diumenge, 2 de juliol de 2017

El incendio de la Torre Grenfell: una masacre corporativista en Londres

Ricardo Vaz: Un gran incendio devoró la Torre Grenfell en las primeras horas del 14 de junio en Londres. La Torre Grenfell es un edificio de apartamentos de 24 pisos en el barrio de North Kensington. Más de 600 personas debían hallarse dentro del edificio. Según algunas estimaciones, el número de muertos es ya de 79 e incluso podría llegar al centenar. Este fuego ha generado una ola de ira pública contra las ignoradas advertencias sobre la seguridad, contra la respuesta insuficiente de las autoridades y, sobre todo, contra las políticas (de vivienda) que protegen la voracidad de las grandes empresas y propietarios en detrimento de los derechos de los pobres y de la clase obrera y, en este caso, de sus propias vidas. Este dramático incendio no fue un accidente. Fue un homicidio involuntario corporativista.

Los pobres arruinan el paisaje

Desde el día siguiente, cuando el edificio ardía aún, han comenzado a revelarse los elementos incriminatorios. En primer lugar, el riesgo de incendio se había planteado en varias ocasiones por los inquilinos de la torre Grenfell. Sin embargo, estas cuestiones fueron rechazadas por el propietario, la Organización de gestión arrendamientos de Kensington y Chelsea (KCTMO) y el Consejo Local de los conservadores. De hecho, el gobierno conservador se ha enfrentado en repetidas ocasiones a los riesgos que representaban estas torres de alquiler. Lo que no le impidió rechazar el año pasado como “regulación innecesaria” el intento de Jeremy Corbyn y del Partido Laborista de hacer las viviendas más seguras.

Por otra parte, la Torre Grenfell se benefició de los trabajos de renovación del año pasado, que ascienden a 10 millones de libras. Durante la renovación, se añadió un revestimiento exterior al edificio. Según los testimonios, el recubrimiento quemó increíblemente rápido, propagando el fuego a las plantas superiores. ¿Por qué se añadió este recubrimiento? Para mejorar las vistas desde los apartamentos de lujo cercanos. Y si eso no fuera poco, resulta que habría sido suficiente sumar 5.000 libras para hacer resistentes al fuego esos paneles de revestimiento. Es necesario explicar eso. Un incendio mortal fue agravado dramáticamente, docenas de vidas se han perdido, porque a los vecinos ricos no les gustaba la vista de los pobres y porque el dueño de la torre quería recortar en el gasto con materiales baratos.

Esto da una idea clara de un gobierno, tanto a nivel nacional como local, cuyas políticas y regulaciones (relajadas) están destinadas a favorecer a los ricos y sus operaciones inmobiliarias. En los barrios pobres de Londres, la gentrificación y la limpieza social duran décadas para dejar paso a los ricos. Las personas son expulsadas ​​y los alquileres explotan.

El incendio en la torre Grenfell se agravó aún más por la respuesta desastrosamente incompetente de las autoridades locales. Mientras que las organizaciones de caridad, voluntarios y donaciones llegaron rápidamente al lugar, los organismos oficiales no coordinaron sus esfuerzos. ¡Varios días después del incendio, las familias todavía estaban durmiendo en el suelo! Los representantes de los conservadores, el alcalde de Londres Sadiq Khan y particularmente la primera ministra Theresa May han sufrido la ira de los residentes de Grenfell. May ha sido criticada, con razón, por haber rehusado reunirse con las víctimas.

“¡Los marxistas sueltos!” (1)

Por su parte, Jeremy Corbyn fue recibido con los brazos abiertos por el público, los residentes y las familias en duelo. Su empatía es auténtica y sus antecedentes en materia de lucha por los derechos de la mayoría son inatacables. La creciente popularidad de Corbyn, a pesar de los ataques casi unánimes de los medios, reposa en el contenido de su programa político, con un plan para construir 500.000 viviendas para frenar los costos exorbitantes de los alojamientos.

