dimecres, 28 de juny de 2017

Demanda colectiva a la banca por la estafa de los gastos hipotecarios

Desde julio y hasta el próximo 1 de septiembre, todos aquellos hipotecados que quieran reclamar los gastos de su hipoteca podrán sumarse, si así lo deciden, a la demanda colectiva interpuesta por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) contra Santander, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell y en la que que reclama la anulación de la cláusula de gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades. El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite la demanda colectiva, pero además ha habilitado los dos próximos meses para que los consumidores que suscribieron una hipoteca con alguna de las cuatro entidades bajo tales condiciones se sumen a un procedimiento en el que ya se ha personado la Fiscalía de Madrid. "El objetivo de la demanda es obligar a los bancos a que cesen en la aplicación de estas cláusulas y devuelvan, además, todo el dinero percibido de forma indebida", explica Agenor Gómez, abogado encargado de la dirección letrada.

La demanda supone un nuevo frente judicial para la banca, similar a la demanda colectiva que lideró Ausbanc con 15.000 afectados por las cláusulas suelo. En esta ocasión y, según los cálculos de Asufin, en España existen unos ocho millones de consumidores que se han visto perjudicados por lo que consideran un "abuso" de la banca, que carga sobre sus clientes una serie de gastos que, por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular. Afectados que, en su conjunto, podrían hacer un nuevo agujero a la banca de 1.500 millones de euros, calculan desde esta asociación que lidera Patricia Suárez, más conocida en redes sociales como Wonder Woman.
Desde Asufin estiman un desembolso medio entre 2.000 y 3.000 euros que, si bien a diferencia de otros casos como las cláusulas suelo "no son un dineral, sí ocasiona un perjuicio porque es algo que se paga innecesariamente", asegura Patricia Suárez.

En concreto, la demanda reclama los costes de notaría, registro de la propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados, verificación de la situación registral, tasación y gestoría, y amplía el espectro de acción no sólo a los gastos iniciales de constitución de hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y cancelación.

En diciembre de 2015, la sala de lo Social del Tribunal Supremo ya declaró abusivo que los clientes tuvieran que afrontar, obligatoriamente y sin negociación previa, todos los gastos en una sentencia contra BBVA, a la que, sin embargo, no condenaron a restituir las cantidades recibidas en este concepto. "El BBVA se negó a compensar a los afectados y retó a sus clientes a acudir a los tribunales, mientras que hace unos días Bankia hizo pública una carta donde subrayaba que no iban a proceder a la devolución de los gastos generados en la formalización de los préstamos hipotecarios”, recuerdan desde la asociación. “Las entidades no se están dando por aludidas, siguen obligando a sus clientes a hacerse cargo de todos los gastos de formalización de la hipoteca. Una vez más, sólo nos queda acudir a los tribunales”, sentencia Patricia Suárez.

Para Agenor Gómez, la consecución de la nulidad no es tanto la falta de transparencia alegada con otros productos financieros, como el "desequilibrio" impuesto por los bancos a su favor sino a una imposición que va en contra de la Ley de Consumidores. A la espera de un fallo, según el letrado, es el Tribunal Supremo quien debe antes sentar en pleno una doctrina que vincule a todos los juzgados y reconozca el derecho de los consumidores a ser resarcidos.

"Estamos en un escenario muy duro", reconoce Patricia Suárez, que ha criticado que las últimas operaciones sobre Popular y Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Santander y Bankia, perfilan una situación de "concentración bancaria" en la que va a ser "más difícil defenderse" para el cliente. Por ello, insta a los hipotecados de los cuatro bancos contra los que se dirige la reclamación para que se adhieran al procedimiento ya sea a través de la asociación o por medio de su propio abogado, sin necesidad de afiliarse.
Tres demandas contra toda la banca

La estrategia jurídica y procesal que se ha seguido, definida por el letrado experto en acciones colectivas Agenor Gómez, es la de una única demanda que agrupe varios bancos. Además, según señala el abogado, “el fundamento de la declaración de nulidad no es tanto la falta de transparencia como el desequilibrio impuesto por los bancos a su favor, que hacen recaer sobre los consumidores la totalidad o mayor parte de los gastos, sin una distribución equitativa, y trasladando al consumidor costes que legalmente les corresponden a los bancos, cuando la garantía hipotecaria también beneficia a las propias entidades que obtienen un título ejecutivo privilegiado”.

Patricia Suárez ha reconocido que "al ser una demanda colectiva el procedimiento es mucho más largo que si el cliente fuer a de manera individual, pero cuantos más afectados se sumen, mayor será la presión contra la banca. Además, así pretendemos evitar el colapso de los juzgados y no ralentizar el procedimiento judicial". Y ha apuntado que el coste de sumarse a dicha demanda pasa por el pago de 50 euros anuales derivados de asociarse a Asufin, además de otros 60 euros -único pago- por el procedimiento judicial -primera y segunda instancia, Tribunal Supremo, etc-.

Además de esta demanda, Asufin ha interpuesto otras dos contra Bankinter, Banco Popular, Banco Pastor, Abanca, Kutxabank, Deutsche Bank, ING y Caja España, que posteriormente ampliará contra entidades como Liberbank, Ibercaja o Cajamar para dar cobertura a unos afectados que apuestan por la vía judicial "no ya por cuestión de dinero, sino de justicia". Es decir, el frente judicial se ha abierto contra todo el sector financiero español, informa El Confidencial.

Catalunya aprueba el consumo lúdico de cannabis
El Parlament ha aprobado hoy una ley fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regula las asociaciones de consumidores de cannabis, así como el cultivo y el transporte de marihuana por parte de estos clubes, tras un debate en la cámara sobre su encaje constitucional. Todos los grupos de la cámara catalana han votado a favor, excepto el PPC, que se ha opuesto, y el diputado no adscrito Germà Gordó (exPDeCAT), que se ha abstenido, por lo que ha sido aprobada la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis.

Venezuela: el militar que atacó con un helicóptero trabaja para CIA
Un ministro venezolano asegura que el piloto del helicóptero que atacó el martes las instituciones gubernamentales en Caracas tiene contactos con la CIA. Un helicóptero secuestrado del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lanzó unos disparos y granadas contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior en Caracas (capital de Venezuela).

UP pide que se detenga al fascista y asesino Martín Villa
El grupo parlamentario de Unidos Podemos, que integran Podemos, Izquierda Unida, En Comú y En Marea, ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que se excluya al exministro franquista Rodolfo Martín Villa del acto de homenajes a las Cortes Constituyentes previsto para este miércoles y que no se entregue la medalla con la que se distinguirá a los parlamentarios de la Transición.

Catalunya aprueba el consumo lúdico de cannabis

El Parlament ha aprobado hoy una ley fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regula las asociaciones de consumidores de cannabis, así como el cultivo y el transporte de marihuana por parte de estos clubes, tras un debate en la cámara sobre su encaje constitucional. Todos los grupos de la cámara catalana han votado a favor, excepto el PPC, que se ha opuesto, y el diputado no adscrito Germà Gordó (exPDeCAT), que se ha abstenido, por lo que ha sido aprobada la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis.

