dimecres, 5 de juliol de 2017

El comisario Pino declara que lo haría “todo” por España

El ex número dos de la Policia Eugenio Pino ha asegurado esta tarde que “nunca hubo una brigada patriótica” en la Policía Nacional, aunque ha reconocido durante su comparecencia ante la comisión de investigación en el Congreso que lo haría “todo” por España. “Sin duda soy un patriota”, ha confesado. El comisario Pino, que ya está jubilado, ha explicado que sí “existe una Unidad de Inteligencia”, que está formado por un equipo de 10 personas y que “atiende el cruce de informaciones para decidir quién tiene que investigar cada tema”.

Ha añadido que “más adelante se creó otra unidad para investigar los casos de los niños robados”, pero ha insistido en que “nunca ha habido una unidad política o patriótica”. Los diputados de la comisión, sobre todo los de PDeCAT y ERC, quiere demostrar que durante la etapa de Jorge Fernández como ministro del Interior se creó un grupo policial específico para investigar a los políticos independentistas catalanes. Es lo que se llama la Operación Catalunya.

De momento, ninguno de los comparecientes ha reconocido la existencia de esa operación. Han pasado por la comisión el ex ministro, el ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó. Esta mañana ha comparecido el inspector José Ángel Fuentes Gago. Pino, como sus antecesores, ha negado la existencia de esa operación y ha rechazado a contestar a muchas preguntas, porque tiene dos juicios pendientes relativos a esta cuestión. También ha rehusado cualquier relación con el Gobierno del PP y ha afirmado que no tuvo relación ni con Mariano Rajoy ni con Soraya Sáenz de Santamaría ni con Jorge Moragas.

Por contra, ha reconocido que usó fondos reservados, aunque ha restado importancia a esto hecho, porque están “controlados” por el Congreso. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha intentado sonsacarle si con esos recursos se puso “un helicóptero para sacar a Victoria Álvarez de Catalunya” o se contrató a “detectives privados para investigar a políticos catalanes”. Pino no ha querido contestar a esas preguntas.

El comisario he reconocido que el inspector Fuentes Gago y el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas viajaron en 19 ocasiones a Catalunya, pero ha asegurado que eso no tenía nada que ver con cuestiones políticas, que los desplazamientos se realizaron para investigar un caso de robo de relojes en el que estaban implicados mossos d’esquadra y policías locales, informa La Vanguardia.

Martín-Blas: "El caso Nicolás desvela las maniobras de Pino y Villarejo"
El comisario que fue jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando el exministro Fernández Díaz montó la 'brigada política' que dirigía el director adjunto operativo, Eugenio Pino, rompe por primera vez su silencio y habla sin ambages sobre todos los secretos de las cloacas de Interior. Y afirma que para proteger al 'pequeño Nicolás' se han cometido delitos gravísimos.

Fernández Díaz y Bárcenas fueron socios en una hidroeléctrica
Año 1987: Dos empresarios amigos, José María González Vélez, histórico de las renovables, y Ángel Sanchís, extesorero de Alianza Popular, descubren que con la energía hidroeléctrica se puede hacer dinero. Hacen números y aunque faltan años para que se implante el sistema de primas a las renovables, ya salen las cuentas. Y además quedan muchos ríos sin explotar.

La Izquierda Europea revela la opacidad de las 4 auditoras mundiales
Los europarlamentarios del PIE (GUE en francés, EL en inglés...) encargan un informe para analizar la operativa de EY, PwC, Deloitte y KPMG, conocidas en el mundo económico como las Big Four. El estudio apunta cómo las cuatro auditoras no son transparentes con su actividad que operan de forma franquiciada en cada país evitando así problemas legales al difuminar la responsabilidad y la propiedad.

La Izquierda Europea revela la opacidad de las 4 auditoras mundiales

Los europarlamentarios del PIE (GUE en francés, EL en inglés...) encargan un informe para analizar la operativa de EY, PwC, Deloitte y KPMG, conocidas en el mundo económico como las Big Four. El estudio apunta cómo las cuatro auditoras no son transparentes con su actividad y que operan de forma franquiciada en cada país evitando así problemas legales al difuminar la responsabilidad y la propiedad. Las cuatro entidades operan en 186 países de los cuales 43 son paraísos fiscales donde, aseguran los expertos, no hay población ni economía que justifique su amplia presencia.

Las Big Four no son un grupo de música. Tampoco es un juego de naipes. Son las cuatro consultoras más grandes del mundo a considerable distancia del resto, lo que les ha valido el apodo en el mundo económico. Son EY (Erns&Young), PwC (PriceWaterHouseCoopers), KPMG y Deloitte. Su poder es muy grande por su capacidad de influencia en las empresas que auditan y a las que asesoran sobre esquemas de ingeniería fiscal, entre otras cuestiones. Por eso, la Izquierda Unitaria Europea ha encargado un informe que estudie la operativa de estas cuatro entidades, para confirmar sus sospechas: son tremendamente opacas.

En su investigación, los autores (los expertos Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm), se han encontrado con muchos problemas para identificar y seguir a estas entidades alrededor del mundo. En primer lugar, porque operan de forma franquiciada en cada país, con estructuras legales separadas aunque los mismos procedimientos allá donde estén. Los autores creen que estas estructuras estancas tienen como fin crear parapetos legales que las protejan a ellas y a sus clientes.

En el caso de Deloitte, EY y PwC, la empresa que se encarga de gestionar la propiedad intelectual del negocio está radicada en Londres bajo la forma de mutualidad, en una estructura societaria propia del país que se conoce como "company limited guarantee". Esta fórmula es usada por ONG o fundaciones, también por clubs o sociedades. Eso le permite, bajo la regulación inglesa, no estar obligado a dar prácticamente información de sus cuentas y a no tener que responder por las actividades fuera de las fronteras de sus miembros. Por su parte, KPMG es una cooperativa suiza, según el informe.

En total, las cuatro grandes operan en 186 jurisdicciones, algo más que países ya que algunos son territorios de ultramar conocidos por tener diferentes regímenes fiscales que los países a los que pertenecen legalmente y que son conocidas por ser paraísos fiscales. Es el caso de Bahamas o Gibraltar. Las cuatro consultoras tienen negocios en 43 de los 53 paraísos fiscales que destaca el informe por su opacidad siendo KPMG la que tiene más presencia en estos territorios según los datos del informe.

