dimecres, 17 de maig de 2017

Alemania pudo detener por tráfico de drogas al terrorista de Berlín

Anis Amri, el terrorista del atropello en un mercado navideño de Berlín en el que murieron doce personas, pudo haber sido detenido antes de el atentado por un delito de tráfico de drogas, reveló este miércoles el gobierno regional de Berlín. El responsable de Interior de la ciudad-estado, Andreas Geisel, informó del hallazgo de un documento del pasado noviembre -pero inédito hasta el momento- en el que se acusaba al joven tunecino de un delito de venta de drogas, por lo que "un encarcelamiento habría sido posible". El departamento de Interior de Berlín investiga ahora si la Oficina de Investigación Criminal (LKA) de la ciudad-estado ocultó a propósito este documento tras el atentado.

Las evidencias de este delito se obtuvieron porque las fuerzas de seguridad habían pinchado su teléfono móvil, al que se consideraba "peligroso" por la policía por su trato con islamistas, indicó Geisel. El departamento de Interior de Berlín investiga ahora si la Oficina de Investigación Criminal (LKA) de la ciudad-estado ocultó a propósito este documento tras el atentado. Geisel indicó asimismo que ya se han aplicado "medidas disciplinarias" contra empleados de la LKA.

Este hecho se suma a otras irregularidades ya constatadas en el seguimiento policial de Amri, al que se había llegado a seguir durante meses, algo que han azuzado el debate político en Alemania tras el atentado. El ataque yihadista -el primero de grandes dimensiones perpetrado en Alemania- se produjo el 19 de diciembre, cuando Amri irrumpió con un camión de gran tonelaje en un concurrido mercado navideño y atropelló a decenas de personas hasta que el vehículo se detuvo. El tunecino, que había solicitado asilo en Alemania y se le había denegado, fue abatido días más tarde en Milán (Italia), informan CP (efe, rtr).

Detenido otro soldado alemán relacionado con el sospechoso de planear un ataque
La Fiscalía federal alemana ha informado de la detención de Maximilian T., un teniente de 27 años del Bundeswehr como cómplice del también teniente Franco A., detenido a finales de abril y que está acusado de preparar “un ataque contra la vida de políticos de alto rango y personas de la vida pública” que se habían posicionado a favor de la política de acogida de refugiados.

Alemania: inspeccionan los cuarteles en busca de símbolos nazis
Después de los últimos escándalos que relacionan la ideología nazi con militares en activo el Ejército alemán (Bundeswehr) se ha visto forzado a tomar medidas severas. El general alemán Volker Wieker, máximo responsable de las fuerzas armadas alemanas, ha sido el encargado de ordenar la inspección de todos los cuarteles y dependencias militares del país, labor encomendada por la ministra de Defensa, con el único objetivo de eliminar los símbolos nazis que puedan ocultar los militares en activo.

Berlín califica de "repugnante" el motivo del ataque al Dortmund
El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, afirma que, de confirmarse la sospecha de que el detenido atacó el autobús para hacer caer las acciones, ello sería un motivo "especialmente repugnante". De Maizière realizó esa declaración este viernes.

7 mentiras de Cifuentes sobre la trama ‘Púnica’

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre no han tenido nunca una amistad íntima, antes bien se profesaban una enemistad manifiesta. Pero eso no implica que la una haya podido aprender de la otra en estos últimos años. Desde luego, esa es la impresión que se destilaba este martes de la comparecencia -que no rueda de prensa, porque no se permitieron las preguntas- de la presidenta de la Comunidad de Madrid para defenderse de la acusación de prevaricación continuada y cohecho de la Guardia Civil. Una comparecencia marcada por las falacias, las medias verdades y el victimismo. El manual político que durante años ha manejado con habilidad Esperanza Aguirre. De hecho, Cifuentes llegó a presumir de que “vivo de alquiler, con una cuenta corriente mermada” y por un momento era inevitable acordarse del piso de “techos altos” de la lideresa que no era capaz de caldear con su calefacción.

Pero vayamos al detalle de las mentiras, o medias verdades, que Cifuentes regaló a los medios en su comparecencia:
1- “Yo he conocido el informe por los medios de comunicación. No he tenido oportunidad de verlo”.
La Comunidad de Madrid está personada como acusación particular en el caso Púnica desde el año 2015. El 8 de marzo de este año, pocos días después de los informes en cuestión, la propia Cifuentes presumía de que la Comunidad “está personada” en la causa y prometía “colaboración absoluta”. Pero esa situación no sólo le da la obligación moral de colaborar, sino el derecho a tener acceso a la documentación de la causa una vez levantado el secreto de sumario. Es decir, “oportunidad de ver” el informe ha tenido, incluso por encima de los periodistas que hemos publicado su contenido. Otra cosa es que no haya querido.

2- “El informe es una sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento jurídico”.
Aquí, Cifuentes hace directamente trampas. Evidentemente, la Guardia Civil no tiene jurisdicción para hacer sentencias, pero sí para valorar hechos y realizar acusaciones de delitos. Sin embargo, fundamentos sí tiene la Guardia Civil, que en tres informes diferentes detecta hasta seis presuntas irregularidades en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández. Y, sobre lo que más afecta a Cifuentes -su doble papel de juez y parte como responsable de la adjudicación y del comité de expertos que valoró las propuestas- citan el “artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común”, así como extractos de sendos informes de “Juntas Consultivas de contratación administrativa”. No son sólo “juicios de valor”.

3- “A mí no me ha temblado el pulso para acudir a la Fiscalía en cuanto hemos tenido conocimiento de alguna irregularidad”.
El “yo destapé la Gürtel” particular de Cifuentes es igual de falso que el de Aguirre. Pese a la imagen vendida por la presidenta y reforzada por los medios de comunicación afines, el trabajo para destapar la trama del Canal de Isabel II surgió de los grupos de la oposición gracias a su investigación en la Comisión de Estudio de la deuda del Parlamento madrileño. Una comisión, por cierto, a la que el Gobierno de Cifuentes puso trabas y negó o dilató la entrega de información. No fue hasta una comparecencia de su consejero de Presidencia y presidente del Canal, Ángel Garrido, forzada por la oposición, cuando anuncian en junio de 2016 que enviarán un informe a la Fiscalía. Medio año después de que la Comisión ya investigase la trama y varios años después de que Cifuentes fuera consejera en la empresa pública del agua, cuando se produjeron las compras fraudulentas que ahora se investigan. O no lo supo -malo-, o no quiso saber -peor-, o supo y le tembló el pulso -pésimo-.

4- “¿De verdad alguien tiene duda de que he podido cometer un hecho ilícito? Sinceramente, la respuesta es no”.
Tanto en este caso, como en el anterior, nos encontramos ante falacias de autoridad. Creedme a mí y no a vuestros ojos. O no creáis a la Guardia Civil. Ni a la Fiscalía Anticorrupción, que cinco días después del informe de la UCO avala la tesis policial y señala, en otro informe, que “los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”. Y, un poco después, el mismo informe señala la “coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la Fundación FUNDESCAM, Directores y miembros de los Comités de Campañas Electorales, Presidente, Secretario General y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos orgánicos del PP y autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”. En esta estructura, los cargos -en plural- que ocupó Cifuentes están marcados en negrita por nosotros.

5- “Fue una adjudicación totalmente transparente”.
Como hemos mencionado, no es lo que piensa la Guardia Civil. Pero tampoco es lo que revelaron ante el juez los empresarios que aspiraron al contrato y que vieron con sorpresa cómo se lo llevaba Arturo Fernández. No les dejaron entrar a la Asamblea para ver cómo era la cafetería que querían gestionar. La oferta la prepararon “a ciegas sin ver la realidad”, que no es exactamente la definición de transparencia. O se les puso un cero en ciertos apartados de la oferta por no haber presentado cierta documentación que aseguran que sí se dio.

