dilluns, 17 de juliol de 2017

Colón: ¿italiano, portugués o catalán?

Aunque la mayoría de expertos creen que Cristóbal Colón nació en Génova, no todos descartan que fuera catalán, gallego o portugués. Investigadores lusos examinan ADN de hace 500 años para confirmarlo, o descartarlo. El propio hijo del descubridor de América, Hernando Colón, contribuyó al aura de misterio que existe sobre el origen de su padre al no desvelar su lugar de nacimiento en la biografía que escribió sobre él, lo que ha generado múltiples teorías entre los investigadores. La Universidad de Coimbra y el Instituto Superior Técnico (IST) de Lisboa van a comprobar una de estas hipótesis: si el navegante era portugués y, además, si su nombre real era Pedro Ataíde, como se conoció a un corsario luso del siglo XV.

Esta tesis fue desarrollada por el profesor Fernando Branco, del IST, en un libro publicado en 2012 bajo el título "Cristóbal Colón, Noble Portugués" en el que se recogen más de medio centenar de coincidencias entre la vida del navegante y la de Pedro Ataíde. Ataíde fue dado por muerto en la batalla naval del Cabo de São Vicente en 1473, donde combatió junto a un corsario francés llamado Culon.

Según la tesis de Branco, Ataíde consiguió salvarse y llegar a nado hasta las costas del Algarve, donde decidiría cambiar su nombre a Pedro Colón (o Culon) por motivos de seguridad, ya que la familia Ataíde era perseguida en Portugal después de participar en una conjura para matar al rey João II. "Hay un conjunto de indicios que apuntan a que su verdadero nombre era Pedro Colón. Nunca escribió su nombre como Cristóbal Colón. Firmaba como almirante o con una firma encriptada en la que se pueden leer varias cosas, entre ellas 'Pedro Colón'", explicó Branco. La biografía de Colón señala que el navegante llegó a Portugal en 1476 a nado tras un naufragio, lo que reforzaría la tesis que ahora va a ser puesta a prueba.

El grupo de investigadores de la Universidad de Coimbra y del IST va a analizar ADN extraído de los huesos del primo directo de Pedro Ataíde y compararlo con el ADN de su hijo Hernando, que ya fue secuenciado en 2006 en España, relató la antropóloga forense Eugénia Cunha, de la Universidad de Coimbra. Está previsto enviar la muestra a la Universidad de Santiago de Compostela, en España, donde será analizada. La tesis de Fernando Branco, que incluso fue reconocida por la Academia de Historia portuguesa, pondría en jaque el origen genovés de Colón, aunque no es la única que apunta a que nació en Portugal.

El investigador portugués Manuel Rosa, afincado en Estados Unidos, asegura que el descubridor de América nació en la isla de Madeira y era hijo de un rey polaco derrotado por el Imperio Otomano. Otra hipótesis, defendida por el ya fallecido Augusto Mascarenhas Barreto, señalaba que Colón nació en la villa de Cuba, en el Alentejo luso, y fue un espía al servicio del rey João II que tenía como misión alejar a los españoles del camino conocido hacia las Indias. Fuera de las fronteras lusas, se ha apuntado al origen español del navegante (principalmente gallego y catalán, pero también extremeño, andaluz e incluso vasco) y a su procedencia inglesa, griega, noruega o croata, entre otras, informa DW.

Leonardo Da Vinci, català!
Segons l'historiador José Luís Espejo, Leonardo Da Vinci era d'origen català, com ja ha quedat confirmat amb Cristòfor Colom aquest any, amb el treball de Jordi Bilbeny i un grup de prestigiosos investigadors nordamericans i després que l'historiador Luis Ulloa ja ho afirmés fa prop de 100 anys per primer cop. Així ho explica Espejo al llibre “El viatge secret de Leonardo Da Vinci”, en què afirma que la família de l'artista -de creences cathares i naturals de Vinça (antiga Vinciano, al Conflent)- va emigrar cap a Itàlia al s.XIII, després d'haver estat perseguits per la Inquisició espanyola de l'ordre dels dominicani ("gossos de Dèu").

Catalunya, tercera en aportar y décima en inversión
Catalunya vuelve a ser la tercera comunidad que más ingresos aporta al conjunto mientras que es la décima en recursos recibidos, según la liquidación del sistema de financiación del 2015. Según la Conselleria de Economia, estas cifras del Ministerio de Hacienda colocan de nuevo a Catalunya por debajo de media de las autonomías de régimen común. Cada catalán aportó de media 2.602 euros al sistema de financiación a través de los impuestos y recibió 2.352 en forma de inversiones y gasto del Estado. Si la cifra se calcula en paridad de poder de compra (nivel de vida), del puesto 10 baja al 14 en recursos recibidos.

ANC y Òmnium: fascistas, a sueldo público y subvencionadas
Son una pieza clave en el proceso independentista, cebadas y mantenidas con dinero público y con lacayos a dedo de la Generalitat tan bien cebados como mantenidos desxe su fundación por el franquismo botifler de criminales como Félix Millet Maristany su primer presidente y padre del corrupto Félix Millet Tusell. Sus siglas están presentes en cada acto y reivindicación, son las grandes impulsoras de Diadas y manifestaciones en favor de la desconexión y se han beneficiado de muchas subvenciones públicas por parte de la Generalitat.

PP y PSOE deben a la banca más de 100 millones de euros
Se dice y proclama que quien paga manda y, según los cálculos de PP y PSOE en sus respectivos informes sobre las cuentas de 2016, los dos partidos suman una deuda bancaria conjunta de más de 105 millones de euros. Los socialistas salen peor parados según sus resultados contables, fechados en junio de 2017, ya que mantienen una deuda con entidades financieras que alcanza los 69,94 millones de euros.