Si sólo una demostración pública de solidaridad y una escasa ventaja política estuvieran en juego, los propietarios ricos de todo el mundo que poseen bienes en Londres podrían dormir bien tranquilos. Pero es probable que se hayan sumergido en un miedo frío al escuchar la demanda de Corbyn: quiere que los residentes de Grenfell sean reubicados en el barrio, ¡en las propiedades de lujo vacantes! (2)

De hecho, una vez que se va más allá de la defensa de la propiedad privada, que el capitalismo defiende por encima de todo, es evidente que la solución para las familias sin techo se encuentra en las casas deshabitadas. Yo iría aún más lejos al sugerir que la solución de la cesión de casas de lujo vacías se aplique más allá de los residentes de la Torre Grenfell, de modo que los problemas de los sin techo y que las malas condiciones de alojamiento sean resueltas instantáneamente. Incluso podríamos imaginar una especie de lotería inversa. En lugar de una lotería normal en la que una persona seleccionada al azar se hace rica, esta vez una persona rica elegida al azar se convertiría en un poco menos rica, mientras que una familia pobre de la clase obrera conseguiría un alojamiento en buenas condiciones con un alquiler por un período indefinido de una libra al mes.

La política y la conciencia de clase

Después de la apuesta electoral desastrosa que ha forzado a los conservadores a alinearse con los fundamentalistas del DUP (Unionistas conservadores norirlandeses. NdelT.), este incendio y la respuesta inapropiada podrían ofrecer a los conservadores la oportunidad de desembarazarse de Theresa May. Pero en esta etapa, eso no va a resolver todos sus problemas.

El gobierno, ya sea dirigido por May o no importa quien otro, el Partido Conservador y grandes sectores del Partido Laboristas que se oponen a Jeremy Corbyn (incluso si se les obligó a subir a su tren) esperarán que toda esta ira pública se canalice a través de las vías oficiales. Según las investigaciones parlamentarias, con la destitución de algunos funcionarios e incluso con la persecución de alguno por negligencia.

Por contra, lo que no se pueden permitir, es que esta rabia siga hirviendo en las calles, con un liderazgo de los Laboristas que nunca ha sido tan radical. La gente está empezando a darse cuenta de forma más coherente que hay un esfuerzo concertado para sacrificarles en beneficio del lujo y de los privilegios de los más ricos. En otros términos, están tratando de construir una conciencia de clase. Y esta movilización, así como la demanda de justicia, bien pueden desviarse de los caminos tradicionales y parlamentarios que en general presta la política del Reino Unido. Eso es sin duda un pensamiento aterrador para las élites capitalistas.

Notas
(1) Tras la publicación de las encuestas de las últimas elecciones generales, la miembro del UKIP (y ex aspirante al liderazgo) Suzanne Evans tuiteó: “Si esta encuesta de salida es correcta, los conservadores han tenido una de sus peores noches. El Parlamento suspendido, el Brexit amenazado y los marxistas sueltos” (“Marxists at large“).

(2) ¡Corbyn insistió su idea y los medios mainstream tienen verdaderamente mucho miedo!

Traducido por Carles Acózar para Investig’Action

La monarquía británica duplicará su presupuesto
El presupuesto de las arcas públicas para la familia monárquica británica se duplicará a partir del año que viene, según el balance anual publicado este martes. La monarquía británica gastó el año pasado cerca de 42 millones de libras (47,8 millones de euros) en empleados, viajes, recepciones y mantenimiento de palacios y jardines. Según el nuevo cálculo, el gasto de la Casa Real le costará a los contribuyentes 76,1 millones de libras, mientras que el año siguiente podría aumentar hasta los 82,2 millones de libras.

Theresa May gobernará en minoría con los unionistas
El Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, gobernará en minoría con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte. Imágenes de video distribuidas por la oficina de May a varios medios muestran a May y a la líder del DUP, Arlene Foster, supervisando la firma.

Ernesto Alba, nuevo secretario general del PCA
El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha elegido este domingo a Ernesto Alba, actual secretario de Acción Política de Alberto Garzón, nuevo secretario general. Alba ha recabado el 62% de los votos en el XII congreso del PCA frente al 38% de su oponente, el diputado Miguel Ángel Bustamante.

