dilluns, 16 d’octubre de 2017

Catalunya: La única solución es la democrática

Como repitió Simone de Beauvoir "La verdad es una y el error, múltiple". Y, en el caso de Catalunya, esta o aquella máxima de Aristóteles "La única verdad es la realidad", reafirman que solo hay una salida "digna" para el conflicto entre Catalunya y las demás naciones de España -o de Europa…- y un Estado absolutista unido por la fuerza e interés de un monarquía tan ilegal como ilegítima y corrupta. Un Estado cimentado sobre el poder omnímodo de un partido que es y fue heredero del franquismo criminal que sirvió de regencia a una monarquía tan impopular como golpista que financió y se benefició de un golpe de Estado contra la legítima República organizado desde su exilio en Roma y con la bendición de Cruzada otorgada por el Vaticano. "Un millón de muertos", de todos los bandos, todos víctimas de una monarquía que premió a sus verdugos y silenció a sus víctimas sin que nada cambiara durante la supuesta "transición", ni siquiera los apellidos en el poder de esas familias que organizaron la masacre sin siquiera arriesgar nada. Desde los palacios.

Y eso es historia, imborrable para todos los estudiosos y todos los archivos, pese a teólogos y cronistas revisionistas y falsarios y sus masas de oyentes iletradas que aplauden panfletos y malgastan su tiempo leyendo premios planetarios repletos de sandeces que se tragan sin masticar, futuro papel reciclado o cartón de embalaje. Pero que se veneran dogmáticamente como si fueran biblias y constituciones, aunque unas y otras conozcan tantas versiones contradictorias como un cuento de Diógenes narrado por un estoico o un epicúreo. O por un telediario de la TV1 del PP y otro de Tv3.

"At the begining was the word", traducen en Oxford: "Lo primero -ARJO en griego, el famoso lábaro constantiniano manipulado por Roma- fue la palabra", antes solo había gritos y guerra. Y barbarie. El imperio criminal de la fuerza bruta, ajeno a la razón, la justicia y la humanidad. Como con su constitución, la palabra divina depende del juez y traductor y de quien le paga.

A pesar de ellos, en el ínterin de si montan otro San Camilo, las gentes cabales saben que la única solución "digna" es la democrática, la que reconoce las voces de todos los afectados y las reúne en una mesa redonda -mesa, yo digo mesa pero me da igual que sea una sauna...- donde plantear números y letras. Hasta conseguir un acuerdo que, por su ejemplaridad incuestionable, reciba el pláceme de toda la ciudadanía democrática y cabal. La propia y la extraña. Hay un Parlamento y un Congreso, donde con su mínima mayoría el PP apisona lo que quiere y no se le somete. Y, si es preciso, un TC para aniquilarlos. Eso no es democracia.

Y ese acuerdo solo puede cumplir las reglas básicas si incluye la realización correcta y legal de un referéndum de autodeterminación, es decir, de definición y manifestación del régimen político bajo el que los catalanes -y todos los demás de la Europa/negocio de la monarquía del Sacro Imperio, desde vascos a alsacianos, padanos o corsos y transnistrianos- quieren vivir sus días.

Y mientras, España y su monarca deberán plantear su alternativa a lo actual, a lo de sacar de Catalunya, País Valencià y Balears -los menospreciados y esquilmados Países Catalanes del romanticismo local-, los que más aportan y menos reciben, para mantener un reino jacobino, anacrónico y tiránico de taifas autonómicas inventadas en manos de las viejas castas caciquiles feudales y aristocrático-latifundistas.

Los máximos receptores de las ayudas de la PAC europeas son los mayores terratenientes de esa Andalucía y Extremadura que doblan en funcionarios a Catalunya, reciben más de lo que jamás contribuyeron, habitan paraísos fiscales y latifundios, disfrutan de amnistías a precio de saldo y están en listas negras de Panamá, Andorra o las islas Caimán y Luxemburgo. En cabeza de las ayudas a la agricultura en España se halla la familia con más títulos nobiliarios y tierras de Europa, la casa de Alba.

Y desde esos Alba hasta el fin de las ayudas hallamos las casas reales y nobiliarias de toda esa Europa que llaman democrática ellos, los más ricos, los plutócratas: reyes y aristócratas y una oligarquía financiera -sus banqueros- enriquecidos obscenamente durante siglos de guerras maltusianas, expolios y genocidios masivos. Está en google, como casi todo: Ayudas PAC….