6- “Están pasando cosas muy feas”.
Aquí hay que entrar en interpretaciones, aunque la propia Cifuentes ha dado más puntadas este miércoles, al hablar de que ella no tiene “áticos”. Apunta a Ignacio González y quizás a una vendetta política por la Operación Lezo. Y es cierto que se sospechaba que González tendría munición de sobra para vengarse e incluso se temía a qué aparecería en las grabaciones del micrófono colocado en el despacho privado del expresidente. Pero no parece que sea el caso. A día de hoy, González no es comisario de honor de la Guardia Civil ni firma los informes de la UCO. Lo que sí que es feo, y de muy baja calidad política, es recurrir a las conspiranaoias para evitar dar explicaciones. Y, sobre todo, que toda una ex delegada del Gobierno se dedique a echar por tierra el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que hasta hace poco ella misma lideraba.

7- “Mi honradez está fuera de toda duda, absolutamente fuera de toda duda”.
Hay dudas razonables a raíz de los informes de la Guardia Civil y de las fiscales del caso Púnica. Hay dudas por el triángulo mágico de Cifuentes, que la sitúa, en la época de los hechos, en el comité de una campaña dopada con dinero recibido por una fundación en la que era patrona a cambio de una adjudicación firmada por ella. Todo presunto, por supuesto, pero da lugar a la duda. Y, sobre todo, porque en democracia nadie, y mucho menos un cargo público, debería estar exento de ser objeto de duda. Porque es el primer paso para la impunidad, informa El Plural.

La GC tiene 6 "elementos probatorios" contra Cristina Cifuentes
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

El juez de las tramas del PP 'Púnica' y 'Lezo' cambia de destino
El juez Eloy Velasco abandona el juzgado que investiga los casos de corrupción Púnica y Lezo que afectan a todo el aparato del PP. El Consejo General del Poder Judicial le ha adjudicado una de las plazas en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar las sentencias de la Audiencia antes de que lleguen al Tribunal Supremo. La plaza había sido solicitada por el propio Velasco, que la ha obtenido gracias a su condición de magistrado especialista en penal. El otro magistrado elegido, por el mismo motivo de especialidad, es el ex miembro del Tribunal Constitucional Enrique López, apartado de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Eloy Velasco impone una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados (foto) para salir de prisión.

Rebaja de penas a Millet, Montull e hija: 15, 11 y 3 años respectivamente
El fiscal rebajó sensiblemente las peticiones para Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull; las elevó para Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, y mantuvo la solicitud de decomiso de 6,6 millones de euros del partido por el presunto cobro de comisiones ilícitas, en sus conclusiones definitivas presentadas en la sesión de hoy del juicio por el expolio del Palau de la Música. En pleno debate entre el Ayuntamiento y la Generalitat por el asunto, el abogado del Consorci mantuvo su postura y no acusó a la formación política.

El mecanismo de Antikythera: el misterioso tesoro corintio

Si preguntáramos a un alumno que cursa Secundaria que quién inventó la calculadora o dónde fue inventada, las respuestas podrían ser miles, pero ninguna estaría cerca de la realidad y muchos menos harían referencia a una calculadora astronómica con más de 2.100 años de antigüedad. El mecanismo de Antikythera fue encontrado por buscadores de esponjas marinas entre los numerosos restos de joyería, monedas y estatuas de bronce y mármol de una galera romana que naufragó, a principios del siglo II ane., frente a la costa de la isla griega al norte de Creta que le da nombre, Antikythera. Los 82 fragmentos de bronce localizados -hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas- estaban dentro de una caja de madera en cuyas tapas se mostraban numerosas inscripciones con información valiosísima (nombres de meses en corintio, planetas..). Foto: Restos del Mecanismo de Antikythera.

No todos los expertos están de acuerdo con la interpretación del mecanismo. Fue el arqueólogo Stais en 1902 el que creyó que se trataba de un reloj astronómico. Edmunds y T.Freeth creían que el artefacto se utilizaba para predecir eclipses solares y lunares y tendrían como referencia los conocimientos en progresión aritmética de los babilonios y Edmunds aseguraba que podría mostrar planetas como Venus y Mercurio. Sin embargo Price, tenía una teoría más celestial, se utilizaría para establecer el cronograma de festivales agrícolas y religiosos. Y Wright con la reconstrucción del instrumento (72 engranajes) añadía que podría mostrar los movimientos de los cinco planetas conocidos en ese tiempo.

Reconstrucción del Mecanismo de Antikythera

Por último otros estudiosos revelaron que podría servir para determinar la fecha exacta de celebración de los Juegos Olímpicos y se apoyan en las inscripciones que se han encontrado, (empezaban con la luna llena más cercana al solsticio de verano y era necesario un cálculo lo más exacto posible y un gran conocimiento de astronomía para establecer la fecha concreta). Lo que parece claro es que el Mecanismo de Antikythera consta al menos 37 ruedas dentadas de precisión, hechas de bronce, con el que se podría calcular con exactitud posiciones y movimientos astronómicos, recrear la órbita irregular de la Luna y, quizás establecer la posición de planetas.

Posterior a esta calculadora se encontró un calendario luni-solar mecánico persa del año 1000 con una gran precisión tecnológica y no fue hasta la Edad Media cuando aparecieron aparatos complejos en los relojes de las catedrales medievales. Hoy en día somos capaces de llegar a los lugares más insospechados, calcular distancias sorprendentes y alcanzar todo aquello con lo que los griegos soñaron alguna vez, tan sólo pensar que un artefacto de semejantes características como el Mecanismo de Antikythera fuera creado hace más de 2.000 años, es para asegurar que estábamos ante una civilización mucho más cercana a la nuestra de lo que podemos imaginar, informa El País.

La deuda pública alcanza el 100'33% del PIB
La deuda de las administraciones públicas españolas subió en 11.160 millones de euros en marzo de 2017 en comparación con el mes anterior (+1%), hasta situarse en 1,129 billones de euros, el 100,33% del PIB según los datos del Banco de España (BdE) publicados hoy.

Cannabis contra el deterioro de la memoria en ancianos
La revista especializada Nature Medicine revela hoy que un grupo internacional de científicos se han pronunciado sobre la posibilidad de emplear extracto de cáñamo para tratar el deterioro de la memoria y otras facultades cognitivas en los ancianos.

Homenaje y desagravio al Presidente Juan Negrín
Valencia conmemora esta semana uno de los acontecimientos más trascendentales de su breve experiencia como capital de España: el nombramiento como Presidente del Gobierno de la República de Juan Negrín, el científico que convenció a ls repúblicanos a resistir, seguro de que se avecinaba otra guerra mundial de la que la española era una cuestión clave.

Rebaja de penas a Millet, Montull e hija: 15, 11 y 3 años respectivamente

El fiscal rebajó sensiblemente las peticiones para Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull; las elevó para Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, y mantuvo la solicitud de decomiso de 6,6 millones de euros del partido por el presunto cobro de comisiones ilícitas, en sus conclusiones definitivas presentadas en la sesión de hoy del juicio por el expolio del Palau de la Música. En pleno debate entre el Ayuntamiento y la Generalitat por el asunto, el abogado del Consorci mantuvo su postura y no acusó a la formación política. En dichas calificaciones, el fiscal Emilio Sánchez Ulled solicitó 14 años y nueve meses para el expresidente del Palau de la Musica Félix Millet (antes eran 27 y medio); para su mano derecha, Félix Montull, las rebaja de 27,5 a diez años y diez meses; y para Gemma Montull, la pena que solicita no implicará su ingreso en prisión, pues serán tres en lugar de 26, siendo un año sustituible por una multa.