Esta ley fija las normas generales para la constitución, organización y funcionamiento de estas asociaciones y sus clubes, que hasta ahora se amparaban en regulaciones municipales. En el texto se indica que los socios de los clubes deberán ser personas mayores de edad que tendrán que inscribirse en un libro de registro a fin de contabilizar las cantidades de cannabis adquiridas y las fechas correspondientes.

En la nueva ley se prevén, asimismo, medidas de control higiénico y sanitario de las actividades de las asociaciones y para la prevención de riesgos. Precisamente, el Tribunal Constitucional suspendió en 2015 la ley foral que regulaba en Navarra el consumo y abastecimiento de estos clubes tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno al considerar que invadía competencias estatales sobre legislación penal, seguridad pública y sanidad.

El abogado penalista e impulsor de la ILP Oriol Casals ha asegurado que la ley aprobada hoy también podría ser recurrida, aunque ha avisado de que sería un “error histórico”, puesto que “la ley es pionera en Europa” y “encaja -a su juicio- dentro de la Constitución y del Estatut”. Durante el debate parlamentario, la diputada de Junts pel Sí (JxSí) Alba Vergés ha asegurado que se siente “orgullosa” de la elaboración de una ley que considera “completa” y que “no se deja nada”, ha reivindicado que Catalunya tiene competencias para ello y ha instado al PP a que no lleve la ley ante el TC.

En cambio, la diputada de Ciudadanos Noemí de la Calle ha anunciado que su grupo comparte el contenido de la ley, pero ha señalado que algunos aspectos pueden generar “frustraciones” puesto que la legalización del cannabis es “una competencia nacional” y ha bromeado con que “pronto escucharemos que Madrid no nos deja fumar”.

El diputado socialista Raül Moreno ha señalado que “regular lo que ya existe es la mejor manera de controlarlo” y ha recordado que hasta ahora los consumidores de cannabis lo hacían en condiciones de “inseguridad jurídica e higiénica”, lo que “vulneraba sus derechos”. Desde Catalunya Sí Que Es Pot, Albano Dante Fachin ha celebrado una ley que “nace desde abajo como las plantas de marihuana”, y ha pedido “mantener vivo el motor” de la ILP aunque “entre en conflicto con otras instancias” como el TC.

Totalmente opuesto ha sido el sentido de la intervención del popular Alberto Villagrasa, quien ha condenado que la ley “intente regular algo que no se puede consentir como el consumo de drogas” y ha vaticinado un “corto recorrido” al texto aprobado hoy. Desde la CUP, Sergi Saladié ha expresado que su grupo apoya “la legalización clara y plena del cannabis”, aunque no ha presentado enmiendas porque la ley es fruto de “una iniciativa que viene de la calle”, y ha concluido: “Viva Cataluña libre y cannábica”.

El representante de la comisión promotora de la ILP que ha intervenido ante el pleno de la cámara, David Martínez, ha señalado que la aprobación de dicha legislación supone “un paso firme hacia una sociedad más justa e igualitaria” y “enmienda el error histórico de las políticas prohibicionistas en materia de drogas”, informa La Vanguardia.

Los expertos proponen legalizar el cultivo, consumo y venta de cannabis
Su principal diagnóstico, que insiste en las conclusiones de todos los expertos mundiales, es que la actual política prohibicionista de España, lejos de conseguir su objetivo principal –la reducción del consumo y la venta de marihuana–, ha multiplicado las consecuencias "dañinas" derivadas de su situación de clandestinidad. El Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), integrado por más de una decena de expertos en derecho, farmacología o psiquiatría, ha diseñado un modelo de regulación de la marihuana que va a llevar a todos los partidos políticos para que se discuta en el Congreso de los Diputados.

Canadá legalizará la marihuana el 2018
Los líderes del gobierno liberal de Canadá anunciarán oficialmente el próximo mes que la marihuana será legalizada en todo el país en julio de 2018, según un informe publicado el domingo. La medida surge de la recomendación de un grupo de trabajo encabezado por un ex ministro de Justicia y un jefe de policía de Toronto, que informó a los legisladores durante el fin de semana sobre cómo manejar el proceso de legalización. El plan será anunciado a mediados de abril. Canadá es uno de los países con mayor consumo de cannabis del mundo.

Catalunya, exportadora de marihuana
Las plantaciones de marihuana se han expandido por Catalunya mucho más de lo que cabría imaginar. Actualmente, los Mossos d’Esquadra se incautan de una tonelada de plantas de cannabis cada mes. Un balance que ha ido creciendo desde el 2013, cuando saltó la alarma de la proliferación de viveros de cannabis. "Al principio no teníamos ninguna prueba de que la droga se estuviera vendiendo en el extranjero, ahora sí", aclara el intendente Xavier Porcuna, portavoz del cuerpo policial.

La oposición contra la fascista ley de alquiler del PP
El PP aprobó en el 2013, en solitario y echando mano de su mayoría absoluta fruto de la corrupción, la denominada ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que redujo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler y eliminó la actualización basada en el IPC.

Venezuela: el militar que atacó con un helicóptero trabaja para CIA

Un ministro venezolano asegura que el piloto del helicóptero que atacó el martes las instituciones gubernamentales en Caracas tiene contactos con la CIA. Un helicóptero secuestrado del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lanzó unos disparos y granadas contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior en Caracas (capital de Venezuela). Comentando los hechos, el ministro venezolano del Poder Popular para Comunicación e Información, Ernesto Villegas, explicó que Oscar Pérez, inspector adscrito a la división de transporte aéreo del CICPC, robó el autogiro de la base aérea militar de La Carlota, en Caracas, para realizar el ataque. Maduro denuncia el "ataque terrorista" desde un helicóptero contra un ministerio y el TSJ.

Añadió que el “complotado” estaba en contacto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la embajada de Estados Unidos en Caracas y enfatizó que Pérez está siendo investigado por sus vínculos con Washington. Villegas recordó que el piloto lanzó unos 15 disparos contra el edificio del Ministerio del Interior mientras que en la terraza de ese organismo se realizaba un "agasajo" con unas 80 personas.

Después se dirigió a la sede del Poder Judicial donde "fueron efectuados disparos y lanzadas al menos cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló y fue colectada", recordó el ministro. De igual modo, Villegas se mostró convencido de que estos ataques forman parte de “una escalada golpista contra la Constitución y sus instituciones”.

El ministro venezolano del Poder Popular para Comunicación e Información señaló que la investigación incluye también los vínculos de Pérez con el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres (2013-2014), quien es acusado de colaborar con la CIA. En la grabación, difundida en la cuenta en Instagram de Pérez, este lee un escrito y da la cara, acompañado de otros cuatro uniformados encapuchados, y pide a los venezolanos ir “a cada base militar” del país, informan ask/ktg/hnb.