Esa es la Europa "libre y democrática" que tiene salarios mínimos de 1.700 a 300 euros, según lo europeo del norte y oeste que sea el asalariado, o del este y del sur. Y ayudas desde 3.200 euros individuales al mes finlandesas a nada si eres español y llevas algunos años en paro o nunca llegaste a trabajar cotizando… A partir del fin de las cotizaciones cubiertas, con un máximo de dos años, España considera que el trabajador ya no tiene derecho a la vida, ha de resignarse y sacrificarse por esta sociedad que tanto le ama y cuida. Democrática, insisten, y "de derecho", añaden para más sarcasmo. Y, sobre todo, expirando pacífica y discretamente, sin ruido ni molestias a los vecinos. Los suicidas van al infierno, no reciben sepultura en tierra "santa" y son un marrón muy marrón para la familia si es que había algo a heredar y aparece. Sobre todo si vuela la casa con el gas y él dentro antes de que se lo corte la compañía que paga sueldos millonarios a gente como Aznar y colegas por ser quienes son.

Esa España y su corte que regala 60.000 millones de euros a la banca que se comió a si misma, repartiendo los beneficios en salarios supermillonarios a los mismos gestores del PP-PSOE, puestos a dedo, que las quebraron fraudulentamente. La misma cantidad que desaparece del fondo de las pensiones en 8 años de saqueo del PP de Aznar y Rajoy, hecho a base de robar más a los trabajadores durante más de 35 años de cotizar con promesas de una vejez de juerga y cachondeo… A los cuatro que sobrevivan.

Este año pasado han habido 550.000 accidentes laborales en la España unida del PP. Les llaman laborales pese a que entendemos que han sido haciendo de esclavos por un salario insuficiente y miserable durante una barbaridad de horas que nadie cobra pero que son conditio sine qua non para tener salario y, tal vez, papeles.
En la Europa en que los viejos feudos y cunas del III Reich renacen con rostro de nazi joven en versión Merkel austríaco, con las mismas viejas y racistas políticas de los imperios Sacros y austro-húngaros que creíamos caducados, ser o no europeo no puede ser una imposición. Hay 8,747 millones (2016) de austríacos, apenas un millón más que catalanes. Y nadie pone en duda un Estado cuyas raíces y actuales dirigentes -como algún presidente al que ya se jubiló por su pasado nazi-, tal como la Alemania subsidiaria de la corte vienesa, son la élite genocida y racista de la conocida supremacía blanca, tan racista como inmoral y rica, muy rica.

No es el caso de Catalunya. Si hay una sociedad abierta, culta y plural, respetuosa con la diversidad, es la que emana desde la Barcelona global y multiétnica, refugio de inmigrantes globales y de víctimas de muchas persecuciones y destino turístico pandémico universal junto con París. Eso sí, todos amigos pero cada uno en su casa y cada casa en su barrio. Todo caro y sin regateo. Al contado o con tarjeta. Ir en coche a un barrio pijo sale como ir al cine a Perpignan, croque monsieur incluido, en horas y dinero. Y cada día todos los barrios son más pijos, efecto de mercado de una desbocada, corrupta y especulativa política mantenida durante décadas por los cómplices y muy colegas gobiernos del PP, CiU -ahora PDeCat y herederos- y PSC. Cada uno en su taifa y si hay que repartir se reparte.

Impelidos por la desesperada fuga del pujolismo del acoso de los tribunales y el mantenimiento del status quo existente -ERC y CiU mayoría y a repartir- y para compensar la pérdida de votantes, la alianza imprescindible con la CUP ha llevado a JxSí adonde muy seguramente no habrían querido llegar. Pero había que aprobar los presupuestos y un pacto -entre gentes de bien- hay que cumplirlo.

Lo que nunca fue el caso con los pactos y promesas del PP, ni siquiera a sus propios votantes y en sus magníficos y paradisíacos programas electorales pagados con dinero robado al pueblo que paga impuestos, es decir, los que trabajan y crean una riqueza de la que solo ven las migas. El resto blanquea, defrauda y es amnistiado por los colegas.

La credibilidad del PP y del Estado español conocido como Reino de España y a cuyos jefes de Estado nunca nadie eligió es la misma que la de una Europa de los Estados-negocio de los Fondos de Inversión que gestionan las fortunas de sus plutocráticas altezas, como BlackStone/BlackRock. La que compra barato lo que ya pagaron trabajadores desahuciados con sus familias, estafados por una banca que aún robándoles lo ya pagado a un precio desorbitado quebró por su corrupción, dilapidando el presente y el futuro de los españoles en los bolsillos de los mismos, del 1% que vive del malvivir del 99%.

