dilluns, 30 d’octubre de 2017

Puigdemont sería un caso de asilo político complicado

Puigdemont, ahora ¿un fantasma que huye? El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont viajó este lunes 30 de octubre a Bruselas, acompañado de cinco exconsejeros, en medio de las especulaciones sobre una eventual solicitud de asilo político. El misterioso viaje de Puigdemont por Europa se podría convertir en una versión alternativa de la película "Atrápame si puedes". Una treintena de periodistas ha montado guardia ante las sedes de la oficina de la Generalitat en Bruselas, del partido soberanista flamenco N-VA y del Centro Maurits Coppieters, favorable al independentismo, en busca del expresidente catalán Carles Puigdemont, de probable visita en la ciudad. Puigdemont ha contratado a un abogado belga Paul Bekaert experto en derecho de asilo pero éste afirma que no hay nada concretado. Foto: Carles Puigdemont, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret, los intérpretes de la tocata y fuga catalano-flamenca.

El abogado belga Paul Bekaert ha confirmado este lunes que ha sido nombrado "consejero" por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, según publica el diario L'Echo y difunde la cadena pública flamenca de televisión VRT. El abogado Bekaert es conocido en España por haber defendido a varios miembros de la banda terrorista ETA detenidos en Bélgica y para los que las autoridades españolas solicitaron la extradición.

En total, Bekaert se encargó de cuatro casos, entre ellos los de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, cuya extradición a España fue rechazada. También defendió a la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.

Puigdemont viajó a Bruselas desde Marsella (Francia) junto a cinco exconsejeros de su Gabinete que, como él, fueron destituidos el pasado viernes por un decreto del Ejecutivo español para restablecer la legalidad tras la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán. A pesar de visitar Bruselas, tal y como confirmó el Gobierno español, Puigdemont todavía no ha sido visto en las instituciones comunitarias ni en otro lugar público.

Medios en España apuntan que Puigdemont podría estar preparando una estrategia legal en compañía de abogados y asesores, con vistas a una eventual solicitud de asilo político en Bélgica y que este 31 de octubre podría hacer algún tipo de declaración. ¿Por qué Bélgica? El origen de este éxodo a Bruselas podría encontrarse en la declaración del secretario de Estado belga para la Inmigración, Theo Francken, miembro del partido nacionalista flamenco N-VA , quien el pasado domingo dijo que el expresidente de la Generalitat tiene la opción de solicitar "asilo político" en Bélgica.

Sin embargo, a estas alturas nadie en el partido nacionalista flamenco quiere haber visto o haber oído últimamente de Puigdemont. Tanto el ministro del Interior belga, Jan Jambon, del partido nacionalista flamenco N-VA, como esa formación política, se han desenmarcado de la visita del expresidente catalán Carles Puigdemont a Bruselas. El primer ministro del país, Charles Michel, se distanció de la oferta de asilo político y aseguró que "no está en el orden del día" de su Gobierno.

Puigdemont sería un caso de asilo político complicado

De todos modos, La situación del expresidente catalán Carles Puigdemont no encajaría en ninguno de los supuestos por los que un país podría concederle asilo, salvo que Bélgica se acogiera excepcionalmente al protocolo 24 del Tratado de la UE, lo que provocaría un controversia importante con España. El caso del expresidente de la Generalitat, que ha viajado a la capital belga con cinco exconsellers, no se ajusta a la figura del asilo territorial, dado que España es un "Estado seguro" en el sentido del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951.

El Gobierno de corruptos -la mayor parte de ellos ya condenados o imputados- de José María Aznar consiguió en 1997 que la UE incorporara un protocolo al Tratado de Ámsterdam-conocido como protocolo 24- sobre la limitación de la concesión de asilo político a ciudadanos de la UE. El protocolo considera "inadmisible", salvo en casos de ruptura del orden democrático, y en cualquier caso "infundada", la tramitación de cualquier solicitud de asilo político presentada por ciudadanos de la UE en otro Estado miembro, informa DW.

No obstante, el caso de etarras reclamados por España y negada su extradición por Bélgica mediante el mismo abogado que ha escogido Puigdemont, reconociendo la falta de garantías de un juicio justo por parte de la monarquía española, deja el golpe de Aznar en suspenso. Como también la anunciada presencia de Puigdemont esta tarde para explicarse que ha quedado en otra fantasmagoría, tal vez relacionado con las cosas extrañas que ha predicho Oriol Junqueras que se habrían de entender en los actos de los presentes días.

Puigdemont y parte del Govern se trasladan a Bélgica
Carles Puigdemont, president destituido de la Generalitat, no está en Catalunya ni en España. Se encuentra en Bélgica -donde el ministro de asuntos exteriores les invitó a refugiarse y pedir asilo, junto a otros miembros del Govern cesado el viernes en virtud del artículo 155 de la Constitución, el mismo día en que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha presentado sendas querellas por rebelión, sedición, malversación y ortos delitos contra todo el Govern y la Mesa del Parlament, delitos que conllevan hasta 30 años de cárcel.