Las confesiones de los tres, que señalaron que el Palau fue el medio para canalizar comisiones desde Ferrovial a Convergència, a cambio de obra pública, han sido las causantes de la sensible reducción de la exigencia de reproche penal. En cuanto a Daniel Osàcar, que era el tesorero de CDC y también de la fundación CatDem, el fiscal elevó en medio año sus imputaciones por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y pasó de pedir siete años y medio a ocho años de prisión. Al partido, como partícipe a título lucrativo, le sigue exigiendo 6,6 millones de euros

Ulled ha expuesto las peticiones de penas en su exposición de las conclusiones definitivas , después de que ninguna de las acusaciones ni defensas haya pedido la suspensión, ni siquiera el Consorcio del Palau de la Música, que ha desoído la petición del Ayuntamiento de Barcelona y ha evitado pedir la suspensión del trámite de conclusiones a la espera de la reunión en que decidirá si acusa a CDC. El abogado del Consorcio, Francisco Claverol, sigue por tanto sin acusar CDC como participante del expolio de la entidad musical. No ha pedido el aplazamiento de la sesión del juicio ni ha modificado prácticamente ninguna conclusión, salvo pequeñas variaciones a la baja de la responsabilidad civil. De hecho, ha mantenido los 21 años de prisión para los tres principales encausados, Fèlix Millet y Jordi y Gemma Montull.

En la sesión de hoy, además, declararon los últimos peritos y ahora se entra ya en la última fase. El próximo viernes, las defensas presentarán sus escritos de calificación y el lunes, 29, el fiscal expondrá su informe. En las vísperas del juicio, Jordi Montull había propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC
La Fiscalía pedía para Millet, Montull y Osàcar penas por el supuesto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa de Jordi Pujol. Pero en las vísperas del juicio, Jordi Montull había propuesto un pacto al fiscal para rebajar la pena a su hija a cambio de confesar su implicación en el expolio y dar información sobre el supuesto desvío de fondos a CDC.

Millet también decidió sondear a la Fiscalía para pactar a cambio de una rebaja de la petición de pena y por eso durante la declaración admitió que el Palau de la Música servía para desviar dinero de Ferrovial a CDC a cambio de las adjudicaciones de obra pública. “Convergència sabía que ferrovial daba este dinero a cambio de que le adjudicaran obra publica”, confesó el principal acusado del juicio del caso Palau ante las preguntas del fiscal Ulled.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusaba a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros. Por el presunto entramado para el pago de comisiones ilícitas a CDC, el fiscal acusaba de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al extesorero Daniel Osàcar, que en su declaración negó rotundamente las acusaciones de Millet y Montull y lo achacó todo a un ánimo vengativo. El fiscal también plantea el comiso de 6,6 millones de euros a la formación por las sumas que supuestamente recibió de Ferrovial, a través del Palau, a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

El Ministerio Público reclamaba multas de 20 millones de euros a Osàcar y a los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, y los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión. Además, el fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la complicidad de la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para la que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman doce millones de euros.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusaba a Millet y a su mano derecha de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros
El caso, del que está previsto que haya sentencia este verano, llegó a juicio casi ocho años después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que ha acabado poniendo bajo la lupa la financiación de CDC.

Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no ha parado de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo, informa La Vanguardia.

La CUP se suma a Colau y exige a JxSí acusar en el Palau
En una maniobra de presión de la CUP al Govern de PdeCat (antes CDC) y ERC en el Parlament, y sumándose a la carta de Colau, el grupo parlamentario ha registrado una resolución en el Parlament que insta al Govern a acusar a CDC en el caso Palau. Un texto que debe votarse en el pleno de esta semana para poder cumplir con los trámites del proceso judicial. La CUP reclama a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoque antes del Pleno a la Mesa y la Junta de Portavoces para cambiar el orden del día y poder votar en la primera sesión.

La Generalitat ayuda a CDC en el juicio del Palau
El PDECat tiene un problema, y ese problema se llama juicio del caso Palau. Sea cual sea la sentencia, la recta final del proceso judicial se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para un partido nacido para evitar la asociación con la corrupción que empantanó la antigua Convergència.

Mas y Puig sabían que las 'mordidas' de Adigsa iban a CiU
Juan Antonio Salguero, el único acusado del caso Adigsa que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para rebajar su pena, ha afirmado ante el tribunal que las "mordidas" del 20% de esta trama corrupta iban a parar a CiU y que lo sabían todos, desde Felip Puig -José María Penín, pariente del exconseller Felip Puig, le aseguró que el dinero de las mordidas iba "para arriba"-, hasta Artur Mas, pues él se lo advirtió al expresidente catalán.

El juez de las tramas del PP 'Púnica' y 'Lezo' cambia de destino

El juez Eloy Velasco abandona el juzgado que investiga los casos de corrupción Púnica y Lezo que afectan a todo el aparato del PP. El Consejo General del Poder Judicial le ha adjudicado una de las plazas en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar las sentencias de la Audiencia antes de que lleguen al Tribunal Supremo. Eloy Velasco impone una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados para salir de prisión.

El juez de las tramas del PP 'Púnica' y 'Lezo' cambia de destino

El juez Eloy Velasco abandona el juzgado que investiga los casos de corrupción Púnica y Lezo que afectan a todo el aparato del PP. El Consejo General del Poder Judicial le ha adjudicado una de las plazas en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar las sentencias de la Audiencia antes de que lleguen al Tribunal Supremo. La plaza había sido solicitada por el propio Velasco, que la ha obtenido gracias a su condición de magistrado especialista en penal. El otro magistrado elegido, por el mismo motivo de especialidad, es el ex miembro del Tribunal Constitucional Enrique López, apartado de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Eloy Velasco impone una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados (foto) para salir de prisión.

La Sala de Apelaciones se pondrá en marcha este mes de junio. Hasta entonces, Velasco seguirá instruyendo las causas que le corresponden. Su puesto en el juzgado Central de Instrucción número seis será ocupado por el magistrado que la obtenga en el concurso que ahora pondrá en marcha el CGPJ. Velasco y López han obtenido unas plazas que habían sido solicitadas por un total de 33 jueces. Su designación es el resultado de un informe elaborado por el CGPJ sobre qué magistrados deben considerarse especialistas en el área Penal. El informe concluye que no existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional, pero sí puede considerarse como mérito para estas plazas el haber accedido que quienes como Velasco y López accedieron a la categoría de magistrado mediante las pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal. Velasco y López eran los únicos que cumplían esa circunstancia.

Eloy Velasco impone una fianza de 400.000 euros a Francisco Granados para salir de prisión


El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto una fianza de 400.000 euros al ex consejero madrileño Francisco Granados para salir de prisión, donde se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 por su presunta implicación en la causa por el caso Púnica. En un auto, fechado este miércoles, el juez instructor de la causa modifica la prisión incondicional sin fianza por la de prisión eludible si Granados paga la cantidad fijada. Velasco toma esta decisión tras los últimos registros realizados en este procedimiento en relación con la empresa Arpegio-Prisma, lo que ha disminuido el riesgo de que si sale de la cárcel pueda destruir pruebas. A esto se suma el hecho de que ya se ha levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas.

A juicio del magistrado, también ha disminuido el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido desde que entró en prisión, al tiempo que considera positivo que Granados pueda acudir "en otras condiciones" al primer juicio oral de esta causa. Este es, el 'chivatazo' de la investigación.No obstante, al no haber desaparecido por completo los riesgos aludidos, el juez considera proporcional acordar la libertad de Granados una vez depositada la citada cantidad en metálico. En caso de depositar la fianza, Granados deberá comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 o el más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, además de facilitar un número de teléfono y un correo para ser localizado de forma permanente, fijar un domicilio y tiene prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial, informa El Mundo.

