dissabte, 15 de juliol de 2017

Grecia acusa a la ONU por el fracaso de las conversaciones

El Ministerio griego de Exteriores culpó este viernes al enviado especial del secretario general de la ONU para Chipre, Espen Barth Eide, de contribuir al fracaso de las negociaciones para la reunificación de la isla en la localidad suiza Crans-Montana por no haberse preparado lo suficiente. Los asuntos relativos a la seguridad y las garantías "fueron debatidos por primera vez en Suiza, sin reuniones preparatorias", dijo a los medios extranjeros una fuente del departamento. Añadió que en Crans-Montana "se perdió mucho tiempo en debatir cuestiones de procedimiento, y el tema crucial de las garantías y de la seguridad en Chipre se trató tan solo unas horas".

La falta de negociación previa sobre este asunto "da la razón a Grecia, que desde hace dos años insistía en la necesidad de debatirlo", señaló la fuente de Exteriores, en una crítica velada a greco y turcochipriotas, que decidieron dejar este tema para el final de la negociación. Por otra parte, la fuente expresó su satisfacción por el hecho de que "por primera vez hubo un debate sobre la necesidad de poner fin al sistema anacrónico de las fuerzas garantes (Grecia, Turquía y el Reino Unido)", según tratados de 1960. También se mostró satisfecho porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, compartió el punto de vista griego de que "Chipre debe transformarse en un Estado normal", es decir, sin esas fuerzas garantes.

"Ahora se inicia un periodo de reflexión, cada parte debe pensar en lo que se ha hecho mal", destacó la fuente diplomática, que manifestó su deseo de que "el fracaso de las negociaciones sobre la reunificación de Chipre no afecte al buen modus vivendi en las relaciones grecoturcas". Respecto a la nueva fase de exploraciones de hidrocarburos que Chipre realiza en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) pese las amenazas de Turquía, resaltó que, "en base a la legalidad vigente, Chipre tiene derecho de explotación de los recursos en su ZEE" y subrayó que "Grecia apoya a Chipre", informa DW.

Grecia se libra del déficit antes que España
La Comisión Europea ha recomendado sacar a Grecia del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra desde 2009. Bruselas reconoce los “esfuerzos sustanciales de los últimos años” para consolidar sus cuentas públicas así como sus progresos en la implantación de los mecanismos de estabilidad. Si finalmente el Consejo de la UE sigue la recomendación de la Comisión, como se espera, solo se mantendrán bajo la vigilancia europea España, Francia y Reino Unido. Durante la crisis económica un total de 24 países fueron incluidos en este pacto de estabilidad.

Oriol Pujol acepta una condena de 2'5 años por corrupción
Oriol Pujol ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel por caso ITV y la deslocalización de las empresas Sharp y Yamaha. La pena aceptada por tráfico de influencias y cohecho es fruto del acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, lo que no implica que no se celebre juicio, ya que dos de los acusados no han llegado a ninguna conformidad. El pacto al que ha llegado Pujol presupone una rebaja sustancial de la pena también para su esposa Ana Vidal, que acepta 5 meses de condena sustituibles por multa.

Rajoy acumula un agujero financiero de 240.000 millones
Las políticas austericidas del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos recortes del Estado del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria una cara B que augura futuros sufrimientos para ciudadanos y contribuyentes: un elevado nivel de endeudamiento, de rango billonario por primera vez en la historia de las cuentas de la Administración central tras aumentar 169.000 millones en apenas cuatro años; un creciente descuadre de las cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o dicho desacertado”).

Oriol Pujol acepta una condena de 2'5 años por corrupción

Oriol Pujol ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel por caso ITV y la deslocalización de las empresas Sharp y Yamaha. La pena aceptada por tráfico de influencias y cohecho es fruto del acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, lo que no implica que no se celebre juicio, ya que dos de los acusados no han llegado a ninguna conformidad. El pacto al que ha llegado Pujol presupone una rebaja sustancial de la pena también para su esposa Ana Vidal, que acepta 5 meses de condena sustituibles por multa.

Dos acusados, Ricard Puignou y Segi Pastor, han llegado a un acuerdo y aceptarían unas condenas que no suponen cárcel. En cambio, otros dos, Josep Tous y Sergi Alsina, han rechazado cualquier acuerdo, en comparecencia ante el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. El caso se instruye por la ley del jurado y ahora debe ser el presidente de este tribunal quien decida si acepta el pacto parcial o no, en cuyo caso se tendría que celebrar el juicio. Además, el acuerdo fija decomiso de 311.838 euros para Oriol Pujol, informa La Vanguardia.