Maza se querella contra el Govern y la Mesa del Parlament por rebelión y sedición
Como ya se había anunciado, este lunes el reprobado por el Congreso Fiscal General del Estado José Manuel Maza (foto) ha presentado una querella contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de miembros de su Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia, ya que ellos aún se encuentran aforados.

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Carles Puigdemont, president destituido de la Generalitat, no está en Catalunya ni en España. Se encuentra en Bélgica -donde el ministro de asuntos exteriores les invitó a refugiarse y pedir asilo, junto a otros miembros del Govern cesado el viernes en virtud del artículo 155 de la Constitución, el mismo día en que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha presentado sendas querellas por rebelión, sedición, malversación y ortos delitos contra todo el Govern y la Mesa del Parlament, delitos que conllevan hasta 30 años de cárcel. Esta tarde Puigdemont -que está en un entorno "seguro y discreto"- y los miembros de su Govern podrían realizar una comparecencia conjunta. Forcadell (foto) acata la disolución del Parlament y no reúne a la Mesa este martes.

Fuentes del Ministerio de Interior han asegurado que no les “preocupa” ese viaje de Puigdemont a Bruselas, porque lo que les interesaba “más hoy” es que no fuera a Palau de la Generalitat. Se da la circunstancia de que este domingo secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, ofreció asilo político a Puigdemont, lo que provocó una grave crisis en el gobierno belga y obligó al primer ministro, Charles Michel, a desautorizar al responsable de asilo.

En un comunicado dirigido a la agencia Belga, Michel señaló que el asilo para Puigdemont “no está en absoluto en el orden del día” del Gobierno. “Pido a Theo Francken que no eche leña al fuego”, señaló el primer ministro, quien reiteró, además, su llamamiento al diálogo entre las autoridades españolas y catalanas. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, opinó ayer que Francken incumplió los principios de solidaridad y colaboración de los países en la Unión Europea.

Esta mañana el conseller cesado de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha asistido a su Departament y posteriormente a la reunión de la Ejecutiva de su partido, el PDECat, que . El videpresidente cesado, Oriol Junqueras, por su parte, ha acudido a la reunión de la dirección de ERC, en la que la formación republicana ha confirmado que concurrirán al 21D. Este lunes el representante del Govern ante la UE, con oficina en Bruselas, Amadeu Altafaj, ha acatado el cese y ha reclamado a las instituciones europeas que fomenten el diálogo.

El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, ha dicho este lunes que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo, como podría ser el caso del president destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont , deben existir “señales serias de persecución” o de que “corre un riesgo real de daños serios” en el país de origen. ”Debe haber señales serias de persecución pero, incluso en el caso de la persecución, (debe haber) una imposibilidad de obtener protección en el país”, ha señalado Van den Bulcke en declaraciones recogidas por la cadena de televisión RTL.

Forcadell acata la disolución del Parlament y no reúne a la Mesa este martes

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha desconvocado la reunión de la Mesa prevista para el martes a las 10 horas porque la Cámara “se ha disuelto”, han explicado fuentes parlamentarias. Hasta primera hora de este lunes seguía convocada la reunión ordinaria que la Mesa celebra cada martes y que se había convocado antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, disolviera el sábado la Cámara y convocara elecciones para el 21 de diciembre. Pero esta reunión ordinaria ha sido desconvocada porque la Mesa ya no existe en tanto que ha sido disuelta, lo que significa que Forcadell ha asumido la orden de Rajoy, según las citadas fuentes.

Según el reglamento del Parlament, Forcadell sigue siendo la presidenta hasta la celebración de las elecciones y podría convocar reuniones pero ya no de la Mesa ordinaria, sino de la Mesa de la Diputación Permanente. La Diputación Permanente “vela por los poderes de la cámara” cuando se ha disuelto el Parlament y en los periodos entre sesiones, y funciona como un pleno reducido compuesto por 23 diputados -el pleno ordinario tiene 135-. Estos 23 miembros son los únicos que a día de hoy mantienen su condición de diputados designados en proporción a la representación del pleno ordinario.

La Diputación Permanente la preside Forcadell, mientras que el vicepresidente primero es José María Espejo-Saavedra (Cs), y la secretaria primera, Anna Simó (JxSí): los tres forman la Mesa de este órgano. Se completa con los diputados representantes de los grupos, que en el caso de JxSí son Ramona Barrufet, David Bonvehí, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Marta Pascal, Irene Rigau, Marta Rovira y Roger Torrent.

Por parte de Cs, están en la Diputación Permanente Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y Fernando de Páramo; y por parte del PSC, Miquel Iceta, Eva Granados y David Pérez. Completan la lista Lluís Rabell, Marta Ribas (SíQueEsPot), Xavier García Albiol, Alejandro Fernández (PP) y Gabriela Serra (CUP).

Forcadell puede convocar reuniones de la Mesa de la Diputación Permanente, pero de la Mesa de la Diputación Permanente y no de la Mesa ordinaria, que se ha disuelto. La presidenta ha llegado la mañana de este lunes al Parlament después de la disolución de la Cámara por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como parte de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En un apunte en su cuenta de Twitter, Forcadell ha escrito “seguimos trabajando”, junto a un vídeo en el que aparece llegando al Parlament.

