divendres, 26 de maig de 2017

RU: May pierde ventaja y la libra cae un 4%

Cuando Theresa May convocó las elecciones en Reino Unido para el 8 de junio, todo apuntaba a que el timing elegido por la candidata conservadora era el perfecto y a que los tories arrasarían en los comicios. Ahora las encuestas en el país han cambiado y el partido laborista continúa recortando a un ritmo frenético la distancia con respecto a May. Con unas elecciones mucho más apretadas de lo esperado hace solo unas semanas, los inversores han hecho suyo en los últimos días del mes el dicho de 'Sell in May and go away' (vende en mayo y huye). Durante el quinto mes del año la libra ha retrocedido cerca de un 4% frente al euro y ha caído hasta su nivel más bajo desde el mes de marzo.

Hasta hace solo unos días el mercado estaba asumiendo una mayoría amplia de los conservadores y, con ello, un Brexit relativamente duro, pero con una mayor facilidad para negociar al contar con cierta fortaleza en el Parlamento. Por lo que la amenaza no solo consiste en que pueda ganar el laborista Jeremy Corbyn, también en que exista un Gobierno inestable. "Si los Conservadores ganan las elecciones pero no consiguen aumentar de forma significativa su mayoría, los mercados probablemente descontarán una probabilidad menor de que se consiga un acuerdo de transición y una mayor probabilidad de un no acuerdo, así como una perspectiva más incierta", indican en JP Morgan.

Si algo tienen claro los analistas es que en cualquier escenario de los no descontados por el mercado es que la libra -que aún acumula un rally del 4,5% frente al euro desde los mínimos de octubre- resultaría perdedora. "En caso de una victoria conservadora sin aumentar la mayoría de forma significativa, el avance de la divisa desde que se anunciaron las elecciones probablemente se revertiría", señalan en JP Morgan.

Aunque es un escenario que todavía no se ha planteado ni en las encuestas más favorables a los laboristas, una mayoría de estos provocaría grandes cambios en el mercado. Entre los planes de Corbyn está aumentar los impuestos corporativos, incrementar el gasto público y la nacionalización de algunas compañías. Pero, ¿qué pasaría con la libra? Los últimos vaivenes de la divisa británica han estado movidos por la fortaleza de la posición de Reino Unido en su negociación para abandonar la UE y por la posibilidad de un Brexit más duro o más blando.

Con un Brexit blando, la divisa del país se revalorizaría, pero la postura del líder laborista con respecto a la salida de la Unión Europea no está tan clara. "Probablemente, la libra estaría dividida entre una probabilidad ligeramente más alta de un Brexit blando y los temores sobre un endeudamiento más elevado y un gobierno percibido como menos favorable para las empresas", explican en la entidad americana, donde concluyen que "la libra probablemente caería, aunque esto pudiera revertirse más tarde", informa El Economista.

May enfurecida por las filtraciones de EEUU del atentado en Manchester
La primera ministra británica, Theresa May, anunció que se quejará hoy mismo ante el presidente estadounidense, Donald Trump, por la filtración de información crucial sobre el atentado de Manchester por parte de los servicios de seguridad de Estados Unidos, lo que ocurrió antes de que dicha información la dieran a conocer las autoridades del Reino Unido. La queja la realizará May en Bruselas al presidente Trump en el marco de la cumbre de la OTAN.

El laborismo británico de Corbyn vuelve a la izquierda
El laborismo británico se encuentra como toda la socialdemocracia europea, tratando de hallar el sentido de su vida girando a la izquierda que debería ocupar o seguir haciendo las mismas políticas que la derecha neoliberal, lo que ya la ha llevado a la casi inexistencia en Francia, Alemania, Italia o España.

Jeremy Corbyn a Theresa May: 'No eres Enrique VIII'
Jeremy Corbyn ha acusado a Theresa May de comportarse como Henry VIII o un monarca autocrático similar, debido a su negativa a comprometerse a poner un acuerdo final sobre el Brexit con un voto en el Parlamento. May no es Henry VIII, pero el Brexit nos ha arrastrado de regreso a un caos muy Tudor.