Caso de las ITV: La Fiscalía ofrece a Oriol Pujol una pena de 2'5 años
De una petición de 5 años de cárcel a otra de 2 años y medio es la rebaja de pena planteada por la Fiscalía a Oriol Pujol en la negociación del caso de las ITV. Si el ex-dirigente de Convergència e hijo del ex-presidente Jordi Pujol quiere obtener esta rebaja, tendrá que confesar su culpabilidad en este asunto de corrupción heredado de Narcís Serra y sus negocios con David Rubinstein.

La Udef ratifica el vínculo de López del Hierro con el 'caso Pujol'
La Policía Judicial se reafirma ante el juez José de la Mata en todos los informes realizados en el marco del caso Pujol en los que incluía a Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y se niega a realizar rectificación alguna. El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que sostiene que las «atribuciones» realizadas a López del Hierro «se encuentran debidamente contrastadas».

ERC rotunda: existía la 'Operación Cataluña' y Rajoy lo sabía
Tras ocho meses de trabajo con importantes lapsos de interrupción, la Comisión de Investigación sobre el uso partidista de Interior bajo el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz, echa el cierre el 31 de julio. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos pactaron finiquitarla tras vetar las comparecencias de Alfredo Pérez Rubalcaba, el polémico comisario Villarejo y Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos.

ANC y Òmnium: fascistas, a sueldo público y subvencionadas

Son una pieza clave en el proceso independentista, cebadas y mantenidas con dinero público y con lacayos a dedo de la Generalitat tan bien cebados como mantenidos desxe su fundación por el franquismo botifler de criminales como Félix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell. Sus siglas están presentes en cada acto y reivindicación, son las grandes impulsoras de Diadas y manifestaciones en favor de la desconexión y se han beneficiado de muchas subvenciones públicas por parte de la Generalitat. La mayoría, eso sí, son bastante opacas y no publican sus cuentas ni dan a conocer detalles de sus movimientos, pese a que el código civil de Cataluña establece con claridad esa obligación para todas las "asociaciones declaradas de utilidad pública" que reciban subvenciones y otras ayudas económicas de las administraciones", o tengan la captación de fondos públicos "como mecanismo de financiación".

Aunque son entidades independientes, están íntimamente ligadas al Gobierno catalán y forman parte del ecosistema secesionista. Òmnium Cultural es la primera de ellas. Promocionar la lengua catana, difundir su cultura y luchar por la independencia están entre sus principales objetivos. Òmnium, presidida desde finales de 2015 por el empresario Jordi Cuixart, es la única que sí hace públicas sus cuentas. Las últimas dadas a conocer, correspondientes a 2015, ponen de manifiesto que sus ingresos superan los 5 millones de euros y sus gastos en personal —55 empleados— ascienden a 1,4 millones. Pese a que a día de hoy no recibe ayudas públicas, las aportaciones que la Generalitat hizo no hace muchos años fueron decivisivas para su despegue y posterior desarrollo.

Entre 2008 y 2010 recibió un millón y medio de euros en ayudas. En 2006 percibió 661.000 euros para la adquisición de su sede central en Barcelona gracias a las herencias intestadas entre entidades de carácter social. Ese mismo año volvía a recibir 1,1 millones de euros. Entre 2011 y 2013, con Artur Mas al frente de la presidencia, también habría obtenido ayudas públicas de casi un millón y medio de euros. Durante esos años y hasta el nombramiento de Cuixart, la diputada y activista Muriel Casals estuvo al frente de la asociación (2010-2015). Uno de sus más destacados socios es el exentrenador del Barcelona, Pep Guardiola, que ya ha dado de alta a sus tres hijos.

En segundo lugar está la Assemblea Nacional Catalana (ANC), hoy en manos de Jordi Sànchez y hasta 2015 liderada por Carme Forcadell, que en ese año fue nombrada presidenta del Parlament de Cataluña. Sánchez, por su parte, en teoría no recibe ninguna retribución —ya que el cargo de presidente de la ANC no está remunerado— aunque lo ha compatibilizado con la dirección del Observatorio de Derechos Sociales en la Universidad Pompeu Frabra, proyecto por el que obtuvo 50.000 euros. Se desconocen otros ingresos a día de hoy. Antes de aceptar la presidencia de la Assemblea, Sànchez era adjunto al Síndic de Greuges (similar al Defensor del Pueblo pero en Cataluña), cargo remunerado con 105.000 euros. Fue además uno de los principales dirigentes de la Crida.

