divendres, 2 de juny de 2017

Putin: Rusia responderá al sistema antimisiles estadounidense

El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que Moscú considera el despliegue del sistema antimisiles estadounidense en Corea del Sur como un reto y ha añadido que Rusia no lo dejará sin respuesta, al mismo tiempo que ha explicado el desarrollo militar de su país en la región. “Este tema es una gran preocupación para nosotros y lo hemos estado expresando constantemente durante décadas. Esto perturba el equilibrio estratégico en el mundo”, ha dicho Putin. “Pero el mundo está en silencio y nadie nos escucha", denuncia. Aviones rusos abortan ataque de militantes del ESL en la región de Badiyeh.

"Tienen elementos en su sistema ABM en Alaska y ahora en Corea del Sur. ¿Tenemos que mirar esto con los brazos cruzados y hacer lo mismo en Europa del Este? Por supuesto no. Vamos a dar nuestra respuesta a este desafío”, agregó. Putin dijo que Rusia no cree en las garantías occidentales de que el sistema ABM no está dirigido contra Rusia y está trabajando en maneras de contrarrestarlo. Según Putin esto forma parte, de hecho, de una carrera armamentista.

Aviones rusos abortan ataque de militantes del ESL en la región de Badiyeh

Aviones rusos han atacado los movimientos y posiciones de los terroristas que buscaban avanzar en dirección a las bases del Ejército sirio en la región de Badiyeh (Sureste de Siria), deteniendo sus movimientos. Los miembros del llamado Ejército Sirio Libre (ESL), apoyado por EEUU, dijeron que 6 aviones de combate rusos lanzaron ataques contra sus posiciones cuando estaban avanzando hasta el punto de control de Zaza, cerca de la ciudad de Al Sab Bayar, añadiendo que los fuertes ataques aéreos frenaron su avance.

Los militantes subrayaron que los bombardeos fueron llevados a cabo por la Fuerza Aérea rusa añadiendo que los pilotos sirios vuelan a altitudes más bajas. Saad al Hayy, portavoz del grupos Aswad al Sharqiyeh, afiliado al ESL, dijo que los aparatos rusos atacaron a sus compañeros cuando avanzaban en dirección a Zaza. Otros informes señalan que los aviones sirios también participaron en estas operaciones.

Fuentes locales señalaron el martes que el Ejército sirio fortificó sus posiciones en el desierto de Badiyeh con el fin de prepararse para lanzar la siguiente fase de sus operaciones militares contra los terroristas y sellar la frontera con Iraq. Las tropas sirias han restaurado la seguridad en las regiones cerca de la ciudad de Palmira hasta el triángulo de Zaza y en dirección norte en regiones situadas hasta 30 kms de distancia del puesto fronterizo de Al Tanf, informa Al Manar.

Yemen tilda de “escenario” el presunto ataque a petrolero de EEUU
El gobierno de Yemen niega todo tipo de responsabilidad en el supuesto ataque al barco petrolero MT MUSKIE (foto) en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, al sur de Yemen. El presidente del Comité Supremo Revolucionario de Yemen, Mohamad Ali al-Houthi, ha asegurado este jueves que el presunto ataque al mencionado barco es un escenario fabricado por EEUU.

Qatar a Arabia Saudí y EAU: "La falta de ética no tiene cura"
El ministro de Exteriores de Qatar ha reprochado su actitud a los medios saudíes y de los Emiratos Árabes Unidos en momentos de alta tensión entre los vecinos árabes del Golfo Pérsico: “Hay un remedio para cada herida, salvo para la falta de ética, que no tiene cura”, tuiteó el martes el ministro de Asuntos Exteriores qatarí, Mohamad Abdulrahman al-Thani.

Venezuela: Asesinan al juez que condenó a Leopoldo López
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz presentó el balance del Plan Zamora 200 y el armamento utilizado por grupos terroristas en las manifestaciones relacionados con la derecha venezolana. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que fue asesinado la noche de este miércoles el juez de la corte primera del circuito judicial del área metropolitana, Nelson Moncada, de 37 años, quien ratificó la condena de 13 años, nueve meses y siete días de prisión al dirigente opositor Leopoldo López, por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Maduro condena el asesinato del juez Nelson Moncada y asegura que ya están identificados los asesinos.


Venezuela: Asesinan al juez que condenó a Leopoldo López

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz presentó el balance del Plan Zamora 200 y el armamento utilizado por grupos terroristas en las manifestaciones relacionados con la derecha venezolana. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que fue asesinado la noche de este miércoles el juez de la corte primera del circuito judicial del área metropolitana, Nelson Moncada, de 37 años, quien ratificó la condena de 13 años, nueve meses y siete días de prisión al dirigente opositor Leopoldo López, por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Maduro condena el asesinato del juez Nelson Moncada y asegura que ya están identificados los asesinos.

"Anoche en la avenida José Antonio Páez, parroquia El Paraíso, el juez fue interceptado por un grupo de sujetos que se encontraban en una barricada opositora y le ocasionaron la muerte", dijo este jueves en una rueda de prensa transmitida por VTV.

Aseguró que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) no descartan la posibilidad que sicarios contratados por la derecha sean los responsables, por lo que se encuentra realizando una investigación exhaustiva del caso, para hallar con "estas bandas organizadas y con los sicarios que causaron la muerte del juez".

Maduro condena el asesinato del juez Nelson Moncada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este jueves el asesinato del juez Nelson Mocanda, baleado este miércoles en la avenida Páez de El Paraíso, Caracas, donde grupos violentos obstruían la vía con barricadas. "Toda nuestra solidaridad y condolencias con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Valiente juez de la República", expresó el mandatario venezolano durante una reunión de trabajo con Consejo de Vicepresidentes de Gobierno.