Ernesto Alba, nuevo secretario general del PCA

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha elegido este domingo a Ernesto Alba, actual secretario de Acción Política de Alberto Garzón, nuevo secretario general. Alba ha recabado el 62% de los votos en el XII congreso del PCA frente al 38% de su oponente, el diputado Miguel Ángel Bustamante. Es la primera vez que los comunistas llegan a un congreso sin una lista única pactada previamente, la primera que el líder no sale elegido por aclamación y la primera vez que el proyecto político saliente plantea la “superación” de la marca electoral del comunismo (Izquierda Unida) y la creación de un nuevo “sujeto político”, es decir, un nuevo partido.

La victoria de Ernesto Alba, el candidato avalado por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y su homólogo andaluz, Antonio Maíllo, anticipa lo que veremos en la próxima asamblea regional de IU, que tendrá lugar en Sevilla a principios de octubre. Alba, Garzón y Maíllo están convencidos de que la coalición de izquierdas como partido “está agotada” y necesita retornar a los orígenes de su nacimiento como movimiento político y social. En este planteamiento caben muchas posibilidades, como que IU desaparezca como marca electoral después de más de 30 años de historia, y pase a llamarse de otra manera.

Todos los caminos que nacen de la ponencia política del nuevo secretario general del PCA, en connivencia con Maíllo, apuntan a la confluencia con otras fuerzas y colectivos de izquierdas, singularmente con Podemos. De hecho, la coordinadora regional de la formación morada, Teresa Rodríguez, ha salido este domingo del Consejo Ciudadanos planteando una tesis muy similar: la construcción de un nuevo sujeto político andaluz, que vaya más allá de IU y de Podemos.

El Partido Comunista de Andalucía, que aglutina a casi la mitad de los afiliados al partido de toda España, no renuncia a su base ideológica, asentada en el marxismo, pero la ve compatible con las propuestas políticas del partido de Pablo Iglesias, por mucho que haya un sector dentro de la formación morada reacio a entenderse con los de la hoz, el martillo y la estrella roja. También en el seno de IU Andalucía existe un puñado de exdirigentes escépticos con la deriva que ha tomado la coalición de izquierdas, y acusan a Maíllo de estar enterrando la cultura y la tradición política de IU.

El PCA, núcleo duro de IU, ha salido de este congreso más dividido de lo que entró. Su nuevo secretario general ha obtenido el respaldo más bajo de la historia del partido, por el simple hecho de no haber logrado aglutinar en su proyecto a su oponente. Alba ha obtenido 171 votos y 38 miembros del nuevo Comité Central, máximo órgano de decisión; mientras que la lista encabezada por Bustamante ha logrado 105 votos, y le corresponden 23 miembros del órgano. Tras la votación ambos candidatos han escenificado la unidad del partido.

Ya en su primer discurso como secretario general, Ernesto Alba ha anunciado que la nueva dirección del PCA que él encabeza liderará “un proyecto de ruptura” desde Andalucía, un antes y un después. Los cambios se van a ver más en la estrategia y en la estructura de partido que en los principios ideológicos, que apenas han cambiado.

Alba, Garzón y Maíllo son conscientes de que IU y el PCA no pueden mantener la misma duplicidad de funciones, militancia y responsabilidades orgánicas que hace 30 años, por muchas razones: porque se ha demostrado poco operativa, porque ha subsumido una de las siglas (PCA) a la otra, y la más importante: porque IU no tiene un sostén financiero tan potente como para mantener dos estructuras simétricas.

La nueva IU, que ha empezado a perfilarse en este congreso del PCA, busca estrechar alianzas con otros partidos, pero también con colectivos, activistas, sindicatos, asociaciones, universidades y pensadores que se ubican en el espacio de la izquierda, “sin descartar guiños a dirigentes y exdirigentes del PSOE desencantados con la trayectoria de su partido”. Alba sostiene que el objetivo de este congreso “no ha sido debatir con quien hay que hacer un pacto electoral” como “tampoco ha sido discutir cómo conseguir un pequeño espacio en las instituciones”.