Cabe decidir, autodeterminarse y proclamar un Estado democrático antes de que el viejo imperio y sus familias impongan el neofeudalismo económico de forma definitiva. Y el primer paso es que, como ocurrió pacíficamente en la URSS, los pueblos y naciones del IV Reich del Deutsche Bank y Merkel manifiesten su voluntad libre y democráticamente. Como si fueran highlanders escoceses o quebecois.

Como ya pasó en el 39, lo que suceda en Catalunya afectará al resto de Europa, sea una huelga general o un rosario de la aurora. Cuanto más barato salga y mejor se haga, menos pagaremos todos. Y no está el horno para bollos, grazna Lagarde desde el FMI y no por gusto sino por muy real pánico.

La decisión de la jueza Lamela -muy acorde el apellido con su función- de encarcelar sin fianza por sedición, en un anacronismo monárquico absolutista de manual, a dos ciudadanos que participaban en una movilización ciudadana de decenas de miles, atribuyéndoles el rol de líderes revolucionarios de masas, solo sirve de aviso sobre la invariable posición cerril de la corte mesetaria borbónica y solo puede originar una repuesta masiva de rechazo en las calles de Catalunya, y en sus carreteras, autopistas… Y enviarles a la misma prisión donde residen una larga lista de ladrones conocidos del PP y el mismísimo Jordi Pujol Ferrusola, como si fueran vulgares chorizos de la paella zarzuelera afrancesada, resulta, pese a lo mejor del menú y el servicio, insultante. Sostener la monarquía española y su corte del PP les puede salir muy cara a europeos y africanos, con una larga cola y un atasco épico.

Ya avisó Juncker -que es luxemburgués, sin reyes pero con Gran Duque y paraíso fiscal donde los haya en un gran Estado de unas decenas de miles pero con patente de corso imperial de la casa de Orange y la Royal Dutch Shell-, que temía que la Europa coronada de las 29 cortes, esta tan estupenda, acabare en una Europa de 98 naciones republicanas y sus pueblos, si Catalunya daba ejemplo y se liberaba de la cadena real borbónica y su burgundión Toisón de Oro, vindicando el Grifo de oro anterior e hispano de cuando los pueblos eran naciones de hombres libres, tenían sus fueros, sus leyes y elegían a sus arcontes y sus jueces. Y quien quiera misas, cotos de caza, cortesanías y monarquías, que se las pague. Con IVA, sisplau!

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EH Bildu ha registrado su propuesta de nuevo estatus para su debate en la Ponencia de Autogobierno, que parte del completo agotamiento del Estatuto de Gernika y camina hacia la constitución de la República Confederal Vasca. Con la premisa de que Euskal Herria es una nación con derecho de autodeterminación, contempla la consolidación de estructuras de estado en la CAV a partir de la actual estructura institucional. EH Bildu pide a las fuerzas que defienden el derecho a decidir que trabajen sabiendo que «en Madrid no vamos a encontrar pacto sino agresión». Foto: Pello Urizar, Maddalen Iriarte y Unai Urruzuno han presentado la propuesta de nuevo estatus de EH Bildu (@ehbildu).

La portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha presentado hoy la propuesta de nuevo estatus político de la CAV, acompañada de Peio Urizar y Unai Urruzuno. El documento contempla la constatación inicial de que el Estatuto de Gernika está «completamente agotado», por lo que propone la creación de un Estado Vasco, que es la herramienta para la consecución del principal objetivo, que han expuesto que es «mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa». La base de la propuesta es que Euskal Herria es una nación, que tiene derecho de autodeterminación y será la legalidad la que tendrá que subordinase a la voluntad popular y no al revés. EH Bildu defiende «crear estructuras de Estado, consolidarlas y llenarlas de contenido» a partir de la actual estructura institucional de la CAV.

En el horizonte está la conformación de una República Confederal Vasca, «siempre –ha explicado Maddalen Iriarte– que así lo decida la ciudadanía de la CAV, Nafarroa e Ipar Euskal Herria, en decisiones que corresponden a cada uno de los tres ámbitos administrativos». En cuanto al procedimiento de redacción y aprobación del nuevo estatus, EH Bildu propone que en una primera fase el Parlamento acuerde las bases sobre las que luego redactar el texto articulado, en lo que la formación independentista define como «proceso constituyente».

Una vez que el Parlamento hubiera aprobado el nuevo estatus, este se sometería a una «consulta habilitante» por parte de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Este tipo de referéndum no está contemplado en la legalidad actual de reforma del Estatuto de Autonomía, pero es un paso que el PNV puso sobre la mesa y recoge en su propuesta, y su objetivo es el de dotar al nuevo estatus de la legitimidad de estar refrendado por la sociedad. Según propone EH Bildu, tras el refrendo de la ciudadanía, lo que hay que negociar con el Estado español son «los mecanismos y plazos para materializar» esa decisión, pero sin dar a Madrid ningún derecho a veto.