"Un joven abogado, juez de la República, valiente juez que llevó casos muy conocidos e importantes de la justicia en los últimos años. Fue sicariado, fue asesinado vulgarmente. El método que usaron fue unas barricadas, unas guarimbas, puesta frente a su hogar y cuando él llegó y se detuvo fue acribillado a balazos", dijo Maduro, asegurando que ya están identificados los asesinos.

El mandatario venezolano repudió las acciones violentas de grupos financiados por sectores de la oposición en los últimos dos meses, que han dejado más de 50 fallecidos y más de 1.000 heridos, así como daños a la propiedad pública y privada. Ante esto, Maduro reafirmó su llamado al diálogo nacional para dirimir diferencias y consolidar la paz en la nación, informa Telesur.

Venezuela: Goldman Sachs compra 2.800 M de $ en bonos a Pdvsa
El Grupo Goldman Sachs Inc. compró aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) que habían estado en el poder del Banco Central de Venezuela (BCV), informan fuentes relacionadas con la operación a The Wall Street Journal (WSJ). La operación ofrece un respiro a la economía venezolana con unos 865 millones de dólares, en el marco de un situación política crítica debido a las protestas violentas convocadas por la oposición financiada por EEUU, que han dejado más de 50 víctimas mortales y más de mil heridos.

China y Venezuela firman 22 nuevos acuerdos de cooperación
Los gobiernos de China y Venezuela han firmado este lunes, en el marco de la 15º Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel, 22 nuevos acuerdos de cooperación para atender diversas áreas de interés. Durante la actividad, desarrollada en Caracas, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, destacó la cooperación estratégica integral con Beijing, la cual "abarca todas las dimensiones del desarrollo económico, energético, financiero, económico, comercial, cultural, educativo, científico y tecnológico".

Australia retirará el pasaporte a los pederastas
"Muchos pederastas occidentales pasan desapercibidos y no cometen delitos en sus países de origen, pero aprovechan la pobreza y la implementación laxa de las leyes en países en vías de desarrollo para abusar de niños sin pagar las consecuencias". Seila Samleang, director ejecutivo de la ONG camboyana APLE (Action Pour Les Enfants, Acción para la infancia, en francés), explica rotundo la razón que ha llevado a Australia a convertirse en el primer país del mundo que propone una ley para retirar el pasaporte a los pedófilos listados en el Registro Nacional de Depredadores Infantiles.

Un testigo denunció ante Horrach a su actual cliente Jaime Nadal

Un testigo, que el pasado jueves compareció "libre y voluntariamente" en el juzgado de instrucción 12, afirmó que mantuvo tres entrevistas personales con el entonces fiscal Pedro Horrach (foto) y en estos encuentros le denunció las irregularidades que se estaban cometiendo en Calvià para favorecer los intereses de Bartolomé Cursach. Encuentros en los que también le denunció las irregularidades que estaba cometiendo Jaime Nadal, exdirector general del área de comercio, al que en estos momentos defiende el ahora abogado Pedro Horrach. Asegura sentirse indignado porque confió en el exfiscal y siguió todos los consejos que le dio sobre cómo debía comportarse en la investigación.

El testigo, que dijo que "se sentía indignado porque confié plenamente en el fiscal Horrach", se entrevistó por primera vez con él en el año 2014. El hombre, que es empleado de un negocio de ocio en Calvià, antes de visitar la fiscalía había hablado con un sargento de la Guardia Civil, para contarle "los actos de hostigamiento del Grupo Cursach". Más que una declaración oficial, se trató de una charla, en la que el empleado le estuvo hablando de la información que aparece reflejada en el sumario del caso Cursach. Le habló de la relación de los funcionarios del departamento de actividades y urbanismo de Calvià y las buenas relaciones que mantenía con Cursach.

Esta entrevista, según este testigo, se desarrolló en el despacho del fiscal. Recordó que Horrach le planteó muchas preguntas "sobre la misma declaración que había prestado días antes ante el sargento de la Guardia Civil", por lo que interpretó que "el fiscal manejaba una copia, porque hacía muchas preguntas, subrayaba y hacía anotaciones en el margen del documento".

La segunda entrevista, según detalló al juez Penalva, se celebró en el sótano de la fiscalía. El testigo acudió acompañado de su abogado y le entregó a Horrach un "dossier de una denuncia contra el Ayuntamiento de Calvià y contra el Grupo Cursach". Hablaron, en concreto, del departamento de actividades del Ayuntamiento. Además de Horrach, en la entrevista también estuvo el también fiscal Anticorrupción, Juan Carrau. La tercera entrevista que describió el testigo se celebró en el propio despacho de Horrach y estuvo presente un comisario de Policía. Hablaron sobre las amenazas que estaba sufriendo un camarero de Calvià desde la empresa de Cursach.

Aunque este testigo asegura que las veces que declaró en el juzgado no intervino nunca Horrach, sí recuerda que mantuvo contacto telefónico con él a través de mensajes. Aseguró que en esta comunicación le manifestó sus "inquietudes por los desprecios que en el Ayuntamiento de Calvià le hacía Jaime Nadal", el exalto cargo defendido por Horrach. Este testigo señaló que no se sintió respaldado por el fiscal, porque más que atender sus reclamaciones, "se lo quitaba de encima". Le decía que "el Ayuntamiento no estaba para arreglar conflictos comerciales. En los tres encuentros que el testigo mantuvo con Horrach, le acompañó otro empresario de Calvià, quien también mantuvo otras entrevistas con el entonces fiscal Anticorrupción.