El expresidente de Murcia (PP), imputado en Púnica

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, instructor del caso 'Púnica' de corrupción en la rama del PP local, Enrique Quiñonero Cervantes, ha iniciado las Diligencias Previas en las que se investigan los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. El instructor, en un auto notificado este viernes, señala que el próximo martes, 6 de junio, a las 10.00 horas, tendrá lugar la declaración en calidad de investigado (antes del cambio del PP, "imputado") del expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, aforado por su condición actual de diputado regional del PP.

En el auto, el magistrado acordó incoar diligencias previas para la averiguación de cuanto proceda en relación a la comisión de posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte de Sánchez. Cabe recordar que la Sala para el conocimiento de las actuaciones en el procedimiento que investiga la 'rama de Murcia del caso Púnica' quedó finalmente constituida por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados Álvaro Castaño y Concepción Roig, tras recibir la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

De acuerdo con las normas de reparto se designa ponente a Miguel Pasqual del Riquelme e instructor a Enrique Quiñonero, todo ello tras abstenerse el magistrado Julián Pérez Templado, quien lo solicitó a la Sala al poner de manifiesto al Tribunal su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste, investigado en esta operación.

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa al ya expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015. El juez aclara que esta resolución no es firme y que se pueden interponer recurso de reforma o de reforma y subsidiaria apelación, en el plazo de tres días, ante este Órgano judicial, informa El Confidencial.

Anticorrupción culpa de otro delito a Pedro Antonio Sánchez (PP) por fraude
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Auditorio, en el que figura como investigado e imputado el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP), que se sume un nuevo delito a los cuatro que figuran en la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. Se trata del delito de fraude de subvenciones, ya que, según la acusación estatal, la ayuda de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras fue invertida finalmente en otro bien distinto, indicaron fuentes de la fiscalía.

'Caso Auditorio': el presidente de Murcia niega la corrupción
El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), se ha referido este lunes a posibles errores administrativos en el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad, pero en ningún caso considera que pudiera tratarse de corrupción. Sánchez, quien ha comparecido en un hotel situado en las inmediaciones del Palacio de Justicia una vez concluida su declaración en sede judicial en calidad de investigado por el caso Auditorio, ha reiterado, igualmente, que dimitirá cuando haya "imputación formal".

El PP bloquea los expedientes por su blanqueo y corrupción en Valencia
El expediente disciplinario que abrió el PP a sus concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia acusados de blanqueo está suspendido después de los 15 meses que lleva abierto el proceso. Las consecuencias para este escándalo de financiación irregular ha sido sólo la suspensión temporal de militancia de los cargos afectados. El caso, conocido como Operación Taula, investiga si en marzo de 2015 todo el Grupo del PP del Ayuntamiento de Valencia, salvo cuatro personas, blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año.

El PP bloquea los expedientes por su blanqueo y corrupción en Valencia

El expediente disciplinario que abrió el PP a sus concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia acusados de blanqueo está suspendido después de los 15 meses que lleva abierto el proceso. Las consecuencias para este escándalo de financiación irregular ha sido sólo la suspensión temporal de militancia de los cargos afectados. El caso, conocido como Operación Taula, investiga si en marzo de 2015 todo el Grupo del PP del Ayuntamiento de Valencia, salvo cuatro personas, blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de ese año. Las pesquisas se extienden a las campañas electorales de Rita Barberá desde 2007 con dinero negro, procedente de contratas y entidades públicas municipales expoliadas.

El escándalo mayúsculo forzó a la líder del PP valenciano, Isabel Bonig (foto), a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de Valencia. El Comité de Derechos y Garantías de la dirección nacional, que se hizo cargo de los expedientes al estar investigada la entonces senadora Rita Barberá, ha parado el proceso de expedientes.

El PP ha presentado un escrito al juzgado donde se instruye este caso en el que explica, que "en cuanto a la situación de los distintos expedientes informativos incoados a los anteriormente referidos, éstos se encuentran suspendidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.8.a) de los Estatutos del Partido Popular, aprobados en el XVII Congreso Nacional, hasta que por el órgano judicial competente se dicte auto de apertura de Juicio Oral o sobreseimiento y archivo, según el caso. A partir de cuyo momento se procederá a la apertura de expediente disciplinario sobre aquellos que se encuentran suspendidos temporalmente de afiliación y los que figuren de alta en los archivos y registros de este partido y hayan sido acusados". Según el escrito, sólo dos concejales, Alfonso Novo y Beatriz Simón, se reunieron con el Comité de Derechos y Garantías.

