con la Justicia.

Emarsa: Roca asegura que sólo facturaba y repartía comisiones
El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa de corrupción del PP valenciano por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones".

IU impulsa la “denuncia y derogación de los acuerdos con el Vaticano”
IU lanza sendas iniciativas en el Congreso y ante la sociedad civil para impulsar la “denuncia y derogación de los acuerdos de Estado con el Vaticano”. Garzón ha firmado ya la proposición no de ley que se registrará este martes para su debate en el Pleno del Congreso y, al mismo tiempo, IU impulsa una campaña para informar a la ciudadanía sobre esta cuestión, que incluye la recogida de firmas para apoyarla.

Emarsa: Roca asegura que sólo facturaba y repartía comisiones

El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa de corrupción del PP valenciano por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones". En la octava sesión del juicio por el desvío de más de 20 millones de euros de Emarsa, que se celebra en la Audiencia de Valencia, Roca, el único de los procesados que está en prisión provisional, ha asegurado que fue un empresario llamado Joan Borrás, sobre el que no pesa ninguna acusación, quien le propuso sobrefacturar por la gestión de los lodos de la depuradora.

"Mi función principal era pagar lo acordado. Solo estuve una vez en la depuradora de Pinedo y ni me bajé del coche, ni la pisé. Nadie me dijo que Emarsa fuese una empresa pública, yo pensaba que era privada", ha agregado. Roca ha afirmado conocer a Enrique Arnal, José Luis y Enrique Sena, Vicente Ros y Adolfo Polo, entre quienes se sientan con él en el banquillo de los acusados.

Aunque pagaba comisiones por la facturación de lodos desde 2005, Roca ha afirmado desconocer quiénes se repartían estas comisiones, y ha explicado que fue a partir de 2007, cuando las entregas en efectivo fueron sustituidas por tarjetas bancarias, cuando supo las proporciones del reparto. "En este momento es cuando me tienen que empezar a decir cómo se reparte el dinero, hasta entonces no lo sabía. Era el siguiente eslabón de la cadena el que lo sabía, Sena, pero ellos no querían que yo lo supiese".

"Sena me dice cómo lo tengo que repartir en cuántas cuentas, en qué proporción, pero a mí no me importaba cómo se llamasen", ha explicado. "Había cuatro cuentas principales, no me dijo quiénes eran, que se llevaban tres euros por tonelada, desde el primer hasta el último día, lloviese o no, hubiese más o menos lodos, eran sagrados. El resto recibían menos", en referencia a Enrique Arnal, Joan Borrás, Adolfo Polo y José Luis Sena, informa Las Provincias.

«Para trabajar en Emarsa tenía que afiliarme al PP y ser discreto»
El ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal ha asegurado hoy que el expresidente de esta empresa pública Enrique Crespo "quería que todos los directivos fuesen única y exclusivamente del PP" y que si quería trabajar en esta firma tenía que afiliarse o "seguir las directrices del partido". Arnal ha realizado estas declaraciones durante su declaración como procesado en el juicio de Emarsa, en el que se sientan en el banquillo 24 procesados por el saqueo de más de 20 millones de euros de fondos públicos de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).

Colau pide a Puigdemont reunir el Consorci del Palau y acusar a CDC
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más para volver a acusar a CDC en el caso Palau por el presunto cobro de comisiones a través de la entidad cultural. La alcaldesa Ada Colau ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para pedir la convocatoria de una reunión urgente -este martes- del Consorci del Palau.

Mientras ardía su novio, Rosa bromeaba ante la cámara
Los dos miembros de la Guardia Urbana acusados del asesinato de su compañero acudieron a una celebración de su unidad mientras el cadáver de la víctima ardía en el maletero del coche. Els Peixaters es un restaurante del Poblenou con una buena carta de mariscos y pescados, con unos salones en los que a menudo las diferentes unidades de la Guardia Urbana hacen sus celebraciones.

Mientras ardía su novio, Rosa bromeaba ante la cámara

Los dos miembros de la Guardia Urbana acusados del asesinato de su compañero acudieron a una celebración de su unidad mientras el cadáver de la víctima ardía en el maletero del coche. Els Peixaters es un restaurante del Poblenou con una buena carta de mariscos y pescados, con unos salones en los que a menudo las diferentes unidades de la Guardia Urbana hacen sus celebraciones. El pasado 4 de mayo, jueves, varios integrantes de la Unitat de Suport Diurn (USD) se reunieron con motivo de unos cambios. Rosa, miembro de la USD, pero de baja desde hacía meses, llegó acompañada de Alberto. Fueron pareja de patrulla, novios y por la cercanía y cariños que se regalaron ese día en la comida, algunos creyeron que volvían a estar juntos. Foto: Rosa se burla de la cámara en la comida con compañeros, a su lado su supuesto cómplice Alberto.