Este testigo afirmó sentirse "indignado" por el hecho de que en estos momentos Pedro Horrach intervenga como abogado de la defensa de un antiguo alto cargo de Calvià al que denunció por graves irregularidades. Esta persona aseguró al juez Penalva que siempre siguió todos los consejos que le marcó el fiscal, diciéndole "cómo debía comportarme en la causa por mi condición de testigo". Fue tanta la confianza que tenía con Horrach, que según detalló el testigo, le contó "cuestiones personales que estaba padeciendo a consecuencia del acoso del Ayuntamiento y del caso Cursach". Entre los mensajes, según el testigo, le relató el "desprecio y la irregularidad con la que me trataba Jaime Nadal", por lo que ahora se siente incómodo y se ve obligado a soportar que el fiscal Anticorrupción sea el abogado defensor del exdirector general de Comercio de Calvià y "pueda hacer uso de todas las confidencias".

Además de este testigo, hay otras tres personas (dos de ellas socias) que aseguran que también se entrevistaron con el fiscal Horrach para denunciarle el acoso que estaban sufriendo desde el Ayuntamiento de Calvià. Uno de estos testigos, además, aportó un detalle hasta ahora desconocido. Afirmó que Jaime Nadal, el defendido del exfiscal, le pidió una comisión de 9.000 euros por una gestión. El juzgado está investigando si la actuación de Horrach como abogado es incompatible con su anterior cargo de fiscal, informa Diario de Mallorca.

Horrach recurre a la Audiencia la orden de alejamiento de su cliente

Pedro Horrach, junto a su compañero David Salvá, ha recurrido ante la Audiencia de Palma el auto que dictó la pasada semana el juez Penalva, en el que prohibió a su cliente, Jaime Nadal, que se acercara al Ayuntamiento de Calvià a una distancia mínima de 500 metros. El abogado defensor cuestiona las declaraciones que han realizado los funcionarios de Calvià que implican a su cliente, ya que aseguran que Nadal intentó defender los intereses de Cursach, ordenando paralizar la revisión de la licencia de la discoteca BCM.

Horrach cuestiona que pueda tenerse en cuenta la declaración de un funcionario, contra el que ha presentado una querella, que se autodefine como "mandatario verbal del juez". En este escrito, con una extensión de 44 folios, sostiene el abogado que las declaraciones que implican a su cliente son nulas y cuestiona que el juez Penalva no tuviera en cuenta las pruebas que la defensa aportó el pasado viernes en la declaración de Nadal. Por ello, Horrach sostiene que esta falta de valoración provocó una vulneración del derecho de defensa.

El abogado también cuestiona que no se concreten las maniobras que realizó su cliente, antiguo director general del área de Comercio de Calvià, para defender a Cursach. Pide a la Audiencia que convoque una vista sobre este recurso.

Caso Cursach: Chicas prostituídas por agentes, drogadas y amenazadas
Drogas, sexo, amenazas y alcohol era el día a día de la noche mallorquina según las declaraciones que han hecho ante el juez varios extrabajadores del Grupo Cursach. "Tenían la orden de facilitar droga y alcohol gratis a todos los policías que se identificaban como tal en la zona vip". Ocurría según ellos, en la discoteca Tito's, el lugar de celebración de fiestas privadas, según la Fiscalía, a las que eran invitados policías y políticos con prostitutas y drogas.

Caso Cursach: El juez estudia imputar a Horrach por obstrucción
El juez Manuel Penalva está estudiando la posibilidad de imputar al exfiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, por un presunto delito de obstrucción a la justicia por su intervención como abogado defensor en el caso Cursach que concierne al capo de la mafia del ocio y la corrupción policial y política en Mallorca. Un caso cuyo secreto de sumario se volvió a prolongar ayer, como mínimo, un mes más.

González (PP) regaló a la socia de su mujer dos contratos de 174.000 €
El último regalo de Ignacio González (PP) a la socia de su mujer en Subastas Segre tiene forma de contrato: dos adjudicaciones que suman 174.000 euros licitadas cuando González aún era presidente de la Comunidad de Madrid y formalizadas por su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes.

González (PP) regaló a la socia de su mujer dos contratos de 174.000 €

El último regalo de Ignacio González (PP) a la socia de su mujer en Subastas Segre tiene forma de contrato: dos adjudicaciones que suman 174.000 euros licitadas cuando González aún era presidente de la Comunidad de Madrid y formalizadas por su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes. La Fundación Carmen Pardo-Valcarce, que fundó Carmen Cafranga (foto con González) y ahora preside su hija, gestiona un aula de apoyo para la integración laboral de "personas con inteligencia límite" y también desarrolló el dispositivo en red para prevenir el abuso a personas con discapacidad intelectual que se aplica en la Red Predea.

El último contrato, el de la Red Predea, provocó una tensa comisión en la Asamblea de Madrid hace unas semanas. El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo (que era viceconsejero cuando se empezaron a tramitar ambas adjudicaciones), acusó a toda la oposición de "destruir en lugar de construir una sociedad mejor" y de "no interesarles las personas con discapacidad". Podemos, Ciudadanos y PSOE calificaron los contratos como "trato de favor" y acusaron a su vez al consejero de estar preparando el terreno para volver a favorecer a la misma fundación con más adjudicaciones. Un portavoz de la consejería asegura que el contrato de la Red Predea no se volverá a licitar, "ya que su objetivo era implementar un dispositivo en red que ya se ha desarrollado".