UP/Comuns: Catalunya, 'un sol poble': Como movilización política, reivindicamos la legitimidad del 1-O y apoyamos que se realice
PABLO IGLESIAS Y XAVIER DOMÈNECH: Catalunya, 'un sol poble': Como movilización política, reivindicamos la legitimidad del 1-O y apoyamos que se realice. La crisis del 2008 abrió en España y en Catalunya una época de crisis de soberanías. Estar a la altura de nuestros tiempos supone afrontar que la agresión a los derechos sociales es, ante todo, una cuestión de soberanías que solo puede resolverse democráticamente.

UP/Comuns: Catalunya, 'un sol poble': Como movilización política, reivindicamos la legitimidad del 1-O y apoyamos que se realice

PABLO IGLESIAS Y XAVIER DOMÈNECH: Catalunya, 'un sol poble': Como movilización política, reivindicamos la legitimidad del 1-O y apoyamos que se realice. La crisis del 2008 abrió en España y en Catalunya una época de crisis de soberanías. Estar a la altura de nuestros tiempos supone afrontar que la agresión a los derechos sociales es, ante todo, una cuestión de soberanías que solo puede resolverse democráticamente. La corrupción y las políticas de saqueo de lo público, como forma de gobierno de los viejos partidos gobernantes, tanto de España como de Catalunya, son la mejor expresión de la crisis de las soberanías populares. La corrupción y el saqueo de lo público son, de hecho, la principal amenaza contra la soberanía popular y, sin soberanía popular, no puede haber soberanías nacionales.

Nuestra moción de censura contra el PP puso sobre la mesa una propuesta para Catalunya y para España que va más allá de los proyectos de nuestras organizaciones políticas. El PP pudo resistir a duras penas en el Congreso, sumando menos votos en contra de la moción que los que sumaron el sí y las abstenciones, pero sufrió una derrota política, moral y sobre todo, histórica. La principal característica del bloque inmovilista que forman el PP y C's es que no tienen ningún proyecto ni para Catalunya ni para España.

En nuestra moción de censura hacíamos una apuesta doble. En primero lugar, la consecución del derecho a decidir como reconocimiento de la soberanía de Catalunya. Y en segundo lugar, asumiendo la soberanía catalana, la articulación de un modelo de organización territorial plurinacional que no excluya el debate sobre la confederalidad.

Cuando empezamos a hablar de plurinacionalidad, en Catalunya y en el conjunto del Estado, y planteamos que la plurinacionalidad no es solo un hecho “cultural” sino que implica la aceptación con todas las consecuencias que vivimos en un espacio compartido donde coexisten varías naciones y soberanías, estábamos solos. También nos quedamos solos defendiendo un referéndum para Catalunya mientras algunos prometían soluciones donde todo estaba ya hecho y decidido en 18 meses. Recibimos entonces condescendencia y mucha agresividad pero hoy cada vez son más amplios los sectores sociales en el conjunto del Estado que reconocen la plurinacionalidad y la necesidad de un referéndum efectivo en Catalunya. Y eso ha hecho moverse a todos los actores políticos; especialmente al PSC y al PSOE.

No es nuevo que el de las soberanías es un problema histórico que solo puede resolverse democráticamente. Es evidente que existe un demos catalán que hace de Catalunya un sujeto político. La prueba es que fue solo la ciudadanía catalana la que refrendó el Estatut. La enorme torpeza del PP forzando la sentencia del TC del 2010 rompió el pacto territorial del 78 que no era sino un pacto de reconocimiento precario de soberanías. El PP no solo demostró que no entendía Catalunya, sino que tampoco entendía España. La ruptura provocada por la ineptitud del partido que tiene secuestrado el Estado español, solo se podrá soldar con un pacto que tenga el derecho a decidir en su centro.

Cuando así lo defendimos también nos encontramos solos, en medio de críticas irresponsables de portavoces políticos que afirmaban sin rubor alguno que eso era “pantalla pasada” y que la independencia estaba a la vuelta de la esquina. Pero en el transcurso de los 18 meses de la primera hoja de ruta, la mayoría gubernamental catalana, construida al entorno de un pacto por la presidencia, el reparto de 'conselleries' y la aprobación de unos presupuestos 'Made in Convergència', decidió recuperar la propuesta del referéndum. El tiempo dirá si el cambio se debe a una rectificación real, obedeciendo a las mayorías reales de Catalunya, o a un intento, uno más, de aterrizaje de emergencia de su accidentada legislatura.

Seamos claros: Catalunya es una nación que quiere decidir su futuro y que necesita para ello seguir tejiendo alianzas en la batalla por las soberanías en toda España. Decir que los últimos tres años no ha cambiado nada en España es estar ciego.

Y es en este punto donde debe enmarcarse la convocatoria del 1-O. A nuestro juicio, el 1-O se está configurando antes como una amplísima movilización que afirma el derecho a decidir y la voluntad de soberanía, que como un debate público y abierto sobre qué estatus y relación jurídica quiere la ciudadanía catalana. El motivo es obvio y lo tenemos claro; el gobierno del PP se niega a reconocer la existencia del demos catalán y apuesta por la represión. Para el PP, Catalunya es solo un recurso para apartar el foco de su corrupción.

Por eso la movilización del 1-O puede ser un acto de afirmación de derechos y soberanía ante una situación que se debe desbloquear, dado el fracaso rotundo del PP y sus pulsiones represivas. En este sentido, como movilización política, reivindicamos su legitimidad y apoyamos que se realice. Pero después llegara el día 2 y entonces habrá que seguir trabajando por un referéndum que debe interpelar a todos los implicados, donde nadie pueda ser invitado a su propia casa, mostrando la pluralidad con la que se constituye el viejo anhelo de futuro del catalanismo popular de ser un 'sol poble'.

Catalunya se construirá con los del sí, con los del no y con los que defienden un nuevo encaje de la nación catalana en un nuevo proyecto colectivo. Catalunya se construirá con los que se movilizarán el 1-O y con los que no lo harán. Ganar la batalla de la soberanías es ganar la batalla de construir amplias mayorías que permitan construir para decidir y que saben que se decide construyendo un país más justo, más limpio y más libre. Estamos seguros de que Catalunya, antes de lo que muchos piensan, decidirá. Y lo hará como un 'sol poble'.

