diumenge, 17 de setembre de 2017

32.000 personas recorren las calles de Bilbo en respaldo al 1-O

Miles de personas, 32.000 según el recuento realizado por NAIZ y GARA, se han manifestado en Bilbo en apoyo al referéndum catalán, en una marcha convocada por Gure Esku Dago que se ha visto adornada por un mar de ikurriñas y banderas catalanas, así como carteles de proclamas en favor del derecho a decidir. La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha destacado que miles de personas han llenado las calles de Bilbo para poner de manifiesto que «están a favor de la democracia, de un derecho tan básico como el derecho a poder decidir» y, además, denunciar «la actitud antidemocrática del Estado español». «El Estado español no es un estado democrático, no es un estado avanzado. Es un estado atrasado que no está al nivel de otros estados democráticos europeos, como está demostrando estos días con su actitud hacia Catalunya», ha denunciado.

Al acto han acudido sendas delegaciones de EH Bildu y PNV. La pancarta de la cabecera estaba sostenida por, entre otros, por los portavoces de este colectivo Ángel Oiarbide y Zelai Nikolas, el exrector de la EHU-UPV Iñaki Goirizelaia, sindicalistas como Maite Aristegi –también exdiputada– o Jesús Uzkudun, de CCOO, o el músico Jabier Muguruza.

La presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, ha declarado que han acudido a la manifestación porque «Catalunya es una nación y como nación tiene derechos políticos. El pueblo catalán tiene derecho a decidir en libertad cuál quiere que sea su futuro, y por supuesto, las instituciones catalanas están absolutamente legitimadas a llamar a su pueblo a un referéndum».

Al término de la marcha se ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha subrayado que «hemos dado muchos pasos juntos, todos en la misma dirección, para defender la democracia y el derecho a decidir. Hemos demostrado que somos un pueblo solidario y que esa solidaridad es parte de nuestra identidad». «Estamos aquí para dar nuestro apoyo al pueblo catalán, precisamente en el momento histórico en el que va a decidir su futuro», han añadido.

«El referéndum del 1de octubre tiene todo nuestro apoyo, porque es el resultado de la voluntad democrática del pueblo catalán, manifestada y canalizada a través de las instituciones legítimas de Catalunya. Por ello, por encima de persecuciones, amigas y amigos de Catalunya, queremos mostraros nuestro respeto y apoyo, estem amb vosaltres», ha aseverado.

Han hecho una mención especial a «todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, cargos políticos y medios de comunicación que estáis sufriendo la persecución judicial y policial», y han remarcado que «en Euskal Herria también queremos ser dueños y dueñas de nuestro futuro. No empezamos el camino desde cero, pero no es menos cierto que hay mucho trabajo por hacer y que en Euskal Herria tenemos que trabajar nuestro propio camino. No es el momento de quedarse mirando, sino el momento para comenzar a andar juntos, trabajar generando confianzas mutuas y ser creativos».

Asimismo, los asistentes han escuchado un mensaje de la presidenta del Parlamento de Catalunya, Carme Forcadell, quien ha agradecido el apoyo «al referéndum que vamos a celebrar el 1 de octubre». «Es muy importante para nosotros contar con vuestro apoyo para cuando nosotros decidamos de forma democrática y pacífica nuestro futuro». Ha asegurado que «no hay democracia en un Estado que persigue penalmente el debate de las ideas y obliga a los pueblos que forman parte de él a estar en este Estado», informa Naiz.

La patente y fascista desigualdad entre "españoles"
Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española. La igualdad de los españoles es un cacareo que parece obsesionar a todos los gobiernos centrales, incluso a aquellos cuya ideología se opone abiertamente al igualitarismo.

El PP obliga a bancos, autónomos y empresas a hacer de policías del 1-O
Con mucha más urgencia de la anunciada el viernes por Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros, el BOE ha reflejado la nueva disposición por la que la Administración Central toma las riendas financieras de Catalunya. El texto, de 8 páginas, recoge en más de cinco folios un argumentario entremezclando la estabilidad presupuestaria y la supuesta legalidad constitucional del fascismo monárquico imperante que excusa, al ministerio de Hacienda que amnistió ladrones y narcos, a tomar la decisión de ahogar una Catalunya harta de ser robada y expoliada por la mafia nazi española.

