divendres, 17 de novembre de 2017

La AN juzgará a Rato y otras 31 personas por Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto juicio oral este viernes contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad. El magistrado sienta en el banquillo igualmente a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo previo al debut bursátil del banco. La fiscalía había pedido no procesar a Bankia.

Recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma. Entre los acusados, además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, -dos años y siete meses-.

Sobre el papel de Deloitte, el juez recuerda que si bien en el auto del pasado mayo no figuraba entre los procesados, la sala acordó reincorporarla a la causa al no poder ni deber "descartar la participación por cooperación necesaria, de las auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas o balances falseados". Una responsabilidad castigada por el Código Penal español y que se debe a que "por cuanto su función, procedió a analizar,verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia (...) siendo indudable que sin dicha revisión las autoridades no hubieran permitido que operara en el parqué".

El magistrado rechaza además sobreseer la causa penal contra BFA y Bankia, como solicitaba el fiscal, que valoraba la actitud colaboradora que ha mantenido tanto la entidad como su matriz durante la instrucción de la causa. Al respecto, señala Andreu que dicha colaboración podrá entenderse como una "posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional".

Si bien Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años y medio de cárcel y multas de más de un millón de euros por falseamiento continuado de cuentas, estafa a inversores y administración desleal. El magistrado extiende además el procedimiento penal al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que revisó los estados contables presuntamente falseados que sirvieron al banco para debutar en el parqué madrileño.

En la lista de acusados figuran también el exministro del Interior Ángel Acebes, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín.

La decisión se conoce poco tiempo después de que la sección tercera de la sala de lo Penal rechazara el último de los recursos contra el auto de procesamiento, en concreto el de la acusación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que instaba al tribunal a incluir en la causa a los antiguos responsables del Banco de España, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De la treintena de exconsejeros de Bankia, catorce de ellos ya fueron condenados por el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid, si bien el Tribunal Supremo debe aún dilucidar su futuro y dictar una sentencia firme en los próximos meses. Aún no se ha fijado fecha para el juicio, que previsiblemente se celebrará a partir de 2018, informa eldiario.es.

La fiscalía pide 5 años para Rato por Bankia
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una pena de cinco años de prisión y 60.000 euros de multa para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad para su salida a Bolsa en julio de 2011. El ministerio público acusa de los mismos delitos, aunque pide penas menores, al exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, y a los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

La mafia del PP en Bankia, camino del banquillo en la AN
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de condicionar la fase final de la instrucción del caso Bankia, en la que se dirime quiénes acompañarán a Rodrigo Rato y su equipo en el banquillo de los acusados. La pena máxima, en este caso, va en contra de los responsables del Banco de España y la CNMV que dieron luz verde a la fusión de cajas y la salida a bolsa de la entidad resultante en el último tramo del Gobierno socialista.

El imán de Ripoll tenía contacto con el CNI
Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll que fue el líder de la célula que perpretó los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, era un conocido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La organización ha confirmado que lo tanteó para convertirlo en confidente durante su estancia en la cárcel de Castellón, donde ingresó preso por narcotráfico.

Caso Cursach: Carbonell dimite tras ser imputada
Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach.

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El imán de Ripoll tenía contacto con el CNI

Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll que fue el líder de la célula que perpretó los atentados de Barcelona y Cambrils el pasado agosto, era un conocido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La organización ha confirmado que lo tanteó para convertirlo en confidente durante su estancia en la cárcel de Castellón, donde ingresó preso por narcotráfico. El imán de Ripoll mantuvo contactos con el CNI después de decir que un grupo yihadista le obligaba a dedicarse al tráfico de estupefacientes. Fue entonces cuando entró dentro del protocolo de prevención habitual y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil contactaron con él.

El CNI no aclara si fructificó el contacto, aunque hay indicios de que si fue confidente de los servicios secretos españoles. La inteligencia española no ha podido explicar el resultado de los tratos que tuvieron con Abdelbaki es Satty, ya que la ley prohíbe informar de ello públicamente. Solo los grupos políticos tienen derecho a solicitar más datos del caso.

