divendres, 1 de setembre de 2017

Bergoglio fue a una psicoanalista judía "para aclarar algunas cosas"

Francisco dice que visitó a una psicoanalista judía durante seis meses "para aclarar algunas cosas", una vez a la semana durante seis meses cuando tenía 42 años. y que ahora "nada le asusta". El jefe del Vaticano compartió los detalles con Dominique Wolton, un sociólogo francés, durante las entrevistas para un libro que se publicará la próxima semana. En ese tiempo era el padre Jorge Bergoglio y jefe de la orden jesuita argentina durante la dictadura militar del país. También habla sobre el papel influyente que las mujeres han desempeñado en su vida, incluyendo a su madre, dos abuelas y a Esther Ballestrino de Careaga, comunista y fundadora del movimiento Madre de la Plaza de Mayo.

"El psicoanálisis me ayudó mucho", le dijo a Wolton para el libro de 432 páginas, Pope Francis: Politics and Society. "Fui a su casa para aclarar algunas cosas. Siempre estaba allí. Un día, antes de morir, me llamó. No para recibir los sacramentos, porque era judía, sino para un diálogo espiritual. Era una buena persona". Ahora, con 80 años, Francisco le dijo a Wolton que "se sentía libre": "Estoy en una jaula en el Vaticano, pero no espiritualmente. Nada me asusta". También apunta a los sacerdotes que "son rígidos y tienen miedo de comunicarse".

También habla sobre el papel influyente que las mujeres han desempeñado en su vida, incluyendo a su madre, dos abuelas y a Esther Ballestrino de Careaga, comunista y fundadora del movimiento Madre de la Plaza de Mayo en Buenos Aires que murió durante la dictadura. "Las que conocí me ayudaron mucho cuando necesitaba aclarar las cosas", dijo.

Robert Mickens, editor de la edición en lengua inglesa del periódico católico La Croix, dijo que el Papa había reconocido previamente que las ciencias sociales pueden beneficiar el desarrollo humano y que ha habido un cambio gradual en las actitudes dentro de la iglesia católica hacia la Psicoterapia desde los años setenta. "Es muy común en los programas de formación de sacerdotes, especialmente en el mundo occidental, que se sometan a una evaluación psicológica antes de ser admitidos en un seminario o diócesis", dijo Mickens.

"Hay un reconocimiento que las ciencias sociales pueden ayudar a desenterrar los asuntos que necesitan ser tratados. Pero lo que sigue siendo parte de la mentalidad entre algunas personas es que aquellos que tienen que recibir tratamiento son de alguna manera "débiles", por lo tanto, escuchar que el Papa necesita ayuda es lo que hace ojear y captar los titulares", informa The Guardian.

Bergoglio reduce a escondidas las sanciones a pederastas
Nicole Winfield, la vaticanista de la agencia norteamericana Associated Press, dio una primicia que impactó por el desconcierto que causa: el Papa Francisco, que reiteradamente promete “tolerancia cero” con los curas que abusan sexualmente de menores, redujo “discretamente”, o sea sin hacerlo público, las sanciones a “un puñado” de clérigos pedófilos. Su decisión cayó mal entre las víctimas y los asesores pontificios.

"Hoy, en 2017, la Iglesia protege y defiende la pederastia"
Hace dos años, Emiliano Fittipaldi fue el primer periodista, junto a Gianni Nuzzi, en sentarse ante un tribunal vaticano, acusado de la filtración de documentos conocida como Vatileaks II, y que acabó con la condena del español Lucio Vallejo Balda. El vaticanista había publicado Avarizia, donde recogía parte de la documentación robada a la Santa Sede. Durante las sesiones del juicio, "varios monseñores me seguían y me daban información. Alguno, incluso, en los baños vaticanos".

Un mando de la PN fue quien informó a los Mossos de la amenaza
Un alto mando de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña fué quien contactó personalmente con el responsable de antiterrorismo de los Mossos, Manel Castellví, para informarle de la existencia del comunicado remitido el pasado 25 de mayo por el National Counterterrorism Centener (NCTC) de Estados Unidos, que alertaba de la posibilidad de que se produjeran ataques terroristas en las Ramblas de Barcelona durante el verano.

Un mando de la PN fue quien informó a los Mossos de la amenaza

Un alto mando de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña fué quien contactó personalmente con el responsable de antiterrorismo de los Mossos, Manel Castellví, para informarle de la existencia del comunicado remitido el pasado 25 de mayo por el National Counterterrorism Centener (NCTC) de Estados Unidos, que alertaba de la posibilidad de que se produjeran ataques terroristas en las Ramblas de Barcelona durante el verano. En concreto, se trata del jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, quien llamó a Castellví con el fin de cerciorarse de que había recibido adecuadamente el mensaje de los servicios de inteligencia norteamericanos.

La llamada se produjo en los siete días siguientes a la recepción del comunicado y el mando antiterrorista de la Policía Nacional la hizo con el fin único de cerciorarse de que los Mossos también tenían en su poder la nota y la tenían en cuenta, dado que es el cuerpo de seguridad autonómico el que tiene la competencia de seguridad ciudadana en Cataluña y el único que tenía capacidad para tomar las medidas adecuadas para asegurar las Ramblas. El aviso, además, solo podía ser aprovechado policialmente en ese sentido, dado que no aportaba dato alguno para avanzar en una investigación.

Castellví confirmó a su colega de la Policía Nacional que efectivamente ya tenía sobre su mesa la nota del organismo estadounidense, por lo que el asunto no era algo nuevo para él. Sin embargo, y a pesar del doble aviso recibido —a través del NCTC y por medio del citado mando policial—, los responsables del cuerpo autonómico dieron una "baja credibilidad" a la advertencia, como reconoció ayer el 'major' de la corporación, Josep Lluís Trapero, durante la comparecencia pública que protagonizó junto al 'conseller' de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en la que ambos admitieron la existencia del comunicadoque alertó del riesgo el 25 de mayo, aunque se negaron a revelar qué organismo lo había remitido.