Una red mafiosa financió las campañas del PP con facturas falsas
El Partido Popular madrileño mantuvo una contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008, con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas. Estos empresarios fueron luego adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por el PP. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario del caso Púnica.

La GC tiene 6 "elementos probatorios" contra Cristina Cifuentes
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

Catalá, reprobado por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP
Todos los partidos del Congreso, salvo el PP, han votado la reprobación del ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar a Rajoy los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La moción es una iniciativa socialista tras la sesión de control de la pasada semana en la que toda la oposición pidió la dimisión del ministro y el cese de los fiscales por su injerencia demostrada en los numerosos casos de corrupción que afectan al PP.

Balears: Jarabo renuncia a liderar Podemos

El secretario general de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, anunció ayer en los pasillos del Parlament de Palma su decisión de no presentarse a la reelección ante la división que ha provocado el proceso de primarias por la posibilidad de que la número dos del partido, Laura Camargo, presente su candidatura, para lo cual cuenta con el apoyo de los principales cargos de la formación, entre ellos todo el grupo parlamentario. Jarabo, que realizó este anuncio a los periodistas antes que a los diputados de su grupo, acompañó su resolución con una llamada a Camargo a tomar ejemplo y retirarse también de la carrera por el liderazgo de Podemos argumentando que era preferible una candidatura de consenso.

Sus declaraciones solo sirvieron para agudizar la crisis que vive el partido desde que hace poco más de una semana la dirección balear, con Jarabo al frente, decidiera adelantar las primarias a junio, una opción con la que Camargo se mostró en desacuerdo al considerar que debían celebrarse tras el verano, como estaba previsto. Entonces, y ante la sorpresa de Jarabo, Camargo anunció que no descartaba presentar su candidatura. El martes de la semana pasada, el líder del partido comprobaba, también sorprendido, cómo apoyaban a Camargo todos los diputados de Podemos, a los que se unieron otros cargos. El colofón fue un manifiesto que ya lleva 200 firmas, entre ellas las de relevantes cargos, pidiendo a Camargo que presente su candidatura.

El avance de la número dos de Podemos dejó cada vez más claro que Jarabo tenía muchas posibilidades de perder la batalla. El lunes por la noche, el consejo de coordinación de Podemos decidió recular, dejando las primarias para después del verano. Ayer, Jarabo justificaba su decisión de no optar a la reelección por su "responsabilidad" en mantener la unidad del partido, ante la "división" que se ha producido. "Me han insistido en que se tienen que buscar alternativas que generen una unidad mayor que la que puede generar Camargo", dijo Jarabo en referencia a los consejos que ha recibido de "mucha gente" del partido.

Lejos de calmar los ánimos, el anuncio de Jarabo provocó enfado y estupefacción, empezando por la propia Camargo, cuya expresión conforme escuchaba a Jarabo reflejaba lo que resumió poco después: "sorpresa y desconcierto". Camargo lanzó duras críticas a Jarabo. "Stop a la improvisación constante y a las incongruencias", dijo refiriéndose al secretario general, tras precisar que su decisión de presentar su candidatura no está vinculada a lo que haga Jarabo. "No depende de voluntarismos ni aventurismos, sino de un proyecto colectivo", dijo Camargo, a la vez que dejó claro que ella no se lanza "a una piscina sin agua", recordando los numerosos cargos y militantes que han firmado el manifiesto a su favor. Además tildó de "ocurrencia" que Jarabo diga ahora que habría que volver a plantearse la entrada en el Govern. "Pedir la dimisión del vicepresidente del Govern (Biel Barceló por los contratos a dedo al exjefe de campaña de Més) y a las dos semanas decir que se quiere entrar en ese Govern es incongruente", dijo Camargo.

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, mandó ayer una carta en referencia a los procesos de primarias en varias comunidades autónomas, como Balears, en la que pidió "compañerismo" y "brújula ética", dejando a un lado campañas "de agresividad basadas en dañar al adversario", informa Las Provincias.

Iglesias al PSOE: "Haremos algunas cosas mal pero el PP ni nos compra ni nos manda"
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender este martes la necesidad de sacar al PP de las instituciones y ha cargado contra el PSOE por no apoyar las mociones de censura que su formación está impulsando tanto en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes como en el Congreso, contra el presidente Mariano Rajoy.

Palma: El presidente de Acotur, ante el juez
El presidente de Acotur, José Tirado, ha pasado esta mañana a disposición judicial tras ser detenido ayer, acusado de extorsión y obstrucción a la Justicia, en el marco de la operación Sancus, en la que también aparece implicado el maganate del ocio nocturno Bartolomé Cursach. Tirado ha llegado a los juzgados de Vía Alemanya sobre las nueve de la mañana.

No hallan la fortuna robada y oculta por Matas (PP)
La fiscalía anticorrupción pidió el archivo del caso Palacete, el incremento injustificado del patrimonio del expresident del Govern Jaume Matas, porque las tres condenas que pesan sobre éste no bastan para sostener una acusación por blanqueo de capitales, dada la imposibilidad de demostrar que los millones en dinero negro, o a través de testaferros, manejados por Matas tienen su origen en cohechos o fraudes fiscales.

Morenilla acusa al PSPV de «meterlo» en el caso Emarsa del PP

El exgerente de la Epsar José Juan Morenilla ha cargado contra los miembros del consejo de administración de Emarsa (integrado por responsables políticos) por el cobro ilegal de 775.000 euros a lo largo de varios ejercicios sin que esta retribución estuviera aprobada de manera legal y ha acusado al alcalde de Albal de «meterlo» en el caso Emarsa por no darle datos sobre la financiación del PP. Morenilla asegura que Ramón Marí (PSPV), denunciante del caso Emarsa, le pidió datos sobre una supuesta financiación ilegal del PP en febrero de 2012 y le amenazó con implicarle en el caso si no se los daba. Morenilla ha hecho estas declaraciones en la novena jornada del juicio por el saqueo de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo, un proceso en el que están acusadas otras veintitrés personas.

"En un almuerzo con Marí en febrero de 2011" cuyo recibo "debe estar" en la entidad de saneamiento, el socialista le pidió "datos de la financiación ilegal del PP", según Morenilla. "Yo tenía hasta entonces una relación cordial con él; le dije que no entendía nada. Marí me dijo que teníamos que ir contra el PP o que me metería en Emarsa; le dije: tú verás", ha declarado. También ha relatado que días después la vicepresidenta de Les Corts y también denunciante del caso, Carmen Martínez (PSPV), presentó un escrito que recibió de forma anónima en el que se le relacionaba con Jorge Ignacio Roca Samper, "nada menos". "Y poco después (Enrique) Arnal, que llevaba un año imputado, decide declarar y dice que (Esteban) Cuesta le contó que entregaba dinero en cajas de cartón a Morenilla, (Ignacio) Bernácer y (Enrique) Crespo", ha señalado.

A su juicio, es evidente que "Cuesta ha llegado a algún tipo de pacto con las acusaciones, ya que es el autor material de todo el fraude y se le pide menos pena que a mí, que no he obtenido beneficio patrimonial ni hay pruebas contra mí. Nada menos que catorce años de cárcel se me piden". "Yo era el enemigo público número uno de Cuesta y Arnal. En 2008, cuando me negué a incrementar la financiación de Emarsa, Marí me llegó a decir que Cuesta me había llamado 'hijo de puta' en el consejo de administración de Emarsa", ha relatado. Además, según su testimonio, Cuesta y Arnal le pidieron que intercediese ante la UTE que se hizo cargo de la depuradora de Pinedo cuando se liquidó Emarsa para mantener su estatus, algo que, según les advirtió, él no iba a hacer. "Estaban acorralados por la investigación y decidieron desviar la mirada hacia otros", ha insistido.