Cataluña: El PP envía dos helicópteros y equipos de intervención rápida
El Gobierno fascista del PP ha hecho llegar a Cataluña durante los últimos días a varias compañías de guardias civiles y policías nacionales, así como diversos equipamientos de última generación. Asimismo, desplazó hasta esta comunidad a dos helicópteros: un Dauphin y un EC135, ambos de Eurocopter.

El PP obliga a bancos, autónomos y empresas a hacer de policías del 1-O

Con mucha más urgencia de la anunciada el viernes por Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros, el BOE ha reflejado la nueva disposición por la que la Administración Central toma las riendas financieras de Catalunya. El texto, de 8 páginas, recoge en más de cinco folios un argumentario entremezclando la estabilidad presupuestaria y la supuesta legalidad constitucional del fascismo monárquico imperante que excusa, al ministerio de Hacienda que amnistió ladrones y narcos, a tomar la decisión de ahogar una Catalunya harta de ser robada y expoliada por la mafia nazi española. Entre las novedades del texto, está la de imponer no solo el papel de los bancos sino también el de los propios proveedores de la Generalitat, sean personas físicas o jurídicas, esto es, empresas o autónomos. La norma hace corresponsables a todos estos agentes que contraten con la Generalitat de asegurar que las actividades que la comunidad está llevando a cabo no sirven para colaborar en la puesta en marcha del 1-O.

Así, el PP argumenta que "debe tenerse presente la necesaria cooperación y colaboración del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos hasta ahora señalados, que afectan al interés general y a la adecuada prestación mínima de los servicios públicos que exige la Constitución y las leyes. La colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es clave, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administración cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos fundamentales".

Bajo esta premisa, el punto séptimo impone: "Desde la publicación de este acuerdo, cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaración responsable, en los términos que establezca el MINHAFP, en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales".

Pero no solo será necesaria la declaración responsable de los agentes privados sino que, además, se dice que si el prestador del servicio "tiene dudas sobre si ello puede tener relación con la financiación de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podrá comunicarlo, junto a la documentación correspondiente que lo acredite, al Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su eventual comunicación al Ministerio Fiscal. En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicación del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicará igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal".

Es decir, incluso si el proveedor tiene la mera sospecha de que el servicio que presta o el bien que suministra van a ir destinados a la consecución del 1-O, debe comunicarlo a Hacienda. Y si ya lo ha prestado en días pasados, lo puede delatar también.

En el caso de los bancos, el texto de la referencia publicado el viernes tras el Consejo de Ministros adelantaba ya cómo debería ser su labor fiscalizadora. Como la elaboración del referéndum es ilegal según el Tribunal Constitucional, el Gobierno se ampara en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales para que tanto bancos como auditoras tengan que comunicar cualquier operación sospechosa de tener como soporte una actividad ilegal. Tanto es así, que si un banco detecta una transferencia que cree puede ser para pagar alguna factura relacionada con el referéndum, se lo puede comunicar o al Ministerio Fiscal o al SEPBLAC, el servicio que vigila el blanqueo de capitales en España. Los bancos ya tenían obligación de comunicar cualquier operativa de un cliente que fuera sospechosa de estar utilizando dinero negro.

Como paso previo a estas denuncias, Hacienda le pide a la Generalitat que le remita de motu proprio un listado con todas las entidades bancarias, auditorías o proveedores con los que contrata para que el ministerio se comunique con ellos y les ponga al corriente de esta orden. Para facilitar el conocimiento de esta medida entre las entidades de crédito las entidades supervisoras, esto es, el Banco de España, deberá colgarlo en su página web en el plazo de 48 horas.

Este plazo de 48 horas corre desde la publicación el sábado por la mañana en el BOE del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. También tiene 48 horas la Generalitat para firmar un acuerdo de no disponibilidad de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

Estas partidas se seguirán pagando pero se harán a cargo del Estado. El texto publicado asegura que, "de forma excepcional" se toman estas medidas para "asegurar que la financiación que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, como servicios públicos fundamentales". El mismo texto asegura que las medidas que se toman actúan "de forma proporcionada, y salvando las competencias de la Comunidad Autónoma en la gestión de los recursos propios" de forma que se libra "un sistema de certificación previo al pago para garantizar que no se están financiando actividades contrarias a la ley, junto con un mecanismo para la ordenación de pagos que garantice que todos los recursos económicos que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y que el Estado garantice que se respeta el nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales".