PABLO IGLESIAS Secretario general de Podemos
XAVIER DOMÈNECH Coordinador general de Catalunya en Comú

Fuente: El Periódico

Dimite Albert Batlle, el director de los Mossos d’Esquadra
El director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, ha presentado este lunes su dimisión ante el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, según ha podido saber La Vanguardia. La renuncia del director de la policía autonómica llega a dos meses y medio de la fecha anunciada para el referéndum de independencia del 1-O y ha sido por motivos políticos. En este sentido, en su carta de despedida, el hasta ahora director de los Mossos se ha mostrado convencido de que “la policía seguirá perseverando en la defensa y bienestar” de los ciudadanos “con escrupuloso respeto y sujeción a la ley”.

BCN: La especulación del alquiler alcanza al área metropolitana
Quien esperara otra cosa probablemente se equivocaba, la burbuja de precios -no de endeudamiento- en el mercado del alquiler en Barcelona se ha acabado trasladando a la primera e incluso segunda corona metropolitana. Los datos de precios de las rentas que registra el Institut Català del Sòl (Incasòl), elaborados a partir de los contratos de arras que se registran -es decir a partir de operaciones reales- muestran que no queda ya municipio colindante con Barcelona en el que los precios no crezcan desde el 2013, en su mayor parte a un ritmo de dos dígitos. Aunque la subida es mayor si se contabilizan solo los dos últimos años. En la medida en que la capital catalana ha ido llegando a un nivel de saturación de precios, porque la demanda no puede pagarlos, otras poblaciones han tomado el relevo.

Refugiados en Zaragoza acusan a Cruz Roja de "maltrato psicológico"
Aseguran que les ha costado mucho dar el paso, pero que sienten la obligación de hacerlo. Son tres familias de refugiados que denuncian a su entidad de acogida, Cruz Roja -heredera del enchufismo fascista de España y el Vaticano y un nido de corrupción intocable como la propia secta nazicatólica y el franquismo monárquico-, por "maltrato psicológico", mala praxis y por incumplir el protocolo de acogida. Afirman que el resto de familias atendidas por el mismo servicio las apoya, pero que temen sufrir represalias.

Dimite Albert Batlle, el director de los Mossos d’Esquadra

El director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, ha presentado este lunes su dimisión ante el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, según ha podido saber La Vanguardia. La renuncia del director de la policía autonómica llega a dos meses y medio de la fecha anunciada para el referéndum de independencia del 1-O y ha sido por motivos políticos. En este sentido, en su carta de despedida, el hasta ahora director de los Mossos se ha mostrado convencido de que “la policía seguirá perseverando en la defensa y bienestar” de los ciudadanos “con escrupuloso respeto y sujeción a la ley”.

La semana pasada hubo una remodelación del Govern con cambios en los departamentos de Interior, Ensenyament y Presidència. Según el president Puigdemont, los titulares de las tres carteras habían dado un paso al lado para que Carles Puigdemont se rodeara de un equipo fiel y comprometido con la celebración del referéndum, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Unos días antes había sido cesado el conseller Baiget por dudar de la celebración del referéndum.

Batlle, un ex alto cargo del tripartit que siempre ha defendido que los Mossos d’Esquadra deben ser políticamente neutrales e imparciales y que la policía catalana debe cumplir y hacer cumplir la ley, ha renunciado al cargo de director político de la policía catalana, al que accedió el 10 de junio de 2014, en sustitución de Manel Prat y el conseller Forn ha aceptado su renuncia.

En una entrevista en RAC-1, el sábado Joquim Forn ya dejó la puerta abierta a que hubiera cambios en la cupula de la policía, y al ser preguntado en concreto si Batlle podía ser sustituido, reconoció que no podía “garantizar ni una cosa ni la otra”. El nombramiento de Joaquim Forn como nuevo conseller de Interior en sustitución de Jordi Jané ha provocado un incremento de la inquietud entre los miembros de la policía catalana, según explican fuentes delos Mossos a este diario.

En un carta a los mandos de la Direcció General de la Policia, Albert Batlle ha agradecido “la confianza depositada” en su figura desde que asumió el cargo y ha valorado “la colaboración recibida por parte de los responsables de los departamentos de Interior y Govern de la Generalitat, así como de los mandos y todo el cuerpo de los Mossos d’Esquadra”.

Además, en la misiva, Batlle ha lanzado un mensaje velado a dos meses y medio para el referéndum del 1-O: “Estoy convencido de que en los momentos actuales que vive el país la policía seguirá perseverando en la defensa y bienestar de nuestros conciudadanos y lo hará, como siempre, con un escrupuloso respeto y sujeción a la ley”.

Su heterogénea trayectoria empezó en el Ayuntamiento de Barcelona en las filas del PSC
Nacido en Barcelona el año 1953 y licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona, Batlle empezó su trayectoria política ligado al PSC desde que en 1983 entró en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal como concejal socialista de deportes. Posteriormente fue secretario general de Servicios Penitenciarios durante el gobierno del tripartit y de 2011 a 2014 ejerció como director adjunto de la Oficina Antifrau de Catalunya, antes de acceder al cargo de director de los Mossos.

Batlle fue nombrado después del cese de Manel Prat, nombrado por Felip Puig y protagonista de diversas polémicas en su gestión como el caso Quintana. El exsocialista Batlle fue un nombre consensuado entre Josep Antoni Duran i Lleida, Artur Mas y Ramon Espadaler, en aquel entonces conseller de Interior por Unió. De este modo se apaciguaba la comisión de Interior del Parlament, muy inquieta en aquel período, con un perfil sociovergente acostumbrado a la gestión pública. Batlle había sido responsable de prisiones.