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig pidió contundencia a Génova, después de que la Guardia Civil registrara el Ayuntamiento de Valencia, pero la dirección nacional optó sólo por cerrar el expediente que afectaba a la exalcaldesa Rita Barberá, fallecida el pasado noviembre. El escrito que ha presentado el PP al juzgado reconoce que ha dejado que 13 de los acusados por blanqueo sigan siendo miembros de pleno derecho en el partido. Estos son, según recoge Valencia Plaza, Julio Valero, Silvestre Senent, Vicente Aleixandre, María Dolores Cubells, Cristina Diego, Vanesa Arnal, Ángel Pallás, Emilio del Toro, Juan Pedro Gómez, Antonio Barranco, Juan Vicente Jurado, Ramón Isidro Sanchis e Ignacio Vicente Pou, informa El Plural.

'Caso Taula': El PP confirma que sus imputados siguen en el partido
El Partido Popular, imputado como persona jurídica en relación a las diligencias derivadas de la Operación Taula que investigan si el grupo municipal de Valencia blanqueó 50.000 euros en la campaña de 2015, ha confirmado al juzgado que sus cargos imputados continúan en el partido, unos como militantes en activo y otros suspendidos temporalmente de militancia. En la documentación, Génova traslada al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, los certificados de afiliación al PP «de las personas investigadas en la presente causa».

El fiscal pide un informe sobre los 9 M al Arzobispado de Valencia
La Fiscalía provincial de Valencia ha encargado a la Policía Nacional que investigue si la Generalitat Valenciana, bajo el gobierno del PP, pagó la nómina de profesores de Religión que en realidad trabajaban para la Iglesia Católica. Según apunta la información, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional rastrea si la Conselleria de Educación pagó el sueldo de al menos 22 trabajadores de las tres diócesis como profesores de religión pese a que estos nunca ejercieron en los centros en los que estaban inscritos. Con un sueldo de 1.800 euros netos -cobraban como jefes de departamento- y una duración de los pagos de cerca de 9 años, las diligencias apuntan que la Generalitat habría desembolsado hasta 9 millones de euros por estos servicios.

Albiol (IU) denuncia que "ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar" la trama de bebés robados
La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990. Han sido dos días en los que una delegación de nueve eurodiputadas de todas las sensibilidades políticas se ha reunido con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, con altos cargos del ministerio de Justicia, con la adjunta a la Defensora del Pueblo, con la Conferencia Episcopal y con víctimas del robo de bebés.

El fiscal pide un informe sobre los 9 M al Arzobispado de Valencia

La Fiscalía provincial de Valencia ha encargado a la Policía Nacional que investigue si la Generalitat Valenciana, bajo el gobierno del PP, pagó la nómina de profesores de Religión que en realidad trabajaban para la Iglesia Católica. Según apunta la información, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional rastrea si la Conselleria de Educación pagó el sueldo de al menos 22 trabajadores de las tres diócesis como profesores de religión pese a que estos nunca ejercieron en los centros en los que estaban inscritos. Con un sueldo de 1.800 euros netos -cobraban como jefes de departamento- y una duración de los pagos de cerca de 9 años, las diligencias apuntan que la Generalitat habría desembolsado hasta 9 millones de euros por estos servicios. Foto: el muy fascista arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y su corte de degenerados.

En cambio, la Fiscalía ha pedido al juzgado de Instrucción 3 el archivo de las diligencia abiertas por los presuntos pagos irregulares a la concertada, tal y como avanzó el diario La Razón.Según confirmaron fuentes próximas al caso, Anticorrupción no aprecia delito pero sí posibles responsabilidad contables por alcance y ha solicitado que el asunto lo asuma el Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero que se habría pagado en exceso a través de un convenio que se habría prorrogado implícitamente hasta el año 2014. Esta denuncia inicial la presentó por registro de entrada en la Fiscalía la diputada de Compromís, Isaura Navarro. En marzo se abrieron diligencias de investigación penal y la Fiscalía tiene seis meses para investigar estos hechos y, si constata los indicios denunciados por la coalición valencianista, elevará la denuncia a un juzgado.