Maddalen Iriarte ha sido contundente al asegurar que el Estado español se va a negar a aceptar la decisión vasca, por lo que ha hecho un llamamiento a las fuerzas que defienden el derecho a decidir, y en concreto a PNV y Elkarrekin Podemos, para que la base en la negociación del nuevo estatus sea que «en Madrid no vamos a encontrar pacto sino agresión», informa Naiz.

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PP, PSOE y C's evitan que Aznar y Zapatero expliquen la estafa/crisis
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El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido este miércoles ser absuelto en el juicio del caso Gürtel como la mayoría de los otros 36 acusados, mientras que la exministra de Sanidad Ana Mato y el Partido Popular han rechazado ser responsables civiles como partícipes a título lucrativo.

El PP exige “claridad” a Puigdemont antes del jueves para no aplicar el 155

Mariano Rajoy ya ha contestado a Carles Puigdemont. Le ha mandado una carta donde le da de plazo hasta el jueves para que “rectifique” y le invita a que acuda al Congreso a dialogar, según ha explicado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Que vuelva a la sensatez”, ha reclamado la vicepresidenta. La reacción de Sáenz de Santamaría llega después de que esta mañana Carles Puigdemont enviase una carta como respuesta al requerimiento del Gobierno central. Una carta en la que no aclara si ha declarado o no la independencia y pide que se abra un periodo de dos meses para dialogar. Mireia Boya: “La CUP habría hecho una carta muy diferente”.

“El Gobierno lamenta que Puigdemont haya decidido no contestar, porque no era muy difícil decir sí o no, no era complicado. Prolongar la situación solo favorece a los radicales”, ha asegurado la vicepresidenta. Y ha recordado que el requerimiento del Gobierno daba dos plazos a Puigdemont.

El presidente catalán tenía que aclarar hoy si ha declarado o no la independencia. La respuesta ha sido confusa. Pero queda todavía el segundo plazo, que vence el jueves a las 10.00 horas. En ese momento, Puigdemont tendrá que explicar si da marcha atrás y regresa a la senda de la Constitución. Si no lo hace, será entonces cuando el Gobierno active los mecanismos para aplicar ese famoso artículo 155 de la Constitución. “Esperamos que en el segundo plazo responda con la claridad que se le exige”, ha subrayado Sáenz de Santamaría, dando así a Puigdemont tres días más para que cambie de opinión y evitar así la aplicación del artículo 155.
La vicepresidenta también se ha referido al diálogo demandado por Puigdemont. Ha calificado esa petición de “poco creíble”, por cuanto “Puigdemont niega la palabra a la oposición en el Parlament”, ha dicho en referencia a la compleja tramitación parlamentaria de las leyes del referéndum y de la transitoriedad. “Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo, responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y que el derecho requiere”, indica Rajoy en la carta que ha enviado esta mañana a Puigdemont, en a que añade que “prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor en Catalunya”.

Para el Gobierno, el diálogo debe circunscribirse al congreso de los Diputados: “el presidente de la Generalitat tiene una oportunidad de rectificar en el Congreso, donde puede explicare con la máxima claridad, porque el diálogo no se exige, se practica”, ha señalado la vicepresidenta. Y ha añadido que “pregonar el diálogo cuando se desoye el llamamiento a la concordia es poco creíble”.

También Rajoy invita en su carta a Puigdemont al Congreso: “Se le brindó un espacio parlamentario para el diálogo entre todas las fuerzas políticas, incluida, por supuesto, la suya”. Además, la vicepresidenta ha acusado a Puigdemont de escribir su confusa respuesta al dictado de los “radicales” en referencia a la CUP y ha recordado que la posible respuesta del Gobierno, “viene avalada por una amplia mayoría parlamentaria”, ya que el PSOE y Ciudadanos están dispuestos a secundar la aplicación del 155 si el president sigue en sus trece.

Tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría han remarcado que la aplicación de ese artículo no implica la suspensión de la autonomía catalana, sino “la restauración de la legalidad en la autonomía”. Puigdemont ha pedido a Rajoy un encuentro y que resuelvan la crisis catalana por la vía política, quejándose de la actuación policial del 1-O y de que este mismo lunes tengan que declarar en la Audiencia Nacional el major Trapero y los líderes de la sociedad civil, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, de la ANC y Òmnium.

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, también ha salido al paso después de la carta emitida por Carles Puigdemont y la posterior respuesta del Gobierno acerca del requerimiento del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Junqueras le ha interpelado directamente a través de Twitter: "Presidente @marianorajoy, la pregunta es muy sencilla, quiere ud. que se celebre una reunión entre los Gobiernos de Catalunya y España?", ha escrito.

