dissabte, 10 de juny de 2017

Investigan carteles independentistas contra Iceta, Arrimadas, Rabell y Albiol en Lleida

La Fiscalía de Lleida ha abierto una investigación por un presunto delito de odio por unos carteles que han aparecido en la ciudad con "tono amenazante" contra Miquel Iceta (PSC), Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot), Inés Arrimadas (Ciutadans) y Xavier García Albiol (PPC), según ha confirmado la Fiscalía General del Estado. Los carteles han salido a la luz pocas horas después de que el 'president' Carles Puigdemont haya anunciado la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia. "Los que niegan el democrático derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo. Tratémoslos como a tales".

"La Fiscalia de Lleida, a la vista de los carteles en tono amenazante aparecidos en la ciudad con la fotografía de diferentes líderes políticos y el mensaje 'Els qui neguen el democràtic dret a l'autodeterminació són enemics del poble. Tractem-los com a tals' ('"Quienes niegan el democrático derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo. Tratémoslos como tales') ha decidido en el día de hoy [viernes, 9 de junio] abrir diligencias de investigación", señala el ministerio fiscal en un comunicado. De entrada, se está intentando identificar a los autores de los carteles que, según detalla un breve comunicado de la Fiscalía General del Estado, tienen un "tono amenazante" hacia determinadas dirigentes políticos y, por lo tanto, los autores del cartel podrían haber cometido un delito de odio. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de las pesquisas.

El cartel lleva el logo del colectivo anticapitalista Lleida Resisteix, que ha colgado en su cuenta de Twitter y en la de Facebook un comentario en el que asegura que seguirán "señalando a los 'enemigos del pueblo'" -título de una obra del existencialista Ibsen en la que el fascismo local ataca al maestro de la ciudad- y que "no hay lucha por la verdadera democracia sin combatir a sus enemigos". El colectivo contestaba así a un tuit del exdiputado de C's Jordi Cañas en el que este ha publicado la foto del cartel con las etiquetas #cosasquepasanencataluña y #LaRevolucioDelsSomriures. La Fiscalía ha encargado la investigación a los Mossos d'Esquadra.

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha pronunciado al respecto en la red social, desde donde ha reclamado "una nueva etapa de reconciliación" en Catalunya. Por su parte, Rabell ha lamentado que "parece que algunos tienen ganas de poner dianas...", y que carteles de ese tipo son "semilla de fascismo".

Dos empresarios inculparon a Gordó y CDC en el 'caso 3%'
La declaración de los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols fue la pieza del rompecabezas que le faltaba al Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la imputación del diputado del Parlament y ex conseller de Justícia Germà Gordó. Así consta en la exposición razonada por el juez al TSJC para pedir la investigación de Gordó y que fue atendida por el alto tribunal catalán la semana pasada.

Referéndum catalán: "¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?"
Ya se ha desvelado la fecha y la pregunta del referéndum que quiere separar Cataluña de España: el 1 de octubre. El presidente Carles Puigdemont convocaba una reunión extraordinaria de su Gobierno. A las nueve, en presencia de todos los diputados de Junts Pel Sí (JxS) y la CUP (formación de la que faltarán dos diputados, por estar fuera de Cataluña), hacía pública la gran incógnita, en un acto solemne en el propio Palau de la Generalitat.

La Fiscalía acusa a Sixte Cambra de facilitar adjudicaciones a Copisa
Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona y amigo íntimo del ex-presidente de la Generalitat Artur Mas, se encuentra en el punto de mira en el caso del 3%., según el sumario del caso que se instruye desde El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Cambra de haber intervenido en dos adjudicaciones públicas para favorecer los intereses de Copisa, una de las adjudicatarias investigadas en este asunto de presunta financiación ilegal de Convergència.

La doctora Pinto pide alejamiento para el comisario Villarejo

La doctora Elisa Pinto ha solicitado a la jueza que dicte una orden de alejamiento contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo -miembro de la policía fascista del PP, Fernández Díaz y las cloacas del franquismo nazi español-, al que la mujer identificó el pasado martes como su agresor en una rueda de reconocimiento organizada en sede judicial. La defensa de Pinto razona su petición en que “impida o dificulte la perpetuación de la actuación delictiva del presunto investigado”, quien habría continuado con un “hostigamiento” contra la denunciante con posterioridad a la agresión del 10 de abril de 2014. Aquel día, la doctora Elisa Pinto fue pinchada en plena calle por un hombre que le dijo: “López Madrid ("compiyogui" de la reina Leticia) quiere que cierres la boca”. Antes de eso, la mujer había denunciado al exconsejero de OHL por acoso y el empresario había respondido con otra denuncia, consecuencia de la cual la doctora sigue imputada a día de hoy en otro juzgado de Madrid.