Desde el equipo de la presidenta parlamentaria se recuerda que Forcadell siempre ha dejado claro que nunca se pondrá en riesgo los funcionarios y trabajadores del Parlament, de manera que “esta ha sido siempre una de sus prioridades y así lo seguirá siendo en ejercicio de sus responsabilidades”. Además, trasladan que la presidenta reitera “su rechazo frontal a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español”, que “se atribuye de forma ilegítima una potestad a la que no tiene derecho”, y estudiará las medidas para hacerle frente, informa La Vanguardia.

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Como ya se había anunciado, este lunes el reprobado por el Congreso Fiscal General del Estado José Manuel Maza (foto) ha presentado una querella contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de miembros de su Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia, ya que ellos aún se encuentran aforados.

Así lo anunció en una comparecencia sin preguntas el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha explicado que en las querellas se solicita que sean citados los querellados “a fin de la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados”. Entre ellas, se exigirá una fianza de 6.207.450 euros con embargo de bienes sin no pueden hacer frente a ella. También, caso de incomparecencia con ya se hizo con los 'Jordis', se pedirá la "detención de los querellados".

Maza ha detallado que la primera querella ante la Audiencia Nacional se dirige contra “los principales responsables políticos de la Generalidad de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia”, realizada “con total desprecio a nuestra Constitución“. La segunda querella se ha presentado esta misma mañana ante el Tribunal Supremo al conservar “la mayoría” de los querellados su capacidad, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlamento.

Esta querella se dirige contra Forcadell y contra todos los integrantes de la Mesa del Parlamento que facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo.
Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos “la culminación del proceso independentista” facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlamento.

El fiscal general ha recalcado que “a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, a la orden constitucional y en nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.

En la comparecencia, Maza estuvo acompañado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe de la Inspección de la Fiscalía, Fausto Cartagena, y del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa, informa El Plural.

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Mato y el PP se beneficiaron de comisiones de Sepúlveda
La fiscal Concepción Sabadell ha dicho hoy en el juicio del caso Gürtel que Jesús Sepúlveda cobró comisiones por adjudicaciones valiéndose de que fue senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón y que se beneficiaron también su exexposa, la exministra Ana Mato, y el PP.

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“Constituir una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social”

Vicenç Navarro: El mal cálculo de los independentistas: los errores de su estrategia

Se ve que no calcularon los costes económicos de la transición a la independencia. Es sorprendente la falta de atención que el movimiento independentista en Cataluña ha dado a las posibles consecuencias negativas que pueda tener para la economía de Cataluña el desarrollo de su estrategia (lo que llaman "El proceso") para lograr su objetivo: la secesión de Cataluña del resto de España. En un artículo reciente en el diario pro independencia catalán ARA ("El coste de independizarse", 10/21/17), el economista que escribe con más frecuencia en sus páginas, el Sr. Miquel Puig, señalaba que ningún economista perteneciente a este sensibilidad política se había dado cuenta de los posibles costes que la Transición de la Cataluña actual a la futura Cataluña independiente significarían para la economía catalana.

El artículo del Sr. Puig daba la razón a un editorial del mismo rotativo, escrito dos días antes, que se quejaba de que parecía que entre los independentistas no se hubiera pensado en el posible impacto negativo que tal transición podría tener en el desarrollo económico del país.

En realidad, el autor de tal editorial era bastante generoso en su crítica a los economistas independentistas ya que la realidad era incluso peor de lo que indicaba tal editorial, ya que no sólo no habían pensado en los costes de la Transición sino que, al contrario, habían promocionado una visión de tal Transición excesivamente optimista, presentando el Proceso como un camino de rosas que llevaría a una Cataluña más prospera; prosperidad que pasaría casi al día siguiente de que el Parlamento de Cataluña aprobará la declaración unilateral de independencia. Las exageraciones (e incluso falsedades) del equipo económico del gobierno de Junts Pel Sí eran notorias como he señalado y mostrado en un artículo anterior ("Los problemas y los errores del independentismo" Público, 13/10/2017). Un comportamiento similar ocurrió entre economistas cercanos al Gobiern de JuntsxSí, como Sala y Marti (el gurú económico de la televisión pública TV3). Cualquier persona con un mínimo de objetividad, conocedora de la realidad del país, podía detectar fácilmente las exageraciones y falsedades promovidas por tales voces del independentismo.

Es importante señalar que los mismos economistas que ocultan y/o falsean los costes de la Transición y de la independencia catalana (la gran mayoría de sensibilidad neoliberal), habían antes también ocultado y falseado los costes de las políticas neoliberales que el gobierno de Junts Pel sí (y de CiU en períodos anteriores) habían estado imponiendo a la población catalana, y que habían causado y siguen causando un gran deterioro del bienestar social y calidad de vida de la población catalana y muy en particular de sus clases populares (ver "El principal problema que tiene hoy Cataluña del que no se habla: la crisis social" Público, 30 de junio 2017).