Mireia Boya: “La CUP habría hecho una carta muy diferente”

"La CUP habría hecho una carta muy diferente a la que ha escrito Puigdemont", ha remarcado Boya, que ha asegurado que su partido no conocía el contenido de la misiva, redactada de manera "muy hermética". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Boya ha expresado su desacuerdo con el contenido de la carta que Puigdemont ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que no aclara si el pasado 10 de octubre declaró la independencia y ofrece abrir un periodo de dos meses para buscar una solución dialogada.

La presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha considerado hoy "imposible" el diálogo con el Gobierno y ha advertido al presidente catalán, Carles Puigdemont, de que la "unidad" soberanista pasa por "proclamar la república" catalana, esta semana o la que viene. Los anticapitalistas evitan concretar si romperán la unidad pero avisan que esta pasa por proclamar la república.

La CUP se mantiene "firme en que debe ser el Parlament quien proclame la república" y tiene "intención de hacerlo en un pleno monográfico, si no es esta semana será la que viene" porque "sólo hay que ejecutar el mandato popular" del 1-O. Boya se ha mostrado partidaria de "negociarlo siempre todo, pero una vez hayamos proclamado la república", porque "el punto de partida" que plantea Puigdemont no garantiza "un diálogo de tú a tú" con el Gobierno.

Según Boya, "la CUP ha demostrado suficiente seriedad y coherencia como para que se la haga partícipe de una respuesta tan trascendental como ésta", por lo que "no entendemos cómo se está capitalizando la ley del referéndum en una persona, el presidente", informa La Vanguardia.

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La corrupción PP-PSOE que alimenta el cártel del fuego

Todo apunta a que los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de la corrupción endémica de PP-PSOE. Esta es la conclusión a que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. "En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.

Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales o pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos.

En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, incluso con los mismos protagonistas que en España, interpuestas por particulares, por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción — organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación fulminante de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.

González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.

Investigados por la Audiencia Nacional

1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG;
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN;
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU;
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA;
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO;
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios;
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo;
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez;
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén.
Fuente: Público.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastreó durante meses los indicios de irregularidades en los contratos con los que Fernández ganaba concesión tras concesión en el parlamento regional, mientras donaba a Fundescam. Los agentes interrogaron a todos los integrantes de la mesa de contratación salvo a su presidenta, sobre la que hicieron una precisión clave: "está sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid".

Ahora el magistrado de la Audiencia Nacional retoma el trabajo de los agentes y profundiza en los contratos presuntamente fraudulentos de la Asamblea. Interrogará a Recoder, que ante los agentes se desprendió de responsabilidad al asegurar que ella se limitó a dar una valoración jurídica, y que los criterios del contrato no eran su responsabilidad.

El testimonio de Recoder es importante porque esta letrada llamó la atención sobre una circunstancia que los agentes consideran muy relevante. Cifuentes compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea con un asiento en el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam -de la que era donante Arturo Fernández- y otro en el comité de campaña electoral del PP.

La UCO considera que esa triple compatibilidad es "contraria a la legalidad" y "vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación". La letrada de la Asamblea tampoco lo vio con buenos ojos y recomendó que Cifuentes se apartase. Pero nada más, no insistió en ello porque "no estaba inmersa en el procedimiento de contratación". En el resto de su declaración ante la UCO dijo no acordarse de muchos de los detalles del proceso, pero descartó cualquier signo de irregularidad.

Los agentes, sin embargo, sí que las aprecian. En un extenso informe que entregaron al anterior juez del caso, Eloy Velasco, definieron los actos de la mesa de contratación como "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida".

Ese informe acotó los delitos -prevaricación continuada y cohecho- y reunió una serie de "elementos probatorios" para sostener sus acusaciones. Los agentes acusaron a uno de los integrantes de la mesa, Arturo Zubiri, de encargarse de desarrollar una "falsa argumentación" para favorecer al Grupo Cantoblanco, una estrategia de la que "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada".

Velasco, poco antes de abandonar su puesto de instructor del caso por un ascenso a la Sala de Apelaciones, dejó caer que no veía indicios en contra de Cifuentes. Sin embargo, su firma estaba en un auto por el que se imputaba al propio Fernández por la existencia de "sólidos indicios de irregularidades penalmente relevantes" en el modo en que se adjudicó la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco.

