dimarts, 14 de novembre de 2017

428.000 millonarios en el Reino de España, un 15,6% más que en 2016

Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción. España se sitúa justo por detrás de Suiza y Corea del Sur, la colonia nipona y estadounidense, que cuentan con 594.000 y 686.000 personas millonarias (con más de un millón de dólares). Y está por delante de grandes países con una población mucho más abultada, como Rusia, México, Argentina o Brasil. Además, el incremento de los millonarios en España supera con creces al aumento de otros países como EEUU o China, dónde las personas que han entrado a formar parte de las grandes fortunas han crecido en un 7,7% y un 9,1%, respectivamente. Estas son algunas conclusiones del Informe de la riqueza mundial de 2017, elaborado por Credit Suisse.

Los pronósticos son positivos además para la situación de los ricos españoles a largo plazo. El banco de inversión suizo prevé que los millonarios aumenten hasta las 506.000 personas en 2022, lo que supondría un 5,4% adicional de los actuales. Además, España forma parte del grupo de cuatro estados de la zona euro (junto (Alemania, Francia e Italia) que se cuelan en el top ten de los países con las ganancias más abultadas en términos absolutos.

España se encuentra en la séptima posición en esta lista, por detrás de India y por delante de Taiwan. Por su parte, Alemania y Francia están en la tercera y la cuarta posición, respectivamente, mientras que Italia ocupa el puesto número seis. Los cuatro países representaron un aumento de 3,1 billones de dólares, es decir, casi un 20% del incremento total de la riqueza en todo el mundo.

Si se mira al mapa mundial, la fortuna de los hogares privados también arroja cifras positivas. Entre mediados de 2016 y mediados de 2017 se incrementó un 6,4%, con un total de 16,7 billones de dólares más, lo que supone el mayor ritmo de crecimiento desde 2012 y una riqueza global de 280 billones de dólares.

Estados Unidos logró contribuir al total de riqueza mundial con 8,5 billones de dólares, la mitad del aumento total a escala mundial de los últimos doce meses, gracias principalmente a unos activos financieros más sólidos. Por su parte, la riqueza de la eurozona asciende hasta los 53 billones de dólares, comparable con la fortuna global de EEUU a finales de los años 1990.

Los países más ricos del mundo

El estudio analiza los países más ricos del mundo analizando la fortuna por adulto. Teniendo en cuenta este aspecto, Suiza se sitúa como el país más rico del mundo, con 537.600 dólares, seguido de Australia (402.600 dólares) y EEUU (388.600 dólares). Entre los diez primeros hay cinco países europeos: Noruega, Dinamarca, Bélgica, el Reino Unido y Francia.

Según el informe, al incremento de la riqueza han contribuido las "ganancias registradas en los mercados de capitales y el buen comportamiento de otros activos no financieros durante los últimos meses, que evolucionaron por encima del nivel previo a la crisis global de 2007".

La brecha con los más pobres crece

El estudio destaca además que el incremento del patrimonio también superó el crecimiento de la población, de manera que de media la riqueza por cada adulto aumentó un 4,9% y alcanzó un nuevo récord de 56.540 dólares. No obstante, la brecha entre los que más tienen y los que menos es considerable, dado que en el ránking de la distribución de la riqueza se observa que 3.500 millones de personas, equivalentes al 70% de todos los adultos en el mundo, poseen menos de 10.000 dólares.

En este grupo se encuentran sobre todo los llamados millennials, aquellos jóvenes que nacieron entre 1983 y el año 2000, que se han visto impactados por las pérdidas de capital durante el periodo 2008-2009 cuando el mundo estaba en plena crisis. Tampoco les ha beneficiado el elevado desempleo, las normativas hipotecarias más estrictas, el aumento del precio de las viviendas, una mayor desigualdad en los ingresos y menor acceso a las pensiones, informa Expansión.

La desigualdad social aumenta en la España franquista del PP
España crece, a un ritmo elevado, por encima del 3%. Pero la desigualdad social, lejos de mejorar, empeora. De hecho, desde que estalló la crisis en el 2007, se ha consolidado como el segundo país de la Unión Europea (UE), por detrás de Chipre, en el que más se ha disparado la divergencia de rentas, 20 veces más que el promedio europeo, según advierte Oxfam Intermón en su informe anual 'Una economía para el 99%', que se presenta este lunes, en vísperas del Foro Económico Mundial, en la ciudad suiza de Davos, donde las élites analizan los retos mundiales.