La ANC no hace públicas sus cuentas y los únicos datos que se conocen son los publicados en prensa. Precisamente, este diario accedió el pasado abril al último informe de resultados relativo a 2016, en el que constaban unos ingresos de 3,3 millones y unos beneficios que ascendían a 523.000 euros que, descontando los impuestos, supuso un superávit de 246.000 euros para la asociación. Para 2017, la ANC rebajó su previsión de ingresos a 1,9 millones y, en consecuencia, lo hicieron el resto de partidas, a excepción de la relativa al personal, que volvió a crecer de los 450.095 euros a 537.133.

Òmnium y la ANC tampoco han estado exentas de polémicas. Ambas fueron multadas recientemente por la Agencia Española de Protección de Datos con una sanción de 90.000 euros, que se suma al anterior embargo de 240.000 euros impuesto en febrero por la Gigaenquesta realizada en 2014, antes del 9-N, para preguntar a los ciudadanos como querían que fuera una Cataluña independiente. Las entidades soberanistas aseguraron entonces que se trataba de una "estrategia del Estado" para intentar "ahogarlas económicamente y frenar el referéndum".

En el caso de la ANC, la venta del 'merchandising' independentista supone una de sus principales fuentes de ingresos. En 2015 fue investigada por la Agencia Tributaria, que inició una inspección al sospechar que la Assemblea no pagaba el IVA de los productos propagandísticos. En efecto, la ANC tuvo que abonar 176.850 euros por ese concepto. La estructura de esta entidad, basada en la cuestión territorial, tiene cerca de 40 asambleas exteriores, fuera de Cataluña. Según explicó a este diario la coordinadora de la delegación de la ANC en Madrid, Belén Murillo, su misión es "aglutinar todo el sentimiento independentista que hay en los distintos lugares para tener siempre un referente".

La Associació de Municipis per la Independència (AMI) es otra de las entidades soberanistas clave y ya cuenta con más de 700 ayuntamientos adheridos. Desde abril de 2016 la lidera la exdiputada de Convergència Neus Lloveras. La AMI se constituyó en septiembre de 2011 de la mano del alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, con el apoyo de un centenar de municipios. Desde su creación, los apoyos han ido aumentando cada año. De los principales ayuntamientos, no cuenta con la presencia de Barcelona, Badalona o L'Hospitalet De Llobregat. Girona es la única capital de provincia que sí forma parte de la AMI, una de las cunas del independentismo y cuyo alcalde era Carles Puigdemont, hasta que accedió a la presidencia autonómica.

Además de estas tres, existen otras muchas asociaciones independentistas que han recibido cuantiosas subvenciones en los últimos años. Algunos ejemplos son el Cercle Català de Negocis, el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (Ciemen), la Fundación Cataluña Estado, la Plataforma per la Llengua, la Asociación Catalana de Profesionales o la plataforma Sobirania i Progrés, entre otras, informa El Confidencial.

CDC desvió dinero al extranjero mediante Òmnium
La Guardia Civil sigue la pista del desvio de dinero al extranjero que la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat) habría realizado tras la venta de su sede central de la calle Còrsega de Barcelona. Así consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de El Vendrell por el ‘caso 3%’ de supuestos pagos de comisiones ilegales al partido. Estos desembolsos, según las pesquisas, se camuflaron a través de fundaciones afines, entre las que los agentes que están llevando el asunto han incluido a la Fundación Privada Òmnium, vinculada a Omnium Cultural -fundada por el fascista ultra católico Fèlix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell-, y disuelta en el 2010.

Rajoy acumula un agujero financiero de 240.000 millones
Las políticas austericidas del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos recortes del Estado del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria una cara B que augura futuros sufrimientos para ciudadanos y contribuyentes: un elevado nivel de endeudamiento, de rango billonario por primera vez en la historia de las cuentas de la Administración central tras aumentar 169.000 millones en apenas cuatro años; un creciente descuadre de las cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o dicho desacertado”), especialmente gravosas en lo que se refiere al rescate bancario y a las políticas energética y de transportes, han generado un descomunal boquete de alrededor de 240.000 millones de euros.