Los no calculados costes políticos de la estrategia independentista


Pero la falta de previsión de Junts Pel Sí se ha caracterizado no sólo por sus cálculos y estimaciones económicas sino también por sus proyecciones políticas. Es más que sorprendente, que el gobierno de Junts Pel Si, así como la CUP (y los movimientos sociales independentistas que ellos influencian, como la ANC y Òmnium Cultural), no conocieran ni predijeran que su estrategia de confrontación con el Estado español conduciría a una situación en la que el Estado Central destituiría a todo el Gobierno de JuntsxSi, y que la Generalitat de Cataluña pasaría a ser gobernada desde Madrid por el gobierno del Partido Popular, un partido que obtiene un apoyo electoral muy minoritario en Cataluña (sólo un 8% del electorado).

Tal estrategia podría incluso conducir a la detención del Presidente Puigdemont y otros dirigentes de su gobierno, en caso de que se declarara la independencia unilateral en el Parlamento de Cataluña. Cada uno de estos pasos que serán enormemente negativos para Cataluña (y para España) podrían haberse predicho fácilmente. Se me dirá -como ya se me ha dicho-, que gran parte de los dirigentes del movimiento independentista sí eran conscientes de que todos estos hechos podrían ocurrir, lo que aceptaron pues creían que la previsible represión por parte del Estado Central crearía olas de simpatía hacia su causa y peticiones al gobierno Rajoy por parte de gobiernos extranjeros estimulando a que se sentara y dialogara con el Gobierno Puigdemont. ¿Era posible que tal estrategia fuera exitosa?

La credibilidad limitada del argumentario independentista

Hay varios datos, sin embargo, que cuestionan la sabiduría de esta estrategia. El primero es que, en contra de lo que anunciaba el Sr. Puigdemont en su carta al presidente Rajoy, él no tenía un mandato del pueblo de Cataluña, expresado en el referéndum del 1 de octubre, para declarar la independencia. Además de que tal referéndum no ofrecía las garantías democráticas necesarias para que se pudiera aceptar como válido (y no me refiero sólo a si era o no legal, sino a otras garantías que no fueron respetadas), el hecho es que la mayoría del pueblo catalán no participó en el referéndum (votaron sólo el 43% de un censo poco fiable). No había pues un mandato popular para declarar la independencia. Es más, el Sr. Puigdemont añadió en su carta al presidente Rajoy un par de datos para subrayar que este 43% del electorado que votó en el referéndum del 1 de Octubre (1-O) era un porcentaje de participación válido y suficiente para atribuirse un mandato popular, pues tal porcentaje era superior al que había tenido el referéndum en Gran Bretaña que condujo al Brexit, cosa que no era cierta. La tasa de participación fue en ese referéndum de un 72,2% de (un porcentaje mucho mayor que el 43% del 1-O).

Y el otro dato que Puigdemont presentó, también en la carta al Presidente Rajoy, creyendo erróneamente (intentando justificar que el 43% que se había obtenido el 1-O era suficiente) que el número de participantes en el 1-O era superior al que aprobó el Estatuto de Autonomía de 2006, lo que tampoco es cierto, ya que el número de votos fue de 2.286.217 en el 1-O del 2017 (un 43%), un número menor al alcanzado en 2006, 2.594.167 votos (un 48,85%). En realidad, según una encuesta reciente, la mayoría de catalanes (60%) no creen que el referéndum del 1-O reuniera las garantías necesarias para considerar vinculante su resultado y el 55% no cree tampoco que con los resultados del referéndum del 1-O el Parlamento estuviera legitimado para declarar la independencia (el Periódico, 10/21/17).

Por lo tanto, nunca hubo un mandato para declarar tal independencia. Y la población lo sabe. La mayoría del pueblo catalán nunca ha votado ni por la independencia ni por los partidos independentistas. Su mayoría en el Parlamento no se corresponde con la mayoría de votos, y ello como consecuencia del sesgo de la Ley electoral que favorece las zonas rurales y conservadoras a costa de las áreas urbanas y progresistas, situación que ocurre también en el resto de España. Es más, lo que es también muy importante es que el apoyo al independentismo varía según la clase social de la población catalana.

En las grandes ciudades como Barcelona, ​​los votos a favor de partidos pro-independencia son más elevados en los barrios por encima del nivel de renta media de la ciudad que los que están por debajo, dato también confirmada por los provenientes de la agencia de análisis sociológico y demográfico del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), Julio 2017).

Las consecuencias del 155: los independentistas subestimaron la respuesta del Gobierno Rajoy


Tal estrategia seguida por los independentistas (el proceso) está perjudicando a la mayoría de la población que está viendo reducido sus derechos políticos, como consecuencia de la estrategia fallida, resultado de haber subestimado la capacidad de respuesta del Estado Español. Parece que el "proceso" no ha sido consciente, ni de la naturaleza de España ni la del Gobierno Rajoy. En muchas ocasiones he señalado el carácter inmodélico de la transición, resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas en ese momento histórico, en el que las derechas controlaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de comunicación, mientras que las izquierdas (que lideraban las fuerzas democráticas) tenían muy poca fuerza pues acababan de salir de la cárcel y/o de la clandestinidad y/o del exilio.