Su nombramiento costó un largo proceso. Entre los nombres que se postularon se encontraban Ferran Falcó -actual número dos del conseller Josep Rull en Territori; Lluís Guinó, portavoz de Interior de CiU, posteriormente de JxSí e inminente vicepresidente del Parlament; Francesc Sànchez, exsecretario de Régimen Interior de CDC y con conocimiento de gestión policial y, finalmente, Quim Nin, entonces delegado del Govern en el Camp de Tarragona. Por unos momentos estuvo nombrado, pero finalmente se dio marcha atràs, informa La Vanguardia.

BCN: La especulación del alquiler alcanza al área metropolitana
Quien esperara otra cosa probablemente se equivocaba, la burbuja de precios -no de endeudamiento- en el mercado del alquiler en Barcelona se ha acabado trasladando a la primera e incluso segunda corona metropolitana. Los datos de precios de las rentas que registra el Institut Català del Sòl (Incasòl), elaborados a partir de los contratos de arras que se registran -es decir a partir de operaciones reales- muestran que no queda ya municipio colindante con Barcelona en el que los precios no crezcan desde el 2013, en su mayor parte a un ritmo de dos dígitos.

El butano sube un 5%, el 32% más que hace un año
El precio medio de la bombona de butano experimentará una subida del 5% este martes con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, según indicaron fuentes del sector. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

Maduro invita a la oposición a dialogar
El presidente del Congreso venezolano, Julio Borges, informó de normalidad en la jornada de consulta popular que realizó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el domingo, a fin de opinar si aprueba o no la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio. El titular de la Asamblea Nacional (AN) realizó el primer balance ofrecido en rueda de prensa a primeras horas de la mañana en el teatro Chacao, del estado Miranda, en el que resaltó el despliegue en los denominados 2,030 "puntos soberanos" en territorio nacional y unos 600 en el exterior.

Maduro invita a la oposición a dialogar

El presidente del Congreso venezolano, Julio Borges, informó de normalidad en la jornada de consulta popular que realizó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el domingo, a fin de opinar si aprueba o no la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio. El titular de la Asamblea Nacional (AN) realizó el primer balance ofrecido en rueda de prensa a primeras horas de la mañana en el teatro Chacao, del estado Miranda, en el que resaltó el despliegue en los denominados 2,030 "puntos soberanos" en territorio nacional y unos 600 en el exterior. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró hoy su invitación a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a iniciar "un nuevo ciclo de diálogo", después de que este domingo se efectuaran de forma simultánea una consulta popular y un simulacro sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El mandatario se refirió a la consulta popular convocada por la MUD para determinar si los venezolanos desean votar el próximo 30 de julio para instalar una ANC, cuyo fin último es la modificación de la Constitución en la nación sudamericana. "Ellos tuvieron una consulta hoy tranquilos (...) yo les digo que no se vuelvan locos. Les hacemos un llamado para que vuelvan a la paz, para que se sienten a hablar, para que iniciemos un nuevo ciclo de diálogo por la paz", dijo Maduro.

Respecto a la consulta popular estimó poca la afluencia de personas, aunque la oposición afirmó de manera contraria que acudió una cantidad significativa de ciudadanos, tanto en Venezuela como en los puntos habilitados para votar en el extranjero. En contacto telefónico transmitido por la estatal Venezolana de Televisión, Maduro exhortó a la oposición a recobrar el carácter democrático. "Debemos tener conciencia de que las diferencias que tenemos en el país, debemos resolverlas en paz con votos no con balas, con tolerancia, con democracia", dijo el presidente.

Maduro aseguró también que el simulacro convocado este domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones para la Constituyente ha sido "el más grande" en participación en los últimos 18 años. El ejercicio de la autoridad electoral de este domingo fue previo a la elección de la Constituyente que se llevará a cabo el próximo 30 de julio, en el que se elegirá a los 545 constituyentes que cambiarán el texto constitucional vigente. En tanto, la consulta popular opositora se basó en tres preguntas a la población sobre el rechazo a la ANC, la lealtad de la Fuerza Armada y el desarrollo de elecciones, informa Xinhua.

El TS venezolano actúa contra las algaradas de las alcaldesas
El TSJ venezolano emite una acción legal contra la esposa del líder opositor Daniel Ceballos por no levantar las barricadas colocadas por sus manifestantes. "Procedan a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantengan las vías y zonas adyacentes libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana", ordenó este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

BCN: La especulación del alquiler alcanza al área metropolitana
Quien esperara otra cosa probablemente se equivocaba, la burbuja de precios -no de endeudamiento- en el mercado del alquiler en Barcelona se ha acabado trasladando a la primera e incluso segunda corona metropolitana. Los datos de precios de las rentas que registra el Institut Català del Sòl (Incasòl), elaborados a partir de los contratos de arras que se registran -es decir a partir de operaciones reales- muestran que no queda ya municipio colindante con Barcelona en el que los precios no crezcan desde el 2013, en su mayor parte a un ritmo de dos dígitos. Aunque la subida es mayor si se contabilizan solo los dos últimos años. En la medida en que la capital catalana ha ido llegando a un nivel de saturación de precios, porque la demanda no puede pagarlos, otras poblaciones han tomado el relevo.

El butano sube un 5%, el 32% más que hace un año
El precio medio de la bombona de butano experimentará una subida del 5% este martes con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, según indicaron fuentes del sector. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

BCN: La especulación del alquiler alcanza al área metropolitana

Quien esperara otra cosa probablemente se equivocaba, la burbuja de precios -no de endeudamiento- en el mercado del alquiler en Barcelona se ha acabado trasladando a la primera e incluso segunda corona metropolitana. Los datos de precios de las rentas que registra el Institut Català del Sòl (Incasòl), elaborados a partir de los contratos de arras que se registran -es decir a partir de operaciones reales- muestran que no queda ya municipio colindante con Barcelona en el que los precios no crezcan desde el 2013, en su mayor parte a un ritmo de dos dígitos. Aunque la subida es mayor si se contabilizan solo los dos últimos años. En la medida en que la capital catalana ha ido llegando a un nivel de saturación de precios, porque la demanda no puede pagarlos, otras poblaciones han tomado el relevo.