Por añadidura, Trapero admitió que, tras los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils —en los que perdieron la vida 16 personas—, se produjo una comunicación entre los Mossos y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) a cuenta del citado aviso del NCTC norteamericano, contacto que se suma al que mantuvo Castellví con el mencionado alto mando de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, que sin embargo sí se produjo antes de la masacre; en concreto, pocas horas después de la remisión del comunicado del NCTC.

La nota de aviso del centro contraterrorista norteamericano fue enviada también al propio Citco, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los mismos términos en que fue remitida a los Mossos. Todos los citados organismos con competencias contra el terrorismo recibieron la alerta, por lo tanto, el mismo día y en el mismo formato que la policía autonómica, a través de un "correo cifrado" que llegó a los responsables antiterroristas directamente desde el enlace del NCTC, según explican fuentes de la lucha antiterrorista.

Según Trapero, sin embargo, no solo la policía autonómica dio "baja credibilidad" al comunicado de la inteligencia estadounidense, sino que también el Estado le restó "veracidad". El jefe de los Mossos argumentó que no se habló de esta amenaza en las reuniones de las mesas de evaluación de la amenaza terrorista del mismo 25 de mayo y del posterior 8 de junio. Tampoco en la junta de seguridad que se celebró en Cataluña el pasado 28 de junio, insistió Trapero. Este último extremo fue confirmado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aseguró no haber sido avisada de alarma de posible atentado alguna, ni siquiera en la mencionada junta de seguridad, "donde consta expresamente que a petición del ayuntamiento se trata siempre de la alerta terrorista sobre nuestra ciudad".

Pero la realidad se tornó tozuda y confirmó la advertencia de los servicios de inteligencia norteamericanos. El 17 de agosto, apenas dos meses después del aviso, el marroquí Younes Abouyaaqoub cogió una furgoneta alquilada y entró en las Ramblas a toda velocidad haciendo eses con el fin de alcanzar al mayor número posible de ciudadanos. Atropelló a decenas de personas, 14 de las cuales perdieron la vida con motivo del ataque perpetrado en la turística calle barcelonesa. En su huida, el terrorista apuñaló a un hombre más (Pau Pérez) para robarle el coche. Horas después, en un atropello similar en Cambrils, murió la decimosexta víctima.

Según reveló ayer 'El Periódico', los servicios de inteligencia norteamericanos remitieron una nota muy concreta. "Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo de 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y Ash-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en la calle la Rambla", rezaba la advertencia del NCTC a la que los Mossos no dieron credibilidad.

Tras la información revelada por el diario catalán, El Confidencial pudo confirmar su contenido en todos sus términos. La nota fue remitida a todos los organismos competentes en la materia por el NCTC, con el fin de que estos pudieran tomar las medidas de seguridad oportunas y no para que el contenido de la misma fuera utilizado en procedimientos judiciales, ya que se trata de conclusiones elaboradas tras el análisis de diversos informes de las agencias de inteligencia estadounidenses.

El aviso partía inicialmente de la CIA, por lo que el NCTC no hizo más que de correa de transmisión. Este último organismo, de hecho, aglutina y analiza la información que proviene de una veintena de agencias de inteligencia estadounidenses —entre ellas, la National Security Agency (NSA), la mencionada Central Intelligence Agency (CIA) o la Federal Bureau of Investigation (FBI)— y lleva a cabo advertencias como esta dirigidas tanto al propio Gobierno estadounidense como a organismos similares (el Citco, por ejemplo) de países aliados o a fuerzas de seguridad extranjeras.

Tanto Guardia Civil como Policía Nacional y CNI entendieron que el comunicado no tenía utilidad para hacer avanzar investigación alguna, dado que —según las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas— "no aporta dato alguno relevante" en este campo. "Ni una filiación, ni un teléfono, ni una matrícula, ni una dirección de correo electrónico, ni una web ni ninguna información que se pueda introducir en las bases de datos policiales" que inicie una investigación, añaden las mismas fuentes, que aseguran que en todo momento las fuerzas de seguridad estatales le han dado la importancia que tiene, que se limita al ámbito de la seguridad ciudadana, informa El Confidencial.

EEUU confirma que alertó a los Mossos
El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se han visto forzados este jueves a reconocer que la policía catalana sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico (EI) atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, «específicamente en la Rambla». Ambos negaron, en cambio, que esta advertencia procediera de la CIA, con el conocido argumento de que los Mossos no tienen relación con los servicios de inteligencia.

Satty fue vigilado por radical en prisión
El seguimiento que se realizó a Abdelbaki Es Satty, presunto cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils, en el centro penitenciario de Castellón I, donde cumplía condena por tráfico de drogas, se confirma ahora con una nota interna de prisiones informando que el imán de Ripoll había sido investigado por su supuesto «carácter radical salafista». El preso figuraba en los ficheros FIES, concretamente al grupo C, donde se incluye a los presos susceptibles de radicalización. El juez que evitó su expulsión desconocía esta información.

Catalá vuelve a ser reprobado por la crisis de LexNet
La comparecencia del Ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), sobre la crisis de LexNet, a solicitud del PSOE, Podemos-En Comú, Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, no ha convencido a ningún grupo de la oposición en el Congreso, y han tildado la actitud de Catalá de “indolencia, mal político, ministro reprobado, mal gestor”, e incluso le han pedido la dimisión o su cese al Gobierno del Partido Popular.

Putin: "Es erróneo e inviable el cálculo de la presión sobre Pionyang para resolver la crisis"
En vísperas de la novena cumbre del grupo BRICS, que se celebrará en la ciudad china de Xiamen del 3 al 5 de septiembre, el presidente ruso Vladímir Putin ha evaluado en un artículo los logros y retos claves de esa agrupación de naciones y del mundo actual. El mandatario destaca que los cinco países integrantes de esa alianza "han reforzado de forma significativa sus posiciones en el mundo", a la vez que han logrado "hacer un avance serio en áreas claves de cooperación: política, económica y humanitaria".