El informe señala que el tamaño, la población y la economía de estos paraísos fiscales no justifica la presencia no de una sino de varias de estas oficinas. Puesto en relación con sus habitantes, el número más desproporcionado de oficinas de estas auditoras está en Bonaire (un territorio de Países Bajos), las Islas Vírgenes Británicas o Gibraltar. En Islandia, donde apenas viven 336.000 personas hay 23 oficinas de estas auditoras.

En Bahamas cada una de las consultoras tiene dos oficinas, excepto EY que solo tiene una. Las Islas Caimán, Aruba, Guernsey, Jersey o la Isla de Man son otros conocidos paraísos fiscales en los que cada auditora tienen su oficina de representación. Los autores del informe creen que la presencia en estas jurisdicciones tiene como fin prestar servicios ligados a esquema de elusión fiscal ligados al secretismo que garantizan estos países. El informe detalla un dato relevante: entre PWC, Deloitte y KPMG (no han conseguido los datos de EY) tienen 579 trabajadores en las Islas Cayman, lo que supone un 2% de los trabajadores del archipiélago.

El informe reclama que estas auditoras, que en Reino Unido sin ir más lejos auditan a todas salvo una de las empresas del FTSE 100, esto es, las cien mayores empresa controladas del país, sean más transparantes e integren sus negocios de forma que sean responsables solidarios de lo que la marca hace en terceros países. Recuerda que el capitalismo actual se basa en parte en la confianza depositada en estas cuatro empresas que son las que dictaminan si las cuentas de una sociedad están bien o mal hechas. Por eso pide también que su unidad de auditoría esté mucho mejor separada del resto de negocios de consultoría que desarrolla la firma.

Durante la crisis el papel de las auditoras ha sido ampliamente criticado por haber dado el visto bueno a cuentas que luego resultaron un fiasco. En España, el caso más sonados ha sido el de Deloitte con Bankia, hasta el punto que el Gobierno cambió la ley para obligar a las cotizadas a rotar entre las auditoras. En el plano de la elusión fiscal, su nombre ha salido varias veces en Los Papeles de Panamá. Entre las cuatro firmas facturaron en 2016, 120.000 millones de euros, informa eldiario.es.

Les petits secrets des grands cabinets d’audit qui facilitent l’évasion fiscale
Commandé par la GUE-NGL et consulté en exclusivité par l’Humanité, un rapport à paraître ce mercredi dévoile la face cachée d’un secteur crucial et opaque à partir duquel s’organise, dans des dizaines de pays peu scrupuleux, l’optimisation fiscale des grandes entreprises.

Ernst&Young acusada de participar en l'organització de la crisi
Andrew Cuomo, fiscal general de Nova York, busca entaular una demanda civil contra l'empresa de comptabilitat Ernst&Young LLP en relació amb la seva presumpta participació en la fallida del banc d'inversió Lehman Brothers, com ho va fer en el Anglo Irish Bank que ha enfonsat Irlanda. El 1929, el crac financer americà, basat -com el d'ara- en una llarga especulació i superproducció que es va aturar bruscament en caiguda lliure quan alguns grans inversors van vendre participacions massivament, va portar a J. K. Galbraith (El Crack del 29, p. 137-138) a reconèixer que "certes persones molt atentes a l'evolució dels índexs haurien considerat convenient vendre, arrossegant a la resta amb la seva acció". I aquestes "certes" persones només podien ser, precisament, les que més capital posseïen, i que van multiplicar la seva expansió mundial després de la crisi, molt més forts i influents encara. Aquell mateix 1929 la Goldman Sachs Trading Corp havia llançat al mercat de bons quelcom proper a un primer "fons comú d'inversió"!

Alemania compra los “Papeles de Panamá”
Las autoridades de Alemania reconocieron este martes haber comprado los llamados "Papeles de Panamá”, documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016 y donde se revela una trama de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un bufete de abogados panameño, y que involucra a deportistas, empresarios, gobernantes y otras personalidades de todo el orbe. Los documentos contienen datos de más de 200 mil empresas opacas. La fiscalía buscará indicios de delitos y, en caso de hallarlos, los investigará por oficio.

Qatar desafía a Arabia Saudí y sus aliados
Las demandas de Arabia Saudí y sus aliados para poner fin a la crisis de Qatar no tienen que ver con el terrorismo y sólo buscan controlar la política exterior del emirato y poner fin a la libertad de expresión, acusó Doha, que ha enviado 10 puntos de respuesta a las 13 exigencias planteadas por Arabia Saudí y sus aliados para poner fin al bloqueo. “La lista es irrealista e inaceptable”, declaró el ministro qatarí de Relaciones Exteriores, Sheij Mohammed bin Abdelrrahman al Thani durante una conferencia de prensa en Doha en la víspera de una reunión crucial de sus adversarios para evaluar la respuesta que Qatar ha dado.

Qatar desafía a Arabia Saudí y sus aliados

Las demandas de Arabia Saudí y sus aliados para poner fin a la crisis de Qatar no tienen que ver con el terrorismo y sólo buscan controlar la política exterior del emirato y poner fin a la libertad de expresión, acusó Doha, que ha enviado 10 puntos de respuesta a las 13 exigencias planteadas por Arabia Saudí y sus aliados para poner fin al bloqueo. “La lista es irrealista e inaceptable”, declaró el ministro qatarí de Relaciones Exteriores, Sheij Mohammed bin Abdelrrahman al Thani durante una conferencia de prensa en Doha en la víspera de una reunión crucial de sus adversarios para evaluar la respuesta que Qatar ha dado.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto cortaron el pasado 5 de junio todas sus relaciones diplomáticas con Qatar, acusando a este país de “apoyar el terrorismo”, de respaldar a los Hermanos Musulmanes y a Hamas y de mantener estrechas relaciones con Irán. Ellos han impuesto igualmente sanciones económicas contra el emirato.

Para poner a este bloqueo diplomático y económico, ellos presentaron a Doha una lista de 13 demandas. Ellas incluyen, entre otras, la reducción de los vínculos con Irán y el cierre de una base militar turca y del canal de televisión Al Yazira, entre otras cosas. Qatar ha respondido a estas exigencias el lunes en un mensaje entregado a Kuwait, que ha jugado el papel de mediador para intentar poner fin a la crisis. El contenido de la respuesta ha sido desvelada por el canal de televisión libanés Al Mayadin. Ella comprende 10 puntos, que reenvía la pelota al campo saudí.