El encuentro se alargó con su sobremesa. Compartieron anécdotas, risas y se hicieron fotos. En esta que acompaña la información, Rosa se burla y le saca la lengua al objetivo del teléfono móvil. A su lado, aún con la barba, está sentado Alberto. Ambos fueron detenidos días después acusados del asesinato de Pedro, al que además quemaron en el maletero de su coche creyendo que así borrarían cualquier huella. Mientras el cadáver del guardia urbano ardía, a esa misma hora, Rosa bromeaba y se retrataba.

El Ayuntamiento está preocupado. Lo repitió ayer una y otra vez el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, en una comparecencia obligada por los acontecimientos. Las incontables revelaciones que siguen apareciendo sobre el proceder del asesinato están deteriorando la imagen de la Guardia Urbana. Recasens, no obstante, considera que se trata de un caso aislado. “Quiero separar la imagen del cuerpo de la Guardia Urbana de lo que son unos hechos puntuales. El cuerpo se defiende por sí mismo en sus actuaciones de cada día, salvando vidas y protegiendo ciudadanos. Cuando pasa un caso aislado debe tratarse como lo que es. No se puede mezclar cada vez que pasa algo”.

Sin embargo, el responsable político de la policía municipal es consciente que no se trata solo de la imagen que se desprende de unos hechos tan graves sino toda la retahíla de censurables comportamientos que atañe a los malogrados protagonistas de esta historia. La víctima, Pedro R., fue denunciada por el propio Ayuntamiento por agredir a un motorista el pasado verano en la carretera de la Arrabassada. La detenida, Rosa P., fue víctima de un caso de pornovenganza en el que será juzgado un subinspector de la Guardia Urbana. Supuestamente envió una foto sexual de ambos, cuando eran pareja, como represalia por romper con él.

Este hecho causó mucho revuelo en el seno del cuerpo policial. Y, por último, los dos detenidos, que patrullaron juntos durante años, fueron investigados por los Mossos d’Esquadra por una intervención contra el top manta en la que un mantero murió tras caer por un terraplén. El agente detenido también fue condenado a 600 euros de multa por la agresión a un vendedor que la sentencia tachó de “gratuita e innecesaria”. El comisionado de Seguridad admitió ayer que los dos agentes, en su trayectoria profesional, han acumulado “felicitaciones y expedientes sancionadores”.

El Ayuntamiento anunció ayer que suspende y abre expediente sancionador contra los dos agentes detenidos a la espera de lo que resulte del procedimiento judicial. Se trata de un trámite interno que la Guardia Urbana debe realizar pero que queda inmediatamente suspendido ya que “el derecho penal prima sobre el derecho administrativo”. Precisamente, la causa penal vivirá hoy un capítulo importante en la causa. Los dos detenidos, Rosa P. y Albert L., pasarán esta mañana a disposición del juzgado de instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú ,que les prestará declaración como investigados por el homicidio de Pedro R.. La juez deberá decretar si los envía a prisión provisional o bien los deja en libertad provisional.

Los Mossos d’Esquadra sospechan que se trata de un crimen pasional, que culminó con la muerte del agente tras descubrir que los detenidos mantenían una relación a sus espaldas. La arrestada y la víctima hacía pocos meses que vivían juntos en el chalet que ella posee en Vilanova i la Geltrú. El domicilio fue registrado el domingo durante doce horas sin que se encontraran pruebas de relevancia. Lo mismo ocurrió en la vivienda del otro policía detenido, en Badalona.

Los agentes incurrieron en contradicciones sobre dónde se encontraban a la hora del homicidio


Los Mossos cuentan con la información aportada por los teléfonos móviles de los arrestados, que los vinculan con el crimen, así como las contradicciones en las que incurrieron sobre dónde se encontraban a la hora del crimen. Los dos agentes fueron detenidos el sábado pasado y han permanecido las 72 horas en las comisarías de Sant Boi y Sant Feliu de Llobregat. Este procedimiento pretendía evitar que los dos arrestados tuvieran algún tipo de contacto entre ellos.