Aunque en los últimos cinco años -desde el punto más bajo de la crisis hasta la situación actual- los precios medios del alquiler en Barcelona han aumentado el 19%, solo en los ejercicio del 2015 y 2016 el incremento ha sido del 13%. Sin embargo, en los municipios más alcistas al margen de la capital, las subidas han sido aún mayores. Sant Cugat del Vallès, refleja un incremento del 17% en cinco años, pero en los últimos dos, ha sido del 14,6%, por encima de Barcelona. Tiana, una población cercana al mar que cautiva el interés de la demanda, ha incrementado precios un 12% desde el fondo de la crisis, pero desde el 2015 lo ha hecho a un ritmo mucho mayor que su entorno: 17,5%.

De hecho, comienza a producirse un fenómeno que encaja con la idea de algunos organismos de que los precios del alquiler en Barcelona tenderán a estabilizarse mientras se incrementan en otras poblaciones. "En el primer trimestre del 2017 no ha aumentado en relación a los valores del último trimestre del 2016", afirma Agustí Jover, economista de Promo Assessors Consultors y especialista en el mercado inmobiliario. "Los precios del 2016 en Barcelona están en el nivel máximo de pago de la gente. El mercado no puede aumentarlos indefinidamente", explica.

De igual forma, el poder adquisitivo de la demanda mejora con mucha lentitud y en la medida en que la Barcelona no puede satisfacer a todos los bolsillos, por esa razón, se ha convertido en exportadora de demanda --ha expulsado-- hacia otros municipios de quienes buscan una vivienda de compra o alquiler. Y no solo hacia los municipios más cercanos. "Terrassa ha incrementado su población y eso se nota en el mercado de la vivienda, tanto en el alquiler como en la compraventa", explica Emili Lázaro, socio de la inmobiliaria Vidal Gomà de Terrassa.

A finales de este año y el próximo, la ciudad incorporará 500 nuevas viviendas en diferentes promociones, algunas de ellas destinadas al alquiler. "Hay ya pequeños inversores pero también grandes inversores especulativos que están invirtiendo en la ciudad animados por la reforma de la ley de arrendamientos urbanos del PP que propicia la especulación", afirma Joan Planas, secretari de la Cambra de la Propietat de Terrassa. Los expertos del mercado han visto ya la dinámica de esos flujos y se preparan para aprovecharla.

Terrassa es una ciudad donde los precios suben más contenidamente porque en los años del 'boom' aumentaron considerablemente el parque. Pero ahora recibe población, expelida desde Barcelona y desde otros municipios cercanos. Sant Cugat, con precios medios incluso superiores a los de Barcelona, se ha convertido en un municipio exportador y receptor a la vez de demanda. El precio medio del alquiler (1.051 euros) es el más elevado de Catalunya, incluye alquileres cercanos a los 3.000 euros en la franja alta y de 600 euros en la baja.

Pero la población no tiene un parque de viviendas vacías destinado al alquiler (en Barcelona es del 3%), que permita amortiguar los ascensos. "Estamos recibiendo población, pero también es posible que estemos expulsando a gente hacia otras poblaciones cercanas", explica Damià Calvet, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Sant Cugat y presidente del Incasòl. La única alternativa que le queda al consistorio es intervenir en el mercado para bajar precios. "Nuestra capacidad es limitada, aunque contamos con un parque social de 1.700 viviendas y estamos incorporando nuevas promociones", comenta Calvet. San Cugat ha incorporando el índice de precios del alquiler de la Generalitat, y asume subvencionar el IBI a los propietarios que alquilen por debajo del indicador.

De hecho, la actuación pública parece el único antídoto contra la fiebre alcista de precios. Valga el ejemplo de Sant Just Desvern, una las poblaciones donde los precios han estado subiendo más en los últimos años, salvo en el primer trimestre del 2017, cuando de forma insospechada han descendido de los 1.003 euros de precio medio a 721,3 euros. Una evolución que solo se explica por la salida al mercado en el primer trimestre de un paquete de 172 viviendas sociales promovido por la obra social de La Caixa a un precio de entre 300 y 450 euros al mes. En un mercado en el que salen unos 300 pisos al año esa incorporación provoca una distorsión en los precios medios. Ahora bien, quien en el mercado libre se proponga alquilar una vivienda no tendrá fácil encontrar precios asequibles, informa El Periódico.

La PAH ocupa 7 viviendas en el Eixample
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha ocupado siete viviendas en el bloque del número 477 de la calle de Aragó, junto a Padilla (Eixample), en las que ha alojado a 12 personas --seis adultos y seis menores-- en situación vulnerable y que fueron desahuciadas en otras zonas de Barcelona. En rueda de prensa este lunes, recogida por Efe, el portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha explicado que han empezado a asesorar a los vecinos que quedan en la finca, "amenazados de expulsión", -en 18 pisos, de los 28 que tiene en total, y todos en alquiler- para informarlos de sus derechos, apoyarlos y evitar que acaben dejando los pisos como ocurrió con los que vivían en los pisos ahora okupados.

BCN: Cuestionadas las ayudas a dedo de Colau a las ONG 'coleguillas'
El interventor del Ayuntamiento de Barcelona cuestiona la forma en la que el Gobierno de Ada Colau concedió una subvención de 336.00 euros al Observatorio DESC -la ONG en la que 'trabajó' antes de ser alcaldesa- la PAH -la plataforma de la que fue portavoz- y otras dos organizaciones afines al ideario de Barcelona en Comú. El informe de intervención que analiza la aportación de fondos públicos a las citadas ONG subraya que el «carácter expecional» de la subvención que el ejecutivo de Colau esgrime para adjudicar la ayuda mediante «concesión directa» -es decir, a dedo- «no parece justificado». El Observatorio DESC/ICV/Barcelona en Comú y la 'colla' de amiguetes.