Es más, no hay plena conciencia, ni en Cataluña ni en España, de que las derechas de España son equivalentes a la ultraderecha en Europa. Esta es la causa, por cierto, de que no haya un gran movimiento o partido de ultraderecha en España pues, tal movimiento, está dentro del PP, representado por un gran número de sus dirigentes. És más, la ideología dominante de este estado tiene muchos puntos en común con la ideología dominante en el estado dictatorial anterior, tal como su nacionalismo extremo uninacional, de raíces imperialistas, de carácter religioso-militar, con gran componente cultural, étnico y racial (durante muchos años, el día nacional -el 12 de Octubre- se conocía como el día de la Raza).

Tal nacionalismo ha mostrado gran hostilidad a la plurinacionalidad de España y existe en muchos de los aparatos del Estado, incluyendo en la judicatura, los estamentos militares y policiales.

El nacionalismo uninacional del Estado Monárquico como la mayor causa del crecimiento del 'independentismo'

Este aparato estatal, centrado en la Monarquía Borbónica, tiene un enorme poder no sólo en España sino a nivel europeo. Era por tanto muy predecible que tal Estado Central, dirigido por una formación política (el PP), heredera de las derechas que controlaban el estado dictatorial, actuara como ha actuado. La transición inmodélica condujo a un Estado que no era una ruptura, sino una adaptación, conservando el enorme poder de las derechas en los aparatos del Estado. De ahí que el PP tiene la mayor influencia sobre los aparatos del Estado. Y la ley electoral está diseñada para perpetuar tal poder. Así, la cámara legislativa (el Senado) que ha aprobado el empleo (y no hay otra manera de definirlo) de Cataluña, tiene un sistema electoral que hace que el PP -que consiguiera en las últimas elecciones un 29.96% de votos del electorado- lograra mayoría absoluta en tal cámara -consiguiendo el 62,5% de los escaños: ¡más del doble que su resultado electoral!-.

Este es resultado del enorme poder de las derechas sobre el Estado. La constante referencia a la necesidad de respetar la Ley que utilizan las derechas y las izquierdas gobernantes es, en realidad, siempre la defensa de un profundamente injusto status quo. Es el enorme desequilibrio de las fuerzas políticas dentro del Estado Español (facilitado por la cooptación del equipo dirigente del PSOE a tal Estado) la causa de que veamos Cataluña gobernada directamente por un partido, el PP, que es marginal en el espectro político catalán.

Que pasará ahora: el surgimiento de un movimiento democrático en Catalunya

La brutal represión por parte del Estado tendrá una respuesta popular de considerables dimensiones. La mayoría de la población se movilizará en contra de la aplicación del artículo 155, que, según la encuesta mencionada, cuenta con la oposición de un 66% de la población catalana. Pero, para que tales movilizaciones puedan ser exitosas, deben variar en su orientación y en su liderazgo, sustituyendo la demanda de secesión por otra, exigiendo democracia y fin de la represión. Este cambio, que se está ya dando, está siendo resistido por los independentistas, ya que no quieren diluir su protagonismo. Pero este cambio es necesario.

Tal cambio, además de expandir la población movilizable, tendría otro componente esencial: su articulación con movimientos pro-democracia ya existentes en España, articulación que no era posible cuando el objetivo de tal movimiento ciudadano en Cataluña era la independencia liderada por independentistas. Este movimiento pro-democracia existe ya en Cataluña y está liderado ahora por un amplio abanico de partidos y movimientos (como sindicatos, patronal, movimientos vecinales, asociaciones profesionales, entre muchos otros). Tanto independentistas como no independentistas están movilizando a la población a favor de las libertades y los derechos que serán afectados negativamente por la ocupación de Cataluña.

Esta estrategia ya ha mostrado su gran valor y eficacia en la organización del paro general del 3 de octubre. Ese día toda Cataluña paró como acto de protesta ante la brutalidad de la policía estatal. Tal paro no se hubiera logrado sin el apoyo de la gran mayoría del pueblo catalán, que no es independentista. Este paro fue organizado por la Mesa para la Democracia, que no fue liderada por el movimiento independentista sino por el movimiento pro-democracia que es mucho mayor. A esto se sumaron sectores de la población -sobre todo barrios populares- que no se había movilizado el 1-O en el referéndum independentista. El movimiento independentista solo no podría haber conseguido un paro general. El movimiento pro-democracia sí lo consiguió. Es este movimiento el que, junto con otros movimientos similares en el resto de España, puede conseguir una mayor transformación en Cataluña y en España.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Fuente: Público.

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No solo su identidad, también su grado de participación y responsabilidad en estos hechos. Según ha podido saber El Confidencial, la Fiscalía ya ha identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron parte del Ejecutivo de Gallardón y que aprobaron la compra de Inassa. Se trata de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que en noviembre de 2001 votaron a favor; y los miembros de los consejos de administración de Canal de Isabel II y de Canal Extensia (esta última, la sociedad que se creó para oficializar la compra) que intervinieron en la adquisición investigada.