Putin: "Es erróneo e inviable el cálculo de la presión sobre Pionyang para resolver la crisis"

En vísperas de la novena cumbre del grupo BRICS, que se celebrará en la ciudad china de Xiamen del 3 al 5 de septiembre, el presidente ruso Vladímir Putin ha evaluado en un artículo los logros y retos claves de esa agrupación de naciones y del mundo actual. El mandatario destaca que los cinco países integrantes de esa alianza "han reforzado de forma significativa sus posiciones en el mundo", a la vez que han logrado "hacer un avance serio en áreas claves de cooperación: política, económica y humanitaria". Putin pone de relieve el hecho de que la cooperación del grupo internacional se basa en los principios de "igualdad, respeto y consideración de las opiniones", y manifiesta que "en el BRICS nadie impone nada a nadie". Por ello, califica de "constructiva" esa cooperación, que considera dirigida a formar "un orden mundial multipolar y justo" y a crear "posibilidades iguales para el desarrollo de todos los países".

El presidente ruso señala asimismo que con la unidad de esfuerzos de todas las naciones se puede "asegurar la estabilidad en el planeta" y encontrar modos para "resolver conflictos intensos", entre ellos los de Oriente Medio. Putin subraya que, gracias a las acciones de Rusia y otros países, se han logrado últimamente "premisas para la mejora de la situación en Siria". Por su parte, Rusia "insta a empezar a formar un amplio frente antiterrorista, con base en el derecho internacional y bajo el papel central de la ONU". Es esencial que esta medida "no se tome con palabras, sino con acciones".

Putin reconoce que la situación actual en la península coreana "se ha exacerbado y se está balanceando al borde de un conflicto de gran envergadura". El presidente ruso tacha de "erróneo e inviable" el cálculo de que se podrían detener los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte "exclusivamente a través de la presión sobre Pionyang". Asevera, por el contrario, que "las provocaciones, la presión, la retórica beligerante e insultante llevan a un callejón sin salida".

Por otra parte informó que, junto con China, Rusia ha elaborado una 'hoja de ruta' para la resolución del conflicto en la península coreana, que tiene como objetivos "contribuir a una reducción por etapas de las tensiones" y crear "un mecanismo de paz sólida y seguridad".

Rusia, añade el mandatario, "comparte las preocupaciones" de los países miembros del grupo BRICS sobre "la injusticia de la moderna arquitectura financiera y económica global", que "no toma en cuenta el creciente peso económico de los países en desarrollo". Finalmente, afirma su certeza de que los BRICS "seguirán abogando, de forma consolidada, contra el proteccionismo y las nuevas barreras en el comercio mundial", informa RT.

El misil de Kim como oferta de diálogo
El lanzamiento más reciente de un misil demuestra que las sanciones y las amenazas no intimidan a Corea del Norte, que quiere negociar con EEUU de igual a igual. Con el lanzamiento de un misil balístico que sobrevoló Japón, Corea del Norte ha vuelto a echar más leña al fuego en el este asiático. Esto no se lo esperaban ni en Washington, ni en Bruselas, ni en Berlín. Es más bien el presidente estadounidense, Donald Trump, quien creía que con el endurecimiento de las sanciones y amenazando con un ataque militar haría entrar en razón a Corea del Norte. Sin embargo, esta suposición es falsa.

Fondos acusan a Bruselas de fallar en la evaluación del Popular
Algebris, Anchorage y Ronit acusan a la Comisión Europea de ser el responsable último de los errores de la resolución de Popular que emitió la Junta Única de Resolución (JUR). Estos fondos han planteado dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), uno contra la JUR y otro dirigido específicamente contra la Comisión Europea. Se trata de los únicos inversores que hasta la fecha han presentado dos recursos distintos entre los 52 que ha admitido a trámite el TJUE.

Catalá vuelve a ser reprobado por la crisis de LexNet
La comparecencia del Ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), sobre la crisis de LexNet, a solicitud del PSOE, Podemos-En Comú, Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, no ha convencido a ningún grupo de la oposición en el Congreso, y han tildado la actitud de Catalá de “indolencia, mal político, ministro reprobado, mal gestor”, e incluso le han pedido la dimisión o su cese al Gobierno del Partido Popular.

Catalá vuelve a ser reprobado por la crisis de LexNet

La comparecencia del Ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), sobre la crisis de LexNet, a solicitud del PSOE, Podemos-En Comú, Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, no ha convencido a ningún grupo de la oposición en el Congreso, y han tildado la actitud de Catalá de “indolencia, mal político, ministro reprobado, mal gestor”, e incluso le han pedido la dimisión o su cese al Gobierno del Partido Popular. Catalá ha usado la mayor parte del tiempo de su comparecencia en “vender las virtudes de LexNet”, mientras que dedicó escasos minutos al fallo del sistema informático de comunicación entre los tribunales y usuarios de la Justicia, además de alardear de la inversión de 55 millones de euros aprobada en Consejo de Ministros, de los cuales 36 millones serán destinados a las servicios tecnológicos, lo cual ha provocado más sospechas sobre el fallo del sistema en la oposición. “Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hubiera visto fallos y consecuencias no habría abierto una investigación” le recriminaron al ministro, que dijo estar “receptivo al dictamen del CGPJ”.

El ministro aportó datos en su comparecencia del buen funcionamiento de LexNet basados en las 233.000 notificaciones y los 51.000 escritos presentados, -un 35 % más de escritos respecto a 2016-, por los usuarios de la Justicia. Así mismo, reconoció que “se detectaron 49 intentos de acceso por parte de profesionales autorizados, -como abogados y procuradores-, a la información de otras carpetas suplantando la identidad, hecho que está identificado por el Ministerio”. Catalá ha calificado como “grave” que profesionales accedieran a otros perfiles en las horas posteriores al fallo de LexNet.