En cambio, la causa se archivará si considera que los pagos son legales. El plazo expira en septiembre pero podría prorrogarse seis meses más en caso de que la Policía no haya finalizado con sus diligencias prejudiciales.La responsable de Compromís basó su denuncia en testimonios de funcionarios y la documentación facilitado tras el cambio de gobierno en la que se especifica que los trabajadores detectados en su hoja de servicios aparecían destinados a las Diócesis.

En la comparecencia en la que anunció la denuncia, Isaura Navarro explicó que el ejecutivo de Alberto Fabra (PP) intentó «blanquear» la situación después de que personal de la Administración autonómica alertara de las irregularidades. No obstante, la Abogacía de la Generalitat tumbó el decreto elaborado por el Gobierno del PP que sí que preveía que el llamado asesor técnico docente pudiera ejercer en la diócesis al considerarlo «una arbitrariedad» y «una cesión ilegal de trabajadores».

Finalmente, ante la imposibilidad de regularizar su situación, añadió Navarro, estos 22 trabajadores tuvieron que acudir a las aulas. La denuncia de Compromís se dirige contra los responsables de Educación de los Gobiernos del PP y los arzobispos Agustín García-Gasco, Carlos Osoro y Antonio Cañizares. Mientras, desde la Diócesis defendieron los pagos y aseguraron que no existen zombies, pues este personal es el que forma a los profesores de religión, informa El Mundo.

Compromís denuncia que 22 profesores de Religión cobraban sin dar clases
El grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón". Según la coalición este "apaño" habría supuesto un desvío de fondos de al menos 9 millones de euros. La diputada de Compromís Isaura Navarro ha precisado que estos hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2014, cuando funcionarios de la Administración pública detectaron la estafa e instaron al Ejecutivo del PP a darle cobertura legal.

Cervera declara 'persona non grata' al obispo de Solsona
El alcalde de Cervera, Ramon Royes, llevará al próximo pleno del ayuntamiento una moción para declarar al obispo de Solsona, Xavier Novell (foto), persona 'non grata' en la ciudad. Ramon Royes ha mostrado su indignación por las reaccionarias opiniones publicadas en los medios de comunicación por el obispo Novell en la glosa de este viernes donde vinculaba la homosexualidad a la ausencia de la figura paterna en los niños.

Más denuncias de centros de menores tutelados por la Generalitat
Familias de menores tuteladas por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) cuestionan el sistema de protección de la Generalitat por los embarazos que se producen en las incontables fugas de algunos centros de protección en los que están ingresadas cuando las retiran a sus familias. La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, de quien depende la DGAIA, tiene contratadas plazas en al menos dos residencias adonde van a parar las jóvenes mamás y sus bebés. "Este hecho no hace más que probar que los embarazos son habituales", afirman los educadores. La Administración autonómica tiene cerca de 7.000 menores tutelados, según datos de finales de marzo.


Más denuncias de centros de menores tutelados por la Generalitat

Familias de menores tuteladas por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) cuestionan el sistema de protección de la Generalitat por los embarazos que se producen en las incontables fugas de algunos centros de protección en los que están ingresadas cuando las retiran a sus familias. La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, de quien depende la DGAIA, tiene contratadas plazas en al menos dos residencias adonde van a parar las jóvenes mamás y sus bebés. "Este hecho no hace más que probar que los embarazos son habituales", afirman los educadores. La Administración autonómica tiene cerca de 7.000 menores tutelados, según datos de finales de marzo.

Las escapadas de los centros de menores que, según trabajadores de los centros, se producen "día sí y día también", acaban a menudo en gestaciones no deseadas, ya que "son casi niñas y al ser tan vulnerables acaban engañadas viviendo en lugares donde, a veces, se producen abusos", explican las mismas fuentes. Los embarazos han provocado que ya haya tutelas intergeneracionales: madres tuteladas y bebés tutelados por la Administración.

En una de estas residencias, la fundación Maria Raventòs de Barcelona, han ingresado D., de 15 años, con su bebé, e I., también menor, con su pequeña. En ambos casos, las familias denuncian que no les avisaron de los embarazos. D. inició la gestación a los 14 años. El pasado 9 de mayo a Y. , la madre de D., le comunicaron por teléfono que su hija estaba ingresada en un hospital. La chica había insistido para que la viera un médico debido a que tenía fuertes dolores. Con el susto en el cuerpo fue a verla y allí le comunicaron: "Acaba de ser abuela", relata el tío-abuelo Cristian Romera. Los nombres aparecen con iniciales para proteger a las menores.