Preguntado por el supuesto uso de tarjetas de crédito cedidas por Roca para repartirse los sobrecostes facturados a Emarsa, Morenilla ha lamentado que no consten en la causa las grabaciones de los cajeros donde supuestamente se realizaron las extracciones y ha negado haber dispuesto de esas tarjetas. Sobre las dieciocho extracciones que según consta en la causa se realizaron en Meliana, su localidad de residencia habitual, ha indicado que "hay otras personas relacionadas con este proceso que también viven ahí". También ha atribuido a otros procesados, como Cuesta, otras extracciones que según se sospecha pudo realizar él, como las hechas en Dénia y Zaragoza.

"En la época en la que se hicieron extracciones en Dénia, Cuesta solía visitar el hotel Marriott, y la de Zaragoza se hizo en un cajero muy cercano al hotel Alfonso y hotel Oriente, donde a Cuesta le gustaba ir a costa de todos los valencianos", ha agregado. El acusado ha explicado que si se hubiera contratado a otros consejeros independientes, "quizá no estaríamos en la situación actual". Hoy, el acusado está contestando a las defensas. Es el turno de su letrado. "Yo no he participado en esto ni me he llevado dinero de Emarsa", ha dicho a preguntas de su defensa.

Morenilla ha hecho estas declaraciones en la novena jornada del juicio por el saqueo de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo, un proceso en el que están acusadas otras veintitrés personas. El exgerente de la Epsar Jha insistido hoy en que "el único que no hacía falta para cometer el fraude" era él, quien según ha dicho carecía de capacidad de acción en Emarsa, y ha añadido que, en definitiva, "de donde salió el dinero" fue de esta empresa pública.

"No he tenido ningún incremento patrimonial ilícito, hay más de diez informes de la Agencia Tributaria en la causa y no se me atribuye ni un céntimo de euro de patrimonio irregular. Se ha investigado a mi familia, hermanos, cuñados... Ni un céntimo irregular", ha declarado. "Todas las acusaciones que hay sobre mí son conjeturas -según Morenilla-. No me he llevado ni un céntimo ni me he ido de viaje a costa de Emarsa, a pesar de que el instructor dice que a nivel de indicios usé tarjetas en mi beneficio. Es totalmente falso".

También ha indicado que no se ha "concertado con nadie jamás" y ha añadido: "Si yo hubiese sabido lo que sucedía lo hubiese puesto inmediatamente en conocimiento de quien correspondiese. Si formaba parte del fraude, ¿por qué a partir del año 2008 me opongo a que se incrementen los costes de explotación?". "El dinero ha salido de Emarsa. Yo no pertenecía a Emarsa ni tenía capacidad de obrar, no he ordenado ningún pago, ni de lodos, ni de viajes ni de comilonas. Aunque conociese el fraude, no podía impedir que se contratase dentro de Emarsa a quien se quisiese", según el exgerente de la Epsar.

Morenilla ha vuelto a insistir en que el organismo del cual formaba parte (Epsar) ejercía el control técnico de la actividad de la depuradora de Pinedo, y no de la sociedad que la gestionaba, Emarsa. "En Emarsa había un jefe de planta y un jefe de proceso que ganaban más de 100.000 euros al año; había personal suficiente para controlar la actividad de la instalación", ha afirmado. De allí salían, según su relato, "diez tráilers diarios de lodos, 365 días al año. Son 50 kilómetros de camiones al año, eso implica una gran dificultad técnica y no hubo nunca ningún gran problema medioambiental".

Preguntado por si conoce alguna otra depuradora a la que la Epsar le pagara más de dieciocho euros por gestionar cada tonelada de lodo, Morenilla ha respondido que "a las depuradoras del Ayuntamiento de Valencia se les pagaba entre 54 y 68 euros por tonelada, a la de Alcoi entre 45 y 47 euros, a la de Alcora entre 36 y 40". A un 18 % de las depuradoras de la Comunitat se les pagaba a más de 42 euros por tonelada, según ha detallado Morenilla en relación al precio máximo que se llegó a pagar por el tratamiento de cada tonelada de lodo procedente de la depuradora de Pinedo.

También ha asegurado que "las retribuciones que percibieron los consejeros de Emarsa, 775.000 euros, fueron ilegales porque no se aprobaron en junta general, y no han devuelto ni un euro". "La composición del consejo era ilegal, debería haber habido nueve consejeros como máximo y eran dieciocho. Además, sus retribuciones se incrementaron un 300 %", ha añadido este ex alto cargo del Consell, para quien la Fiscalía reclama catorce años de prisión, informa Las Provincias.

Emarsa: Roca asegura que sólo facturaba y repartía comisiones
El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa de corrupción del PP valenciano por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones". En la octava sesión del juicio por el desvío de más de 20 millones de euros de Emarsa, que se celebra en la Audiencia de Valencia, Roca, el único de los procesados que está en prisión provisional, ha asegurado que fue un empresario llamado Joan Borrás, sobre el que no pesa ninguna acusación, quien le propuso sobrefacturar por la gestión de los lodos de la depuradora.

«Para trabajar en Emarsa tenía que afiliarme al PP y ser discreto»
El ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal ha asegurado hoy que el expresidente de esta empresa pública Enrique Crespo "quería que todos los directivos fuesen única y exclusivamente del PP" y que si quería trabajar en esta firma tenía que afiliarse o "seguir las directrices del partido". Arnal ha realizado estas declaraciones durante su declaración como procesado en el juicio de Emarsa, en el que se sientan en el banquillo 24 procesados por el saqueo de más de 20 millones de euros de fondos públicos de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).

Una red mafiosa financió las campañas del PP con facturas falsas
El Partido Popular madrileño mantuvo una contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008, con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas. Estos empresarios fueron luego adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por el PP. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario del caso Púnica.

Mas y Puig sabían que las 'mordidas' de Adigsa iban a CiU
En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado el juicio por el caso Adigsa, una investigación que la Fiscalía abrió en el 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba comisiones del 3%.

Prisión sin fianza para los dos urbanos por asesinato

La juez de instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú decretó ayer prisión provisional sin fianza para los dos agentes de la Guardia Urbana presuntamente implicados en el asesinato de otro policía. Alrededor de las once de la noche los vehículos de los Mossos d’Esquadra salieron de las dependencias judiciales para trasladar a los dos agentes a la cárcel para pasar la primera noche. Ambos negaron tener ningún tipo de participación en la muerte de Pedro R, también agente de la Guardia Urbana y pareja de Rosa P., cuyo cadáver apareció calcinado en el maletero de un coche en una pista forestal cercana al pantano de Foix. Sin embargo, los dos detenidos dieron versiones contradictorias. Foto: La detenida, Rosa P, entrando al juzgado en el vehículo policial.

La agente Rosa P., que era la pareja del asesinado, estuvo tres horas respondiendo las preguntas de todas las partes, tanto de su abogada como de la Fiscalía. Este es un hecho poco habitual ya que los investigados por asesinato acostumbran a guardar silencio cuando las diligencias del juzgado se encuentran bajo secreto de sumario. “Lo ha negado todo y ha venido a colaborar totalmente con la investigación”, aseguró su abogada, Georgina Benages. De hecho, la letrada recordó que Rosa P, fue detenida el pasado sábado después de que ella misma fuera a declarar voluntariamente a la comisaría de los Mossos d’Esquadra para ampliar la versión de los hechos que ella misma había dado en días anteriores.