Carmen Cafranga acaba de ser condenada a un año y ocho meses de prisión por utilizar las tarjetas 'black' de Caja Madrid para gastos personales, como varios abonos de la plaza de toros de Las Ventas. Como presidenta de la Fundación Caja Madrid, se fundió 175.000 euros entre octubre de 2003 y diciembre de 2011. Cafranga también es consejera delegada desde febrero de 2001 de Subastas Segre, que preside Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González. Cavero es una de las personas investigadas dentro del marco de la operación Lezo, que ha llevado a su marido a prisión. La Guardia Civil cree que la casa de subastas pudo servir para blanquear parte de los fondos obtenidos ilícitamente por González.

El 22 de junio de 2015, con González de interino en el Gobierno y tres días antes de que Cristina Cifuentes tomara posesión como presidenta regional, la Consejería de Servicios Sociales publicó el contrato para implantar en los centros públicos que atienden a personas con discapacidad intelectual —unos 12.000 usuarios en la comunidad— "un procedimiento único de prevención, detección y atención en situaciones de abuso". Lo que se conoce como Red Predea. Pero no solo eso. El contrato también incluía la formación de 165 profesionales para que pudieran detectar esos casos de abuso y tener un protocolo de actuación, a través de ocho ediciones de un curso de 21 horas.

Raúl Camargo, diputado de Podemos, señala a El Confidencial que a su grupo no le gusta que "algo tan importante como la prevención y la atención a las personas discapacitadas, que puedan sufrir maltrato por el hecho de serlo, se encomiende a entidades privadas". Pero para Podemos ese no es el problema. "El problema es el adjudicatario, una fundación cuya presidenta fue condenada en las 'black' y que además es socia de la mujer de González. No se puede calificar como una fundación ejemplar. Sin olvidar que en la anterior legislatura esta fundación recibió casi cuatro millones de euros de subvenciones de la Comunidad de Madrid, lo que supone el 94% del total de las ayudas que obtuvo".

En la tensa comisión que se celebró en la Asamblea, el PSOE fue más allá y aseguró que el pliego de condiciones fue apañado, "ya que en él pone como requisito imprescindible que se aplicará como modelo el procedimiento de intervención y trabajo que tomará como referencia el documento de guía de abusos y discapacidad orientados para la prevención y actuación elaborado por la Fundación Pardo-Valcarce. En el pliego de condiciones ya viene dicho, en el punto 1, que se le iba a dar a la Fundación Pardo-Valcarce", señala la diputada socialista Mónica González. De hecho, a la licitación solo se presentó esta fundación, que acabó ganando el contrato el 9 de septiembre de 2015, ya con Cifuentes en el Ejecutivo. La Fundación Pardo-Valcarce recibió a cambio 83.633,33 euros. El contrato tenía una duración de 18 meses y ya ha finalizado. Según la consejería, no se va a renovar.

Ciudadanos cree que "hay que poner en contexto esta adjudicación" y señala que todo fue un plan ideado por González. "Nuestro grupo solo ha llevado dos asuntos relacionados con la discapacidad a la comisión de vigilancia de las contrataciones, y los dos son sobre esta fundación", señaló el diputado Alberto Reyero. Ciudadanos utiliza "trato de favor" y "connivencia con el PP" para describir este contrato. No fue el único que en ese periodo de transición entre gobiernos del PP se llevó la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

El 23 de junio, dos días antes de la toma de posesión de Cifuentes, la consejería tramitó un nuevo contrato: "Aula de Apoyo a la Integración Sociolaboral para Personas con Inteligencia Límite", cofinanciado por el Fondo Social Europeo al 50%. De las seis organizaciones que se presentaron al concurso, la oferta de la fundación de Carmen Cafranga fue considerada "anormalmente baja", 90.400 euros sobre un presupuesto base de licitación de 148.332 euros. La Mesa de Contratación de la consejería solicitó que justificase su oferta. De hecho, la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad informó desfavorablemente sobre la viabilidad económica de su oferta. Al final, la consejería formalizó el contrato con la Fundación Pardo-Valcarce en octubre de 2015, con Cifuentes ya en el poder. El contrato era por un año.
161 casos tratados e investigados

Al consejero Carlos Izquierdo, que había pedido voluntariamente su comparecencia en la comisión, no le gustó que la oposición se centrara en la adjudicataria del contrato de la Red Predea y no en conocer cómo se había desarrollado este plan. En la Red Predea están a día de hoy 63 entidades privadas, seis ayuntamientos y los 13 centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. En 2016, este nuevo plan ayudó a detectar 161 casos de abusos en personas con discapacidad intelectual, entre los que están incluidos abuso físico, económico, abuso sexual, abandono, abuso psicológico... El 75% de los casos ha sido detectado por los profesionales que trabajan con estas personas, y otro 19%, por los propios usuarios de estos centros, informa El confidencial.

El PP colocará al juez fascista que quería Ignacio González en la AN
Ignacio González acertó en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción tres meses antes de que se produjera. En esa misma conversación del 22 noviembre de 2016, el expresidente de la Comunidad de Madrid expresaba su deseo que Eloy Velasco fuera apartado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que volviera el titular de la plaza, Manuel García Castellón (der. foto), 16 años en el extranjero como juez de enlace.

González (PP) actuaba como un capo del "crimen organizado"
El poder acumulado durante años en primera línea de la política fue utilizado por Ignacio González (PP) para frenar las investigaciones que le amenazaban. En las grabaciones del caso Lezo hay conversaciones con altos cargos del Gobierno, intentos de influir en los nombramientos de la Fiscalía o para cambiar a los jueces que iban tras él. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil califican esa utilización del poder en busca de impunidad como una práctica propia del "crimen organizado".