Las investigaciones acabarán por aportar más detalles sobre el asesinato del agente de la Guardia Urbana pero los primeros indicios apuntan a que murió en un lugar distinto al que fue encontrado el cadáver. El cuerpo de Pedro R. fue hallado por un excursionista en las inmediaciones del pantano de Foix, en el maletero de un coche completamente carbonizado. El mal estado en el que quedó el cadáver ha impedido hasta la fecha poder averiguar cómo murió la víctima. Si fue tras un forcejeo, un golpe, un corte o un disparo.

Además, fuentes de la investigación desconocen todavía cuál es escena del crimen. Los registros practicados en los domicilios de los detenidos no han permitido aportar pruebas que indiquen que Pedro R. fuera asesinado en alguno de esos lugares. Los Mossos estuvieron más de doce horas escudriñando los domicilios y estuvieron durante todo el día de ayer realizando pruebas al material intervenido, informa La Vanguardia

El GU detenido se afeitó el día del crimen del compañero
El jueves pasado Alberto y Rosa, los dos guardias urbanos detenidos el fin de semana acusados del asesinato del novio de ella, asistieron juntos a una comida organizada en un restaurante del Poblenou por los compañeros de la Unidad de Apoyo Diurno (USD), a la que ambos pertenecían y en la que habían patrullado juntos. Hacía tiempo que Alberto llevaba barba que lucía orgulloso y cuidaba con esmero. Al día siguiente, acudió a trabajar rasurado.

Dos guardias examantes detenidos por el asesinato del agente calcinado en su coche
Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona por el homicidio de otro agente del mismo cuerpo que apareció asesinado dentro del maletero de su propio coche el pasado 4 de mayo en el municipio Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Uno de los detenidos es un hombre de 36 años y el otro es una mujer de 33 años. Ella (foto), que era la pareja actual de la víctima y antigua pareja del detenido con el que al parecer se relacionaba de nuevo, había denunciado un caso de pornovenganza dentro de la Guardia Urbana cuyo juicio, abierto contra un subinspector del mismo cuerpo, ha sido aplazado recientemente.

El PP gasta 3 millones de euros en curas e iglesias del ejército
El Estado pagó en 2016 más de tres millones de euros a la secta católica de la Fuerzas Armadas. La mayoría de ese dinero se destinó a sueldos de los 83 sacerdotes de distinto rango que componen el Arzobispado castrense que supusieron 2,75 millones. Los gobiernos fascistas y corruptos de España se han obligado por ley a facilitar la asistencia supersticiosa de los militares desde el Concordato con el Estado mafioso Vaticano de 1953.

El PP gasta 3 millones de euros en curas e iglesias del ejército

El Estado pagó en 2016 más de tres millones de euros a la secta católica de la Fuerzas Armadas. La mayoría de ese dinero se destinó a sueldos de los 83 sacerdotes de distinto rango que componen el Arzobispado castrense que supusieron 2,75 millones. Los gobiernos fascistas y corruptos de España se han obligado por ley a facilitar la asistencia supersticiosa de los militares desde el Concordato con el Estado mafioso Vaticano de 1953. De ahí el empleo de fondos públicos, no solo para los curas sino también para mantener el Arzobispado, la iglesia catedral y el seminario castrenses además de los templos robados por la secta y destinados a este servicio que se llevaron más de 231.000 euros el año pasado, según la contestación a una solicitud de información cursada al Ministerio de Defensa a través del Portal de Transparencia. Los gastos de asistencia en misiones en el extranjero suman 40.800 euros.

Una vez que el Estado actualizó en 1979 los acuerdos con la Santa Sede que recogieron de nuevo la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, los gobiernos fascistas de PP y PSOE no han parado de añadir normas que han blindado la religión en los cuarteles en general y de la iglesia católica en particular.

La ley de libertad religiosa incluyó esta presencia brevemente en su articulado, pero originó una batería de normativas destinadas a garantizarla. La ley de la carrera militar obliga a crear un Servicio de Asistencia Religiosa –con mención especial a los católicos y los arreglos con el Vaticano– y ya previó un régimen retributivo del personal. El decreto que finalmente reguló ese servicio tiene 17 artículos de los que cuatro son genéricos y 13 específicos "para los miembros católicos". En esa segunda parte se detallan las retribuciones básicas y los complementos económicos para los capellanes castrenses que, nada más iniciar su ministerio, rondan los 30.000 euros y llegaron a los 59.800 para el arzobispo militar Juan del Río en el último ejercicio.