El jefe de la comisaría donde denunció Elisa Pinto el acoso de López Madrid citó a la dermatóloga en mayo de 2015, después de recibir información de un confidente según la cual su compañero Villarejo podría ser el autor de la agresión. El comisario Jaime Barrado organizó dos reconocimientos con fotografías de hombres parecidos a Villarejo e incluyó sendas instantáneas del sospechoso, una reciente y otra de hace más de quince años. La doctora lo reconoció en ambas “sin ningún género de dudas”, según consta en el acta.

La titular del Juzgdo de Instrucción número 39 de Madrid reconoció a Villarejo el martes junto a cuatro hombres que él mismo aportó a la rueda. Todos llevaban chaqueta y gafas. La doctora Pinto reconoció a Villarejo como su agresor de inmediato. Aun así, les pidió que se quitaran las gafas porque su agresor no llevaba en el momento del ataque. La defensa de Pinto solicita ahora que Villarejo no se pueda acercar a menos de 600 metros de la víctima y que se le prohíba comunicarse con ella y cualquier miembro de su familia, así como “cualquier conducta cuya finalidad sea afectar o denigrar la fama y crédito de mi representada, o afectar a su honor e integridad o a la de su familia y sus hijos”, según recoge el escrito.

Villarejo había logrado aplazar la rueda de reconocimiento en dos ocasiones, el 16 de julio y el 3 de septiembre de 2015. Entonces estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes de Eugenio Pino, el artífice de la ‘policía política’ del PP y la Operación Cataluña, en la que el comisario Villarejo reconoce haber participado. Sin embargo, la excusa de la Dirección de la Policía para Villarejo es que se encontraba en viajes de trabajo en el extranjero.

Después llegaron una serie de informes policiales que tres años después de las primeras denuncias de la doctora daban un vuelco al caso. La Policía aseguraba que la doctora era la auténtica autora del acoso y que había falsificado pruebas. La jueza Belén Sánchez archivó el caso, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ha ordenado que lo reabra y que practique una serie de diligencias, entre ellas la rueda de reconocimiento de Villarejo. También obligó a la jueza a tomar declaración a varios testigos. Entre los que comparecieron el pasado martes están los facultativos que atendieron a la mujer y que ante la jueza descartaron que la doctora se autolesionara, como apuntaban los informes que exculpabal yerno de Villar Mir y a Villarejo.

En su escrito, la defensa de la doctora explica que después del apuñalamiento, el comisario y López Madrid se presentaron en su consulta y le exigieron que retirara la denuncia. Eso ocurrió el 10 de diciembre de 2015. "Conviene especificar que en ese momento ella no le había dicho al señor López Madrid que le había interpuesto una denuncia", recoge el escrito. El audio fue publicado después por El Español y el trabajo de investigación V. Las Cloacas del Estado desveló que había sufrido una manipulación.

En esta campaña de hostigamiento posterior a la agresión que denuncia la doctora también se incluye el envío al juzgado de un anónimo "lleno de vituperios e insinuaciones denigrantes" para la mujer y su marido. Pinto también ha sido denunciada ante la Fiscalía de Menores para que perdiera la custodia de su hijo. Los informes de la Policía que la Audiencia de Madrid ignora acusaban a la dermatóloga de haber utilizado al menor en el supuesto montaje contra López Madrid, informa eldiario.es.

La doctora Pinto identifica a Villarejo como quien la apuñaló
La doctora Elisa Pinto ha identificado hoy al ex comisario José Manuel Villarejo, como el agresor que la apuñaló el 10 de abril de 2014 en presencia de su hijo. Tras tres aplazamientos, Villarejo se sometía hoy en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid a una rueda de reconocimiento en el juzgado en el marco de la causa que investiga la causa contra el empresario Javier López Madrid por acoso sexual, amenazas y agresión contra la dermatóloga.

Lezo: 262.000 € en casa de Rodríguez Sobrino en Colombia
La Fiscalía de Colombia decomisó 262.000 euros que encontró en Barranquilla en un zulo del apartamento de expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, informaron hoy fuentes de esa entidad. Hombre fuerte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) en Latinoamérica y desde ayer exconsejero de 'La Razón', el juez ha confirmado hoy que debe permanecer en prisión incondicional por la operación Lezo.