En el primer bloque, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo (hoy presidente de la empresa pública Adif), Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez. En el consejo del Canal había 17 nombres, aunque dos repiten como consejeros (Pedro Calvo y Juan Bravo). Los otros 15 son Ignacio López-Galiacho, Juan Manuel del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Francisco Granados (imputado en Punica), José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Rafael Merino López, Roberto Molero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz, Arturo Canalda (hoy presidente de la Cámara de Cuentas) y Ángel Varona (ya imputado en Lezo).

En el año 2001, los administradores de Canal Extensia eran Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Adrián Martín López- Huertas (ya imputado en Lezo), Arturo Canalda González y Salvador Cardona Aucejo. Una de las figuras clave es Gaspar Cienfuegos, que fue director económico y de desarrollo comercial del Canal. La Fiscalía está determinando la identidad de directivos de otras dos empresas que también tuvieron su participación en esta operación: Técnicas Valencianas del Agua SA (Tecvasa), socio comprador de Inassa junto a Canal Extensia, y Aguas de Barcelona (Agbar), una de las firmas vendedoras. Aquí aparece otra figura que el ministerio público considera clave: Francisco Olmos Fernández Corujedo.

La Fiscalía estudia pedir la citación como investigados de todos ellos ante el juez instructor del caso, aunque está delimitando las funciones concretas de cada uno con la ayuda de la Intervención General del Estado. El ministerio público trabaja en dos líneas de actuación: constatar que los trámites administrativos de la compra fueron irregulares, y averiguar si hubo desvío de fondos públicos. "El uso instrumental de sociedades radicadas en un paraíso fiscal solo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra", señala la Fiscalía. No hay fecha para fijar las citaciones, aunque esta pieza del caso Lezo (hay seis) es una de las más avanzadas. También se ha de decidir si las citaciones se producirán en varias tandas.

Una operación en paraísos fiscales

Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000 por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros). El comprador de las acciones fue la empresa panameña Sociedad de Aguas de América (SAA). Esta última firma pertenecía a su vez a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos, que se había aliado a su vez con algunos empresarios colombianos.

SAA, el reciente dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que se alió con Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa). Ambas decidieron crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica. El Canal tenía el 75% de Extensia y Tecvasa, el otro 25%. El 14 de noviembre de 2001, el consejo de administración del Canal acordó la compra de Inassa, y ese mismo día se decidió también que se hiciera a través de Canal Extensia, que se constituiría el 5 de diciembre. El 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83 millones de euros). El consejo de gobierno de la comunidad, presidido por Gallardón, había ratificado toda la operación el 29 de noviembre.

El Canal (a través de Extensia) compró SAA para hacerse con sus acciones de Inassa. Una vez hecha la operación, SAA se liquidó. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares en diciembre de 2001, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros. Las arcas públicas han estado pagando la compra de Inassa hasta el año 2012, desembolsando 7,7 millones como último pago del préstamo que BBVA y Caja Madrid concedieron para financiar la adquisición de Inassa.

Los investigadores ya saben que Aguas de América (SAA) fue constituida por el bufete de abogados Obaldía & García de Paredes el 2 de marzo de 2000 y que fue disuelta el 21 de febrero de 2002, "circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a Canal Extensia". Entre los directivos de SAA están Álvaro Díaz Merediz, Carlos Alberto de Obaldia, José Ramón García de Paredes, Kira Ivette Degracia y Violeta Annet Holness, "todos ellos miembros del despacho de abogados, en lo que parece ser un ardid para la ocultación de los verdaderos accionistas y receptores del dinero público presuntamente desviado", informa El confidencial.

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Un centenar de ciudadanos y trabajadores de Catalunya Ràdio se han concentrado este lunes ante los estudios de la emisora catalana en un almuerzo solidario. La convocatoria de la plataforma 'En peu de pau' (en pie de paz) pretende proteger el medio de comunicación ante la aplicación del artículo 155. Los convocantes denuncian también el ataque que sufrió la emisora el pasado viernes cuando ultraderechistas se dirigieron a romper la puerta de la sede de la Avenida Diagonal y se produjeron graves enfrentamientos hasta la intervención de los Mossos que echaron a los fascistas.

Puigdemont comparte una foto del interior del Palau de la Generalitat en Instagram

Carles Puigdemont ha subido esta mañana a su perfil de Instagram una foto del interior del Palau de la Generalitat. La imagen, que se desconoce cuándo ha sido tomada, va acompañada del mensaje "Buenos días" y un emoticono sonriente. Esta mañana todas las miradas están puestas en Puigdemont y el resto de los responsables del Govern cesado por el Ejecutivo de Rajoy, al ser el primer día laborable tras la medida de destitución acordada gracias al artículo 155. En un discurso emitido el sábado, Puigdemont no reconoció su cese.

El secretario general de Ensenyament y número dos del departamento, Lluís Baulenas, ocupa ya su despacho desde poco antes de las ocho de la mañana. Baulenas sería quien asumiría la responsabilidad del departament tras el cese de la consellera Clara Ponsatí.