El familiar todavía no sale de su asombro: "Más de 60 personas estaban en contacto con ella y nadie se percató de nada". Explica que la menor dejó de hacer deporte y como apenas engordó, todos atribuyeron el aumento de peso a la falta de actividad deportiva. Por extraño que parezca D., que vive en centros desde los cinco años y ha protagonizado al menos 16 fugas, tampoco fue consciente de su embarazo. "Es muy joven", argumenta su tío.

"Le dicen que dé el niño en adopción, que eso sería amor de madre"

Los educadores explican que en algunos centros de menores, gestionados por la mafia católica, las adolescentes tardan en reconocer que van a tener un bebé porque "temen que las expulsen". La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies da otra versión: "No hablamos de casos concretos por protección de los derechos de los niños. Cuando se produce una situación como esta se trabaja y se acompaña a la menor para que lo comunique a sus padres". Esta explicación, por escrito, no ha podido ser cotejada con el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, pese a la insistencia de este diario. Los responsables del centro Natzareth de Barcelona, donde residía la menor cuando se quedó embarazada, tampoco han querido dar su opinión. "La Generalitat no les permite hacer declaraciones", afirman fuentes conocedoras del caso.

Cristian Romera, profesor en un colegio público de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), denuncia que su sobrina D. no ha contado con ningún apoyo psicológico para aceptar su maternidad. "Nosotros le hemos dado todo nuestro apoyo y pedimos a la Administración que nos dejaran llevar a nuestra casa a la mamá y al bebé", dice Romera. Y añade: "Le dicen que dé el niño en adopción, que eso sería amor de madre". Ahora a la familia le han asignado dos horas semanales de visita para ver a la mamá y una hora mensual para visitar al pequeño.

El caso de I. guarda similitudes con el de D. A su tía Y. le explicaron que su sobrina estaba embarazada 15 días antes de dar a luz. "Antes de ese embarazo ella le había contado a su madre que había tenido un aborto", relata. Las dos menores han transmitido sus miedos a la familia: "Tenemos que portarnos bien para que no nos retiren al bebé". El temor a que den los pequeños en adopción inquieta a los denunciantes.

O. B. ha tenido más suerte que las familias de D. y de I. Ella se enteró a tiempo de que su hija, N., tutelada también por la Generalitat, esperaba un bebé. "Estábamos en el plazo límite que permite la ley del aborto", explica. Ella se había fugado del centro en múltiples ocasiones, de hecho aún no ha regresado después de casi medio año de abandonar el recinto. Tras el aborto, N. fue a casa de su madre para recuperarse pero, cuenta la progenitora, "al día siguiente vinieron los Mossos d'Esquadra a mi casa y se la llevaron". En centros religiosos las adolescentes han denunciado que como método anticonceptivo se les recomienda la abstinencia.

Los sindicatos UGT y CGT han denunciado en múltiples ocasiones los problemas de los tres tipos de centros de menores: los públicos, los privados y los de gestión delegada, en los que el equipamiento es propiedad de la Administración. Del centenar de establecimientos, solo entre el 10% y el 15% son públicos. El resto los gestionan cooperativas, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro y órdenes religiosas. La falta de personal, la movilidad de la plantilla, las agresiones, la sobresaturación y la mezcla de chavales de distinta tipología y edad son algunas quejas sindicales. En los centros que no son públicos se añaden los bajos salarios.

Una trama nazicatólica tan cuestionada como denunciada

El modelo de protección de los menores en Catalunya está en el punto de mira. El Parlament aprobó el pasado febrero instar al Govern de la Generalitat a crear una comisión para supervisar los centros donde residen los chavales tutelados. Había dos meses de plazo para ponerla en marcha, pero ya lleva más de un mes de demora. Las primeras conclusiones de este organismo deberían estar listas en seis meses, a contar desde mediados de febrero, pero la comisión ni siquiera se ha constituido. Este órgano, que deben integrarlo colectivos implicados en el sistema de protección, pretende supervisar el modelo de protección.

El director general de la DGAIA, Ricard Calvo, anunció recientemente en unas jornadas sobre el sector que “el sistema debe cambiar para que los centros no sean instituciones cerradas”. Calvo reiteró que “era necesario hacer una actividad preventiva para evitar que muchas situaciones se agraven y acaben en la tutela de niños y adolescentes que podrían estar con sus familias”. Esta declaración de principios contrasta con la opinión de sindicatos, educadores y asociaciones que defienden los intereses de los menores porque “el modelo que se sigue es justo el contrario”, informa El Periódico.