Todas estas medidas estarán vigentes "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma, en los términos descritos en este Acuerdo", y será la Comisión Delegada la que dictamine que esta situación de peligro para la monarquía y el franquismo ha pasado, informa eldiario.es.

La patente y fascista desigualdad entre "españoles"
Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española. La igualdad de los españoles es un cacareo que parece obsesionar a todos los gobiernos centrales, incluso a aquellos cuya ideología se opone abiertamente al igualitarismo.

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El PP interviene la Hacienda catalana
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum a los promotores del referéndum independentista del 1-O y ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Catalunya por el que, de activarse, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, además de controlar, demorar y reducir -como ya viene haciendo- el dinero devuelto a los catalanes tras cobrar los impuestos, un 21% del total del reino pese a ser el 16% de la población.

La patente y fascista desigualdad entre "españoles"

Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española. La igualdad de los españoles es un cacareo que parece obsesionar a todos los gobiernos centrales, incluso a aquellos cuya ideología se opone abiertamente al igualitarismo. Y, de paso, la igualdad es uno de los principales argumentos del inmovilismo autonómico. Sin embargo, la supuesta igualdad de los españoles es uno de los mitos que peor se sostienen cuando se los confronta con la realidad. Diferentes niveles de financiación, distinta dotación en infraestructuras, desigual calidad en los servicios públicos… Un simple repaso de los distintos indicadores autonómicos deja al descubierto la magnitud de esa desigualdad, en la que unos pagan y trabajan y otros viven del cuento y subvenciones sobre lo robado a los países catalanes (Catalunya, Valencia y Baleares), esquilmados por Madrid y abandonados.

Para empezar, la desigualdad es especialmente visible entre las comunidades de régimen común –Catalunya por ejemplo– y las de régimen foral (País Vasco y Navarra, que se financian directamente con los impuestos que recaudan, que son casi todos). Es verdad que estas últimas suponen sólo un 6% de la población y menos del 8% del producto interior bruto (PIB) español. Sin embargo, algunos indicadores muy vinculados a la calidad de los servicios públicos reflejan un nivel de desigualdad clamoroso.

Por ejemplo, en gasto sanitario por habitante, el País Vasco es la autonomía que más invierte (más de 1.600 euros según datos del 2015), hasta el punto de superar en un 60% a la que menos dinero destina: Andalucía (1.090 euros por habitante). Y una distancia similar se aprecia en el gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias. Mientras el País Vasco gasta casi 9.000 euros por alumno, la media española se sitúa en poco más de 5.000.

Sin embargo, Navarra y Euskadi no son los únicos territorios con un régimen fiscal diferenciado. También Canarias –por su insularidad–goza de un régimen económico especial, con el objetivo de “mantener una significativa menor presión fiscal que el resto de España”.

Ahora bien, la desigualdad se reproduce también entre las autonomías de régimen común… aunque no siempre en la misma dirección. En muchos casos, además, las diferencias vienen determinadas por el uso de las competencias y de los recursos que hace cada comunidad autónoma. Por ejemplo, el gasto público por alumno sitúa a Catalunya en la parte baja de la tabla (4.746 euros), a una distancia sideral del País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia (todas muy por encima de los 6.000 euros por alumno).

Pero la cola la ocupan Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha (con 4.500 euros por alumno). Y esto repercute en el número de escolares por profesor: más de 13 en Andalucía y Catalunya, y más de 14 en Madrid, pero menos de 11 en Galicia o Asturias. A lo que hay que añadir un dato que influye en la complejidad del reto educativo: Catalunya y Madrid tienen uno de los mayores porcentajes de alumnado extranjero de España (entre el 11% y el 13%), mientras que Galicia sólo soporta un 2,6%.

Euskadi, Navarra y Asturias, los que más gastan; Andalucía y Madrid, los que menos

Lo significativo de esos datos es que los peores registros suelen producirse en las comunidades que más aportan al PIB español: Catalunya (19%), Madrid (18,9%), Andalucía (13,3%) y Comunidad Valenciana (9,4%). Ese contraste se acentúa en el ámbito del gasto sanitario por habitante. Al margen del caso ya mencionado de Andalucía, las comunidades de Madrid (con 1.243 euros), Valencia (con 1.308) y Catalunya (con 1.312) se sitúan en la banda baja de la tabla (puestos 16, 12 y 11, respectivamente). En la banda alta, además del País Vasco, figuran Asturias (1.526 euros), Navarra (1.510) y Extremadura (1.501).

