dissabte, 29 de juliol de 2017

Londres: "homicidio corporativo" en el incendio de Torre Grenfell

El Gobierno británico anuncia hoy que se llevará a cabo una revisión independiente sobre las regulaciones de los edificios y la seguridad en caso de incendios, después del que calcinó el mes pasado la Torre Grenfell de Londres, un grave incidente que se saldó con 80 muertos. El Ministerio para las Comunidades y las autoridades locales señalaron el pasado mes que la tragedia ocurrida en ese bloque de 24 plantas, donde vivían alrededor de 500 personas, "planteó preguntas graves" sobre los mecanismos de seguridad existentes en caso de incendios, centradas en el empleo de revestimientos inflamables en torres residenciales.

La revisión estará liderada por Judith Hackitt e informará de sus averiguaciones al ministro de Comunidades británico, Sajid Javid y a la ministra británica de Interior, Amber Rudd, indicó el Gobierno. "Está claro que tenemos que revisar las regulaciones que hay en los edificios y la seguridad en caso de incendios con urgencia", afirmó hoy Javid. "El Gobierno está decidido a asegurar que aprendemos lecciones del incendio en la Torre Grenfell y que nos aseguramos de que no vuelve a ocurrir nunca más algo así", dijo el ministro. El anuncio se conoce después de que se hiciera público que 82 torres de viviendas de este país no superaron un nuevo test sobre seguridad en caso de incendios.

El incendio, de enormes dimensiones, se declaró en una torre de viviendas de protección social, situada en el oeste de la capital británica, en la que vivían entre 400 y 600 personas, a causa de un frigorífico defectuoso, según la policía. Los expertos señalaron después que las llamas se extendieron con facilidad debido a que el revestimiento tenía material inflamable, lo que ha obligado a las autoridades a revisar el estado de otros edificios que, como la torre Grenfell, son de protección oficial. Los agentes que investigan el incendio han hallado "indicios razonables" para poder presentar cargos por posible "homicidio corporativo", según reveló este jueves un portavoz de Scotland Yard, informa DW.

El incendio de la Torre Grenfell: una masacre corporativista en Londres
Ricardo Vaz: Un gran incendio devoró la Torre Grenfell en las primeras horas del 14 de junio en Londres. La Torre Grenfell es un edificio de apartamentos de 24 pisos en el barrio de North Kensington. Más de 600 personas debían hallarse dentro del edificio. Según algunas estimaciones, el número de muertos es ya de 79 e incluso podría llegar al centenar. Este fuego ha generado una ola de ira pública contra las ignoradas advertencias sobre la seguridad, contra la respuesta insuficiente de las autoridades y, sobre todo, contra las políticas (de vivienda) que protegen la voracidad de las grandes empresas y propietarios en detrimento de los derechos de los pobres y de la clase obrera y, en este caso, de sus propias vidas. Este dramático incendio no fue un accidente. Fue un homicidio involuntario corporativista.

BCN: El accidente que dejó 56 heridos por la prevaricación y anticatalanismo del PP
Una cámara de seguridad grabó el accidente que tuvo lugar este viernes en la Estació de França de Barcelona y que se saldó con 56 personas heridas, tres de ellas graves. Las espectaculares imágenes muestran la virulencia del impacto y cómo el convoy se eleva puntualmente fruto del fuerte golpe. En las últimas horas se ha sabido que el maquinista del tren ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas al que le han sometido los Mossos d’Esquadra, que le tomarán declaración en las próximas horas.

La jueza del caso Nicolás prevarica para tapar la guerra sucia del PP
En las prisas por tapar las cloacas de Interior, y pese a comprobarse la destrucción de pruebas en los archivos centrales de la Policía, la magistrada Martínez Gamo cerró esa pieza sin cumplir la decisión de la Audiencia Provincial de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial. Es el Auto Nº 955/2016 y su incumplimiento raya en la prevaricación, si es que la jueza sabía que, al archivar la subpieza secreta del caso Nicolás –y con ello echar tierra a las cloacas de Interior–, estaba desobedeciendo una decisión de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

BCN: El accidente que dejó 56 heridos por la prevaricación y anticatalanismo del PP

Una cámara de seguridad grabó el accidente que tuvo lugar este viernes en la Estació de França de Barcelona y que se saldó con 56 personas heridas, tres de ellas graves. Las espectaculares imágenes muestran la virulencia del impacto y cómo el convoy se eleva puntualmente fruto del fuerte golpe. En las últimas horas se ha sabido que el maquinista del tren ha dado negativo en el control de alcoholemia y drogas al que le han sometido los Mossos d’Esquadra, que le tomarán declaración en las próximas horas. Una de las hipótesis que dicen barajar los investigadores como causa del siniestro es una posible distracción del conductor aunque ello no explicaría que los frenos de seguridad de la estación no funcionaran y apunta a un intento más de culpar al conductor para esconder la ruina y obsolescencia de la red ferroviaria y la falta de financiación del gobierno del PP en las infraestructuras de Catalunya, repetidamente denunciada por todos los representantes políticos y la propia Generalitat ante los oídos sordos y prevaricadores de la mafia fascista del PP.