La UE ratifica la multa a Rajoy por manipular el déficit valenciano
Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha desmontado hoy los argumentos del Gobierno corrupto de Rajoy contra la multa de 19 millones de euros impuesta por la Unión Europea por la falsificación del cálculo del déficit público en la Comunidad Valenciana durante más de 20 años. Aunque los dictámenes del abogado general no son vinculantes para el tribunal que dictará sentencia, los jueces acaban asumiendo sus conclusiones en la mayoría de casos (casi un 70% del total).

El TSJC investiga a Germà Gordó en el caso del 3%

El conseller de Justícia y ex número 2 de CDC Germà Gordó será investigado por el Tribunal Superior de Justcia de Catalunya (TSJC) por tráfico de influencias, soborno y malversación de fondos públicos en el marco del caso del 3% de presuntas comisiones ilegales cobradas por la desaparecida formación soberanista. Ex gerente del partido y uno de los colaboradores más cercanos de Artur Mas, Gordó ha sido señalado por dos testigos protegidos del 'caso Petrum' y por dos empresarios detenidos en una fase posterior como intermediario en el cobro de las 'mordidas' a cambio de contratos de obra pública.

Diputado de Junts pel Sí (JxSí), el juez de El Vendrell (Tarragona) que instruye el 'caso Petrum' le acusó por primera vez de tráfico de influencias el pasado enero, después de que los testigos lo situaran como engranaje de la supuesta trama del 3%. En las comunicaciones entre ellos, los contratistas se referían a Gordó con los alias de "Gerardo" o "Gregorio". Sin embargo, por su condición de aforado únicamente puede ser investigado por el TSJC, el cual reclamó más indicios al magistrado. A partir de ahí comenzó la búsqueda, infructuosa, de los registros de reuniones que Gordó mantuvo en sus despachos oficiales mientras fue miembro de los gobiernos de Mas.

El Govern alegó ante el juez de El Vendrell que era "imposible técnicamente" entregar los registros de su etapa como secretario del Govern -entre 2010 y 2012-. En esencia, porque no los localizaban.Como confirmó el gabinete de Trasnsparencia de la Generalitat, tampoco existen registren escritos en ningún formato de las reuniones en el despacho oficial que ocupó mientras era conseller de Justícia, entre 2012 y 2016. A raíz de dicha información, el PSC presentó ayer en el Parlament un escrito para obtener copia de dichos registros, informa El Mundo.

El juez del 3% insiste en investigar a Gordó (PdeCat)
El juez que lleva el caso del 3%, de financiación irregular de CDC, ha pedido de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue al actual diputado en el Parlament de PdeCat-CDC y exconseller de Justicia Germà Gordó. Según ha informado hoy el TSJC, el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha remitido una nueva exposición razonada para que el alto tribunal catalán abra una investigación a Gordó, que al ser diputado goza de la condición de aforado.

Saqueo del Palau: "La bandera justifica cualquier atropello con la cartera"
"La bandera justifica cualquier atropello con la cartera". Así de contundente se ha mostrado este lunes el fiscal Emilio Sánchez Ulled al inicio de su informe final en el juicio por el saqueo del Palau de la Música en la época en que la entidad estaba presidida por Félix Millet. La acusación pública ha recriminado de entrada a los organismos públicos que deberían haber controlado la gestión del auditorio y ha recalcado "el patético papel" que desarrollaron estos estamentos, que "no fueron capaces de ver nada, cómo cantidades importantes de dinero" salían de la entidad cultural a través del cobro en efectivo de cheques.

Cifuentes acusa a Podemos de "pederastas, agresores y antiguos terroristas"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), ha acusado este jueves a Podemos de llevar en sus listas a "pederastas, agresores y antiguos terroristas" ya condenados. En un acalorado debate en la asamblea, ha rechazado lecciones de "honradez" de la formación morada porque sus dirigentes son los de "las 'becas black', los que especulan con viviendas sociales o los que tienen trabajadores sin contrato", además de llevar en las listas electorales "pederastas, agresores o antiguos terroristas".

Cifuentes acusa a Podemos de "pederastas, agresores y antiguos terroristas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), ha acusado este jueves a Podemos de llevar en sus listas a "pederastas, agresores y antiguos terroristas" ya condenados. En un acalorado debate en la asamblea, ha rechazado lecciones de "honradez" de la formación morada porque sus dirigentes son los de "las 'becas black', los que especulan con viviendas sociales o los que tienen trabajadores sin contrato", además de llevar en las listas electorales "pederastas, agresores o antiguos terroristas".

Cifuentes ha contesado así después de que la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, haya acusado a la presidenta regional de "utilizar las instituciones en beneficio propio" para defenderse en el marco del 'caso Púnica'. "Los madrileños no merecen una presidenta que utiliza las instituciones en beneficio propio en lugar de utilizarlas para lograr el bien común". "Todo apunta a que usted ya intuía que podía aparecer involucrada en el amaño de algún contrato y que su único afán con esta personación es utilizar nuevamente un recurso público para defenderse de una posible acusación procesal", ha aseverado, en alusión a la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco.

Por su parte, la presidenta regional ha afirmado que la Administración autonómica se ha personado en el 'caso Púnica' porque "vela por el interés de todos los madrileños y por tanto merece ejercer la acusación particular". "No lo digo yo, lo afirma expresamente el Juzgado Central de Instrucción encargado del caso", ha apostillado. "Por tanto, en la personación de este Gobierno usted puede sembrar las dudas que quiera pero no hay ninguna duda absolutamente", ha manifestado Cifuentes.