El cabecilla de los atentados en Barcelona falleció en la explosión accidental que tuvo lugar en la casa de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto, horas antes de que los yihadistas atentaran en La Rambla y en el paseo marítimo de Cambrils. Una vivienda en la que acumularon más de un centenar de bombonas de butano.

Es Satty fue condenado a cuatro años de cárcel en 2010 por tráfico de hachís y cumplió condena en 2014, fecha en la que fue puesto en libertad. El sospechoso de estar detrás de los últimos ataques terroristas en Catalunya, donde murieron 16 personas y hubo más de 150 heridos, fue sorprendido en 2010 en un ferry entre Ceuta y Algeciras con un cargamento de hachís, que finalizó con su condena por tráfico de drogas, informa La Vanguardia.

La GC descartó el vínculo de Es Satty con el yihadismo
Varios de los detenidos en las distintas operaciones por terrorismo yihadista que se desarrollaron en España en el 2005, tras los atentados de Madrid, habían admitido que le conocían, que había sido imán en la mezquita de Vilanova i la Geltrú. Hasta le situaron en las reuniones de la presunta célula. Sin embargo, la Guardia Civil despachó en 2008 en cinco breves párrafos su investigación sobre la vinculación que Abdelbaki Es Satty tenía con los yihadistas de la operación Chacal, condenados por la Audiencia Nacional y luego absueltos por el Tribunal Supremo por unas escuchas sin autorización judicial.

Satty fue vigilado por radical en prisión
El seguimiento que se realizó a Abdelbaki Es Satty, presunto cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils, en el centro penitenciario de Castellón I, donde cumplía condena por tráfico de drogas, se confirma ahora con una nota interna de prisiones informando que el imán de Ripoll había sido investigado por su supuesto «carácter radical salafista».

Un inspector captador de confidentes es asesor de Zoido
El inspector del Cuerpo Nacional de Policía que se reunió con el ministro del Interior 48 horas después de los atentados de Barcelona y Cambrils reveló su agenda de reuniones a un potencial confidente. El ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Manuel Sánchez Fornet afirmó el pasado 21 de agosto "el imán huele a confidente policial o del CNI que apesta", en referencia a Abdelbaki Es Satty quien, según los Mossos d'Esquadra, sería el jefe de la célula salafista que atentó en Barcelona y Cambrils y murió en la explosión de Alcanar.

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Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach.

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Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son.

El PP de Aguirre usó una contabilidad paralela para ocultar la caja B
El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

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Caso Cursach: Carbonell dimite tras ser imputada

Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach. Inmediatamente después de que el juzgado le comunicara su condición de investigada y la citara a declarar para el próximo día 29, Carbonell puso su cargo a disposición del vicepresidente Barceló, que aceptó su dimisión. El vicepresidente ya había anunciado el miércoles que cesaría a Carbonell si el juez la citaba como imputada, si bien no sabía que esta situación se iba a producir 24 horas después de realizar estas declaraciones. Se trata de la segunda dimisión obligada que sufre el equipo de Biel Barceló y en ambos casos esta situación se debe a que los dos exaltos cargos de la consellería se han visto envueltos en investigaciones de corrupción. La dirección general la asumirá Antoni Sansó.

La citación de Pilar Carbonell se justifica porque aparece en una serie de sospechosas conversaciones telefónicas que mantiene con el ejecutivo Tolo Sbert, que denotan un presunto trato de favor de la directora general de Turismo hacia el empresario Bartolomé Cursach. De hecho, la Policía lo tiene tan claro que existía una relación entre Carbonell y Sbert, más allá de lo formal, que llega a afirmar en un oficio entregado al juez que la directora general prestaba "un trato de favor exclusivo y preferente". Esta contundente frase de los investigadores del Grupo de Blanqueo se relaciona con la intervención de la política en la tramitación exprés de un expediente de Cursach. Por ello, se la considera un "instrumento más al servicio de los intereses del Grupo Cursach".