¿Tienen algo que ver esas diferencias de gasto con las necesidades objetivas de cada territorio? Las tasas de pobreza podrían ser un indicador al respecto. Pero Andalucía, que es la que menos gasta en sanidad por habitante (y que está en los lugares de cola en lo relativo al gasto educativo por alumno), es precisamente la autonomía que encabeza el ranking de pobreza: un 35,7% en el 2015, seguida de Murcia (31,8%), Extremadura (29%) y Canarias (28,5%). En el lado puesto, los territorios con menor nivel de pobreza son las dos autonomías forales (Navarra, 9,6%, y País Vasco (10,9%), seguidos de Catalunya (13,9%) y Aragón (14,4%). Madrid (15,1%) ocupa la sexta plaza.

El desempleo podría ser otro indicador de la situación social de cada comunidad. Y ahí, de nuevo, las autonomías forales (Navarra y País Vasco) muestran los mejores indicadores, con tasas de paro en torno al 11% (que comparten con La Rioja y Aragón), mientras que las peor colocadas son Extremadura y Andalucía, con porcentajes por encima del 25%. Catalunya y Madrid se sitúan en la zona media, con índices de paro del 13%, cuatro puntos por debajo de la media estatal. La paradoja, una vez más, reside en el hecho de que las autonomías que disponen de más recursos públicos son, justamente, las que menos pobreza y desempleo padecen.

Catalunya tiene la red de peajes más extensa de España, el triple que Andalucía o las Castillas

¿Qué indicadores podrían explicar, entonces, el malestar y la desafección catalana? ¿O acaso no es sólo una cuestión de dinero? Algunas cifras revelan una heterogeneidad en el despliegue de la administración pública que podría alimentar el sentimiento de agravio. Por ejemplo, la distribución territorial de los empleados públicos. Es verdad que Catalunya es la tercera comunidad con más efectivos al servicio de la administración (más de 300.000), por detrás de Andalucía (casi 460.000) y Madrid (con cerca de 400.000).

Pero en términos relativos, mientras en Catalunya hay 40 empleados públicos por cada mil habitantes, en Extremadura hay 82, y en Aragón, Castilla y León y Madrid hay más de 60. Y el resto de las autonomías, salvo la Comunidad Valenciana (con 45 por cada 1.000 habitantes), cuentan con más de 50 empleados públicos por cada mil habitantes.

En apariencia, las cifras que explicarían mejor el sentimiento objetivo de agravio se sitúan en el ámbito histórico de las infraestructuras. Y ello más allá de un modelo radial que permite viajar en alta velocidad de Cuenca a Albacete o de Segovia a Zamora, pero no de Valencia a Barcelona (donde todavía queda algún tramo de vía única como ocurría en buena parte de las líneas entre Zaragoza y Barcelona antes de la apertura del AVE). El núcleo del problema se ha venido situando en el capítulo de las inversiones. Y si algo refleja mejor que nada esas desigualdades es la red de carreteras estatales y autonómicas.

Con datos del 2015, la correlación entre autovías libres y autopistas de peaje brinda la mejor imagen del agravio comparativo. Mientras Catalunya cuenta con la red de pago más extensa de España (633 kilómetros, cuatro veces más que Madrid, el triple que Andalucía y ambas Castillas o el doble que Galicia, cuya superficie es similar), sus kilómetros de autovía (815) suponen casi una tercera parte de los construidos en Andalucía o Castilla y León, la mitad que en Castilla-La Mancha y sólo un 30% más que en Madrid, pese a que Catalunya cuadruplica su superficie.

Y otro ejemplo vistoso de la discriminación inversora se aprecia en el trato que recibe el aeropuerto de Barcelona en contraste con el de Madrid, pese a que El Prat registra un tráfico de pasajeros (44 millones anuales) muy cercano al de Barajas (50 millones) y unos resultados (339 millones de euros) muy por encima de los de Madrid (27 millones). La inversión en Barajas para los próximos cuatro años, en cambio, triplica la destinada a El Prat.

El gráfico dibuja una radiografía completa de esa España desigual. Pero los números no lo dicen todo. La desafección catalana tiene también que ver con su nivel de autogobierno y el respeto a su identidad, informa La Vanguardia.