Doha dice que está dispuesta a reducir la representación diplomática con Teherán a condición de que todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, hagan otro tanto. Lo mismo para las relaciones económicas y, sobre todo, en relación a los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen unos extensos vínculos económicos y comerciales con Irán. El mismo principio de reciprocidad se exige en el tema del cierre la base turca. Qatar pide que, a cambio, todos los países del Golfo clausuren las bases extranjeras en su suelo. En lo que respecta al cierre de Al Yazira, Qatar reclama a cambio el cierre de la cadena saudí Al Arabiya y de la cadena emiratí Sky News, además de la MBC y varias cadenas egipcias.

Qatar rechaza también las acusaciones de apoyo al terrorismo, sin pruebas, y especialmente aquellas grupos que están en la lista de la ONU. Arabia Saudí y sus aliados se reunirán el miércoles en El Cairo para evaluar la respuesta de Doha a sus exigencias. “Estamos ante un momento histórico que no tiene nada que ver con la cuestión de la soberanía”, indicó el martes, el ministro de Exteriores emiratí, Anwar Gargash, en Twitter. “Qatar debe escoger entre preservar sus vínculos con sus vecinos o divorciarse”.

Arabia Saudí, Bahrein y EAU han pedido a los ciudadanos qataríes que abandonen su territorio. Arabia Saudí ha cerrado su frontera terrestre con Qatar, la única de que dispone el emirato, obligando a este último a volverse hacia Irán y Turquía para satisfacer sus necesidades de productos alimenticios que llegan ahora a Qatar a través de vía aérea y marítima. A pesar de las sanciones, Qatar, primer exportador mundial de gas natural licuado, anunció el martes que tenía intención de aumentar en un tercio sus exportaciones de gas, informa Al Manar.

RFA: Gabriel viaja al Golfo en plena crisis de Qatar
El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar Gabriel (SPD), visita desde hoy y durante tres días la región del Golfo, mientras expira un ultimátum impuesto por varios países a Qatar. Gabriel llegará el lunes a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Estos dos países se cuentan entre los cuatro que cortaron sus relaciones diplomáticas y cerraron sus fronteras con el pequeño emirato.

Sahra Wagenknecht (Die Linke): "Arabia Saudita juega un papel nefasto"
La principal candidata del partido alemán La Izquierda (Die Linke), Sahra Wagenknecht, critica fuertemente a los partidos gobernantes, la CDU de Merkel y el SPD de Gabriel. No a las misiones del ejército alemán en el extranjero, no a la exportación de armas, y un límite para la admisión de refugiados. La candidata que encabeza la lista del partido La Izquierda y líder del grupo parlamentario, Sahra Wagenknecht, expone las posiciones de su partido. Deja bien claro que con ella La Izquierda tiene un perfil marcado.

Las relaciones entre China y Rusia, "en el mejor momento de su historia"
El presidente de China, Xi Jinping, dijo hoy que las relaciones entre China y Rusia se encuentran en "el mejor momento de su historia" y expresó la esperanza de que el Grupo de las 20 economías más importantes (G20) siga apoyando el libre comercio multilateral y el liderazgo en el crecimiento impulsado por la innovación.

Alemania compra los “Papeles de Panamá”
Las autoridades de Alemania reconocieron este martes haber comprado los llamados "Papeles de Panamá”, documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016 y donde se revela una trama de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un bufete de abogados panameño, y que involucra a deportistas, empresarios, gobernantes y otras personalidades de todo el orbe.

Alberto Garzón y Pablo Iglesias: El precio de investigar

Alberto Garzón y Pablo Iglesias respaldan la denuncia de los concejales madrileños Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer del convenio del Open de Tenis: Cuando alguien encuentra indicios de corrupción, lo primero que debe hacer es investigar el caso. Eso es lo que hicieron los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Y lo que descubrieron fue para preocuparse: por un lado, la empresa Madrid Trophy Promotion -sociedad unipersonal vinculada a paraísos fiscales y representada por la persona más rica de Rumanía- había firmado en 2001 con la alcaldía madrileña de Álvarez del Manzano un contrato por 1,5 millones de dólares al año para que acogiera un torneo de tenis cuyos derechos de celebración no demostró tener en propiedad (a pesar, incluso, de que ayuntamientos de otras capitales europeas como Roma o París no pagan nada a ninguna empresa por los derechos de sede del mismo torneo). Los concejales del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, junto a la portavoz, Rita Maestre (en el centro, en la foto).

El convenio se fue desarrollando a lo largo de los años -a través de negocios jurídicos opacos y enrevesados- y encareció la factura del Ayuntamiento, primero hasta los cinco millones de euros anuales por celebrar un torneo de categoría femenina, y después hasta llegar a los más de 10 millones de euros anuales con la única contraprestación aparente de elaborar un spot publicitario de 20 segundos y permitir al Ayuntamiento participar en la entrega de premios del torneo. Este desequilibrado, gravoso, irregular y sospechoso convenio ata al Ayuntamiento hasta 2021, momento en el cual -si nada cambia- habrán salido de las arcas públicas cerca de 140 millones de euros. Una factura que está a años luz de cualquiera derivada de un torneo deportivo similar.

Ante estos claros indicios de corrupción y en ejercicio de su responsabilidad, los concejales de Ahora Madrid decidieron investigar.Tras finalizar la investigación, pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, lo que provocó que el Partido Popular contraatacara interponiendo una querella a los concejales. A pesar de que en la querella del PP se denuncia la contratación de un despacho de abogados externo, está dirigida únicamente a las tres personas que presentaron los hechos en Fiscalía y no a todos los responsables de la citada contratación. Un evidente indicio de que se trata de un movimiento de venganza contra los denunciantes y no un intento de hacer justicia.

El contenido de la querella no se sostiene: el informe fue encargado a un bufete externo porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento no tienen competencias para posicionarse al respecto, y el procedimiento de contratación fue tan legal y escrupuloso como en los nueve casos anteriores idénticos que el PP no denunció. El juzgado que recibió la querella ni siquiera ha emitido valoración alguna sobre los hechos y simplemente se ha limitado a convocar a los querellados para que tengan oportunidad de exponer su versión. Este tipo de querellas suelen admitirse a trámite casi de forma automática y no suponen que el juez correspondiente haya detectado indicios de delito.