Catalunya, tercera en aportar y décima en inversión
Catalunya vuelve a ser la tercera comunidad que más ingresos aporta al conjunto mientras que es la décima en recursos recibidos, según la liquidación del sistema de financiación del 2015. Según la Conselleria de Economia, estas cifras del Ministerio de Hacienda colocan de nuevo a Catalunya por debajo de media de las autonomías de régimen común. Cada catalán aportó de media 2.602 euros al sistema de financiación a través de los impuestos y recibió 2.352 en forma de inversiones y gasto del Estado. Si la cifra se calcula en paridad de poder de compra (nivel de vida), del puesto 10 baja al 14 en recursos recibidos.

Rajoy acumula un agujero financiero de 240.000 millones

Las políticas austericidas -robar al pobre para cebar al rico- del Gobierno de Mariano Rajoy, marcadas por intensos recortes del Estado del bienestar, tienen en la gestión presupuestaria una cara B que augura futuros sufrimientos para ciudadanos y contribuyentes: un elevado nivel de endeudamiento, de rango billonario por primera vez en la historia de las cuentas de la Administración central tras aumentar 169.000 millones en apenas cuatro años; un creciente descuadre de las cuentas públicas, que al año pasado rondó los 7.000 millones pese a la aparente mejora de la gestión por el cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que en realidad se debe a la relajación de las exigencias europeas, y una retahíla de pifias (“error, descuido, paso o dicho desacertado”), especialmente gravosas en lo que se refiere al rescate bancario y a las políticas energética y de transportes, han generado un descomunal boquete de alrededor de 240.000 millones de euros.

Las cuentas del Estado se van equilibrando, cierto; pero lo hacen al mismo ritmo que se descuadran las de su Administración central. El propio Gobierno admite que el año pasado, mientras el déficit del Estado se reducía en 4.552 millones (de 55.128 a 50.576), el descuadre presupuestario del ejecutivo alcanzó los 46.115 tras incrementarse en casi 7.000: 5.115 generados por los organismos y la Seguridad Social y otros 1.854 procedentes del rescate bancario, anotado como “ayudas a instituciones financieras”.

La reducción del déficit de las administraciones procede de la gestión de los presupuestos de las comunidades autónomas, que en 2016 redujeron a menos de la mitad el descuadre del cambio de legislatura, que cayó de 18.667 a 9.155 millones de euros, y del aumento del superávit en los consistorios, que en 2016, un año después de que las candidaturas de confluencia y el PSOE comenzaran a gobernar los consistorios de las principales ciudades con apoyos mutuos, alcanzó los 7.083 tras los 5.094 del año anterior.

Los 50.576 millones de euros de déficit conjunto de las administraciones equivale a un 4,3% del PIB, casi 33.000 por encima del 2,8% que inicialmente había asignado Europa al Gobierno español para 2016 pero 3.528 por debajo del mucho más elevado listón del 4,6% que le reasignó tras constatar que en el ejercicio anterior se había pasado un punto al alcanzar el 5,1% cuando el tope era del 4,1%. Las estimaciones del Banco de España cifran en 5.915 millones de euros el descuadre acumulado por la Administración central y la Seguridad Social en los cuatro primeros meses de este año, en los que el de las comunidades autónomas se situó en 3.321.

Ocurre algo similar con la deuda pública. En los cuatro años y cuatro meses transcurridos desde el cierre de 2012, los préstamos del conjunto de las administraciones crecieron, según el Banco de España, en 225.590 millones para situarse en 1,117 billones de euros, aunque la cifra es en realidad mayor si se le añaden los 208.956 (el 18,7%, entre la sexta y la quinta parte) que suponen los créditos de unas administraciones que están en manos de otras.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, que se ha triplicado en una década desde los 392.168 millones de euros de 2006, superó la barrera del billón de euros oficialmente en 2014, aunque, si se tienen en cuenta los préstamos entre instituciones, eso había ocurrido un año antes. El endeudamiento de la parte del Estado que gestiona el Gobierno central superó esa barrera en marzo del año pasado, al alcanzar un montante de 1.003.361 millones de euros. En abril de este año, que es el último dato disponible, ascendía a 1.012.209: se había incrementado en 168.863 millones en cuatro años y cuatro meses.

Casi dos tercios del aumento de la deuda pública española en ese periodo procede de la Administración central, mientras la de las comunidades autónomas crecía en 92.645 (de 189.183 a 281.828) y la de los ayuntamientos bajaba en 11.992 (de 44.003 a 32.011). La gestión de las ciudades del cambio, en las que la reducción de los préstamos ha llegado a alcanzar velocidades de 160.000 euros por hora, ha resultado clave en este apartado. Esa mejora de la gestión de las cuentas públicas ha permitido que ayuntamientos como el de Zaragoza hayan logrado a adelantar en cinco años la salida del Plan de Ajuste iniciado en 2012, y cuya finalización estaba inicialmente prevista para 2022.