Lo cierto es que no ha sido Podemos el único grupo que ha cuestionado la honradez de Cifuentes. También lo han hecho sus propios socios parlamentarios, Ciudadanos, cuyo portavoz autonómico, Ignacio Aguado, ha leído el extracto del informe de la Guardia Civil que señala "de forma indubitada" a Cifuentes como "directamente partícipe y conocedora de las irregularidades". "Lo dice la Guardia Civil, no un grupo de amiguetes", ha apostillado. Cifuentes se ha mantenido en sus trece y ha remachado: "No necesito defenderme de nada porque ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada", informa El Periódico.

Cifuentes: 107.316 € de sueldo y solo 900 en la cuenta
La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes (PP) cobra 107.316 euros anuales y en su declaración de bienes que presentó cuando ascendió al poder aseguró tener 26.392 euros en su cuenta corriente. Ahora, ha querido defender su nombre tras las últimas investigaciones y acusaciones de corrupción de la Guardia Civil y ha asegurado que no tiene: ”Ni pisos, ni áticos, ni fincas” y que en su cuenta corriente no tendrá “más de 900 euros”. Con un sueldo, legal, de 107.316 euros la presidenta gasta pues compulsiva y desorbitadamente, tal como miente. La Guardia Civil señala que Cifuentes conocía las irregularidades "de forma indubitada".

7 mentiras de Cifuentes sobre la trama ‘Púnica’
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre no han tenido nunca una amistad íntima, antes bien se profesaban una enemistad manifiesta. Pero eso no implica que la una haya podido aprender de la otra en estos últimos años. Desde luego, esa es la impresión que se destilaba este martes de la comparecencia -que no rueda de prensa, porque no se permitieron las preguntas- de la presidenta de la Comunidad de Madrid para defenderse de la acusación de prevaricación continuada y cohecho de la Guardia Civil.

Mato, Fraga, Verstrynge…: Enchufes y amiguismo en Bruselas
Cada eurodiputado cuenta con hasta 300.000 euros al año para contratar personal que le asista en sus actividades parlamentarias. El proceso está controlado por el Parlamento, pero eso no evita que entre sus filas se cuelen apellidos relacionados con el partido, exmiembros recolocados en Bruselas o pluriempleados con actividades paralelas relacionadas con una formación politica determinada.

Australia retirará el pasaporte a los pederastas

"Muchos pederastas occidentales pasan desapercibidos y no cometen delitos en sus países de origen, pero aprovechan la pobreza y la implementación laxa de las leyes en países en vías de desarrollo para abusar de niños sin pagar las consecuencias". Seila Samleang, director ejecutivo de la ONG camboyana APLE (Action Pour Les Enfants, Acción para la infancia, en francés), explica rotundo la razón que ha llevado a Australia a convertirse en el primer país del mundo que propone una ley para retirar el pasaporte a los pedófilos listados en el Registro Nacional de Depredadores Infantiles.

Si la proposición de ley que ha hecho el senador Derryn Hinch se aprueba en el Parlamento este mes, algo que se da por seguro ante la falta de oposición, más de 20.000 australianos tendrán prohibidos todos sus viajes al extranjero. 3.200 de los listados en el registro han cometido delitos graves y, por ello, nunca saldrán de esa base de datos. Así que no podrán salir de Australia de por vida. "Esta es la medida más dura que jamás se ha tomado para combatir el turismo sexual. Queremos evitar que nuestros ciudadanos abusen de niños en países más vulnerables", recalcó el pasado martes el ministro australiano de Justicia, Michael Keenan.

El político reconoció que las leyes actuales son "completamente inadecuadas" –según estadísticas oficiales, el año pasado 800 de estos depredadores viajaron fuera de Australia, la mitad de ellos saltándose la obligatoriedad de dar cuenta de ello–, y urgió a que se aprueben rápido las enmiendas del Código Penal y de la normativa que regula la emisión de pasaportes. Samleang, que ha pasado más de una década combatiendo a pederastas extranjeros en Camboya, uno de los países más vulnerables, aplaude la iniciativa y lanza una incómoda pregunta: "¿Quién se atreverá a seguir los pasos de Australia?". A pesar de que muchos países asiáticos –sobre todo en el sureste del continente– y latinoamericanos han endurecido las penas que imponen a los pederastas, y aunque se trata de un delito que se puede perseguir incluso en los países de origen de quienes lo perpetran, el turismo sexual todavía no es un mal del pasado.

Lo confirman las estadísticas que Samleang esgrime. Solo en 2016, APLE rescató a 27 víctimas de abusos sexuales, representó a 82 más en casos que vieron los tribunales, y fue vital para la condena de 17 personas que cometieron abusos a menores. Desafortunadamente, son todavía pocos si se tiene en cuenta que la ONG afirma haber recibido 95 denuncias a través de su línea de ayuda. Precisamente, son este tipo de casos en el sudeste asiático los que han llevado a Australia a actuar. El último, en octubre del año pasado, se cerró con la condena a 15 años de prisión de un australiano de 70 años, Robert Andrew Fiddes Ellis, por haber abusado de 11 niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años en la turística isla indonesia de Bali.

"Aunque muchos de los pederastas responden al perfil de anciano solitario que predomina en el imaginario colectivo, no hay que olvidar que existen muchos otros tipos que pasan más desapercibidos. Incluso quienes no tienen intención de abusar de niños pueden terminar haciéndolo si se dan condiciones favorables para ello", comenta Samleang en Phnom Penh. De hecho, en un reciente viaje a la capital camboyana, este periodista pudo confirmar que, aunque no resulta tan evidente como hace años, todavía hay burdeles y proxenetas que ofrecen sexo con "niñas muy jóvenes".