No es Carbonell quien llama por teléfono a Sbert (salvo en una ocasión que responde a una llamada perdida), sino que es el ejecutivo del Grupo Cursach el que utiliza su relación con la directora general para pedirle que le ayude a dar salida a un expediente que se refiere al local Megapark. El ejecutivo tiene interés en terminar cuanto antes con esta tramitación en Turismo porque sabe que el Govern está a punto de aprobar unas nuevas normas que podrían afectarle. Se trataba de una norma que, en ningún caso, iba a tener efectos retroactivos, por lo que Cursach necesitaba cuanto antes resolver este problema en la conselleria de Turismo.

El informe de la Policía implica a Carbonell en 18 conversaciones telefónicas. No en todas las llamadas habla ella, pero sí aparece nombrada en las 18 charlas telefónicas. En las que no aparece su voz son las conversaciones que mantiene Sbert con Cursach en las que le comunica las gestiones que ha realizado con la directora general para solucionar cuanto antes el problema en la consellería. Es decir, el empresario está enterado en todo momento de este supuesto trato de favor que va a recibir desde Turismo, gracias a la relación de confianza que mantiene su ejecutivo con Carbonell.

Pero al margen de las contundentes consecuencias políticas que ha tenido para Pilar Carbonell esta imputación, la hasta ayer directora general afronta un complicado escenario judicial, que puede afectar a su futuro personal. Aunque no se trate de una acusación definitiva, sino solo provisional, el juez Penalva imputa a la política por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada. El juez da un valor de certeza al informe que ha realizado la Policía, lo que explica que tenga sólidas sospechas de que la hasta ayer directora general de la conselleria de Turismo formaría parte del grupo de políticos que habrían beneficiado, desde sus cargos públicos, los intereses del empresario nocturno más poderoso de Mallorca.

Carbonell tendrá que aclarar si es cierto o no que se implicó personalmente en acelerar la tramitación de este expediente y si ofreció a Cursach un trato distinto al que dio al resto de empresarios. Como también tendrá que aclarar si es cierto que acudió en persona a las oficinas de la conselleria en el Palma Arena para recoger los documentos del Megapark y si ello lo hacía con todos los empresarios.

Por otra parte, otro juez archivó una denuncia contra Carbonell por un caso relacionado con una gasolinera de Calvià. El juez Enrique Morell archivó ayer la causa por supuestas irregularidades en la licencia de una gasolinera ´low cost´ en Calvià, abierta a raíz de una querella de la entidad Mayca Petróleos y entre cuyos imputados figuraban Pilar Carbonell y otras cuatro personas. Para el magistrado no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos, y censura la apertura de diligencias penales "sin verdadero fundamento y con arbitrarias y caprichosas acusaciones". Por ello, impone las costas procesales al denunciante, informa Diario de Mallorca.

Carbonell resolvió a Cursach en 10 días un trámite de dos meses
Mientras que cualquier ciudadano se ve obligado a esperar al menos dos meses para terminar con el trámite de un expediente de la conselleria de Turismo, el empresario Bartolomé Cursach no estaba sometido a estos plazos. Y ello debido al "trato de favor exclusivo y preferente" que recibía de la actual directora general de dicha conselleria, Pilar Carbonell (Més), que aceleraba los trámites administrativos y conseguía resolver el expediente en un plazo aproximado de diez días.

ERC asegura que Rajoy amenazó disparar contra la población
La número dos de ERC, Marta Rovira, ha dicho este viernes que el Govern no aplicó la independencia tras la declaración unilateral realizada en el Parlament el pasado 27 de octubre porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy amenazó con utilizar armas de fuego contra la población en Catalunya.

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Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada.

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Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son.

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El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

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El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tenía en la sede del partido su extesorero Luis Bárcenas.