El relato de la mujer se contradijo con las explicaciones que durante 45 minutos dio el otro agente acusado, Albert L. El policía también negó tener ningún tipo de participación en el crimen pero, a diferencia de Rosa, él sí admitió que mantenía una relación sentimental con la chica a escondidas. “Admite una participación que no tiene nada que ver con la muerte”, subrayó el abogado del agente, José Luís Bravo. El policía acusado quiso dejar claro que “no se encontraba en la casa” con la chica cuando el agente Pedro R. fue asesinado.

La juez, sin embargo, no les creyó. En el auto dictado a última hora, la magistrada relató que “existen indicios suficientes” contra los dos detenidos para enviarles a prisión por un presunto delito de homicidio o asesinato. La defensa de la detenida presentó ante el juzgado la declaración de una testigo que tenía una coartada para librar a Rosa de la cárcel. Fue una testigo referencial que no vivió los hechos directamente sino que se lo contó una tercera persona. La agente de la Guardia Urbana arrestada por la muerte de su novio llegó a las dependencias judiciales en torno a las diez de la mañana pero su comparencia no empezó hasta cinco horas más tarde. Durante la espera unos forenses le realizaron una exploración psicológica para determinar su estado de afectación por lo sucedido.

Las acusaciones que pesan sobre ellos son muy graves. Los Mossos los detuvieron el pasado sábado por su implicación en el asesinato. La víctima era el novio de la detenida que presuntamente mantenía una relación a escondidas con el otro agente arrestado. La principal hipótesis de los investigadores es que el fallecido se percató del engaño de su pareja y acabó asesinado. Falta por saber todavía el grado de participación de los dos detenidos en la ejecución material del crimen. Lo que tienen claro es que a Pedro R. lo mataron antes de trasladar su cadáver a la pista forestal del pantano de Foix donde finalmente su vehículo fue calcinado y su cuerpo ardió hasta carbonizarse en el maletero.

Los Mossos cuentan con las contradicciones y mentiras en las que incurrieron los dos agentes durante las declaraciones que ambos prestaron en comisaría a las pocas horas de hallar el cadáver. Ambos dijeron que se encontraban en un lugar distinto al que los Mossos han podido corroborar. Los investigadores también cuentan con el rastreo de los móviles de los detenidos cuya señal se sitúa en una zona cercana donde se encontró el cadáver calcinado.

Los Mossos d’Esquadra revisarán la muerte de un vendedor ambulante que cayó por un terraplén en Montjuïc después de una actuación de la Guardia Urbana en la que participaron los dos agentes detenidos por el crimen de Foix. Fuentes de la policía catalana aseguran que están llegando nuevas informaciones a sus dependencias que obligan a revisar el caso. Los dos agentes de la Guardia Urbana fueron investigados por esa actuación, que acabó con la muerte de un mantero pakistaní de 40 años, quien tras verse perseguido por la policía decidió saltar una valla sin percatarse de que caería por un precipicio de treinta metros.

Los hechos ocurrieron en agosto del 2014 en la zona de los jardines Forestier. La investigación policial concluyó que la muerte del mantero fue accidental. Durante el dispositivo contra el top manta el vendedor se encaró a los agentes y agredió a la agente Rosa P., a la que provocó un corte en un brazo, informa La Vanguardia.

Mientras ardía su novio, Rosa bromeaba ante la cámara
Los dos miembros de la Guardia Urbana acusados del asesinato de su compañero acudieron a una celebración de su unidad mientras el cadáver de la víctima ardía en el maletero del coche. Els Peixaters es un restaurante del Poblenou con una buena carta de mariscos y pescados, con unos salones en los que a menudo las diferentes unidades de la Guardia Urbana hacen sus celebraciones. El pasado 4 de mayo, jueves, varios integrantes de la Unitat de Suport Diurn (USD) se reunieron con motivo de unos cambios. Rosa, miembro de la USD, pero de baja desde hacía meses, llegó acompañada de Alberto. Fueron pareja de patrulla, novios y por la cercanía y cariños que se regalaron ese día en la comida, algunos creyeron que volvían a estar juntos.

Mas y Puig sabían que las 'mordidas' de Adigsa iban a CiU
En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado el juicio por el caso Adigsa, una investigación que la Fiscalía abrió en el 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba comisiones del 3%. Juan Antonio Salguero, el único acusado del caso Adigsa que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para rebajar su pena, ha afirmado ante el tribunal que las "mordidas" del 20% de esta trama corrupta iban a parar a CiU y que lo sabían todos, desde Felip Puig -José María Penín, pariente del exconseller Felip Puig, le aseguró que el dinero de las mordidas iba "para arriba"-, hasta Artur Mas, pues él se lo advirtió al expresidente catalán.

La GC tiene 6 "elementos probatorios" contra Cristina Cifuentes
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

Mas y Puig sabían que las 'mordidas' de Adigsa iban a CiU

En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado el juicio por el caso Adigsa, una investigación que la Fiscalía abrió en el 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba comisiones del 3%. Juan Antonio Salguero, el único acusado del caso Adigsa que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para rebajar su pena, ha afirmado ante el tribunal que las "mordidas" del 20% de esta trama corrupta iban a parar a CiU y que lo sabían todos, desde Felip Puig -José María Penín, pariente del exconseller Felip Puig, le aseguró que el dinero de las mordidas iba "para arriba"-, hasta Artur Mas, pues él se lo advirtió al expresidente catalán.

Seis de los siete acusados -todos menos Salguero- han rubricado ante el tribunal el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en el que reconocen haber cometido prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, aunque si abonan la multa no ingresarán en prisión porque se les rebaja la condena global por dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño y porque ninguna de las penas por cada delito supera los dos años de cárcel.

Ante el tribunal, y posteriormente también ante los periodistas, Salguero -un pequeño empresario de la construcción que afronta una petición del fiscal de un año y medio de cárcel- se ha desmarcado de este acuerdo porque se considera víctima de un "chantaje", ya que, según ha denunciado, si no pagaba la supuesta mordida, que ha elevado hasta el 20 % del presupuesto, no le pagaban por las obras de reparación que le encargaron.

Según Salguero, el acusado José María Penín -pariente del exconseller Felip Puig- le aseguró que el dinero de las mordidas iba "para arriba", lo que interpretó como una alusión a que se lo quedaba CiU. Por este motivo, ha asegurado ante el tribunal que mandó un correo electrónico al expresidente de la Generalitat Artur Mas -por entonces jefe de la oposición-, en el que le expuso su queja por esta trama corrupta.

Según el acusado, Mas le envió a un responsable de prensa y al exdirigente badalonés de CiU Ferran Falcó -que llegó a estar imputado en esta causa, aunque su proceso se archivó de forma poco clara-, para solicitarle que se callara, justo el día en el que el expresidente catalán Pasqual Maragall denunció en el Parlament las supuestas mordidas del 3%. Ante la respuesta que obtuvo de Mas, Salguero ha afirmado hoy que decidió acudir a Fiscalía a denunciar esta supuesta trama.

También ha explicado en su relato, en el que no ha aportado ninguna prueba, que llamó a Felip Puig para explicarle lo que estaba ocurriendo y que el único interés que mostró el exconseller fue saber "cómo se estaban pagando" estas supuestas comisiones. A diferencia de Salguero, los otros seis acusados han confirmado ante el tribunal el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, al que se ha sumado la acusación particular ejercida por la Generalitat, que han rebajado sus penas para que ninguno de los delitos que se les atribuye supere una petición de más de dos años de cárcel, con lo que, si aportan globalmente los 120.000 euros supuestamente desviados, no ingresarán en prisión.