Su sucesor también ha apreciado irregularidades. Al menos, ha decidido seguir investigando por qué Cantoblanco ganó concursos sin ser la empresa que merecía una mejor valoración. Tras la declaración de la exletrada de la Asamblea, García Castellón tendrá que decidir si imputa al resto de miembros de la mesa para continuar con la investigación. En cualquier caso, no podrá interrogar a Cifuentes que, como aforada, solo responde ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el juez de la Audiencia Nacional tendrá que enviar una exposición razonada si encuentra indicios suficientes, informa eldiario.es.

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Vecinos, equipos municipales, brigadas de la Xunta, integrantes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplegados por toda la geografía de la comunidad para combatir una actividad incendiaria homicida sin duda intencionada, según ha explicó la noche del domingo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Este mismo lunes por la mañana, la consellera do Medio Rural de la Xunta, Ángeles Vázquez, dijo en la cadena Ser que al menos 132 incendios fueron provocados y no dudó en calificarlos de "atentados" así como de "terroristas" a sus autores.

Vázquez también confirmó que en total son quince los incendios forestales que tienen decretada la situación dos, de riesgo real para la población, tras sumar uno en la parroquia de Aro, en Negreira (A Coruña), pasada la medianoche. Esta pasada noche se esperaba que lloviera en el sur de Galicia, pero sólo lo hecho muy débilmente y en menos zonas de las esperadas. Para esta próxima noche del lunes sí se esperan lluvias más generalizadas.

El director general de Montes de la Xunta, Tomás Fernández-Couto, aseguró esta pasada madrugada que no existe "falta de medios" de extinción y argumentó que son "las condiciones de viento" las que hacen "imposible" extinguir los incendios. En declaraciones a la Televisión de Galicia, el responsable de los montes gallegos ha explicado que la comunidad vive "situaciones de angustia y de riesgo muy importantes" por la "oleada de actividad delictiva homicida".

La comunidad gallega acumula 31 grande incendios forestales, los que suman más de veinte hectáreas y están en situación dos, además de los múltiples focos más pequeños que afectan a infinidad de municipios y que hacen llegar cenizas incluso a las viviendas del centro de A Coruña. Todo esto mientras Portugal también está desbordado tras batir su récord de incendios, con más de trescientos, y las llamas saltan el río Miño para prender los montes gallegos, donde han ardido más de 4.000 hectáreas desde el jueves.

Los puntos más peligrosos son aquellos que tienen activada la alerta de riesgo para la población, tanta que ya ha habido dos víctimas mortales en Nigrán (Pontevedra), cuando viajaban en una furgoneta que ha sido pasto de las llamas que empezaron en la parroquia de Parada. El domingo a última hora de la noche hubo una tercera víctima mortal en la provincia de Ourense, en el municipio de Carballeda de Avia. Es un varón de 78 años que apareció en Abelenda das Penas, donde intentó apagar las llamas de un corral para salvar a sus animales, aunque no lo logró y falleció. La cuarta víctima es un septuagenario que ha fallecido cuando apagaba un incendio subido a un muro en una parroquia de Vigo.

Lugo tiene en alerta por riesgo para la población los fuegos de Noceda y Donís, en Cervantes, en plena reserva de la biosfera de Os Ancares, donde los vecinos temen perder sus viviendas y dicen estar "rodeados" por las llamas mientras denuncian que faltan medios.

En Ourense viven la situación dos un incendio en San Cristovo de Cea, en Oseira, por proximidad a Pieles; otro en Baños de Molgas, en Betán, por cercanía a Nevoeiro; un tercero en Chandrexa de Queixa, en Chaveán, por proximidad a Vilamaior, en el municipio vecino de Castro Caldelas; el cuarto en Paderne de Allariz, en la parroquia de Cantoña; y el último en Lobios, en Araúxo.

En Pontevedra hay cinco incendios en situación dos, con el de Ponteareas, que empezó en Padróns, como más importante tras extenderse a los municipios de Redondela, Soutomaior y Pazos de Borbén -donde está el riesgo en Nespereira-, con 1.500 hectáreas de superficie. Los fuegos de Salvaterra de Miño, en Pesqueiras, cercano a Castelo; Gondomar, en Morgadáns, próximo a este mismo núcleo; As Neves, parroquia homónima, junto a Paredes; y Baiona, en Baíñas, cercano a esta población; también están en situación de riesgo real para la población.

Al margen de todos estos incendios, los equipos de extinción trabajan para acabar con las llamas en Boiro (A Coruña), en Cures; y en Samos (Lugo), parroquia de Renche; Friol, en Xía; Triacastela, parroquia homónima; y Antas de Ulla, en Areas. Arden también Vilar de Barrio (Ourense), donde el fuego ha empezado en Rebordechau y se ha extendido al término municipal de Montederramo; y Piñor, en Coiras.