Con los cambios y nuevos nombramientos del Govern, Baulenas asumió el cargo de secretario general de Ensenyament en julio. Anteriormente era responsable de centros públicos de la Generalitat. La consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, no ha acudido hasta el momento a la sede de Ensenyament. Pese a que fuentes de Ensenyament señalan que su intención es acudir a su lugar de trabajo, aún no lo han hecho ni ella, ni los ocho cargos eventuales cesados en aplicación del articulo 155. Una patrulla de Mossos se encuentran apostados frente al edificio de vía Augusta de Barcelona.

Asimismo, la presidenta del Parlament ha acudido este lunes a las ocho menos diez minutos de la mañana al Parlament de Catalunya. Carme Forcadell tiene previsto mañana asistir a una reunión de la diputación permanente, cuya presidencia todavía conserva al no haber sido cesada de este cargo. La diputación permanente sigue con sus funciones a pesar de que el Parlament fue disuelto el pasado viernes por el ejecutivo de Mariano Rajoy, una decisión que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el sábado, informa eldiario.es.

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El Parlament de Catalunya, con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco, acaba de proclamar la independencia de Catalunya, tras la votación en que los diputados presentes -PP-PSOE-C's han abandonado antes el hemiciclo- se acercaran hasta la urna para votar en secreto esta propuesta de resolución, por orden alfabético.

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“Malta es un país de la mafia”
Algo huele muy mal en Malta, como lo ha demostrado el asesinato con bomba de la periodista Daphne Caruana Galizia. La UE no solo debe sentirse indignada y conmocionada, sino que debe atreverse a intervenir.

Los tres virreyes de la UE sobornados por la rancia monarquía borbónica
La monarquía ha sobornado entre luces, taquígrafos, fanfarrias y coros de aduladores, eso sí, con dinero público, a tres fascistas que nadie votó que gestionan el PP europeo y gobiernan Europa -junto con los tesoreros del FMI y el BCE- a sus anchas y siguiendo las directrices del Deutsche Bank y su jefa Merkel -todos del mismo grupo del PP en Bruselas- para que le aplaudan las gracias.

Cataluña se prepara para la resistencia pacífica
En reuniones públicas, talleres y redes sociales, los independentistas organizan una resistencia pacífica ante la toma de control de Cataluña por parte del gobierno español que quiere evitar la secesión. Las técnicas de resistencia pacífica se enseñan en "talleres" organizados por "En peu de pau".

Podemos, su modelo plurinacional y la deriva autista de Fachín

Podemos presentará este lunes su modelo de país plurinacional en un encuentro que se celebrará en la Fundación Diario, en Madrid, al que asistirán el líder de la agrupación Pablo Iglesias y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech. También estarán la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, la de En Marea, Yolanda Díaz, y el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Bajo el título "Conectar España: plurinacionalidad, solidaridad, fraternidad", la pretensión de la formación morada es presentar una propuesta de país ante el fracaso del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Podemos desautoriza a Podem y a Fachín y convoca una consulta.

Podemos plantea esta iniciativa después de que el Parlament aprobara el pasado viernes la declaración unilateral de independencia y la apertura de un proceso constituyente para construir la república catalana. Después de dar a conocer su propuesta política, Podemos organizará por la tarde una jornada con actuaciones musicales y poéticas en el Círculo de Bellas Artes para recrear, a través de una "metáfora artística", la idea de una España plurinacional "que respeta las diferentes identidades y da muestra de ello a través de la riqueza y diversidad cultural", informa DW.

Podemos desautoriza a Podem y a Fachín y convoca una consulta

La dirección de Podemos ha acordado este domingo convocar de forma inmediata un referéndum entre los inscritos para que decidan si Podem Catalunya debe presentarse a las elecciones del 21 de diciembre en coalición con 'los comunes', con lo que desde este momento desautoriza a la dirección de Albano Dante Fachín. Así lo han avanzado fuentes del Consejo de Coordinación -ejecutiva- de Podemos, que han explicado que ante los acontecimientos acaecidos durante la votación de la declaración de independencia en el Parlament, a los que se ha unido hoy un comunicado de Anticapitalistas que reconoce "la nueva República catalana", han decidido desautorizar a la dirección de Podem, donde los anticapitalistas son mayoritarios.

Podemos ha adoptado esta decisión después de varios días de confusión por la actuación de los miembros de la dirección de Podem desde que el pasado viernes se votó la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Catalunya. Los miembros de Podem, según las fuentes consultadas, no informaron a la ejecutiva de Pablo Iglesias del sentido de su voto, cosa que sí hicieron el jefe del grupo parlamentario de CSQP, Lluis Rabell, y el coordinador de Catalunya En Comù, Xavier Domènech.

Esta falta de información y el comportamiento de algunos diputados durante la sesión, en la que Albano Dante Fachín no enseñó su voto a las cámaras, generó malestar e "intranquilidad" en la organización, que considera que se vio dañado "su prestigio político". Tampoco exhibió su voto ante las cámaras la diputada Àngels Martínez Castells -expulsada de EUiA y que formó con Fachín y su compañera Marta Sibina un auténtico lobby que hace y deshace en su propio interés y al margen de Podemos y los Comuns.