Maduro denuncia el "ataque terrorista" desde un helicóptero contra un ministerio y el TSJ

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este martes el "ataque terrorista" contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo. "No será un grupo de terroristas el que se imponga", dijo el mandatario durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, donde se efectúa la entrega del Premio Nacional de Periodismo.

El Jefe de Estado acusó a los líderes de la oposición de protagonizar una "escalada" que busca con objetivo final una confrontación civil. "Ustedes, señores de la MUD (alianza de oposición), han iniciado una escalada hacia una guerra civil, y la vamos a aguantar, no se lo vamos a permitir", agregó. La tarde de este martes, un helicóptero sobrevoló la ciudad de Caracas tras ser secuestrado por un efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que lanzó granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparó contra el edificio del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Inmediatamente se activó el plan de detención y defensa aérea sobre la ciudad: "Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad", indicó tras condenar el ataque y pedirle a la oposición que lo rechace en la misma medida.

El mandatario venezolano advirtió que está dispuesto a ampliar los planes especiales de seguridad para prevenir acciones similares, al tiempo que indicó que ese tipo de hechos intimidatorios no podrán frenar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). "Venezuela, el lunes 31 de julio, va a tener su Asamblea Nacional Constituyente para imponer la paz con la ley, con altura, con justicia", puntualizó Maduro. Según redes sociales, el piloto se llama Óscar Pérez y aterrizó en La Trinidad, una privilegiada urbanización del este de la capital.

En el momento en que ocurrió el ataque armado, en la terraza del TSJ se realizaba la celebración del Día del Periodísta, que se conmemora en Venezuela el 27 de junio: "este acto desesperado de violencia dice que estos grupos (de oposición) están en una etapa de escalada", advirtió el Jefe de Estado. Hasta ahora no se han reportado víctimas. No obstante, Maduro indicó que en caso de que los grupos violentos intentaran usurpar el poder, "ese día deben activarse todos los planes populares y políticos, que se inicie otra etapa de la Revolución".

Antes de perpetrar el ataque, el piloto grabó un vídeo para instar a la rebelión civil: "te exigimos que de manera inmediata, presidente Nicolás Maduro Moros, (que) renuncies en conjunto con tu tren ministerial", informa RT.
"Los ataques contra sedes gubernamentales en Venezuela forman parte de un plan golpista de sectores opositores

En un comunicado, el Gobierno de Venezuela denuncia estos hechos incluidos en la ofensiva de factores extremistas de la derecha, apoyados por instituciones extranjeras.
Venezuela denunció este martes que los ataques terroristas contra las sedes del Ministerio para el Poder Popular para las Relaciones Interior, Justicia y Paz, y el Tribunal Supremo de Justicia, forman parte de un plan golpista de sectores extremistas de la oposición, con respaldo del gobierno de los Estados Unidos.

El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dio a conocer un comunicado del Gobierno en el que llama igualmente al pueblo a estar alerta frente a la escalada golpista que pretende alterar el orden constitucional en la nación suramericana y que ha demostrado carecer de cualquier escrúpulo para el logro de sus ambiciones políticas y económicas.

Venezuela: Goldman Sachs compra 2.800 M de $ en bonos a Pdvsa
El Grupo Goldman Sachs Inc. compró aproximadamente 2.800 millones de dólares en bonos de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) que habían estado en el poder del Banco Central de Venezuela (BCV), informan fuentes relacionadas con la operación a The Wall Street Journal (WSJ). La operación ofrece un respiro a la economía venezolana con unos 865 millones de dólares, en el marco de un situación política crítica debido a las protestas violentas convocadas por la oposición financiada por EEUU, que han dejado más de 50 víctimas mortales y más de mil heridos.

El TS endurece las penas por corrupción
El desvío de fondos públicos a través de sociedades mercantiles con participación pública dejará de ser considerado como apropiación indebida y pasará a ser tipificado por los magistrados del Tribunal Supremo, a partir de ahora, como malversación de fondos públicos, lo que endurecerá las penas impuestas.

La monarquía británica duplicará su presupuesto
El presupuesto de las arcas públicas para la familia monárquica británica se duplicará a partir del año que viene, según el balance anual publicado este martes. La monarquía británica gastó el año pasado cerca de 42 millones de libras (47,8 millones de euros) en empleados, viajes, recepciones y mantenimiento de palacios y jardines. Según el nuevo cálculo, el gasto de la Casa Real le costará a los contribuyentes 76,1 millones de libras, mientras que el año siguiente podría aumentar hasta los 82,2 millones de libras.

El TS endurece las penas por corrupción

El desvío de fondos públicos a través de sociedades mercantiles con participación pública dejará de ser considerado como apropiación indebida y pasará a ser tipificado por los magistrados del Tribunal Supremo, a partir de ahora, como malversación de fondos públicos, lo que endurecerá las penas impuestas. En un Pleno no Jurisdiccional, los magistrados de la Sala de lo Penal acuerdan por unanimidad considerar que los bienes, efectos, caudales o cualesquiera otros que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u Organismo Públicos, deben tener la consideración de patrimonio público y por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación, siempre que las sociedades tengan participación pública.

Así ocurre cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad o mayoritariamente por personas públicas. También, siempre que la sociedad pueda ser considerada como pública en atención a las circunstancias concretas que concurran, como en los casos en que el objeto de la sociedad participada sea la prestación, directa o indirecta, de servicios públicos o participen del sector público.

En la misma línea, en aquellas ocasiones en que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado o de otras Administraciones Públicas. Y, finalmente, cuando la sociedad participada haya percibido subvenciones públicas en cuantía relevante, cualquiera que fuera la Administración que las haya concedido, para desarrollar su objeto social y actividad.

La apropiación indebida, que supone apropiarse de los bienes cuya custodia se ha confiado a un cargo público o funcionario, se castiga con penas de prisión que van de seis meses a tres años, por una parte, y de uno a seis años, por otra, según su gravedad y las cantidades apropiadas. Además, conllevan multa de seis a doce meses. Mientras tanto, la malversación, penaliza a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustraiga o consienta que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo. El castigo supone una pena de prisión de entre tres a seis años e inhabilitación absoluta entre seis a diez años.

La pena de prisión sube de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta de diez a veinte años, si el delito es de especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplican si las cosas malversadas han sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se trata de efectos para aliviar alguna calamidad pública. Hay en la actualidad 76 penados por corrupción -46 de ellos por malversación como delito principal y 24 con el de cohecho-, de ellos 14 son aún preventivos.

Los jueces españoles concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de 27 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, según los datos del Repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8% del total. De ellas, 58 condenas ya son firmes.

Los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.

El Código Penal los engloba como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales, informa El Economista.

Martín-Blas: "El caso Nicolás desvela las maniobras de Pino y Villarejo"
El comisario que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando el exministro Fernández Díaz montó la 'brigada política' que dirigía el director adjunto operativo, Eugenio Pino, rompe por primera vez su silencio y habla sin ambages sobre todos los secretos de las cloacas de Interior. Y afirma que para proteger al 'pequeño Nicolás' se han cometido delitos gravísimos.