El escándalo de los centros de menores tutelados por la Generalitat
Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500.

Menores en una red de pornografía infantil estaban "tutelados" por la Generalitat
Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal de siete personas que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad y a la producción y venta de pornografía infantil. La investigación señala 80 víctimas menores de edad, 29 identificadas de forma completa, 28 dominios en Internet desde donde distribuían el material, más de un millón de fotografías y vídeos de pornografía infantil y más de mil DVDs.

Albiol (IU) denuncia que "ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar" la trama de bebés robados
La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990.

La mafia del PP copa la cúpula judicial de fascistas afines

El Partido Popular se está sirviendo de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con fscistas afines la cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupción generalizada y organización mafiosa criminal en su contra. En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación política en el Gobierno. En el método empleado para elegir a Concepción Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.

Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel. La magistrada Manuela Fernández de Prado, con 25 años de experiencia "ininterrumpida" en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de "demoledor" el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de Espejel.

La presidenta de la Sala de lo Penal está facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su disposición en ese momento.

Ingeniería administrativa para López

La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando éste se ha concretado. En medios jurídicos cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del próximo 1 de junio.

El criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo. El número uno de esta convocatoria fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo.

Por tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro.

La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos exigidos. En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En los próximos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados. Dos puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorará todavía más a la derecha.

Marchena, el 'cerebro' del fascismo en la sombra

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector judicial. Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello, Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.

Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española, tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo, informa eldiario.es.

González a Zaplana: "Han pactado con Bárcenas. No se puede decir nada contra Rajoy"
Desde que Luis Bárcenas denunciara al PP por la destrucción de los discos duros de sus ordenadores arrancó una guerra sin cuartel entre los franquistas y el extesorero. Una contienda con demandas cruzadas, incluso contra María Dolores de Cospedal, que poco a poco se fue calmando hasta que, durante su declaración ante el tribunal Gürtel, Bárcenas echó un capote a Rajoy asegurando que fue él quien decidió en 2003 romper relaciones con las empresas de Francisco Correa.

El pendrive que condena a Cifuentes y al PP como organización mafiosa y criminal
Perdido en un armario, como si hubiera caído de una prenda colgada en su interior, un guardia civil encontró en el domicilio del gerente del PP Beltrán Gutiérrez un pequeño lápiz de memoria que escondía el sistema de financiación irregular del Partido Popular en Madrid.

Albiol (IU) denuncia que "ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar" la trama de bebés robados
La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990. Han sido dos días en los que una delegación de nueve eurodiputadas de todas las sensibilidades políticas se ha reunido con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, con altos cargos del ministerio de Justicia, con la adjunta a la Defensora del Pueblo, con la Conferencia Episcopal y con víctimas del robo de bebés.

Albiol (IU) denuncia que "ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar" la trama de bebés robados

La eurodiputada por Izquierda Marina Albiol ha participado esta semana en la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Madrid para investigar el robo de bebés que se vivió en España desde los primeros días del franquismo hasta la década de 1990. Han sido dos días en los que una delegación de nueve eurodiputadas de todas las sensibilidades políticas se ha reunido con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, con altos cargos del ministerio de Justicia, con la adjunta a la Defensora del Pueblo, con la Conferencia Episcopal y con víctimas del robo de bebés.

Albiol señala que la misión ha servido para que "quede claro que ni Gobierno ni Fiscalía tienen intención de investigar nada" y espera que en poco más de un año pueda estar disponible el informe "con las recomendaciones". La eurodiputada, no obstante, rebaja las expectativas respecto al margen de actuación del Parlamento Europeo (recuerda que se trata de un órgano legislativo) y pide a la Comisión Europea que actúe para que España asegure los derechos de las víctimas del robo de bebés. "No puede ser que la Comisión pueda forzar a un Estado a cumplir con el déficit, pero que no haga nada cuando vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la UE", dice Albiol.

Se han reunido con el Fiscal General del Estado. ¿Qué opinión tiene sobre los 'bebés robados'?