La prueba de fuego para LexNet se realizará el día uno de septiembre con la reincorporación de los usuarios de este sistema, que continúan con el año judicial en curso tras el paro judicial habitual durante el mes de agosto. El ministro Catalá explicó que “los técnicos de su equipo han trabajado en julio y agosto apenas sin descanso para solventar los posibles fallos de LexNet, sí bien los errores del pasado 27 y 31 de julio se solucionaron en cuestión de horas. El funcionamiento de LexNet a partir de septiembre está asegurado”.

Ante la interpelación al ministro por el PSOE y otros miembros de la oposición sobre el caso de Sara, la niña de 4 años que falleció en Valladolid por presuntos malos tratos y abusos sexuales, -investigación abierta con prisión sin fianza para la madre y su pareja-, Catalá ha exculpado a LexNet sobre la falta de comunicación entre instituciones durante los 22 días que el expediente de la menor estuvo en el limbo administrativo, mientras algunos miembros de la oposición sí han apuntado a “la responsabilidad de LexNet respecto a este expediente”, que de haberse tramitado en tiempo ante la alarma que dio un pediatra, quizá hubiera podido salvarse la vida de la pequeña.

Catalá ha delegado la responsabilidad del expediente de la menor Sara, en la comparecencia de la Consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Alicia García, y en la investigación abierta para determinar que sucedió entre las instituciones, la Fiscalía y la propia Junta. El ministro subrayó la importancia de reforzar a las administraciones para que “esto no vuelva a suceder”. Desde Diario 16 se recogieron las declaraciones de los diferentes grupos políticos de Castilla-León consternados con el fallecimiento de Sara.

El ministro reconoció que LexNet no es infalible, “ni ningún sistema en el mundo actual es infalible”, pero defendió “la capacidad tecnológica de esta plataforma” y apuntó “al daño a la reputación de este sistema por todas las críticas recibidas”, pendiente del resultado final de la auditoría que se ha encargado. Igualmente, apeló a la colaboración con las distintas comunidades autónomas como hasta ahora se viene realizando, y destacó la labor del PSOE que “puso en marcha una inversión de 640 millones en otras legislaturas para digitalizar la justicia, y en la actualidad, cada comunicación en LexNet tiene un coste de 3 céntimos de euro”.

Por otra parte, Rafael Catalá, ha hecho alusión al presunto autor de una intromisión en el sistema, -alguien ajeno a la Justicia-, y la denuncia interpuesta ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía. La oposición hizo mención a “este joven ingeniero que navegaba en Internet, encontró un fallo del sistema, e informó del mismo, como un hacker ético”, sin embargo Catalá ha aludido a la intromisión ilegítima y falta de ética en la difusión de la información encontrada en el sistema, además de “tratarse de otro sistema distinto a LexNet y mucho más antiguo”. La oposición ha criticado que el ministro denunciara a este joven y ha defendido a los hackers éticos que colaboran con el sistema señalando los puntos vulnerables del mismo.

El ministro invitó a una reflexión sobre “la resistencia al cambio y el miedo generado con las nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia”, y criticó los mensajes catastrofistas sobre LexNet, y alegó a un análisis integral y no parcial de los fallos de esta plataforma de información. La portavoz de ERC en la crisis de LexNet, Esther Capella, fue la primera en romper el silencio en la comparecencia de Catalá, con su turno de intervención, y negó cualquier tipo de “miedo al cambio ni resistencias a la tecnología”, pero denunció que “se ha duplicado el uso del papel” en los usuarios de la Justicia a pesar de LexNet, cuando el propósito de este sistema “era la retirada progresiva del papel”.

Además, insistió Capella, “con el fallo de lexNet se quedaron al descubierto datos confidenciales como DNI de ciudadanos, documentos, cuando debemos tener un sistema fiable”. “Es una vergüenza ver como trabajan en los juzgados saturados con expedientes de papel incluso colocados en el suelo”, -que podrían llegar a ser sustraídos-, y recordó el traslado que se dio del fallo de LexNet a la Agencia de Protección de Datos.

“El sistema LexNet es una chapuza, no da garantías de seguridad. De los 7 millones de euros invertidos en LexNet, estarían bien gastados si hubiera funcionado correctamente esta plataforma”, aseguró la diputada de ERC, e hizo hincapié en que “el sistema LexNet quedó colapsado en el periodo 27 al 37 de julio” y preguntó al ministro, “¿están preparados para otro fallo?, ¿existió la filtración de 11.000 documentos?, ¿es cierto que se accedió al código fuente de LexNet y qué trascendencia tiene?, ¿la arquitectura técnica del sistema funciona?, ¿hubo archivos abiertos y se podía acceder a carpetas de abogados?, ¿se manipularon expedientes?, ¿hubo más de un hacker que accedió a LexNet? Finalmente, la diputada de ERC, manifestó que la inversión de 1.220 millones de euros por parte del Estado en Cataluña para la digitalización de la información, le parece insuficiente.

El portavoz del PSOE, Artemi Rallo, en la comparecencia por LexNet advirtió de una alarma en la sociedad jurídica por la brecha de seguridad en Internet, “pero parece que para el ministro no existía lo que estaba sucediendo a tenor de su actitud en el último mes”. El diputado socialista criticó duramente a Catalá y lo tachó de “indolente”, “desganado”, y “amortizado hasta que sea cesado”, “pero debe encarar los problemas hasta que deje de ser ministro”.

“Todo el mundo se ha quejado de la sobrecarga y el colapso de LexNet. La última revisión fue el 14 de julio pasado, sin embargó, cayó el sistema el 27 de julio, y este fallo ha puesto en peligro el contenido sensible y el acceso a 170.000 carpetas de usuarios”, sostuvo el PSOE, pero “aquí no ha habido ningún perjuicio, ningún efecto, y entonces no hay que solicitar responsabilidad”, -según el ministro-, dijo con ironía el portavoz, que aludió a la responsabilidad de los técnicos, a la investigación del CGPJ, y a la falta de confianza en LexNet. Además el PSOE acusó a Catalá de mal político, -el primer ministro reprobado en la historia de la democracia-, y mal gestor. Los socialistas aludieron a que el Ministerio no contestó a los denunciantes del fallo de LexNet, sino más bien trató de “poner la carga de la avería en los mensajeros, que tuvieron que comunicar en Twitter lo que estaba sucediendo”.