Somos pobres porque los ultrarricos llevan los beneficios a paraísos fiscales. Los 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo
Somos pobres porque los ultrarricos llevan los beneficios a paraísos fiscales. Un informe del año pasado de la consultora The Boston Consulting Group estimó la cifra en 10 billones de dólares, mientras que el publicado en NBER calculó que equivalía a US$ 7,8 billones.

La patente y fascista desigualdad entre "españoles"
Las diferencias autonómicas en financiación, infraestructuras y servicios desmienten la supuesta igualdad de todos los españoles de esa España ficticia de la que alardea el franquismo fascista de Rajoy, el PP y su alter ego PSOE, sostenes de la monarquía ilegítima española. La supuesta igualdad de los españoles es uno de los mitos que peor se sostienen cuando se los confronta con la realidad. Diferentes niveles de financiación, distinta dotación en infraestructuras, desigual calidad en los servicios públicos…

La mafia Lezo de Zaplana, Ignacio González y el comisario Villarejo
El expresidente de la Comunidad de Madrid denuncia que el comisario José Villarejo, el consejero de Atresmedia y presidente de 'La Razón', Mauricio Casals, y el accionista de Indra Adrián de la Joya le hicieron un montaje en el caso del espionaje en Colombia y se quedaron con una comisión de 1,4 millones pagada en Suiza por OHL, empresa de Villar Mir.

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Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno han evidenciado a lo largo de toda la investigación por el conocido como ‘caso Lezo’ la capacidad de influencia que disponía González, a pesar de haber abandonado la primera línea de la política. Varias conversaciones mantenidas con el ex ministro de Trabajo en la época de José María Aznar, Eduardo Zaplana, evidencian estas influencias, en el punto de mira de los investigadores.

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Hasta 300 agentes de élite, hombres-comando al nivel de los marines estadounidenses, estaban preparados el pasado 10 de octubre, cuando Carles Puigdemont declaró la independencia para suspenderla 8 segundos después, para entrar en el Parlament si el Govern se enrocaba dentro tras una DUI.

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Desde octubre de 2015, la juez Carmen Lamela dirige el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, el que está haciendo la instrucción del caso contra el Govern a partir de la declaración de independencia del 27 de octubre. Hasta este jueves, sin embargo, Lamela ocupaba una plaza interina, que ahora ya ha pasado a tener en propiedad.

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Editorial de The Guardian sobre los Paradise Papers: no todo está perdido. Las revelaciones sobre la evasión fiscal han desatado una demanda de reformas y justicia social. Solo un gobierno temerario lo ignoraría. "Si bien es cierto que hasta hace poco la Reina ni siquiera pagaba impuestos, es sorprendente que sus asesores financieros no hayan visto nada malo en invertir varios millones de libras de su riqueza personal a través de un fondo offshore tan intrincado".

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El escándalo de los colegios concertados, chollo del nazi-catolicismo

La ley obliga a los colegios privados con conciertos públicos a brindar la enseñanza sin ningún coste para las familias, sin embargo, estos centros llevan años cobrando una cuota mensual, que se incrementa cada año según el IPC, además de otros gastos complementarios. Conviene poner un poco de claridad en lo que reciben estos colegios, que discriminan a alumnos en función de si pagan o no la contribución, disfrazada a efectos de Hacienda como “donación”, además de por sexo y otros anacronismos y métodos antipedagógicos que hacen de la educación española una de las peores de Europa, con más abandono escolar, peor competencia del profesorado -básicamente enchufado a dedo- y palmariamente educastradora. La comunidad autónoma que más dinero da a los concertados es Cataluña: casi 1.122 millones, en 2015. Le siguen la Comunidad de Madrid, con algo más de 956 millones, y Andalucía, con casi 747 millones. España es el cuarto país de Europa con más centros concertados, después de Bélgica, Reino Unido y Malta, según datos de Eurostat.

Las comunidades autónomas se basan en la ley Orgánica 2/2006, para la aplicación de los conciertos, que garantizan a los colegios beneficiados por estos acuerdos, según el texto de la norma, el pago de los salarios de todo su personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Administración paga, además, en concepto de “otros gastos” los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de estos colegios y los gastos del “material y equipamiento necesario para la impartición de las enseñanzas y cursos de formación del profesorado”. Las consejerías de Educación tienen en cuenta para el desembolso de los fondos públicos a estos colegios el “número de puestos escolares y unidades en funcionamiento”, o lo que es lo mismo el número de aulas.