Refugiados en Zaragoza acusan a Cruz Roja de "maltrato psicológico"
Aseguran que les ha costado mucho dar el paso, pero que sienten la obligación de hacerlo. Son tres familias de refugiados que denuncian a su entidad de acogida, Cruz Roja -heredera del enchufismo fascista de España y el Vaticano y un nido de corrupción intocable como la propia secta nazicatólica y el franquismo monárquico-, por "maltrato psicológico", mala praxis y por incumplir el protocolo de acogida. Afirman que el resto de familias atendidas por el mismo servicio las apoya, pero que temen sufrir represalias.


Refugiados en Zaragoza acusan a Cruz Roja de "maltrato psicológico"

Aseguran que les ha costado mucho dar el paso, pero que sienten la obligación de hacerlo. Son tres familias de refugiados que denuncian a su entidad de acogida, Cruz Roja -heredera del enchufismo fascista de España y el Vaticano y un nido de corrupción intocable como la propia secta nazicatólica y el franquismo monárquico-, por "maltrato psicológico", mala praxis y por incumplir el protocolo de acogida. Afirman que el resto de familias atendidas por el mismo servicio las apoya, pero que temen sufrir represalias. El 3 de febrero de 2017 enviaron una misiva al Gobierno fascista de Rajoy, al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento de Zaragoza. Días antes se la entregaron en mano al Justicia de Aragón. “Casi perdemos la vida en nuestros países de origen y hemos recorrido un durísimo camino hasta llegar a España. Por nuestros hijos vamos a hablar y a decir la verdad para que se ponga fin a tantos abusos y para que las siguiente personas que busquen refugio en España, y en concreto con Cruz Roja Zaragoza, no tengan que pasar por lo que estamos pasando nosotros”. Con esta afirmación comienza el escrito en el que estas familias denuncian los hechos.

Una de las familias, formada por un matrimonio y cuatro hijos menores, está acogida en Zaragoza desde el 22 de mayo de 2016. Es kurdo-iraquí y procede de un campo de refugiados en Macedonia. Su caso es el que más se ha complicado, después de que la madre, Faten, haya sido expulsada del programa de acogida. En su historia se ha involucrado el Justicia de Aragón (el Defensor del Pueblo en la comunidad) que, al carecer de competencias, decidió trasladar las quejas a la Defensoría del Pueblo, “que sí tiene competencias en esta materia”.

Las otras dos firmantes, que prefieren mantenerse en el anonimato, son sirias y llegaron en julio del año pasado a la capital aragonesa desde Líbano. Una formada por matrimonio y cuatro vástagos menores de edad; y la otra por una viuda y cinco hijos –cuatro menores–. Una parte importante de las acusaciones se centra en incumplimientos del Sistema de Acogida e Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional. Centran su malestar, sobre todo, en la duración de las fases de acogida.

Cuando decidieron enviar la carta, las dos familias sirias acababan de terminar la primera fase del proceso de acogida –de seis meses de duración para familias no vulnerables– en la que habían residido en un Centro de Cruz Roja en la capital aragonesa. La kurdo-iraquí se encontraba en la segunda fase desde el 1 de diciembre de 2016. Según el protocolo de diciembre de 2016 (MEYSS-SGII, versión 2.0), vigente en el momento de enviar las cartas, la primera fase –en la que residen en un centro de acogida– tiene una duración general de seis meses y de nueve para los vulnerables.

La segunda –llamada de integración y en la que viven en un piso– es de otros seis meses en general y 11 para las personas "vulnerables". La tercera, la de autonomía, dura seis meses la general y cuatro para vulnerables. De este modo, se completa un circuito de 24 mensualidades en el caso de los vulnerables, en el que se incluyen familias con hijos menores, mujeres embarazadas, personas con diversidad funcional, etc. De las familias firmantes, una es monoparental con cuatro hijos menores a su cargo y otra tiene un miembro con una “importante discapacidad física”. Entran, por tanto, teóricamente, dentro de los casos de especial vulnerabilidad según el artículo 46.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Las familias denuncian que siempre les dicen que no estarán más de seis meses por fase.

La dotación para atención a las necesidades básicas, según el protocolo, es de 792 euros al mes para unidades de convivencia compuestas por 5 o más personas –todas las familias firmantes lo cumplen–. El texto normativo establece, además, que esta ayuda es incompatible con las de transporte, vestuario y ocio, salvo cuando se requiera “por razones de extrema vulnerabilidad”. Las familias argumentan que deberían estar consideradas en ese apartado y, por tanto, que han de ser receptoras de las prestaciones por estos conceptos. Los refugiados continúan su denuncia al referirse a las ayudas transversales, que afectan a las tres fases de acogida. Señalan que no reciben tratamiento psicológico, ni los 400 euros destinados a ayudas bucodentales, o los 200 euros de subvención destinada a comprar gafas de ver en el caso de necesitarlas, ambas ayudas están contempladas dentro de las medidas sanitarias del SGII.

La versión de Cruz Roja se opone a lo expuesto por las familias. Cristina Domínguez, del programa de Refugiados de Cruz Roja, afirma que, en casos acreditados de vulnerabilidad, "siempre se ha solicitado prórroga de estancia en centro, de hecho, la mayoría de las familias la están recibiendo". Destaca que, "en algunos casos concretos, fueron los propios interesados quienes no quisieron acogerse a prórroga de estancia en centro".

Respecto a las ayudas, explica que l as previstas en el programa "se conceden a criterio de la entidad, tras una valoración individualizada de cada caso". En todo momento, dice, se ha seguido el protocolo de actuación que marca "y los usuarios no solo han recibido todas las prestaciones y ayudas que marcan los manuales sino que, en aquellos casos en que no cumplían con los requisitos, eran incompatibles, o se trataba de necesidades urgentes que no podían esperar a tener la preceptiva autorización, Cruz Roja ha asumido el coste con fondos propios".