El alcohol y la desinhibición que provoca la sensación de impunidad hacen que incluso jóvenes se sientan tentados de mantener relaciones sexuales con menores, aunque no siempre vayan buscando niños. Curiosamente, la justificación del "es que aquí a los 14 ya son mujeres" todavía se escucha en algunos círculos.

Además, APLE constata que el endurecimiento de las penas y una mayor implementación de las leyes ha provocado profundos cambios en el 'modus operandi' de los pederastas. Ya no buscan a sus víctimas en parques o entre niños de la calle. "Ahora se hacen pasar por voluntarios de ONG o profesores de inglés. Van a comunidades pobres y se ganan la confianza de la familia en el ámbito privado, que es también en el que cometen los abusos. Así, es mucho más difícil conseguir pruebas que los incriminen", explica Khoem Vando, uno de los investigadores de APLE.

Un caso paradigmático de este cambio es el de Nick Griffin, un pedófilo británico que pasó desapercibido gracias a la tapadera de la ONG que creó, el Fondo para Orfanatos de Camboya. El centro de acogida que construyó llegó a estar habitado por un centenar de niños y niñas y fue el escenario perfecto para cometer sus abusos. Realizó tocamientos y forzó a practicar sexo oral a siete de ellos. Después de ser condenado en 2011 y de ser extraditado al Reino Unido un año después, se descubrió que antes ya había violado a una adolescente en su país. La ley propuesta por Australia podría evitar que gente como él cometiese delitos en el extranjero.

Investigación sobre un español en Camboya

También hay españoles entre los depredadores que ha perseguido APLE. Uno de ellos es F.P.C., que fue condenado 'in absentia' a seis años de prisión. Las autoridades españolas lo arrestaron en 2010 y pasó 74 días en la cárcel de Valdemoro. Pero el tribunal camboyano no respondió a la comisión rogatoria enviada por el juzgado español responsable del caso y la Policía no encontró pruebas incriminatorias en sus ordenadores y discos duros, así que quedó en libertad. Samleang sostiene que es un buen ejemplo de cómo los enrevesados entresijos de la justicia internacional logran que pederastas convictos estén en libertad sin cargos. Sin embargo, fuentes judiciales españolas consideran que el caso es muy endeble porque se sustenta en un solo testimonio –el del adolescente abusado– al que ni siquiera ha examinado un médico forense.

Lo cierto es que resulta muy complicado lograr pruebas. Muchas víctimas, amedrentadas y estigmatizadas, llevan el abuso y la humillación en silencio. Y los equipos de investigación en países empobrecidos tampoco realizan su labor con los estándares más avanzados, razón por la que un juez extranjero puede poner objeciones lógicas a la aplicación en casa de una sentencia dictada fuera, informa eldiario.es.

4.500 víctimas de pederastia de la Iglesia católica en Australia
Casi 4.500 personas han denunciado abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la secta criminal vaticana en Australia entre 1980 y 2015, según un informe presentado este lunes en el inicio de una nueva tanda de audiencias de la comisión que investiga los delitos de los abusadores protegidos y ocultos por la organización mafiosa fascista.

El panfleto nazicatólico de Bergoglio que justifica a sus pederastas: 'Le perdono, padre'
El cura capuchino Joël Allaz, como tantos otros mafiosos degenerados de la secta criminal vaticana, abusó sexualmente de un niño durante cuatro años, cada semana, y ese niño, que entonces tenía ocho años, ha escrito un panfleto financiado por la propia secta en que Daniel Pittet no ajusta cuentas con su verdugo, sino todo lo contrario: Le perdono, padre supone una absolución del violador y de todos los pederastas de la Iglesia católica, que trata de limpiar su imagen criminal con esta porquería indecente y el soborno a la entonces víctima y hoy un pederasta más.

Adif defraudó 5 millones a la Seguridad Social de 2011 a 2015
La empresa pública Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, defraudó a la Seguridad Social un total de 4.818.595 euros en concepto de “diferencias de cotización” entre 2011 y 2015, según cuatro actas de varios inspectores de trabajo del pasado enero.

Yemen tilda de “escenario” el presunto ataque a petrolero de EEUU
El gobierno de Yemen niega todo tipo de responsabilidad en el supuesto ataque al barco petrolero MT MUSKIE (foto) en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, al sur de Yemen. El presidente del Comité Supremo Revolucionario de Yemen, Mohamad Ali al-Houthi, ha asegurado este jueves que el presunto ataque al mencionado barco es un escenario fabricado por EEUU.

Adif defraudó 5 millones a la Seguridad Social de 2011 a 2015

La empresa pública Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, defraudó a la Seguridad Social un total de 4.818.595 euros en concepto de “diferencias de cotización” entre 2011 y 2015, según cuatro actas de varios inspectores de trabajo del pasado enero. La Inspección de Trabajo ha resuelto así una larga investigación iniciada a raíz de diferentes denuncias por parte del sindicato CGT, que se percató ya en 2011 de que Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, estaba cometiendo irregularidades en los conceptos salariales y en las horas extraordinarias que abona a los empleados, de manera que los trabajadores estaban cotizando a la Seguridad Social menos de lo que deberían.

Todo ello entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. El caso fue detectado por CGT, entre otras causas, por problemas con las mutuas de varios trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo y situaciones de incapacidad. Éstos, según fuentes de CGT, han tenido “problemas muy importantes a la hora de que la Seguridad Social pudiera establecer las correspondientes cotizaciones que legalmente le corresponden”.