A cambio, el acuerdo obliga, por ley, a estos colegios a “impartir gratuitamente las enseñanzas de este concierto, sin percibir concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica”. Tampoco pueden tener carácter lucrativo las actividades y servicios escolares complementarias y las extraescolares. El cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias, que siempre deben ser “voluntarias”, tendrá que ser autorizado por la Administración educativa correspondiente. En cualquier caso, estas actividades no podrán formar parte del horario escolar del centro.

Para tener una idea del dinero que la Administración da un centro concertado, tomamos como referencia la Comunidad de Madrid, a partir de los datos de los Presupuestos 2017. Por cada unidad escolar (aula), la Comunidad paga, en concepto de “salarios de personal docente, incluidas cargas sociales, gastos variables y otros gastos”, en Educación Infantil (primer ciclo) hasta un máximo de 41.738,64 euros y para segundo ciclo, 53.796,73.

En Educación Primaria, la Comunidad paga, también por módulo (aula), un importe anual de 55.024,43 euros. En primer y segundo cursos de Secundaria, 70.869,09, en el caso de maestros y para licenciados, 74.618,91 euros. Para tercer y cuarto cursos de Secundaria, la aportación es de 79.243,46 euros. En el caso de los colegios privados que también tienen concertado el Bachillerato, la Comunidad da por aula 88.731,46 euros.

Según explican fuentes socialistas a ELPLURAL.COM, estos colegios disponen de dos vías complementarias para hacer frente al mantenimiento de los centros y al personal administrativo. Una de ellas parte de los fondos destinados a la plantilla docente. “Se les asigna profesorado de más, los llamados ratios”. Además, está la partida de “otros gastos y gastos variables, unos 10.400 euros en primaria por maestro al año; 14.000 euros por curso en el primer ciclo secundaria y 18.700 euros por curso en segundo ciclo. “Da para un administrativo/conserje por cada cinco profesores más o menos, y a partir de ahí entran gastos del tipo fungible, agua, luz, limpieza, etc., y después mantenimiento”.

Por ejemplo, un colegio con primaria y secundaria recibe fondos para casi 40 profesores y alrededor de 360.000 euros para gastos adicionales. Muchos tienen bachillerato no concertado, es decir, privado, por lo que cobran altas cuotas a las familias y, sin embargo, se benefician porque utilizan el mismo centro y el mismo personal administrativo”. “Esto sin contar otras subvenciones que reciben del Estado, especialmente los religiosos que reciben el 0,7% de la renta y que cubre acciones educativas. Muchos tienen agregados parroquias, que tienen otras actividades sociales”, añaden las mismas fuentes.

Un informe de Comisiones Obreras, a partir de datos oficiales, refleja los fondos destinados por las comunidades autónomas a los colegios privados con conciertos. La comunidad autónoma que más dinero da a los concertados es Cataluña: casi 1.122 millones, en 2015. Le siguen la Comunidad de Madrid, con algo más de 956 millones, y Andalucía, con casi 747 millones.

Irregularidades en el cobro a las familias

Ante las denuncias de familias que se rebelan contra la cuota mensual que les imponen los colegios, en algunas comunidades el debate ha llegado a los parlamentos regionales o a los propios gobiernos autonómicos.

En julio de 2017, el Gobierno de la Comunidad de Madrid admitió irregularidades por parte de los colegios, en una respuesta al Grupo socialista, que había pedido, en la Asamblea un informe sobre el control del cumplimiento de la ley por parte de estos centros. En junio pasado, otra comunidad, Castilla y León, firmó un decreto en el que se dejaba claro a los colegios concertados que “no puede haber tasas abusivas" y “ánimo lucrativo ni obligatoriedad" en las actividades complementarias o extraescolares.

Los colegios concertados, sin embargo, creen que los fondos que reciben de la Administración no son suficientes. El secretario de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), José Antonio Poveda, dijo, durante una intervención en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid a petición de Ciudadanos, que el sistema es “deficitario” y que las donaciones por impartir actividades en ocasiones son “indispensables para su subsistencia”.