Las exenciones fiscales a la Iglesia son ayudas públicas prohibidas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España constituyen ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas.

UP pide que se detenga al fascista y asesino Martín Villa
El grupo parlamentario de Unidos Podemos, que integran Podemos, Izquierda Unida, En Comú y En Marea, ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que se excluya al exministro franquista Rodolfo Martín Villa del acto de homenajes a las Cortes Constituyentes previsto para este miércoles y que no se entregue la medalla con la que se distinguirá a los parlamentarios de la Transición.

La GC denuncia las críticas por perseguir políticos y empresarios
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) manifiesta su indignación por la “doble vara de medir” que se está utilizando con la Unidad Central Operativa (UCO) a la que se ensalza cuando “desarticula bandas de atracadores, detiene a asesinos o incauta drogas o armas” y se cuestiona su labor si sus agentes “se dedican a perseguir el delito de guante blanco, el que cometen en su mayoría empresarios y políticos”.

La oposición contra la fascista ley de alquiler del PP

El PP aprobó en el 2013, en solitario y echando mano de su mayoría absoluta fruto de la corrupción, la denominada ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que redujo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler y eliminó la actualización basada en el IPC. La norma reaccionaria y fascista que ha servido en bandeja la especulación y la burbuja inmobiliaria que en las grandes ciudades ha puesto los precios por las nubes y ha comenzado a expulsar de sus casas a los inquilinos con menos recursos. Cuatro años después, la oposición parlamentaria, que ahora dispone de mayoría en el Congreso, ha empezado a negociar iniciativas que no solo derribarían esta 'ley de los propietarios' sino que además podrían establecer un amplio abanico de nuevas medidas reclamadas desde los ayuntamientos de Barcelona y Madrid para frenar la escalada de precios.

Como todo lo que ocurre en la Carrera de San Jerónimo desde que el bipartidismo quedó herido de muerte, no es fácil conformar mayorías, pero en este caso puede esbozarse ya un calendario y unos puntos básicos de acuerdo que podrían obtener el respaldo suficiente para salir adelante. La ‘contrarreforma’ de la oposición vendrá a partir de septiembre de la mano de una proposición de ley de vivienda que las formaciones políticas negocian con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde que esta organización les presentó el pasado mayo una completa propuesta de 26 folios. Las conversaciones están muy avanzadas y los márgenes para el acuerdo parecen, a priori, bastante amplios, por lo menos en lo que respecta a derribar la reforma del 2013.

El plan de la PAH es conseguir un acuerdo de todos los grupos, incluido el PP, que a partir de septiembre presentarían una proposición de ley conjunta. Todos los partidos, salvo el PP, le han hecho llegar sus observaciones y contrapropuestas, que la plataforma ahora analiza con el objetivo de incorporar el máximo posible de estas. Luis Sanmartín, el responsable de la PAH que negocia con los partidos, no descarta incluso que el PP pueda sumarse. "Se han mostrado abiertos a hablar y nos han pedido que les mandemos datos", apunta.

Mucho antes, el miércoles de esta misma semana, la comisión de Fomento del Congreso debatirá una proposición no de ley sobre alquileres abusivos, presentada por la diputada de En Comú Podem Lucía Martín en nombre del grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias que incluye, entre otras cuestiones, "ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente el contrato de alquiler, de tres a cinco años, como mínimo" y "reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al IPC". Al tratarse de una proposición no de ley, su eficacia depende de la voluntad del Gobierno de llevarla a cabo. El Congreso se limita a instarle a que lo haga. Pero será un buen indicador del margen de acuerdo que hay sobre estas cuestiones.

La iniciativa contará casi con toda seguridad con el apoyo del grupo parlamentario socialista, que negociará a partir de hoy con Unidos Podemos fundirla con otra proposición suya sobre el aumento de la dotación presupuestaria para el parque público de alquiler. El punto sobre el que hay un más alto grado de acuerdo es la ampliación del plazo de los contratos de tres a cinco años. Cuando se tramitó la reforma del PP el PSOE propuso dejarlo en cuatro años pero fue "porque entonces estábamos en minoría e intentamos rebajar en lo que pudiéramos las propuestas del Gobierno", recuerda la diputada portavoz de Vivienda, Mar Romanguera, que ahora muestra la plena disposición de su grupo de volver a los cinco años, así como al baremo del IPC.

También los exconvergentes están por la labor. Según Lourdes Ciuró, la diputada que se encarga de estas cuestiones, es imprescindible "una reforma de la LAU que dé estabilidad a los inquilinos y frene los precios abusivos". "Desde la Generalitat se están tomando las medidas que están en sus manos pero se necesitan cambios legislativos que son competencia del Estado", añade la parlamentaria del PDECat. ERC ya ha trasladado su a Podemos su apoyo a estas medidas. Ambos grupos están también de acuerdo en que la 'contrarreforma' faculte a autonomías y municipos para establecer límites a los precios desbocados, una propuesta de la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, inspirada en las experiencias de Berlín y París.

La izquierda más los grupos nacionalistas e independentistas suman mayoría suficiente para una reforma, aunque muy ajustada. Para lograr un margen más amplio es clave contar con Ciudadanos. Su filosofía en esta cuestión es que para que el alquiler sea asequible lo que hay que hacer es "aumentar la oferta para que bajen los precios", según Miguel Ángel Garaulet, su parlamentario encargado de Vivienda. Este no cree necesaria la ampliación de los contratos a cinco años, pero, detalle importante: "No lo vemos como una línea roja". A lo que se opone es a la idea de dar poder a las autonomías y municipos para limitar los precios.

La dación en pago

Además de la reforma del la LAU, la ley de vivienda que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) negocia con los grupos parlamentarios incluye también el santo y seña con el que nació la organización: la dación en pago. Si sale adelante se incluiría el párrafo siguiente en el artículo al artículo 693 de la ley de enjuiciamiento civil: "Si el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá comparecer con anterioridad a la celebración de la subasta solicitando la entrega del bien hipotecado en pago de la deuda garantizada".

La propuesta no se olvida de incluir también una moratoria frente a los desahucios mucho más amplia que la vigente decretada por el PP, así como el aumento del parque de alquiler de vivienda pública hasta el 10% del total, para alcanzar los estándares europeos, informa El Periódico.

UP pide que se detenga al fascista y asesino Martín Villa
El grupo parlamentario de Unidos Podemos, que integran Podemos, Izquierda Unida, En Comú y En Marea, ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que se excluya al exministro franquista Rodolfo Martín Villa del acto de homenajes a las Cortes Constituyentes previsto para este miércoles y que no se entregue la medalla con la que se distinguirá a los parlamentarios de la Transición. Y aprovechando ese 40 aniversario de las elecciones de 1977, exige al Gobierno que permita su detención por sus crímenes para ser entregado a la Justicia argentina, que reclamó su extradición, denegada por el Ejecutivo franquista del PP.