Podemos-En Marea subrayó que es la tercera vez que el ministro de Justicia comparece en el año 2017 por su “pésima calidad de gestión”, “ha sido reprobado en la Cámara”, y “el PP ha hecho de la democracia una anomalía”. “Todas las instituciones judiciales han criticado la plataforma de LexNet, y con el fallo ocurrido se quedaron al descubierto datos fiscales, datos de violencia de género…Este sistema no debe estar en manos del Gobierno, sino que de existir una separación de poderes”.

La diputada de En Marea advirtió de que “durante 2016 el Gobierno gastó 70 millones de euros, ¿cómo va a gastar 36 millones en tecnología de septiembre a diciembre de 2017 después del acuerdo de esta inversión en Consejo de Ministros?”. “Se debe invertir en un plan creíble y el ministro no ha demostrado talento ni honradez”, apostilló la portavoz.

Marcial Gómez (Cs), denunció que el Ministerio ha puesto 23 parches en LexNet en un año y medio, y dijo que “el ministro le resta importancia al fallo de LexNet, pero sí denunció al joven que descubrió una anomalía en este sistema a la Brigada de Investigación, en lugar de dar las gracias por mostrar la vulnerabilidad del sistema que es lo que harían en otros países”. También señaló la importancia de la regeneración de poderes y el proceso de nombramiento de puestos tan sensibles en la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, Ciudadanos hizo alusión a la indemnización que debe pagar España a Ecuador por la venta que realizó Indra a este país de un sistema con fallos.

El portavoz, Mikel Legarda, por el Grupo Parlamentario Vasco, hizo referencia a la reclamación al ministro del fallo en la justicia digital en LexNet, que ha puesto de manifiesto el uso fraudulento de un perfil usando otro perfil para manipular el sistema. Además ha señalado el caso del joven estudiante que “encontró un boquete en el sistema de manera accidental, sin embargo se ha cambiado la versión de lo sucedido con la detección del fallo”.

El Grupo Mixto ha incidido en la vulneración de derechos fundamentales con el fallo de LexNet, y desde el PDeCat se ha apuntado a la vulnerabilidad de este sistema, “pero debe garantizarse la seguridad en un Estado de Derecho”. “El nombramiento de puestos sensibles en la Fiscalía General del Estado está en manos del PP” dijo la portavoz, “nos fiamos de la informática, pero el ministro no ha sido capaz de como se puede acceder al sistema sin contraseña, y cómo puede estar abierto un servidor de justicia”.

“¿Acaso no crea alarma que se pueda entrar en los expedientes de justicia?”. “En Cataluña jamás ha habido ningún escándalo como el de LexNet. El ministro debería de dejar en otras manos distintas esta plataforma pero no al Ministerio de Justicia, porque los poderes han de estar separados”, concluyó la diputada del Grupo Mixto, informa Diario 16.

Catalá, reprobado por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP
Todos los partidos del Congreso, salvo el PP, han votado la reprobación del ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, además de reprobar y reclamar a Rajoy los ceses del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. La moción es una iniciativa socialista tras la sesión de control de la pasada semana en la que toda la oposición pidió la dimisión del ministro y el cese de los fiscales por su injerencia demostrada en los numerosos casos de corrupción que afectan al PP.

EEUU confirma que alertó a los Mossos
El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se han visto forzados este jueves a reconocer que la policía catalana sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico (EI) atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, «específicamente en la Rambla». Ambos negaron, en cambio, que esta advertencia procediera de la CIA, con el conocido argumento de que los Mossos no tienen relación con los servicios de inteligencia.

IU pide que Ignacio González y López Madrid testifiquen en los 'papeles de Bárcenas'
La acusación popular ejercida por Izquierda Unida (IU) ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que cite a declarar como testigos -es decir, con obligación de decir verdad- en la causa donde se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al empresario Javier López Madrid, ambos imputados en la trama Lezo.

IU pide que Ignacio González y López Madrid testifiquen en los 'papeles de Bárcenas'

La acusación popular ejercida por Izquierda Unida (IU) ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que cite a declarar como testigos -es decir, con obligación de decir verdad- en la causa donde se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al empresario Javier López Madrid, ambos imputados en la trama Lezo. Dicha acusación solicita al juez De la Mata que cite a ambos imputados del caso Lezo en el procedimiento denominado 'los papeles de Bárcenas' después de que el expresidente de la Comunidad de Madrid sostuviera en una conversación telefónica que Javier López Madrid le había ha dicho que "su suegro, Juan Miguel Villar Mir, le daba dinero a Lapuerta, aparte de al partido".

En un escrito remitido a De la Mata, al que ha tenido acceso Vozpópuli, IU explica que una de las grabaciones telefónicas de la operación Lezo pone de relieve cómo González afirma que López Madrid le ha dicho que su suegro, el presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, ha realizado pagos al PP y a su extesorero Álvaro Lapuerta.

Se trata de una conversación que mantiene el expresidente de la Comunidad de Madrid –actualmente encarcelado por varios delitos de corrupción- con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro donde le indica a éste que "Javier López Madrid me ha dicho que su suegro le daba dinero a Lapuerta, aparte de al partido".

Desde Izquierda Unida se considera "pertinente" que este 'pinchazo' telefónico se incorpore a la causa denominada los papeles de Bárcenas, es decir, la Caja B del PP, toda vez que "consta en las actuaciones que el empresario Juan Miguel Villar Mir aparece en reiteradas ocasiones en la contabilidad opaca seguida por exgerente y extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en concreto con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008 respectivamente, siendo relevante señalar que los dos últimos ingresos reseñados coinciden con el lapso temporal que todas las acusaciones, incluido el Ministerio Fiscal y el juez instructor, consideran que se han cometido diversos delitos con ocasión de la utilización de la Caja B para el pago opaco de las obras de remodelación de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid".