Poveda pidió que se revisen los Presupuestos Generales del Estado para resolver el “déficit endémico que sufre la escuela concertada, que se ha visto agravado tras los recortes sufridos durante los años anteriores marcados por la crisis”. Sobre las cuotas que exigen los colegios a las familias, el representante de los concertados de Madrid afirmó que “estas donaciones se caracterizan por la voluntariedad y son una aportación para la consecución de fines sociales”, informa El Plural.

¿Deficitarios o insaciables?

España es el cuarto país de Europa con más centros concertados, después de Bélgica, Reino Unido y Malta, según datos de Eurostat. Cabe preguntarse si ciertamente los fondos públicos son “deficitarios" o si el afán de lucro de estos colegios, en su mayoría regentados por la Iglesia, es insaciable. Por otra parte, si merece la pena al Estado mantener este sistema o apostar por una educación cien por cien pública, científica y de calidad, una circunstancia que ahora, desafortunadamente, no es una realidad porque no interesa a una monarquía tan anacrónica y corrupta como la secta católica y sus fábricas de delirantes.

Catalunya a la cola de la UE y de España en educación
El anuario de la fundación Bofill cifra la inversión catalana en un 2,8% frente al 5,3% de promedio de la UE, a la cola entre los peor financiados, sin contar que buena parte de ese mísero e insuficiente dinero público va a las arcas de las escuelas privadas católicas que segregan por sexo y son además de pago.

El paraíso fiscal de los Legionarios de Cristo
"Querido padre Maciel", escribía el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a uno de sus cercanos colaboradores en aquellos tiempos. A los tres días de tan emotivo mensaje del líder del mundo católico, Marcial Maciel estableció en el paraíso fiscal de Bermudas -de la mano de Appleby- la sociedad International Volunteer Services, que le daría facilidades para gestionar los millonarios ingresos de su imperio educativo.

La GC investigará el 'pendrive' que puede acabar con el caso Pujol
El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil será el encargado de rastrear el origen del 'pendrive' entregado por la Policía Nacional el pasado febrero en plena instrucción del caso Pujol en la Audiencia Nacional después de que uno de los funcionarios responsables de la investigación lo encontrara en su despacho tras ordenar "cajones y armarios".

Juicio de la 'trama Púnica' sobre el chivatazo a Granados
La pieza de la trama 'Púnica' relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles le dieron al ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando arranca este martes en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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No hay ninguna duda de que son presos políticos porque están encarcelados por sus actividades políticas, no por robar un banco. La agenda política independentista se ve como una rebelión y una sedición por parte de las autoridades centrales del Estado. Personalmente creo que se han inventado estos cargos.

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La GC investigará el 'pendrive' que puede acabar con el caso Pujol

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil será el encargado de rastrear el origen del 'pendrive' entregado por la Policía Nacional el pasado febrero en plena instrucción del caso Pujol en la Audiencia Nacional después de que uno de los funcionarios responsables de la investigación lo encontrara en su despacho tras ordenar "cajones y armarios". Así lo ha determinado el titular del Juzgado número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, que instruye la causa relativa a la procedencia presuntamente ilícita de este dispositivo después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que dirige la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol Ferrusola, ordenara derivar esta pieza separada a los tribunales competentes.

El magistrado Pérez ha tomado esta decisión tras escuchar en declaración como investigados tanto al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional durante la época del ministro Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino, como a su asesor Bonifacio Díaz Sevillano, quienes negaron en todo momento haber manipulado el dispositivo. Pino, por un lado, se limitó a señalar que él recibió el 'pendrive' pero que no pudo abrirlo porque estaba encriptado y que lo devolvió enseguida. Díaz Sevillano, por su parte, rechazó siquiera haberlo tenido en sus manos. Ambos están siendo investigados en esta causa por prevaricación, fraude procesal y falso testimonio por aportar un elemento de procedencia supuestamente no acreditada y sin haber cuidado la cadena de custodia.

El titular del Juzgado número 11 ha ordenado a la Guardia Civil, en concreto, que inspeccione los metadatos del dispositivo electrónico con el fin de establecer el trazado de los documentos que almacena así como los ordenadores en los que ha estado, para averiguar quién lo grabó y dónde lo hizo. Pretende de este modo el magistrado marcar la trayectoria seguida por el artilugio desde que fueron introducidos en él los archivos que contiene, así como incluso las computadoras, 'pendrives' o dispositivos previos en los que estuvieron. Si se hubiera roto la cadena de custodia, todo el caso de la familia Pujol estaría en entredicho.