Martín-Blas: "El caso Nicolás desvela las maniobras de Pino y Villarejo"
El comisario que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando el exministro Fernández Díaz montó la 'brigada política' que dirigía el director adjunto operativo, Eugenio Pino, rompe por primera vez su silencio y habla sin ambages sobre todos los secretos de las cloacas de Interior. Y afirma que para proteger al 'pequeño Nicolás' se han cometido delitos gravísimos.

La monarquía británica duplicará su presupuesto
El presupuesto de las arcas públicas para la familia monárquica británica se duplicará a partir del año que viene, según el balance anual publicado este martes. La monarquía británica gastó el año pasado cerca de 42 millones de libras (47,8 millones de euros) en empleados, viajes, recepciones y mantenimiento de palacios y jardines. Según el nuevo cálculo, el gasto de la Casa Real le costará a los contribuyentes 76,1 millones de libras, mientras que el año siguiente podría aumentar hasta los 82,2 millones de libras.

UP pide que se detenga al fascista y asesino Martín Villa

El grupo parlamentario de Unidos Podemos, que integran Podemos, Izquierda Unida, En Comú y En Marea, ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que se excluya al exministro franquista Rodolfo Martín Villa del acto de homenajes a las Cortes Constituyentes previsto para este miércoles y que no se entregue la medalla con la que se distinguirá a los parlamentarios de la Transición. Y aprovechando ese 40 aniversario de las elecciones de 1977, exige al Gobierno que permita su detención por sus crímenes para ser entregado a la Justicia argentina, que reclamó su extradición, denegada por el Ejecutivo franquista del PP.

En ese escrito, el grupo confederal recalca que, debido a sus vínculos con el franquismo, Martín Villa "no merece" el homenaje que le va a brindar la Cámara en un acto que presidirá el Rey y por eso rechaza que le entregue la citada medalla conmemorativa de las primeras elecciones que tuvieron lugar tras la muerte Franco. Y plantea que, en lugar de invitarle al Congreso, el Gobierno aproveche este aniversario para facilitar las condiciones que hagan efectiva la orden internacional de busca y captura emitida contra Martín Villa, de manera que la justicia pueda esclarecer sus eventuales responsabilidades en la masacre de Vitoria en 1976.

Desde Unidos Podemos garantizan que "por cortesía parlamentaria", estarán presentes en el acto de reconocimiento a los diputados y senadores que protagonizaron la Legislatura constituyente. "Asumimos de esta manera que la discusión sobre las luces y las sombras de laTransición, así como la vigencia de la Constitución surgida de dicho proceso constituyente, no debe necesariamente impedir que compartamos todos y todas un espacio de respeto institucional", aducen.

Sin embargo, consideran que "hay una sombra" que les resulta "imposible de pasar por alto", como es que entre los homenajeados esté Martín Villa, quien fue titular de las carteras de ministro deRelaciones Sindicales (1975-1976) y de Interior (1976-1979). "Nuestro respeto por la diversidad de opciones políticas que necesariamente han de convivir en un sistema democrático, no puede extenderse al punto de asumir con naturalidad el hecho de que fue responsable político de numerosos casos de represión ejercida sobre sectores de la población que reivindicaban el advenimiento de las libertades democráticas en nuestro país", argumentan desde Unidos Podemos.

En este sentido, subrayan que no se debe homenajear como "representante de la ciudadanía en el proceso constituyente" a quien fue "el responsable del ejercicio de la violencia de Estado justamente sobre quienes reclamaban una Constitución democrática". Además, juzgan "inaceptable" conceder una medalla conmemorativa de las elecciones democráticas de 1977 a quien "en su condición de ministro concedió ese mismo año la Medalla al Mérito Policial al torturador Roberto Conesa, conocido popularmente como 'Billy el Niño'".

La "carnicería" de Vitoria

También recuerdan que apenas un año antes de las elecciones de 1977, el 3 de marzo de 1976, con Martín Villa al frente de Interior se produjo "la carnicería que ocasionó la muerte de cinco obreros y heridas a otros 150 en la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria". Fue precisamente por estos sucesos por lo que la jueza argentina María Servini emitió en 2014 una orden internacional de busca y captura contra Martín Villa, en el marco de un proceso general por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

"En este sentido, Rodolfo Martín Villa no solamente no debe ser homenajeado como constituyente sino que, al contrario, el Estado español debería atender la petición de que Martín Villa, o bien sea extraditado, o bien rinda declaración ante la justicia internacional en territorio español", reclama Unidos Podemos. Por último, desde Unidos Podemos recuerdan que por todos estos motivos, el pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Barcelona retiró, por una decisión de la mayoría de su Pleno, la Medalla de Oro de la Ciudad a Martín Villa, una distinción que se le había concedido apenas un mes después de los sucesos de Vitoria, informa eldiario.es.

'Billy el niño', el torturador más cruel y sádico del franquismo
Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, quería pasar a la historia como el policía más cruel y sanguinario de la Brigada Político y Social. Esa es una frase recurrente de quienes han padecido sus métodos de tortura y, a juzgar por los relatos, lo consiguió. No ocultó nunca su rostro en los interrogatorios. Tampoco su nombre. Ni siquiera esa cara de placer al golpear que describen sus víctimas.

Martín-Blas: "El caso Nicolás desvela las maniobras de Pino y Villarejo"
El comisario que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando el exministro Fernández Díaz montó la 'brigada política' que dirigía el director adjunto operativo, Eugenio Pino, rompe por primera vez su silencio y habla sin ambages sobre todos los secretos de las cloacas de Interior. Y afirma que para proteger al 'pequeño Nicolás' se han cometido delitos gravísimos. Casi todos le culpan de la mayor parte de las maniobras ilegales ejecutadas desde el Ministerio del Interior –incluso de las que se cometieron cuando él ya no estaba allí–, pero hasta ahora el comisario Marcelino Martín-Blas no había dicho ni una palabra en público.

La monarquía británica duplicará su presupuesto
El presupuesto de las arcas públicas para la familia monárquica británica se duplicará a partir del año que viene, según el balance anual publicado este martes. La monarquía británica gastó el año pasado cerca de 42 millones de libras (47,8 millones de euros) en empleados, viajes, recepciones y mantenimiento de palacios y jardines. Según el nuevo cálculo, el gasto de la Casa Real le costará a los contribuyentes 76,1 millones de libras, mientras que el año siguiente podría aumentar hasta los 82,2 millones de libras.

Martín-Blas: "El caso Nicolás desvela las maniobras de Pino y Villarejo"

El comisario que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando el exministro Fernández Díaz montó la 'brigada política' que dirigía el director adjunto operativo, Eugenio Pino, rompe por primera vez su silencio y habla sin ambages sobre todos los secretos de las cloacas de Interior. Y afirma que para proteger al 'pequeño Nicolás' se han cometido delitos gravísimos. Casi todos le culpan de la mayor parte de las maniobras ilegales ejecutadas desde el Ministerio del Interior –incluso de las que se cometieron cuando él ya no estaba allí–, pero hasta ahora el comisario Marcelino Martín-Blas no había dicho ni una palabra en público. Hoy rompe su silencio a través de esta entrevista exclusiva con Público y da la cara también en el documental cinematográfico Las cloacas de Interior que esta noche estrena Mediapro en Barcelona.