Entre los acusados figuran el exconsejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, el exgerente de la empresa de vivienda pública de la Generalitat Jordi Huguet y el exencargado del mercado secundario de la sociedad, Jordi Sala. También figura como acusado José Maria Penín -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines, obviando las normas de contratación pública. Los otros dos acusados son Angel Egido y Jordi Honrubia, dos de los empresarios adjudicatarios de las obras.

Según el ministerio público, los exresponsables de Adigsa, que compartían "militancia y actividades políticas en CDC" con Penín, permitieron a este intermediario adjudicar "a dedo" obras públicas a empresarios afines, inflando los presupuestos. Para la Fiscalía, Fontdevila ordenó "caprichosa e injustificadamente" el pago de entre 3.000 y 4.000 euros a Penín "en la pretendida retribución de unas supuestas labores de tasación que nunca existieron" y se le encomendó que encargara obras de rehabilitación de vivienda pública a contratistas privados. De esta forma, la Fiscalía cree que los acusados desviaron 120.031 euros a Adigsa con el sobrecoste de los presupuestos.

La causa también comportó la imputación el entonces presidente de Adigsa y después diputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó, hasta que en 2013 la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols archivó las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades. Semanas después de que exculpara a Falcó, el entonces presidente catalán Artur Mas fichó como responsable de política de Transparencia de la Generalitat a Núria Bassols.

La trama de Adigsa y el 3% de Pujol, a juicio
El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado a juicio. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”.

La CUP se suma a Colau y exige a JxSí acusar en el Palau
En una maniobra de presión de la CUP al Govern de PdeCat (antes CDC) y ERC en el Parlament, y sumándose a la carta de Colau, el grupo parlamentario ha registrado una resolución en el Parlament que insta al Govern a acusar a CDC en el caso Palau. Un texto que debe votarse en el pleno de esta semana para poder cumplir con los trámites del proceso judicial.

La deuda pública alcanza el 100'33% del PIB
La deuda de las administraciones públicas españolas subió en 11.160 millones de euros en marzo de 2017 en comparación con el mes anterior (+1%), hasta situarse en 1,129 billones de euros, el 100,33% del PIB según los datos del Banco de España (BdE) publicados hoy.

Marlboro vs Camel o Cierco contra Reig, y los Pujol
Podría tratarse de un enfrentamiento entre clanes del viejo oeste americano. Pero la acción se desarrolla en el Pirineo, más concretamente en el Principado de Andorra. En esta historia los duelos nunca son al sol, sino en fríos despachos y tal vez ni siquiera hubiéramos tenido noticia de la reyerta de no ser porque su particular virulencia ha terminado destapando los trapos sucios de La Familia, denominación mafiosa con que la UDEF se refiere a los Pujol.

La deuda pública alcanza el 100'33% del PIB

La deuda de las administraciones públicas españolas subió en 11.160 millones de euros en marzo de 2017 en comparación con el mes anterior (+1%), hasta situarse en 1,129 billones de euros, el 100,33% del PIB según los datos del Banco de España (BdE) publicados hoy. La deuda del Estado se incrementa en marzo por cuarto mes consecutivo y vuelve a marcar un nuevo máximo histórico, según los datos del BdE y los cálculos realizados por el Ministerio de Economía de acuerdo con la previsión de PIB para 2017 recogida en el Programa de Estabilidad 2017-2020. La deuda encadena ya 35 meses seguidos por encima del billón de euros y se ha situado en máximos de la serie histórica del Banco de España (que arranca en 1995) al superar los 1,11 billones.

En cuanto a la evolución anual, el endeudamiento de las administraciones respecto a marzo del año anterior en marzo de 2017 se incrementó en 32.523 millones con respecto al mismo mes de 2016, un 2,9% más. Según el ministro de Economía Luis de Guindos, "al margen de las oscilaciones puntuales", mantiene que "al final del ejercicio se cumplirá el objetivo del 98,8% del PIB".

La información del Banco de España precisa que, de los 1,129 billones de euros de deuda en marzo, 860.602 millones corresponden a valores a medio y largo plazo, 188.451 millones son créditos no comerciales y 80.326 millones son valores a corto plazo, informa Expansión.

La GC tiene 6 "elementos probatorios" contra Cristina Cifuentes
Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación.

Una red mafiosa financió las campañas del PP con facturas falsas
El Partido Popular madrileño mantuvo una contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008, con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas. Estos empresarios fueron luego adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por el PP. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario del caso Púnica.

Catalá, reprobado por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP
Todos los partidos del Congreso, salvo el PP, han votado la reprobación del ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar a Rajoy los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

La GC tiene 6 "elementos probatorios" contra Cristina Cifuentes

Hasta tres informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil apuntan a la implicación de Cristina Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid. Uno resume en seis indicios su participación en el amaño, otro la cimenta con las declaraciones de quienes lo sellaron con su firma junto a la ahora presidenta regional, y un tercero se apoya en esos "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de cohecho y prevaricación. El referente a la financiación de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, es especialmente contundente a la hora de reunir indicios sobre la actuación de Cifuentes en su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, época en la que el empresario Arturo Fernández gestionó los restaurantes y cafeterías de la cámara.

Ese documento, fechado el 1 de marzo de 2017, concluye que existen indicios "de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos -de la cafetería de la Asamblea de Madrid- y permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco, con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones económicas a Fundescam". Los indicios que reúnen los agentes aluden a que se excluyó a empresas del concurso investigado, se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.

Los investigadores señalan también que ese comité valoró con cero puntos a la empresa que competía con Cantoblanco en dos apartados con la excusa de que “no presentó ningún tipo de documentación al respecto”. Los representantes de esa empresa, sin embargo, certificaron ante la Guardia Civil que habían entregado esa documentación. En ese informe señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, el Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. Además, compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”.

Esos indicios se agrupan en uno de los tres informes que implican a Cifuentes en la dinámica de financiación irregular del PP de Madrid. La Guardia Civil elabora otro con las declaraciones como investigados que prestaron ante los agentes el resto de implicados en el amaño del contrato para el Grupo Cantoblanco. En ese otro informe, la UCO recoge que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández, y detallan la operativa a partir de las declaraciones de Isaac Arturo Zubiri y María Merino, los otros dos integrantes del comité.

Esa operativa que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación era conocida por la tercera integrante. "Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada", concluye el informe de la UCO. Las declaraciones de Zubiri y Merino, que estamparon su firma en las adjudicaciones, y que han sido interrogados por ello, permitieron a los agentes conocer una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató Zubiri.

Con las investigaciones que los agentes han ido plasmando en los sucesivos informes, estos señalan que existen suficientes "elementos probatorios" para acusar a Cifuentes de dos delitos. "Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente Informe Policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho", señala el tercer informe, sobre las adjudicaciones a Cantoblanco.

A continuación, los agentes de la UCO incluyen la relación de personas contra las que se debería actuar por la comisión de esos dos delitos. La primera que incluyen es Cristina Cifuentes como "componente del comité de expertos en las licitaciones de los anos 2009 y 2011. Presidenta de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011". Recuerdan en su informe que se trata de una persona que "ostenta en la actualidad el cargo de Presidenta de la Comunidad de Madrid, encontrándose sujeta al aforamiento preceptivo según los estatutos de Ia Comunidad de Madrid". Los agentes hacen esta aclaración porque el resto de investigados que avalaron los contratos con Arturo Fernández, y que no son aforados, han sido interrogados por la Guardia Civil. Todos menos Cifuentes.