El lápiz de memoria fue entregado a Pino por el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, según señaló el propio ex número dos de la corporación, quien aseguró que antes también se lo había ofrecido el comisario ya jubilado y ahora detenido en el marco de la operación Tándem, José Manuel Villarejo, por medio millón de euros. El dispositivo contiene información presuntamente obtenida de los registros efectuados por la Policía Nacional en la agencia de detectives Método 3.

La entrega del 'pendrive' al juez De la Mata provocó un airado interrogatorio por parte de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez y del propio magistrado al grupo de policías que coordina la investigación del caso. Tanto la representante del ministerio público como el instructor del procedimiento llegaron incluso a acusar a los funcionarios de haberse guardado información confidencial de sus fuentes en lo que denominaron "discos duros de andar por casa" posteriormente destruidos, y de haber utilizado "información de inteligencia" para señalar a ex altos cargos del PP y amigos del Rey emérito, que es parte de la información que supuestamente aparecería en el dispositivo electrónico y que podría tener su origen en indagaciones del hoy detenido excomisario Villarejo.

La investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol, que coordina el juez De la Mata en la Audiencia Nacional, fue desde el primer momento dirigida sobre el terreno por la Policía Nacional, cuyas pesquisas llevaron a prisión al primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, y al registro del domicilio y del despacho del exjefe del Ejecutivo autonómico. Tras la mencionada bronca del juez De la Mata y de la fiscal Suárez, este encargo a la Guardia Civil supone un nuevo varapalo a la credibilidad de la Policía que la defensa de los Pujol podría utilizar para poner en duda toda la causa.

La polémica en torno al 'pendrive', sin embargo, no es la única que ha salpicado a los investigadores de la Policía Nacional. La Justicia de Andorra abrió una investigación tras la acusación de los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) contra funcionarios de la Policía Nacional de supuestas coacciones relacionadas con el caso Pujol. En concreto, el expresidente y máximo accionista de la entidad Higini Cierco denunció en agosto de 2016 ante la jueza Canòlich Mingorance, que instruye en Andorra el caso de la supuesta revelación de información confidencial por parte de BPA, que tanto él como su consejero delegado, Joan Pau Miquel, fueron presionados por el entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, para que el banco entregara información financiera sobre Jordi Pujol, Oriol Junqueras, Artur Mas y sus familias.

En concreto, Cierco contó que primero se puso en contacto con él el agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, el funcionario de la Policía Nacional Celestino Barroso, quien en mayo de 2014 le telefoneó y le indicó que "sería conveniente" que se entrevistara con unas personas en Madrid. Ambos interlocutores quedaron luego en persona para hablar con más detalle y fue entonces cuando Barroso le insistió en que tenía que ir a la capital de España o, de lo contrario, el banco caería. Argumentó además que Estados Unidos "estaba al corriente y sabía cómo hacerlo".

Durante su declaración ante el Juzgado número 2 de Madrid, que instruye el caso Nicolás, por su parte, el comisario jubilado Villarejo admitió que estuvo involucrado junto a Martín Blas, cuando ambos aún mantenían buena relación, en la conocida mediáticamente como 'operación Cataluña' para investigar presuntos ilícitos cometidos por dirigentes nacionalistas catalanes, informa El Confidencial.

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El expresidente de la Comunidad de Madrid denuncia que el comisario José Villarejo, el consejero de Atresmedia y presidente de 'La Razón', Mauricio Casals, y el accionista de Indra Adrián de la Joya le hicieron un montaje en el caso del espionaje en Colombia y se quedaron con una comisión de 1,4 millones pagada en Suiza por OHL, empresa de Villar Mir.

Villarejo pidió 50.000 € de fondos reservados para la Operación Cataluña
Sin sonrojarse siquiera, el millonario policía José Manuel Villarejo corrigió la declaración de su antiguo jefe, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y reconoció en sede judicial que había pedido al exnúmero dos de la Policía 50.000 euros de los fondos reservados por una información relacionada con la familia Pujol Ferrusola y que guardaban detectives de la agencia Método 3.

La operación Catalunya del PP, el pendrive de los Pujol y la 'gestapo' de Fernández Díaz
El juez de Madrid Juan Javier Pérez ha dado un nuevo empujón a la causa por la que se investiga al ex director adjunto operativo (dao) de la Policía, Eugenio Pino, es decir, quien fué número 2 de la Policía política del ministro del Opus Dei y del PP Fernández Díaz, por haber facilitado información a la UDEF sobre el hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola -ahora encarcelado-, de origen desconocido y cuyo uso ha podido anular toda la investigación a la familia Pujol.