Permanecen estabilizados los incendios de Paradela (Lugo), parroquia homónima; y Vilariño de Conso (Ourense), en la parroquia de Chaguazoso. Están controlados los fuegos de O Saviñao (Lugo), en Ribas de Miño; Chantada, en Esmeriz; Vilardevós (Ourense), Vilariño de Conso, en Sabuguido y Castiñeira; Vilamarín, parroquia homónima; Chandrexa de Queixa, en Queixa; y Lobios, con dos en Río Caldo.

El presidente de la Xunta, el fascista y capo del narco gallego Alberto Núñez Feijóo (PP), afirmó en la noche del domingo que la comunidad autónoma gallega se encuentra en una "situación compleja" porque coincide una "actividad incendiaria homicida", una "sequía persistente" y un descontrol en incendios en el norte de Portugal que, por primera vez, "saltan el Miño". Ha tildado hoy de "crítica" la situación que vive Galicia por los numerosos incendios forestales y ha recordado que las vidas importan más que los bienes.

La conselleira del Medio Rural de la Xunta, Ángeles Vázquez, ha reconocido que "las circunstancias llega un momento que sobrepasan" a los medios de extinción; el vicepresidente Alfonso Rueda ha afirmado que "nadie va a quedar impune" tras la investigación y el titular de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, ha llamado a abandonar domicilios en caso de duda y buscar un lugar seguro.

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha instado a la población a que "haga caso a cualquier indicación" que den los servicios de emergencias, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que "nadie actúe por su cuenta". Los grupos de la oposición han acusado a la Xunta de falta de prevención, informa Público.

Galicia, feudo fascista con "bomberos" privados: tanto quemas, tanto cobras
El feudo histórico del fascismo y el PP es la única comunidad autónoma que ha privatizado el servicio de extinción a través de parques comarcales que cuentan con tres efectivos por guardia. El "modelo" de negocio nació con la Xunta del fascista y criminal ministro de Franco y fundador del PP Fraga Iribarne (foto con Feijoo), en colaboración con las diputaciones en manos del PP, que ahora amaga con revertir la nefasta privatización, vistas sus consecuencias obvias. Carroceras de vehículos y empresas de jardinería se hicieron con las primeras concesiones en los años 90. Quinientos bomberos llevan años clamando para que se les rescate. Galicia es la única comunidad que mantiene privatizado el servicio de extinción y de emergencias a través de consorcios provinciales que financian a la mitad la Xunta y cada una de las cuatro diputaciones. Tres empresas se reparten 23 parques comarcales distribuidos por todo el territorio que, como el resto del dispositivo que según la Xunta está integrado por 7.000 efectivos.

Puigdemont responde a Rajoy a la gallega y propone mediación y diálogo
Ni sí, ni no. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha evitado responder de forma clara y sencilla el requerimiento enviado por burofax por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en que le reclamaba aclarar si hubo o no declaración de independencia. En su contestación, difundida antes de finalizar el plazo que expiraba a las 10:00 de la mañana de este lunes, el presidente catalán vuelve a ofrecer diálogo a través de una mediación, buscando incluso una charla directa con Rajoy.

El Reino de España repite tras 500 años el Requerimiento a los indios… catalanes
Requerimiento: “Yo requerí, de parte del rey de Castilla, a dos Caciques destos del Cenú, que fuessen del rey de Castilla. Y que les hazya saber como había un solo dios que era trino y uno y gobernaba al cielo y a la tierra; y que este había venido al mundo y había dejado en su lugar a sant Pedro y que sant Pedro había dexado por su sucessor en la tierra al sancto padre que era señor de todo el mundo universo en lugar de dios; y que este sancto padre, como señor del universo, había fecho merced de toda aquella tierra de las indias y del Cenú al rey de Castilla; y que por virtud de aquella merced que el papa le había hecho al rey, les requería que ellos les dexasen aquella tierra, pues le pertenescía.

Puigdemont: "Pides diálogo y te responden planteando el 155. Entendido"
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lamentado este miércoles que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga el artículo 155 de la Constitución sobre la mesa a su demanda de diálogo. "Pides diálogo y te responden poniendo el 155 sobre la mesa.

Rajoy no sabe si se ha declarado la independencia y amenaza con el 155
El Gobierno requiere al Govern de la Generalitat que aclare si ha declarado la independencia de Catalunya. “Es un paso previa a las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución”, ha asegurado Mariano Rajoy.

Los ladrones de BlackRock elevan su posición en Colonial al 3,3%
El fondo especulativo fascista -en el que participan las oligarquías reales europeas, entre ellas la familia Borbón- BlackRock/Black Stone no se cree las sandeces sobre la situación en Cataluña plublicitadas por el fascio nazional de Rajoy y sigue apostando por Inmobiliaria Colonial.