El Fiscal General del Estado dejó muy claro que los bebés robados en España son casos aislados y que, por eso, no puede haber una investigación en profundidad desde la Fiscalía. Para él no hubo un plan sistemático para robar bebés, que son casos aislados, que no había red y que no tiene nada que ver con franquismo. Además, también nos dejó claro que no abriría una investigación de oficio, que es justo lo que están pidiendo las víctimas.

¿Y el ministerio de Justicia dijo algo diferente?
Nos llamó mucho la atención el lenguaje que empleaban. Estaba el director general y nos hablaba de que actuaban de buena fe, que daban todo el cariño a las víctimas y que querían poner fin al sufrimiento de estas mujeres que han sufrido tanto. Parece que hablaban de humanidad y no trataban esto como lo que es: un delito de lesa humanidad. Nos explicaron que el Gobierno tiene un servicio de atención a las víctimas del robo de bebés. Se trata de un formulario que rellena la víctima y ellos te asesoran sobre qué documentos conseguir, pero tampoco te ayudan a investigar. También nos dijeron que tenían un Banco de ADN, pero que solo recoge pruebas a petición judicial.

¿Estarían dispuestos a crear un Banco de ADN para bebés robados como el que funciona en Argentina?
Esto es curioso. Les pregunté si tenían constancia de experiencias tan exitosas como la Argentina y me dijeron que no la conocían. ¿Cómo es posible que las personas que se dedican a esto en el Gobierno nos digan que no tienen ni idea de lo que ha hecho Argentina?

¿Y la reunión con la Conferencia Episcopal? Me consta que no fue nada fácil conseguir ese encuentro.
Al final no les quedó otra que atender nuestra petición. Nos sentamos y lo primero que hicieron fue explicarnos que las congregaciones, los obispados y las parroquias no responden ante la Conferencia Episcopal sino ante el Papa. Después, como ya había la Fiscalía, hablaban de casos puntuales y aseguraban que habían colaborado mucho con la Justicia. Dijeron que estaban dispuestos a abrir los archivos si lo pedían un juez. Yo alucinaba. Colaborar no es esperar a que haya una orden judicial. Eso es una obligación. Se escudaban en la protección de datos para no abrir los archivos.

He leído en un dossier elaborado por una asociación de víctimas que la eurodiputada inglesa, Jude Kirton-Darling, presidenta de esta delegación, estaba alucinada con las continuas contradicciones de las autoridades españolas.
No es para menos. En una misma tarde nos vimos con el Fiscal General del Estado y con la adjunta al Defensor del Pueblo. Maza dijo que eran casos aislados, que no había un plan sistemático y que no tenía nada que ver con el franquismo. La adjunta a la Defensora nos dijo que todo esto empezó en los 40 con el franquismo, que después afectó a las madres solteras y que después poco a poco fue siendo un negocio. Eran dos versiones completamente diferentes.

Si la Comisión Europea tiene mecanismos para obligar a España para cumplir con el déficit, ¿por qué no obliga a España a cumplir con la carta de Derechos Fundamentales? ¿Qué les pidieron las víctimas?
Pues lo primero fue lamentarse de tener que haber acudido al Parlamento Europeo por una cuestión que debería haber sido resuelta por el Estado hace muchísimos años. Eso lo primero. Por otra parte, sus peticiones fundamentales pasan por la creación de un verdadero Banco de ADN, que no existe; una Justicia gratuita, que tampoco la tienen; una investigación en profundidad de oficio; un fiscal especial para estos casos; y que se abran los archivos del Estado y de la Iglesia.

¿Qué puede hacer el Parlamento Europeo?

No hay que olvidar que el Parlamento Europeo es un órgano legislativo. Lo que podemos hacer es algo parecido a una comisión de investigación. Haremos un informe con nuestras recomendaciones y se lo enviaremos a la Fiscalía General del Estado, a la Defensora del Pueblo, a la Conferencia Episcopal y al Ministerio de Justicia. Pero al final es el Estado el que tiene que investigar y dar solución. Otra cosa muy diferente es qué puede hacer la Comisión Europea, que entiendo que podría hacer mucho más de lo que hacen. Estamos hablando de una vulneración de derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La cuestión es la de siempre. Si la Comisión Europea tiene mecanismos para obligar a España para cumplir con la regla del déficit, ¿por qué no obliga a España a cumplir con la carta de Derechos Fundamentales?