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Juicio de la 'trama Púnica' sobre el chivatazo a Granados

La pieza de la trama 'Púnica' relacionada con el 'chivatazo' que dos guardias civiles le dieron al ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando arranca este martes en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este martes, el miércoles y el jueves son los días señalados para la vista oral que sienta en el banquillo de los acusados a Granados y a los dos guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre. Los tres se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel cada uno por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

El Ministerio Público acusa a Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación contra el empresario David Marjaliza, lo cual "tuvo importantes consecuencias", ya que "dicha difusión obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo el Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño a la causa".

Según el escrito de acusación, en septiembre de 2014 Talamino informó primero a su amigo Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desde el año 2000 llevaba desempeñando cargos de confianza en la Comunidad de Madrid promocionado por Granados, y después desveló la investigación al exdirigente 'popular'.

Entre las consecuencias que destaca la Fiscalía, el escrito señala que Granados "se aprovechó de la información en su propio beneficio para ocultar sus propias ganancias ilegales, escondiendo el dinero en efectivo no declarado en domicilios de amigos y familiares". "Una parte de los beneficios ilícitos ocultados fue localizada en un altillo de la habitación de los padres de su esposa María Nieves Alarcón", explica.

Por su parte, Marjaliza, con la ayuda de su secretaria Ana María Ramírez, "acopió toda la documentación incriminatoria archivada en la sede central de sus empresas, destruyéndola". Además, "retiró y escondió el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte" de sus oficinas en Pinto, "con el que retribuía a alcaldes o anticipaba en nombre de la sociedad Cofely", además de que "ocultó documentación que le relacionaba con su circuito financiero extranjero".

A pesar de que la Fiscalía señala estos hechos como parte de las consecuencias que tuvo el chivatazo, el empresario no ha sido procesado en este juicio, y eso que confesó durante la instrucción del 'caso Púnica' que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban.

Otra de las consecuencias que menciona el fiscal es que el Grupo de Delitos contra la Administración, al conocer que Talamino estaba facilitando información, "montó una operación ficticia" para desinformarle y "mantenerle alejado de su lugar de trabajo y de Valdemoro", al tiempo que se le solicitó que desinstalara la cámara que se había colocado frente al edificio de las oficinas de Marjaliza. "La retirada de dicho medio además de provocar la pérdida de una fuente de información muy valiosa para los investigadores", remarca.

Asimismo, imputados como Granados, Marjaliza y Ramírez "adoptaron precauciones intensas y eficaces al conocer que se investigaban delitos de corrupción, disminuyendo la frecuencia de las llamadas y evitando pronunciarse sobre temas de interés a través de los teléfonos". Y el grupo investigador redujo, por seguridad, "la actividad operativa y los seguimientos a los investigados, lo que provocó la pérdida de información", informa El Periódico.

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Desde octubre de 2015, la juez Carmen Lamela dirige el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, el que está haciendo la instrucción del caso contra el Govern a partir de la declaración de independencia del 27 de octubre. Hasta este jueves, sin embargo, Lamela ocupaba una plaza interina, que ahora ya ha pasado a tener en propiedad.

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Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno han evidenciado a lo largo de toda la investigación por el conocido como ‘caso Lezo’ la capacidad de influencia que disponía González, a pesar de haber abandonado la primera línea de la política. Varias conversaciones mantenidas con el ex ministro de Trabajo en la época de José María Aznar, Eduardo Zaplana, evidencian estas influencias, en el punto de mira de los investigadores.

De las intervenciones telefónicas captadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha quedado constancia el interés de González por tener a personas de ‘su cuerda’ en la cúpula de la carrera fiscal, una vez que ya se encontraba inmerso en procesos judiciales. Ya se conocía, tras la publicación de ciertas conversaciones intervenidas, su interés porque Manuel Moix fuera nombrado fiscal jefe de Anticorrupción, como así ocurrió -aunque tuvo que dimitir tras conocerse que dispone de una sociedad en Panamá-. El conocimiento de esas conversaciones, junto a otros hechos, provocó que tanto Moix como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fueran reprobados por el Congreso de los Diputados.
Ahora, se desvelan nuevas conversaciones que hacen apuntar a la misma tesis de un posible tráfico de influencias por parte del ex mandatario madrileño y sus contactos con miembros del actual Gobierno. En una conversación interceptada el 19 de enero de este año, entre González y Zaplana en el despacho del primero, y a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el ex ministro y ex presidente de la Generalitat valenciana le dice al ex presidente madrileño que tiene un mensaje para él. González le cuenta que ese mismo día ha quedado a comer con Ángel y Zaplana le propone ir a tomar el café con ellos.