Ignacio González (PP): "Rajoy fue chantajeado con un vídeo y mandó a Bárcenas para taparlo"
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa por la presunta presunta 'caja B' del PP -a raíz de los denominados 'papeles de Bárcenas- ha pedido a su compañero en este órgano e instructor del 'caso Lezo' Manuel García-Castellón la "transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre el expresidente del PP de Madrid Ignacio González -actualmente en prisión por este último procedimiento- y el exministro del PP Eduardo Zaplana sobre la existencia de un vídeo en el que se hablaría de un presunto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

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La fiscal ha mantenido este lunes en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años de prisión para el presunto líder de la trama corrupta del PP, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas (foto) y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo.

Puigdemont responde a Rajoy a la gallega y propone mediación y diálogo

Ni sí, ni no. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha evitado responder de forma clara y sencilla el requerimiento enviado por burofax por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, en que le reclamaba aclarar si hubo o no declaración de independencia. En su contestación, difundida antes de finalizar el plazo que expiraba a las 10:00 de la mañana de este lunes, el presidente catalán vuelve a ofrecer diálogo a través de una mediación, buscando incluso una charla directa con Rajoy. A pesar de la reiteración de la propuesta ya lanzada en el Parlament, que pretende una relación de igual a igual con el Estado, Puigdemont propone una reunión urgente con Rajoy y que “las instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas” que pidieron que suspendieran los resultados del referéndum tengan la oportunidad de explorar el camino de la negociación. Y es que “la prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, asegura.

La carta son cuatro páginas, aunque de texto sólo hay dos, y en ella se pone en valor los resultados del referéndum del 1-O, de las últimas elecciones al Parlament de Catalunya, y de las encuestas que señalan que “el 80% de los ciudadanos viene manifestando reiteradamente la voluntad de decidir su futuro político en un referéndum acordado”. Por eso, aconseja a Rajoy que “aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas”.

En la misiva, Puigdemont se muestra sorprendido por la carta de Rajoy porque esta venía precedida del planteamiento, justo un día antes en el Parlament, de la “oferta sincera de diálogo”, algo que no hizo “como una muestra de debilidad”, asegura, sino como “una propuesta honesta de encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Catalunya”. Por eso, Puigdemont lanza dos “peticiones”, por un lado “que se revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Catalunya”, y la segunda, que “concretemos lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos”. El presidente catalán concluye que “reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro de que encontraremos la solución”.

Las buenas palabras de Puigdemont van acompañadas de un anuncio que seguramente no agradará a algunos independentistas que exigen con urgencia la proclamación de la república, se trata de la apertura de dos meses de plazo en el que “nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar”, traslada.

En este período, el jefe del Govern pretende también dar posibilidad para que “personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación, tengan la oportunidad de explorarlo”. De esta forma, el dirigente también quiere, tal y como señala en la carta, despejar las dudas ante la opinión pública sobre cuál es el “compromiso” real de cada una de las partes que así se han expresado en hallar “una solución acordada”.

La respuesta del president es poco probable que cumpla con lo requerido a pesar de que desde Moncloa, y en el requerimiento mismo, se ha advertido claramente que la respuesta de Puigdemont debía ser clara y sencilla y, de forma afirmativa o negativa. Tal y como ha podido saber La Vanguardia, la única respuesta que esperaban de Puigdemont para abrir las puertas al diálogo er que “no declaró la independencia”.

Según advertían, “una carta o la simple reiteración de su discurso” en el Parlament no frenaría las medidas anunciadas en el requerimiento, por lo que se insistía en “pedir a Puigdemont la respuesta que permitiría poner fin a la tensión de los últimos días y recuperar la convivencia así como el marco legal previo a cualquier diálogo político”. El Gobierno central sólo sitúa la negociación en el marco del Congreso.

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Requerimiento: “Yo requerí, de parte del rey de Castilla, a dos Caciques destos del Cenú, que fuessen del rey de Castilla. Y que les hazya saber como había un solo dios que era trino y uno y gobernaba al cielo y a la tierra; y que este había venido al mundo y había dejado en su lugar a sant Pedro y que sant Pedro había dexado por su sucessor en la tierra al sancto padre que era señor de todo el mundo universo en lugar de dios; y que este sancto padre, como señor del universo, había fecho merced de toda aquella tierra de las indias y del Cenú al rey de Castilla; y que por virtud de aquella merced que el papa le había hecho al rey, les requería que ellos les dexasen aquella tierra, pues le pertenescía.

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