Según ha informado la policía catalana, el maquinista, de 31 años y con siete años de experiencia en Rodalies , ha dado negativo en el preceptivo control de alcoholemia y drogas que le han practicado los Mossos d’Esquadra. El conductor, tras el accidente, ha quedado lesionado de diversa consideración y en estado de shock. Los detalles que pueda aportar el maquinista formarán parte de la investigación que llevan a cabo agentes de la división de Transportes de la policía catalana, en unas pesquisas que se prevén largas, ya que todavía se está procediendo al volcado de los datos de las dos cajas negras.
Los Mossos dan especial importancia al contenido de las cajas negras extraídas del tren, en un proceso laborioso que puede aportar pistas claves para determinar la velocidad a la que circulaba el convoy -varios pasajeros han afirmado que ya estaba frenando- y si ha habido algún fallo en el sistema de frenado. Los agentes de la división de Transporte de la policía catalana también han inspeccionado el tren accidentado y, por primera vez en un siniestro de estas características, han utilizado un dron para tomar imágenes para facilitar su labor de investigación.

Según han informado fuentes policiales, las imágenes tomadas por el dron permitirán ver cómo han quedado los vagones tras el choque, lo que puede dar pistas sobre las causas del accidente. Después de que unos operarios retiraran unos metros el tren accidentado, los agentes de la policía catalana pudieron inspeccionar el tope fijo del final de vía, así como la parte frontal del tren, que había quedado bajo el primer vagón.

Los agentes esperan que la inspección del tope y del frontal del vagón les arroje pistas para poder avanzar en el esclarecimiento de las causas del accidente. Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción 11 de Barcelona, que ayer estaba de guardia, ha abierto diligencias en relación al accidente, informa La Vanguardia.

La jueza del caso Nicolás prevarica para tapar la guerra sucia del PP
En las prisas por tapar las cloacas de Interior, y pese a comprobarse la destrucción de pruebas en los archivos centrales de la Policía, la magistrada Martínez Gamo cerró esa pieza sin cumplir la decisión de la Audiencia Provincial de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial. Es el Auto Nº 955/2016 y su incumplimiento raya en la prevaricación, si es que la jueza sabía que, al archivar la subpieza secreta del caso Nicolás –y con ello echar tierra a las cloacas de Interior–, estaba desobedeciendo una decisión de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ataque concertado en Facebook contra anti-pujolistas
Estos últimos días y semanas, los usuarios de Facebook que cuelgan posts críticos con el independentismo se encuentran a menudo con que desaparecen. La causa es la acción concertada de un grupo de usuarios 'independentistas' que denuncian estas publicaciones como spam (correo basura: envío masivo de mensajes indeseados por los receptores, generalmente publicitarios aunque en este caso afecta a particulares o a medios de izquierdas sin publicidad ni subvención alguna, como Agencia Sírius). El ataque coordinado de este colectivo ha afectado a usuarios de todo tipo de perfiles ideológicos.

El exalcalde de Valladolid (PP), al banquillo por prevaricación y falsedad documental
El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) se sentará en el banquillo de los acusados por segunda vez. El juzgado de Instrucción número 4 ha decretado la apertura de juicio oral contra él y contra dos de sus concejales (uno de ellos lo sigue siendo en el nuevo Ayuntamiento) por el caso de la comfort letter, denunciado por el nuevo alcalde socialista, Óscar Puente. León de la Riva ya fue condenado en 2015, poco después de las elecciones municipales, por desobeciencia judicial, ya que se negó reiteradamente a cumplir una sentencia que le obligaba a demoler varios áticos del edificio donde él tiene su residencia. La condena le inhabilitó para cargo público durante 13 meses.