IU denuncia trabas de Gobierno, Iglesia y Fiscalía en los casos de bebés robados
La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha denunciado este martes en el Congreso de los Diputados que el Estado sigue silenciando a las víctimas de los bebés robados durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia (años 90 por lo menos), generando todo tipo de obstáculos para que se investiguen los casos. Albiol forma parte de la misión de investigación del Parlamento Europeo formada por ocho eurodiputados de diferentes grupos parlamentarios y diferentes países y que responde a las peticiones formuladas durante años por las víctimas, “desesperadas” ante la falta de respuesta de los gobiernos, tanto del PP como del PSOE.

Eurodiputados piden un fiscal especial que investigue el robo de bebés en España
La europarlamentaria Jude Kirton-Darling, presidenta de la delegación de la Eurocámara que visita España para investigar los casos de bebés robados, ha solicitado este martes la creación de una fiscalía y un comité parlamentario especializado para poder esclarecer este "escándalo" que afecta a miles de personas. Kirton-Darling ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la visita que esta delegación ha realizado durante dos días a España, con el fin de investigar las denuncias por casos de niños robados durante el franquismo y hasta los años noventa. Ha destacado la "enorme falta de confianza" de los ciudadanos en el Gobierno de Rajoy.

Dimite otra diputada de Cifuentes imputada en el caso Gürtel

La diputada regional del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado este jueves su dimisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, han adelantado fuentes del Gobierno de la Comunidad. Aguado ha tomado esta decisión, que formalizará este viernes, tras conocerse este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.

Dimite otra diputada de Cifuentes imputada en el caso Gürtel

La diputada regional del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado este jueves su dimisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, han adelantado fuentes del Gobierno de la Comunidad. Aguado ha tomado esta decisión, que formalizará este viernes, tras conocerse este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.

El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal, de la que ha informado el TSJM, acepta la competencia para conocer los hechos investigados por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por la gestión de Aguado en las X Olimpiadas Escolares celebradas ese año en Arganda del Rey, cuando era jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de dicha localidad.

Según han explicado fuentes del Gobierno regional, la dimisión de la diputada regional se basa en la aplicación del código ético que suscribieron todos los parlamentarios del PP de Madrid al inicio de la legislatura, que implica la renuncia "inmediata" al acta en el caso de que el parlamentario sea investigado formalmente por un caso de presunta corrupción. Josefa Aguado es la segunda diputada del Partido Popular que renuncia a su escaño en esta legislatura, tras la dimisión de Daniel Ortiz por su imputación en la trama Púnica, informa Público.

Fasana, contable de Gürtel, ante la justicia otra vez
La justicia española reclama de nuevo a Arturo Gianfranco Fasana, contable suizo de la Gürtel citado este jueves en la Audiencia Nacional como imputado en la pieza separada que investiga el mayor pelotazo de la trama: las parcelas en Arganda del Rey que reportaron a Francisco Correa beneficios de 25 millones de euros. Será la segunda vez que se siente delante de un juez el banquero suizo por cuyas manos han pasado 15.000 millones de euros de clientes españoles. Fasana y Ramón Blanco Balín fueron los encargados de gestionar el dinero del cabecilla de Gürtel. Blanco, expresidente de Repsol y amigo de José María Aznar, actuó como arquitecto financiero de la trama, encargado de diseñar la maraña de empresas que ocultaba a sus verdaderos propietarios.

González a Zaplana: "Han pactado con Bárcenas. No se puede decir nada contra Rajoy"
Desde que Luis Bárcenas denunciara al PP por la destrucción de los discos duros de sus ordenadores arrancó una guerra sin cuartel entre los franquistas y el extesorero. Una contienda con demandas cruzadas, incluso contra María Dolores de Cospedal, que poco a poco se fue calmando hasta que, durante su declaración ante el tribunal Gürtel, Bárcenas echó un capote a Rajoy asegurando que fue él quien decidió en 2003 romper relaciones con las empresas de Francisco Correa.

La España del PP: de ser octavos, al puesto 17º de la economía mundial
La recuperación económica de España proclamada por la banda de Rajoy y el PP se queda corta en realidad. Aunque los cálculos del PIB estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) la dejan en muy buen lugar en el escenario europeo en declive, esa nueva velocidad de la economía nacional no es suficiente como para mantener su poderío en el ránking de las mayores potencias del mundo.