Su planteamiento es tan crítico con el papel que ha jugado IU hasta ahora como lo es el documento interno de Podemos Andalucía que pone reservas a pactar con la coalición de izquierdas. La formación morada distingue entre sus preferencias -el rumbo que le aporta Maíllo y Garzón a IU- y sus rechazos, a saber, el papel que jugó IU dentro del Ejecutivo andaluz de coalición con el PSOE, en la pasada legislatura, e incluso en la veintena de gobiernos municipales donde aún cogobiernan con los socialistas.

Podemos ha exigido a sus socios que rompan o se salgan de los ayuntamientos donde comparten ejecutivo con el PSOE como condición sine qua non para avanzar en la confluencia, y la dirección de IU respondió tajantemente que eso no pasará. Sin embargo, el tono crítico de Alba o de Maíllo con la antigua dirección de IU, pilotada por Diego Valderas, no dista mucho de las palabras gruesas que vuelcan desde Podemos.

El XII Congreso del PCA ha aprobado sus documentos políticos con los que busca la unión de las luchas de los sectores afectados por la crisis y la precariedad. Con el propósito de construir un bloque social alternativo, el PCA plantea la superación del trabajo institucional en favor del trabajo en frentes de lucha organizados sectorialmente y otorga un protagonismo especial al movimiento feminista, que enfrenta retos importantes provocados por la recomposición del capital a la salida de la crisis.

Los comunistas se plantean como objetivo “el impulso a la herramienta electoral que recoja y represente a los millones de trabajadores afectados por la crisis y el paro, a partir de las experiencias de IU, Unidad Popular y otras candidaturas que ya están gobernando en muchas ciudades”. Fue Antonio Maíllo quien, el pasado diciembre, propuso a Ernesto Alba que abandonase el equipo de Garzón en Madrid para regresar a Sevilla y sustituir a José Manuel Mariscal al frente del PCA. Ahora tendrá que dejar la secretaría de Acción Política de IU federal para pilotar al comunismo andaluz hacia la “unidad de fuerzas” con otros actores políticos, informa Público.

Unai Sordo: "Hay que desincentivar la contratación precaria"
Unai Sordo (Barakaldo, 1972), nuevo secretario general de CCOO, tiene la agenda repleta para un mandato de cuatro años y prepara su reunión con Mariano Rajoy de este lunes. Unai Sordo aboga por fortalecer al sindicato desde los centros de trabajo.

La multa por el almacén nuclear: 73.000 €/día
73.000 euros diarios será, según el Ministerio de Energía, la penalización que va a empezar a pagar la España marca Rajoy y PP a Francia desde este sábado y hasta, al menos, 2020, por la custodia en La Hague (Normandía) de los residuos de la central nuclear Vandellòs I que debían regresar este año al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Montoro rehúsa dar la lista de la amnistía fiscal
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechaza ahora hacer pública la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal por razones de seguridad jurídica. El ministro expresó su negativa a que se conozcan los nombres de los 31.000 amnistiados en 2012, según aseguran fuentes conocedoras de la conversación mantenida por el ministro con representantes de Ciudadanos el pasado miércoles.

Unai Sordo: "Hay que desincentivar la contratación precaria"

Unai Sordo (Barakaldo, 1972), nuevo secretario general de CCOO, tiene la agenda repleta para un mandato de cuatro años y prepara su reunión con Mariano Rajoy de este lunes. Unai Sordo aboga por fortalecer al sindicato desde los centros de trabajo.
- ¿Ser elegido con un 88% de votos pero con una ejecutiva con el 61% es un problema?
- Creo que es una muestra de que una parte del congreso no ha entendido alguna polémica interna. Lo que toca es aclarar las cosas y que la gente sea consciente de que más allá del resultado, este es un proyecto colectivo, es una ejecutiva muy solvente y tenemos que ponernos manos a la obra.