Esta acusación popular entiende que los hechos descritos son "de indudable valor probatorio para la presente pieza toda vez que, de confirmarse dicha grabación en la que un alto dirigente del PP, Ignacio González, da ilícitos al Partido Popular y a Álvaro Lapuerta, los hechos y conductas ahora conocidas servirían para, por una parte, ampliar el acervo probatorio ya existente en la presente causa y, por otra, para corroborar un modus operandi y forma continuada de conducta en lo concerniente a la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas generales y electorales, así como la participación continuada de los investigados en las acciones ilícitas descritas por los señores Bárcenas y Lapuerta".

Izquierda Unida, que califica de innegable la importancia de incorporar dicha grabación de Lezo a la Caja B del PP, pretende así apuntalar la existencia de delitos de cohecho, tráfico de influencias y delito electoral en al procedimiento que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Asimismo, en su escrito dicha parte vuelve a solicitar al magistrado que acuerde de nuevo la imputación de Villar Mir en esta causa.

Por su parte, el instructor De la Mata está pendiente de resolver desde el pasado mes de abril si cita en calidad de investigados a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro y Guillermo Contreras Caro (Azvi), Antonio Fernández Rubio (Aldesa), Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero Polo (grupo Romero Polo), Antonio Vilela Jerez (Grupo Rubau), Juan Cotino (Fadesa), Juan Roig (Mercadona), José Luis Suárez Gutiérrez (Copasa), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Raimon Aigé (Sorigue-ACSA), así como el propio Miguel Villar (OHL) en este procedimiento judicial, informa Vox Populi.

Lezo: Colombia detiene al hombre de González que sobornaba políticos
Las autoridades de Colombia detuvieron el pasado sábado al exgerente de expansión internacional de Inassa (la filial colombiana de la empresa del agua de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II), Diego García Arias, considerado el hombre clave en Latinoamérica de la trama de corrupción presuntamente dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González.

Fondos acusan a Bruselas de fallar en la evaluación del Popular
Algebris, Anchorage y Ronit acusan a la Comisión Europea de ser el responsable último de los errores de la resolución de Popular que emitió la Junta Única de Resolución (JUR). Estos fondos han planteado dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), uno contra la JUR y otro dirigido específicamente contra la Comisión Europea. Se trata de los únicos inversores que hasta la fecha han presentado dos recursos distintos entre los 52 que ha admitido a trámite el TJUE.

Caso Cursach: "Tú eres un presidente comprado y yo te marco"
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha aportado al juez Manuel Penalva el testimonio de varias personas y un rosario de pinchazos telefónicos que acreditarían la total dependencia orgánica y económica del Grupo Cursach de la patronal de salas de fiestas de Balears-Abone, presidida por el imputado Jesús Sánchez Riutort.

Caso Cursach: "Tú eres un presidente comprado y yo te marco"

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha aportado al juez Manuel Penalva el testimonio de varias personas y un rosario de pinchazos telefónicos que acreditarían la total dependencia orgánica y económica del Grupo Cursach de la patronal de salas de fiestas de Balears-Abone, presidida por el imputado Jesús Sánchez Riutort. En una de las conversaciones intervenidas a Bartolomé Sbert, en prisión y número dos del Grupo Cursach, le espeta a Sánchez que es un "presidente comprado", a sueldo del holding y que él le va marcar de cerca sus actividades. Foto: Bartolomé Sbert y Jesús Sánchez.

Los pinchazos, los primeros sobre los que se ha levantado el secreto sumarial, corresponden a conversaciones telefónicas mantenidas entre agosto y octubre de 2015. Según fuentes de la investigación, los principales imputados sabían que tenían los teléfonos intervenidos, "pero su prepotencia les hizo cometer fallos e incriminarse".

Uno de los interlocutores de Sbert es Abel Matutes hijo, descendiente del empresario y exministro del mismo nombre y con importantes negocios en el sector del ocio de Eivissa. Matutes habla con Sbert para quejarse de Sánchez, que estaría tomando partido en favor de algunos de los contricantes de la guerra de las discotecas que desde hace años tiene como escenario la isla Pitiusa.

Abel Matutes le dice a Sbert que su padre está que trina por la gestión de Sánchez, que fue llamado a capítulo por el número dos de Cursach. Sbert abronca al directivo de la patronal de salas de fiestas: "Yo te dejo hacer camino y no te hago pasar cuentas, (pero), a partir de ahora cada semana una reunión tú y yo; despacharemos y yo te marcaré las pautas porque tú eres un presidente pagado, no eres un presidente que tenga el sector", le recuerda.

Sánchez, que hace unos días se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y al que la fiscalía anticorrupción define como un ariete de Bartolomé Cursach para beneficiarlo y perjudicar a la competencia, responde sumiso a su presunto jefe: "No, absolutamente". En algunas charlas también interviene Antoni Bergas, número tres del Grupo Cursach y también imputado. Los pinchazos reflejan cómo Sánchez se prevalía de su posición en la patronal para contactar con diversos políticos de Mallorca y Eivissa de cara a defender los intereses de Cursach.

De hecho se menciona una audiencia que la presidenta del Govern Francina Armengol ofreció a Sbert, Sánchez, y otros empresarios de Eivissa, que eran "enemigos" del Grupo Cursach.

El presidente de Abone también menciona futuros contactos con el entonces edil de Urbanismo de Palma, Antoni Noguera (hoy alcalde) y entrevistas ya realizadas con Angélica Pastor, regidora de Seguridad Ciudadana de Cort. La Policía también acusa a Abone de servirse de un convenio con el Ayuntamiento de Palma para manipular en favor de Cursach el sector de los tiqueteros. En un pinchazo, un funcionario municipal, afirma que el exedil del PP Álvaro Gijón hizo un favor al holding de Cursach, informa Diario de Mallorca.