La City avisa: la secesión catalana arruinaría España y endeudaría Cataluña
Capital Economics, una de las principales casas 'independientes' de análisis utilizadas para tomar decisiones por los fondos de inversión de la City londinense considera que "los enormes costes que supondría la independencia catalana hacen improbable la secesión". "La independencia sería negativa para España. Cataluña tiene el 16% de la población española, pero supone el 19% del PIB y un 25% de las exportaciones.

Catalunya a la cola de la UE y de España en educación
El anuario de la fundación Bofill cifra la inversión catalana en un 2,8% frente al 5,3% de promedio de la UE, a la cola entre los peor financiados, sin contar que buena parte de ese mísero e insuficiente dinero público va a las arcas de las escuelas privadas católicas que segregan por sexo y son además de pago. Los presupuestos para investigación educativa y formación de profesores se han reducido prácticamente a cero con el gobierno de Convergència (ahora PDeCat).

Cataluña: El PP envía dos helicópteros y equipos de intervención rápida
El Gobierno fascista del PP ha hecho llegar a Cataluña durante los últimos días a varias compañías de guardias civiles y policías nacionales, así como diversos equipamientos de última generación. Asimismo, desplazó hasta esta comunidad a dos helicópteros: un Dauphin y un EC135, ambos de Eurocopter.

El PP interviene la Hacienda catalana
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum a los promotores del referéndum independentista del 1-O y ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Catalunya por el que, de activarse, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, además de controlar, demorar y reducir -como ya viene haciendo- el dinero devuelto a los catalanes tras cobrar los impuestos, un 21% del total del reino pese a ser el 16% de la población.

Cataluña: El PP envía dos helicópteros y equipos de intervención rápida

El Gobierno fascista del PP ha hecho llegar a Cataluña durante los últimos días a varias compañías de guardias civiles y policías nacionales, así como diversos equipamientos de última generación. Asimismo, desplazó hasta esta comunidad a dos helicópteros: un Dauphin y un EC135, ambos de Eurocopter. El primero es similar a los utilizados por los guardacostas estadounidenses (de hecho, es el mismo, aunque en los Estados Unidos les cambiaron el tipo de motores) y puede ser utilizado como transporte corporativo, así como medio de evacuaciones médicas o de búsqueda y salvamento.

El Dauphin es un vehículo que puede albergar hasta una docena de personas, aunque normalmente suele llevar equipos policiales de entre seis y ocho miembros para realizar tareas de vigilancia y seguridad ciudadana. Está provisto de dos motores turbomeca, lo mismo que el EC135, que es un ligero y moderno aerotransporte con capacidad de hasta siete personas. La gran diferencia entre ambos es que el Dauphin también está concebido para poder adentrarse en el mar, mientras que el otro suele realizar trabajos en tierra firme.

En la última semana, el Ministerio del Interior también envió efectivos humanos a Cataluña, aunque para eso tuvo que prescindir de unidades en otros puntos de España. Por ejemplo, desmontó servicios policiales de Ceuta y El Ejido (Almería) para poder enviar efectivos a Barcelona, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes solventes. Al mismo tiempo, hizo trasladarse a tierras catalanas a unidades operativas que estaban prestando servicios en Sevilla, Madrid, León, Valencia y Zaragoza. Tanto de Sevilla como de Madrid, se desplazaron cuatro unidades denominadas Módulos de Intervención Rápida (MIR), pequeños equipos de una veintena de miembros, especializados en acciones urgentes. De las otras ciudades llegó un MIR de cada una. También se espera que, en los próximos días, llegue a Cataluña un escuadrón de Caballería.

Paralelamente, desplazó también a Cataluña a una unidad de NRBQ, especialista en defensa nuclear, radiológica, biológica y química. Curiosamente, esta unidad se ubicó en Lleida. El resto de las unidades fueron alojadas en Barcelona y poblaciones cercanas, aunque en dependencias siempre oficiales. Aunque algunas de ellas tenían opción de poder alojarse en hoteles, desecharon esa idea para que los Mossos d’Esquadra, que son los que tienen las competencias, no tuvieran acceso a los datos de los agentes desplazados.