- ¿Cómo ve el caso de Francisco Carbonero?
- Está dentro de una investigación, no se le acusa de nada y aún no ha declarado. Es un hombre que no ha tenido ninguna actuación sobre los ERE de Andalucía y cabe esperar que eso se sustancie en la actuación judicial.

- ¿Qué significa este sindicalismo de proximidad que promete?
- Significa que el sindicato tiene que construir su capacidad de negociar con los gobiernos y con las patronales fortaleciendo la base, y eso solo se hace con una presencia continua en los centros de trabajo, que son muy diversos. La construcción de esa legitimidad sindical parte de la fuerza que tengamos por abajo. No es una tontería. En este momento en que los márgenes de negociación de los gobiernos y la orientación de las políticas son las que son, muy difíciles para los acuerdos, cuando la patronal tiene voluntad de bloquear la negociación de los convenios, tenemos que tener claro que hay que mejorar la correlación de fuerzas y eso se hace ganando posición en la base. Hoy la realidad es más compleja que el salario y la jornada y las relaciones laborales hay que desarrollarlas con presencia continua en el centro de trabajo.

- ¿Cuál es la primera reivindicación que le plantearía a presidente del Gobierno?
- Tiene que ver con los Presupuestos. Tal y como están las restricciones presupuestarias, producto del techo de gasto, este país no va a acometer una política expansiva que creo que necesita para tener un crecimiento económico más sostenible. Y hay que modificar el modelo de relaciones laborales. España no puede estar en la temporalidad y la precariedad sistemáticamente vaya la economía bien, mal o regular. Hay que mejorar la productividad pero no por la vía de tirar abajo los salarios, sino por la mejora tecnológica, hay que hacer que los despidos sean la última opción y hay que desincentivar la contratación precaria; hay que fortalecer una política de rentas sobre una renta mínima y las prestaciones de desempleo, no puede ser que la gente se quede en situación el excusión social, y hay que reforzar el sistema público de pensiones mejorando los ingresos y anulando la reforma del 2013.

- En este contexto ¿dónde sitúa la movilización?
- La movilización es necesaria cuando se producen bloqueos o cuando el Gobierno adopta medidas que van en contra de los intereses de la gente a la que representamos. La movilización como denuncia es una balón de oxígeno para la sociedad. Pero es mucho más que huelgas o manifestaciones. Es una actitud de información y contacto permanente con la gente.

- ¿Hay esperanza para los jóvenes?
- Sin duda, pero no hay que caer en la épica del individualismo. Los jóvenes, como los que ya no lo son, solo van a poder ser dueños de sus condiciones de vida y de trabajo en la medida en que estén organizados. Nos han inculcado esa especie de sueño americano de que uno individualmente puede resolver su trayectoria vital y no es así. En las relaciones conflictivas, y las económicas lo son, solo desde la organización de la gente más joven se pueden revertir algunas cosas. Los cambios exigen adecuación continua de los saberes y las habilidades, pero la juventud está preparada para eso. La lucha por el saber es fundamental en el mundo del trabajo para que los cambios no nos dejen en la cuneta de la exclusión social.

- ¿Considera inapelable la reforma constitucional?
- El debate territorial en España tiene que canalizarse por la negociación política con altura de miras, con un intento de acuerdos trasversales, con fórmulas refrendatarias legales y en un modelo federal que posibilite contrarrestar la hegemonía que ejercen los agentes económicos debilitando el propio espacio público. Creo que no se puede pensar que la judicialización del tema vaya a arreglar los problemas, salvo que pensemos que, por ejemplo, en el tema de Catalunya no hay un problema político sino una locura colectiva, lo cual es no entender la realidad. Es perfectamente compatible una legitimidad a través de un referéndum que iría implícito en una reforma estatutaria con una reforma constitucional que también requería de un referendo en el conjunto del Estado, informa El Periódico.

La multa por el almacén nuclear: 73.000 €/día
73.000 euros diarios será, según el Ministerio de Energía, la penalización que va a empezar a pagar la España marca Rajoy y PP a Francia desde este sábado y hasta, al menos, 2020, por la custodia en La Hague (Normandía) de los residuos de la central nuclear Vandellòs I que debían regresar este año al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), instalación para la que el Gobierno no pone fecha y ni siquiera ha empezado por las dudas sobre los terrenos elegidos, la falta de permisos y el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE).