Los seis indicios contra Cristina Cifuentes

Los agentes resumen los seis indicios que les hacen concluir que el comité de expertos que presidía Cifuentes amañó el contrato en favor de la empresa de Arturo Fernández como contraprestación a sus donaciones al PP. Estos son esos indicios:

En los Pliegos Administrativos se incluyeron criterios de solvencia técnica acumulativos con exigencia de clasificación que restringieron la concurrencia de empresas a la licitación.

En los Pliegos Administrativos se han incluido criterios de valoración de las ofertas contrarios a Derecho: valoración de la experiencia, valoración de mejoras ofertadas sin haberse estas concretado previamente, inclusión de fórmulas que desnaturalizan el componente económico.

Arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos. Destaca la inclusión de subcriterios utilizados por el comité de expertos para fundamentar las valoraciones que no fueron publicados en los pliegos y por tanto eran desconocidos por los licitadores cuando presentaron sus ofertas.
Arbitrariedad a la hora de valorar hechos de idéntica similitud para favorecer o penalizar según a qué empresa; es decir, trato diferente para situaciones idénticas.

A una de las empresas licitadoras se la valora con cero puntos en dos criterios de valoración (30 puntos en juego), alegando el comité de expertos en su Informe, que la misma fue puntuada con cero puntos porque no presentó ningún tipo de documentación al respecto. Oídos representantes de la empresa en declaración manifestaron no ser cierta la aseveración del Informe del comité de expertos y facilitaron a esta Unidad la documentación que presentaron en su día y la certificación de la misma por su asesoría Jurídica. Ambos técnicos que desconocían las puntuaciones finales otorgadas sobre esos criterios de valoración no se explican lo sucedido.

Coincidencia integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campana como son Cristina Cifuentes, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación. La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en Ia aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por Ia mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinado a sufragar gastos de campana y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios, informa eldiario.es.

La GC pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho
La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica.

Una red mafiosa financió las campañas del PP con facturas falsas
El Partido Popular madrileño mantuvo una contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008, con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas. Estos empresarios fueron luego adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por el PP. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario del caso Púnica.

La trama Lezo del PP sabía lo que hacía la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción investigaba la sospechosa compra de la empresa brasileña Emissâo (valorada en 5 millones) llevada a cabo por la filial del Canal de Isabel II en América y el movimiento de los 24 millones de dólares destinados a la operación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de La Razón y mano derecha de Ignacio González en el Canal, fue informado de ello. Sucedió seis meses antes de ser detenidos, por lo que se deduce que los principales investigados por el caso Lezo sabían desde hacía tiempo cada uno de los pasos que tomaba la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación.

Una red mafiosa financió las campañas del PP con facturas falsas

El Partido Popular madrileño mantuvo una contabilidad B con dinero negro para financiar al menos tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, así como las generales de 2008, con la ayuda de una red de empresarios por medio de facturas falsas. Estos empresarios fueron luego adjudicatarios de contratos públicos de administraciones controladas por el PP. Así se desprende de los informes de la Guardia Civil que figuran en el sumario del caso Púnica. La Fiscalía eleva a 4,9 millones de euros el dinero gastado en exceso con ayuda de esta contabilidad. Los populares utilizaron su fundación Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) desde la cual pagaron gastos electorales. También recurrieron al dinero procedente de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, según el sumario.

Existen evidencias de que una red de empresarios nutría esta financiación y ayudaban a ocultar los gastos electorales no declarados. La Guardia Civil ha detectado “la participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha formado parte integral de la estrategia del Partido”. Estos empresarios no solo se beneficiaban del volumen de negocio generado por las campañas electorales -que cobraban además parte en dinero negro- sino que también “han sido beneficiarios de contratos y fondos públicos en administraciones controladas por el Partido Popular”.

En el marco de su colaboración con el PP de Madrid estos empresarios habría recibido dinero en metálico de procedencia opaca y, además, habrían “falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campana y habrían actuado de intermediarios para eludir que el Partido Popular figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados” por estas empresas. Entre los empresarios figuran Daniel Horacio Mercado (vinculado con las empresas Over Marketing, Abanico de Comunicación y Marketing SL, Traci Comunicación SL y Link America SL), encausado por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, por una estrategia similar desplegada allí en relación a un Plan de Comunicación de los Hospitales en las Islas Baleares donde se hacía publicidad para la campaña electoral del PP.

Otros empresarios citados por la UCO son Óscar Sánchez Moyano (vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas; Sintra Consultores; FormaSelect Consulting y Troyano Marketing, ambas SL); Ricardo Vázquez Segura (Back RVS Producciones Culturales y Comunicación, S; Área de Recursos, Pirámide Prodicciónes y Krea Producciones); Marcelino Luis Elosía de Juan (vinculado a Laboratorio de Almagro 36; LID Editorial y Consejeros Empresariales Españoles), así como María Lluisa de Madariaga Sánchez, también de Laboratorio Almagro 36 y de First Tuesday.

La investigación apunta a que sólo en las autonómicas del año 2007, los populares gastaron dos millones de euros y medio de exceso, por encima de lo declarado ante el Tribunal de Cuentas. Los empresarios ingresaron en 2007 “importantes cantidades de dinero” en Fundescam que no fueron declarados y existen “sólidos indicios” de que fueron adjudicatarios de contratos relacionados con administraciones públicas controladas por el PP. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM, es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a Fundescam.

El grupo Cantoblanco de Arturo Fernández también fue también adjudicatario en diciembre de 2.007 de un contrato por dos años para la explotación del servicio de cafetería en el edificio de la calle Carretas de Madrid, dependiente de la Viceconsejeria primera de la Comunidad de Madrid. El juez central de instrucción 6 investiga como responsables de la financiación en B del PP de Madrid a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exnúmero 3 de Esperanza Aguirre. También se investiga al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría.

El análisis de la documentación incautada a Beltrán Gutiérrez revela “numerosas irregularidades de la normativa electoral y de financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una contabilidad B de gastos e ingresos relacionados con la celebración de numerosos comicios electorales”, expone la Guardia Civil. La Caja B servía tanto para los ingresos como para los gastos, entre los que destaca el abono en metálico a proveedores de campaña por encima del millón de euros.

La Fundación Fundescam fue utilizada para pagar a proveedores de servicios electorales, “contraviniendo que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones” o gastos. La Fundación a su vez se habría nutrido de aportaciones de empresarios por un importe cercano a los 350.000 euros. Los populares utilizaron la fundación Fundescam para pagar gastos electorales. Los miembros de su patronato que además formaban parte del organigrama electoral y tenían firmas en sus cuentas eran: Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Isabel Mariño Ortega e Ignacio Echevarria Echaniz, además de Ignacio González (cabecilla de la trama Lezo) y Beltrán Gutiérrez, informa Público.

Catalá, reprobado por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP
Todos los partidos del Congreso, salvo el PP, han votado la reprobación del ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar a Rajoy los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La moción es una iniciativa socialista tras la sesión de control de la pasada semana en la que toda la oposición pidió la dimisión del ministro y el cese de los fiscales por su injerencia demostrada en los numerosos casos de corrupción que afectan al PP.

La GC pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho
La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho. El Instituto Armado y el juez Eloy Velasco investigan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en Púnica.

La CUP se suma a Colau y exige a JxSí acusar en el Palau
En una maniobra de presión de la CUP al Govern de PdeCat (antes CDC) y ERC en el Parlament, y sumándose a la carta de Colau, el grupo parlamentario ha registrado una resolución en el Parlament que insta al Govern a acusar a CDC en el caso Palau. Un texto que debe votarse en el pleno de esta semana para poder cumplir con los trámites del proceso judicial. La CUP reclama a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que convoque antes del Pleno a la Mesa y la Junta de Portavoces para cambiar el orden del día y poder votar en la primera sesión.