Una de las actas de los inspectores especifica que la empresa pública estaba abonando las horas extraordinarias como horas de fuerza mayor cuando en realidad eran horas extra normales, sujetas a una 28,3% de retención, en lugar de al 14% que cotizan las horas de fuerza mayor. Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias son la que se realizan por encima de la jornada ordinaria, realizando funciones que serían comunes al desempeño del trabajo normal. Las extraordinarias por fuerza mayor son las necesarias para evitar catástrofes o derivadas de las mismas, tienen carácter excepcional y no computan como extraordinarias comunes, pero sí se retribuyen normalmente de la misma manera, aunque cotizan la mitad.

Según la Inspección de Trabajo, Adif ha calificado de manera fraudulenta las horas extra para así cotizar un 16,3% menos. Concretamente, el 78,22% de esas horas en 2011, el 78,12% en 2012, el 72,26% en 2013, el 69.05% en 2014 y aproximadamente el 80% en 2015, lo que hace una total de 437.137,1 euros defraudados en este periodo. Al mismo tiempo, las actas también recogen infracotizaciones de trabajadores reflejados como personal de oficina, cuando eran personal de infraestructuras de transporte, de manera que cotizaban un 1% en lugar del 2,1% que debería aplicarse. La liquidación reclamada de esta acta asciende a 1,64 millones de euros en los periodos de 1 de enero de 2011 a diciembre de 2013 y a 1,17 millones entre enero de 2014 y diciembre de 2015. “No sólo tiene consecuencias directas en las arcas públicas, sino sobre los trabajadores", denuncia CGT

Por otra parte, la Inspección de Trabajo también reclama casi 1.569.139 euros por la fraudulenta calificación que ADIF le da a determinadas claves salariales, que configura como dietas o pluses y no como salario. Según explica a Público el sindicato CGT, se trata de "un fraude masivo en las cotizaciones" por parte de ADIF que, para los denunciantes, resulta “absolutamente intolerable y mucho más grave si es en una entidad pública”, por lo que exigen que se depuren responsabilidades por esta mala praxis.

El sindicato destaca sobre todo los problemas en las cotizaciones por accidentes y enfermedad profesional, “al cotizar sobre este personal por un porcentaje inferior al que dicta la Ley. “No sólo tiene consecuencias directas en las arcas públicas”, critica Carmelo Sierra, delegado de la CGT, “sino sobre los trabajadores, ya que tienen problemas a la hora de calificar enfermedades profesionales o incapacidad permanente en grado total o parcial, por datos incorrectos al cotizar como personal de oficina por ellos la empresa”.

Sierra subraya además que cada año son millones las horas extra que se realizan en la empresa por la falta de plantilla existente y por la elevada edad media del personal, que ronda los 55 años. Asimismo, denuncian que, pese a estas reclamaciones por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, Adif sigue aplicando estos parámetros fraudulentos, lo que provocará nuevos reclamos. también exige a esta empresa pública la "organización de una convocatoria de empleo público urgente" que conlleve a un "incremento sustancial de la plantilla".

Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa pública, que ha asegurado que se encuentra "al corriente de todos los pagos" a la Seguridad Social. Así, un portavoz de Adif ha comunicado que el proceso de inspección aún no ha terminado y que tras su "primer resultado provisional", la compañía "ha efectuado las alegaciones correspondientes; estando aún por resolver definitivamente las mismas por dicho organismo".

Adif asegura que la resolución de la Inspección de Trabajo es solo un "primer resultado provisional"
Parte de esas alegaciones se ha basado en una oposición "a los criterios que utiliza la inspección de trabajo", explican, adelantando que "Adif ha mantenido los mismos criterios en materia de cotización desde la anterior Inspección, cerrada en 2011, con afectación a los años 2007 a 2010". Frente a la resolución final de la Inspección de trabajo sobre sus alegaciones, Adif recuerda que tendrá la posibilidad de plantear los recursos legalmente procedentes. El Ministerio de Fomento no ha hecho hasta ahora ningún comentario ante las preguntas de este medio. No obstante, el diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual formuló al ministro Íñigo de la Serna una pregunta por escrito sobre este asunto el pasado 29 de mayo, informa Público.

Caso Cursach: Chicas prostituídas por agentes, drogadas y amenazadas
Drogas, sexo, amenazas y alcohol era el día a día de la noche mallorquina según las declaraciones que han hecho ante el juez varios extrabajadores del Grupo Cursach. "Tenían la orden de facilitar droga y alcohol gratis a todos los policías que se identificaban como tal en la zona vip". Ocurría según ellos, en la discoteca Tito's, el lugar de celebración de fiestas privadas, según la Fiscalía, a las que eran invitados policías y políticos con prostitutas y drogas.

4 años de prisión para el vicepresidente del PP de Calvià por robar a un anciano
A sus 85 años, el que fuera vicepresidente del PP de Calvià Jaime Fernández Abad, fundador del Partido Renovador de las Islas Baleares (PRIB), asesor del Ayuntamiento en la etapa del corrupto Carlos Delgado (PP) –a 50.000 euros anuales– y que estuvo a punto de ser nombrado Defensor del Ciudadano, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados.

La UE ratifica la multa a Rajoy por manipular el déficit valenciano
Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha desmontado hoy los argumentos del Gobierno corrupto de Rajoy contra la multa de 19 millones de euros impuesta por la Unión Europea por la falsificación del cálculo del déficit público en la Comunidad Valenciana durante más de 20 años. Aunque los dictámenes del abogado general no son vinculantes para el tribunal que dictará sentencia, los jueces acaban asumiendo sus conclusiones en la mayoría de casos (casi un 70% del total).