Todas las ayudas, concluye, "se encuentran debidamente registradas y cuentan con los correspondientes documentos justificativos que se presentan al Ministerio para su control y seguimiento periódico". Uno de los puntos en los que hacen más hincapié tiene que ver con las ayudas en el campo de la educación. Indican que no les dan dinero para material escolar, comedor escolar, guardería para menores o actividades extraescolares. Las familias aseguran que los niños han acudido sin libros al colegio durante mucho tiempo.

Un funcionario del Gobierno de Aragón encargado de la escolarización de refugiados –que prefiere no desvelar su identidad– confirma a eldiario.es que, en el caso de Faten, a finales de febrero el hijo tenía los libros del anterior centro escolar y su hermana, unos que le había proporcionado el propio colegio. Es decir, Cruz Roja no había cumplido con su obligación. Comenta también el funcionario que, desde el primer momento, comprobó que la entidad hacía “oídos sordos” al protocolo interno firmado por las entidades de acogida y el Gobierno de Aragón. Al solicitar información a la organización sobre la escolarización de los niños, asegura que había “un hermetismo total y no se la facilitaban”.

Según describe, cuando en una reunión entre el colegio y las familias –con él presente– aparecían miembros de Cruz Roja, “notaba la incomodidad por parte de la familia, se ponían tensos e incluso llegaron a pedirme que no avisara a Cruz Roja de estos encuentros para que no estuvieran presentes”. Buena parte de la carta la ocupa el relato del día a día. Desde que llegaron, alegan, reciben “constantes desprecios, gritos, información distorsionada y engañosa, amenazas de ser devueltos a los campos si no obedecemos y todo tipo de maltratos psicológicos por parte de los trabajadores de Cruz Roja y por miembros de la directiva y coordinación de la entidad”.

Señalan, por ejemplo, que todos los documentos que firman –excepto el contrato social– están en español y les dicen cosas como “si no lo firmas, te echamos del programa” o “si no te gusta esto, vete a tu país”. Se quejan también de que la traductora contratada por la entidad solo traduce “en contadas ocasiones” y que han comprobado “que muchas veces lo hace de manera incorrecta, omitiendo deliberadamente parte de lo que queremos expresar”. La mera insinuación de volver al horror vivido, explican, les produce “terror” y acaban firmando todo “sin saber realmente lo que es”. La barrera del idioma es un muro difícilmente soslayable sin la ayuda precisa: “Después de seis meses en España ya deberíais hablar y entender bien el español”, aseguran que les dicen.

La alimentación es otro de los asuntos que genera problemas. Entre los residentes en el centro hay una menor diabética "que no recibe una dieta diferente" y, cuando la reclama, la respuesta es "come menos cantidad y así te sentará mejor”. Desde Cruz Roja aseguran que no es cierto. José Javier Sánchez, subdirector de Cruz Roja para Migraciones, afirmó a este medio que se han preocupado de que vaya al hospital y de que tenga un certificado médico: “En cuanto llegan a Barajas tenemos un equipo médico por si hay alguien con mareos, imagínate cuando llega alguien con diabetes a nuestro centro”, explica.

Se muestran molestos los refugiados por la rigidez de los horarios de la cocina, “hasta el punto de que si un menor ha pasado mala noche con fiebre y se ha levantado de la cama más tarde, fuera ya del horario de desayuno, no le han dado nada para ingerir hasta la hora establecida para comer, transcurriendo más de 16 horas”. Explican que tienen miedo a hablar con las personas de Cruz Roja, y se ven obligados a informarse de sus derechos a través de gente ajena a la entidad. Voluntarios y voluntarias de las que destacan su colaboración y agradecen su ayuda.

En la organización dicen que las acusaciones son falsas y “completamente infundadas". Sánchez señala que sus equipos “pueden tener errores, pero, desde luego, no andan amenazando a la gente para echarlos. Ni en Zaragoza ni en ningún sitio”. Respecto a que estas personas tengan temor a desvelar su identidad y a hablar con los miembros de la organización, resalta que, “afortunadamente, es todo lo contrario, ellos tienen toda la tranquilidad para hablar con nuestros equipos y solicitar lo que precisen”. Sánchez sostiene que estas denuncias “pueden responder a una estrategia para conseguir algo que necesiten, y que nosotros no estemos en situación de darles porque el programa tiene sus límites”.

Sánchez repite como argumento básico que estas personas llegan “de no tener absolutamente nada a un país en el que van a recibir ayuda, y, quizás, tienen unas exigencias muy altas, más de lo que cabría esperar. Nuestro equipo de intervención social y de atención psicológica trabaja mucho con ellos en ese aspecto”. Sus trabajadores y trabajadoras, dice, tienen mucha experiencia, “si no han trabajado con este colectivo lo han hecho con personas sin hogar o con problemas de drogadicción”. Y repite que puede que estas personas “lleguen con una idea equivocada y con unas expectativas que no son las que después pueden tener”.

A este respecto, Cristina Domínguez, del programa de Refugiados de Cruz Roja, apunta que "todas las personas atendidas pueden presentar cualquier reclamación al Ministerio" y que nunca han recibido "ningún cuestionamiento o indicación por parte de la Secretaría General de Migraciones". El pasado 12 de abril, el Gobierno de España respondió a la carta enviada por las familias. En este documento, remitido desde la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, se dice que las prestaciones “no se tramitan directamente por esta Subdirección, siendo las entidades que gestionan el programa quienes evalúan y valoran las circunstancias de cada situación, adaptando la intervención a las necesidades que se presentan”.