Martínez es quien retiró las banderas de España de los escaños del PP en el Parlament el pasado mes de septiembre, pese a las protestas del resto de la cámara excepto la CUP, y que ha sido denunciada por sus compañeros de grupo por su falta de asistencia y de comparecencia en las labores parlamentarias y que el sábado celebraba en Twitter la "república". "Bon día República¡. El BOE que diga misa: el president de la República catalana es Carles Puigdemont", escribía Martínez Castells. Además, durante la sesión del Parlament, tres diputados de Podem no votaron en contra de la resolución que proponía constituir una "nueva república catalana", y otra diputada tampoco votó en contra de la declaración de independencia, según explican las mismas fuentes.

A esos hechos, ocurridos durante la votación del viernes, se ha unido este domingo el comunicado de la corriente Anticapitalistas, mayoritaria en el Consejo Ciudadano de Catalunya, según recuerdan fuentes de la formación morada. En esa nota Anticapitalistas -trostkistas y oportunistas- reconocen la "nueva república catalana", aunque figuras muy destacadas de este sector como la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', se han desmarcado del contenido del comunicado.

No son los únicos hechos que han podido provocar la actuación de la dirección de Podemos, ya que además el secretario general de Podem Cataluña, Albano Dante Fachín, ha apostado en diversas declaraciones públicas por la posibilidad de participar en las elecciones del 21 de diciembre en bloque con otras fuerzas políticas nacionalistas. De hecho, el Consejo Ciudadano de Podem Catalunya ha acordado hoy abrir una ronda de contactos con organizaciones políticas y sociales comprometidas con "la defensa de los valores democráticos y del derecho a decidir del pueblo catalán".

Todo esto ha llevado a la ejecutiva de Podemos a proponer al Consejo Ciudadano Estatal la convocatoria de un referéndum entre los inscritos en Cataluña para que decidan si en las elecciones del 21 de diciembre apoyan presentarse en coalición con Catalunya En Comù y las fuerzas políticas hermanas que no apoyen la declaración de independencia ni tampoco la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Propuesta que tiene ya el visto bueno del Consejo Ciudadano Estatal, y que significa que la consulta no será convocada por Podem Catalunya ni por su secretario general, Albano Dante Fachín, que quedan así desautorizados por la dirección de Pablo Iglesias, informa El Periódico.

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“Constituir una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social”, es la declaración de independencia concreta que se incluye en las propuestas conjuntas de Junts pel Sí y la CUP, y que han registrado en el Parlament, dentro de las tres resoluciones parlamentarias que cada grupo puede presentar para su votación en la Cámara catalana a partir de las 12:00 horas.

JuntsxSí y CUP proponen un proceso constituyente y proclamar la República
Los grupos Junts Pel Sí y la CUP han presentado una propuesta de resolución para la apertura de un proceso constituyente que "acabe con la redacción y aprobación de la constitución de la república".

Putin alienta la independencia de Cataluña
Uno de los políticos afines a Vladímir Putin, fundamental en la estrategia rusa de apoyar la independencia de antiguas repúblicas soviéticas, ha visitado Barcelona esta semana con la intención de establecer lazos entre la órbita del Kremlin y una posible Cataluña independiente, según fuentes de la inteligencia española.

Quinta condena a Matas y en la calle: debe devolver 1,2 millones de los muchos que robó
Jaume Matas (PP) ha sido condenado a siete años de inhabilitación por el llamado caso Ópera pero el expresident no tendrá que entrar en prisión por su patente de corso y la evidente corrupción de la justicia española, solo para pobres y enemigos del PP y la monarquía.

Mato y el PP se beneficiaron de comisiones de Sepúlveda
La fiscal Concepción Sabadell ha dicho hoy en el juicio del caso Gürtel que Jesús Sepúlveda cobró comisiones por adjudicaciones valiéndose de que fue senador y alcalde de Pozuelo de Alarcón y que se beneficiaron también su exexposa, la exministra Ana Mato, y el PP.

900 cargos del PP imputados por corrupción
En el corrupto Reino de España, desde 1978 hasta hoy, se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder PP-PSOE y CiU, y según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esa corrupción cuesta a los españoles entorno a 45.000 millones de euros anuales.

“Malta es un país de la mafia”
Algo huele muy mal en Malta, como lo ha demostrado el asesinato con bomba de la periodista Daphne Caruana Galizia. La UE no solo debe sentirse indignada y conmocionada, sino que debe atreverse a intervenir.

Los tres virreyes de la UE sobornados por la rancia monarquía borbónica
La monarquía ha sobornado entre luces, taquígrafos, fanfarrias y coros de aduladores, eso sí, con dinero público, a tres fascistas que nadie votó que gestionan el PP europeo y gobiernan Europa -junto con los tesoreros del FMI y el BCE- a sus anchas y siguiendo las directrices del Deutsche Bank y su jefa Merkel -todos del mismo grupo del PP en Bruselas- para que le aplaudan las gracias.

Cataluña se prepara para la resistencia pacífica
En reuniones públicas, talleres y redes sociales, los independentistas organizan una resistencia pacífica ante la toma de control de Cataluña por parte del gobierno español que quiere evitar la secesión. Las técnicas de resistencia pacífica se enseñan en "talleres" organizados por "En peu de pau".