Archivada la 'mordida' de 200.000 € para Cospedal pese a las evidencias
La pieza separada del caso Bárcenas sobre la adjudicación del contrato de basuras de Toledo como contrapartida a una donación para la campaña electoral de Cospedal ha sido sobreseída por el juez al considerar que no está acreditada la entrega efectiva de los 200.000 euros, a pesar del recibí firmado por el gerente regional del PP.

El fiscal del caso Nicolás, al servicio del fascismo corrupto
Se supone que a la tercera va la vencida, pero parece que ni por esas el fiscal al servicio de la corrupción del PP, Alfonso San Román, va a dejar de intentar ayudar a los imputados en el caso del pequeño Nicolás (entre ellos el excomisario Villarejo) en la pieza separada sobre la grabación ilegal de la reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre agentes de los servicios secretos y mandos policiales encargados de investigar al veinteañero suplantador.

El fiscal del caso Nicolás, al servicio del fascismo corrupto

Se supone que a la tercera va la vencida, pero parece que ni por esas el fiscal al servicio de la corrupción del PP, Alfonso San Román, va a dejar de intentar ayudar a los imputados en el caso del pequeño Nicolás (entre ellos el excomisario Villarejo) en la pieza separada sobre la grabación ilegal de la reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre agentes de los servicios secretos y mandos policiales encargados de investigar al veinteañero suplantador. Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid rechazan con dureza el recurso del 'pequeño Nicolás' y del comisario Villarejo, al que se adhirió el fiscal, con el que intentaban por enésima vez apartar de la investigación al inspector Rubén Eladio López y volvían a buscar la nulidad de la causa sobre la grabación ilegal al CNI. Como en el caso de moix, Maza o el ministo Català, la corrupción del fascismo español no tiene medida ni reparo en corromper cada una de las instituciones, siempre al servicio de la monarquía y su Estado de impunidad.

Por tercera vez consecutiva, la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto en el que no sólo vuelve a rechazar las pretensiones de Francisco Nicolás Goméz Iglesias, José Manuel Villarejo Pérez y Carlos Mier Fernández -exredactor de la publicación digital de la mujer del excomisario-, sino que recuerda con lenguaje severo que ya resolvió el 9 de marzo en el mismo sentido al rechazar "un recurso de apelación del Fiscal" que buscaba el mismo resultado: el apartamiento del inspector Rubén Eladio López, principal investigador de la comisión judicial formada por el juez para ayudarle en sus pesquisas.

A ese anterior recurso de San Román se adhirieron el pequeño Nicolás y Villarejo, en una maniobra idéntica pero inversa a la actual -esta vez fue el fiscal quien se adhirió al recurso del joven estafador-, poniendo una vez más de manifiesto la aparente complicidad entre el representante del Ministerio Público y los imputados como sospechosos de gravísimos delitos contra la seguridad del Estado.

El auto, contra el que no cabe recurso, empieza señalando los fundamentos de derecho en los que se apoyó para resolver anteriormente en contra de la remoción del inspector López -así como del comisario Marcelino Martín-Blas por su supuesta enemistad con Villarejo-, y subraya que (según el Artículo 31.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) los policías que participan en una investigación "no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara", salvo si el propio funcionario lo solicita.

En el lenguaje empleado por los tres magistrados de la Audiencia Provincial -Alejandro Benito López (ponente), Vicente Magro Servet e Isabel Huesa Gallo- queda patente su disgusto por la insistencia del fiscal en ponerse del lado de los acusados, como ya hiciera en la pieza sobre el intento de estafa del pequeño Nicolás al presidente de Alsa en Ribadeo. A lo largo de la instrucción, San Román no ha apoyado la mayoría de diligencias propuestas por las acusaciones ni por la comisión judicial, y tampoco ha asistido a muchas de las declaraciones, pero ha asumido una y otra vez las tesis de la defensa del pequeño Nicolás.

El pasado diciembre, incluso llegó a paralizar la causa durante tres meses -como le recuerdan los tres magistrados de la Audiencia en su último auto-, al recurrir la decisión del juez Arturo Zamarriego de mantener su confianza en el trabajo de la comisión judicial integrada por el comisario Martín-Blas (ahora ya jubilado), el inspector López y seis policías más.