Sin embargo, ese descomunal nivel de endeudamiento y esa deficiente gestión de las cuentas no son los únicos factores que lastran la gestión económica de un Gobierno que, al mismo tiempo, alardea de su rigor presupuestario y se ve capaz de anunciar para dentro de tres años el final de la crisis pese al progresivo aumento de la desigualdad y la brecha social. El ejecutivo de Mariano Rajoy acumula decisiones gravosas para las arcas públicas, entre las que destacan dos: el rescate bancario, cuyo análisis lleva al Banco de España a dar por perdidos 60.600 millones de euros, cuando otros países europeos han recuperado íntegramente los fondos destinados a reflotar bancos, y la amnistía fiscal ilegal, que permitió lavar 28.000 millones de euros y libró a los propietarios de otros 12.000 de pagar sanciones de entre 5.300 y 8.000.

Paralelamente, dos de las decisiones estrella del Gobierno de Rajoy en materia de energía ya le han costado más de 200 millones a las arcas públicas: el primero del medio centenar de laudos del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial sobre los recortes a las renovables le ha supuesto a España una condena de 128 millones de euros, cifra a la que se suman los 77 con los que el Estado debe indemnizar a Repsol, Cepsa y Disa por obligarles en 2012, en una decisión del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que optó por mantener, a vender el butano con un precio inferior al de los costes. El Supremo condenó en marzo al Ministerio de Fomento a indemnizar a la multinacional Abertis con casi 1.500 millones de euros (a pagar en 2021) por el bajo uso de la autopista AP-7 entre Tarragona y Francia.

Por otro lado, el Estado español ha sido objeto de tres multas millonarias por parte de la UE: una de 18,9 millones por la manipulación de las cifras reales de déficit de la Comunitat Valenciana, otra de más de 46 más otro millón adicional cada seis días por la deficiente depuración de las aguas residuales de 17 municipios y, por último, la vinculada a la reforma de la estiba, que finalmente ha sido rebajada de los 24 millones iniciales a solo tres. No parece, ni mucho menos, que vayan a ser las últimas sanciones comunitarias que reciba España, que tiene abiertos expedientes por la normativa sobre hipotecas, la escasa implicación en la acogida de refugiados o las trabas al autoconsumo de energías renovables.

Un informe hecho público esta semana por la Comisión Europea sitúa al Estado Español, con 83 procedimientos de infracción abiertos a finales de 2015 (37 se incoaron ese año), como el tercer país con más causas, solo superado por Alemania (88) e Italia (89). Más de 60 de esas infracciones, bajo investigación se deben a transposiciones incorrectas de directivas comunitarias y a “mala aplicación” del derecho de la UE, informa Público.

La luz sube el 8,4% y el gas 10% en un año
El precio de la luz en España fue el pasado mes de junio un 8,4% más caro que en el mismo mes de 2016, según se extrae de los datos definitivos de la inflación del mes pasado hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese mes, el recibo subió un 1%, tras ascender un 0,7% en mayo, mantenerse estable en abril y registrar sendas bajadas en marzo (-5,9%) y febrero (-11,9%), que llegaron después de nueve meses de subidas. Con ello, en el primer semestre de 2017, la electricidad habría experimentado un descenso de precio del 8,1%, aunque sigue siendo de los más altos de Europa.

ERC rotunda: existía la 'Operación Cataluña' y Rajoy lo sabía
Tras ocho meses de trabajo con importantes lapsos de interrupción, la Comisión de Investigación sobre el uso partidista de Interior bajo el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz, echa el cierre el 31 de julio. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos pactaron finiquitarla tras vetar las comparecencias de Alfredo Pérez Rubalcaba, el polémico comisario Villarejo y Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos. Ahora, los diferentes partidos políticos tendrán que redactar sus conclusiones por separado para, posteriormente, elaborar una resolución de manera conjunta.

Grecia se libra del déficit antes que España
La Comisión Europea ha recomendado sacar a Grecia del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra desde 2009. Bruselas reconoce los “esfuerzos sustanciales de los últimos años” para consolidar sus cuentas públicas así como sus progresos en la implantación de los mecanismos de estabilidad. Si finalmente el Consejo de la UE sigue la recomendación de la Comisión, como se espera, solo se mantendrán bajo la vigilancia europea España, Francia y Reino Unido. Durante la crisis económica un total de 24 países fueron incluidos en este pacto de estabilidad.