De hecho, las unidades de intervención de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía (que ha desplazado a varias unidades de intervención, las conocidas como UIP) ya comenzaron a llegar el pasado mes de agosto. A comienzos de septiembre, uno de los contingentes de la Benemérita fue alojado en el área de servicio Puerta de Barcelona, en la entrada oeste de la capital catalana. A las pocas horas, un discreto servicio de los Mossos d’Esquadra ya merodeaba por el lugar con coches camuflados. Al día siguiente, una furgoneta oficial de los Mossos se apostó bien visible en las inmediaciones del complejo.

Durante la vigilancia en la imprenta Indugraf, de Constantí, en Tarragona –que posteriormente fue registrada por orden judicial-, los Mossos d’Esquadra realizaron un discreto operativo por si los grupos de radicales que se concentraron ante la imprenta atacaban a los agentes de la Guardia Civil. Las patrullas de los Mossos, sin embargo, no se acercaron, ni de lejos, a la fábrica. A partir del segundo día, no obstante, se vieron obligados a disponer una furgoneta con agentes de las unidades Arro por si la cosa iba a más. Esta furgoneta, no obstante, se ubicó a varias manzanas de Indugraf.

El registro de esa empresa no fue casual: detrás de la misma hay varios conglomerados empresariales muy identificados cono el independentismo, que han cobrado de las arcas públicas catalanas decenas de millones de euros durante los últimos años. La compañía que explota la imprenta tiene un potente consejo de administración cuyo presidente es el representante de Pompeu Girona, una sociedad ligada al conglomerado periodístico ‘El Punt’. Hasta su muerte el año pasado, ejercía como presidente Joan Bosch, que fue durante 32 años dueño y presidente del diario 'El Punt' y, luego, presidente de Hermés Publicacions.

Este diario fue el gran mimado del régimen de Artur Mas y al final se hizo también con la cabecera del diario ‘Avui’, un invento ‘pujolista’ que era un pozo de perder dinero… público. Las ayudas oficiales del ‘Avui’ y de ‘El Punt’ son de las más importantes de la Generalitat: solo entre 2008 y 2014, la editora recibió más de 12 millones de euros en subvenciones a pesar de su escasa difusión. Curiosamente, ‘El Punt’ era el diario donde había trabajado Puigdemont antes de dar el salto a la política. Actualmente, su esposa, Marcela Topor, tiene un programa en la televisión de este grupo. La vicepresidencia de Indugraf, por otra parte, recae en la compañía Prensa Leridana, un grupo empresarial que también edita el periódico ‘Segre’, de Lleida. Uno de sus socios es Robert Serentill, presidente de la Asociación catalana de Radio.

Una web para sustituir a las imprentas

La Guardia Civil fue también la encargada de los registros en las imprentas Artyplan, Marc Martí y Tecno Hard, Sant Feliu de Llobregat, Hospitalet y Badalona este viernes. En total, la Guardia Civil incautó más de 100.000 carteles de promoción del referéndum, la mayor parte de ellos con el logotipo de la Generalitat.

Ante el acoso a las imprentas, los independentistas pusieron en marcha este viernes una nueva web, empaperem.cat, a través de la que cualquier ciudadano puede imprimir carteles. El portal anima a imprimir los carteles y a colgarlos en las calles, con el lema ‘Votem per ser lliures. 1/10/2017 Referèndum’ (‘Votemos para ser libres’). En la web se denuncia que “No hacen falta imprentas. Si la policía prohíbe que se enganchen carteles, empapelemos las calles. La resistencia colectiva es imparable. Fácil: lo descargas, lo imprimes, lo enganchas, haces una foto y la haces correr. Ninguna amenaza es más fuerte que la libertad”. Los carteles tienen un tamaño A4 y se pueden imprimir en color blanco o en color negro, “para los que amen más la libertad que su tóner”, informa El Confidencial.

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El PP interviene la Hacienda catalana
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un ultimátum a los promotores del referéndum independentista del 1-O y ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Catalunya por el que, de activarse, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, además de controlar, demorar y reducir -como ya viene haciendo- el dinero devuelto a los catalanes tras cobrar los impuestos, un 21% del total del reino pese a ser el 16% de la población.

El PP desarma los Mossos: "No sé si alguien espera que patrullen sin munición"
En plena escalada del pulso independentista de cara al referéndum del 1 de octubre y con el enfrentamiento abierto entre PP y JxSí por la investigación policial de los atentados del 17-A todavía por aclarar, el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, ha denunciado el bloqueo que la Guardia Civil está llevando a cabo sobre un contingente de armas largas y munición solicitado por los Mossos d'Esquadra.