El exalcalde de Valladolid (PP), al banquillo por prevaricación y falsedad documental

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) se sentará en el banquillo de los acusados por segunda vez. El juzgado de Instrucción número 4 ha decretado la apertura de juicio oral contra él y contra dos de sus concejales (uno de ellos lo sigue siendo en el nuevo Ayuntamiento) por el caso de la comfort letter, denunciado por el nuevo alcalde socialista, Óscar Puente. León de la Riva ya fue condenado en 2015, poco después de las elecciones municipales, por desobeciencia judicial, ya que se negó reiteradamente a cumplir una sentencia que le obligaba a demoler varios áticos del edificio donde él tiene su residencia. La condena le inhabilitó para cargo público durante 13 meses. En este nuevo caso, la juez considera que León de la Riva habría cometido delitos de prevaricación y falsedad documental, mientras que los concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, están encausados sólo por el primero de ellos.

Según el auto de tramitación de diligencias previas, ha quedado acreditado que Javier León de la Riva firmó tres comfort letter (cartas de conformidad para los bancos que otorgaban créditos) para la operación de soterramiento del tren, y que lo hizo sin tramitar los procedimientos preceptivos para ello y sabiendo de la ilegalidad de su proceder. Así, el 28 de julio de 2008 firmó la primera carta que avalaba un préstamo de 200 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. El 24 de septiembre de 2010 firmó una segunda para avalar otro préstamo de 70 millones, y el 14 de febrero de 2011, una tercera por un crédito de 400.

La juez estima que para firmar esas cartas se tenía que haber llevado el asunto al Pleno Municipal, se tenía que haber aportado un informe del interventor y además requería una autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. En el caso de la tercera carta de conformidad, por un crédito de 400 millones que suponía un aval, por parte del Ayuntamiento de 100, se firma “sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera dado su nivel de endeudamiento”.

Pero hay más. “El referido documento contenía extremos no reales, falta verdad en la narración de los hechos y supone la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto.

Así afirmaba en el punto 4º que el Ayuntamiento de Valladolid declaraba en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento han sido debidamente realizados y adoptados y que no existían circunstancias ni se había interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, no ejecución o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los accionistas en ese y en todos los documentos referidos y que las personas firmantes de este documentos, en nombre y representación de la mismas poseían facultados de suficientes al efecto. Finalmente señalada al pie de la firma de Francisco Javier León de la Riva en su condición de Alcalde, que se rubricaba en ejecución de los acuerdo internos suficientes adoptados a este respecto”, relata el auto judicial.

Las concejalas Blanco y Sánchez

Respecto a la actuación de las dos concejalas, Blanco y Sánchez, recuerda la instructora que eran concejales de las áreas de Hacienda y Planificación, e Infraestructuras y Movilidad, respectivamente, además de miembros junto a León de la Riva del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 SA. Participaron además en las reuniones en las que se trató la necesidad de emitir esas cartas de compromiso.

Para ello se les facilitó la oportuna documentación. Alfredo Blanco y Manuel Sánchez también tenían conocimiento de las garantías que las entidades bancarias exigían para la financiación de la Sociedad, de la suscripción por el entonces alcalde Javier León de la Riva de las sucesivas cartas de compromiso emitidas hasta la de enero de 2011, de que la emisión de esas cartas se hizo sin seguir los preceptivos trámites administrativos en el Ayuntamiento y de que no se había solicitado ningún informe a la Secretaria o a la intervención Municipal, “y ello con la intención de eludir el control municipal sobre la firma de tales cartas de compromiso que obligaban al Ayuntamiento de Valladolid”.

El auto recuerda que el 25 de agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Valladolid, ya gobernado por PSOE y Valladolid Toma La Palabra (IU), declaró la nulidad de la comfort letter de 2011, y después conoció las anteriores. Fiscalía y Ayuntamiento, personado como acusación particular, tienen 10 días para solicitar a apertura de juicio oral aportando escrito de acusación, con las correspondientes peticiones de pena para los tres encausados, informa eldiario.es.

El SAT ofrece urnas a los catalanes en Andalucía para votar en el referéndum
El portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha expresado su disposición a "poner urnas en las ocho capitales andaluzas para que los votantes catalanes que se encuentren en Andalucía, lejos de Cataluña, puedan ejercer el derecho democrático y soberano de autodeterminación" en el referéndum anunciado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

Cursach dice que no ha pagado a nadie para amenazar a los testigos
El empresario mafioso balear Bartolomé Cursach ha declarado esta mañana desde la cárcel de Alicante, donde está preso, que "era mentira" que hubiera contratado a nadie para que obligaran a los testigos para que cambiaran la versión. El empresario ha declarado como testigo en el juicio por las presuntas amenazas sufridas por un testigo clave del caso, en el que se sienta en el banquillo un ciudadano de nacionalidad rumana, para el que se reclaman tres años de cárcel.