Imputan a un exjefe de la Patrulla Verde, a sueldo de Cursach
Antoni Mesquida, un exjefe de la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma fiscalizadora de los locales de diversión, declaró ayer en calidad de imputado ante el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, por supuestamente haber estado a sueldo del encarcelado empresario de la noche Bartolomé Cursach.

EEUU confirma que alertó a los Mossos
El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se han visto forzados este jueves a reconocer que la policía catalana sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico (EI) atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, «específicamente en la Rambla». Ambos negaron, en cambio, que esta advertencia procediera de la CIA, con el conocido argumento de que los Mossos no tienen relación con los servicios de inteligencia.

Fondos acusan a Bruselas de fallar en la evaluación del Popular
Algebris, Anchorage y Ronit acusan a la Comisión Europea de ser el responsable último de los errores de la resolución de Popular que emitió la Junta Única de Resolución (JUR). Estos fondos han planteado dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), uno contra la JUR y otro dirigido específicamente contra la Comisión Europea. Se trata de los únicos inversores que hasta la fecha han presentado dos recursos distintos entre los 52 que ha admitido a trámite el TJUE (ver EXPANSIÓN de ayer). Foto: Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Fondos acusan a Bruselas de fallar en la evaluación del Popular

Algebris, Anchorage y Ronit acusan a la Comisión Europea de ser el responsable último de los errores de la resolución de Popular que emitió la Junta Única de Resolución (JUR). Estos fondos han planteado dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), uno contra la JUR y otro dirigido específicamente contra la Comisión Europea. Se trata de los únicos inversores que hasta la fecha han presentado dos recursos distintos entre los 52 que ha admitido a trámite el TJUE. Foto: Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

La alegación clave de los recursos de los fondos es que la Comisión Europea fracasó en la evaluación apropiada o en todo caso de los aspectos discrecionales de la resolución que adoptó la JUR, según trasladan fuentes jurídicas. Se trata de un argumento que no han esgrimido otros inversores, y que se apoya en el Reglamento (UE) No 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, que establece las normas del procedimiento para la resolución de entidades de crédito en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución.

Así, el Reglamento estipula en su párrafo 24 que "la evaluación de los aspectos discrecionales de las decisiones de resolución tomadas por la Junta debe ser efectuada por la Comisión". Y en el 26, concreta que "si la Junta considera que se cumplen todos los criterios para poner en marcha una resolución, debe adoptar el dispositivo de resolución. [En] el procedimiento relativo a la adopción del dispositivo de resolución [...] intervienen tanto la Comisión como el Consejo. [...]. Por consiguiente, el presente Reglamento establece que el dispositivo de resolución adoptado por la Junta sólo entre en vigor si, en el plazo de 24 horas tras su adopción por la Junta, ni la Comisión ni el Consejo presentan objeciones al mismo, o si el dispositivo de resolución es aprobado por la Comisión". Los fondos argumentan que Bruselas debería haber esperado 24 horas después de que la JUR adoptara la resolución antes de darle la validación necesaria para su entrada en vigor. En cambio, según los documentos no confidenciales y las declaraciones de la JUR y de la Comisión, el proceso sólo llevó minutos en la madrugada del 7 de junio (ver información adjunta).

Los fondos perdieron, junto con Pimco, que no firma las demandas, 850 millones en la resolución, y están asesorados por Quinn Emanuel. En los dos recursos que han presentado solicitan la anulación de la resolución. En los próximos meses, van a plantear otros recursos para reclamar compensación. La Comisión Europea validó la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) entre las 5.13 horas del 7 de junio, cuando la JUR le transmitió la resolución, y las 6.00, hora en la que se notificó a Santander que su oferta de compra de Popular era aceptada. A las 6.30 la resolución de la JUR entró en vigor. A las 7 horas, la JUR decide publicar un resumen de su decisión, que explica en rueda de prensa su presidenta, Elke König, a las 11 horas.

Los fondos piden aplicar la 'doctrina Meroni' del Tribunal Europeo, que obliga a que cualquier poder que suponga adoptar decisiones discrecionales que requieran juicios políticos debe ser ejercido por una institución europea como la Comisión o el Consejo. Según el comisario Barnier, sólo la Comisión dispone de los recursos y es capaz de adoptar decisiones muy técnicas en un periodo de tiempo corto. Y falló con Popular, esgrimen los fondos, informa Expansión.

El Reich europeo reconoce que incautó al Popular para rescatar al Santander
La opacidad de todas las instituciones de Europa es la demostración de que ellos, junto al Gobierno español, arruinaron a los 300.000 accionistas del Popular para regalar la entidad al Santander. Nuevamente, las instituciones europeas -en manos de la derecha neoliberal y corrupta- están demostrando que fueron uno de los cómplices fundamentales para poder ejecutar la operación de incautación del Banco Popular y para que la ruina de otros 300.000 ciudadanos españoles sirviera para rescatar al Santander, banco del franquismo nazional.

EEUU confirma que alertó a los Mossos
El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se han visto forzados este jueves a reconocer que la policía catalana sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico (EI) atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, «específicamente en la Rambla». Ambos negaron, en cambio, que esta advertencia procediera de la CIA, con el conocido argumento de que los Mossos no tienen relación con los servicios de inteligencia. Pero el documento adelantado este jueves por EL PERIÓDICO, cuyo original se reproduce íntegramente en esta misma página, pone de nuevo en tela de juicio la versión oficial de la Generalitat: EEUU confirmó por escrito el pasado 21 de agosto, solo cuatro días después del atentado, que el 25 de mayo había informado a los Mossos de que la Rambla era objetivo del terrorismo yihadista este verano.

El misil de Kim como oferta de diálogo
El lanzamiento más reciente de un misil demuestra que las sanciones y las amenazas no intimidan a Corea del Norte, que quiere negociar con EEUU de igual a igual. Con el lanzamiento de un misil balístico que sobrevoló Japón, Corea del Norte ha vuelto a echar más leña al fuego en el este asiático. Esto no se lo esperaban ni en Washington, ni en Bruselas, ni en Berlín. Es más bien el presidente estadounidense, Donald Trump, quien creía que con el endurecimiento de las sanciones y amenazando con un ataque militar haría entrar en razón a Corea del Norte. Sin embargo, esta suposición es falsa.