No parece razonable, por lo tanto, que la querella a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato -que ni siquiera ha derivado en auto formal de acusación- se ponga al mismo nivel político y mediático (cuando no por encima) que el silencio del preso y extesorero del PP Luis Bárcenas a su paso por el Congreso de los Diputados; el expolio de más 60.000 millones de euros de dinero público derivado del rescate a la banca; la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro a los ricos; o cualquier otro escándalo perpetrado por los de siempre y en beneficio de los de siempre.

Esta práctica tiene dos consecuencias perversas: se desvía el foco del evidente escándalo en torno a la celebración del torneo Mutua Open -que es lo que precisamente denunciaron los querellados y lo que verdaderamente supone un grave perjuicio a lo público- y se espolea la falsa idea de que todos los políticos son iguales (de corruptos). Pero no es sólo que Carlos y Celia no sean como aquellos que utilizan lo público en beneficio privado, sino que son precisamente lo contrario: ellos están denunciados por haber dedicado tiempo y esfuerzo a perseguir la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuando uno se aproxima a los hechos con toda la información disponible -y no sólo con la sesgada e interesada difundida por el PP- llega a la conclusión evidente de que todo esto es una maliciosa artimaña para atacar a los concejales y desviar el foco de atención de lo verdaderamente importante. El objetivo del PP no es que se haga justicia, sino desgastar y atacar a quienes están destapando numerosos escándalos de corrupción de la época de Gallardón y Botella y que están demostrando que se pueden aplicar políticas de forma honesta y en beneficio de la mayoría social.

El comportamiento de los concejales de Ahora Madrid ha sido ejemplar: han perseguido la corrupción y lo han hecho en todo momento conforme a derecho. Pero cuando pones en riesgo los privilegios de los poderosos te arriesgas a estar en el centro de la diana de un sistema que hará todo lo posible por mantener el statu quo.Alberto Garzón es coordinador federal de Izquierda Unida y Pablo Iglesias es secretario general de Podemos.
Fuente: El Mundo.

Dos concejales de Madrid imputados por el Open de Tenis
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido citados a declarar como investigados en un juzgado tras la querella presentada por el PP por su supuesta malversación de fondos, al encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis. Según consta en el escrito del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, ambos ediles tendrán que declarar como "querellados" (es decir investigados pero solo a petición de la parte, no de la Fiscalía) el próximo 18 de septiembre, al igual que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela.

Alemania compra los “Papeles de Panamá”
Las autoridades de Alemania reconocieron este martes haber comprado los llamados "Papeles de Panamá”, documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016 y donde se revela una trama de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un bufete de abogados panameño, y que involucra a deportistas, empresarios, gobernantes y otras personalidades de todo el orbe. Los documentos contienen datos de más de 200 mil empresas opacas. La fiscalía buscará indicios de delitos y, en caso de hallarlos, los investigará por oficio.

Los cómplices de Gallardón boicotean la investigación sobre Madrid Calle 30
Este martes se celebra la segunda sesión de la Comisión de investigación de Madrid Calle 30 que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid gracias a los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. La jornada de hoy analizará el desarrollo societario y los reequilibrios económicos. Eso sí, lo hará con ausencias notables. Como ocurriera en la primera sesión de la Comisión, hace ya varias semanas, los cómplices más próximos e influyentes del fascista Alberto Ruíz Gallardón (PP), no participarán en la sesión.

Alemania compra los “Papeles de Panamá”

Las autoridades de Alemania reconocieron este martes haber comprado los llamados "Papeles de Panamá”, documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016 y donde se revela una trama de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un bufete de abogados panameño, y que involucra a deportistas, empresarios, gobernantes y otras personalidades de todo el orbe. Los documentos contienen datos de más de 200 mil empresas opacas. La fiscalía buscará indicios de delitos y, en caso de hallarlos, los investigará por oficio. Foto: algunos españoles con capital en Panamá.

Los datos, que contienen información de más de 200 mil empresas opacas, están ahora a disposición de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA), que coordinará las investigaciones y, en caso de hallar comportamientos ilícitos, dejará en manos de la fiscalía de Frankfurt la apertura de sumarios. De acuerdo con la agencia dpa, el costo de la compra ascendió a los 5 millones de euros, que salieron del fisco del estado federado de Hesse.

La BKA reconoció "estar en posesión de los datos que son conocidos públicamente como ‘Papeles de Panamá'”, según la revista Der Spiegel. "Estos datos será analizados junto a la Oficina de Finanzas de Hesse y evaluados para perseguir delitos penales y fiscales”, declararon las fuentes al prestigioso semanario alemán. Se estima que el trabajo tomará varios meses, para lo cual la BKA ha montado toda una organización de análisis de datos para cazar a evasores de impuestos.

A comienzos de 2016, un grupo de medios de comunicación encabezados por el diario alemán Süddeutsche Zeitung revelaron la existencia de esta trama de evasión tributaria. Las publicaciones, basadas en filtraciones de documentos a los que habían tenido acceso los medios, desataron investigaciones en decenas de países, y un debate sobre paraísos fiscales y lavado de dinero.

Salpicados por el escándalo dimitieron, entre otros, el entonces presidente de Islandia, Geir H. Haarde, y el entonces ministro español de Industria y Turismo, José Manuel Soria. También se vieron presionados el entonces premier de Reino Unido, David Cameron, por una empresa de papel de su padre que figuraba en los documentos, así como el futbolista Lionel Messi, el premier pakistaní Nawaz Sharif, el director de cine Pedro Almodóvar, entre otras personas de renombre, informan DZC, DPA, EFE, Der Spiegel, Bild.

Vicenç Navarro: Los papeles de Panamá no se están distribuyendo enteramente. ¿Por qué?
Aunque usted, lector, no lo haya leído en la prensa escrita en papel en España (me estoy refiriendo a los grandes rotativos del país), hay una crítica bastante generalizada en los países de Norteamérica y del norte de Europa hacia el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).

Los ladrones 'nazionales' de Panamá aprovecharon en masa la 'amnistía masiva' del PP
La investigación penal sobre los papeles de Panamá está dando los primeros pasos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha descubierto que gran parte de los clientes españoles del despacho Mossack Fonseca aprovechó la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el ministro de Hacienda del gobierno corrupto y fascista de Rajoy, Cristóbal Montoro, para legalizar su situación y repatriar sus fortunas. El movimiento dificultará que esos contribuyentes puedan ser acusados de delito contra la Hacienda Pública, aunque no impedirá que se les persiga por blanqueo de capitales si los fondos regularizados procedían de delitos de corrupción y del crimen organizado.