Así que, después de tejerse toda esa red legal, el Estado destina y paga partidas presupuestarias que, según acredita el Ministerio de Defensa en su contestación, alimentan especialmente a la confesión católica (que también recibe un tratamiento especial y diferenciado en el ordenamiento jurídico). El Arzobispado castrense calcula que atiende a unas 766.000 personas entre militares, guardia civiles, policías y funcionarios civiles de Defensa y sus familiares. Todos esos cuerpos suman 284.984 efectivos, según los datos de 2016.

El Ejército de Tierra mantiene ocho iglesias en sus regiones militares. Los gastos que cubre el presupuesto abarcan las facturas de agua y luz, en ocasiones el gas, la limpieza y también trabajos "correctivos". La Armada por su parte, informa de que sufraga cuatro templos por valor de 25.400 euros en 2016 que se fueron a mantenimiento "preventivo y correctivo".

En ese mismo apartado, el propio Arzobispado, que tiene sede en Madrid y que alberga un seminario llamado Colegio Juan Pablo II, se llevó 95.915 euros en los que está contabilizado también el mantenimiento de la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas. Así que la atención religiosa es un derecho reconocido de los militares y un compromiso al que se ha atado el Estado mediante varias normas. La situación se extiende a los soldados de confesiones diferentes a la católica pero de una manera mucho menos pormenorizada en los textos legales.

Los acuerdos entre España y las autoridades reconocidas de las religiones islámica, judía y evangélica tienen apartados referidos a los militares. En los tres casos se les reconoce el derecho a recibir esa asistencia y participar en sus ritos. La asistencia "será dispensada por los ministros" de su culto "en iguales condiciones que los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones y Comunidades que tengan concertados Acuerdos de Cooperación con el Estado", explican. Pero poco más se dice. Nada de los gastos o remuneraciones que tan detalladamente se desarrollan en el caso católico, informa el diario.es.

IU impulsa la “denuncia y derogación de los acuerdos con el Vaticano”
IU lanza sendas iniciativas en el Congreso y ante la sociedad civil para impulsar la “denuncia y derogación de los acuerdos de Estado con el Vaticano”. Garzón ha firmado ya la proposición no de ley que se registrará este martes para su debate en el Pleno del Congreso y, al mismo tiempo, IU impulsa una campaña para informar a la ciudadanía sobre esta cuestión, que incluye la recogida de firmas para apoyarla. Izquierda Unida, a través de sus diputados en el Congreso y del trabajo de su Área Federal de Educación, pone en marcha varias iniciativas parlamentarias y en el entorno de la sociedad civil para impulsar la “denuncia y derogación de los Acuerdos del Estado español con el Vaticano de 1979, como condición imprescindible para que la Religión confesional quede fuera de cualquier futura ley educativa que se estime democrática”.

Cannabis contra el deterioro de la memoria en ancianos
La revista especializada Nature Medicine revela hoy que un grupo internacional de científicos se han pronunciado sobre la posibilidad de emplear extracto de cáñamo para tratar el deterioro de la memoria y otras facultades cognitivas en los ancianos. De acuerdo con la publicación británica, la idea surgió de una serie de experimentos con ratones que mostraron que el consumo regular de dosis reducidas de cannabinoides (THC) inhibía la memoria y las capacidades de aprendizaje en los roedores jóvenes, mientras que en los viejos el resultado era el contrario y estas capacidades se veían intensificadas.

Homenaje y desagravio al Presidente Juan Negrín
Valencia conmemora esta semana uno de los acontecimientos más trascendentales de su breve experiencia como capital de España: el nombramiento como Presidente del Gobierno de la República de Juan Negrín, el científico que convenció a ls repúblicanos a resistir, seguro de que se avecinaba otra guerra mundial de la que la española era una cuestión clave. "Mi abuelo nunca hablaba de la guerra como la Guerra Civil. Mi abuelo hablaba de la Guerra de España. Era la primera batalla de lo que luego fue la Guerra Mundial, por eso era crucial resistir", relata Carmen Negrín, presidenta de honor de la Fundación que custodia el legado del político en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad donde nació en 1892.