“Tengo una cosa que deciros a los dos, que no tiene nada que ver con las cosas que estamos hablando. Me dijo Aznar que lo hablara con Ángel para que habléis los dos, que sois amigos, con Catalá -en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá-”, le comenta Zaplana.

El ex mandatario valenciano sigue con su idea de lo que deben hablar con el ministro de Justicia: “De poner…, bueno, poner…, él ya se lo gana por escalafón y por puntos. Se va Zaragoza -en referencia Javier Zaragoza- de fiscal jefe de la Audiencia Nacional”. ”¿Y tu amigo?”, le pregunta González, en referencia al posible sustituto de Zaragoza, que ocupó el cargo durante 12 años hasta su relevo por parte del recién nombrado fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

”Está el segundo, de teniente fiscal”, le contesta Zaplana, en referencia a Jesús Alonso, quien finalmente fue nombrado fiscal jefe, en sustitución de Zaragoza. “¿No lo iban a poner aquí?”, le pregunta González en referencia al puesto del que estaban hablando. “¡Yo creo que sí, pero para asegurar!”, responde Zaplana.

Esta conversación se produjo tres meses antes de que González fuera detenido tras una investigación de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Antes de ser detenido, González ya estaba siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Marbella.

A pesar de que desconocía que se le estaba investigando por orden de la Audiencia Nacional, temía que el juez Velasco pudiera acabar encausándole pero por el ‘caso Púnica’, por el que fue encarcelado el ex número 3 de Aguirre cuando él era el número 2, Francisco Granados. De las conversaciones interceptadas también se desprendía cómo quería que Velasco dejara el Jugado Central de Instrucción número 6. Tras estallar el ‘caso Lezo’, este magistrado fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional dejando libre el Juzgado en el que se investiga los dos grandes casos de corrupción vinculados al PP madrileño.

Por su parte, Catalá -que fue director gerente del madrileño hospital del Ramón y Cajal entre 2004 y 2005, siendo González vicepresidente primero del Gobierno regional- fue reprobado en el Congreso de los Diputados tras conocerse que en plena investigación a González le contestó un sms en el que le decía: “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”, informa La Vanguardia.

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La Guardia Civil tiene en su poder una grabación en la que el empresario Rafael Palencia, contratista público y donante del PP, admite a Ignacio González haber realizado entregas de dinero en efectivo a los antiguos responsables de las finanzas del PP a cambio de que le «trataran bien» adjudicándole obras al Grupo Degremont, especializado en aguas y tratamiento de residuos.

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El Gobierno criminal de Rajoy va a hacer un listado de todas las propiedades que la Iglesia inmatriculó y robó gracias a la reforma, tan legal como inmoral y fraudulenta, que impulsó el gobierno corrupto de José María Aznar desde 1998 hasta 2015 y luego pretende guardarlo sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.

El paraíso fiscal de los Legionarios de Cristo
"Querido padre Maciel", escribía el Papa Juan Pablo II el 15 de noviembre de 1994 a uno de sus cercanos colaboradores en aquellos tiempos. "Con ocasión de sus Bodas de Oro Sacerdotales, me uno espiritualmente a Usted en tan solemne celebración para dar cumplidas gracias al Padre celestial, de quien desciende todo don perfecto", sigue la misiva afectuosa remitida desde el Vaticano.

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¿Por qué cree que los exmiembros del Govern encarcelados son presos políticos?
No hay ninguna duda de que son presos políticos porque están encarcelados por sus actividades políticas, no por robar un banco. La agenda política independentista se ve como una rebelión y una sedición por parte de las autoridades centrales del Estado. Personalmente creo que se han inventado estos cargos.

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Unas 750.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, participaron en la manifestación convocada en la capital catalana para pedir la libertad de los ocho exconsejeros y los dos líderes del gobierno de Cataluña que se encuentran encarcelados.

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