Documentos de Panamá: El Consejo Europeo pone palos en las ruedas de la Comisión de Investigación
Patrick Le Hyaric: Apenas comenzado, el trabajo de la comisión especial de investigación sobre la evasión de impuestos de los conocidos "Documentos de Panamá" ya están siendo amenazados por el ejecutivo europeo. Hasta ahora, era generalmente la Comisión la que se demoraba cuando nos tenía que proporcionar documentos confidenciales.

Palma: deniegan el 'plus político' a 25 fascistas del PP
La jueza de lo contencioso-administrativo 1 de Palma ha desestimado el recurso de 25 ex altos cargos del PP en la Administración Autonómica contra la supresión, adoptada por el Govern del Pacto de izquierdas en los Presupuestos del 2016, del llamado Nivel 33, un plus que algunos funcionarios venían cobrando desde hace años precisamente por haber ocupado puestos de designación política.

UP aboga por legalizar el uso integral de la marihuana

Unidos Podemos intensificará a partir de septiembre su ofensiva para establecer un marco regulatorio sobre el uso del cannabis, abriendo el debate tanto en las instituciones autonómicas como en el Congreso. La formación ya ha presentado en varios parlamentos autonómicos propuestas encaminadas a regular su uso terapéutico, la última en La Rioja, pero el objetivo del grupo confederal en el Congreso va más allá, apostando por una regulación integral, que incluya también la despenalización del consumo recreativo. En el próximo periodo de sesiones se discutirá una ponencia de estudio presentada por Unidos Podemos, con la que buscan establecer las bases para una legislación, con el mayor consenso posible, que se miraría en las normas que se están desarrollando en países como Canadá o Portugal, u otros en donde ya se ha implantado como Uruguay, Holanda o diferentes estados de EEUU. Foto: El diputado de Podemos en Andalucía Juan Ignacio Moreno Yagüe porta una maceta de cannabis antes de defender su uso terapéutico.

El representante de Unidos Podemos en la mesa de la comisión mixta para el estudio del problema de las drogas y vicepresidente de la misma, Miguel Vila, apunta a un “contexto favorable” para sacar adelante una ambiciosa normativa, tanto por el impulso internacional como por los gestos de otras formaciones, recordando que todo el arco parlamentario tuvo representación en un acto sobre regulación del cannabis celebrado el pasado 28 de mayo en la Puerta del Sol. En el Parlamento cántabro incluso se realizó una propuesta conjunta de todos los partidos políticos (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) instando al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos, sumándose así a los pasos ya dados en País Vasco y Navarra.

El representante de Unidos Podemos en la mesa para el estudio del problema de las drogas, Miguel Vila.
El camino para los hipotéticos cambios legislativos en esta materia no será corto, además de que entre los cuatro grandes partidos solo Unidos Podemos apuesta a día de hoy por la regulación integral. Dependiendo de cómo avanzan los trabajos en la comisión mixta, una vez se cierre la ponencia sobre la prevención del alcohol en menores, en la que se ha centrado durante los últimos meses, la propuesta legislativa podrá superar o no los distintos trámites antes de que acabe la presente legislatura. De lo que no hay duda es de que el debate saltará de forma intermitente durante lo que queda de legislatura.

La formación liderada por Albert Rivera ya registró el pasado mes de febrero una PNL (propuesta no de ley) en el Congreso para regular el uso medicinal de esta sustancia, mientras que ERC, junto a Unidos Podemos, ha ido más allá planteando la despenalización del uso recreativo. Por su parte, desde el grupo confederal barajan seguir registrando otras iniciativas parlamentarias durante los próximos meses, de forma paralela a la ponencia de estudio, relacionadas con este tema, además de estar tramitada una ILP (iniciativa legislativa popular) con el mismo fin.

Entre las prioridades de la formación morada, en el corto plazo aunque siempre mirando a “un marco legislativo integral”, se encuentran los denominados clubes sociales cannábicos, sobre los que preparan propuestas. Vila apunta la necesidad de “ofrecerles garantías legales” porque ahora “están al albur de la Fiscalía, pudiendo ser juzgados por delitos de asociación ilícita y hasta por tráfico de drogas”. En este sentido, el Parlamento vasco ya instó en 2016 tanto a las Cortes como al Gobierno y a la administración de la Justicia “a efectuar avances sólidos, tanto en una regulación como en una interpretación jurídica consistentes, que permitan progresar de un modo decidido, al igual que otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud”.

Los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios sobre el marco regulatorio podrán medirse incluso antes de que se inicie el debate sobre la propuesta de Unidos Podemos. A mediados de julio, los diputados que representan a los cuatro principales grupos parlamentarios en la comisión mixta cerrarán un curso de verano de la Universidad de Málaga monográfico sobre este tipo de políticas participando en una mesa redonda titulada 'La necesidad en España de un nuevo modelo de regulación del cannabis y su consumo'.

Entre las ideas fuerza con las que Unidos Podemos argumentará su defensa de la despenalización integral, destaca el impulso económico y de modelo productivo. El diputado Miguel Vila señala en este sentido su “importante potencial económico”, basándose en la generación de empleo, el aumento de ingresos vía impuestos y la revitalización del medio rural que conllevarían estas medidas.

Tomando como ejemplo los resultados de otros países y estados norteamericanos donde se ha regulado su uso, desde el grupo confederal defienden que un enfoque integral afectaría a desde la reducción de la criminalidad hasta el impulso económico. Asimismo se apoyan en varias encuestas para defender que la mayoría de la población española es partidaria de permitir la venta controlada y el consumo privado de esta sustancia. Entre ellas, una investigación llevada a cabo por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y financiada por el Plan Nacional sobre Drogas del año 2014 en la que se aseguraba que el 52% sería partidario de la despenalización.

El contexto internacional avanza en el camino de la regulación, al igual que la realidad social del país, según sostenía Unidos Podemos en su propuesta para la comisión mixta. “Sin embargo, en España y durante los últimos años, se ha ido en una dirección contraria, existiendo en la actualidad una situación compleja y de inseguridad jurídica en lo referente al uso del cannabis”, lamentan, defendiendo una iniciativa basada en la idea de que “el fenómeno del consumo de cannabis requiere de una profunda reflexión que pueda contar con todos los actores implicados”, informa El confidencial.