En este último incidente procesal, el fiscal se puso tan de parte de los imputados que incluso acusó a al inspector López de prestar falso testimonio (lo que constituye un gravísimo delito para un funcionario público), al tiempo que daba por ciertas las afirmaciones de imputados que tienen derecho a mentir en su defensa: sin ni siquiera hablar con el policía -violando, por tanto, su presunción de inocencia- aseveró que éste había presionado al pequeño Nicolás en una conversación que mantuvieron en los pasillos de los juzgados de la plaza de Castilla, el 26 de febrero de 2016. Una versión de la defensa del encausado que luego ha quedado desmentida pero que sigue siendo utilizada por el fiscal para tratar de desmantelar la comisión judicial y que es explícitamente desautorizada en el nuevo auto de la Audiencia Provincial.

Por último, en el tercero de los fundamentos de derecho, los magistrados de la Audiencia Provincial rebaten la supuesta "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" que alega la defensa del pequeño Nicolás "por la denegación de la pericial por la Guardia Civil sobre la autenticidad de la grabación de la reunión de 20 de octubre de 2014" celebrada en sede policial entre Martín-Blas (en aquel entonces jefe de Asuntos Internos), el inspector Rubén Eladio López y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los magistrados subrayan que no es pertinente hacer una nueva pericial de la Guardia Civil "al haberse practicado, además de uno por un perito a instancia del apelante, tres estudios al respecto por la Sección de Acústica Forense de la Policía Científica y otro por el Centro Criptológico Nacional".

Y los jueces critican la insinuación de falta de imparcialidad de los peritajes efectuados por esos dos organismos que sugiere el recurso al que se ha adherido el fiscal San Román: "No es atendible porque la mera adscripción de la primera al CNP [Cuerpo Nacional de Policía] y del segundo al CNI no presupone que sus técnicos tengan interés en favorecer la indicada tesis de los integrantes de la Comisión Judicial ni ninguna otra, tratándose de una subjetiva apreciación del recurrente y además contradictoria al asumir lo que conviene a sus intereses, como el informe de 16 de noviembre de 2016 de la Sección de Informática Forense de Policía Científica, y cuestionar lo que no considera favorable".

Una postura lógica en el caso de las defensas de los imputados, pero que cuesta de entender que sea asumida por el fiscal del caso, que debería perseguir los presuntos delitos cometidos en vez de apoyar las argucias de los letrados, informa Público.

La doctora Pinto identifica a Villarejo como quien la apuñaló
La doctora Elisa Pinto ha identificado hoy al ex comisario José Manuel Villarejo, como el agresor que la apuñaló el 10 de abril de 2014 en presencia de su hijo. Tras tres aplazamientos, Villarejo se sometía hoy en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid a una rueda de reconocimiento en el juzgado en el marco de la causa que investiga la causa contra el empresario Javier López Madrid por acoso sexual, amenazas y agresión contra la dermatóloga.

Nicolás gana al CNI: la AM ordena otro juicio con otro juez
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el juicio del Juzgado Penal 25 de Madrid que condenó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por calumniar al CNI y ha ordenado repetirlo con otro magistrado. Argumenta que el joven sufrió "indefensión" debido a que el juzgado no admitió una prueba relevante.

El juez acusa a Nicolás por chantajes con su red de policías y directivos
El titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado un auto que transforma las diligencias abiertas contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, dos policías municipales, el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Ana Botella (PP) y el exdirectivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Munguira en procedimiento abreviado, una decisión que conlleva de forma casi segura la pena de banquillo para los investigados.

La UE crea una Fiscalía Europea contra el fraude
Tras años de debates, la Unión Europea tendrá su propia Fiscalía para luchar contra el fraude fiscal, vista la actitud de países como España -repetidamente denucnaida por el Consejo de Europa por su actitud pasiva y cómplice con el fraude organizado e institucionalizado. Lo que se busca con su creación es, principalmente, poner fin a las trabas que suponen las fronteras internas y los partidos corruptos en el gobierno del bloque comunitario para la lucha contra los fraudes millonarios. Foto: Recursos destinados a la lucha contra el fraude.

Balears: Horrach deja la defensa del mafioso Cursach
El ex fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach (foto), ha decidido dejar de actuar como abogado defensor del empresario Bartolomé Cursach, investigado en un caso de corrupción y organización mafiosa criminal con la complicidad de policías locales, después de que el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) se lo haya recomendado "por prudencia".