En el caso de las familias firmantes, continua la respuesta del Ejecutivo estatal, “Cruz Roja ha remitido un informe detallando las actuaciones que se han desarrollado (…) así como las ayudas que se les han facilitado y por qué cuantías, pudiendo comprobar desde aquí que se adecuan a lo previsto en el Programa”. Recuerdan, para terminar, que la firma del contrato de participación en el programa de acogida “lleva aparejada la adquisición de una serie de compromisos y deberes por parte de las personas participantes tales como “la implicación en el itinerario determinado por la entidad de referencia, el respeto a las normas de convivencia de los dispositivos de acogida y la actitud de colaboración y respeto hacia los profesionales de apoyo”.

Los acogidos han tenido contacto, del mismo modo, con el Gobierno de Aragón, en concreto con la directora general de Igualdad y Familia, Teresa Sevillano, con la que se reunieron el 15 de marzo; y con el Ayuntamiento de Zaragoza –la vicealcaldesa, Luisa Broto, les recibió también el pasado marzo–. Ambos ejecutivos, preguntados por eldiario.es, apuntan que es un caso que está fuera de sus competencias, ya que es el Gobierno de España el que decidió qué entidades se encargarían de la acogida. Apuntan desde la Administración autonómica, no obstante, que sí ha habido reuniones con la entidad para tratar la cuestión.

En el Consistorio recuerdan que el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, pidió a Mariano Rajoy, junto a los alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia y A Coruña, que las entidades locales puedan gestionar la acogida de refugiados y asegurar el cumplimiento de las cuotas de reubicación firmadas por el Estado español. En una reunión mantenida el pasado mes de junio entre Luisa Broto y la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, reiteró esta solicitud reclamando la creación de una cuarta fase en el programa de acogida de la que se harían cargo los municipios.

La otra institución que tuvo conocimiento de los hechos fue el Justicia de Aragón. Desde ella comentan que han pedido información al Gobierno de Aragón y a Cruz Roja, que están recabando informes, “y que la institución siempre estará vigilante para que se reconozcan los derechos y se cumplan los protocolos de acogida”, informa eldiario.es.

El 'negocio' de la sangre: Madrid ha pagado 16 millones a Cruz Roja por extracciones
El 20 de diciembre de 2013, la Comunidad de Madrid en manos de los fascistas corruptos del PP firmó un "convenio" con Cruz Roja -una organización tan franquista como repleta de corruptos nazicatólicos-, para que realizara las campañas de colecta y extracción de sangre en las calles, las universidades y los centros de trabajo. El convenio entró en vigor el 1 de enero de 2014 (tiene una vigencia de seis años). Desde entonces y hasta el 31 de julio de este año el Gobierno regional ya ha desembolsado 16 millones de euros a esta mafia, ya que paga 67 euros por bolsa de sangre.

El butano sube un 5%, el 32% más que hace un año
El precio medio de la bombona de butano experimentará una subida del 5% este martes con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, según indicaron fuentes del sector. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

El PP robará más de 200 € a los pensionistas este año
Después de tres ejercicios en que los pensionistas han mantenido mal que bien su poder adquisitivo gracias a la estabilidad de los precios, su situación económica en 2017 va a empeorar notablemente. Si se cumplen las últimas previsiones de los expertos, la inflación media rondará este año el 2%, ocho veces más de lo que aumentaron las pensiones en aplicación de la rebaja aprobada en 2013 por el gobierno corrupto de ladrones de Rajoy.

El butano sube un 5%, el 32% más que hace un año

El precio medio de la bombona de butano experimentará una subida del 5% este martes con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, según indicaron fuentes del sector. Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

A pesar del descenso en el precio de la materia prima, éste no ha reducido el precio de la bombona, sobre la que pesaba un déficit procedente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. La subida del próximo martes es la máxima permitida por el actual sistema de revisión de precios. Con ella, el butano acumula seis revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno.

Ese mes, la bombona tocó suelo tras unas secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015. De hecho, el butano se encuentra aún un 19% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015, a pesar de las subidas. La nueva subida se producirá tras las del 5% en mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre de 2016 y del 4% en septiembre del ejercicio pasado. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%.

El nuevo incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el quinto que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos, informa Público.

PP y PSOE deben a la banca más de 100 millones de euros
Se dice y proclama que quien paga manda y, según los cálculos de PP y PSOE en sus respectivos informes sobre las cuentas de 2016, los dos partidos suman una deuda bancaria conjunta de más de 105 millones de euros. Los socialistas salen peor parados según sus resultados contables, fechados en junio de 2017, ya que mantienen una deuda con entidades financieras que alcanza los 69,94 millones de euros.

Salarios y trabajos 'miserables', la consecuencia nefasta de una política austericida y neoliberal
Cuando la Reserva Federal (Fed) debatía hace más de un año si era el momento de subir los tipos de interés, una de las razones que esgrimía para no hacerlo era la debilidad que estaba experimentando el crecimiento de los salarios, un indicador macro importante para la entidad y que no conseguía repuntar, a pesar de que el desempleo ya rozaba mínimos históricos en aquel momento. Ahora, Mario Draghi y el consejo de gobierno del Banco Central Europeo -BCE- parecen estar pasando por la misma encrucijada: en las actas de la última reunión del organismo se muestra que hubo un debate sobre los efectos nefastos de los bajos sueldos en la inflación de la eurozona.

Las mafias religiosas se han ahorrado 45 millones por no pagar el IBI en Madrid desde 2007
Las sectas religiosas se han ahorrado más de 45 millones de euros por no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en la ciudad de Madrid entre 2007 y 2015. Según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes inmuebles de las Iglesia Católica y de las demás sectas mafiosas que se esconden tras creencias anticientíficas y demostradamente criminales están exentas de pagar el IBI. Solo en 2015, esta exención le costó al Ayuntamiento de Madrid más de 6 millones de euros por las 1.708 propiedades de las entidades religiosas, en su mayoría de la Iglesia Católica vaticana, confirman fuentes del consistorio.