Palma: Investigan a turistas británicos y sus denuncias falsas
Un juzgado de Instrucción de Palma investigará a los centenares de turistas británicos que realizaron el pasado año denuncias por falsas intoxicaciones alimentarias contra la cadena mallorquina Mac Hotels. Es la primera vez que se actúa por la vía penal en nuestro país contra esta práctica ilegal que realizan miles de turistas procedentes del Reino Unido. El juzgado ha recibido este mes las actuaciones procedentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF), que ha investigado durante seis meses las denuncias falsas por intoxicaciones alimentarias.

Austria expropia la casa donde nació Hitler
El Tribunal Constitucional de Austria ha avalado hoy la expropiación de la casa natal del dictador nazi Adolf Hitler (1889-1945) en la localidad de Braunau, una decisión que fue recurrida por la dueña de la vivienda.

La multa por el almacén nuclear: 73.000 €/día

73.000 euros diarios será, según el Ministerio de Energía, la penalización que va a empezar a pagar la España marca Rajoy y PP a Francia desde este sábado y hasta, al menos, 2020, por la custodia en La Hague (Normandía) de los residuos de la central nuclear Vandellòs I que debían regresar este año al almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), instalación para la que el Gobierno no pone fecha y ni siquiera ha empezado por las dudas sobre los terrenos elegidos, la falta de permisos y el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE).

Esos 73.000 euros diarios suponen 511.000 euros a la semana, 2,22 millones al mes y 26,64 millones al año. Superan, por ejemplo, el sueldo de un ministro del Gobierno en todo un año (70.368 euros brutos, sin contar los trienios de los que son funcionarios) y casi triplican la sanción de la UE de 27.522 euros al día que España vino acumulando por incumplir una sentencia europea que el 11 de diciembre de 2014 le obligó a liberalizar el sector de la estiba y que el Gobierno ha esgrimido como argumento en los últimos meses para la reciente reforma de este sector.

El Tribunal de Justicia de la UE debe decidir el próximo 13 de julio si la reforma de la estiba que aprobó en mayo el Ejecutivo español es suficiente para desactivar esa sanción o si, por el contrario, le obliga a pagar la multa acumulada hasta entonces o, incluso, la eleva hasta 134.107,2 euros diarios. Esa cantidad "iría al bolsillo de todos los españoles", como dijo en marzo en repetidas ocasiones el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cuando pedía "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para sacar adelante el decreto de la estiba.

La penalización que la empresa pública española Enresa ha empezado a abonar este sábado a la francesa Areva, empresa semipública de la que fue vicepresidenta Ana Palacio, exministra de Exteriores con José María Aznar, ha empezado a hacerse efectiva una vez expirado un acuerdo que ambas partes firmaron en octubre de 2012. Se pagará a través del fondo para la gestión de los residuos radiactivos, que a cierre de 2016 acumulaba 5.017,6 millones de euros, frente a los 4.613 millones de un año antes, según el informe anual de Enresa, publicado esta semana.

Hasta 2010, ese fondo, cuya suficiencia ha cuestionado el Tribunal de Cuentas, se nutría de aportaciones de los consumidores a través de la tarifa de la luz y desde entonces está soportado por las eléctricas a través de una tasa a la energía que generan las centrales nucleares (sólo la pagan mientras producen electricidad). Hace unos días, Enresa (adscrita a Energía) declinaba precisar el importe de la penalización que pagará a Areva, pero sí adelantaba que sería superior a la estimación de 67.000 euros que difundió un directivo de la empresa 2014, al aplicarse la correspondiente actualización.