La jueza del caso Nicolás prevarica para tapar la guerra sucia del PP
En las prisas por tapar las cloacas de Interior, y pese a comprobarse la destrucción de pruebas en los archivos centrales de la Policía, la magistrada Martínez Gamo cerró esa pieza sin cumplir la decisión de la Audiencia Provincial de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial. Es el Auto Nº 955/2016 y su incumplimiento raya en la prevaricación, si es que la jueza sabía que, al archivar la subpieza secreta del caso Nicolás –y con ello echar tierra a las cloacas de Interior–, estaba desobedeciendo una decisión de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.
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La jueza del caso Nicolás prevarica para tapar la guerra sucia del PP

En las prisas por tapar las cloacas de Interior, y pese a comprobarse la destrucción de pruebas en los archivos centrales de la Policía, la magistrada Martínez Gamo cerró esa pieza sin cumplir la decisión de la Audiencia Provincial de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial. Es el Auto Nº 955/2016 y su incumplimiento raya en la prevaricación, si es que la jueza sabía que, al archivar la subpieza secreta del caso Nicolás –y con ello echar tierra a las cloacas de Interior–, estaba desobedeciendo una decisión de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

Porque la nueva magistrada del Juzgado de Instrucción Nº2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, decidió el pasado 8 de julio dar carpetazo a esa subpieza secreta –a pesar de que no se ha cumplido la finalidad con la que fue abierta– sin haber practicado dos diligencias ordenadas por la Audiencia: las comisiones rogatorias a EEUU para que la empresa Google facilitase el registro de las cuentas de correo electrónico einda1968@gmail.com y fuentesgago@gmail.com (del tertuliano Eduardo Inda y del inspector José Ángel Fuentes Gago) tal como mandó inicialmente el antecesor de esa jueza, Arturo Zamarriego.

De hecho, el fiscal Alfonso San Román se opuso –una vez más– a una diligencia crucial para resolver el caso, al recurrir el mandamiento del juez de que se obtuviesen los contenidos de esas cuentas de Gmail, así como de la oficial de Fuentes Gago en los servidores de la Policía Nacional (jose.fuentes@policia.es) y del periodista Esteban Urreiztieta (esteban.urreiztieta@elmundo.es). Y el citado auto 955/2016 de la Audiencia lo que hizo fue desestimar ese recurso del fiscal. "...y en consecuencia CONFIRMAMOS dicha resolución" del juez Zamarriego:

Por tanto, el juez ponente y las dos magistradas de la Audiencia de Madrid han dispuesto que se practiquen dos diligencias –las de pedir a Google dichas cuentas de Gmail– y la jueza Martínez Gamo es consciente de que decreta el archivo de la subpieza secreta sin haberlo hecho, puesto que así lo indica en el punto tercero de sus razonamientos jurídicos del auto en el que da carpetazo al caso. Ambos fragmentos se reproducen a continuación:

Es decir, la jueza Martínez Gamo está archivando una pieza secreta que lleva un año de instrucción a pesar de ser perfectamente consciente de que no se ha cumplido una resolución inapelable de la Audiencia Provincial, impidiendo por tanto que se termine de practicar lo ordenado por esa instancia superior. Y el único argumento que puede aducir para hacerlo es que "la situación a tomar en consideración en el momento actual [...] ha variado ostensiblemente" durante esa larga instrucción: precisamente que al abrirse el correo electrónico policial de Fuentes Gago se descubre que ha desaparecido el e-mail crucial para la investigación, y que la búsqueda del correo de Urreiztieta ha dado un "resultado negativo".

Por tanto, la jueza está reconociendo que esas diligencias han sido infructuosas. Y después se contradice a sí misma al afirmar que "procede declarar el archivo de la presente pieza separada, al haberse cumplido, dentro de los límites procesales, la finalidad para la que fue abierta". Pero ella misma constata en su quinto razonamiento que no se ha desentrañado el objeto de esa pieza secreta: averiguar quién o quiénes fueron los autores de la grabación y difusión de la grabación ilegal de la conversación entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. ¿Cómo puede alegar que se ha cumplido la finalidad de esa pieza?

Muy claramente lo exponen así los abogados de Podemos –formación que está personada en esa causa–, en su recurso de reforma contra el auto de la jueza, en el que subrayan que, "dependiendo jerárquicamente del Sr Marcelino Martín Blas y manteniendo una “estrechísima relación de amistad con el comisario Martín Blas”, es inexplicable la razón por la que el Sr Fuentes Gago pudo eliminar el remitente del mensaje cuando el Comisario le ordena que se la remita […] llegando a la inevitable conclusión de que el Sr Gago eliminó el remitente de la referida grabación con el único objeto de impedir la identificación de quién pudo ser el autor de la grabación, lo que entendemos que es un claro indicio de criminalidad que habría de haber impedido el decreto del sobreseimiento de las actuaciones respecto del investigado Sr Fuentes Gago".