Ahora todo el mundo habla de él, especialmente tras la campaña de entrevistas con las que ha tratado de contrarrestar ese documental el comisario José Manuel Villarejo Pérez, el miembro más truculento de la brigada política que se montó en Interior con el exministro Jorge Fernádez Díaz y que dirigió el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino. Pero pocos conocen de verdad su trayectoria, incomparable con la del autodenominado "agente encubierto" y empresario multimillonario, Villarejo.

Martín-Blas, quien se acaba de jubilar al cumplir 65 años en abril, ascendió a comisario en 1990. Su primer destino fue dirigir la seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, donde obtuvo el primer gran éxito de su carrera. Así que fue nombrado secretario general de la Comisaría General de Información y a continuación Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Pero tres años después fue cesado por enfrentarse a los intereses de grupos financieros que controlan las empresas de seguridad y fue enviado a la comisaría de Chamberí.

Cuatro años más tarde ascendió a jefe de la Unidad Central de Policía Científica en Madrid. Y fue destituido de nuevo, en 2004, porque comunicó directamente al juez –en vista de que ese magistrado del Juzgado Nº6 así lo había pedido– unas circunstancias concretas sobre los atentados del 11-M, y eso no gustó nada a sus superiores. Fue relegado a la comisaría de Retiro hasta ganarse de nuevo el ascenso como jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, la que se ocupa de perseguir a los agentes corruptos. Pero a finales de marzo del 2015 volvió a ser cesado, esta vez por haberse atrevido a investigar las actividades del pequeño Nicolás y a sus protectores. Tres ceses en una carrera de 27 años de comisario.

¿Por qué es tan importante en toda la trama de las cloacas de Interior el caso del pequeño Nicolás?

Porque es en este procedimiento en el que se cometen las mayores irregularidades policiales que yo haya visto en toda mi carrera, desde presiones al magistrado encargado del caso hasta maniobras de obstrucción de la Justicia, pasando por campañas mediáticas para destruir reputaciones de investigadores judiciales y hasta amenazas a un inspector encargado del caso. De hecho, la ofensiva de Pino, [José Ángel] Fuentes Gago [jefe de gabinete del DAO] y Villarejo para impedir que se investigasen las andanzas del jovencito son las que acaban por sacar a la luz las maniobras de esa cúpula policial.

¿Cómo fueron las presiones al juez del caso, Arturo Zamarriego?

El juez del caso Nicolás se ve obligado a constituir una comisión judicial porque al día siguiente de la detención empieza una campaña mediática contra su instrucción. El magistrado no reacciona a lo que dice la prensa, pero lo primero que le ocurre es que le visita Villarejo para decirle que nos aparte de la investigación a los que estamos en Asuntos Internos. Después, aparece Fuentes Gago con otro comisario ofreciendo a cualquier unidad de la Policía para continuar con esa investigación, pero que no sea Asuntos Internos. Así que el juez se alarma. Se pregunta: "Pero, bueno, ¿aquí qué pasa? Primero viene uno a denunciar, pero no denuncia, luego vienen dos y me ofrecen cualquier unidad de la Policía y yo les digo que estoy contento con esta investigación y aun así lo siguiente que hacen es cesar al jefe de la Unidad". Que vayan a ver al juez a esas alturas de la investigación para que la corrija y ponga a otros investigadores al frente, no es normal. Así que se ve obligado a constituir una comisión judicial, algo nada habitual, incluyéndonos a los que estaban tratando de apartar del caso. Tan raro lo ve todo el juez, que en su providencia Zamarriego nos prohíbe hablar con cualquier autoridad o funcionario del Ministerio del Interior: solamente debemos comunicarnos con él. Eso, en otro país, o se va el ministro del Interior o se cargan al juez.

Bueno... intentaron cargarse al juez, ¿no?

Todo lo que se ha hecho por parte de Interior y de la Fiscalía en este caso ha sido irregular. Para empezar, nada más ponerse en marcha la comisión judicial, Eugenio Pino me pide por escrito que le revelemos si estamos investigando a Villarejo, pese a que el juez me ha prohibido comunicarle detalles de la investigación. Me lo pide por escrito en dos ocasiones. Además, Villarejo se presenta como testigo de la defensa de Nicolás, sin que se lo haya pedido nadie. Se persona de motu propio un comisario de policía como testigo de la defensa de un encausado de poca monta, acusado de estafa, suplantación, falsificación de documentos de la seguridad del Estado... Esto no tiene precedentes.

¿Hubo también amenazas?

Pues sí. Después de aquello se produce una reunión a la que asisten Gago, Pino, Villarejo y [el comisario Enrique] García Castaño, con Rubén Eladio López [el inspector que participa en la comisión judicial por decisión del juez], en la que –según declara éste último– le amenazan con expulsarle de la Policía y le conminan a que no le diga nada a Martín-Blas de la existencia de esa reunión. Y ¡todo eso está en el sumario! El propio Villarejo admite que esa reunión se produjo. Más todavía, después de su comparecencia como testigo de la defensa de Nicolás, Villarejo le pone una querella criminal al juez. A continuación, presenta una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Ambas las ha perdido, pero presenta reiteradamente peticiones de disolución de la comisión judicial hasta que en tres ocasiones consecutivas la Audiencia Provincial debe pronunciarse dictaminando que la comisión debe seguir. Y en su último pronunciamento, la Audiencia advierte al fiscal de que vale ya; que si sigue uniéndose a las posiciones de la defensa de Nicolás y de Villarejo podría generar una dilación indebida del procedimiento.

Todo esto parece una conspiración... o como se llame legalmente eso.

Por supuesto. En el informe que entregamos sobre la investigación que hemos hecho bajo la dirección del juez, sostenemos que es preciso continuar con la investigación y que para ello hay que efectuar el registro de la casa de Villarejo. Y pedimos su detención porque argumentamos que existe una organización criminal para impedir la investigación, para obstruir la acción de la Justicia, un gravísimo delito cuando lo están cometiendo altos cargos de las propias fuerzas de seguridad. Y lo hacen mediante la grabación que nos hicieron, y después su difusión pública, y más tarde intentando cargarse la comisión judicial. Sobre todo esto, la Audiencia Provincial les ha dado hasta en el cielo del paladar una y otra vez, no es sólo lo que nosotros hemos concluido y sostenido con pruebas obtenidas legalmente, sino lo que dictaminan los jueces de la Audiencia.