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ERC asegura que Rajoy amenazó disparar contra la población

La número dos de ERC, Marta Rovira, ha dicho este viernes que el Govern no aplicó la independencia tras la declaración unilateral realizada en el Parlament el pasado 27 de octubre porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy amenazó con utilizar armas de fuego contra la población en Catalunya. "Lo que el Govern no estaba dispuesto a hacer era asumir un escenario de violencia extrema con muertos en la calle que se puso de una manera muy contundente encima de la mesa. Nos decían que habría sangre, que no serían pelotas de goma como el 1 de octubre, que la cosa sería contundente", ha afirmado Rovira.

La mano derecha de Oriol Junqueras no ha especificado qué dirigentes o mandos transmitieron estas amenazas a los mandatarios catalanes. Se ha limitado a explicar que llegaron de "muchas fuentes diferentes, contrastadas y fiables". "Se nos informaba que estaban entrando armas en Catalunya y que el Ejército estaba viniendo", ha añadido.

Rovira ha realizado esta revelación hoy después de que ayer, en las reuniones que mantuvo en las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco con los 'exconsellers' en prisión preventiva, estos se lo pidieran. "En su momento, yo ya dije que se tenía que explicar desde el primer día", ha añadido antes de recordar que en los debates parlamentarios, Puigdemont y otros 'consellers' ya hablaron de "violencia extrema".

Rovira también ha considerado que ha habido "un exceso de autocrítica" que, además, a su juicio "se ha magnificado". En los últimos días, varios miembros del Govern cesado y de los partidos independentistas han admitido que el Ejecutivo catalán no estaba preparado para aplicar la independencia y que no calibraron bien la reacción del Estado y de la UE, informa El Periódico.

Gallardón tiró más de un millón en una cuadra inútil
Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada.

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El Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa reprende otra vez al gobierno de Rajoy y el PP en su último informe por el uso de "fijaciones mecánicas" tanto en centros juveniles como en prisiones, algo que considera una práctica degradante y que puede llegar a durar días, "sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado".

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La declaración del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, ha pretendido reducir hasta la nada los indicios de delito que el inspector Manuel Morocho, jefe de la investigación Gürtel sobre financiación ilegal del PP, puso de manifiesto ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre el cobro de sobresueldos por parte de los exministros Federico Trillo, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos o, incluso, del propio presidente Mariano Rajoy.

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Gallardón tiró más de un millón en una cuadra inútil

Negligencia, corrupción y despilfarro, marca del nazi y ladrón Gallardón (PP). El equipo de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos pese a que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra no sería utilizada ya que contravenía las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana al lindar con los límites del parque y estar a escasos metros de un instituto público. Pero, además, la propia Policía Municipal informó negativamente sobre su construcción. Las instalaciones continúan prácticamente en desuso en la actualidad ya que es imposible que cumplan la función de albergar caballos por la que fue diseñada y construida. La Policía Municipal ha trasladado el caso a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que estudie qué medidas tomar.

No obstante, a Gallardón y a su equipo les dio igual. Todo. En el año 2007 sacaron a concurso la obra pública que costó a los madrileños un total de 1.012.557,07 euros y que tras sucesivos retrasos fue entregada al Consistorio en el año 2010. Desde entonces, la cuadra de cerca de 200 metros cuadrados nunca ha albergado a ningún animal. Según las fuentes policiales consultadas por Público, estas oficinas solo son utilizadas durante los turnos de guardia de los jueves, viernes y sábado.

Toda esta documentación, ha sido entregada por la Policía Municipal de Madrid a los servicios jurídicos del Consistorio para que estudie si procede elevar la documentación al Tribunal de Cuentas o a la propia Fiscalía, en caso de haberse producido algún delito. Así lo ha confirmado el propio Consistorio tras ser contactado por este medio: "Hemos detectado una posible irregularidad que nos gustaría que investigara los servicios jurídicos del Consistorio porque al revisar determinados documentos ha resultado extraño un gasto de esas dimensiones con informes previos posicionados en contra. La Dirección General de Policía aplica con rigor la legalidad, incluyendo también posibles irregularidades que se detecten de la anterior gestión. Lo contrario sería ser cómplice de posibles irregularidades o ilegalidades", han señalado estas fuentes.