Catalunya aprueba el consumo lúdico de cannabis
El Parlament ha aprobado hoy una ley fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regula las asociaciones de consumidores de cannabis, así como el cultivo y el transporte de marihuana por parte de estos clubes, tras un debate en la cámara sobre su encaje constitucional. Todos los grupos de la cámara catalana han votado a favor, excepto el PPC, que se ha opuesto, y el diputado no adscrito Germà Gordó (exPDeCAT), que se ha abstenido, por lo que ha sido aprobada la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis.

Palma: deniegan el 'plus político' a 25 fascistas del PP
La jueza de lo contencioso-administrativo 1 de Palma ha desestimado el recurso de 25 ex altos cargos del PP en la Administración Autonómica contra la supresión, adoptada por el Govern del Pacto de izquierdas en los Presupuestos del 2016, del llamado Nivel 33, un plus que algunos funcionarios venían cobrando desde hace años precisamente por haber ocupado puestos de designación política.

Seis gamberras controlan un centro de menores de Girona
Un grupo de seis chicas adolescentes del centro de acogida de menores de La Misericòrdia, a las afueras de la ciudad de Girona, ha tomado el control de la parte del recinto que depende de la dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). La otra mitad "la gestiona la fundación Resilis”, que forma parte del entramado de empresas de Plataforma Educativa, entidad en la cual el responsable de DGAIA, Ricard Calvo, “ha tenido cargos de responsabilidad”, según ha explicado la Confederació General del Treball (CGT).

Palma: deniegan el 'plus político' a 25 fascistas del PP

La jueza de lo contencioso-administrativo 1 de Palma ha desestimado el recurso de 25 ex altos cargos del PP en la Administración Autonómica contra la supresión, adoptada por el Govern del Pacto de izquierdas en los Presupuestos del 2016, del llamado Nivel 33, un plus que algunos funcionarios venían cobrando desde hace años precisamente por haber ocupado puestos de designación política. Entre los recurrentes se encuentran José Antonio Berastain, que fue conseller en Governs de Gabriel Cañellas, Carlos Simarro, exalcalde de Sóller, Dulce Linares Ascó, exjefa de gabinete con el president Jaume Matas, y Joan Pol, exdirector general de Emergencias también con el gobiernop corrupto del fascista Matas. Foto: Carlos Simarro, José Antonio Berastain y Dulce Linares.

Los demandantes pidieron que se anulara la orden del Govern que suprimió el Nivel 33 y que supuso una merma de sus nóminas desde enero del año pasado. La sentencia, que a finales de mayo estuvo precedida de otros dos fallos similares, puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

El recurso, entre otros argumentos, postulaba que el Govern había vulnerado normativas de la Unión Europea al eliminar ese plus y que la medida era contraria a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. La magistrada Sonia Martín desestima esa alegación al entender que los demandantes no han concretado qué norma concreta del Derecho Comunitario podría haber sido lesionada.

Las dos sentencias anteriores, dictadas por el juez Pedro Antonio Mas, que fue síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Balears, desestimaron el recurso de otros 13 exaltos cargos. El Nivel 33 estaba regulado en las islas por la Ley 3/2007 de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Balears y fue suprimido mediante la Ley 12/2015 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Dos de las demandas rechazadas pedían la nulidad de la supresión del plus y, alternativamente, que los jueces planteasen ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión de prejudicialidad o ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. Las sentencias han denegado plantear esa consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Abogacía del Govern se opuso a una de las demandas argumentado que los exaltos cargos habían dejado de percibir en sus nóminas el plus en cumplimiento de una ley.

Según la Administración Autonómica, "no se han vulnerado derechos adquiridos (de los funcionarios) ni se ha infringido el principio de confianza legítima, puesto que esa retribución (el Nivel 33) –de configuración legal– puede verse alterada por el legislador". El Govern argumentó que había quitado ese complemento retributivo "más que por razones de orden económico" por "ideas de equidad, proporcionalidad y solidaridad, al eliminar una situación de privilegio, lo que había sido reclamado, desde hacía tiempo, por fuerzas políticas y sindicales".

Los demandantes alegaron que la supresión del Nivel 33, "sin contemplar medidas transitorias y compensatorias (para los afectados), vulnera el Derecho comunitario desde el momento en que se desconocen derechos adquiridos y se frustran expectativas legítimas, sin que exista interés general preponderante que lo justifique". Sin embargo, el magistrado sentenció que "no cabe considerar que el complemento conocido como Nivel 33 se halle amparado por una situación de derecho adquirido, inalterable pro futuro, sino que puede ser objeto de regulación específica por el legislador estatal y autonómico, manteniéndolo, modificándolo o suprimiéndolo".

Otro de los argumentos desestimados era que la ley de Presupuestos de 2016 del Govern del Pacto contravenía "el principio de confianza legítima, al afectar expectativas legítimas de quienes venían percibiendo ese complemento", una situación que vulneraba el derecho de la Unión Europea, conllevando la inaplicación de la citada norma presupuestaria. La sentencia rechazó esa tesis porque no es aplicable a la relación funcionarial y sí a las relaciones económicas en el ámbito de la Unión Europea. El juez, por otro lado, recordó que no es competente para formular esa cuestión prejudicial. La jueza Sonia Martín entiende que no puede consultar al Tribunal Europeo porque no se ha citado la norma concreta que se habría vulnerado, informa diario de Mallorca.

El juez imputa cinco delitos a los familiares de Álvaro Gijón
Hasta a cinco delitos se enfrentan los familiares del diputado del PP ahora en el Grupo Mixto, Álvaro Gijón, que fueron detenidos la semana pasada acusados de ayudar al político a blanquear las comisiones que supuestamente habría recibido a cambio del amaño del concurso de la ORA. Tanto a los padres como a su hermano Teo Gijón se les imputan los delitos de blanqueo, prevaricación, fraude a la administración, cohecho y malversación.

Lo que consellers y cargos del Govern arriesgan con el 1-O
Cuando el cesado conseller Baiget expresaba su temor a que desde los poderes del Estado pudieran emprender acciones contra su patrimonio personal y familiar por llevar a cabo el referéndum del 1-O, el ya exdirigente ponía el precedente sobre el 9N. En concreto, mostraba temor a una represalia como la que Fiscalía ha emprendido, instando al Tribunal de Cuentas a que investigue a Artur Mas y a los exconsellers Ortega, Rigau y Homs, para que afronten con su propio dinero los 5 millones de euros públicos que costó el proceso participativo de 2014.