Antes de reenviar a su superior ese correo electrónico, que incluía la grabación ilegal efectuada en sede policial, Fuentes Gago eliminó el nombre del remitente original –clave para descubrir quién cometió el delito– y después no sólo borró el mail de su cuenta policial de Outlook, sino que el original fue destruido en los servidores del Centro de Protección de Datos de El Escorial, como reveló Público en exclusiva el pasado 12 de julio.

El recurso de Podemos también expone que "ha quedado acreditada la existencia del correo en los autos que conforman la presente subcarpeta, así consta en oficio de 11 de enero de 2017 de la Unidad de Investigación Tecnológica del CNP (folio 160 de los autos en el que se refleja el volcado de datos de la cuenta de correo mmartin@policia.es, perteneciente a Marcelino Martín Blas, y cómo del mismo se extrae el correo recibido del Sr. Fuentes Gago el 12 de diciembre de 2014 a las 14:54 y que contenía la grabación ilegal".

Pero "no fue posible extraer el citado mensaje de correo electrónico, porque el mensaje cuya existencia ha quedado más que corroborada en los autos ha desaparecido de la cuenta de correo corporativa del Sr. Fuentes Gago. Ha sido eliminado". …"La destrucción del correo de la cuenta del Sr Fuentes Gago que llevaba adjunta la grabación y en el que constaba el remitente, es en sí mismo la destrucción de una prueba que impide el esclarecimiento del autor/es y otros partícipes de la grabación y difusión parcial de la misma considerando necesaria, pertinente y urgente la reiteración de las diligencias consistentes en las comisiones rogatorias a GOOGLE y GMAIL, si bien esta parte propondría en caso de estimación de nuestro recurso, limitarlas a los correos ya perfectamente identificados, a fin de que ninguno de los titulares de los referidos correos puedan alegar indefensión ni injerencia o intromisión en sus derechos "…

La Audiencia Provincial de Madrid ya ha tenido que rectificar las actuaciones del fiscal San Román en numerosas ocasiones –advirtiéndole al final de que estaba provocando dilaciones injustificadas en el procedimiento– porque ha asumido una y otra vez las tesis de la defensa del pequeño Nicolás y se ha puesto del lado del resto de los acusados, incluido el comisario José Manuel Villarejo Pérez.

Ahora, la Audiencia de Madrid va a tener que intervenir de nuevo en esta causa, aunque esta vez para revisar la actuación de la propia jueza encargada del caso, informa Público.

Las cloacas del fascismo y Fernández el nazi: falsos destinos para cubrir a sus lacayos
Tres nombres de culpables y otros tantos de víctimas en apenas un folio de extensión. En eso han quedado las conclusiones de la comisión del Congreso sobre el uso partidista de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy bajo el mandato del nazicatólico del Opus Dei Fernández Díaz. Y en el breve texto, una de las claves de cómo sobrevivió esa estructura paralela en el seno de la cúpula del Cuerpo durante más de cuatro años: el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo.

ERC rotunda: existía la 'Operación Cataluña' y Rajoy lo sabía
Tras ocho meses de trabajo con importantes lapsos de interrupción, la Comisión de Investigación sobre el uso partidista de Interior bajo el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz, echa el cierre el 31 de julio. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos pactaron finiquitarla tras vetar las comparecencias de Alfredo Pérez Rubalcaba, el polémico comisario Villarejo y Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos. Ahora, los diferentes partidos políticos tendrán que redactar sus conclusiones por separado para, posteriormente, elaborar una resolución de manera conjunta. En este sentido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sido uno de los primeros en elaborar sus conclusiones y se ha pronunciado: culpables.

Rajoy mintió ante el juez de Gürtel sobre la campaña del 2000
La estrategia de Mariano Rajoy y Pío García-Escudero, durante su interrogatorio esta semana como testigos del caso Gürtel, no dejaba lugar a dudas: los directores de campaña del Partido Popular no se ocupaban y desconocían el presupuesto destinado a este periodo preelectoral, sino de la parte política (discursos, debates, mensajes, etc.). Rajoy insistió una y otra vez en este punto, subrayando así que nunca en sus varias décadas de altas responsabilidades en el PP tuvo conocimiento del dinero que entraba y salía de la calle Génova para mantener la calidad salarial de la que gozaban sus altos mandos.