Entre la documentación obtenida por este medio se encuentra un documento interno del Ayuntamiento que analiza de la siguiente manera la operación de Gallardón: "Se trata por tanto de una actuación negligente que abstrayéndose del estudio legal de la actividad que se pretendía implantar derivó en el malgasto de una importante suma presupuestaria, 1.012.557,07 de euros, sin alcanzar el fin previsto ni podérsele dar a la infraestructura un uso distinto al inicialmente previsto, dada su especialidad, quedando abocada únicamente al deterioro y la pérdida de la inversión".

Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, un consejero técnico del Consistorio informó al entonces subdirector general económico-administrativo Fernando Manzano San José de que la construcción de esta cuadra contravenía el apartado 3.4.4 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Este punto establece que "las instalaciones consistentes en establos, residencias y criaderos de animales en suelo no urbanizable común exige una separación mínima de 15 metros con los linderos de la finca, de 500 metros con lugares en que se desarrollen actividades que originen presencia permanente o concentraciones de personas, determinadas medidas del cerramiento y ciertas condiciones del sistema adoptado para la absorción y reutilización de materias orgánicas".

Así, el destacamento policial ideado por Gallardón contraviene las dos limitaciones que marca el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Por una parte, la nave se sitúa en el borde lateral de la finca de El Retiro. Por otro, está a escasos metros de un Instituto de Enseñanza Media, entre otros lugares "que origen presencia permanente de personas".

El entonces jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo Parralejo, firmó un informe remitido a la Coordinación General de Seguridad del Ayuntamiento en el que desaconsejaba la construcción de este destacamento policial. Monteaguado señalaba en su informe que "de llevarse a efecto la creación del citado destacamento, se agravarían aún más los problemas de la actual plantilla (...) que de por sí ya es muy ajustada, además de suponer un aumento de presupuesto y costes de mantenimiento".

Por lo tanto, el jefe de Policía Municipal concluía el informe "pronuciándose de manera desfavorable" al proyecto del destacamento policial en El Retiro. Sin embargo, con todos los impedimentos en contra el Ayuntamiento de Madrid decidió continuar adelante con su proyecto y sacar a concurso público la obra.

Por otro lado, entre la documentación a la que ha tenido acceso este diario también se encuentra un informe reciente del Ayuntamiento en el que considera que existe una "insuficiente justificación de necesidad de celebración del contrato". El documento también señala que no existe constancia de los planteamientos o peticiones formuladas por el Área de Seguridad y Emergencias. "La obra que se desarrolló se hizo sin atender a una justificación sólida, ni un estudio de necesidades y alternativas, y, aún más importante, se promovió con el conocimiento de su inviabilidad, o al menos con información suficiente para plantear serias dudas sobre la viabilidad de la actividad en el emplazamiento previsto, dudas que hubieran precisado, en cualquier caso, de un informe en profundidad sobre el asunto".

El documento interno del Ayuntamiento de Madrid al que ha tenido acceso este diario también analiza el concurso público que finalmente ganó la empresa Pcyma S.A. El Consistorio considera que el proceso de adjudicación no presenta ningún tipo de irregularidad y que la empresa adjudicataria ganó el concurso en base a un "estricto criterio de puntuación en el que destacan fundamentalmente los criterios objetivos". Se ha tratado de contactar con la empresa sin éxito ya que los teléfonos de contacto encontrados ya no están disponibles. Asimismo a través del Registro Mercantil se ha podido comprobar que la empresa se encuentra activa aunque no presenta sus cuentas desde el año 2011.

A pesar de no presentar sus ejercicios ante el Registro, Pcyma ha continuado trabajando con la Administración Pública. Así, el mismo 2011 esta empresa fue la adjudicataria de un concurso para remodelar cinco núcleos de aseos en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente de la plaza de S. Juan de la Cruz por un total de 880.783,49 euros o a ser la responsable de la Construcción del Centro de Interpretación del Monte Abantos en San Lorenzo de El Escorial, informa Público.

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