Seis gamberras controlan un centro de menores de Girona
Un grupo de seis chicas adolescentes del centro de acogida de menores de La Misericòrdia, a las afueras de la ciudad de Girona, ha tomado el control de la parte del recinto que depende de la dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). La otra mitad "la gestiona la fundación Resilis”, que forma parte del entramado de empresas de Plataforma Educativa, entidad en la cual el responsable de DGAIA, Ricard Calvo, “ha tenido cargos de responsabilidad”, según ha explicado la Confederació General del Treball (CGT).

Seis gamberras controlan un centro de menores de Girona

Un grupo de seis chicas adolescentes del centro de acogida de menores de La Misericòrdia, a las afueras de la ciudad de Girona, ha tomado el control de la parte del recinto que depende de la dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). La otra mitad "la gestiona la fundación Resilis”, que forma parte del entramado de empresas de Plataforma Educativa, entidad en la cual el responsable de DGAIA, Ricard Calvo, “ha tenido cargos de responsabilidad”, según ha explicado la Confederació General del Treball (CGT). La dimensión de este macrocentro ha sido cuestionada por el Síndic de Greuges y también ha sido motivo de dos mociones en el Ayuntamiento de Girona. El Síndic ha denunciado además numerosas irregularidades.

Los educadores del centro situado en Puig d’En Roca, en Girona, un espacio aislado a un cuarto de hora de distancia de una zona poblada, denuncian que las menores, de entre 12 y 18 años y algunas de ellas con problemas de conducta, han creado una situación “casi de motín”. La falta de recursos materiales y humanos y la sobresaturación ha sido el detonante que ha desencadenado que las menores se adueñen de la parte pública de la instalación, según estos profesionales.

La situación ha llegado a tal límite que el 70% de los trabajadores que se encarga de estas adolescentes está de baja. Por ello, el Sector Social de la CGT denuncia que “estos centros de protección saturados y conflictivos reproducen los mismos factores” que la Generalitat “argumenta” para retirar la tutela de los menores a sus familias. Afers Socials ha asegurado que "precisamente este martes se ha puesto en funcionamiento un nuevo módulo y se ha aumentado el equipo educativo", entre otras medidas. También ha destacado que desde la DGAIA "se ha hecho una actuación contundente para mejorar el centro". Con estas medias "La Misericordia podrá desarrollar su acción educativa".

Los Mossos d’Esquadra visitan casi una vez por semana las instalaciones para calmar los ánimos, incluso a finales de mayo tuvieron que acudir dos veces en la misma noche. Los conflictos se han sucedido sin descanso, uno tras otro, en los últimos días. A finales del mes pasado, el grupo de adolescentes “rodeó y agredió al guardia de seguridad y dos días más tarde cercaron a una educadora”, según fuentes del centro.

Ha habido dos conatos de incendio en el mismo día. “Hace unos 10 días, una chica enchufó el microondas a la máxima temperatura con un plato de plástico dentro y cuando la situación volvió a la normalidad comenzó un incendio en una habitación. Desalojamos el recinto, pero uno de los pequeños quedó dentro y tuvimos que volver a buscarlo”, señalan los trabajadores. El grupo de adolescentes desactivó el sistema de puertas imantadas que comunican los diferentes espacios “con lo que las menores se pasean a sus anchas por todo el recinto”, añaden.

Las fugas también son constantes en el grupo de mayores y en una ocasión se escaparon 11 de las 13 chicas que forman el grupo. “Lo malo es que los más pequeños imitan el comportamiento de las mayores y a dos de 11 años los hemos encontrado en la estación de Figueres (a unos 40 kilómetros del centro de acogida)”, afirman fuentes de la plantilla.

No solo los Mossos acuden a las llamadas de auxilio del centro, también la Guardia Urbana han tenido que ir para bajar chavales del tejado del edificio que tiene cuatro pisos de altura, explican los educadores. La CGT también ha denunciado que algunos menores han estado "sin escolarizar durante más de dos meses". Precisamente, el absentimos escolar es una de los argumentos que esgrime la Administración para justificar la retirada de los menores a las familias.

Los trabajadores también han denunciado la situado crítica que vive el centro y sus condiciones laborales. El Síndic ha recomendado que los educadores reciban un curso de formación para atender a los menores con problemas de salud mental. "Pero lo único que nos han ofrecido ha sido un curso obligatorio de defensa personal", concluyen, informa El Periódico.

Clamor contra la deficiente gestión privada de los centros de menores
Sindicatos y diputados del Parlament de Catalunya claman contra el funcionamiento de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El sindicato UGT ha dado este miércoles un severo rapapolvo a la DGAIA, que depende de la Conselleria d'Afers Socials, “por la mala gestión de entidades y fundaciones puramente mercantilistas”. Del centenar de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de Catalunya, solo el 10% son públicos, el resto son privados o de gestión delegada (el edificio es de la Administración). Estas críticas se suman a las de la Confederació General del Treball contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por "adjudicar y favorecer" a la fundación Plataforma Educativa, "en la que había tenido cargos", con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros en los próximos ocho años.

El escándalo de los centros de menores tutelados por la Generalitat
Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos. Solo entre enero y septiembre del año pasado la DGAIA retiró a 652 menores de sus familias, y el total de niños en desamparo en Catalunya asciende a 6.500.

Lo que consellers y cargos del Govern arriesgan con el 1-O
Cuando el cesado conseller Baiget expresaba su temor a que desde los poderes del Estado pudieran emprender acciones contra su patrimonio personal y familiar por llevar a cabo el referéndum del 1-O, el ya exdirigente ponía el precedente sobre el 9N. En concreto, mostraba temor a una represalia como la que Fiscalía ha emprendido, instando al Tribunal de Cuentas a que investigue a Artur Mas y a los exconsellers Ortega, Rigau y Homs, para que afronten con su propio dinero los 5 millones de euros públicos que costó el proceso participativo de 2014. Pese a los temores de Baiget, hay excompañeros de gobierno con más recursos que él en caso de reeditarse la denuncia con el 1-O.

Lo que consellers y cargos del Govern arriesgan con el 1-O

Cuando el cesado conseller Baiget expresaba su temor a que desde los poderes del Estado pudieran emprender acciones contra su patrimonio personal y familiar por llevar a cabo el referéndum del 1-O, el ya exdirigente ponía el precedente sobre el 9N. En concreto, mostraba temor a una represalia como la que Fiscalía ha emprendido, instando al Tribunal de Cuentas a que investigue a Artur Mas y a los exconsellers Ortega, Rigau y Homs, para que afronten con su propio dinero los 5 millones de euros públicos que costó el proceso participativo de 2014. Pese a los temores de Baiget, hay excompañeros de gobierno con más recursos que él en caso de reeditarse la denuncia con el 1-O.