Yo pedí marcharme de la comisión por dos razones: una, porque si era yo el problema para que continuara su investigación, pues yo me voy para aliviar el procedimiento, y la otra porque se me acababa el tiempo ya que me llegaba la jubilación. Pero, claro, si el objeto de la investigación es que me han grabado a mí, en mi despacho, y no se ha personado ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el CNI ni nadie, pues yo tengo que procurar que continúe el procedimiento y me persono como acusación particular. Y entonces el fiscal se opone; el mismo que lleva un año intentando echarme de la comisión porque dice que soy víctima del delito ahora se opone a que yo me persone como víctima. Eso es muy grave, porque va contra mis garantías constitucionales y quiebra varios artículos del Código Penal. ¿Qué impulsa al fiscal a tomar esa postura claramente ilegal?

¿Cómo fue lo de la grabación ilegal, en su propio despacho de Asuntos Internos, de su reunión con agentes del servicio secreto?

Esa reunión tuvo lugar tras la detención de Nicolás, el día 14 de octubre de 2014. Es el CNI [Centro Nacional de Inteligencia] el que nos da noticia de las conductas irregulares de Nicolás y yo me pongo en contacto con el CNI por orden del DAO. Es Eugenio Pino quien me transmite la denuncia que la Vicepresidencia del Gobierno y la Oficina Económica del Gobierno remiten al secretario de Estado de Seguridad [Francisco Martínez, número dos del ministro Fernández Díaz], quien se la pasa al DAO. Es también Pino quien me indica en una tarjeta el nombre y número de un agente del CNI para que me ponga en contacto con él. Pero es ese agente el que me llama a mí primero, pues yo había estado ocupado en otras cosas. Me propone que nos reunamos y así lo hacemos. Pero esa conversación, en mi despacho oficial, no sólo es grabada ilegalmente en sede policial, sino que después se difunde en medios de comunicación y hasta se le entrega al propio imputado, con la evidente finalidad de dar al traste con toda la investigación. Algo que además afecta a la propia seguridad del Estado, puesto que se ha espiado desde la propia Policía a agentes del servicio secreto español.

¿De que tiene que hablar con los agentes del CNI?

En el seguimiento de Nicolás descubrimos que está haciendo copias de documentos falsificados con membretes del CNI, y firmados por su director [Félix Sanz], y que va a dirigirlos a Javier de la Hidalga para intentar cometer una estafa haciéndose pasar por enlace entre la Vicepresidencia y la Casa Real. En vista de lo cual le detenemos y es en el interrogatorio cuando él empieza a hablar del comisario Villarejo y de algún otro policía. Además, en el registro de su domicilio se encuentran documentos relacionados con Villarejo, así como el número de móvil del comisario en una agenda de Nicolás. Por tanto, nos disponemos a investigar también a Villarejo, y eso no es nada extraordinario para una Unidad de Asuntos Internos, puesto que entra dentro de la normalidad de nuestras operaciones. Lo que hago es informar de ello al DAO, que es mi jefe inmediato, y éste me dice que informe también al secretario de Estado, cosa que hago.

¿Qué le lleva a sospechar que hay un entramado de la cúpula policial, dirigido por Villarejo, para proteger al pequeño Nicolás?

"¿Cómo pueden seguir acusándome de hechos que ocurrieron cuando yo no estaba ya en Interior?"
Pues que al día siguiente de la detención de Nicolás se emprende una campaña de prensa contra esa diligencia, ordenada por un juez, contra un chaval que al principio parecía un mero delincuente común de poca monta. Y la ofensiva mediática se dirige hasta contra el método de la investigación sobre las correrías de ese veinteañero. Pero, sobre todo, la campaña comienza en una publicación digital que empieza a revelar todo lo que estamos haciendo como si supiera tanto como nosotros mismos. Empezamos a averiguar, puesto que es inusitado que el periodista que publica esas informaciones conozca los hechos con el mismo detalle que nosotros, y miramos qué es Información Sensible. Descubrimos que es una página web de una empresa que se oculta en un largo entramado empresarial que culmina en CENYT, y que CENYT pertenece al comisario Villarejo. De esto informo otra vez al DAO y al secretario de Estado y constato frialdad e indiferencia por su parte.

Al cabo de muy poco empiezo a percibir una animosidad personal directa contra mí por su parte… hasta que me cesan por anticipado: señalando esa misma publicación el día concreto en que me van a destituir. Preguntó cómo es posible que salga eso publicado y su respuesta es presionarme para que me vaya de vacaciones y aparte la atención del caso Nicolás. Pero yo continúo con el caso, hasta que a finales de marzo del 2015 me destituyen para destinarme al Consejo Asesor. Enseguida, el juez Zamarriego me reclama para su comisión judicial y me aparta por completo de Interior. ¿Cómo pueden seguir acusándome de hechos que ocurrieron cuando yo ya no estaba en Interior? Me he querellado contra todos esos que me acusan de graves delitos, como de haberme llevado "un camión de material" cuando me destituyeron, y esa querella ha sido aceptada a trámite, por lo que ahora están ellos imputados –bueno, Pino también lo está por el pendrive fantasma de los Pujol que también intentaron colocarme a mí–, incluidos periodistas al servicio de Villarejo como Eduardo Inda.

También le acusan de haber obtenido y después filtrado las grabaciones del ministro del Interior que dio 'Público' en exclusiva...

¡Claro! Villarejo, Pino, Gago y sus compinches me acusan a mí de todo lo que ellos han cometido, incluso de lo que es evidente que no pude haber hecho, como eso. En Interior saben que es imposible que yo lo hiciera, puesto que se grabaron justo en el momento en que también me grabaron a mí sin mi conocimiento y cuando la cúpula ya no tenía confianza en mí. Nunca tuve acceso a esas grabaciones y además me apartaron inmediatamente. ¿Me las iba a dar el mismo que pretendía destituirme pocos meses después? En cambio, unos periodistas que están en la misma trama de Nicolás y Villarejo, y a los que la comisión judicial del caso propone que se les investigue, son precisamente los que están difundiendo esas noticias. Parece mentira que alguien se las crea... o que los medios se crean una sola palabra de lo que dice Villarejo. Él está acusándome a mí, y a todos los que intentan pararle los pies, de los actos ilícitos que precisamente él siempre ha cometido.

Vale, pero usted sí participó en la denominada 'Operación Cataluña', ¿verdad?

Vamos a ver, lo que sucede es que, antes de todo lo que he relatado hasta aquí, el propio Pino me envía a Barcelona para hablar con el fiscal [Emilio] Sánchez Ulled, y yo voy de mil amores. A mí me parece bien el encargo. Lo que no me parece bien es que venga [José Luis] Olivera [entonces, jefe de la UDEF e íntimo de Villarejo] conmigo. Pero bueno, lo acepto. Eso fue todo: ir a decirle a un fiscal: “Mire usted, a mi juicio se podría continuar la investigación del caso Palau por el sucesor de Carles Torrent [como tesorero del CDC], que es Daniel Osácar". Nada más. "Si usted la quiere continuar, hágalo, y si no, no lo haga. Pero su deber es promover la acción de la Justicia y yo creo que debe hacerlo". Nada más. Allí no se habló de registros en Convergència ni de nada. Además, hay testigos. Porque con Sánchez Ulled estaba [el fiscal anticorrupción] Fernando Bermejo y puede ratificarlo si se lo preguntan. Que le pregunten a él si dijimos algo más que expresar nuestra opinión de que se podía continuar con la investigación. Nada más. Y como resultas de esa investigación se ha destapado finalmente todo lo del caso Palau. Así que no era tan descabellado lo que fuimos a decirles, ¿no?