Energía subraya que "según el protocolo actual, en caso de incumplimiento de la fecha de retorno se aplicaría una penalización que, no obstante, será devuelta en el momento del último retorno de residuos, una vez descontados los costes de almacenamiento". Ese retorno, según señala Enresa en su memoria anual, "se estima se realizará" a principios de 2020, para cuando debería estar preparado el almacén de espera de contenedores del ATC, previsto para antes de que esté construida la parte principal del almacén. Inicialmente, y tras la elección del emplazamiento de Villar de Cañas, Enresa esperaba tener construido ese almacén de espera para mucho antes, diciembre de 2015.

El tiempo transcurrido desde ahora hasta 2020 y la activación de la cláusula de penalización por incumplimiento a Areva va a implicar el pago de más de 100 millones de euros hasta entonces, aunque una vez devueltos los residuos a España, Areva reintegraría, según Energía, la mayor parte de la caución, ya que sólo recibiría lo correspondiente a los costes de almacenamiento. El ministerio no precisa esos costes, pero dice que suponen "un porcentaje bastante mínimo" de la penalización. Energía, que reconoce que "no se ha firmado ningún acuerdo nuevo con Areva", señala que está previsto "un próximo contacto entre Enresa y Areva sobre los procedimientos específicos que permitan el cumplimiento de los términos de los acuerdos establecidos", sin dar más detalles.

El proyecto del ATC, en el que Enresa se ha gastado ya cerca de 80 millones (de ellos 12,677 millones el año pasado, según sus últimas cuentas anuales), es consecuencia de una resolución del Parlamento de diciembre de 2004. La infraestructura debía estar en marcha en 2010, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no llegó a decidir el emplazamiento. La elección del municipio conquense, uno de los cuatro que había preseleccionado el Ejecutivo socialista, fue una de las primeras decisiones de Mariano Rajoy cuando llegó al poder. Entonces, la actual ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.

El proyecto, rechazado por el actual Gobierno castellano-manchego, dispone de la apreciación favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el 27 de julio de 2015, pero no tiene todavía la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente, paso previo a la autorización de construcción del CSN.

El retraso del ATC ha obligado a las centrales nucleares españolas a construir almacenes temporales (ATIs) para guardar sus residuos ante la saturación de las piscinas que los guardaban hasta ahora. Los grupos ecologistas creen que esa solución, los ATIs, hace innecesario construir el ATC. Pero Enresa defiende que "la gestión temporal del combustible gastado mediante ATIs sería del orden de 2,5 veces más caro que el ATC y no permitiría el desmantelamiento total de las centrales nucleares". El presupuesto inicial del ATC era de 1.000 millones, pero todo apunta a que se disparará por los problemas de los suelos elegidos.

Desde la clausura de Vandellòs I, España ha tenido que abonar a Francia más de 500 millones de euros por quedarse con la basura radiactiva de la central, a los que se suman los costes del desmantelamiento de la planta a cargo de Enresa. Hasta ahora superan los 100 millones, informa eldiario.es.

Zed se inventó profesionales I+D para justificar subvenciones
Los investigadores de la Operación Hasta han detectado fraude en las subvenciones concedidas al grupo Zed en el tramo de la solicitud, de la ejecución y de la supervisión. Tanto es así que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF han acreditado que Javier Pérez Dolset justificó gastos de proyectos de I+D haciendo pasar a vigilantes de seguridad y personas sin formación residentes en India por profesionales tecnológicos.

La AN busca el botín de Ignacio González (PP) en nueve países
La Justicia rastrea en nueves países el destino de los fondos ocultos del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP), en prisión desde el pasado 21 de abril, por la Operación Lezo. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional “ha pedido información a Suiza, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Panamá, Colombia, Brasil, República Dominicana y Jersey sobre la existencia de cuentas relacionadas con el presunto cabecilla de la trama Lezo o sus testaferros”.

BCN: La vivienda, diez veces más cara que la media estatal
El precio de la vivienda se dispara un 21,7% en la ciudad de Barcelona -la más cara del Estado- en el último año a cierre del segundo trimestre, según el informe del mercado inmobiliario de Tinsa, y lidera la subida de precios en España en comparación con el resto de ciudades. En Madrid se incrementa un 10,8%, en Alicante, un 12,9%. La media registra un crecimiento interanual del 2,7%.