Baiget prefería ir a la cárcel o ser inhabilitado antes que comprometer la estabilidad económica de su familia, algo que otros consellers sí arriesgarán si siguen adelante con el 1-O y las acciones judiciales que se deriven van en la línea del 9N. Pero entre los miembros del Consell Executiu y los altos cargos del Govern, Baiget no figuraba como el responsable gubernamental con mayores recursos, según la declaración de bienes e inmuebles del Ejecutivo catalán.

Hombre próximo al expresident Mas, el ya exconseller sabía de lo que hablaba cuando se refería a los peligros para el patrimonio personal de seguir con el 1-O y de ahí su ataque de sinceridad, aunque sólo declara un activo total de 228.255 euros, de los cuales un total de 99.542 corresponden a bienes inmuebles, mientras que 128.713 euros son el valor total de otros bienes.

Así, Baiget no es ni de lejos de los consellers con más patrimonio personal declarado según reza en la documentación del portal de transparencia que recoge las declaraciones de bienes de altos cargos al inicio de la legislatura del Ejecutivo de Puigdemont. Según esa información, el conseller con más activos es el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al contar con 919.735,39 euros y sólo un pasivo de 13.200 euros. Del total de activos del dirigente, casi 830.200 son en bienes inmuebles. Le sigue el responsable de Interior, Jordi Jané, con unos activos de 835.039,16 euros y un pasivo de casi 85.000 euros, y en su caso, los bienes inmuebles corresponden a 526.661 euros.

Baiget figura como el séptimo conseller con mayores activos, por detrás también del vicepresidente Oriol Junqueras; el conseller de Exteriors, Raül Romeva y el president Puigdemont. En el caso del jefe del Ejecutivo, dispone de unos activos de 294.000 euros, pero un pasivo de 126.286 euros, mientras que Junqueras no tiene deuda alguna y dispone de un patrimonio de 393.784,55 euros, muy cerca de los 304.324 euros de Romeva, la mayoría invertidos en bienes inmuebles.

A Baiget le siguen Meritxell Ruiz, que roza los 200.000 euros; Santi Vila, que tiene un pasivo mayor (196.368 euros) que sus activos (147.230 euros), Neus Munté (128.046 euros de patrimonio), Carles Mundó (también con pasivo superior a sus activos), Meritxell Serret (con un pasivo que dobla sus activos), y Toni Comín (con sólo un patrimonio de 44.000 euros).

Entre la larga lista de altos cargos del Ejecutivo catalán los hay con mucho más patrimonio. Destacan los multimillonarios activos del director gerente del Banc de Sang i Teixits, Enric Angelagués, que declara 2.930.511 euros, “la mayor parte herencias o legados”, sin un solo euro en deudas y bienes inmuebles que rozan los dos millones. También destaca el patrimonio del director general de Transport i Mobilitat, Pere Padrosa, que declara 2.429.472 euros y ni un solo euro en deudas pendientes ni inversiones inmobiliarias.

Por encima de los dos millones también figura el patrimonio del consejero delegado del Institut Català de Finances, Josep Ramón Sanromà (2.355.108 euros), que adicionalmente dispone de un plan de jubilación al que accederá en su momento. En todo caso, esta declaración correspondiente a 2016 no tiene porque corresponder con la situación financiera de cada uno en su ámbito familiar.

También hay que tener en cuenta que el proceso contra Mas, Homs, Ortega y Rigau aún está muy verde y está por verse si finalmente la investigación del Tribunal de Cuentas prospera en denuncia judicial, en el caso de condena por malversación contable. Si así fuera, el primero en tener que afrontar con su patrimonio el pago del dinero supuestamente malversado con la celebración del 9N sería el expresident. La cantidad a reclamar también estaría por concretarse, aunque la Fiscalía se ha adherido a la reclamación que en esta materia han definido las asociaciones denunciantes: Societat Civil Catalana, Associació Cívica y Cultural, y Abogados Catalanes por la Constitución. En total, lo cifran en 5.129.834 euros.

Las posibilidades de que prospere una denuncia dependen de la investigación del Tribunal de Cuentas, pero el ministerio público considera que hay margen para que prospere una demanda por malversación a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la rechazara en la causa del 9N contra el expresident y las exconselleras. La Fiscalía se ampara en el hecho de que la ley del Tribunal de Cuentas establece como malversación contable cuando los cargos públicos sustraen o hacen un mal uso del dinero público. Además, recuerdan que la ley de finanzas públicas de Catalunya establece que quien cometa un acto de malversación deberá indemnizar a la institución de la Generalitat por ello, informa La Vanguardia.

Puigdemont cesa al conseller que dudó del referéndum
Primera crisis del Govern de Carles Puigdemont a 24 horas de presentar los detalles del referéndum. El president de la Generalitat ha cesado al conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, después de que este haya admitido este lunes que "probablemente" el ejecutivo no podrá organizar el referéndum sobre la independencia de Catalunya anunciado para el 1 de octubre. A Baiget le sustituirá el conseller de Cultura, Santi Vila, hasta encontrar otro titular para el departamento.

BCN: Roban decenas de cartuchos de nitroglicerina
No solo en la base militar de Tancos (Portugal) se produjo el pasado fin de semana un robo de armas y explosivos. También en Barcelona, donde unos ladrones se apoderaron de una furgoneta repleta de cartuchos de gas de nitroglicerina. La sustancia se encontraba en una furgoneta de la empresa estadounidense Fike Solutions, que se dedica, entre otras cosas, a efectuar explosiones controladas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, omitió informar sobre ello este lunes.

El nuevo inquisidor vaticano ocultó un caso de pederastia
El nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe –el ex Santo Oficio o Inquisición–, el arzobispo Luis Ladaria Ferrer, mallorquín y jesuita como Bergoglio, ordenó no dar publicidad al caso de un cura pederasta italiano, Gianni Trotta, que, en el 2012, fue obligado a dejar el ejercicio del sacerdocio y que luego continuó abusando de menores, como entrenador de fútbol, y acabó condenado a ocho años de cárcel por la justicia civil. Este caso fue recordado ayer en portada por el diario La Repubblica, que ya en febrero pasado, junto al semanario L’Espresso, denunció esta his­toria.