Pero también estuvo usted en los contactos con los propietarios de la Banca Privada d'Andorra para conseguir las cuentas de los Pujol...

Sí, claro. Después de que se reactivara la investigación judicial del caso Palau… ¿qué se buscaba? Pues dónde podía estar el dinero del caso Palau… y ¿por qué no iba a estar en Andorra? ¿Es tan descabellado pensar que a lo mejor está en Andorra el dinero del Palau? Es por eso que viene Pino a hablarme de la BPA y me dice: “Oye, hay un empleado infiel que a lo mejor te da información”. Y todo lo demás es de sobra conocido. Pero ni yo amenacé a los [hermanos] Cierco [propietarios de la BPA] ni mucho menos fabriqué pruebas contra políticos y partidos catalanes. De todo eso se encargaba Villarejo, como él mismo ha reconocido al declararse autor, ante notario, de las notas informativas internas irregulares, sin membrete, ni firma, ni número de agente, en las que se acusaba a los Pujol de tener ¡hasta 1.800 millones de euros! en Andorra. Un delirio. ¡Pero si Joan Pau Miquel [director general de la BPA] sólo me enseñó un papelito informal con una cantidad sin gran relevancia!, de menos de dos millones de euros, creo recordar. Y ahora Villarejo admite haber cometido falsedad documental, en esas notas internas apócrifas e irregulares, sólo para ayudar a los Cierco en su demanda de las supuestas amenazas, que denuncian sólo para salvar los muebles de su banco. Vamos, todo esto es tan pueril que no se lo cree ni un niño.

Pero, ¿se han cometido acciones ilegales en el Ministerio del Interior durante el mandato de Fernández Díaz?

Claro que se cometieron irregularidades. Pero lo fundamental de todo esto es lo que ha pasado con la investigación del caso Nicolás. Y luego fíjate hasta dónde se ha llegado en ese caso aparentemente menor: hasta la fortuna de Mario Conde, de [su socio y testaferro Arturo Romaní] y de todos ellos. Allí están todos, empezando por Adrián de la Joya [multimillonario investigado en el caso Lezo], en la finca de La Alamedilla, que no es una finca, sino una sociedad. Y todo esto está en el sumario. Además de que ya suman en torno a los 20 años de cárcel las peticiones contra Nicolás de los tres procedimientos, al margen de las estafas…

Lo más grave es lo que se ha hecho desde la cúpula de Interior y desde la Fiscalía para impedir el avance de la investigación del caso Nicolás. Las más altas instancias del Ejecutivo han intentado descaradamente, casi públicamente, impedir la acción de la Justicia. ¡Eso no había pasado nunca!
Fuente: Público.

Nicolás gana al CNI: la AM ordena otro juicio con otro juez
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el juicio del Juzgado Penal 25 de Madrid que condenó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por calumniar al CNI y ha ordenado repetirlo con otro magistrado. Argumenta que el joven sufrió "indefensión" debido a que el juzgado no admitió una prueba relevante. En concreto, la Sección 15 del alto tribunal se refiere al testimonio del exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, quien denunció al único testigo de la Fiscalía, el comisario exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, al entender que éste había incurrido en actuaciones irregulares en diversas investigaciones policiales.

Lezo: el sumario que destapó la olla podrida madrileña del PP
Arrancó como una investigación al expresidente Ignacio González y la gestión que ha hecho del caso el Gobierno derivó en la reprobación en el Congreso de un ministro, un fiscal general y un secretario de Estado pero la operación Lezo contra las corruptelas del Canal ha jubilado políticamente a Esperanza Aguirre y puesto en entredicho al director de La Razón y a un importante ejecutivo de Atresmedia.

Lezo: El corrupto Villarejo contra sus clientes del Círculo de Gstaad
La Asociación Transparencia y Justicia, que fue expulsada del caso Nicolás por tener "interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo", ya que está formada por un socio y un empleado del comisario, vuelve a intentar el fraude procesal de participar en una causa donde hay imputados clientes y amigos suyos, como López Madrid y De la Joya. El comisario y empresario José Manuel Villarejo Pérez se ha especializado en "enredar" –como él mismo dijo en una ocasión– los procedimientos judiciales de sus amigos o clientes para sacarles de los aprietos con la Justicia. Y uno de sus métodos predilectos es el de presentarse –oculto tras subalternos– como "acusación popular" en esos procesos, para actuar en la práctica como defensor encubierto de los intereses de los investigados.

Avanza la querella contra el despacho de Montoro
El Juzgado de Instrucción 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados.

La monarquía británica duplicará su presupuesto

El presupuesto de las arcas públicas para la familia monárquica británica se duplicará a partir del año que viene, según el balance anual publicado este martes. La monarquía británica gastó el año pasado cerca de 42 millones de libras (47,8 millones de euros) en empleados, viajes, recepciones y mantenimiento de palacios y jardines. Según el nuevo cálculo, el gasto de la Casa Real le costará a los contribuyentes 76,1 millones de libras, mientras que el año siguiente podría aumentar hasta los 82,2 millones de libras.

La razón de ese aumento serán las obras de renovación en el Palacio de Buckingham, la residencia de la Reina Isabel II en Londres, que durarán 10 años y costarán 369 millones de libras.

El imponente edificio tiene 775 habitaciones. Solo la instalación eléctrica, que lleva sin renovarse más de 60 años, cuenta con 160 kilómetros de cable por todo el palacio. Dados los duros recortes en el gasto público de los últimos años el aumento del gasto para la realeza no agrada a todos los súbditos del Reino Unido, informa dpa.

Theresa May gobernará en minoría con los unionistas
El Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, gobernará en minoría con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte. Imágenes de video distribuidas por la oficina de May a varios medios muestran a May y a la líder del DUP, Arlene Foster, supervisando la firma. Ninguna de las dos partes reveló aún el contenido del acuerdo.

World Pride: "se sigue el mismo patrón de la sociedad machista"
La organización del World Pride Madrid no está contentando a todo el colectivo y hay voces críticas porque en el pregón del Orgullo no hay prevista una mujer lesbiana o bisexual. Según ha trascendido, el acto contará con Boris Izaguirre, Alejandro Amenábar, Javier Ambrossi, Pepón Nieto y la actriz Cayetana Guillén Cuervo.

El yerno de Trump exacerba a los palestinos con sus demandas prosionistas
El presidente de EEUU, Donald Trump busca retirarse de las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos, según un informe del sitio israelí Walla News. La noticia fue comunicada al primer ministro, Benyamin Netanyahu, por una delegación norteamericana que visitó recientemente la entidad sionista.