EEUU confirma que alertó a los Mossos

El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, se han visto forzados este jueves a reconocer que la policía catalana sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico (EI) atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, «específicamente en la Rambla». Ambos negaron, en cambio, que esta advertencia procediera de la CIA, con el conocido argumento de que los Mossos no tienen relación con los servicios de inteligencia. Pero el documento adelantado este jueves por EL PERIÓDICO, cuyo original se reproduce íntegramente en esta misma página, pone de nuevo en tela de juicio la versión oficial de la Generalitat: EEUU confirmó por escrito el pasado 21 de agosto, solo cuatro días después del atentado, que el 25 de mayo había informado a los Mossos de que la Rambla era objetivo del terrorismo yihadista este verano.

Como relatábamos, el autor de este comunicado es el National Counterterrorism Center (NCTC), creado en EEUU tras los atentados del 11-S en Nueva York y Washington para coordinar la información sobre la amenaza yihadista que recopilan los agentes de la CIA, el FBI, la NSA y muchas otras agencias federales de información. Este mando antiterrorista canaliza además el intercambio de información confidencial con los servicios análogos de otros países, que en el caso de España son el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El CITCO fue justamente el órgano que, a través de un correo electrónico cifrado y fechado a las 14.49 horas del 21 de agosto, recibió esta comunicación del NCTC. El documento, clasificado como «secreto», viene precedido por un enunciado muy elocuente: «Texto de la nota enviada a los Mossos el 25 de mayo». En una breve introducción, el NCTC expone al CITCO que «lo que sigue es el texto de la nota que nuestro servicio envió a los Mossos el 25 de mayo del 2017».

Y, a renglón seguido, el mando antiterrorista de EEUU reproduce textualmente la nota que, a partir de la información recabada por la CIA, remitió a la policía catalana en la citada fecha. Un aviso que, citando «información no corroborada de veracidad desconocida», indicaba que «el Estado Islamico de Irak y ash-Sham (ISIS) estaba planeando «llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra zonas turísticas muy concurridas en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla».

La comunicación del NCTC con el mando antiterrorista español constituye, así, la prueba irrefutable de que la CIA sí era la fuente original del aviso sobre la Rambla que los Mossos finalmente reconocen haber recibido el 25 de mayo, aunque sigan negando que procediera de la inteligencia estadounidense. Por lo demás, fuentes de la lucha antiterrorista española confirmaron ayer que ese mismo informe, obra de EEUU, les llegó también el 25 de mayo. ¿Cómo se puede sostener, sin caer en el absurdo, que el CITCO y los Mossos recibieron dos informes calcados, exactamente el mismo día, pero que el primero partía de la CIA y el segundo no?

Era lógico que la policía de la Generalitat recibiera la advertencia sobre la Rambla, pues suya es en exclusiva la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana en Catalunya. Ahora bien, ante la pertinacia con la que los Mossos niegan tener contacto con las agencias de inteligencia, cabe la duda de si fue una excepción. Pero dos comunicados precedentes que obran en poder de este diario demuestran justamente lo contrario.

Al día siguiente del atentado yidahista del pasado 22 de marzo en Londres, que se saldó con cuatro muertos y decenas de heridos, EEUU alertó a las autoridades españolas de «un posible ataque planeado en Barcelona». La nota del NCTC consignaba una serie de mensajes sospechosos captados en Twitter y concluía que, «como este memorándum incluye información de una posible amenaza en Barcelona», iba a ser proporcionado al CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CITCO y, en el original en inglés, «the Mossos d’Esquadra».

Si así figuraba en el cable remitido el 23 de marzo, en otro enviado el día siguiente se hacía una referencia a información recopilada por el FBI y a ciertos hechos acontencidos en torno a la estación de Sants de Barcelona. La conclusión del documento del NCTC era la misma que el de la víspera: al poder entrañar alguna amenaza para Barcelona, el contenido de esta información sería compartida con los Mossos d’Esquadra. Todas estas evidencias relativizan el aislamiento internacional de la policía catalana que denuncian algunos mandos y el Govern. Y revelan que no son infrecuentes los contactos de los Mossos con las agencias de inteligencia internacionales, informa El Periódico.

El Govern admite alertas sobre la Rambla pero no de la CIA
“No tenemos relación con la CIA”, así de contundentes se han mostrado tanto el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, en una comparecencia para desmentir que la agencia de inteligencia norteamericana avisara a la policia catalana de un atentado en la Ramblas. Ahora bien, Forn sí que ha reconocido alertas de atentado en las Ramblas de “baja credibilidad” que provenían de “otras fuentes”.

Satty fue vigilado por radical en prisión
El seguimiento que se realizó a Abdelbaki Es Satty, presunto cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils, en el centro penitenciario de Castellón I, donde cumplía condena por tráfico de drogas, se confirma ahora con una nota interna de prisiones informando que el imán de Ripoll había sido investigado por su supuesto «carácter radical salafista». El preso figuraba en los ficheros FIES, concretamente al grupo C, donde se incluye a los presos susceptibles de radicalización. El juez que evitó su expulsión desconocía esta información.

Un inspector captador de confidentes es asesor de Zoido
El inspector del Cuerpo Nacional de Policía que se reunió con el ministro del Interior 48 horas después de los atentados de Barcelona y Cambrils reveló su agenda de reuniones a un potencial confidente. El ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Manuel Sánchez Fornet afirmó el pasado 21 de agosto "el imán huele a confidente policial o del CNI que apesta", en referencia a Abdelbaki Es Satty quien, según los Mossos d'Esquadra, sería el jefe de la célula salafista que atentó en Barcelona y Cambrils y murió en la explosión de Alcanar.